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UNIVERSIDAD DE JAÉN Facultad de Trabajo Social
Trabajo Fin de Grado
JÓVENES DELINCUENTES
DE FAMILIAS INTEGRADAS: LA INFLUENCIA DE LOS
CAMBIOS LABORALES Y
SOCIALES
Alumno/a: Ana Gómez Galindo Tutor/a: Carmen Rodríguez Guzmán Dpto: Organización de empresa, Marketing
y Sociología
Octubre-Noviembre, 2015
1
ÍNDICE
1. RESUMEN 02
2. INTRODUCCIÓN 03
3. MARCO TEÓRICO 05
3.1. APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE JUVENTUD 05
3.2. SISTEMAS SOCIALES QUE DEFINEN LA EVOLUCIÓN Y LAS CONDICIONES
DE VIDA DE LA JUVENTUD 08
3.3. LOS RIESGOS DE UNA JUVENTUD SIN PERSPECTIVAS 18
3.4. LA DELINCUENCIA JUVENIL 20
4. METODOLOGÍA 30
4.1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 31
4.2. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 31
4.3. SELECCIÓN DE LOS ENTREVISTADOS 32
4.4. TRABAJO DE CAMPO 34
4.5. FUENTE DE EXTRACCIÓN 34
4.6. CRONOGRAMA 35
5. RELACIÓN CON EL TRABAJO SOCIAL 36
6. BIBLIOGRAFÍA 38
2
1. RESUMEN
Los altos índices de desempleo juvenil son un tema recurrente en los medios de
comunicación y la investigación social. Sin embargo, la información es escasa cuando
se trata de evaluar el impacto que la situación actual de desempleo tiene sobre ciertos
colectivos, como es el caso de los jóvenes que han cometido delito.
El presente trabajo tiene como objetivo platear una investigación social que permita
obtener respuestas sobre la relación existente entre la falta de perspectivas laborales y la
evolución de la delincuencia juvenil en España. Para ello, se atenderá a dos elementos
fundamentales que confluyen en la creación del ciclo vital de los jóvenes: el mercado
laboral y el sistema educativo.
PALABRAS CLAVE: jóvenes, delincuencia, educación, mercado laboral, delincuencia
juvenil.
ABSTRACT
The high rate of youth unemployment is a recurrent topic in mass media and social
investigation. However, the information is limited when we talk about the evaluation of
the impact the current situation has over some groups, as such, the young people who
commit crime.
The present work has as objective the proposal of a social research that allow to obtain
answers about the relation between the scarcity of labor prospects and the evolution of
the juvenile delinquency in Spain. In order to do this, two fundamental elements that
come together in the creation of the life cycle of young people, will be addressed: the
labor market and the educational system.
KEYWORDS: juveniles, delinquency, education, labor market, juvenile delinquency
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2. INTRODUCCIÓN
Una de las mayores preocupaciones actuales de la sociedad española son las elevadas
tasas de desempleo que soporta nuestra población. Una cuestión especialmente grave si
centramos nuestra atención en el grupo de los jóvenes. La conocida como “la
generación mejor preparada” contempla como se convierte en la generación con
mayores dificultes para acceder a un empleo que permita su correcto desarrollo personal
y profesional, y por consiguiente, en la generación con el futuro más incierto. Ante esta
problemática las distintas administraciones públicas se afanan en reducir las cifras de
desempleo a base de medidas que provocan, aún más si cabe, una mayor precarización y
peores condiciones laborales, aumentando así las causas que han llevado a la situación
en la que nos encontramos.
Nuestros jóvenes padecen las consecuencias de una coyuntura social que ocasiona la
paralización del ciclo vital, así como un ambiente de frustración, apatía e incertidumbre
ante el futuro. Un entorno que en ocasiones propicia el aumento de conductas
antisociales y una incorrecta integración social.
Paralelamente al empeoramiento de las condiciones laborales, nuestra sociedad parece
estar viviendo, según indican algunos estudios, el ascenso de conductas violentas
cometidas por jóvenes, que provienen tanto de ambientes marginales como de entornos
integrados, lo que modifica el tradicional perfil del joven delincuente. Este grupo de
jóvenes, habitualmente no visibles, se encuentra en un proceso de reinserción y
reeducación socio-laboral, debiendo enfrentarse a los mismos problemas de desempleo
que el resto de los jóvenes pero con dificultades añadidas. Un grupo heterogéneo, que a
su vez presenta diferentes expectativas de integración socio-laboral futuras,
condicionadas por su origen social.
La escasez de datos oficiales en referencia a la evolución de la delincuencia juvenil y
sus causas en los últimos años, así como la falta de consenso que parece existir entre las
distintas investigaciones sociales consultadas sobre el asunto, ponen de manifiesto la
escasa profundización en la actual situación de la delincuencia juvenil en España.
Los procesos de intervención socio-laboral, básicos para la reinserción de estos jóvenes,
resultan infructuosos cuando no se conocen cómo afectan los actuales cambios en las
estructuras sociales y laborales al fenómeno de la delincuencia ejercida por los jóvenes,
4
ni cómo las diversas problemáticas sociales de los últimos años impiden la correcta
adaptación de estos jóvenes, incluso una vez que ya han pasado por un proceso de
reeducación. Especialmente, en un momento donde este colectivo ha dejado de ser una
prioridad para una Administración Pública, debido a las enormes demandas sociales de
otros muchos jóvenes y los recortes presupuestarios en materia social.
El problema de no atender a los factores sociales que influyen en la comisión de delito y
que dificultan la correcta inserción de los jóvenes, no solo se encuentra en la posibilidad
de reincidencia y desviación permanente, sino que aumenta el riesgo de que se
produzcan mayores índices de conducta disocial en jóvenes que hasta el momento han
estado integrados.
Por tanto, se requiere de un análisis cualitativo y exhaustivo que permita conocer la
relación entre los cambios de las estructuras sociales y laborales producidas en los
últimos años y el incremento experimentado de la delincuencia juvenil en España. Lo
que permitirá mejorar las intervenciones que se pongan en marcha y a atajar las posibles
causas sociales que influyen en la aparición de estas conductas.
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3. MARCO TEÓRICO
3.1. APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE JUVENTUD
Juventud como construcción social
Si atendemos a la definición de “juventud” de la Real Academia de la Lengua, ésta sería
“la edad que se sitúa entre la infancia y la edad adulta”. La primera interpretación que
puede realizarse ante esta descripción es la falta de concreción y delimitación del
concepto. El carácter abstracto de esta definición sigue persistiendo cuando abordamos
el concepto de “juventud” de forma más profunda y desde la perspectiva sociológica.
Generalmente se suele hablar de juventud para referirse a un periodo de vida limitado
únicamente por cuestiones de carácter biológico. Pese a ello, ni siquiera existe un
acuerdo donde se encontrarían dichos límites de edad.
“La juventud y la vejez no son datos sino que se constituyen socialmente entre jóvenes
y viejos” (Bourdieu, 2000:143). Esta es la premisa de la que parte el sociólogo Pierre
Bourdieu, quien interpreta la juventud como el resultado de la lucha constante entre los
distintos grupos de edad por el poder social. Son las relaciones de desigualdad de poder
las que definen los límites entre juventud y vejez, y no la división por edad cronológica.
Para Bourdieu las divisiones que se realizan entre grupos de edad son totalmente
arbitrarias. La concepción de juventud ha de tratarse, por tanto, como una construcción
social, y no como una construcción de edades, puesto que lo que determina realmente el
grupo social no es la edad biológica sino la posición de poder que se alcanza en cada
momento del ciclo vital, y la lucha que se produce entre los diferentes grupos de edad
por conseguir dicho poder, unos de cara a poder mantenerlo, y otros con el objetivo de
alcanzarlo, lo que supone en último término la pertenencia o no a la edad adulta.
La juventud no puede considerarse por sí sola como un grupo social. Incluso aunque los
límites de este grupo estuvieran claramente establecidos, los miembros que
habitualmente podrían integrarse en este grupo, provienen de realidades muy distintas;
lo que hace que la juventud sea un sector de la población complejo y heterogéneo. La
juventud está conformada, en realidad, por personas de edad que pueden llegar a ser
muy diversas, especialmente en la actualidad, donde los procesos de emancipación e
6
integración laboral se han prologando. Personas, además, definidas por tener origen y
trayectorias educativas, culturales, laborales y sociales muy diferentes. Esta
heterogeneidad ha de analizarse desde el concepto de estructura social, es decir, desde la
posición que se ocupa en la estructura social, así como las relaciones que se establecen
entre la producción y distribución de capital. Para poder superar la “prenoción” de
juventud habrá que analizar esta categoría social a través de variables que van mucho
más allá de la edad (Martín Criado, 1998:16). La juventud ha de considerarse, por tanto,
como una construcción social en la que influyen variables muy diversas que poco o
nada tienen que ver con la edad biológica.
Los estudios relacionados con la juventud que abordan temas como el empleo, la
educación o las condiciones de vida, normalmente tienden a olvidar esta importante
premisa, distorsionando el problema y simplificando temáticas como pueden ser el
desempleo, la precariedad laboral, el fracaso escolar o la falta de acceso a la vivienda.
