UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ

FACULTAD DE ECONOMÍA

“ANÁLISIS ECONÓMICO DE LOS DELITOS Y LA POLÍTICA DE SEGURIDAD EN MÉXICO”.

TESIS

que para obtener el título de

LICENCIADO EN ECONOMÍA

Presentan:

ADRIANA JEANETTE ESTRADA VÉLEZ

ESTEBAN GERARDO PALAVICINI PIÑA

Director de tesis:

DR. LEOBARDO PEDRO PLATA PÉREZ

Sinodal:

MTRA. JULIA GABRIELA ERAÑA LÓPEZ

Sinodal:

ING. JAIME MARTÍNEZ GARCÍA

San Luis Potosí, S.L.P. Agosto 2006

1

ÍNDICE

Introducción……………………………………………………………………………….. 2

Objetivos…………………………………………………………………………………… 7

Hipótesis…………………………………………………………………………………… 8

Metodología……………………………………………………………………………….. 9

CAPITULO 1. El enfoque económico de la violencia.

1.1. Introducción…………………………………………………………………………... 11

1.2. El comportamiento humano y la visión económica………………………………. 11

1.3. La violencia y la economía………………………………………………………….. 14

1.3.1. Acciones violentas: crimen………………………………………………….. 14

1.3.2. La decisión personal de cometer actos criminales……………………….. 15

1.3.3. Enfoque económico y crimen: ilustración básica y algunas

complejidades…………………………………………………………………………….. 16

1.4. Costo de castigo: la penalización del crimen……………………………………... 21

CAPITULO 2. La seguridad en México.

2.1 Introducción…………………………………………………………………………… 25

2.2 Estrategias contra la inseguridad…………………………………………………… 27

2.3 El sistema de castigos y sanciones mexicano: sistema penitenciario… …….. 34

2.4 Secuestros, crimen organizado y delitos de cuello blanco ……………………. 38

CAPITULO 3. Un modelo microeconómico de actividad criminal y su control.

3.1 Introducción…………………………………………………………………………… 44

3.2 Un modelo de actividad criminal y su control……………………………………… 45

3.2.1 Decisión del nivel de actividad criminal…………………………………….. 46

3.2.2 Decisión de la política de control de crimen……………………………….. 48

CAPITULO 4. Resultados

4.1 Factores de la incidencia Delictiva…………………………………………………. 57

4.1.1 Población e Incidencia Delictiva…………………………………………….. 57

4.1.2 Desempleo e Incidencia Delictiva…………………………………………… 58

4.1.3 Recursos e Incidencia Delictiva ……………………………………………. 59

4.1.4 PIB (Producto Interno Bruto) e Incidencia Delictiva……………………….. 60

4.1.5 Salario e Incidencia Delictiva………………………………………………… 61

4.2 Análisis Estadístico de los factores………………………………………………….. 62

4.3 Evolución temporal de la Incidencia Delictiva……………………………………...... 63

CONCLUSIONES………………………………………………………………………… 69

ANEXOS…………………………………………………………………………………… 71

BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………………………………… 80

2

Introducción.

En la actualidad los índices de criminalidad han ido en aumento, especialmente en

América Latina. Durante la década de los 90´s se incrementaron los delitos como el

secuestro, los asaltos bancarios, el narcotráfico, el robo de autos, incluso, surgieron

“nuevos” tipos de delitos como el “secuestro exprés”. Por esta razón, los temas de

seguridad y justicia se han convertido en temas prioritarios para los gobiernos de todos

los países. Gobierno y sociedad de ven obligados a actuar de manera coordinada para

reducir los índices de delincuencia, la corrupción y la impunidad. Pero, ¿qué determina

el monto y el tipo de recursos de los que se deben valer las autoridades para reducir

dichos índices? Además los gobiernos se ven obligados a incrementar su

presupuesto hacia el combate a la delincuencia y se descuidan actividades

importantes para el desarrollo como la salud y la educación. Esto constituye una

repercusión económica, por lo menos, en lo que se refiere al gasto público.

Por otro lado, las actividades delictivas representan a su vez un obstáculo para

el desarrollo económico de los países debido a diversos factores; entre ellos, el

impacto negativo en el ambiente de negocios, que genera incertidumbre, desaliento a

la inversión y a la creación de empleos, y la aplicación de recursos para la protección

tanto de empresas; y de inversiones como de personas, perdiéndose así recursos que

pudieron ser productivos. Es así como se va generando un círculo vicioso en el cual, la

alta tasa de criminalidad desalienta la inversión y por lo tanto se frena el crecimiento

económico que tiene como consecuencia más desempleo, pobreza y desigualdad

económica, que a su vez aumenta los índices de delincuencia y criminalidad.

El caso de México no es la excepción, con base en encuestas realizadas por el

Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad A.C. (ICESI), se reporta que el

número total de delitos ocurridos en México durante el 2005 fue de más de 12 millones

de delitos (Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad 2005 (ENSI-3). Entre los

delitos cometidos con mayor frecuencia se encuentra el robo a transeúntes, el de

vehículos, el robo a casa habitación y a comercios, entre otros.

En México, a pesar de los innumerables esfuerzos que el Gobierno ha

realizado en materia de seguridad pública, desde la profesionalización de los

elementos de las corporaciones policiacas hasta la reforma constitucional de 1994.

3

Las instituciones de seguridad mexicanas siguen sin gozar de la confianza pública y

parece haber muy poca coordinación entre las distintas policías e instancias de

gobierno.

En la sociedad predomina la sensación de que el crimen y la corrupción

prevalecen y de que la prevención de los delitos, la persecución jurídica de los

delincuentes y la aplicación de las sanciones no han dado los resultados esperados.

Es indudable que el trabajo coordinado del gobierno con la ciudadanía, nos llevará a

un combate de la delincuencia y a evitar que ésta se convierta en un estilo de vida.

Pero, en general la relación entre los diferentes niveles de gobierno y los ciudadanos

no es muy fuerte, ya que la mala imagen que la policía tiene ante el ciudadano impide

un acercamiento y una generación de confianza mutua, lo que nos lleva a que se haga

más difícil el proceso de elaboración de políticas.

El Sistema de Seguridad Pública mexicano se enfrenta a grandes retos, ya que

predomina la deficiencia de un estado de derecho; un claro ejemplo es el de los

asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez que no se han podido resolver, lo que nos

hace pensar que ni la prevención, ni la investigación, ni la administración de justicia, y

ni el sistema de readaptación han sido suficientes para evitar los asesinatos ocurridos

en la ciudad, y en su caso, resolverlos.

En este trabajo nos planteamos varias preguntas: ¿Han sido efectivos los

programas impuestos por el Gobierno Federal para disminuir la incidencia criminal en

el periodo del 2000 a 2005?, ¿Qué factores determinan la conducta de una persona

para cometer un delito y actuar fuera de la ley?, ¿El desempleo es uno de ellos?,

¿Qué estados en nuestro país presentan altos índices de crimen y porqué? Analizar y

responder a estas interrogantes y a otras similares, desde el punto de vista de la

ciencia económica, es la tarea impuesta al realizar este trabajo.

El destacado economista Gary Becker, galardonado con el premio nóbel de

economía, es pionero en la introducción de razonamientos provenientes de la

economía para explicar las conductas delictivas. En su artículo “Crime and

Punishment: An Economic Approach” de 1968, funda la disciplina que hoy se conoce

como Análisis Económico del Derecho.1 Una buena presentación al tema y los

1 Este trabajo del Journal of Political Economy se encuentra traducido en Roemer (2000) Derecho y Economía: Una Revisión de la Literatura, México: Fondo de Cultura Económica

4

diversos enfoques para abordarlo aparecen en el texto compilado por Roemer (2000).

Este libro contiene una selección de trabajos clave provenientes de autores como

Lewis Kornhauser, Edmund Kitch, Robert Cooter, Richard Posner, Gary Becker, Paul

Rubin, Ronald Coase, entre otros que analizan desde las bases filosóficas del tema

hasta modelos matemáticos concretos para explicar situaciones delictivas. Sin

embargo, ninguno de los trabajos citados presenta evidencia empírica sobre la

comisión de delitos y sobre las políticas de seguridad. Por su parte, el trabajo de

Kessler y Molinari (1997) presenta un modelo teórico para explicar la conducta criminal

y presenta evidencia empírica para el caso de las provincias argentinas. El trabajo de

estas autoras no modela el papel del Estado ni la eficacia o no de los instrumentos de

política de seguridad. Gary Becker hace toda una discusión sobre los fundamentos de

la conducta criminal y presenta un modelo donde el aumento en las penas y

sanciones, junto con la mayor efectividad de la policía, puede inducir al criminal a

disminuir la cantidad de delitos. El artículo original es un tanto oscuro en ciertos

aspectos formales. Modela la conducta del estado como minimizador de gasto público

pero no es preciso en la modelación de la conducta del delincuente.

En este trabajo, hemos armado un modelo simple de teoría de juegos donde

incluimos las decisiones de los dos agentes clave en el problema de la delincuencia: el

estado y el agente criminal. De este modo nuestro modelo representa, tanto las

decisiones de conducta criminal, como las de la política de seguridad por parte del

estado. El modelo tiene bases microeconómicas. El Estado decide dos cosas: por un

lado el monto de las multas y castigos para los delincuentes a quienes se les prueba el

delito y por otro la decisión del gobierno sobre la probabilidad de que un delincuente

sea sorprendido y castigado. Esta probabilidad es una variable fundamental del

modelo y nos sirve para representar parte de la efectividad de la política criminal. Al

gobierno le interesa minimizar el costo social de la incidencia criminal. El delincuente

vive en un entorno donde sabe cuál es la probabilidad de que lo castiguen por cometer

el delito y conoce el monto del castigo. Con ese conocimiento decide sobre su nivel de

actividad criminal en una decisión bajo incertidumbre con la que enfrenta la posibilidad

de ser castigado contra la posibilidad de no serlo y disfrutar de las consecuencias de la

comisión del delito. Su objetivo es la maximización de la utilidad de los ingresos

esperados decidiendo su nivel de actividad delictiva.

Además de la presentación del modelo teórico, nos preocupamos por la

evidencia empírica en dos sentidos. Por un lado nos interesa hacer un análisis de la

5

evolución de la incidencia delictiva en el tiempo, teniendo como años de estudio

desde el 2000 hasta el 2005. Por otro lado, y relacionado más directamente con el

modelo planteado, nos interesa analizar el efecto de diversas variables económicas y

sociales sobre la incidencia de la delincuencia. En el modelo teórico, la variable central

que resulta explicada es la incidencia delictiva, ésta depende del entorno que rodea al

agente y de sus propias preferencias. En el entorno son importantes, para el modelo,

tanto la probabilidad de ser aprehendido cometiendo un delito como el tamaño de la

multa o castigo. Hacemos una aproximación empírica para explicar la incidencia

criminal con base en variables como el gasto en seguridad, la incidencia de

consignaciones, el salario, la tasa de desempleo, el tamaño de la población y el PIB

per. cápita. Analizamos la repercusión de estas variables en la incidencia criminal

tomando como población de estudio a los 32 estados de la república mexicana. Las

principales fuentes para el desarrollo de esta parte del estudio son el Instituto de

Estadística Geográfica e Informática (INEGI), y las encuestas y estudios por parte de

Instituto Ciudadano de Estudios Sobre a Inseguridad A.C. (ICESI).

Como resultado del análisis que mencionamos, nos encontramos con una

evolución constante del índice de Incidencia Delictiva a lo largo del territorio nacional

no obstante el incremento general que se hace cada año en el presupuesto destinado

a combatir dicho problema. Otro de los resultados interesantes se encuentra en que el

nivel de desempleo que se presenta en México va de la mano con los niveles de

delincuencia ya que a causa de la falta de trabajo la gente opta por dedicarse a

actividades ilícitas que le generan cierta remuneración y en algunos casos, esta

remuneración es incluso mayor que el salario mínimo que se pueda ofrecer en algunas

zonas de nuestro país.

El trabajo se presenta en cuatro capítulos. El primero presenta un análisis

general de la actividad criminal y la manera en que ésta se relaciona con la economía

de uno o varios individuos; se analiza también la toma de decisiones ante los

diferentes costos que representa la actividad criminal. El segundo capítulo trata sobre

la política de seguridad y el combate al crimen en México; se presenta evidencia

estadística que deja ver la ineficiencia de las estrategias tomadas por el Gobierno para

combatir a la delincuencia; se hace una descripción general sobre la delincuencia

organizada, específicamente del narcotráfico, del secuestro y de los delitos de cuello

blanco. En el tercer capítulo se construye el modelo teórico de las bases

microeconómicas de la actividad delictiva y su combate; teniendo como principal actor

6

al individuo y sus decisiones; es por ello que no se incluye el análisis en cuanto al

crimen organizado y delitos más específicos. El cuarto capítulo hace un análisis de los

resultados empíricos sobre los factores de la incidencia criminal y la evolución de la

misma en el último sexenio. El trabajo finaliza con la parte de conclusiones en la que

comentamos posibles soluciones ante la problemática criminal y posibles alternativas

para confrontarla. Así mismo, planteamos sugerencias de programas en los cuales el

Gobierno puede dirigir el Gasto Público de manera más eficiente y productiva para la

sociedad.

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Objetivos.

