Trabajo delincuencia

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La historia de Fabián Merino, inversionista y regidor de Piura , es similar a la que viven cientos de empresarios del sector construcción del país. Cuando él inició la construcción de una sede de Ripley en dicha ciudad, una banda de extorsionadores lo visitó y le exigió el 5% del presupuesto de la obra y 8 o 10 sueldos para empleados fantasmas. Por miedo, pagó. Pese a que denunció el hecho públicamente, igual lo siguieron extorsionando: tuvo que cambiar de número de celular hasta cinco veces. Juan Chávez, presidente de la Cámara Peruana de Construcción (Capeco) de Piura, dice que en regiones como La Libertad y Piura el 100% de empresas pagan cupos. Para ubicarlos, los delincuentes averiguan en los municipios —a través de cómplices o del sistema de transparencia— qué compañías obtienen las licencias y qué obras públicas les adjudican. Con ello llegan a saber, también, quiénes son sus representantes, sus direcciones y, además, datos de sus familiares. El Comercio conversó con empresarios de Trujillo, Chiclayo, Piura, Ica, Arequipa y Lima, quienes por seguridad no dan sus nombres, y revelaron que si no pagan cupos pueden atentar contra sus familias. “En cualquier momento podemos recibir una carta con una bala o una dinamita, o peor aún, la visita de un grupo armado”, dijo uno de los afectados. Aprovechándose del miedo de quienes no denuncian las amenazas ante la policía, los criminales pueden llegar a cobrar por ‘chalequeo’ (seguridad) hasta S/.500.000 por toda obra o S/.50.000 mensuales.

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La historia de Fabián Merino, inversionista y regidor de Piura, es similar a la que viven cientos de empresarios del sector construcción del país. Cuando él inició la construcción de una sede de Ripley en dicha ciudad, una banda de extorsionadores lo visitó y le exigió el 5% del presupuesto de la obra y 8 o 10 sueldos para empleados fantasmas. Por miedo, pagó. Pese a que denunció el hecho públicamente, igual lo siguieron extorsionando: tuvo que cambiar de número de celular hasta cinco veces. 

Juan Chávez, presidente de la Cámara Peruana de Construcción(Capeco) de Piura, dice que en regiones como La Libertad y Piura el 100% de empresas pagan cupos. Para ubicarlos, los delincuentes averiguan en los municipios —a través de cómplices o del sistema de transparencia— qué compañías obtienen las licencias y qué obras públicas les adjudican. Con ello llegan a saber, también, quiénes son sus representantes, sus direcciones y, además, datos de sus familiares. El Comercio conversó con empresarios de Trujillo, Chiclayo, Piura, Ica, Arequipa y Lima, quienes por seguridad no dan sus nombres, y revelaron que si no pagan cupos pueden atentar contra sus familias. “En cualquier momento podemos recibir una carta con una bala o una dinamita, o peor aún, la visita de un grupo armado”, dijo uno de los afectados. 

Aprovechándose del miedo de quienes no denuncian las amenazas ante la policía, los criminales pueden llegar a cobrar  por ‘chalequeo’ (seguridad) hasta S/.500.000 por toda obra o S/.50.000 mensuales. 

En otros casos, las mafias exigen la contratación de trabajadores fantasmas a los que se les paga S/.500 semanales.

Fuentes de la fiscalía indicaron que solo el 3% de empresarios denuncia estos cobros. La mayoría considera los cupos dentro de su presupuesto como un costo operativo más. Así, la ilegalidad se ha vuelto parte de los negocios formales a tal punto que las incidencias en casos de extorsión aumentaron en un 50%, según Juan Carrasco, fiscal antiextorsión de Chiclayo.