Esta simplificación, muchas veces dirigida desde las propias instituciones sociales,
supone la manipulación de unos datos con fines políticos y sociales. El mero hecho de
que se acepte la edad biológica para determinar el grupo de la juventud ya supone una
manipulación:
“La edad es un dato biológico socialmente manipulado y manipulable y el hecho
de hablar de los jóvenes como unidad social, como de un grupo constituido,
dotado de intereses comunes, y de referir estos intereses a una edad definida
biológicamente, ya constituye una manipulación evidente” (Bourdieu,
2000:144).
Concepto de generación
Esta visión guarda relación con el concepto de generación de un clásico como Karl
Manheim. Este autor reafirma la idea de que la contemporaneidad, el hecho de
compartir una misma edad, es insuficiente para poder concebir un grupo como
generación. Para este sociólogo alemán lo que debe determinar la consideración de
generación es el hecho de compartir unas mismas condiciones de existencia, es decir,
cuales son las condiciones materiales y sociales que definen a los individuos. Las
mismas experiencias serán vividas de forma diferente por individuos que pertenecen a
7
distintas posiciones sociales. Y por tanto, también tendrán un resultado diferente. Es por
ello que una generación no puede ser definida por variables como la edad, como
tampoco pueden hacerlo por experiencias que en principio podrían afectar a un amplio
número de individuos, ya que los resultados de esas vivencias dependerán de otras
variables (Manheim, 1990:52-53, citado por Martín Criado, 1998:80-81).
En este sentido, el concepto de generación se relacionaría con los cambios y la
evolución en los modos de producción de los individuos. Las variaciones en los modos
de producción dependen no del paso del tiempo, sino de los cambios que se producen en
las condiciones sociales y materiales de los individuos. Tampoco se podría hablar de
que estos cambios en los modos de producción se producen de forma globalizada o
drástica. Ha de tenerse en cuenta que estos procesos se producen de forma paulatina, no
de la noche a la mañana y a veces de forma restringida a un sector específico de la
población.
En esta línea se encuentra la postura de Bourdieu. Para él, la contemporaneidad
cronológica no debe ser usada como una variable determinante para poder hablar de
generación. Las diferencias de generación tendrían que ver con los “modos de
generación”, es decir, con las distintas formas de producción de los individuos. Para
considerar el surgimiento de una nueva generación han de producirse, en
lugar cambios sustantivos en las condiciones de reproducción de los grupos sociales y
por consiguiente, también cambios en las condiciones sociales y materiales de
producción de nuevos miembros.
Tras lo expuesto, se puede decir que la delimitación de las generaciones por fechas o
edades no puede ser considerada como una variable óptima para hablar de generaciones
concretas. Cabe entonces preguntarse, cuáles son entonces las variables objetivas que
pueden ser utilizadas para definir lo que consideramos como generación. El origen
social, el nivel de formación, el mercado laboral, los recursos sociales, económicos y
sociales, parecen variables mucho más determinantes cuando se trata de definir un
grupo como generación.
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3.2. SISTEMAS SOCIALES QUE DEFINEN LA EVOLUCIÓN Y LAS
CONDICIONES DE VIDA DE LA JUVENTUD
Una vez establecido que la juventud no puede entenderse si no es en relación a las
distintas condiciones materiales y sociales, para poder entender el actual momento de la
juventud española es preciso acercarnos a dos sistemas sociales que resultan
fundamentales para poder explicar las diferencias que existen en un grupo de población
tan diverso: el sistema educativo y el mercado laboral.
El sistema educativo español
Evolución del sistema educativo español desde los años 80 hasta la actualidad
Se puede decir que el mayor cambio experimentado en el sistema escolar español ha
sido el aumento de la escolarización que se produce especialmente a partir de los años
80. Son varias las explicaciones que pueden ofrecerse para explicar este fenómeno. En
primer lugar, ha de considerarse el crecimiento demográfico que se experimentó en
España en los años previos a esta década. Aunque la razón fundamental se encuentra en
el aumento de la población en edad escolar que se incorpora al sistema educativo, a lo
que contribuyó en gran parte la obligatoriedad de los estudios primarios en un principio
y de los estudios secundarios en años posteriores. En segundo lugar, otro de los grandes
cambios que favoreció el aumento de la escolarización fue, en gran medida, la
incorporación de la mujer al mercado laboral y, por consiguiente, también su
incorporación a los estudios de niveles medios y superiores.
El aumento de la escolaridad no se observa, sin embargo, con la misma intensidad en
todos los niveles educativos. La educación primaria experimenta un ascenso en la
escolarización durante la década de los años 80, pero disminuyó posteriormente a
medida que avanzaba la década de los noventa debido fundamentalmente a la caída de
la natalidad en España.
Es en la educación media y superior donde se observan los cambios más significativos
durante estas décadas. Sirva como dato que el alumnado en la educación secundaria
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pasó de ser 1.694.468 durante el curso académico 1980-1981, a 2.617.501 en el curso
1993-1994, según datos de C.I.D.E. (1995). Esta tendencia al alza no ha hecho más que
consolidarse en años posteriores debido en parte a la obligatoriedad de algunos estudios
de secundaria. Con la puesta en marcha de los estudios de E.S.O., presentes en España
desde el año 1996, la obligatoriedad de los estudios se extendía a niveles medios y a la
edad de 16 años. Los estudios medios pasan a convertirse así en la norma.
Los estudios superiores también han experimentado un fuerte aumento, aunque el
mayor número de titulaciones logradas se sigue situando sin embargo en la educación
media.
El análisis sobre el desarrollo del sistema escolar en estos años estaría incompleto si no
consideramos otros datos referentes al abandono escolar. Pese al aumento
experimentado de la población estudiantil en niveles medios y superiores, no todos los
alumnos terminan su educación con una titulación. De hecho se puede hablar de una
elevada tasa de abandono escolar. España sigue manteniendo hoy en día, una de las
tasas más altas de abandono escolar (Santos & Martín, 2012: 102).
Algo que, sin embargo, ha cambiado con el paso de los años, es el momento en que se
produce dicho abandono escolar. Podemos hablar por tanto, de un retraso en las edades
dentro de este fenómeno. En nuestro sistema escolar actual se produce lo que puede
llamarse un proceso de continuo goteo de abandono escolar. A diferencia de que sucedía
décadas atrás donde el mayor abandono se producía tras la educación primaria. En la
actualidad, el aumento de alumnos que deciden continuar posteriormente con sus
estudios en etapas superiores no viene acompañado siempre del éxito escolar. El
alargamiento de las distintas etapas educativas ha ayudado a que pueda producirse
abandono en distintos momentos del proceso educativo. La investigación dirigida por
Fernández de Castro (1990) apoyaba estas últimas afirmaciones. Una vez superada la
E.G.B., el 28% de los alumnos abandonaban los estudios. De los que pasaban a
enseñanzas medias un 33.9% abandonaba tras los estudios de B.U.P., un 26,7% tras la
FP1 y un 37,4% tras la FP2.
La misma tendencia es ratificada en el año 92 con datos aportados por un informe de
C.I.D.E., donde también se afirmaba que el 40,5% de los matriculados en estudios
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universitarios abandonaban tras el primer curso. Es decir, un alto porcentaje de aquellos
que empezaban estudios superiores abandonaban la universidad sin titulación alguna.
Como se puede observar, pese a que el abandono escolar se produce de forma
continuada en los variados niveles escolares, es durante las etapas de la educación
media donde se produce una mayor pérdida del alumnado. Y aunque es en esta etapa de
la educación donde se percibe un mayor aumento de la escolarización, también es donde
se producen mayores niveles de abandono. A pesar de que los niveles del sistema
escolar han ido cambiando en las últimas décadas, las sucesivas reformas emprendidas
en los años 80, 90 y 2000 no han ayudado a modificar los datos de abandono escolar.
Según datos recientes de 2008-2009, un 30% de los jóvenes no finalizaba la educación
básica obligatoria. El abandono escolar no se mantiene, sin embargo, estático, puesto
que se ha ido agravando o descendiendo en función de los acontecimientos sociales que
la sociedad española ha vivido a lo largo de las últimas décadas (Santos & Martín,
2012:102).
El efecto del “boom inmobiliario” propició una abundancia de empleo de baja
cualificación, especialmente el empleo tradicionalmente masculinizado, que ocasionó
que muchos de ellos abandonaran el sistema educativo ante la perspectiva de empleo.
La actual crisis, sin embargo, ha ocasionado el efecto contrario, produciéndose de nuevo
un aumento de la escolarización especialmente en los niveles medios de la enseñanza.
Relación entre escuela y clase social
El aumento experimentado en la escolarización, especialmente cuando hablamos de la
educación media, ha de estudiarse a través de la relación que este fenómeno tiene con la
estructura social española. Si bien es cierto, que el aumento de la escolarización se
produce a nivel global, no lo es menos que pueden encontrarse fuertes relaciones entre
el origen social y el abandono escolar, o entre el origen social y las trayectorias
educativas.
Si se hace referencia al abandono escolar se puede decir que se ha observado que existe
una mayor incidencia de abandono de las clases populares, que se produce
fundamentalmente durante la educación media. A este hecho hay que añadir la elección
preferente de las clases populares por enseñanzas medias de corta duración, lo que
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favorece que puedan abandonar el sistema educativo en un corto plazo de tiempo. Es el
caso de la preferencia de la FP por encima de estudios como Bachillerato que preparan
el camino para la educación superior (Martín, 1998: 131-132).
En relación a la trayectoria, las diferencias son evidentes durante la educación media. El
mayor cupo de población de origen popular se concentra en la Formación Profesional.