1. Hacer un análisis meticuloso de los costos sociales y económicos que provoca

la delincuencia en el país en su situación actual, así como generar opciones

que puedan llevar a una mejor administración de los recursos.

2. Conocer el modelo de seguridad y del crimen propuesto por Gary S. Becker;

entender su relación entre el número de crímenes y su costo, entre el número

de agravios y de castigos impuestos, entre el gasto público en policía y en las

cortes así como entre los gastos privados que destinan a la protección.

3. Realizar un análisis de los datos estadísticos en México, conjuntarlo con el

modelo analizado así como con las alternativas propuestas para concluir con

una propuesta real que dé solución a la problemática que aqueja al país en

materia de seguridad pública.

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Hipótesis.

1. Los recursos que el gobierno destina a las instituciones encargadas de

resguardar el orden en el país son empleados de manera ineficiente y por lo

tanto los índices delictivos siguen en aumento.

2. La situación económica inestable prevaleciente en el país es considerada como

una de las causas que lleva a las personas a realizar actos de delincuencia.

3. Durante los últimos cinco años no ha existido un gasto público constante

destinado a Seguridad Publica lo cual provoca una ambiente de inseguridad

ante la sociedad.

9

Metodología.

Para la elaboración del presente trabajo se emplea una metodología analítica y

estadística.

• Analítica por que se hará un análisis teórico y empírico del modelo propuesto

por Gary S. Becker, así como su desarrollo.

• Estadística debido a que se realiza un análisis de datos estadísticos de la

situación actual y de años anteriores en materia de seguridad pública en

México.

10

Capítulo 1. La Violencia. Un Enfoque Económico.

11

1.1 Introducción

La violencia es un fenómeno que involucra a seres humanos, en sus circunstancias

temporales, en su entorno social y en su entorno familiar. Es un tema que genera

demasiada polémica, y el erradicar ese fenómeno es la prioridad en países con alto y

medio desarrollo. En estos últimos es de suma importancia lograr el cumplimiento

adecuado de las leyes en todos los ámbitos tanto políticos, como sociales. El hacerlo

se ha convertido en toda una odisea, ya que los niveles de violencia en países con

miras al desarrollo tienden a ser muy altos, las divisiones de las clases son muy

marcadas y los niveles de empleo y de educación son bajos. Como consecuencia el

crimen tiende a ser más alto entre esos países, México pertenece a ellos. El siguiente

trabajo de análisis se presenta en cuatro etapas principales. La primera parte,

integrada por el análisis del crimen y la manera en que éste se relaciona con la

economía de los delincuentes, nos hará comprender las conductas de los individuos

para tomar la decisión de comportarse como criminales. La segunda parte trata de los

programas por lo cuales se está combatiendo el crimen en México, en conjunto con

datos estadísticos; con ello se pretende comprobar la ineficiencia de las estrategias

tomadas por el Gobierno para combatir a la delincuencia. En la tercera parte se

menciona y se explica el modelo propuesto por el Economista Gary Becker ante la

situación de castigos y sanciones para los criminales; se explican las variables que

afectan la conducta y la utilidad al aplicar sanciones a los actos criminales. La última

parte hace una propuesta de solución ante la problemática criminal; sus posibles

alternativas para confrontarla y sugerencias de programas en los cuales el Gobierno

puede dirigir el Gasto Publico de manera más eficiente y productiva para la sociedad.

1.2 El comportamiento humano y la visión económica

La ciencia económica estudia el comportamiento humano y las consecuencias que de

éste se generan en el ámbito de la economía. El estudio económico del

comportamiento humano se centra en la elección que la persona hace entre varias

opciones. Por ejemplo, una persona puede elegir distintas marcas de un producto o

bien, en distintos cursos de acción, por elegir la carrera a estudiar, la actividad laboral,

el estado civil, etc., incluso, la decisión de actuar violentamente o no (Hirshleifer,

1985).

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El enfoque económico que nos ocupa, se basa en la premisa de que el ser

humano se comporta con propósito y lo hace racionalmente. En otras palabras, se

asume que los seres humanos actúan motivados por un propósito de bienestar propio,

y que al actuar evalúan las opciones disponibles, y eligen aquella que les genere un

mayor bienestar (Becker, 1993; Schelling, 1984). Es importante reconocer que no

todas las opciones concebibles son posibles en un determinado momento y para una

determinada persona. Se elige con base en un número limitado de opciones; siendo

las condiciones de entorno las que restringen las opciones disponibles y limitan el área

de lo posible. Por lo tanto, se dice que una persona racional elige aquella acción que

maximiza su bienestar dentro de las restricciones que enfrenta.

El supuesto de racionalidad también requiere que la persona tenga control

sobre su comportamiento, con lo que la elección debe hacerse por decisión propia. En

consecuencia, el enfoque económico no se aplica en aquellos casos donde la acción

humana se realiza por coacción, por impulso no controlado o por decisión de un

tercero.

El proceso de elección obedece a una evaluación de los costos y beneficios de

cada opción. La persona contempla los costos que cada opción involucra, así como

sus beneficios; para elegir debe contemplar todas las consecuencias posibles de cada

opción, así como las contingencias que pueden suceder. La persona obtiene el mayor

bienestar si opta por aquellas alternativas que le reportan una mayor razón de

beneficios a costos. Como consecuencia, el comportamiento humano depende de los

costos y los beneficios que cada acción represente. Una acción se hace menos

atractiva cuando sube su costo o cuando baja el costo de las opciones alternativas y

cuando sube su beneficio o baja el beneficio que espera obtener de las acciones

alternativas. Por ejemplo, una salida al cine se hace menos atractiva cuando sube el

precio de la entrada al cine y, cuando baja el precio de la renta de DVD’s. También, se

hace menos atractiva cuando la sala de cine presenta una muy mala película, mientras

que la tienda de videos tiene una excelente colección de películas extranjeras y un

amigo tiene un televisor de pantalla gigante. En síntesis, las personas responden a

incentivos (positivos y negativos) y por lo tanto su comportamiento cambia cuando el

esquema de incentivos se modifica.

Dicho enfoque económico reconoce que las personas pueden equivocarse en

su decisión, pero asume que los errores no son sistemáticos ni recurrentes, pues se

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cree que las personas aprenden fácilmente de sus errores pasados. El enfoque

económico también admite que muchas veces la persona no posee toda la información

relevante para la toma de una decisión. En estos casos de información imperfecta la

persona toma la decisión con base en la información de que dispone y siempre

motivada por obtener el mayor bienestar esperado posible. En los casos de decisión

en condiciones de información imperfecta puede suceder que a posteriori, cuando se

dispone de toda la información, la persona se dé cuenta de que su decisión no fue la

correcta; sin embargo, esto no indica que la persona haya actuado irracionalmente,

solo indica que con la información de que disponía no podía prever todas las

consecuencias de su decisión.

Además, los seres humanos actúan dentro de un entorno social; por lo tanto,

también concierne a la ciencia económica el estudio del entorno dentro del cual la

persona habita y cómo influye en sus opciones y en sus preferencias. El enfoque

económico además pone énfasis en aspectos socioeconómicos y demográficos de una

persona como su edad, estado civil, género, estrato de ingreso, nivel y calidad de la

educación, profesión, actividad laboral, etc.

Por otro lado, la actividad social de los seres humanos hace que surja un

fenómeno de interacción social, en el que las consecuencias de cualquier acción no

sólo dependen de lo que alguien hace, sino también de lo que sus compañeros hagan

o dejen de hacer. En estos casos la mejor decisión de una persona depende de lo que

las otras hagan y, por lo tanto, del entorno social donde le ha correspondido vivir.

La decisión de convertirse en criminal es sensible al entorno, y no simplemente

en términos de las restricciones legales que la sociedad impone sobre los individuos,

sino en el nivel de las normas sociales que tales individuos consideran legítimas,

internalizan y por ende incorporan a sus preferencias.

Esto nos lleva a partir del supuesto de que los criminales son personas

racionales, que buscan los mayores ingresos posibles a los más bajos costos. Dicho

supuesto desde luego, tiene una implicación que es clave para el combate a la

criminalidad: buscar formas que reduzcan y disminuyan los beneficios del criminal y

aumenten los costos. No se trata de derrotar al criminal. Se trata de hacer que decaiga

su interés en cometer crímenes; de hacer que los beneficios esperados del crimen

sean bajos y los costos altos.

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1.3 La violencia y la economía. Existen muchas conductas que son consideradas como violentas; por ejemplo: robos

de autos, casas y personales; asesinatos; ataques físicos y emocionales a personas;

formación de bandas; comercio de drogas; producción y venta de armas; guerras, etc.

Muchas de estas conductas tienen un patrón de decisión:

- La decisión está bajo el control personal o de grupo.

- Existen varias opciones o cursos de acción alternativos.

- Se consideran las consecuencias de cada una de las acciones alternativas.

- Se evalúan los costos y los beneficios potenciales de cada acción.

- Se aprende rápidamente de errores pasados y se corrige de inmediato

cualquier error.

- Se contempla la incertidumbre que puede existir en cuanto a las consecuencias

de cada acción.

- Se tiene toda la información relevante para tomar la decisión; o bien, se toma la

decisión que, con la información de que se dispone, parece la más acertada.

- Las personas son racionales, en el sentido de que optan por aquella conducta

que esperan que les reporte un mayor bienestar.

Si la acción violenta no adolece de los atributos mencionados anteriormente

entonces el enfoque económico es de utilidad (Becker, 1968; Cornwell y Trumbull,

1993; Deadman y Pyle, 2000b; DiIulio, 1996; Tullock, 1969; Viren, 1994).

El enfoque también es útil para estudiar la influencia que los factores

socioeconómicos, demográficos y de interacción social tienen en que la conducta

violenta sea la opción preferida por algunas personas. El enfoque económico es

particularmente poderoso para entender el crimen organizado y otros tipos de violencia

premeditada (Anderson, 1995; Gambetta, 1993; Gambetta y Reuter, 1995; Marselli y

Vannini 1997; Schelling, 1967 y 1971).

1.3.1 Acciones Violentas: Crimen.

De acuerdo a Ayres existen diferencias entre el crimen y la violencia: “El crimen es una

acción penalizada por ley. Como tal, lo que constituye un ‘crimen’ puede diferir entre

culturas y naciones. No todos los crímenes involucran violencia -Por ejemplo, algunas

formas de robo de ‘cuello blanco’-. La violencia se refiere al ejercicio indebido de

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fuerza física; si bien muchos tipos de violencia son crímenes, algunos no lo son.”

Ayres (1998, pp. 24).

Ahora bien, considerando la visión de economistas neoclásicos como Becker

(1968, 1993) el crimen es una elección personal, en el sentido de que el individuo elige

realizar una acción criminal de manera racional y para maximizar su bienestar.2 Por su

parte, sociólogos y economistas neoinstitucionales consideran al crimen como una

conducta en la que la influencia de factores socioeconómicos es determinante, ya que

las decisiones individuales se realizan en un entorno social. (Braithwaite,1981; Forst,

1993a; Downes y Rock, 1988; Wilson, 1983).

1.3.2 La decisión personal de cometer actos criminales.

El enfoque económico (Becker, 1968; Cornish y Clarke, 1986; Ehrlich,1973; Roemer,

2001) plantea que los actos criminales surgen de una decisión personal, para la que

se consideran los costos y los beneficios de la acción, así como de las acciones

alternativas. La acción criminal es llevada a cabo si genera un alto beneficio en

relación a su costo, de manera que es preferida a todas las demás alternativas que la

persona tiene (este tema se verá con mas detalle mas adelante en el capítulo tres de

este trabajo).

Los beneficios que se pueden obtener de un acto criminal varían según el tipo

de crimen y del criminal. En la mayoría de los casos, estos beneficios son o pueden

medirse en un valor monetario; por ejemplo, robar una propiedad o matar por el dinero

del seguro proporciona también una ganancia monetaria. Sin embargo, en otros, como

los crímenes de tipo sexual, el beneficio para el criminal no es monetario.

Los costos de un acto criminal son principalmente de cuatro tipos:

• Costo material: costo de los instrumentos y equipo necesario para llevar a cabo

el crimen.

• Costo de oportunidad: costo de no realizar otras actividades por realizar la

actividad criminal. Este costo se mide con base en el beneficio que reportaría la

2 En su discurso de recibimiento del Premio Nóbel de Economía, Gary Becker manifiesta que la forma en que los economistas estudian el comportamiento humano “implica que algunos individuos se convierten en criminales por los beneficios financieros y no pecuniarios que el crimen genera en comparación al trabajo legal, tomando en consideración la probabilidad de ser capturados y aprisionados, así como la severidad del castigo.” (Becker, 1993, p.390)

16

mejor actividad alternativa al acto criminal. Por ejemplo, los salarios que se

dejan de percibir en la actividad laboral al dedicarse de tiempo completo al

robo.

• Costo psicológico: asociado a factores como la culpa, el remordimiento, la

pérdida de autoestima, enfrentar un estigma social, ser excluido de actividades

sociales, etc.

• Costo de castigo: este es un costo posible, el cual habría que enfrentar en caso

de ser detenido, sentenciado y enviado a prisión.

El enfoque económico plantea que una persona racional llevará a cabo el acto

criminal si los beneficios superan a los costos,3 ya que en este caso el acto criminal

representa la opción que da el mayor bienestar a la persona.

1.3.3 Enfoque económico y crimen: Ilustración básica y algunas

complejidades.