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La inacción policial también es una de las razones por las que no se denuncian los hechos. Según los empresarios, cuando se les pide que intervengan, algunos dicen que por S/.200 diarios pueden vigilar las obras en sus días libres. Si quieren que les ‘limpien la zona’ (sacar a los delincuentes), deben pagar hasta S/.200 diarios por agente, todo el tiempo que les lleve terminar el trabajo. Pero a veces ni siquiera sirve pagarles a los policías, según los empresarios, porque los extorsionadores les pagan más: entre S/.3.000 y S/.5.000 para que no intervengan.

Hay bandas que cuentan hasta con 200 miembros, según elMinisterio Público, como es el caso de la Nueva Gran Familia, encabezada por el Tayta Jack en Lambayeque y Piura. En cambio, los grupos antiextorsiones de la policía no superan los 12 agentes, según Wilson Sánchez, jefe de la Divincri de Chiclayo. 

El gobierno reconoce la preocupación por este tema, que ya se tocó en las reuniones sobre de seguridad [la última hace dos días en Trujillo]. Las autoridades asumen que algo se tiene que hacer para frenar la violencia que se vive en este sector.

Chef cree que este problema ahuyentará el

turismo y recomendó prudencia en el trato de

estas noticias. Policía capturó a asaltantes del

Sophie Bistro.

Edgar Gamboa H.

El reconocido chef Gastón Acurio habló ayer sobre la

ola de asaltos a restaurantes que  azota a Lima. El

principal impulsor de nuestra gastronomía en el

extranjero expresó su temor de que estas noticias

generen una mala imagen del país y  afecten el

turismo.

"Es muy peligroso que, de pronto, noticias de

restaurantes en Lima que hayan sufrido algún asalto

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se conviertan en una noticia internacional. Esto

puede afectar a la ilusión, al sueño y a la voluntad

que tenía el turista de venir al Perú", declaró durante

la presentación de un libro de cocina en el Ministerio

de la Producción.

Ante ello, recomendó prudencia a la hora de abordar

estos temas, refiriéndose puntualmente a la

advertencia de la embajada de Estados Unidos en

Lima que pidió a sus trabajadores evitar ir a un local

ubicado en Miraflores, debido a los recientes robos

ocurridos en ese establecimiento.

"Es muy importante tener en cuenta esto, para cuidar

este prestigio que ha costado años a miles y miles de

peruanos, para beneficio de agricultores y

pescadores, de pequeños negocios que hoy se

benefician gracias al prestigio de la cocina peruana.

Entonces esperamos que se tomen las medidas

adecuadas", apuntó.

ASALTANTES DETENIDOS

Mientras Acurio daba estas declaraciones, el director

general de la PNP, Jorge Flores Goicochea,

confirmaba la captura de los delincuentes que

robaron, hasta en dos oportunidades, el exclusivo

restaurante Sophie Bistro, donde desvalijaron a

empleados de la embajada estadounidense y a

agentes de la DEA y la Dirandro.

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Se trata del prontuariado Víctor Raúl Morales

Reyna (49), (a) "Raulito", y su hijoMartín Felipe

Morales Montes (19),  (a) "Chato Martín". Ambos

fueron arrestados el pasado 16 de febrero en La

Victoria, cuando se desplazaban en el auto de placa

D7P-672 por la cuadra 3  de la avenida Canadá.

El mencionado vehículo fue usado solo tres días antes

para asaltar a los comensales de un restaurante

ubicado en la calle Juan Moore 176. También fue

visto en el primer asalto del 30 de enero contra

Sophie Bistro, y en otro cometido en una bodega

mayorista en el distrito de Lince.

Diego Luis Felipe Sologuren Alarcón (44), dueño

del Sophie Bistro, fue quien reconoció a los dos

sujetos y ayudó a que sean detenidos y luego puestos

a disposición del Ministerio Público. Ambos fueron

denunciados por robo agravado, tenencia ilegal de

armas de fuego y tráfico ilícito de drogas.

Sobre la banda que asaltó el restaurante El 10 y el

Café Gianfranco, hechos que desataron una

persecución por seis distritos de Lima, Flores

Goicochea informó que ya están identificados y su

captura se dará en las próximas horas.