Esta rama de la educación media siempre ha estado desvalorizada en comparación con
otras enseñanzas como el B.U.P. o el actual Bachillerato. Estos últimos niveles de
educación son vistos como el camino hacia la universidad, lo que hace aumentar su
valoración pese a que por sí solas no tengan un mayor impacto a la hora mejorar la
incorporación al mercado laboral. La elección entre una u otra rama de la educación
media dependen fundamentalmente de dos factores: 1. De la categoría ocupacional de
los padres; y 2. Del capital cultural de los padres.
Así lo demuestran diversos estudios realizados durante la década de los 80 y 90.
Mientras que el grupo de alumnos de B.U.P. estaba compuesto por una variedad de
jóvenes de distinto origen social, en FP la mayor parte del alumnado pertenecía a las
clases populares, los jóvenes de esta última rama provenían de familias obreras y
agrarias en su mayoría (Carabaña, 1988, citado en Martín Criado, 1998:129). Es decir,
los jóvenes de clases populares optaban por la rama más desvalorizada de las
enseñanzas medias. Si nos centramos en los estudios superiores o estudios
universitarios, el origen social sigue teniendo peso en relación a la trayectoria educativa
que los individuos escogen. Pese a que desde algunos medios se tiene la idea
preconcebida de que el aumento de alumnos en las universidades se debe
principalmente a una apertura de esta institución a las clases populares, lo cierto es que
los datos reflejan otra cosa. Si tenemos como referencia los datos de la Universidad
Complutense de Madrid en 1991, las clases populares seguían estando subrepresentadas
en la universidad en comparación con el porcentaje de la población con este origen que
formaba parte del mercado laboral. Por el contrario, miembros de clase alta suponían
una subrepresentación dentro de las universidades, mientras que las clases medias
mantenían una equivalencia.
La capacidad económica de las familias influye además de forma determinante en la
longitud de los estudios elegidos. Los alumnos que pertenecen a clases populares suelen
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matricularse en planes de estudio de corta duración. En este sentido, los estudios
elegidos suelen ser además carreras más desvalorizadas y con menos salidas
profesionales. Los alumnos de origen popular suelen concentrarse en carreras de la rama
de humanidades, profesiones que tradicionalmente acarrean una elevada tasa de paro.
Otros estudios requerirían un refuerzo educativo al que le es muy difícil acceder debido
a la falta de recursos económicos y sociales.
No hay que olvidar además lo determinante que resulta en estas etapas educativas el
capital cultural con el que parte cada alumno. Una buena red social, el acceso a la
información, la posibilidad de viajar, estudiar otros idiomas, o las propias experiencias
familiares tanto a nivel social como profesional, son elementos a tener en cuenta que sin
duda marcan un desequilibro de oportunidades en la posterior incorporación al mercado
laboral.
La inflación de títulos
El aumento de los alumnos en niveles medios y superiores, ha provocado con el paso de
los años el conocido fenómeno de la inflación de títulos. Pese a que el abandono como
ya se ha visto es alto, el aumento del número de alumnos también ha llevado a que se
incremente el número de personas que consigue una titulación de nivel medio o
superior. En contra de lo que podría esperarse esta circunstancia no ha provocado una
directa relación a las mejora de las posibilidades laborales. Por el contrario, el aumento
de la población que posee un título de estas características ha ocasionado una
desvalorización de los propios títulos. Es decir, los títulos de educación media y
superior han ido perdido valor a la hora de acceder en el mercado laboral, ya que se
produce un aumento de la oferta de los empleados que presentan la misma titulación.
Sin que por ello, aumente el número de puestos cualificados para dar cabida a todos
estos titulados. Esta inflación tiene además un efecto de “ciclo vicioso”, debido que para
reforzar el valor de la titulación ya obtenida, los individuos acceden a nuevos estudios o
estudios de mayor nivel para aumentar su valor y su competitividad en el mercado
laboral, provocando así una mayor presencia de alumnos en niveles superiores de
enseñando. A su vez, esta mayor escolarización vuelve a provocar una desvalorización
de los títulos de mayor nivel, y así sucesivamente.
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Esta inflación de los títulos dificulta el acceso al mercado laboral y la igualdad de
oportunidades a la hora de incorporarse a un empleo. Ante la desvalorización de los
títulos, la idea de que la educación por si sola contribuye a aumentar la igualdad de
oportunidades choca con una realidad indiscutible, siguen existiendo una gran relación
entre origen social y el acceso a un empleo que proporcione unas óptimas condiciones
de vida.
El mercado laboral
Evolución del mercado de trabajo y su problemática actual
La situación actual del mercado laboral español no puede entenderse sin hacer
previamente un recorrido por los cambios producidos en este sistema en las últimas
décadas, especialmente tras la transición.
Remontándonos al año 77, los Pactos de la Moncloa supusieron uno de los primeros
pasos para explicar algunas de las características actuales del mercado laboral. Ante los
elevados datos de desempleo entre los jóvenes, el Gobierno de entonces, decidió
implantar medidas extraordinarias para reducir estos datos. La solución consistía en un
paquete de medidas que incentivaba la contratación temporal (Martín Criado,
1998:145).
Unas medidas que se consolidaron años más tarde con el Estatuto de los Trabajadores
de 1980 y su posterior reforma en 1981. Ambos textos ampliaban la contratación
temporal. Se regulaban a partir de entonces, además, los conocidos contratos en
prácticas y de formación, que implicaban bonificaciones para las empresas que
contratasen en base a este modelo. Este tipo de contratación se ve reforzada además con
un posterior Estatuto de los Trabajadores, tan solo tres años después, en 1984. A partir
de esta fecha se ampliaron las condiciones para la contratación en prácticas y formación,
aumentando aún más las bonificaciones, y extendiendo los términos de la contratación
temporal a sectores y situaciones laborales en las que este tipo de contratación aún no
estaba instaurada.
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A partir de esta fecha, las continuas reformas puestas en marcha por el gobierno,
independientemente del signo político, han estado encaminadas a fomentar este tipo de
contratación y condiciones dentro del mercado laboral, con el consecuente recorte
progresivo de los derechos laborales. La intervención del Estado por tanto ha ido
dirigida, fundamentalmente, a generar un mercado laboral cada vez más flexible,
ampliando la tipología de contratación, promoviendo la temporalidad y la inestabilidad.
El máximo ejemplo se puede hallar en la reciente Reforma Laboral que ha supuesto un
auténtico mazazo para el recorte de derechos laborales, a través de la reducción de las
indemnizaciones ante el despido, la ampliación de las condiciones de los contratos de
formación, extendiéndose en tiempo y edad, o la reducción de garantías y seguridad en
el empleo.
La importancia del empleo, no sólo se encuentra en las condiciones presentes de vida,
sino en el impacto fundamental que tiene en los proyectos de vida, especialmente
cuando hablamos de los jóvenes. Es el empleo y la estabilidad de éste el que permite la
emancipación y la vida independiente como individuo.
Estos cambios producidos en el mercado laboral influyen especialmente en la población
más joven, debido a que este grupo es el que se incorpora al mercado laboral, lo que
permite a las empresas una población en estado de experimentación para adaptar nuevas
políticas y medidas de empleo. Es por ello que fenómenos como la temporalidad,
precarización o polarización del mercado laboral afectan de manera más directa a este
sector de la población.
Pero al empeoramiento de las condiciones laborales hay que añadir las dramáticas tasas
de paro actuales que soporta el mercado laboral español, y que se hacen especialmente
graves en la población joven, que se sitúa alrededor del 50%, según los últimos datos
ofrecidos por la Encuesta de Población Activa (EPA).
Tal y como señalan Santos A. y Martín P. (2012): “Los jóvenes se ven afectados de una
doble manera. Para empezar, porque el paro también ha crecido mucho en las edades
intermedias y avanzadas, lo que significa que ha alcanzado a las cabezas de familias, sus
padres”. Es decir, a sus propios datos de desempleo se añade las dificultades familiares
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que también impiden que los jóvenes vean reducido drásticamente sus posibilidades y
su capacidad de maniobra ante estas situaciones.
Esta situación provoca en muchos casos no solo una incapacidad para integrarse en el
mercado laboral, sino que significa un freno drástico en su proyecto de vida, que
empieza por la incapacidad de iniciar una vida independiente.
En España el problema de la emancipación ha estado presente ya desde la década de los
80. En el año 1984, un estudio realizado por el Instituto de la Juventud, ya mostraba un
“bloqueo en las expectativas de emancipación de los jóvenes”. El empeoramiento de las
condiciones en el empleo, la inestabilidad, la falta de expectativas y la dificultad en el
acceso de la vivienda son algunas de las principales razones que impiden una correcta
emancipación para muchos jóvenes españoles en la actualidad.
La reciente crisis económica y de empleo hace prever no solo el incremento de
dificultades para lograr la emancipación, sino una regresión en este sentido dado los
casos de jóvenes ya emancipados que se han visto obligados a regresar al hogar familiar
ante la incapacidad de sostener una vida independiente ante la falta de recursos (Santos
A & Martín P., 2012:97).
Principales características del mercado laboral actual
Una de las señas de identidad de nuestro marcado laboral es la alta temporalidad. Como
ya se ha explicado, las medidas llevadas a cabo por el gobierno han girado en las
últimas décadas a hacer esta circunstancia posible. Con la excusa de intentar incentivar
la contratación dentro de los sectores de población donde existía una elevada tasa de
desempleo, se ha favorecido la temporalidad laboral y con ello también la precarización
del empleo y la inestabilidad.