El siguiente ejemplo es útil para ilustrar cómo el enfoque económico puede ayudar a

entender la decisión de un grupo de personas de optar por dedicar su tiempo y

esfuerzos a la realización de actos criminales.

Supongamos que Juan y Carlos son dos amigos que están contemplando qué

actividades podrían hacer con su tiempo para obtener un ingreso. Juan y Carlos tienen

las siguientes dos alternativas de acción:

a) Actividad laboral: que consistiría en trabajar como operarios en una fábrica

donde recibirían un salario mensual de seis mil pesos cada uno.

b) Actividad criminal: que consistiría en dedicarse al robo de automóviles,4 para

lo cual tienen que dedicar todo su tiempo en recorrer la ciudad buscando una

oportunidad ideal para robar un automóvil.5 Para realizar esta actividad Juan y Carlos

necesitan de algún equipo básico, así como de una motocicleta, la cual requeriría de

combustible y los gastos normales de mantenimiento. Supongamos que el costo del

3 Hay que destacar que esta definición de costo incluye el costo de oportunidad, el cual se refiere al beneficio que podría obtenerse de participar en actividades alternativas a la criminal. 4 Utilizaremos el robo de automóviles como ilustración de actividad criminal; el ejemplo puede extenderse a otros tipos de actividad como el comercio de drogas, el robo de casas, el robo personal, la producción de armas, ir a la guerra y ocupar otro país, etc. 5 Obsérvese que la oportunidad ideal implica que haya un automóvil sin vigilancia, en un lugar de fácil acceso y solitario, preferiblemente en la noche, que el automóvil no tenga medidas de seguridad como bastón y alarma, y que sea un automóvil que pueda venderse fácilmente en el sector informal. Cohen y Felson (1979) estudian las condiciones bajo las cuales surge una oportunidad propicia para que ocurra un acto criminal.

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equipo es de mil pesos mensuales y que el costo de la motocicleta, el combustible y su

mantenimiento se estiman en cuatro mil pesos mensuales.

Por el momento vamos a suponer que Juan y Carlos no enfrentan costos

psicológicos ni costos de castigo al dedicarse a la actividad criminal.6 Como

consecuencia, el costo total de dedicarse al robo de automóviles es de 17 mil pesos

mensuales (cinco mil pesos de costo material y 12 mil pesos de costo de oportunidad

por dejar de percibir sus salarios).

Supongamos ahora que Juan y Carlos pueden robar dos automóviles al mes y

venderlos en el sector informal a un precio unitario de diez mil pesos. Por lo tanto, la

acción criminal les reportaría ingresos mensuales de 20 mil. Al comparar los costos de

17 mil pesos con los ingresos de 20 mil, Juan y Carlos observan que la actividad

criminal les es preferible, ya que obtienen un beneficio neto de tres mil pesos. En otras

palabras, con los 20 mil pesos de ingreso por la actividad criminal Juan y Carlos

pueden solventar los costos de material de cinco mil pesos y aún les quedarían 15 mil

pesos libres, que es más que los 12 mil pesos que en conjunto obtendrían si se

dedican a la actividad laboral. Así, el crimen emerge como resultado de una decisión

de conveniencia para Juan y Carlos.

El ejemplo anterior ilustra una situación muy simple, la cual puede enriquecerse

agregando y modificando supuestos. Dentro de las variantes que pueden suponerse

se encuentran:

• Mayor costo de oportunidad. Supongamos que Juan y Carlos tienen una

educación superior que les permitiría desempeñarse como profesionales y

obtener cada uno un salario de 15 mil pesos mensuales. Obsérvese que en

este caso el costo de oportunidad de la actividad criminal para Juan y Carlos

asciende a 30 mil pesos mensuales; si a esto se agregan los cinco mil pesos

de costo de material, se concluye que el costo es muy superior al ingreso y por

lo tanto la actividad criminal deja de ser rentable. Juan y Carlos se dedicarán a

ejercer sus profesiones antes que a robar automóviles; la opción laboral es

preferida a la opción criminal. En el ejemplo se ilustra el papel que la educación

6 Por ejemplo, podría asumirse que Juan y Carlos no tienen ningún sentimiento de culpa y están seguros de que con las precauciones que ellos toman al robar automóviles nunca serán detectados.

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podría jugar para reducir ciertos actos criminales vía un aumento de su costo

de oportunidad.

• Mayor costo material: Supongamos que los dueños instalan dispositivos de

seguridad muy avanzados en sus automóviles, lo cual obliga a Juan y Carlos a

invertir en equipo sofisticado para el robo y que este equipo tiene un costo

mensual de cinco mil pesos. Como consecuencia el costo de material sería de

nueve mil pesos, mientras que el costo de oportunidad (salarios de operario) es

de 12 mil pesos. El costo total de la actividad criminal (21 mil pesos) supera a

los ingresos (20 mil pesos) y el crimen deja de ser rentable. Juan y Carlos se

dedicarían a trabajar como operarios, recibiendo un salario mensual de seis mil

pesos cada uno. Esta situación ilustra cómo el crimen se ve afectado ante la

reacción de las víctimas por tomar mayores medidas de precaución.7 La

situación también sugiere que existe toda una industria de dispositivos de

seguridad que surge y se beneficia por la existencia de la actividad criminal, ya

que con el crimen sus víctimas potenciales se ven incentivadas a demandar y

gastar en la compra de dispositivos de seguridad.

• Menor beneficio: Supongamos ahora que hay una mayor vigilancia policial, o

que los dueños de automóviles toman mayores precauciones al estacionar sus

automóviles, de forma que se reducen las oportunidades de robo a la mitad:

Ahora Juan y Carlos sólo pueden robar un automóvil al mes. El beneficio de la

actividad criminal se reduciría a diez mil pesos al mes, lo que ni siquiera

compensa el costo de oportunidad de 12 mil pesos en salarios de operario. Por

ello, el robo de autos perdería su atractivo y Juan y Carlos preferirían dedicarse

a la actividad laboral.

• Costo psicológico: Hemos visto que en la actividad criminal el ingreso para

Juan y Carlos es de 15 mil pesos (una vez excluido el costo de material),

mientras que en la actividad laboral sólo obtendrían 12 mil pesos. En otras

palabras, el beneficio neto de la actividad criminal es de tres mil pesos. Es por

ello que afirmamos que si Juan y Carlos son racionales entonces preferirán

dedicarse a la actividad criminal. Sin embargo, la conclusión anterior se obtuvo

7 No estamos contemplando aquí la decisión de los dueños de automóviles de gastar más en medidas de seguridad. De acuerdo al enfoque económico, esta decisión también obedece a una ponderación de los costos y beneficios de la acción. El dueño de un automóvil debe considerar el costo de los dispositivos de seguridad, así como los beneficios en términos de la reducción en la probabilidad de que su automóvil sea robado.

19

bajo el supuesto de que el costo psicológico es nulo. Supongamos ahora que

Juan y Carlos enfrentan un alto costo psicológico si se dedican a la actividad

criminal; por ejemplo, podría ser que los valores inculcados a Juan y a Carlos

sean tales que ellos consideran que robar y hacer daño a otras personas es un

pecado y esto les causa una gran angustia,8 o bien que tienen una pérdida de

autoestima al no poder justificar ante sus hijos y familiares la fuente de sus

ingresos. También pueden considerar que causarle un gran sufrimiento a sus

madres les produce un dolor enorme, o que ellos y sus familias son excluidos

de las actividades sociales y religiosas del vecindario debido a su actividad

criminal.

Si bien el costo psicológico es no pecuniario, Juan y Carlos pueden ponderar si

los tres mil pesos de beneficio de la actividad criminal compensan el costo psicológico

que tienen que enfrentar.9 Si el entorno familiar y social censura severamente la

actividad criminal es muy probable que los tres mil pesos de beneficio por robo de

automóviles no compensen el costo psicológico, y que Juan y Carlos prefieran

dedicarse a la actividad laboral.

Ahora bien, puede suceder que Juan y Carlos viven en un ambiente donde se

tolera, e incluso vanagloria, la actividad criminal. Por ejemplo, a Juan y Carlos se les

considera como muy valientes y se les aplaude por su audacia; adquieren una imagen

de líderes y son muy populares en el vecindario; se les admira por su alto ingreso y se

hacen famosos por los productos caros que usan y además hacen regalos y donativos

que los vuelven respetables. Bajo estas circunstancias de entorno el costo psicológico

de la actividad criminal sería relativamente bajo e incluso, podría no existir del todo y

convertirse más bien en un beneficio. Si este fuera el entorno social en que a Juan y a

Carlos les ha tocado vivir entonces es muy probable que prefieran dedicarse a la

actividad criminal antes que a la laboral. 10

Este caso se muestra la importante influencia que tiene el entorno social en la

decisión personal de cometer actos criminales. Los valores de la persona, de su

familia y de la comunidad juegan un papel importante en este caso. Esta situación 8 Es de esperar que el costo psicológico sea mayor si el criminal conoce a la víctima y a su familia. En otras palabras, en las comunidades pequeñas, donde las personas se conocen, el costo psicológico es mayor que en las grandes ciudades, donde la víctima es despersonificada. 9 Block y Heineke (1975) incorporan aspectos morales al modelo económico. 10 Hay que destacar que esta preferencia que muestran Juan y Carlos por la actividad criminal es una preferencia contingente al entorno en que les ha tocado vivir.

20

también ilustra que una persona puede contemplar costos y beneficios tanto

monetarios como no monetarios al momento de tomar una decisión.

Interacción social: Supongamos ahora que existen otras personas que también

están considerando dedicar su tiempo a la actividad de robo de autos. Entre

más bandas haya menores serán las posibilidades de Juan y Carlos de

encontrar una buena oportunidad para robar un automóvil. Si la entrada de

otras bandas reduce las oportunidades de Juan y Carlos a la mitad entonces

ellos sólo podrían robar un auto al mes, y su ingreso de la actividad criminal

sería sólo de diez mil pesos, lo que no compensaría sus costos y haría que

Juan y Carlos desistan del crimen. 11

Este ejemplo ilustra la importancia de la interacción social;: la mejor acción de

Juan y Carlos depende de las acciones que otras personas tomen. Si otras personas

deciden formar bandas de robo de autos entonces a Juan y a Carlos no les sería

rentable hacerlo, pero si las otras personas deciden no formar las bandas entonces

para ellos sí sería rentable hacerlo.

Experiencia: Supongamos que Juan y Carlos han estado expuestos al robo de

autos desde niños, ya tienen amigos y familiares que se dedican a esa

actividad y por ello conocen muy bien los requerimientos del oficio. Debido a su

experiencia y conocimiento, les es posible robar no dos sino tres autos por

mes. En este caso, la actividad criminal sería sumamente rentable, pues ahora

les generaría un beneficio neto de 13 mil pesos mensuales.

Esta situación ilustra dos aspectos importantes en la actividad criminal:

Primero, al ejercer la actividad se va adquiriendo poco a poco un mejor conocimiento

que aumenta los beneficios y reduce los costos, con ello el crimen es cada vez más

beneficioso. Este hecho tiende a generar un círculo vicioso del crimen, en el que el

criminal queda atrapado en esta actividad, ya que su experiencia le permite obtener

mayores beneficios, por lo tanto cada vez es menos probable que se salga del crimen

para dedicarse a la actividad laboral. 12 Segundo, el oficio es más rentable si se tiene

11 Nótese que este evento no necesariamente reduce el crimen (número de autos robados), pero si haría que Juan y Carlos encuentren que el robo no les conviene; siendo desplazadas de la actividad criminal por otras bandas que probablemente tengan más experiencia, mejores técnicas, mejor información, menores costos y mejores contactos de distribución. 12 La ciencia económica utiliza el concepto de curvas de aprendizaje, con esto se afirma que hay actividades donde la experiencia hace que se tengan mejores destrezas y que se eleven los beneficios.

21

el conocimiento requerido y el conocimiento se obtiene y transmite entre amigos y

familiares, lo que hace que la actividad criminal se expanda a través de los lazos

familiares y de amistad. Este hecho tiende a crear otro círculo vicioso, en el cual toda

una familia y toda una comunidad pueden caer en la vorágine del crimen.

Incertidumbre: Por el momento se ha asumido que Juan y Carlos saben, con

certeza, que con su esfuerzo pueden robar dos automóviles por mes.

Supongamos ahora que en realidad ellos no están muy seguros de cuántos

autos pueden robar al mes.

Es posible que pasen meses en que no hay buenas oportunidades de robo y,

por lo tanto, en esos meses solo tienen costos (cinco mil pesos de costo de material y

12 mil pesos de costo de oportunidad). En otros meses podría suceder que haya muy

buenas oportunidades y puedan robar hasta cuatro automóviles; con lo que sus

ingresos serían de 40 mil pesos mensuales mientras que sus costos serían de 17 mil

pesos. Si bien Juan y Carlos podrían tener beneficios promedio de tres mil pesos en la

actividad criminal, la alta inestabilidad en sus beneficios podría considerarse como un

costo, de forma tal que podrían preferir tener una actividad que les de un ingreso

seguro y estable (actividad laboral) antes que una actividad que les dé un ingreso

incierto e inestable (actividad criminal).13

1.4 Costo de castigo: La penalización del crimen Desde que en 1764 un joven economista italiano, Cesare Bonesana, Marqués de

Beccaria, escribió un libro titulado Un Ensayo sobre Crímenes y Castigos, la

penalización del crimen ha sido uno de los temas que mayor atención ha recibido por

parte de los economistas.