Asaltaron el Sophie Bistro

Prontuariado. Víctor Morales Reyna tiene

antecedentes por robo y extorsión.

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El sucesor. Martín Morales Montes sigue los pasos de

su padre. Operan juntos.

CLAVE

Las bandas criminales que en las últimas semanas

asaltaron los restaurantes Sophie Bistro, El 10 y Café

Gianfranco, en Miraflores, provienen de dos barrios

ubicados en el distrito de La Victoria. "Los dos

detenidos por el caso Sophie Bistro son del sector

conocido como 'La Pólvora', los que faltan capturar

viven en el barrio de Matute", informó el jefe de la

Divincri-Miraflores, comandante PNP Ismael Arroyo

Roca.

Logística en el Perú: ¿cuánto impacta la

delincuencia en las empresas?

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Al 2013, la criminalidad sobre las cadenas de logísticas terrestres en

América Latina se ha acrecentado por encima del promedio global,

principalmente debido al aumento de grupos delictivos y al débil

poder disuasivo del Estado, según un informe de la Cepal. La

experiencia de la operadora peruana de servicios logísticos Yobel

SCM, en los últimos tres años, coincide con lo descrito.

“Hemos incrementado nuestros costos en seguros y escoltas

para las unidades de transporte –entre otros servicios de

seguridad– en 300% para prevenir el robo, sobre todo de los

productos más ‘susceptibles’ al mismo, como los productos

tecnológicos o de consumo masivo, que son fáciles de colocar

en el mercado”, dice Andrés Diez, gerente corporativo de logística

de Yobel SCM.

La Cepal analizó la relación entre la competitividad y la seguridad en

la cadena de suministro en la región, según los índices de

competitividad del Foro Económico Mundial (WEF). El diagnóstico

responde a una pregunta: “¿En qué medida la incidencia del crimen

y la violencia imponen costos a las empresas de su país?”. Las

respuestas se calificaron en una escala del 1 al 7, donde 1

corresponde a ‘En gran medida’ y 7 a ‘En nada’.

Los resultados indican que el promedio mundial de incidencia

fue 4.6 puntos, mientras que el de América Latina y el Caribe,

3.3 puntos. La Unión Europea y los países de la OCDE, sin embargo,

se situaron por encima de los 5 puntos. El Perú obtuvo un puntaje

muy cercano a ese promedio (3.4), menos que Brasil (3.48),

pero más que México (2.89) y Colombia (2.79).

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NUEVAS ESTRATEGIAS

Aldo Bresani, director de la Maestría en supply chain managementde

la Universidad ESAN, señala que los delitos en los servicios

logísticos han crecido hasta casi duplicarse. “Los robos en ruta

son los que afectan la competitividad de las empresas, pues

aumentan las primas de seguros por mercadería y vehículos, y ponen

en riesgo al personal”, advierte.

“A mayor riesgo, el seguro incrementa los cobros. Antes no te

exigían tener GPS, ahora sí. Te exigen tener custodia, y no te

permiten sacar carga por más de un cierto monto en valor del

producto”, explica Andrés Diez. Actualmente el gasto de Yobel SCM

en seguridad asciende a más de US$60,000 mensuales.

El panorama actual, reportado por FreightWatch International en el

2013, no es alentador para el Perú. Lima es la zona más peligrosa

para transportar carga, y el 50% de los robos en ruta

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aparecidos en medios de comunicación en el 2012 terminó

heridas serias o la muerte de los conductores.

Pero el uso de la tecnología ha mostrado avances, al menos en el

frente de la reacción ante el robo. FreightWatch International da un

ejemplo: dieciocho ladrones robaron un camión de accesorios de

computación en Los Olivos, por un valor de US$50,000, haciéndose

pasar por policías. Como el camión no llegó a su destino final, el

dueño alertó a la policía. Con la ayuda del GPS en el camión, la carga

fue recuperada.