Mientras que el fomento de los contratos temporales se ha ido realizando con la excusa
de disminuir la tasa de desempleo, sobre todo en sectores de población especialmente
afectados, como es el caso de los jóvenes, este tipo de prácticas en la contratación
laboral persiguen otro tipo objetivos (Martín Criado, 1998):
- El abaratamiento de la mano de obra. Un objetivo logrado especialmente a
través de contratos de formación y prácticas, que con el paso de los años han ido
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extendiéndose no solo en el tiempo de contratación sino también en las distintas
condiciones en que este tipo de contratos pueden producirse.
- Ajustarse a un nuevo modelo de producción y al carácter estacional de grandes
sectores económicos de nuestro país, como es el caso de la hostelería.
- El control de la mano de obra. A través de la contratación temporal se ha
favorecido la reducción de la capacidad organizativa de los trabajadores.
En este último punto, cabe destacar que más allá de la precariedad de las condiciones
que lleva implícita la temporalidad, este fenómeno ha tenido efectos especialmente
negativos en lo que se refiere a la segmentación y polarización del mercado laboral.
Otros de los problemas que vienen asociados a la alta temporalidad es la elevada
rotación de los empleados entre puestos de trabajo. Esta rotación impide la adquisición
por parte de los trabajadores de la experiencia y antigüedad necesaria dentro de la
empresa. Una situación que no hace más que reducir las posibilidades de integración
adecuada de los trabajadores al empleo, y que empora sus condiciones.
Segmentación y polarización del mercado laboral
En relación a la segmentación de la mano de obra surgida a través del aumento de la
contratación temporal, los estudios de la segmentación laboral apoyan la idea de que no
existe un único mercado laboral, sino que existe una pluralidad de mercados laborales.
Cada uno de estos mercados estaría caracterizado por distintas formas de acceso,
movilidad y condiciones. La movilidad de un mercado a otro solo sería posible si se
cumplen las condiciones de acceso específicas de cada mercado.
Algunos autores coindicen en destacar fundamentalmente la presencia de tres mercados
distintos (Recio, 1995:98):
- El primero de los mercados seria el conocido como primario superior. Estaría
caracterizado por la presencia de profesionales de alta cualificación, así como
por una gran movilidad laboral basada en la promoción profesional.
- El primario inferior, estaría compuesto por empleos estables de la industria y
servicios que requieren una cualificación media. Los puestos se cubrirían a
través de promoción interna, existiendo poca movilidad entre empresas.
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- Por último estaría el mercado secundario, definido por empleos inestables, que
requiere baja cualificación. En este mercado existiría una alta precarización
tanto a nivel salarial como de las condiciones de empleo, e inestabilidad laboral
marcada por una alta movilidad no deseada entre empresas.
La precariedad y la inestabilidad suelen concentrarse en sectores como el agrario o el
sector servicios, donde además también se concentran los mayores índices de economía
sumergida. Pero la diferencia muchas veces no se halla únicamente ya por sectores, sino
que, debido a fenómenos como la externalización o la subcontratación, las diferencias,
la segmentación y los efectos de esta polarización se encuentran en el propio seno de la
empresa.
Para poder entender mejor los efectos que produce esta externalización es necesario
entender en qué consiste este fenómeno. Tal y como la define Albert Recio (1993), la
externalización consiste en sacar fuera de la empresa actividades del proceso de
producción sobre los que la empresa sigue tiene el control. A nivel laboral, esta práctica
permite a las empresas la búsqueda de mano de obra más barata, con mayor
temporalidad, y con menor poder de presión. En algunas ocasiones esta fórmula llega a
situaciones de ilegalidad y explotación laboral.
En definitiva, las características señaladas de nuestro mercado de trabajo, ponen en
evidencia la precariedad de las condiciones laborales que gran parte de los trabajadores
sufren, especialmente cuando hablamos del colectivo de los jóvenes. Dichas
condiciones, impiden en gran medida que la juventud española pueda tener perspectivas
de desarrollar un adecuado proyecto de vida, aunque se disponga de empleo, haciendo
que las expectativas generadas durante la etapa escolar no se cumplan cuando llega el
momento de la incorporación al mercado laboral. A ello, hay que sumar a los jóvenes
que forman parte de los índices de fracaso escolar, quienes deben sumar sus carencias
educativas a las dificultades que presentan para logar un empleo estable y con
protección.
18
3.3. LOS RIESGOS DE UNA JUVENTUD SIN PERSPECTIVAS.
Según datos de la OCDE de 2012 en España hay unos 800.000 jóvenes (entre los 16 y
24 años) que ni trabajan y estudian, es decir, formarían parte lo que se ha venido a
llamar “ni-nis”. Nuestro país se sitúa así como uno de los países europeos con mayor
índice en esta cuestión, unos datos que se han prácticamente duplicado desde 2007,
debido especialmente a la elevada destrucción de empleo sufrida tras la crisis
económica (Martínez, 2013:92).
La actual situación del mercado laboral y el sistema educativo, a la que se ha añadido la
crisis económica, ha dado lugar a lo que muchos ya denominan la generación perdida.
Una generación que por falta de estabilidad laboral o una adecuada inserción en el
mercado de trabajo, ha visto frustradas sus expectativas de vida. Una de las mayores
consecuencias que se ha producido es el retraso de la edad de emancipación, y con ello,
el escaso desarrollo de un proyecto de vida. Cuestiones que no solo afectan al propio
joven, sino que en ocasiones lleva a conflictos de carácter en el seno familiar, con lo que
las consecuencias de tipo laboral o económico se extienden a consecuencias en el plano
de lo personal, familiar y social. Una de las consecuencias que el informe
“Desmontando a ni-ni” (Navarrete, Carreras, De Francisco, 2011) destaca, es la
situación emocional y personal que padecen aquellos jóvenes que se encuentran en una
situación de desempleo y que han dejado de estudiar, bien porque su ciclo formativo ha
concluido, o bien por una situación de fracaso escolar. La imposibilidad de acceder a un
puesto de trabajo, no solo impide una correcta adaptación social sino que les
proporciona inestabilidad, ocasiona angustia, frustración y desilusión en unos jóvenes
con un porvenir cada vez más dudoso.
Es esta falta de capacidad para adaptarse a un entorno social que les resulta cada vez
más ajeno, lo que desarrolla ocasiones conductas inadaptadas. Así lo aseguran algunos
autores que han investigado en relación a los factores que favorecen la aparición de
conductas desviadas en los jóvenes:
“La inadaptación o el fracaso escolar debilitan la autoestima personal y reducen
las posibilidades de interiorizar las normas sociales, más aún, si sus efectos se
19
prolongan en el tiempo, favoreciendo indirectamente la búsqueda de alternativas
de fuentes de autoestima social” (Martín, Martínez y Rosa, 2009:132).
Gérard Mauger publicó en 2006 un estudio llevado a cabo durante los últimos 30 años
analizando la conducta de jóvenes desviados de las clases populares. Entre sus
resultados se encuentran conclusiones acerca del comportamiento grupal y sobre las
variables que promueven la inclusión de los jóvenes en los llamados grupos de bandas.
Mauger distingue dos tipos de bandas: 1. Las compuestas por jóvenes asalariados cuya
inclusión en la banda está relacionada fundamentalmente por metas de ocio, siendo la
participación puntual o nocturna; 2. Las formadas por jóvenes que presentan fracaso
escolar, parados o con empleo precario, y que tienen una vinculación intensa con la
banda. En esta segunda tipología, los jóvenes suelen consagrar su vida a la banda, que
como grupo no tiene una finalidad por sí solo, pero que confiere una identidad
individual y social a cada uno de sus miembros. Para estos grupos, el desarrollo de la
delincuencia no es una norma, pero son excepciones aquellos en los que no se reproduce
este tipo de conducta, que habitualmente suele estar caracterizada por actividades
violentas, así como venta y consumo de droga.
Para entender los motivos que llevan a un joven a participar en estas bandas, hay que
entender el contexto social que les rodea. Para Mauger, las razones parten
principalmente del debilitamiento de ciertas estructuras sociales, así como las distintas
transformaciones que han ocurrido en el mercado de trabajo, el sistema escolar y
organizaciones sociales. En este sentido, el debilitamiento de la condición salarial, la
inestabilidad del mercado laboral, la falta de desarrollo profesional y personal, un cada
vez más difícil acceso al sistema educativo, etc., han situado a los jóvenes en un límite
de frustración y estancamiento vital, que no afecta ya a su porvenir sino a su propia
identidad individual y social. Una idea a la que contribuyen fenómenos como el
desclasamiento social de aquellos jóvenes provenientes de familias que han progresado
en la escala social, pero que ante la falta de perspectivas laborales, no pueden mantener
su posición, al mismo tiempo que rechazan el origen de sus padres (Mauger, 2006).
Otros estudios también han puesto la atención en el movimiento de las bandas de
jóvenes, y las causas que llevan a su iniciación en ellas. Cuatro son, generalmente, los
factores que pueden mencionarse que promueven este fenómeno. 1. Socioculturales y
20
económicos, aspectos como la precariedad laboral, o la dificultad para emanciparse; 2.
Identidad social, en alusión a la distinta identidad que adquiere el individuo en los
distintos grupos sociales a los que pertenece; 3. La identidad personal, aspectos como la
autoestima, la capacidad de liderato, autonomía, grado de influencia del grupo de
iguales, etc.; y 4. Experiencia personal y procesos de socialización (Martín, Martínez y
Rosa, 2009:129).