Hemos manifestado que el enfoque económico estudia aquel comportamiento

humano que responde a una ponderación de los costos y ganancias de cada acción

posible. Debido a que la penalización del crimen constituye un aumento en su costo, el

enfoque económico sugiere que la acción se hace menos atractiva al aumentar la

severidad de las penas y que, en consecuencia, la actividad criminal se reduce. Por

13 Los economistas afirman que la mayoría de las personas ven la incertidumbre como un costo. Se dice que las personas son adversas al riesgo, y que prefieren optar por opciones seguras antes que por opciones inciertas.

22

ello, la sensibilidad del crimen a su penalización constituye una prueba acerca de la

capacidad del enfoque económico para explicar algunas actividades criminales.

Además, el manejo de la penalización se convierte, desde el punto de vista

económico, en un instrumento de política pública para reducir el crimen.

Sin embargo, la administración del castigo es un asunto complejo e involucra

factores como la identificación del criminal, su arresto, su enjuiciamiento, su sentencia

y su encarcelamiento. Por estas razones, el tema de la penalización del crimen

también ocupa a los Economistas. (Bowers y Pierce, 1980; Clement, 2002; Dittmann,

2000; Ehrlich, 1975b y 1996; Tullock, 1974)

Detectar que un acto criminal ha sido cometido es en la gran mayoría de los

casos relativamente sencillo14; sin embargo, hay un largo trecho desde la detección del

acto hasta la penalización del criminal. Muchas veces no se logra identificar al criminal

y en aquellas pocas ocasiones en que se identifica, no se garantiza la penalización del

acto. En algunos casos el criminal evita el arresto y en otros, la denuncia nunca se

formaliza (la víctima no está interesada en involucrarse en un proceso largo y

complicado, por diferentes razones: desconfía de todo el proceso o no quiere que el

acto criminal sea de conocimiento público o es amedrentada). El juicio puede ser largo

y costoso, contiene imperfecciones que hacen que no se pueda dictar una sentencia

en contra del criminal e incluso sucede que por muchas razones el juez se incline por

imponer una sentencia blanda o ningún castigo del todo.

Con todo esto, el análisis del costo de castigo se complica (Hughes, 1993);

requiere el estudio de temas como: Los incentivos y recursos que tiene el sistema

policial para identificar y arrestar a un criminal; el interés de la víctima de denunciar el

acto criminal; la eficiencia del sistema judicial (su rapidez, su costo, su precisión y su

imparcialidad en la administración de justicia); la severidad del castigo (años de

prisión, pena capital) y las características del sistema penitenciario (comodidades,

entrenamiento y educación en la prisión, interacción entre prisioneros).

La administración de la penalización del crimen, tiene múltiples variantes. Un

caso extremo sería tener una administración muy laxa, basada en un sistema policial

14 Hay algunos casos en los que es posible que el acto criminal quede oculto; por ejemplo, en la falsificación de una obra de arte y en algunos tipos de desfalco financiero. En éstos es posible que la víctima no se entere de que ha sido objeto de una acción criminal. En otros casos la víctima sí lo sabe, pero no denuncia el hecho, como sucede en algunas ocasiones con el abuso de menores.

23

desprovisto de recursos financieros y humanos y altamente corrupto, con lo que la

probabilidad de ser arrestado al cometer un crimen es mínima; además, el sistema

judicial sería lento, costoso e impredecible debido a su parcialidad y corrupción, con lo

que, aunque un criminal sea arrestado es poco probable que sea condenado y la

resolución se daría muchos años después de que el acto fue cometido. A ello se

agregarían penas blandas y flexibles. Es de esperar que este tipo de administración

favorezca el crimen por que su costo de castigo es mínimo.

Otra caso extremo se presentaría cuando el sistema policial dispone de

excelentes recursos y esquemas de incentivos que lo hacen incorruptible. Cuando el

sistema judicial es rápido, eficiente e imparcial, y cuando las penas son severas, es de

esperar que el crimen sea mínimo, no sólo porque su costo es muy elevado, sino

también porque las personas más propensas a realizar actos criminales quedan

encarceladas por muchos años15. Un sistema de penalización como este requiere de

muchos recursos financieros y humanos, salarios altos, capacitación policial, recursos

de inteligencia, equipo de laboratorio, mucho personal judicial, etc.

Algunos sistemas intermedios de administración de la penalización se basan en

la combinación de la probabilidad de arresto y de la severidad de la pena. Por ejemplo,

un sistema podría basarse en un sistema policial débil y penas muy severas, lo cual

implica que la probabilidad de ser identificado y arrestado es baja, pero si ello ocurre,

entonces el castigo es muy grave. Este tipo de sociedades dedica pocos recursos al

sistema policial y basa su contención del crimen en la severidad del castigo. Otras

sociedades dedican muchos recursos al sistema policial y aplican castigos muy

blandos, con lo que basan su contención del crimen en el monitoraje y la casi certeza

de que quien comete actos criminales muy probablemente recibirá un castigo.

Un aspecto que vale la pena destacar es que la penalización del crimen

constituye una importante actividad económica en toda sociedad; esta industria

involucra al sistema policial, al sistema judicial y al sistema penitenciario y consume

muchos recursos financieros y humanos (Phillips y Votey, 1981).

15 Ehrlich (1981) y Blumstein et. al. (1978) observan dos efectos mediante los cuales las penas severas tienden a reducir el crimen: primero, las penas severas aumentan el costo del crimen, lo cual hace que muchas personas desistan de cometer actos criminales, y; segundo, la penas severas sacan de la actividad por muchos años a aquellas personas que han cometido actos criminales y que es de esperar que reincidirían en el crimen al salir. Por ello, se reduce el crimen tanto por una caída en la decisión de ingresar a la actividad como por una reducción en la reincidencia de aquellos que ya están en la actividad. Levitt (1998) realiza un estudio empírico al respecto.

24

Capítulo 2. La Seguridad en México.

25

2.1 Introducción

El tema de la seguridad pública se ha convertido en un tema central a lo largo del

continente, tanto para la sociedad como para sus gobernantes. En el caso de América

Latina, el tema adquiere gran magnitud debido al incremento en los índices de

criminalidad, principalmente durante la década de los 90´s. El fenómeno de

inseguridad que se vive en la actualidad ha trascendido clases sociales y niveles

educativos; delitos cometidos por la delincuencia común y por la organizada en la que

se ven involucrados servidores públicos quienes, a nuestro juicio, lejos de

salvaguardar la seguridad e integridad física y material de los ciudadanos, atentan en

contra de ellos. Esta situación se ha convertido en un problema percibido por todos,

sin que las acciones que lleva a cabo el gobierno logren controlarlo. Consideramos de

suma importancia hablar específicamente del caso de México y mostrar cifras que nos

den un panorama general del problema.

La incidencia delictiva es cada vez mayor debido a diferentes factores, entre

ellos:

a) El deterioro de las condiciones de vida, específicamente la creciente

desigualdad entre las poblaciones más ricas y las más pobres del continente;

b) Patrones sociales de consumo de alcohol y drogas, relacionados sobre todo

con la comisión de delitos violentos,

c) La falla existente en el mercado de trabajo. Esta parte tiene relación directa

con el incremento del fenómeno de inseguridad ya que el exceso de demanda

de trabajo es consecuencia del bajo crecimiento económico que México

presenta y las personas optan por obtener sus ingresos a través de la

economía informal, emigrando hacia los Estados Unidos o realizar prácticas

delictivas.

Durante el 2005, en México se cometieron 11 mil 246 delitos por cada 100 mil

habitantes; los estados de Baja California y el Distrito Federal son las entidades con

mayor incidencia delictiva, con 20 mil 720 y 19 mil 663 delitos por cada 100 mil

habitantes respectivamente; les siguen Quintana Roo con 16 mil 364 y el Estado de

México con 16 mil 147. Tan sólo esas cuatro entidades concentran el 27 por ciento de

la población y representan el 42 por ciento de la incidencia delictiva del país. Chiapas

es la entidad con más baja incidencia, reporta menos de dos mil delitos por cada100

mil habitantes. (Ver Anexo 1).

26

Otro de los problemas se refiere a la falta de confianza de la ciudadanía para

denunciar el delito; la gente siente frustración y desconfianza ante las instituciones de

seguridad pública, de derechos humanos y en general del sistema de administración

de justicia porque no reciben una respuesta satisfactoria por parte de las instituciones.

Esto impide tener una cifra real de la cantidad de delitos que se cometen en nuestro

país. Sólo se cuantifican los delitos denunciados y sentenciados y nos da lugar a la

llamada “cifra negra” la cual se conforma por los delitos cometidos que no quedan

registrados en las cifras oficiales, y son:

a) Los delitos no denunciados;

b) Los delitos que no dan lugar a la averiguación previa a pesar de haberse

denunciado; c) Los varios delitos sufridos en un solo incidente, por una o varias víctimas,

que quedan registrados en una sola averiguación previa y

d) Los delitos que no se registran por deficiencias en el sistema estadístico

oficial.

Según el Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la inseguridad (ICESI) tan sólo

en el 2005 el 77 por ciento del total de los delitos cometidos no fueron denunciados

ante las autoridades correspondientes, debido a factores que son presentados en el

gráfico 2.1.

Gráfico 2.1 Porcentaje de delitos no denunciados y motivos de la no denuncia. 2005.

Fuente: Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad (ICESI). Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad 2005(ENSI-3). Análisis de Resultados. Septiembre 2005.

Del 23 por ciento del total de delitos que son denunciados, en el 20 por ciento

de los casos se inicia una averiguación previa. De las averiguaciones previas

iniciadas, en el 49 por ciento no sucedió nada, en el 26 por ciento se encontraba en

27

trámite y en el 17 por ciento se detuvo al presunto delincuente, el cual quedó en

libertad en el 10 por ciento de los casos y finalmente en el 7 por ciento de las

indagatorias la acusación no procedió (Ver gráfico 2.2)

Gráfico 2.2 Seguimiento de Averiguaciones Previas

Fuente: Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad (ICESI). Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad

2005(ENSI-3). Análisis de Resultados. Septiembre 2005.

Todas estas cifras nos presentan un panorama general de la seguridad pública

en nuestro país. A lo largo de este capítulo hablaremos sobre las principales acciones

que se han llevado a cabo en materia normativa para el combate a la delincuencia y

presentamos datos estadísticos sobre los principales delitos cometidos en el país,

estados con mayor índice de delincuencia, edad y género de los delincuentes, entre

otros.

2.2 Estrategias contra la inseguridad.

Los índices de criminalidad en México han ido en aumento durante los últimos años,

es por eso, que la presión pública para dar fin a este fenómeno también ha ido en

aumento.

El Gobierno Federal y sus similares locales implementaron un sin número de

estrategias para disminuir los índices de criminalidad. Ell aumento en las penas para

28

algunos de los delitos; la participación de las fuerzas armadas en las tareas de

entrenamiento, vigilancia y disminución del delito; capacitaciones al personal de

seguridad de las instituciones de seguridad pública por parte de agentes de otros

países, incluso modificaciones en algunos artículos de la Constitución Política, todo

con el fin de agilizar los procesos y de mejorar las estructuras de las instituciones.

A partir de la reforma constitucional de 1994, la legislación mexicana contempla

a la seguridad pública como un servicio y una función del Estado. La seguridad pública

se convierte entonces en una responsabilidad explícita del Estado mexicano,

compartida en los tres niveles de gobierno; es decir, del Estado en su conjunto. Dichas

reformas se hicieron con la finalidad de mantener y establecer el orden y la paz pública

buscando el mejor funcionamiento de las instituciones. El artículo 21 de la Constitución

fracción. IV establece que: […] La seguridad pública es una función a cargo de la

Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, en las respectivas

competencias que esta Constitución.16. También se incluyeron cambios al artículo 73,

para facultar al Congreso de la Unión en la creación de la Ley General que Establece

las Bases para la Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública (aprobada

en 1995 y cuya última reforma fue en el 2004) y se conforma el Sistema Nacional de

Seguridad Pública formado por distintas instituciones, cada una con una competencia

específica. Estas son la policía preventiva, el ministerio público, los tribunales, la

prisión preventiva, la ejecución de penas, el tratamiento de menores infractores, la

protección a instalaciones y servicios estratégicos; así como por las demás

autoridades que en razón de sus atribuciones, deban contribuir directa o

indirectamente al objeto de esta ley17.

El cuatro de enero de 1999 se promulgó la Ley de la Policía Federal

Preventiva, que creó una policía nacional. Dicha institución en una primera etapa a la

Policía Federal de Caminos y Puentes, a la Policía de Migración, a la Policía Fiscal

Federal y una brigada de la Policía Militar. Seguido se hizo necesario profesionalizar a

los cuerpos encargados de prevenir y de perseguir los delitos a través de la

instauración de la carrera policial; de contar con mayor coordinación entre

corporaciones y de sistematizar e intercambiar información sobre la criminalidad.

16 http://www.cddhcu.gob.mx/leyinfo 17 http://www.cddhcu.gob.mx/leyinfo

29

Como se observa, el Estado mexicano ha adoptado una definición muy amplia

de administración pública en materia de seguridad el nuevo Sistema de Seguridad

Pública y de Justicia Penal Mexicano. Se puede dividir en cuatro etapas: prevención

del delito; procuración de justicia; administración de justicia y el sistema de ejecución

de sanciones (sistema penitenciario). La tabla 2.1 muestra los actores responsables de

cada una de estas etapas.