VAMOS A CIEGAS

Para Bresani, “falta dar un mayor énfasis a la desarticulación de las

bandas delictivas”. Sin embargo, las cifras del INEI no muestran una

evolución uniforme de la intervención policial sobre estas

organizaciones criminales, y la policía no cuenta con información

sistematizada sobre zonas de mayor incidencia criminal ni de bandas

delictivas.

Empresas como Yobel deben realizar su propio mapeo, a fin

de encontrar rutas alternas para prevenir los asaltos. Esta

falta de información sistematizada dificulta tomar decisiones y

generar políticas públicas enfocadas en la seguridad de las cadenas

logísticas, que no sólo afecta a las empresas, sino también al

consumidor final.

La falta de investigación también es alarmante. La Cepal cita a

algunos autores que estiman pérdidas anuales de hasta US$30,000

millones a nivel mundial por robos en ruta, pero advierte que esta

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cifra estaría subestimada, particularmente por la inexistencia de

datos provenientes de países en vías de desarrollo, donde ha

aumentado el flujo comercial internacional e interno.

CCL: Combatir la violencia en el Perú cuesta 4.5% del PBI

Enfrentar la violencia en el Perú implica un gasto equivalente al

4.5% del PBI, según cifras de la Cámara de Comercio de

Lima (CCL).

Al observar el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), se

observa el incremento significativo de los recursos destinados a

la seguridad ciudadana.

Para el presente año, el gobierno ha asignado S/.5,925 millones

al año para mantener el orden público y seguridad. Esto supone

un incremento del 19.6% respecto al 2014.

[Lima entre las 50 ciudades más seguras del mundo, según

The Economist]

Adicionalmente, el Estado destinará S/.11,5 millones diarios en

2015 para la reducción de delitos y faltas que afectan la

tranquilidad y el orden.

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INDICADOR GLOBAL

El Índice Global de Paz 2014, elaborado por el Instituto de

Economía y Paz, clasifica a 162 países según el nivel de

seguridad y protección en la sociedad, el grado de conflicto

interno y de militarización.

Del total de naciones evaluadas, entre 2008 y 2014, Perú

retrocedió del puesto 88 al 119. Se ubicó como el tercer país

más conflictivo en Sudamérica, después de Colombia y

Venezuela.

ANÁLISIS

Los expertos señalan que se requiere de una propuesta integral

de corto, mediano y largo plazo para enfrentar la violencia, que

necesariamente involucra a los tres poderes del Estado.

Asimismo, destacan la relevancia de un crecimiento económico

sostenido y la eliminación de las actividades económicas

ilegalesen todas las facetas como variables necesarias para

combatir la delincuencia y las mafias.

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Seguridad: el eterno problema del Perú

El Perú en los últimos 30 años se ha caracterizado por una situación de inseguridad perpetua. En los entornos de los peruanos es muy común escuchar de algún tipo de acto delincuencial. Así, casi todos conocemos a alguna persona que ha sufrido alguno de estos lamentables hechos. Digamos que los peruanos nos hemos acostumbrado a sobrevivir en medio de la delincuencia que al parecer crece día a día.Algunos problemas que aumentan a mi parecer el problema -claro está que cada uno tendrá su punto de vista y como todo en la vida, se respeta y se analiza- se citan a continuación. Los mismos se han formulado luego de haber visto a muchos expertos en seguridad en diversos programas periodísticos televisivos (la semana pasada y la presente fue el tema más importante que llenó las agendas de programas de opinión y políticos). En esta línea, se podría llegar a que los principales problemas son los siguientes:

La falta de seguridad nacional es un problema que se está

agravando. El aumento de hechos delictivos y la sensación

generalizada de inseguridad produce una gran desconfianza

que afecta la sensación de bienestar y al optimismo de los

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inversionistas nacionales e internacionales.