La falta de oportunidades de trabajo a nivel local, la dificultad al acceso a la vivienda, la
aproximación a zonas de conflictividad social, son algunos de los factores que facilitan
la incorporación de jóvenes a grupos que promueven la violencia, especialmente en el
caso de los jóvenes que se ven además afectados por la influencia que genera el grupo
de iguales en periodos de edad pre-adulta (Yonas, O´Campo, Burke y Gielen, 2007,
citado en Martín, Martínez y Rosa, 2009: 129). En coincidencia con lo expuesto
anteriormente por Maugel, la falta de identidad, la escasa adaptación a su contexto
social, y los factores de tipo socio-económico parecen ser clave para poder entender el
fenómeno de las bandas, y la iniciación de jóvenes con pocas expectativas de futuro, en
las actividades violentas y la comisión de delitos.
3.4. LA DELINCUENCIA JUVENIL
Concepto de delincuencia juvenil
Al intentar descifrar el término “delincuencia juvenil” se ha de poner atención en primer
lugar a cuál es el grupo social al que se hace referencia. Como ya se ha mencionado
anteriormente, el concepto de juventud no puede limitarse por sí solo a un grupo
determinado de edad cuando evaluamos su significado, por lo que cabría hablar de un
debate en torno a esta cuestión.
Sin embargo, cuando se analiza el término juventud en relación al concepto de
“delincuencia”, se tiende a aceptar los límites impuestos a nivel jurídico, para facilitar
así su estudio y comprensión. Pese a ello, es necesario señalar, que el grupo de edad al
que se hace referencia resultará siempre variable en función de factores como el país, el
código penal, o el momento preciso al que dirijamos la mirada.
21
En relación al concepto de delincuencia, su significado varía dependiendo del punto de
vista de partida. Desde la perspectiva sociológica, la primera consideración a realizar es
que la delincuencia ha de entenderse como un fenómeno universal que puede
encontrarse en todas las sociedades (Herrero, 1997, citado en Morales, 2010:39). Para
la sociología:
“El factor determinante de la conducta delictiva se encuentra en la misma
sociedad y se podría decir que el delincuente, es quien lleva a cabo actos que
causas daño o perjudican a los demás, bien sea moralmente, de forma física,
material, a sí mismos, o a los intereses morales y materiales de la sociedad”
(Morales, 2010:39).
Resulta importante hacer hincapié, en este punto, que la delincuencia es vista en
estrecha relación con el tipo de sociedad en la que conviven los individuos:
“La delincuencia pasa a ser así, un reflejo de las principales características de la
misma, por lo que si se quiere comprender el fenómeno de la delincuencia, es
imprescindible conocer los fundamentos básicos de cada clase de sociedad, con
sus funciones y disfunciones” (Vidal, 2003:2).
El análisis de la delincuencia pasa por tanto, por el análisis previo de cada sociedad en
particular, no pudiendo existir un significado único aplicable por igual a todas las
sociedades. Cualquier definición aportada desde la sociología ha de tener en cuenta este
principio. En este sentido, Herrero (1997) intenta ofrecer una definición de carácter
global, entendiendo la delincuencia como un fenómeno social, formado por el conjunto
de las infracciones de las normas de convivencia fundamentales establecidas, que se
producen en un tiempo y en un lugar determinado.
En esta misma línea, pero con una visión más reduccionista, la perspectiva jurídica
ofrece una definición de delincuencia en base a la aceptación de las leyes establecidas
en cada país en cada momento determinado. Es decir, se considerara delito aquellas
conductas tipificadas como tal, entendiendo por extensión, que la delincuencia juvenil
es aquella cometida por personas que no superan la mayoría de edad penal establecida,
22
de igual modo, en la legislación. Pese a esta simplificación práctica, algunas
instituciones abogan por un concepto de “delincuencia juvenil” que pueda ser
considerado más amplio, dentro del marco jurídico, atendiendo así a franjas de edad
distintas que se ajusten a la realidad social de cada población, pudiendo incluso
establecer divisiones de edad joven para asuntos de carácter penal.
En el caso de España, la legislación penal plantea una diferenciación de penas en
función de la edad, separando los delitos cometidos por jóvenes, de aquellos cometidos
durante la edad adulta. Atendiendo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de
enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, la edad marcada
coindice con la edad de la mayoría legal, los 18 años. Asimismo, los menores por
debajo de 14 años son considerados como menores inimputables, es decir, carecen de
responsabilidad penal ante la comisión de delito. El segmento de edad por tanto que la
legislación española enmarcaría dentro del concepto de delincuencia juvenil, serían
aquellos menores entre 14 y 18 años. Durante este periodo de edad, los menores son
juzgados en base a una legislación penal especial no aplicable a aquellos individuos
considerados como adultos.
La Ley de Responsabilidad del Menor específica, a su vez, dos periodos diferenciados
de edad, uno de los 14 a los 16 años, y otro que va desde los 16 años a los 18 años,
justificando esta división en las diferentes características que uno y otro grupo presentan
desde un punto de vista científico y jurídico. La principal consecuencia de esta
distinción es la agravación específica para los mayores de 16 años y menores de 18
años, en la comisión de delitos basados en la violencia, la intimidación o donde haya
existido peligro para las personas.
Asimismo, la legislación vigente, establece excepcionalidades para los mayores de 18
años y menores de 21 años, alargando de este modo el periodo de edad de aquellos que
pueden ser juzgados como menores. Estos casos, de carácter excepcional, son
contemplados por el Código Penal, siendo la norma aplicable siempre y cuando exista
una disposición por parte del Juez encargado y en base a las circunstancias personales y
el grado de madurez del inculpado, así como de la naturaleza y gravedad de los actos
cometidos.
23
Factores de riesgo de la delincuencia juvenil
Haciendo un rápido recorrido por la bibliografía, se puede hablar de multitud de factores
señalados como de riesgo en la iniciación y desarrollo de conductas delictivas. Como
fenómeno de carácter multifactorial podrían mencionarse causas personales,
psicológicas, económicas, sociales, educacionales, etc. Desde la perspectiva sociológica,
se hace énfasis en la importancia que tienen las características sociales del individuo, así
como el marco social en el que vive:
“La persona no puede ser considerada de forma aislada, sino que vive, crece y se
desarrolla dentro de un contexto interactivo y dinámico. De ahí que la escuela, la
familia, el grupo de iguales y la comunidad deban tenerse en cuenta como
unidades que conforman el proceso de socialización pues la persona, su
ambiente y su conducta interaccionan en el proceso de influencia recíproca”
(Graña, Garrido y González, 2007:9).
Si tenemos esto en cuenta, las conductas delictivas, no puede entenderse como un
producto de individuos aislados, sino que hay que analizarse de un modo bajo el foco
de lo social, especialmente bajo los procesos que se producen de marginalización,
entendida ésta como procesos de aislamientos del individuo dentro de la propia
sociedad (Funes, 1984) Así, la marginación ha de definirse en función de la relación
entre las nuevas oportunidades de vida ofrecidas de vida y el centro económico del
sistema.
Cuando el sistema es incapaz de corresponder a las expectativas creadas de vida, se crea
una situación de marginalidad y asilamiento social. O en palabras más concretas, la
marginación “es un proceso social en el cual los individuos-grupos se encuentran
aislados en sentido negativo en el sistema social en el que viven y del cual,
necesariamente, dependen sin posibilidad de cambiarlo o de abandonarlo” (Navarro,
2002, citado en Cabellero, 2014:21). Dicha exclusión o aislamiento puede darse en un
ámbito concreto, o en varios a la vez (político, cultural, económico, social, psicológico).
La exclusión creada impone la existencia de personas inadaptadas al propio sistema. Al
hablar de menores inadaptados Funes (1984) entiende que son aquellos individuos en
los que ha fracasado el proceso de socialización, no habiendo sido posible la
adquisición de conductas que sean aceptadas socialmente.
24
Para la teoría del etiquetamiento, la propia exclusión del sistema explica el fracaso en
los procesos de socialización. Según esta teoría, la atribución de etiquetas sociales y de
los roles que a cada uno nos corresponde dentro de nuestra sociedad, impide que los
sujetos que se encuentran ya excluidos puedan ser vistos por los demás como algo más
que excluidos, lo que repercute en el aumento del aislamiento y la estigmatización,
haciendo que sea el propio individuo el que termine por automarginarse (Mejías,
Barroso, Domínguez y Green, 2008:32) Esta teoría viene a explicar porque algunos
menores inician conductas delictivas. Desde este punto de vista, las etiquetas impuestas
evitarían que los menores pudieran contemplar otras posibilidades, y terminan actuando
del modo que los demás esperan de ellos.
Unido a esto, otros factores que han de considerarse de riesgo a la hora de explicar las
conductas delictivas entre los menores (Caballero, 2014:25-26): 1. La falta de asumir
responsabilidades, ya sea en el hogar, o a nivel escolar y laboral; 2. Poca tolerancia a la
frustración; 3. Falta de objetivos a nivel escolar y laboral; 4. Fragilidad afectiva:
relaciones interpersonales escasas y deficientes; 5. La cultura del consumo imperante en
la sociedad; 6. El fracaso escolar.