Tabla 2.1 Etapas y actores del Sistema de Seguridad Pública y Justicia Penal

Etapa Nivel de gobierno Rama de gobierno Actores

Prevención del

delito

Federal, estatal y

municipal Poder ejecutivo

Policía Federal Preventiva

(PFP), policías preventivas,

sociedad civil

Procuración de

justicia Federal y estatal Poder ejecutivo

Ministerio Público (MP),

policía judicial, peritos,

Agencia Federal de

Investigaciones (AFI)

Administración

de justicia Federal y estatal Poder judicial Tribunales y jueces

Ejecución de

sanciones

Federal, estatal y

municipal Poder ejecutivo Centros penitenciarios

En materia de Prevención del Delito, es instrumentado desde el Poder

Ejecutivo mediante la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quien coordina

esfuerzos a nivel federal y a su vez controla a la Policía Federal Preventiva (PFP). En

esta etapa se incluyen todas aquellas políticas, medidas y técnicas encaminadas a

inhibir las transgresiones a la ley mediante la vigilancia policial de los espacios

públicos y programas coordinados con otras instituciones como son las campañas

contra el consumo de drogas, los retenes en las carreteras, etc.

En cuanto a la Procuración de Justicia, es manejada por la Procuraduría

General de la República (PGR) y las Procuradurías de Justicia estatales y siguen

siendo parte del Poder Ejecutivo Federal. Por su parte el Ministerio Público (MP), una

vez levantada una averiguación previa, es el encargado de ordenar las investigaciones

de cada caso a la Policía Judicial y peritos especializados que integran la averiguación

para presentarla ante un juez.

30

La Administración de Justicia se compone por los tribunales, jueces y

magistrados quienes inician el proceso judicial y solicitan pruebas que son

presentadas, además de escuchar los alegatos de las dos partes y decidir la condena

para ver si el acusado apela a instancias superiores o acepta la pena.

La Ejecución de Sanciones ó Sistema Penitenciario es administrado por la SSP

es en donde cumplen su condena los sentenciados.

Dentro de los programas que se han llevado a cabo por parte del Gobierno

Federal y la SSP, en materia de delincuencia se encuentran los siguientes:

• En marzo del 2002 se inició un proceso de sistematización de información y

desarrollo de mapas, así como un análisis estadístico de la incidencia criminal

y del trabajo de la policía.

• Programas en conjunto con las compañías aseguradoras para impulsar la

incorporación de localizadores vía satélite para la industria automotriz con la

finalidad de proteger el robo a transportes de carga principalmente en la ciudad

de México.

• Instalación de cámaras en puntos críticos para combatir todos los delitos.

• Actualización de políticas y procedimientos, desde la estructura orgánica de la

Secretaría hasta su misión, metas, descripción de funciones y puestos.

• Mejorar la tecnología disponible así como el capital humano con el que se

cuenta, capacitaciones, incentivos, etc.

Es evidente que el Estado Mexicano ha puesto especial énfasis en la materia;

sin embargo aún con estos esfuerzos falta mucho por hacer. En México, el debate

sobre la seguridad pública esta latente. Las corporaciones policiales mexicanas siguen

siendo instituciones que no gozan de la confianza pública. En los resultados de las

encuestas del ICESI sobre valores de los mexicanos (Ver anexo 3), en las cuales la

policía sigue siendo una de las instituciones que más desconfianza despierta. Esta

desconfianza afecta de forma directa el trabajo de la policía, pues si no hay confianza,

la cooperación por parte de los ciudadanos es mínima y, como consecuencia, hay un

bajo nivel de denuncia de delitos y no es posible tener una idea real de la dimensión

del problema. Se calcula que sólo se denuncian dos de cada diez delitos cometidos

(Ver gráfico 2.1, pág. 25)

31

Las consecuencias de la inseguridad van más allá de la erosión del estado de

derecho; conlleva pérdidas económicas y sociales por los daños incurridos por el acto

delictivo. Según el ICESI, la pérdida promedio por víctima en 2001 fue de 13 mil 245

pesos. Si se multiplica esta cifra por las víctimas probables tenemos un total de 49 mil

millones de pesos. Esta cifra es equivalente al 0.85 por ciento del Producto Interno

Bruto y 3.7 veces el presupuesto aprobado en el 2001 para Seguridad Pública.18

Algunos costos económicos que se generan con el crecimiento de los índices

delictivos son los siguientes:

• El impacto negativo en los negocios incluyendo la industria del turismo por las

pérdidas en materia de inversión y la generación de costos adicionales en las

empresas que restan competitividad a la planta productiva.

• Una sutil disminución del capital humano, debido a la pérdida de vidas

humanas por el delito de homicidio y posiblemente a la cantidad de personas

dedicadas a actividades ilícitas (Ver anexo 2).

• La desviación de recursos para el combate e la delincuencia que podrían ser

destinados a actividades sociales como salud, educación, deporte, etc.

• Generación de un círculo vicioso en el cual una alta tasa de criminalidad

desalienta la inversión, frena el crecimiento económico, profundiza el

desempleo e incrementa la pobreza y la desigualdad económica, lo que a su

vez general mas crimen y violencia.

Distribución del Gasto Público:

No podemos terminar este apartado sin hablar de cómo es designado y

repartido el presupuesto destinado para la seguridad Pública. Como ya lo

mencionamos se crea el Consejo Nacional de Seguridad Pública, como la instancia

superior de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, actualmente

dicho consejo esta integrado por:

• El Secretario de Seguridad Pública, quien lo preside

• Los Gobernadores de los estados

• El Secretario de la Defensa Nacional

• El Secretario de Marina

• El Secretario de Comunicaciones y Transportes

18 http://www.coparmex.org.mx

32

• El Procurador General de la República

• El Jefe de Gobierno del DF, y

• El Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública19

En diciembre de 1998, el Congreso de la Unión aprobó reformas y adiciones a

la Ley de Coordinación Fiscal, creándose el Fondo de Aportaciones para la Seguridad

Pública (FASP), para atender las acciones de profesionalización, equipamiento,

modernización tecnológica e infraestructura en materia de seguridad pública de las

entidades federativas y el Distrito Federal.

Hasta 1997, el presupuesto federal en seguridad pública era ejercido por la

Secretaría de Gobernación (SEGOB). En 1998, el ejercicio se ejecutó por la SEGOB

en conjunto con la PGR y la Secretaría de Marina (SECMAR). En los años de 1999 y

2000, este presupuesto se ejerció por las dependencias arriba citadas y la Secretaría

de la Defensa Nacional (SEDENA); así mismo, el FASP perteneciente al Ramo 33 del

Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) inició la asignación de los recursos

públicos. A partir del año 2001, se creó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP),

dependencia que concentró las funciones de seguridad pública que estaban en manos

de la SEGOB, como consecuencia, el presupuesto público federal se ejerce a partir de

ese año por cuatro ramos administrativos: la SSP, la SEDENA, la SECMAR y la PGR,

y un ramo general: el FASP que pertenece al ramo 33 del PEF.

19 Art. 12 de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública

33

Tabla 2.2 Presupuesto público federal para la seguridad pública en México, 1994-2005.

(Miles de pesos)

El uso de los recursos del FASP se determinan en el artículo 45 de la Ley de

Coordi

la construcción, mejoramiento o ampliación de las instalaciones para la procuración e

SEGOB SSP FASP PGR SEDENA SECMAR Presupuesto Total

1994 SEGOB 275,741.00 - - - - - 275,741.001995 SEGOB 327,659.00 - - - - - 327,659.001996 SEGOB 423,797.00 - - - - - 423,797.001997 SEGOB 2,044,402.00 - - - - - 2,044,402.00

1998 SEGOB, PGR Y SECMAR 2,735,945.00

- -1,382,011.00

-121,086.60 4,239,043.10

1999SEGOB, FASP, PGR, SEDENA,

SECMAR2,709,132.40

-4,715,000.00 1,376,587.90 1,400,000.00 90,000.00 10,290,720.00

2000SEGOB, FASP, PGR, SEDENA,

SECMAR4,462,144.70

-5,213,900.00 1,451,587.60 400,000.00 250,000.00 11,777,632.00

2001SSP,

FASP,PGR,SEDENA, SECMAR -

5,156,814.00 5,786,400.00 1,492,844.10 650,000.00 250,000.00 13,336,058.10

2002SSP,

FASP,PGR,SEDENA, SECMAR -

6,388,988.30 3,210,000.00 224,440.20 1,429,174.70 250,000.00 11,502,603.20

2003SSP,

FASP,PGR,SEDENA, SECMAR -

6,259,608.40 2,733,039.00 200,347.00 1,207,029.50 319,826.00 10,719,849.90

2004SSP,

FASP,PGR,SEDENA, SECMAR -

6,462,687.40 2,500,000.00 250,000.00 1,140,667.00 267,562.10 10,620,916.50

2005SSP,

FASP,PGR,SEDENA, SECMAR -

7,036,818.70 5,000,000.00 150,000.00 1,155,535.80 108,382.40 13,450,736.90

SEDENA= Secretaría de la Defensa Nacional

SECMAR= Secretaría de Marina

Seguridad Pública

SEGOB= Secretaría de Gobernación

SSP= Secretaría de Seguridad Pública

FASP= Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública

PGR= Procuraduría General de la República

Dependencia responsable

del gastoAños

Fuente: División de Economía y Comercio del Servicio de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados

nación Fiscal: “Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de

Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal reciban

dichas entidades se destinarán exclusivamente al reclutamiento, selección,

depuración, evaluación y formación de los recursos humanos vinculados con tareas de

seguridad pública; a complementar las dotaciones de: agentes del Ministerio Público,

los peritos, los policías judiciales o sus equivalentes de las Procuradurías de Justicia

de los Estados y del Distrito Federal, de los policías preventivos o de custodia de los

centros penitenciarios y de menores infractores; al equipamiento de las policías

judiciales o de sus equivalentes, de los peritos, de los ministerios públicos y de los

policías preventivos o de custodia de los centros penitenciarios y de menores

infractores; al establecimiento y operación de la red nacional de telecomunicaciones e

informática para la seguridad pública y el servicio telefónico nacional de emergencia; a

34

impartición de justicia, de los centros de readaptación social y de menores infractores,

sí como de las instalaciones de los cuerpos de seguridad pública y sus centros de

2.3 El sistema de castigos y sanciones mexicano: Sistema Penitenciario.

ma de

eadaptación Social es parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública y es

nen como misión ejecutar y

dministrar las condenas y buscar la readaptación del reo, una obligación del Estado

mexica

culo 18 constitucional se establece el papel que debe

esempeñar el sistema penitenciario de nuestro país, éste debe de fungir como un

centro

de las

penitenciarías, los individuos procesados (aquellos que todavía no reciben sentencia)

y aque

a

capacitación; al seguimiento y evaluación de los programas señalados”20.

En esta esfera, el Poder Ejecutivo vuelve a asumir el mando. El Siste

R

administrado por la Secretaría de Seguridad Pública.

Existen una serie de instituciones que tie

a

no establecida en el artículo 18 de la Constitución. En México, las condenas

tienen como fin principal resarcir el daño y readaptar al infractor; sin embargo, hay muy

poca flexibilidad en cuanto al tipo de sanción. No hay una legislación que permita

“penas alternativas” como el trabajo comunitario, para infractores menores o

infractores primerizos.

Dentro del Artí

d

que garantice la readaptación del individuo para que después de haber

cumplido su castigo se integre a la sociedad como un ciudadano de provecho. El

Sistema mexicano considera que un individuo puede llegar a la cárcel de dos

maneras: la primera, cuando el juez dicta auto de formal prisión y la segunda, cuando

es hallado culpable por el proceso judicial y se le sentencia a encarcelamiento.

Del mismo modo se establece que deben estar separados, dentro

llos ya sentenciados. Poco de esto se cumple dentro de las cárceles mexicanas;

en México a junio de 2005 se cuenta con 455 centros penitenciarios de los cuales seis

son federales, 10 del Gobierno del Distrito Federal, 371 de gobiernos estatales y 68 de

gobiernos municipales. La capacidad conjunta de éstos centros de es de 158 mil 968

espacios. Con respecto al periodo correspondiente de junio de 2004 a junio de 2005, 20 http://www.diputados.gob.mx/leyinfo

35

la población penitenciaria del país aumentó 6.9 por ciento, mientras que los espacios

isponibles en los centros de reclusión crecieron tan sólo un 4.8 por ciento. A junio de

d

2005 la sobrepoblación de los centros alcanzó 44 mil 718 internos a nivel nacional, lo

que representó un incremento del 33 por ciento respecto a los 33 mil 630 registrados

en diciembre del año 2000 y de 15.2 por ciento con la registrada en junio de 200421.

Gráfico 2.2 Internos y espacios carcelarios en México 1995-2005

La superpoblación penitenciaria se genera por tres factores fundamentales: el

xceso en el empleo de la prisión preventiva y de la prisión como pena, el rezago

judicial

n lo posible la infraestructura

n el corto plazo y modificar numerosos aspectos de la administración de los

recluso

centros de readaptación social mexicanos se organizan según la

jurisdicción a la que están adscritos: el Centro Federal de Readaptación Social

(CEFERESO) es para aquellos condenados por haber cometido delitos federales; el

e

, y la insuficiencia de la capacidad instalada. Aunado al problema de la

sobrepoblación, se encuentra el estado de ocio en el que viven los reclusos dificulta el

proceso de reinserción productiva y social de los presos.