•La policía peruana está muy mal pagada. Sus sueldos son relativamente los más bajos de la región. Así, la mayoría de los efectivos policiales reciben ingresos adicionales por custodiar locales particulares sea en sus días libres o en sus tiempos laborales normales. Esto hace que la seguridad sea un privilegio de los que pueden pagarla, es decir, de la minoría de la población.•No hay una política integral de seguridad que una los esfuerzos del Estado y de los municipios que actúan a través de los denominados “serenazgos”. De esta forma, cada ente actúa de la mejor forma que le parece.•Hay muchos diagnósticos, pero éstos no pasan a la acción. El Estado podría recogerlos, analizarlos y desarrollar un plan integral que contemple los diversos estudios desarrollados por expertos. De verdad, existen muchos estudios, cifras y otros; el problema es que no están siendo empleados adecuadamente. •El aparato legal peruano resulta muy blando con los delincuentes comunes, de modo que estos ingresan y salen de los establecimientos penales de forma sencilla y en muy poco tiempo. Es más, muchos de estos centros fungen de “centros de especialización y contacto” de los delincuentes.•El Estado debe asumir la real seriedad del problema y no tratar de basarse en frías estadísticas. De nada sirve maquillar la realidad porque en las calles se respira la inseguridad.•El tema debe ser despolitizado. Como hay una crisis de seguridad, diversos frentes lanzan ataques a las autoridades de turno más con un ánimo destructivo que constructivo. Las críticas son enfocadas al desprestigio de las autoridades de turno más que a la elaboración y presentación de propuestas concretas.•Falta una clara organización de la sociedad civil en el enfrentamiento de este problema. La misma no está organizada adecuadamente para demandar la acción inmediata y decidida del Estado.

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•En el Perú, aún existe un bajo nivel en el uso de tarjetas y plástico en general lo que convierte a los ciudadanos en fáciles víctimas de los delincuentes.La falta de seguridad nacional es un problema que se está agravando. El aumento de hechos delictivos y la sensación generalizada de inseguridad produce una gran desconfianza que afecta la sensación de bienestar y al optimismo de los inversionistas nacionales e internacionales. Si no se toma al “toro por las astas”, el crecimiento económico puede resentirse y bajar sus revoluciones. Está en manos de los entes responsables la construcción de propuestas eficientes y concretas. Mientras los ciudadanos comunes y corrientes, salimos a la calle con la alerta propia de la inseguridad.

“Mafias podrían afectar

hasta el 10% de las

inversiones inmobiliarias”

Por: Guisella Vargas Ochoa

La mayoría de empresas constructoras del país son extorsionadas por

mafias que las amenazan con paralizar sus obras si ellas no les pagan

cupos. Esta situación podría afectar hasta el 10% de las inversiones

inmobiliarias, según cálculos del gerente general de Servicio Nacional de

Capacitación para la Industria de la Construcción (Sencico), Ing. Hernán

Carpio Montoya quien plantea algunas medidas para contrarrestar esta

situación.

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De otra parte, advierte que una de las principales debilidades del sector

construcción es la falta de personal calificado en técnicas de

edificación a lo cual se suma la carencia de especialistas en las

municipalidades para hacer las supervisiones respectivas. Frente a

ello, remarca la necesidad de invertir en mayor capacitación sobre todo

ahora que el Perú atraviesa por un `boom´ inmobiliario, razón por la cual

adelantó que Sencico destinará S/.150 millones para expandir sus

servicios educativos en las regiones del país.  En tanto, adelantó que se

alistan normas técnicas para asegurar que las empresas mejoren sus

sistemas de construcción ante eventuales sismos. Precisamente, este

tema será abordado durante la próxima Feria de Innovación Tecnológica

en Construcción 2013 que realizará la institución entre el 16 y 19 de

octubre con la participación de expositores nacionales y extranjeros.

¿Cuál es el objetivo de la Feria de Innovación Tecnológica en

Construcción 2013?