Por otra parte, continúa Caballero (2014), la inclusión en grupos de iguales de riesgo, es
otro de los grandes determinantes del inicio de las conductas delictivas. La asimilación
de los valores del grupo, la adquisición de las mismas conductas de riesgo que practica
el grupo por aprendizaje vicario, o por la influencia psicológica del grupo a lo que se
une un deseo de pertenencia, incapacidad para llevar a cabo conductas asertivas, la falta
de desarrollo de autonomía personal o una baja autoestima, la agresividad contenida, la
frustración de las expectativas, etc., son solo algunas de los muchos factores que ayudan
a que el grupo de iguales juegue un papel fundamental en el inicio de las conductas
infractoras.
Características de la delincuencia juvenil en España
Evolución de la delincuencia juvenil en España
Una primera consideración a tener en cuenta al abordar las tendencias del fenómeno de
la delincuencia juvenil en España, es la escasez de datos disponibles que puedan
considerarse fiables. Un aspecto que evita que puedan llegarse a un consenso claro. Uno
25
de los principales factores que contribuye a este problema, es la falta de acuerdo a la
hora de valorar cuáles han de ser las variables más adecuadas para poder medir la
realidad social del fenómeno. Una cuestión que se pone en evidencia cuando se fija la
vista en investigaciones sobre la delincuencia juvenil que ofrecen, ya de inicio,
definiciones muy diversas de los conceptos delincuencia o juventud, lo que provoca que
los resultados no puedan ser comparativos, puesto que se centran en la medición de
variables distintas: infracciones, registros policiales, casos juzgados, número de jóvenes
que cumplen alguna pena, denuncias, etc. De igual modo, atender únicamente a datos
proporcionados por instituciones públicas pueden llevarnos a informaciones
intencionadamente sesgadas.
Teniendo en mente estas puntualizaciones, se puede hacer un recorrido por diversas
fuentes de información. Para empezar, parece existir al menos un acuerdo general en
que la delincuencia juvenil ha experimentado un aumento en las últimas décadas,
habiéndose producido además un cambio en la tipología de los delitos, aumentando el
número de conductas de naturaleza violenta (Rutter, Giller y Hagell, 2000, citado en
Fernández, Bartolomé, Rechea y Megías, 2009:2).
Sin embargo, no todas las fuentes consultadas coindicen en esta tendencia al alza. Un
estudio publicado en 2009 por Fernández y colaboradores, asegura que se ha producido
un descenso general de la participación en conductas antisociales especialmente en las
de mayor gravedad. Conclusión a la que llegaron tras analizar las respuestas de un
grupo de jóvenes españoles representativo entre los 14 y 21 años, sin limitar el grupo de
investigación a jóvenes que hubiesen estado procesados e insertos en algún proceso
judicial. Es necesario señalar, además, que los datos obtenidos en esta investigación
corresponden a años anteriores a 2006, es decir, periodo previo a la crisis económica, lo
que aporta un contexto temporal. No obstante, dicha afirmación queda incompleta sino
se revisa atentamente otros resultados obtenidos en ese mismo estudio. Pese a que los
datos indican cierto estancamiento general de este tipo de conductas realizadas por
jóvenes, se aprecia un aumento significativo de jóvenes que reconocen haber cometido
específicamente delitos contra la propiedad, así como de venta de droga, descendiendo
en contraposición el número de delitos de naturaleza violenta.
Asimismo, también es preciso diferenciar en este punto la disonancia que se produce si
comparamos los datos absolutos con los datos relativos. Aunque en números absolutos
26
los delitos violentos experimentan un descenso, la tendencia se invierte cuando se
comparan estos datos con el global de las conductas delictivas. En este sentido, las
conductas violentas han sufrido casi un 30% de ascenso, si lo comparamos con datos
proporcionados a principio de la década de 2000. Los datos relativos referentes a los
delitos cometidos contra la propiedad, también mantienen la tendencia inversa a los
datos obtenidos de forma absoluta. Mientras que en el año 2000, este tipo de delitos
suponía un 70% del total, en el año 2006 el porcentaje desciende hasta un 60%
(Fernández, Bartolomé, Rechea, Megías, 2009: 6-19). Por último, cabe mencionar que
el estudio también obtiene datos que corroboran la idea de que los jóvenes suelen
comentar más delitos cuando se encuentran en compañía de otros.
Estas cifras concuerdan en mayor medida con las tendencias que muestran algunos
datos oficiales proporcionados por instituciones públicas en años posteriores, como es el
caso de la Fiscalía General del Estado y el Ministerio del Interior, teniendo en cuenta
estudios realizados en los Juzgados de Menores. Según los informes publicados por
estas instituciones, hasta 2010, se había producido un aumento especialmente relevante
del número de personas que comenten al menos un delito entre los 14 y 18 años. Es
decir, un aumento del número de jóvenes que comenten un delito en un momento
determinado, sin necesidad que sea una conducta reiterativa en el tiempo.
Conclusiones parecidas a las que también llegan otras instancias públicas que ofrecen
información al respecto cuando se evalúan las cifras de la última década. El Informe de
la Seguridad Pública de 2010, finalizaba diciendo que los jóvenes cometían un mayor
número de delitos que en años previos, siendo estos delitos además, de mayor gravedad,
asegurando que la tasa de criminalidad entre los jóvenes se había casi duplicado con
respecto a datos del año 2000. En la misma línea se sitúan los datos ofrecidos por el
Instituto del Menor y la Familia (2013), añadiendo que las edades donde se produce una
mayor incidencia de estas conductas son los 16 y 17 años.
Perfil del delincuente juvenil español
En relación al perfil del joven que delinque, es habitual que en el colectivo aparezca la
imagen de un joven de clase baja, con características marginales. No puede olvidarse
que los factores socio-económicos y educacionales, juegan un papel esencial en las
causas de la comisión del delito, por lo que la presencia de altos niveles de grupos de
origen de clase baja va a ser siempre una constante cuando se analiza el perfil de los
jóvenes que presentan conductas problemáticas.
27
Sin embargo, este estereotipo ha sido cuestionado en distintos momentos por
investigadores aludiendo que los jóvenes con este perfil determinado eran mayoría en
los Tribunales debido a que las clases bajas están más expuestas a ser detenidas y ser
juzgadas, llegando a negar que no existía una relación causa-efecto entre el nivel socio-
económico y la incidencia de la conducta delictiva (Akers, 1964, citado en Vidal,
2010:7).
Retrocediendo hasta la época de los años 90, la publicación “La delincuencia juvenil en
España. Autoinforme de los jóvenes” ya contenía resultados que contradecían el común
estereotipo de joven delincuente, concluyendo que la prevalencia total de conductas
delictivas resultaba más baja entre los jóvenes de zonas marginales, que usualmente
eran consideradas como peligrosas por las fuerzas de seguridad pública. Aunque se
añadía que en cuestión de delitos relacionados con el consumo y venta de droga, así
como robos de baja cuantía, las cifras de los jóvenes provenientes de zonas marginales
eran más altas que la de otros chicos. Con lo que no se trataría tanto de una relación de
clase social y delincuencia, sino de clase social y tipo específico de delito (Rechea,
Barberet, Montañés y Arroyo, 1995:38, citado en Vidal, 2003:7)
Algunos estudios más recientes también ponen el foco de atención en un cambio de
tendencia en el perfil del joven con conducta delictiva, especialmente en la última
década. Con mayor frecuencia se producen casos donde el perfil habitual de joven
marginal que comente delito contra el patrimonio da paso a jóvenes de origen de clase
media, cuya motivación suele ser la económica y que además comenten delitos que van
acompañados de mayor violencia. Una constante común, sin embargo,
independientemente de la clase social de la que provengan, es la persistencia de fracaso
escolar o el abandono escolar en etapas tempranas. Aquellos que posee titulación
escolar, se limita mayoritariamente al título de la E.S.O. (Giménez-Salinas y Graupera,
2006: 23-40).
Sobre el origen geográfico de estos jóvenes, cabe señalar que los fenómenos migratorios
de los que ha sido protagonista España en las dos últimas décadas, también se ha dejado
notar en la población juvenil que actualmente cumple algún tipo de medida por la
comisión de un delito. La llegada masiva de menores inmigrantes no acompañados
(MINA), que habitualmente viven en la calles, sin recursos, ha provocado que un
importante porcentaje de jóvenes que delinquen sea actualmente de origen extranjero
(Caballero, 2013:23).
28
En relación al sexo, se pueden apreciar diferencias evidentes entre el comportamiento
jóvenes de uno y otro sexo. Pese a que algunos datos apoyan la idea de que la
delincuencia juvenil femenina ha aumentado proporcionalmente en los últimos años, el
porcentaje comparado con la masculina sigue siendo muy inferior, situándose en torno a
un 12% del total de los delitos cometidos en 2007 (Fernández, Bartolomé, Rechea y
Megías, 2009: 19). Una información también apoyada por los datos aportados desde la
administración pública, no superando en ningún caso el 20% de los casos judiciales.
Las causas de estas diferencias parecen encontrarse en variables de carácter psicosocial,
como el control familiar, o las relaciones afectivas, es decir, el principal factor de
influencia serían los diferentes procesos de socialización que atraviesa el hombre y la
mujer en una sociedad que aún mantiene muy marcada la diferencia de roles. En todo
caso, “el comportamiento problemático de las chicas responde, en general, a las mismas
características que el comportamiento de los jóvenes de su edad” (Vidal, 2010:8-9),
aunque con un porcentaje menor de incidencia. En otro sentido, también se justifican
estas diferencias al distinto trato que parecen tener chicas y chicos en el Juzgado.