Por lo anterior, resulta imprescindible aumentar e

e

rios para que de esta forma se cumpla con las normas internacionalmente

aceptadas.

Los

21 Quinto Informe de Labores SSP

36

n

xisten centros psiquiátricos para inimputables, aquellos que según el juez no gozan

, los CERESOS de Tuxtla Gutiérrez y Villa Flores y

las cár eles distritales de Ocosingo, Chiapa de Corso y Copainalá; en el Distrito

Federa

apa 2.1 Índice de Población Penitenciario

Centro de Readaptación Social (CERESO), para aquellos condenados a delitos del

fuero común; los consejos tutelares de menores y las cárceles municipales. Tambié

e

del total de sus facultades y no son enviados a las cárceles comunes. Existen

divisiones de cárceles para mujeres; sin embargo, por el pequeño número de

delincuentes femeninos e inimputables no todas las jurisdicciones tienen cárceles

separadas para estos dos grupos.

Los centros que registran una mayor sobrepoblación son: en Baja California, el

CERESO de Ensenada; en Chiapas

c

l el Reclusorio Preventivo Femenil Oriente; en Guerrero, los CERESOS de

Zihuatanejo y Coyuca de Catalán; en Michoacán, el Centro Preventivo de los Reyes y

en Sonora el CERESO de Ciudad Obregón y la cárcel municipal de Magdalena de

Quino, en los que actualmente existe una sobrepoblación de más del 200 por ciento.

Esto, por citar algunos.

M

Fuente: Índice de Sobrepoblación Penitenciaria 2003. INEGI

En México, las legislaciones en materia penal clasifican los delitos en dos: del

fuero c o común son aquellos que afectan

directamente a las personas; es decir, el efecto del delito recae sólo en la persona que

es dañ

omún y del fuero federal. Los delitos del fuer

ada por la conducta del delincuente (robos, amenazas, fraudes, homicidio,

lesiones, etc), dichos ilícitos son perseguidos por los Ministerios Públicos de las 32

37

entidades federativas. Por otro lado, los delitos del fuero federal son aquellos que son

perseguidos por la Procuraduría General de la República; éstos delitos se relacionan

on el tráfico de drogas, de armas y en general, delitos contra la salud. Durante el

proporción en el Distrito Federal, en

Veracruz, en Jalisco, en Chihuahua y en Baja California durante el periodo que se

analiza

y las autoridades federales no pueden perseguir delitos del fuero común.

Esta división de competencias ha servido de pretexto para que los corporativos se

absten

total de mujeres

delincuentes se encontraba entre los 25 a 29 años de edad, mientras que para el 2003

el rang

c

2001 la cantidad de delitos del fuero común fue de casi 164 mil cifra que aumentó en

el 2003 a casi 175 mil mientras que del fuero federal los delitos fueron de casi 29 mil a

más de 32 mil respectivamente. (Ver Anexo 2).

Dentro del fuero común, el robo y las lesiones son los dos delitos que se

cometieron con mayor frecuencia y en mayor

, mientras que en el fuero federal, los delitos más cometidos son en materia de

narcóticos y los que se encuentran previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego.

Las ciudades con mayor índice de delitos del fuero federal son las fronterizas como:

Baja California, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas y otras como Jalisco, Sinaloa, Distrito

Federal.

Las autoridades locales están legalmente impedidas para perseguir delitos

federales

gan de intervenir ante la comisión de un delito que no está en la esfera de su

competencia; no obstante, que al presentarse flagrancia delictiva, cualquier elemento

de las fuerzas de seguridad (local o federal) está obligado a actuar.

Otro dato que es considerado de gran importancia es la edad y el sexo de los

presuntos delincuentes. Durante el 2001 el 17.2 por ciento del

o de edades cambió y el 16.9 por ciento del total de la población de mujeres

delincuentes se encontraba entre los 30 y los 34 años de edad y el 16.5 por ciento

representa de los 25 a los 29 años. En el caso de la población masculina en

actividades ilícitas tanto en el 2001 como en el 2003 el 21 por ciento se encontraba

entre los 20 y 24 años22.

22 Estadísticas Judiciales en Materia Penal. Ed. 2004 y 2002. INEGI

38

2.4 Secuestros, crimen organizado y delitos de cuello blanco. El caso del secuestro es importante que se aborde como un tema aparte debido a la

magnitud que ha adquirido el problema dentro de los últimos años. El secuestro es un

delito que comúnmente aparece cuando los niveles de delincuencia rebasan a las

autoridades. En el caso de México, el fenómeno del secuestro, en cualquiera de sus

modalidades, ha adquirido verdadera relevancia debido a su aumento durante los

últimos años. El móvil de los secuestros es predominantemente económico; a

diferencia de Colombia donde la guerrilla juega un papel predominante en la comisión

de secuestros y cuyas razones responden principalmente a aquellas de índole política

(únicamente el 10 porciento de los secuestros tienen causas exclusivamente

económicas).

Tan sólo del 2001 al 2004 se denunciaron ante agencias del Ministerio Público

mil 714 casos de secuestros tradicionales y según la COPARMEX, durante 2003 se

cometieron más de 600 secuestros, de los cuales se denunciaron poco más de la

mitad: 336. Se estima que en este delito, México ocupa el segundo sitio a nivel

mundial, sólo por debajo de Colombia, (aunque hay versiones que indican que México

es ya el primer lugar,23 ) le siguen países como: Rusia, Brasil, Nigeria, Filipinas, India,

Ecuador, Venezuela y Sudáfrica.

Algunos datos estadísticos en materia de secuestros, basados en la Encuesta

Internacional sobre Criminalidad y Victimización (ENICRIV) reflejan que: en los últimos

cinco años en ocho de cada mil viviendas en México se encontró una víctima de

secuestro, lo cual representa, sin duda, una incidencia muy alta, considerando que en

la mayoría de los países el delito es casi inexistente.

La tecnología que se requiere para llevar a cabo un secuestro garantiza

efectividad, ya que se emplean los más importantes avances tecnológicos como:

operativos de inteligencia, aparatos de telecomunicación especializados, telefonía

móvil, etc. La tecnología al servicio de la delincuencia organizada rebasa la

infraestructura tecnológica usada por las instituciones de seguridad, aún cuando se ha

avanzado al respecto.

23 Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad. ICESI

39

obo, para conseguir

inero rápido de la víctima o de sus familiares (cantidad que puede ir desde los tres mil

a víctima y no requieren de estrategias de inteligencia sofisticada, como

se hace en el secuestro normal.

En cuanto a “la industria del secuestro exprés” o rapto con r

d

y en ocasiones hasta menos). es una modalidad cada vez más frecuente en nuestro

país y aunque algunos tienden a referirlo como retención, sin duda representa también

la privación ilegal de la libertad de una persona, aunque sólo sea por unas horas; los

delincuentes que suelen secuestrar en esta modalidad son personas de estratos socio-

económico bajos, entre los 16 a los 25 años; son jóvenes pertenecientes a la

delincuencia común (no organizada) y operan en grupos de dos y tres personas con

un "líder" en la ejecución del delito. Son robos mediante los cuales los delincuentes

utilizan a sus víctimas para sacar dinero de los cajeros automáticos bancarios, o bien

roban sus vehículos y algunas otras pertenencias; se hace uso de la violencia para

amedrentar a l

Por otra parte existen también los secuestros virtuales, es decir aquellos que

en realidad no existen, pero en los cuales los delincuentes aprovechan la ausencia de

una persona para extorsionar a sus familiares y obtener algún beneficio económico en

un breve lapso de tiempo. En general este tipo de delito es cometido por personas

cercanas a la víctima que conocen sus movimientos.

En la siguiente tabla presentamos el número de secuestros denunciados y no

denunciados durante el 2002 según la COPARMEX (Tabla 2.3). En la tabla podemos

ver que el Distrito Federal, el Estado de México, Guerrero y Chihuahua son los

estados que presentaron un alto índice de secuestros durante este año.

40

Fuente: h

Tabla 2.3 Secuestros denunciados y no denunciados por ciudad 2002

ttp://www.coparmex.org.mx

El análisis del secuestro en la frontera también ha tomado un papel importante,

ya que ahí es donde se localizan importantes círculos de mafia y que se presume

pueden estar ligados con los secuestros. En la tabla 2.4 apreciamos que en las

ciudades fronterizas de Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, se concentran gran

cantida

Fuente: Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción de los Derechos Humanos AC.

d de secuestros, 79 en total.

Tabla 2.4 Secuestros en ciudades fronterizas 2002 y 2003.

ENTIDAD DENUNCIADOS No. DENUNCIADOS TOTAL ENTIDAD DENUNCIADOS No.

DENUNCIADOS TOTA

Distrito Federal 160 70 230 Oaxaca 5 3 8

Guerrero 13 26 39 Puebla 5 2 7Chihuahua 7 17 24 Querétaro 1 6 7Michoacán 5 14 19 Guanajuato 4 2 6Sinaloa 7 11 18 Nayarit 4 3 5Morelos 7 9 16 Tabasco 2 1 3Baja California 6 7 13 S.L.P. 1 1 2Hidalgo 6 7 13 Zacatecas 0 2 2Jalisco 8 5 13 Aguascalientes 1 0 1Tlaxcala 3 10 13 Campeche 0 1 1Veracruz 6 7 13 Coahuila 1 0 1

Tamaulipas 3 7 10 Nuevo León 0 0 0

Colima 5 3

L

México 74 69 143 Durango 3 4 7

Sonora 4 7 11 Baja California Sur 0 0 0

Chiapas 6 3 9 Quintana Roo 0 0 08 Yucatán 0 0 0

TOTALES 345 297 642

CIUDAD SECUESTROS 2002

CIUDAD SECUESTROS 2003

Nuevo Laredo 41 Nuevo Laredo 125Reynosa 16 Reynosa 37Matamoros 22 Matamoros 32Valle Hermoso 3 Valle Hermoso 4Río Bravo 4 Río Bravo 4Díaz Ordaz 2 Díaz Ordaz 2Camargo 2 Camargo 1M. Alemán 3 M. Alemán 6Mier 0 Mier 1Nuevo Guerrero 0 Nuevo Guerrero 3

41

En

rganizaciones se dedicaban predominantemente al cultivo de marihuana y opio,

después lograron conquistar un lugar predominante en la cocaína por la

os delitos de cuello blanco son aquellos que comete una persona que no

ino que; aprovechándose de su condición socioeconómica

defrauda a terceros para su propio bienestar. El delincuente de Cuello Blanco es aquel

que vis

En América Latina, las sentencias y los procesos judiciales contra estas

personas también están a la luz del día ejemplo, grandes fraudes como el

FOBAPROA, en 1990 fueron perpetrados24. En América Latina estos delitos se

hicieron presentes a partir del arranque neoliberal a inicios de los 80s, especialmente

con el proce

cuanto al crimen organizado como el narcotráfico, en México, las

o

intermediación ante Estados Unidos con su proveedor principal Colombia. Para el

inicio de los años 90´s los intermediarios decidieron ser productores y así se inicia la

creación de los famosos cárteles, en Tijuana, Ciudad Juárez y a lo largo de la parte

nororiental del Golfo de México. Estos carteles se caracterizan por su constante

rivalidad y control de la droga en el país. Es evidente que en México existen grandes

incentivos financieros para la protección y conservación de sus negocios ante las

autoridades de nuestro país. Hablando de corrupción en órganos de gobierno; sin

embargo nuestro trabajo pretende integrarse ante un modelo de decisión individual sin

la actuación de corrupciones y de cárteles. Este tipo de crimen debe ser tomado en

cuenta para una investigación aparte y para fines de crítica y de estudio especifico.

L

necesariamente es pobre s

te siempre apropiado, tiene buena presencia y que sus delitos son difícilmente

investigados o encontrados. Con este tipo de delincuentes no se garantiza la

efectividad de la ley, incluso por la influencia que tiene.

so de privatizaciones. En México, se empezaron con el gobierno de Miguel

de la Madrid y siguió con el sexenio de Carlos Salinas. Muchos empresarios

compraron bienes nacionales prácticamente a precios regalados. Carlos Slim adquirió

Telmex; Carlos Cabal Peniche se apoderó de Bancrecer; Gerardo de Provosin de

rio de Protección al Ahorro (Fobaproa). Con el antecedente de sucesivas crisis económicas que, entre

otros efectos, llevaba a la falta de liquidez del sistema bancario, y tras el anuncio de la desincorporación de las

instituciones de crédito, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari instituye el Fobaproa, un fondo de contingencia para

problemas financieros extraordinarios. Ante posibles crisis económicas que propiciaran la insolvencia de los

24 Fondo Banca

enfrentar

bancos por el incumplimiento de los deudores con la banca y el retiro masivo de depósitos, el Fobaproa serviría para

asumir las carteras vencidas y capitalizar a las instituciones financieras

42

Aeromexico, entre otros. Algunos se hicieron millonarios de la noche a la mañana. La

revista Forbes registró a 21 mexicanos entre los billonarios del mundo durante el

periodo

Así, los delitos de cuello blanco se suscitan a partir del debilitamiento del

aparato estatal. La apertura de mercado es importante para la creación de trabajos y el

desarrollo económico sustentable de un país, pero también es necesario controlarla

para disuadir a empresarios inescrupulosos. El Estado tiene que tomar parte en las

medidas correctivas de la economía.

de Salinas.