Poner a disposición de las empresas la tecnología con la que puedan

mejorar su productividad. No sólo son equipos o máquinas, sino también

sistemas de gestión, software y toda una gama de aplicativos. De este

modo, le damos impulso al sector construcción para que pueda ser más

competitivo.

¿Cuán al día se encuentran las empresas constructoras en

materia tecnológica? ¿En qué posición se encuentra Perú dentro

de la región?

En la región lideran Brasil, Chile, Colombia. Perú debe estar en un cuarto

o quinto lugar. Una ventaja es que es un lugar atractivo para los

inversionistas y por lo tanto, hay empresas extranjeras que traen

tecnologías que sirven de modelo.

¿Las empresas peruanas están invirtiendo en tecnología?

Algunas empresas invierten en tecnología. Las empresas líderes

invierten en tecnología, seguridad y capacitación. Eso les permite

competir. Están obligadas a actualizarse para mantener su situación en

el mercado. (...) La tecnología es inherente al sector construcción.

¿En qué tipo de tecnología invierten más las empresas

constructoras?

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Invierten más en grandes maquinarias que les permiten abaratar

muchos costos en movimiento de tierra, exploración. También hay otras

de ultrasonido, equipos de corte con diamantina, herramientas.

AUTOCONSTRUCCIÓN

¿Cuáles son las principales debilidades técnicas del sector

construcción?

Una de las principales debilidades es que el `boom´ de la construcción

ha generado también la autoconstrucción informal. El 60% de las

viviendas que se construyen en el Perú son informales, lo cual genera

una alta vulnerabilidad frente a los sismos.

¿Qué medidas se adoptarán para prevenir este problema?

La autoconstrucción es un problema social. Hay que dirigirla hacia el

lado formal. Tenemos que ir generando mecanismos, por ejemplo que

los municipios tengan un banco de proyectos de vivienda para que las

personas que no tengan dinero para contratar especialistas puedan

solicitar uno esos planos para construir sus viviendas. De otra parte, el

Ministerio de Vivienda viene ya trabajando estudios de micro zonificación

sísmica y estudios de vulnerabilidad. Sencico alista cursos para poder

hacer diagnósticos de estructuras y reforzamiento de estructuras.

CAPACITACIÓN

¿Cuáles son las principales debilidades de las constructoras

privadas?

Una de las debilidades es que los trabajadores no han sido capacitados

por el Sencico y por eso arrastran fallas y eso genera accidentes,

problemas. Hay desconocimiento del Reglamento Nacional de

Edificaciones. Y otras empresas privadas son parcial o totalmente

informales en su trabajo. También en el Perú faltan laboratorios de

suelos y de concreto armado, son muy pocos los laboratorios certificados

que puedan dar un servicio de calidad. Por su parte los municipios no

tienen la capacidad operativa para hacer un seguimiento y fiscalización a

las edificaciones de su jurisdicción. Allí hay un gran problema que

permite evasiones tributarias, obras sin licencia, obras sin seguridad y

por último obras mal construidas.

¿Las fallas en la calidad el concreto armado es una constante en

los edificios de viviendas?

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Uno de los problemas en las construcciones que no son supervisadas es

la calidad del concreto que depende de la dosificación adecuada de

cemento, arena fina y piedra, otra es la cantidad de agua. Muchas veces

los maestros de obra empíricos creen que agregándole más agua a la

mezcla la hará más sencilla de trabajar, pero hacer eso implica una

reducción de su resistencia. Eso se puede evitar utilizando concreto

premezclado. Cuando hay problemas en la mezcla del concreto se

generan rajaduras durante el tiempo de fraguado, incluso uno o dos años

después; podría haber levantamiento de concreto.

¿Qué propuestas técnicas presentará Sencico este año?

La norma de sismoresistencia. La tecnología está en permanente

evolución en el mundo. Hay nuevos productos, nuevas investigaciones

sobre el comportamiento de los materiales. Lo que tenemos que hacer

es adecuar esa tecnología a nuestra realidad y a nuestras normas.  