Mientras que a los chicos se les impone una medida en el 59,8% de los casos, el
porcentaje se reduce al 49,5% en el caso de las chicas. Añadido a esto, que las medidas
impuestas a las chicas suelen ser más dirigidas a trabajos a la comunidad o se quedan
simplemente en amonestaciones, contrariamente a lo que ocurre en el caso del sector
masculino, que recibe más medidas privativas de libertad (Fernández, Bartolomé,
Rechea y Megías, 2009:21).
Como ya se ha mencionado anteriormente, la edad predominante donde se comenten
más delitos coindice con los 16 y 17 años. Edad no sólo de mayor incidencia,
produciéndose casi el doble de delitos en estas edades que en otras etapas, sino que es el
momento donde los delitos tienden a ser de mayor gravedad. Aunque cabe señalar que
se aprecia una tendencia a una iniciación cada vez más temprana en este tipo de delito,
según resaltan datos de INJUVE de 2011, habiéndose observado un amento de
conductas sociales ya desde los 13 años de edad. Por último, mencionar que los 16 y 17
años son, además, la edad más proclive para la reincidencia de conductas delictivas
(Vidal, 2003:8). Varios son los posibles factores que se apuntan para explicar la
concentración de conductas delictivas en este periodo de edad. Primeramente, se señala
la influencia que ejerce el grupo de iguales durante la adolescencia, algo que se apoya
en el hecho de que la mayoría de los jóvenes delinque en compañía de otros. Aunque
29
algunos autores centran su atención en los factores socio-económicos, como la inserción
socio-laboral, relacionado el cese de las conductas delictivas a los 17 años, con el
momento habitual en el que los jóvenes se incorporan al mercado laboral, momento en
el que empiezan a desempeñar un trabajo, consiguiendo un status y reconocimiento
social (Laub, 2003, citado en Fernández, Bartolomé, Rechea y Megías, 2009:25).
Sobre la reincidencia, se puede hablar de un porcentaje bajo de menores que comenten
delitos de forma reiterada, siendo la mayoría por tanto los que delinquen de forma
aislada o puntual. Según datos de la Fiscalía de Menores en 2004, el 73% de los
menores a los que se les inicia un expediente judicial, solo presenta un delito, marcando
que en la mayoría de los casos suelen ser una delincuencia de tipo puntual, no habiendo
una tendencia a la reincidencia. Así lo indican también datos de otros estudios, que
afirman que el porcentaje de reincidencia es pequeño, especialmente en algunos tramos
de edad, siendo un 16,7% de los menores entre 12-13 años los que reinciden, un 18,1%
de los menores de 14-15 años y finalmente tan solo un 2,4% de los menores entre 16 y
17% (Fernández, Bartolomé, Rechea y Megías, 2009:18).
30
4. METODOLOGÍA
Como se ha podido comprobar a lo largo de lo expuesto anteriormente, existe cierta
disparidad de criterios cuando se habla del aumento que habría experimentado la
delincuencia juvenil en España. Sin embargo, existen datos suficientes para poder
hablar de la existencia de una mayor heterogeneidad de los perfiles del joven que
delinque, así como en la tipología de las conductas desviadas.
Los tradicionales modelos explicativos que basan las causas de la delincuencia en
cuestiones como la marginalidad, no dan respuesta al aumento de esta heterogeneidad,
ni al hecho de que aumente cada vez más el número de jóvenes pertenecientes a niveles
socio-económicos medios que terminan inmersos en un proceso de reinserción social
debido a la comisión de un delito. Esta situación, provoca la necesidad de un mayor
análisis de los factores sociales que intervienen en las causas de la delincuencia juvenil
actual, especialmente si tenemos en cuenta los cambios recientes producidos en
estructuras sociales tan determinantes en la integración como el mercado laboral y
sistema educativo
La actual situación de desempleo y precariedad laboral repercuten en las expectativas de
futuro de los jóvenes y por lo tanto, tienen un efecto negativo en la correcta adaptación
de conductas adecuadas, lo que puede influir en el aumento de jóvenes pertenecientes a
entornos integrados, que se inician en la comisión de delitos. Del mismo modo, dicha
situación de falta de perspectivas educativas y laborales, puede repercutir en las
relaciones familiares, influyendo en las conductas violentas de los menores, y
produciéndose un cambio de tendencia en el tipo de delitos, aumentando el caso de
violencia en el hogar.
Este trabajo presenta un diseño de investigación dirigido a comprender cuál es el
impacto que de los distintos factores sociales, especialmente la situación económica y
laboral actual, pueden estar teniendo en el grupo de menores infractores, centrando la
atención en aquellos jóvenes que provienen de familias integradas.
31
4.1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
El objetivo general de la investigación propuesta será comprobar hasta qué punto la
actual situación del mercado laboral puede influir en el aumento de conductas
desajustadas de jóvenes provenientes de entornos integrados, y hasta qué punto influyen
en el cambio de tipología del delito cometido.
Para ello, se establecerán además, los siguientes objetivos específicos de investigación:
- Establecer si existe relación entre la tipología del delito y el origen social de los
jóvenes que participen en la investigación.
- Analizar cuáles son las posibles causas del fracaso escolar en chicos que
presentan distinto origen social.
- Establecer si existe relación entre la actual situación laboral familiar y el inicio
de la conducta delictiva.
- Establecer posibles relaciones entre expectativas laborales y la tipología del
delito cometido.
4.2. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
Para llevar a cabo esta investigación se utilizará una metodología de carácter cualitativo,
puesto el objeto de estudio responde a una realidad completa donde intervienen
múltiples factores. Este tipo de metodología permitirá un acercamiento más profundo a
las distintas perspectivas de los diferentes participantes en el estudio, y ayudará a
comprender mejor una realidad social en la que intervienen múltiples factores. La
técnica cualitativa utilizada será la entrevista.
Estará dirigida a los jóvenes infractores y se encuentren en un proceso de reinserción y
reeducación social, así como a sus padres o en caso de ausencia, a sus parientes más
cercanos. La entrevista nos proporciona la posibilidad de profundizar en aspectos
subjetivos, lo que en este caso nos facilitará la comprensión de sus expectativas,
creencias, metas, al mismo tiempo que nos ayuda a entender su forma de racionalizar
aspectos sobre su vida social y laboral, sobre los que se les va a preguntar. La entrevista
32
también nos proporcionará información a través de la observación directa con el
entrevistado, lo que añadirá valor a la información que se pueda sustraer (Alonso,
1998). Las principales cuestiones sobre las que girará la entrevista serán: 1.
Expectativas laborales 2. Origen socio-económico y situación laboral de los
progenitores u otros familiares 3. Contexto social y grupo de iguales en el que
desenvuelve 4. Causas que le han llevado al cumplimiento de medida. 5. Trayectoria
escolar.
El tipo de entrevista que se realizará será de tipo semiestructurado, lo que permitirá
obtener la información que se desea bajo unas previos objetivos marcados, al mismo
tiempo que concede la libertad suficiente para permitir al entrevistador y entrevistado
expresar sentimientos y creencias en torno a distintos aspectos, pudiendo adaptar la
entrevista en función de a quien se esté entrevistando y sus características individuales.
Es importante señalar que dada la condición de menor de los sujetos implicados en el
estudio, será necesaria previamente un consentimiento explícito de los padres de
aquellos menores que no superen la mayoría de edad legal, o en su defecto de los tutores
legales. En todo caso, las entrevistas se realizarán en compañía de algún responsable, ya
sea la propia figura paterna o un responsable del centro en el que el menor se encuentre
cumpliendo su medida judicial correspondiente. Deberá hacerse saber a los
participantes, que se guardará el anonimato de todos ellos durante el transcurso de la
investigación y la posterior publicación de los resultados.
4.3. SELECCIÓN DE LOS ENTREVISTADOS
La muestra sobre la que se realizará la investigación constará de menores infractores y
padres o tutores de los menores. Estos últimos, ayudarán a comprender mejor los
contextos sociales de los que provienen los jóvenes, al mismo tiempo que ayudarán a
contrastar y confirmar las informaciones aportadas por los menores.
Criterios de selección
Dadas las marcadas diferencias de género presentadas en el grupo de menores
infractores que actualmente cumplen medida judicial en régimen de internamiento,
siendo el porcentaje de chicos considerablemente superior al de las chicas, el estudio se
centrará principalmente en el sector masculino. Dicha elección también se debe a las
33
diferentes características y dificultades que presentan en el momento de la reinserción
social tanto un género como otro. Así, como el tipo de intervención laboral que
habitualmente se realiza en los centros de reinserción, existiendo una tendencia a
orientar a los menores hacía puestos de trabajo tradicionalmente masculinizados que
requieren una baja cualificación, relacionados mayoritariamente con el sector de la
construcción. Un sector en el que se ha producido la mayor caída de empleo desde el
inicio de la crisis económica., lo que provoca un interés especial en estos menores y su
intervención. Por todo ello, la investigación se centrará únicamente en los menores de
sexo masculino, con edades comprendidas entre los 16 y 21 años.