43

CAPÍTULO 3. Un modelo microeconómico de actividad criminal y su control

44

3.1 Introducción.

El crimen es considerado como una actividad de la que se pueden obtener costos y

beneficios, los cuales se encuentran condicionados por las decisiones de la sociedad

en cuanto a los recursos que se destinan a desincentivarlo mediante diversas leyes,

los castigos, los gobernantes, el poder judicial, etc. Dicha consideración fue percibida

hace tiempo por economistas cuyo propósito principal era contribuir a la comprensión

de las causas que orillaban a las personas a cometer actos ilícitos.

El modelo que presentamos tiene sus raíces en el análisis hecho en 1968 por

el economista inglés Gary S. Becker, premio nobel de economía por el empleo de

modelos microeconómicos para explicar la conducta delictiva. Becker logró interpretar

el proceso racional que sigue un individuo que decide cometer un delito considerando

sus propias preferencias y las variables del entorno que lo rodea. Estas variables

tienen que ver con las leyes y las decision política criminal que adopta el Estado

y que constituyen el entorno donde el individuo se desarrolla. Con su enfoque, Becker

logró integrar una amplia gama de comportamientos: planteaba los costos sociales y

económicos que traía consigo la conducta de criminalidad.

Becker mencionaba que debido a la gran expansión legislativa que los países

occidentales han experimentando desde principios de siglo, el Estado ya no sólo se

dedica a proteger contra las violaciones a personas a propiedades, sino que también

restringe la discriminación contra algunas minorías, confabulaciones entre negocios,

negligencia en asuntos de tránsito, viajes, etc. Es aquí en dónde Becker centra su

tema de estudio. A pesar de la diversidad de las legislaciones, casi todas comparten

características comunes que en última instancia tienen su raíz en los pensamientos de

los grandes filósofos griegos.

En primer lugar, comienza con el supuesto de que no existe una completa

obediencia a la ley y que generalmente se gastan recursos públicos y privados con el

fin de prevenir daños y aprehender a los agresores. En segundo lugar, las condenas,

regularmente no son consideradas como un castigo suficiente por sí mismas, ya que la

probabilidad de que un agresor sea descubierto y condenado, así como la naturaleza y

extensión del castigo, varía de persona a persona y de la actividad.

es de

45

la racionalidad del individuo implicada en la elección de cometer

ctos criminales debido a la elección de las recompensas obtenidas al dedicarse al

uente: Elaboración propia

tar mediante un juego donde intervienen dos jugadores:

n agente representa al Estado y el otro al que comete la actividad criminal. El juego

tiene d

rno y sus propias

preferencias. Este nivel constituye una especie de “oferta de crimen”.

Se parte de

a

crimen, tomando en cuenta la probabilidad de aprehensión, convicción y severidad del

castigo (recordar capítulo1) comparadas con las que pudieran ser producto de un

trabajo que sea considerado honesto y legal (ver figura 3.1).

Figura 3.1

F

El trabajo inicial de Becker (1968) aunque innovador, resulta un tanto oscuro.

Hemos preferido modelar la situación como un juego no cooperativo secuencial

basándonos en Estrada /2004) Podemos describir el modelo como sigue.

3.2 Un modelo de actividad criminal y su control.

El modelo se puede represen

u

os etapas. En la primera, el Estado decide sobre la probabilidad de procesar a alguien, que sea sorprendido cometiendo un delito, y sobre el tamaño de la pena o castigo que se le impone. Suponemos que el estado tiene el poder y dispone de los

medios para controlar y decidir la magnitud de estas variables. En la segunda etapa

del juego, el jugador, una vez observadas las variables que el estado le pone en su

entorno, decide sobre su nivel de actividad criminal dado el ento

Trabajo

Individuo

Crimen Elección

Ganancia Criminal

Probabilidad de aprehensiónSalario y ,Castigos

46

Estamos suponiendo agentes racionales que maximizan sus funciones objetivo,

que explicamos más adelante. Tienen preferencias fijas, acumulan y procesan la

información disponible en los mercados. La decisión de cometer actividad criminal se

hace en un contexto de incertidumbre. El criminal no sabe con certeza si lo van a

sorprender y por tanto castigar, o si puede cometer el acto ilícito, recibir los beneficios

el mismo y no ser castigado. Debido a ello, decide su nivel de actividad criminal

optimizando una función de utilidad esperada en el sentido de Von Newman -

Morgenstern.

Los individ

porcentaje de tiempo dedicado a las actividades legales y tc= Tc/T el porcentaje de

actividad criminal, se tiene:

l c

ada una de las actividades es valorada en el mercado con salarios distintos, wl y wc,

ad de actividad legal o criminal

spectivamente. De este modo wltl es el ingreso obtenido por las actividades legales y

c c

s finales que se

d

3.2.1 Decisión del nivel de actividad criminal.

uos disponen del recurso tiempo en cantidad limitada, T, un agente

representativo tiene que repartir su tiempo en dos actividades: tiempo destinado a

actividades legales (Tl) y tiempo destinado a cometer actividad criminal (Tc).

de simplificar el modelo podemos suponer que T=1 y hablar de los porcentajes de

tiempo dedicado a cada un des, ello equivale a introducir una

normalización que no le resta ninguna generalidad al modelo. Así pues, si tl= Tl/T es el

Con el fin

a de las activida

tiempo dedicado a la

1= t + t

C

que corresponden al ingreso obtenido por una unid

re

w t es el ingreso obtenido por las actividades ilegales.

La utilidad del agente se representa mediante una función U(X) que depende

de la cantidad de bienes consumidos, X, la cual es una variable que depende

directamente del ingreso obtenido por el agente. Este ingreso es aleatorio porque

depende de la probabilidad, p, de que el individuo sea aprehendido y castigado con

una multa F cuando comete actividad criminal. Esto ocasiona que tanto el nivel de

consumo como la utilidad sean variables aleatorias y se tenga que resolver el modelo

usando la teoría de la utilidad esperada. Tenemos dos posibles estado

47

traducen en los dos posibles niveles de consumo final. El consumo final cuando el

individu

Xb = X(wctc+ wltl) (consumo sin castigo)

Así pues, el individuo representativo elige los niveles de actividades, lícitas e

wctc+ wltl = wctc+ wl(1-tc) = (wc-wl)tc+wl

o es sorprendido cometiendo delito es:

Xa = X(wctc+ wltl - F) (consumo con castigo)

Notamos que en este caso el ingreso disponible será el obtenido en los dos

tipos de actividades menos el castigo F impuesto por el estado. El consumo final

cuando el individuo no es sorprendido cometiendo la actividad criminal es:

ilícitas, atendiendo la restricción de tiempo y de modo que se maximice su utilidad

esperada:

Max EU(X) = pU(Xa) + (1-p) U(Xb)

tc,tl

s.a. tc+tl=1

Si recordamos que tl=1-tc, podemos sustituir los valores de los consumos

respectivos notando que

El problema se reduce a una optimización en la variable tc y se puede rescribir

como:

Max EU(X) = pU(X ((wc-wl)tc+wl-F)) + (1-p) U(X ((wc-wl)tc+wl))

tc

La condición de primer orden nos dice que:

pU´(Xa)X´((wc-wl)tc+wl-F)( wc-wl) + (1-p) U´(Xb)X´((wc-wl)tc+wl)( wc-wl) = 0

A partir de lo anterior podemos aplicar el teorema de la función implícita y

obtener tc como una función, O, de la diferencia salarial wc-wl, de la probabilidad de

castigo p y del tamaño del castigo F:

48

tc = O(wc-wl,F,p)

Bajo las hipó l ver que el tiempo

edicado a la actividad criminal depende positivamente del diferencial de salarios, y

que de

Notemos que F y p son variables ligadas directamente con la política de control

del crimen que esta ién en el valor que

etermine el mercado para la diferencia salarial.

La política de con ltima instancia. Gary S.

Becker describe varios aspectos a considerar para el cálculo de los daños y costos

detrás de los costos de crímenes nas, contra propiedades, bienes y

ervicios,; así como el gasto público en policía, arrestos, condenas; el gasto privado en

protecc

variables de control de la política criminal: la probabilidad de ser castigado (p) y el

tamaño de la pena (F). Otras variables relevant aparecen en el modelo

ero son consideradas exógenas. La función objetivo del estado consiste en minimizar

las pé

p y F que le minimicen su objetivo social una vez que incorpora la información

sobre el niv ciendo los

controles p y F. En lo que sigue denotaremos el nivel de actividad criminal tc

implemente con la función, O, obtenida arriba para la oferta de crimen

tc ≡ O = O (wc-wl,F,p)

ontrol del estado (p,F) y de variables exógenas

omo la diferencia salarial y otras a las que denotaremos más adelante con la variable

tesis estándar sobre las preferencias no es difíci

d

pende negativamente tanto del tamaño del castigo como de la probabilidad de

ser aprehendido al cometer el crimen.

blezca el estado. Esta política influye tamb

d

3.2.2 Decisión de la política de control del crimen

trol criminal la decide el estado en ú

contra perso

s

ión y aprehensión, etc. Para simplificar el análisis consideramos en este

modelo solo dos

es se omiten o

p

rdidas sociales ocasionadas por la actividad delictiva. Así pues, el gobierno

decide

el de actividad delictiva tc que generan los criminales cono

s

La función objetivo del gobierno, la minimización del costo social de la

criminalidad, depende esencialmente del nivel de actividad delictiva, O, el cual a su

vez es función de las variables de c

c

49

u.. El objetivo del estado se repr elo mediante una suma de tres

nciones que involucran los siguientes aspectos:

os.

pFO(p,F,u)

to.

onde Hi, representa el daño por la i-ésima actividad criminal y Oi es el nivel de

actividad de la i-ésima actividad criminal. Es natural suponer que estas funciones son

das crecientes. Para simplificar el modelo supondremos solamente una función de

año social que podemos pensar como un costo promedio del daño social para una

activida

esenta en el mod

fu

(a) Daño Neto Social.

(b) Costo del combate a la delincuencia.

(c) Costo de las sanciones y castig

Estos tres componentes corresponden a los tres sumandos de la función

objetivo del estado. El planteamiento formal del problema del gobierno es decidir p y F

que resuelvan el problema:

Min L = D(O(p,F,u)) + C(O(p,F,u)) + b

p,F

El orden de los tres sumandos se corresponde con los aspectos (a)-(b)-(c), las

funciones involucradas y sus propiedades se discuten a continuación.

(a) Daño social ne

El daño social consiste en las pérdidas que tiene la sociedad como

consecuencia de todas las actividades criminales. Es claro que este daño tenderá a

incrementarse con el aumento del nivel de actividad de cualquiera de los actos

criminales. Tenemos entonces una serie de funciones que representan los daños en

función del nivel de actividad criminal de las distintas actividades delictivas:

Hi = Hi (Oi)

d

to

d

d promedio:

H = H(O)

50

> 0.

1. Nivel de Actividad Delictiva y Daño social

Por otro lado, el valor social de las anancias de los agresores aparentemente

también tiende a crecer con el número de agravios. Tenemos entonces una función G

ue depende del nivel de actividad delictiva y que representa las ganancias de los

agreso

Becker supone que esta función es creciente y cóncava por lo que G(0)=0, G´ >

G = G(O)

nancia de los agresores y se expresa como:

D(O) (O)

Becker supone, razonablemente, que esta función H parte del origen y que es

creciente y convexa, es decir, H(0)=0, H´ > 0 y H´´

Gráfica 3.

g

q

res.

0 y G´´ < 0

Gráfica 3.2. Nivel de Actividad Delictiva y Ganancia del delincuente.

Por consiguiente el daño social neto es el resultado de la diferencia entre el

daño causado y la ga

= H(O) – G

XActividad Delictiva

YDaño Social

XActividad Delictiva

YDaño Social

XActividad Delictiva

YDaño Social

XActividad Delictiva

YDaño Social

51

En la medida en que el nivel de actividad criminal vaya aumentando, los

agresores normalmente recibirán ganancias marginales decrecientes y causarán

años marginales crecientes por agravios adicionales. Así pues, las hipótesis sobre H

y G implican que

El valor de

componentes importantes del daño n ad, pero no son idénticos

a éste. Por ejemplo, el en los ingresos

de las víctimas y exclu sociedad atribuye a la vida

misma; lo an

neto de

ary S. Becker afirma que entre más sea el gasto en policía, personal de la corte y

equipo

idad judicial se denotará con A y será una función que depende de varios

factores que involucran recursos h materiales. Estamos hablando de

olicías, agentes del ministerio público, abogados, patrullas, laboratorios con equipo

especializa pendería

positivamente de este nivel de actividad judicial.

Entre meno dos y jurados, y si

contamos con la existencia de tecn (huellas digitales, teléfonos

intervenidos, controlado de mentiras), así como las

actuales form es, será más barato alcanzar cualquier

nivel de actividad determinado.

d” es el número de

gravios resueltos por condena, la cual esta representada como sigue:

A ≡ pO

d

:

D” = H” – G” > 0

los recursos consumidos en la ejecución de varios crímenes, son

eto causado a la socied

costo de un asesinato se mide por las pérdidas

ye, entre otras cosas, el valor que la

terior nos habla de que el costo estimado del crimen subestima el costo

los daños de la sociedad.