¿Esto incrementará los costos de construcción?

 No necesariamente serán mayores; el producto será más seguro. Las

normas tienen que actualizarse según el avance tecnológico. Por

ejemplo para la Feria de Tecnología estamos trayendo a un investigador

peruano que reside en Europa, Luis Bozzo, que expondrá sobre los

disipadores sísmicos que es una tecnología que se usa en los cimientos

de edificios de viviendas permitiendo absorber el movimiento durante un

terremoto y mitigar la transmisión de ese movimiento a las estructuras,

con lo cual se reducirían sustancialmente los daños.

PROPIEDADES DE TERCEROS

Existen denuncias contra constructoras por construir edificios

que afectan propiedades de terceros...¿Qué normas técnicas se

pueden aplicar ante este tipo de casos?

Existe una norma en el Reglamento de Edificaciones donde se define la

separación que debe haber entre edificios. Hay una norma, el problema

está en que hay que cumplirla. El construir viviendas o edificios pegados

es un gran riesgo porque durante un sismo se chocan y el menos rígido

va a sufrir los daños, eso se pudo ver en Pisco. Es muy común que

durante el proceso constructivo se generen rajaduras u otro tipo de

asentamientos sobre todo si hay sótanos.  Esto se puede obviar si la

empresa que realizará el proyecto se presenta ante los vecinos y hace

una constatación fotográfica y notarial de la situación de la vivienda

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contigua antes de iniciar la obra. Y eso se le debe entrega al vecino para

que pueda pedir que se le repare su vivienda si luego existiera algún

daño. Está en la norma de sismoresistencia. Las municipalidades tienen

que intervenir en estos casos porque son ellas las que otorgan las

conformidades de obras.

¿Qué porcentaje de los edificios construidos presentan

problemas de estructura?

Ahora estamos coordinando para hacer estudios de vulnerabilidad en las

edificaciones, con el Ministerio de Vivienda. Este año se está

coordinando la creación de protocolos de evaluación de viviendas y

edificaciones para identificar cuáles tienen más riesgos que otras ante

un potencial sismo. Esto se hará por distritos en convenio con las

municipalidades. Tenemos que estar preparados.

¿Qué recomendación le da a las empresas constructoras para

prevenir riesgos que puedan afectar a sus obreros y luego a los

usuarios?

Lo primero, que se cumpla con la Ley de Salud y Seguridad Ocupacional

que ya está vigente. Hacer charlas técnicas, difundir la metodología del

trabajo seguro, cumplir con los planos, con la ley de edificaciones.

¿Hay casos en los que se privilegia la rentabilidad de las

constructoras antes que la seguridad?

Es un riesgo latente; es más probable que ocurra en los procesos de

concursos en los que gana el que ofrece el menor precio. Hay efectos

contraproducentes si se bajan los costos afectando la calidad y la

seguridad. Es un tema de ética que debería ser compartido a nivel del

gremio de constructores. Los ahorros en un proyecto pueden ser por

tecnología, productividad o competitividad, pero no por reducción de

calidad o riesgos en la construcción. Hay que tener en cuenta que los

colegios de ingenieros y de arquitectos revisan los proyectos de los

municipios a través de comités técnicos.

¿Sencico puede capacitar a funcionarios municipales para

mejorar las supervisiones de obras?

Sí, tenemos cursos sobre supervisión de obras públicas, para residentes

de obra y para prevención de riesgos. Tenemos convenios con los

municipios que invierten en capacitar a su personal. También hay

mineras y federaciones de constructores. (...) Estamos en un plan

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agresivo para poder ampliar nuestra presencia en el país, vamos a

invertir S/.9 millones este año, pero en los próximos cinco años

planeamos invertir más de S/.150 millones. Proyectamos estar en

Cajamarca, Puno, Huancavelica, Iquitos, Pisco. En setiembre estaremos

inaugurando la ampliación de la zonal de Piura y debemos estar

avanzando con nuestro nuevo local en Puno. Entre los años 2015 y 2017

se desembolsará el grueso de esa inversión.