La edad de los 16 años, no solo marca el inicio de la edad legal para trabajar, y por tanto
para iniciar procesos de inserción laboral, sino que supone el inicio de la franja de edad
donde se concentran la mayoría de delitos cometidos por menores. Introducir menores
hasta la edad de los 21 años, superior a la edad legal (18), permitirá poder recoger datos
de aquellos menores que ya han pasado o están pasando por un proceso de reinserción
laboral, lo que permitirá obtener datos en relación a las dificultades que presentan en el
mismo momento de la búsqueda de empleo, así como sus expectativas y experiencias.
Añadido a esto, poder contrastar datos aportados por jóvenes en edades de 16 y 21 años,
nos da la oportunidad de comparar información entre aquellos jóvenes que aún no han
tenido ninguna experiencia profesional, y aquellos que ya han podido tener su primer
trabajo en años previos.
La muestra debe estar constituida por jóvenes y sus padres, que estén cumpliendo
medidas judiciales de internamiento. A la hora de abordar el estudio se tendrán en
cuenta las siguientes variables de los participantes: 1. Origen socio-económico familiar;
2. Situación laboral de los progenitores; 3. Tipología del delito cometido; 4. Situación
escolar de los menores.
La muestra total de jóvenes participantes se situará alrededor de 40, a los que hay que
añadir los padres de cada uno de ellos, no superando en ningún caso este número de
jóvenes, evitando así la posible saturación de información en grupos presentan
características similares.
Para poder utilizar los datos obtenidos de los menores en el estudio, se deberá tener
previamente su consentimiento escrito, así como el consentimiento por escrito de los
padres de aquellos jóvenes que aún no hayan superado los 18 años de edad.
34
4.4. TRABAJO DE CAMPO
El estudio se realizará en distintos lugares de la geografía española, lo que nos permitirá
contrastar los resultados obtenidos de distintas zonas caracterizadas por un perfil
económico y un tejido empresarial determinado. En este sentido, los lugares escogidos
será en base principalmente de:
1. Tasa de desempleo
2. Tasa de desempleo juvenil.
3. Estructura económica predominante en el área geográfica.
4. Desarrollo de los distintos sectores industriales.
Teniendo en cuenta estas variables, las zonas seleccionadas para el estudio son:
- Área de Cádiz. Provincia que presenta el mayor índice de desempleo, un 42,05%
en el primer trimestre de 2015, según la EPA. Cádiz es además una de las
provincias con mayor tasa de desempleo juvenil.
- Área de Madrid. Con un amplio desarrollo del sector servicios, Madrid mantiene
menos de 20% de tasa de desempleo, según datos de la EPA.
- Área de Navarra. Provincia con una 15,66%, es una de las provincias con menor
tasa de desempleo y que a su vez presenta mayor diversificación del tejido
empresarial.
- Área de Málaga. Con una tasa de desempleo del 32,37% según refleja la EPA
del primer trimestre del 2015. Esta área geográfica también presenta la
peculiaridad de que su económica está muy ligada al empleo temporal debido a
la dependencia del sector turístico.
4.5. FUENTE DE EXTRACCIÓN
La captación de los participantes en la investigación en cada zona geográfica se hará en
colaboración con la Administración Pública de Justicia, especialmente de los Juzgados
de Menores de cada provincia representada en este estudio, así como de las distintas
entidades dedicadas al cumplimiento de medidas judiciales impuestas a menores. Los
35
lugares de captación serán preferentemente entidades encargadas del cumplimiento de
medidas de internamiento.
4.6. CRONOGRAMA
La investigación se llevará a cabo durante un tiempo aproximado de 1 año, con las
siguientes fases diferenciadas: fase de recogida de datos, fase de análisis de la
información recogida y discusión y finalmente, fase de elaboración de las conclusiones.
Dentro del periodo dedicado a la recogida de datos, se incluirá el tiempo destinado a las
gestiones que se consideren necesarias para hacer posible el estudio en las condiciones
previstas, como son el contacto con las autoridades judiciales, obtención de los
permisos de autorización necesaria, tanto de instituciones como participantes en el
estudio y diseño de las técnicas que se vayan a utilizar. La recogida de datos durará un
periodo de tiempo de aproximadamente 8 meses, debido a la necesidad de cumplir los
requisitos de autorización por parte de los Juzgados de Menores, las entidades
colaboradoras y la de los propios participantes, lo que puede prorrogar la duración de
esta fase de la investigación.
Posteriormente, se pasará al análisis de los datos conseguidos durante la fase de
recogida de datos. Para ello se realizará una descripción exhaustiva de los datos
aportados por los sujetos de las muestras, teniendo en cuenta las distintas variables que
puedan influir en el tema objeto de estudio (nivel educativo, características socio-
económicas, tipo de delito, etc.).
Finalmente se elaborará un informe que presente las conclusiones a las que se han
llegado tras la realización del estudio, respondiendo a las preguntas planteadas en el
corriente trabajo sobre el impacto que factores sociales como la el desempleo, la
precariedad laboral o el fracaso escolar tienen en las conductas desviadas y la
trayectoria delictiva de los jóvenes a estudio, estableciendo diferencias entre tipología
de delito, nivel educativo, capacitación laboral, presencia de redes de apoyo social, en
función del nivel socio-económico que presenten.
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5. RELACIÓN CON EL TRABAJO SOCIAL
La integración social pasa indiscutiblemente por una integración que incluya el aspecto
laboral. El trabajo no sólo proporciona los medios para el mantenimiento socio-
económico, sino que proporciona al individuo un reconocimiento social e individual
necesario para la propia realización e integración social adecuada.
Por ello, todo lo relativo a la inclusión laboral, debe ser una prioridad del Trabajo
Social, sobre todo en aquellos casos donde el individuo, debido a sus circunstancias
sociales y personales, presenta mayores dificultades de acceso al mercado laboral.
El fenómeno de la delincuencia juvenil ha de ser otra de las prioridades del Trabajo
Social en un sistema democrático basado en la reinserción y la reeducación,
especialmente cuando hablamos de la delincuencia en edades tempranas. Una
reinserción que pasa indiscutiblemente por la mejora de la capacidad laboral y la
consecución de un empleo.
Es el caso de los menores infractores que han cumplido una medida judicial o que se
encuentran cumpliéndola actualmente. A los problemas del propios sistema laboral, se
añaden otros como la falta de cualificación, los conflictos sociales y el rechazo por gran
parte de la sociedad al sufrir de forma inevitable una estigmatización que a veces
acarrean durante gran parte de su vida, lo que dificulta su correcta inserción en las
estructuras sociales.
Sin embargo, resulta difícil atender a las necesidades educativas y laborales si no
conocemos en profundidad previamente cuales son las condiciones actuales de los
fenómenos sociales que estamos tratando. Conocer las causas que afectan e influyen en
las conductas antisociales de los jóvenes en la actualidad, resulta fundamental si
realmente se quiere contribuir a un cambio significativo, y no únicamente a la
realización de medidas de carácter paliativo, que no constituyen a un cambio real ni en
el individuo a largo plazo ni en las estructuras sociales que favorecen la reaparición del
problema. Es decir, el cambio no pasa únicamente por la intervención directa con el
individuo sino por promover el cambio en los déficits de las estructuras sociales que
están influyendo en el problema.
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Asimismo, es necesario evaluar el tipo de intervención actual que se lleva a cabo en los
procesos de reinserción social con jóvenes que cumplen medidas de internamiento, y
conocer hasta qué punto dicha intervención resulta efectiva en un mercado laboral que
ha sufrido la caída de los empleos tradicionalmente masculinizados relacionados con
sectores como la construcción, y que se caracteriza por la temporalidad y la precariedad
laboral.
Atendiendo al perfil de aquellos jóvenes que cumplen medidas judiciales, la
intervención en el plano laboral se ha adaptado hasta ahora a dos variables: 1. la edad,
coincidente con el inicio de la búsqueda del primer empleo y por tanto la falta de
experiencia profesional; y 2. la falta de cualificación que presentan muchos de ellos
debido al fracaso y abandono escolar que presentan en su mayoría. Por lo tanto, los
procesos de formación laboral, se dirigían fundamentalmente a la adquisición de
capacidades propias de trabajos que requerían poca cualificación, especialmente en el
campo de la albañilería, la jardinería, carpintería, etc., actividades muchas de ellas que
forman parte de los sectores más afectados por la crisis.
Tras la explosión de la burbuja inmobiliaria, y la falta de empleo en el mercado laboral
tanto para puestos cualificados como no calificados, es preciso preguntarse cuál debe
ser la intervención que debe desarrollarse durante los procesos de reinserción social,
para que dicha vuelta a la sociedad sea lo más efectiva posible, evitando así posibles
situaciones de reincidencia. En qué manera ha podido afectar la crisis económica a los
procesos de inserción laboral iniciados desde la Administración Pública con menores
infractores, y qué grado de efectividad tenían hasta ahora los procesos de inserción
laboral planteados, son otras de las preguntas que serían necesario considerar.
Por otra parte, la heterogeneidad de las características sociales que con mayor
frecuencia parecen presentar los jóvenes que cometen delito, hace necesario la
evaluación de la necesidad de diversificar el tipo de intervención socio-laboral que se
realiza durante el proceso de reinserción. La responsabilidad del Trabajo Social es
atender a las necesidades de toda la población, tanto de aquellos que se encuentran en
situación de exclusión, como de aquellos que por las circunstancias que atraviesan, se
ven abocados a existir en los límites de dicha marginación. Por ello, se ha de ofrecer una
intervención adecuada que se ajuste a las necesidades familiares, sociales, educativas y
económicas de cada caso.
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