CRECIMIENTO EN PROVINCIAS

Estarán creciendo con el `boom´ inmobiliario, que también se

está dando en provincias...

Exacto, hay bastante construcción en provincias, hay muy buen

movimiento del sector y como Sencico recibe la contribución de las

constructoras hay un saldo bastante importante que se está invirtiendo

en el crecimiento de la institución, así como en la mejora tecnológica y

pedagógica. El sector construcción crecerá entre 7% y 8%. En Lima

habrá menor crecimiento por la falta de terrenos urbanos. En provincias

los terrenos son más baratos y la posibilidad de llevar servicios es más

sencilla. El crecimiento del sector se mantendrá en provincias y por eso

Sencico incrementará sus locales.  También estaremos en Arequipa,

Moquegua, Tacna y otras zonas donde se generen inversiones.

¿En los últimos cinco años a cuántos obreros del sector

construcción han capacitado?

Anualmente capacitamos a unas 70 mil personas en todo el Perú, por lo

que son unas 350 mil en los últimos cinco años, aproximadamente.

¿Qué porcentaje de ellos trabaja en empresas privadas?

Estimo que aproximadamente 30%. Gran parte de los que se capacitan

son constructores informales, contratistas, pymes, jefes de obras.

Tenemos 3,800 empresas constructoras que contribuyen al Sencico con

el dos por mil del monto facturado en sus obras. La mayoría de

empresas top hacen capacitaciones internas sobre seguridad y calidad.

El problema está en la gran base de empresas pequeñas y medianas,

que tienen personal que no cumple con conocimientos técnicos ni de

seguridad.

Asi como hay inversiones, también hay una “caja negra” en las

obras privadas por el hecho de que existen mafias que cubren

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cupos a las constructoras. ¿Qué opina de las mafias en el sector

construcción?

Somos conscientes de que eso afecta a todo nivel y en todo el Perú. Son

un refugio de gente al margen de la ley que se beneficia con la poca

capacidad que tienen las empresas para defenderse ante este tipo de

delincuentes. Pero como Estado podemos ayudar a los empresarios para

que tal vez puedan mitigar el riesgo.

¿De qué manera?

Una alternativa es lo que se viene coordinando con el Ministerio de

Trabajo que es la certificación ocupacional, certificación por

competencias laborales. Sería interesante que de aquí a algunos años,

todos los trabajadores de construcción civil se encuentren certificados

por una entidad acreditada como Sencico u otras universidades. Si

hacemos obligatoria esa certificación de aquí a algunos años podríamos

reducir la presencia de mafias porque ellas no podrían imponer quiénes

deben trabajar en determinada obra. Por el contrario, solo podrían

trabajar aquellos que estén debidamente capacitados. Por ahí habría una

primera trinchera por la formalidad en el sector.

¿Qué porcentaje de las empresas han denunciado que son

afectadas por este tipo de mafias?

Sencico no es el órgano competente para recibir este tipo de quejas. De

lo que conversamos con el gremio de constructores, la mayoría de

empresas recibe algún tipo de presión o este tipo de mensajes de

delincuentes, parece que es una práctica generalizada de

pseudosindicatos.

¿Esto representa un sobrecosto para las empresas?

Es un sobrecosto importantísimo que también podría afectar la calidad

de un contrato que se haya ganado por costos. 

¿Y hasta qué porcentaje de la inversión podrían afectar las

mafias?

Entre un 5% y 10%, dependiendo del tipo de obra, pero sí podrían

sentirse un efecto importante. Hay delincuentes que incluso amenazan

con atentar contra la vida de los constructores, de la minería. Al final ya

es un problema mayor que puede parar la obra, generar retrasos. Deben

complementarse las acciones del Estado.

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