(b) Costo del combate a la delincuencia.

G

especializado, más fácil será descubrir delitos y condenar a los agresores. El

nivel de activ

umanos y

p

do, teléfonos, etc. El costo del combate a la delincuencia de

C = C(A) con C´(A) > 0

r sea el costo de los policías, jueces, aboga

ología más desarrollada

res computarizados y detectores

as de operar de las organizacion

Una aproximación a una medida empírica de la “activida

a

52

actividad judicial respecto p o respecto O serían idénticas y esto no

sulta muy adecuado. Tampoco resulta muy convincente que el nivel de actividad

judicial dependa solo de las conde cker decide introducir un enfoque

ás complejo y realista. Para ello, podemos introducir una forma funcional más

genera

la actividad judicial sea creciente en éstas mismas

ariables. Un incremento en la probabilidad de condena o en el número de agravios,

os entonces que la función de costos de la

ctividad judicial será:

p,F,a))

En la siguiente tabla 3 del costo usando el ejemplo

portado por Gary Becker, se indica el gasto público en policía en 1965 en Estados Unidos

Donde p, representa la proporción de agravios resueltos por condenas del total

de agravios. Esta p es pues, como ya sabemos, la probabilidad de castigo enfrentada

al cometer un delito. Si manejamos esta forma funcional para A resultará que las

elasticidades de la

re

nas logradas. Be

m

l:

A = h(p,O,a)

a representa los arrestos y otros determinantes de la actividad judicial. Parece

bastante claro suponer que h es creciente en todas sus variables, ello ocasiona que

también que la función de costo de

v

incrementaría los costos totales. Tenem

a

C = C(A) = C(h(p,O,a))

Para simplificar las condiciones de primer orden que ponemos abajo

supondremos más específicamente que

C(h(p,O,a)) = C(O(

.1 ilustramos el cálculo

re

.

53

Tabla 3.1 Costo económico del crimen

Tipo Costo (millones de dólares)

Crímenes contra personas 815

Crímenes contra propiedad 3,932

Bienes y servicios ilegales 8,075

Otros crímenes 2,036

SUBTOTAL 14,858

Gasto público en policía, juicios y juzgad 3,178 os

Correctivos 1,034

Algunos costos privados de combate al crimen 1,910

TOTAL 20,980

En policía y tribunales sumó más de tres mil millones de dólares, una cantidad

nada despreciable. Para cada uno de los siete principales delitos se sacó un gasto

promedio de casi quinientos dólares por delito (denunciado) y cerca de dos mil

porpersona arrestada, con casi mil dólares gastados por asesinato, por lo tanto el

gpromedio estimado es de quinientos. El costo marginal sería al menos de quinientos.

(c) Costo de las sanciones y castigos.

El género humano inventó una variedad de ingeniosos castigos para aplicarlos a los

delincuentes sentenciados, entre ellos: muerte, tortura, estigmas, multas,

encarcelamiento, destierro, restricciones a la libertad de movimiento u ocupación y

pérdida de la ciudadanía. Pero para poder comparar el costo de los diferentes castigos

para un delincuente, es necesario convertirlos en su equivalente monetario o valor de

uso, el cual se mide directamente sólo por las multas.

Como ejemplo mencionamos el costo de ser encarcelado como la suma

descontada de las ganancias perdidas y el valor depositado en las restricciones al

consumo y a la libertad. Por otro lado, el valor depositado en el encarcelamiento varían

de persona a persona, incluso el costo de una sentencia a prisión de una duración

determinada no es una cantidad única, pero si será la más alta para delincuentes que

pudieran ganar mas fuera de prisión.

54

El castigo no sólo afecta a los delincuentes, sino también a otros miembros de

iedad ya que requiere de gastos en guardias, ficios,

comida, etc. El costo social de los castigos es el costo para los delincuentes más el

ia de otros; por ejemplo, las multas prod na ganancia

l costo para los delincuentes.

Para simplificar vamos a introducir un parámetro constan ositivo, que

n coeficiente que transforma el castigo F impuesto al delincuente en el

s por bF . El tamaño de b ntre distintos

astigos: b ≡ 0 para multas, mientras que b>1 pa ura, libertad

arcelamiento y mucho os castigos,

especialmente es grande para los jóvenes que se encuentran en los centros de

rehabilitación o adultos en prisión, y es cercano a la unidad para los adultos que están

en libertad bajo palabra. El término bF representa el costo social por delito cometido y

castigado, el costo social total por todos los delitos cometidos que son castigados se

representa con el término CSS, costo social de las sanciones, que se determina como:

CSS = bFpO

Una vez que hemos construido las tres componentes de la función objetivo del

gobierno finalizamos la sección planteando las condiciones de primer orden del

problema de minimización descrito arriba:

L = D´O + C´O + bFpO + bpO = 0

L = D´O + C´O + bFpO + bFO = 0

En este sistema de ecuaciones aparecen las derivadas parciales de la función

O respecto de las variables p y F en la notación estándar. Este par de ecuaciones,

junto con la ecuación de la condición de primer orden del problema del criminal,

determinan los valores óptimos, O (p , F ,..), p y F , que el modelo asigna a la

intensidad de la criminalidad, la probabilidad de castigo cuando se comete delito y el

monto del castigo o pena, respectivamente.

La intención de este trabajo es verificar empíricamente el comportamiento de O

respecto de las variables del modelo y respecto de otras relacionadas con ella desde

el punto de vista de la teoría descrita hasta aquí.

la soc personal de supervisión, edi

costo o menos la gananc ucen u

para otros que igualará e

te, b, p

representa u

costo social del castigo al que denotamo varía e

tipos de c ra tort

condicional, libertad bajo palabra, enc s otr

F F F F

P P P P

* * * * *

55

Capítulo 4. Resultados

56

En el siguiente capítulo se muestran los resultados obtenidos de este trabajo y con

ase en cifras oficiales, se muestran diversas gráficas con indicadores que hemos

onsiderado de gran importancia para llegar a la conclusión del problema y a la

omprobación de nuestras hipótesis planteadas desde el inicio.

Empezaremos por presentar aquellas gráficas cuyos factores afectan de

anera directa a los niveles de Incidencia Delictiva (PIB, desempleo, salarios, etc) y

nalizaremos presentando la evolución de la incidencia a lo largo de diferentes

eriodos de tiempo.

b

c

c

m

fi

p

57

4.1. Factores de la Incidencia Delictiva.

4.1.1. Población e Incidencia Delictiva

La concentración de la población en las ciudades genera un aumento del índice

delictiv

ederal y su índice delictivo coincide con ser de los mas altos de

da la república.

Una de las consecuencias de dicha concentración se presenta en el empleo, ya

que la oferta de empleo no logra dar abasto a tanta demanda y por consiguiente se

recurre a otros medios para hacerse llegar de recursos. El coeficiente de correlación

fue de 0.899208648

Grafico 4.1.1. Relación Incidencia Delictiva y Población

Fuente: Elaboración propia en base a la Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad 2005 (ENSI-3). Y en base a

datos del INEGI

o, mediante el gráfico 4.1.1., el cual presenta la relación de incidencia y

población de los 32 estados de la república y se comprueba lo anterior, en ella

podemos observar que los estados que concentran más población son el Estado de

México y el Distrito F

to

-

500,000.00

1,000,000.00

1,500,000.00

2,000,000.00

2,500,000.00

3,000,000.00

0 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000 14,000,000 16,000,000

Población

Inci

denc

ia

Incidencia Vs Población

58

4.1.2. Desempleo e Incidencia Delictiva

n la misma línea se presenta la siguiente gráfica tomando en cuenta a los 32 estados

fico 4.3.2. Relación Incidencia Delictiva y Desempleo

E

y su índice de delincuencia, el resultado es que a mayor nivel de desempleo mayor

serán los índices delictivos debido a que las personas optan por delinquir para hacerse

llegar de recursos, esto se presenta de manera general. El coeficiente de correlación

es 0.95232307

Grá

250,000

300,000

incidencia vs desempleo

a

denc

Fuente: Elaboración propia en base a la Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad 2005 (ENSI-3). Y en base a

datos del INEGI

0

50,000

100,000

0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000

Desempleo

150,000

200,000

Inci

i

59

4.1.3. Recursos e Incidencia Delictiva

A continuación mostramos la relación entre recursos asignados del FASP (Fondo de

Con lo anterior concluimos que no existe un patrón regular para la asignación de

recursos y que la falta de eficiencia en los programas que hasta la fecha se han

Fuente: Elaboración propia en base a la Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad 2005 (ENSI-3). Y en base a

datos del INEGI

Aportaciones en Seguridad Pública) y los niveles de Incidencia Delictiva. Según los

resultados la asignación de recursos es irregular ya que a algunos estados que

presentan mayor incidencia delictiva no se les destina mas recurso como a aquellos

que presentan menor incidencia.

llevado a cabo se debe a la mala asignación de recursos y en parte a que no existe un

seguimiento adecuado de los mismos por parte de las autoridades competentes en el

tema. El coeficiente de correlación es de 0.840350467

Gráfico 4.1.3. Relación Incidencia Delictiva y Aportaciones del FASP

1,500,000.00

2,000,000.00

2,500,000.00

3,000,000.00

Inci

denc

ia

Incidencia vs aportaciones

500

-

,000.00

1,000,000.00

0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0 350.0

Aportaciones Millones de pesos

60

4.1.4. PIB (Producto Interno Bruto) e Incidencia Delictiva

n zonas urbanas y altamente productivas se genera

ue mayor delincuencia. El coeficiente de correlación es de 0.7852341

En la siguiente gráfica presentamos la relación existente entre el Producto Interno

Bruto (PIB) de los 32 estados de la república y su incidencia. Los resultados que nos

arroja la gráfica es que en los estados donde se presenta mayor índice delictivo

también se presenta el más alto PIB. Con lo anterior concluimos que a consecuencia

de la concentración poblacional e

q

Gráfico 4.1.4. Relación Incidencia Delictiva y PIB

3,000,000.00

Incidencia vs PIB por Estado

2,

2,

Fuente: Elaboración propia en base a la Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad 2005 (ENSI-3). Y en base a

atos del INEGI

-

500,000.00

1,000,000.00

0.0 500,000.0 1,000,000.0 1,500,000.0 2,000,000.0 2,500,000.0

PIB por Estado

1,500,000.00

000,000.00

500,000.00

Inci

denc

ia

d

61

4.1.5. Salario e Incidencia Delictiva

En el siguiente gráfico podemos apreciar que aunque existen ciudades que pertenecen

a las zonas con salarios mas altos la incidencia no es tan alta como principalmente en

un estados de la república cuyo nivel de salario se encuentra entre los mas bajos y su

incidencia delictiva es la mas alta de los 32 estados. Lo anterior nos lleva a concluir

que otro de los factores determinantes para combatir en parte con el problema de

inseguridad y de delincuencia esta en la creación de empleos dignos y bien

remunerados para la población. El coeficiente de correlación es de 0.436409278

Fuente: Elaboración propia en base a la Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad 2005 (ENSI-3). Y en base a

datos del INEGI

Gráfico 4.1.5. Relación Incidencia Delictiva y Salario

1,000,000.00

1,500,000.00

2,000,000.00

2,500,000.00

3,000,000.00

Inci

denc

ia

Incidencia Vs Salario

-

500,000.00

46 46.5 47 47.5 48 48.5 49 49.5 50 50.5 51 51.5

Sueldo minimo por area geográfica

62

4.2 An

onsiderando las 32 entidades federativas y empleando los datos considerados de la

IInncciiddeenncciiaa ddeelliiccttiivvaa == 33771100886600 ttaassaa ddeesseemmpplleeoo ++ ..1144553333 ppoobbllaacciióónn –– 99994422..2244 ssaallaarriiooss

álisis Estadístico de los factores C

matriz (anexo no. 7), se corrieron regresiones múltiples considerando la incidencia

como la variable dependiente, y a las variables de población, tasa de desempleo,

salario, PIB y aportaciones en Seguridad Pública, como variables independientes. De

los resultados obtenidos de la regresión se tuvo que descartar el PIB y las

aportaciones por no ser estadísticamente significativas en la regresión lineal múltiple.

Elegimos finalmente el modelo.

Lo anterio en la tasa de

4.2 Tabla de Análisis de factores

r significa que por ejemplo, ante un aumento

desempleo, en promedio, la incidencia delictiva aumentaría más que el promedio

estatal que es de 358508.

Los factores que representan una tendencia positiva en el análisis de este

trabajo son la población que como ya se menciono con anterioridad, a medida que la

población aumenta su tasa de delincuenc mbién crece. También tenemos el caso

negativo del salario ya que en éste se concentra un incremento gradual en las zonas

donde se presenta un salario bajo.

Así pues, los resultados nos señalan la importancia de mantener una tasa de

desempleo, ya que debido a la gran elasticidad que presenta la incidencia delictiva con

respecto a este factor, cualquier aumento en la tasa de desempleo genera un

cremento considerable de la delincuencia.

ia ta

in

Factores de la

Incidencia Delictiva.

PIB Población Salario Aportación Seguridad Pública

Tasa de Desempleo

Incidencia Delictiva Irregular Positiva Negativa Irregular Positiva

Fuente: Elaboración propia en base a la Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad 2005 (ENSI-3). Y en base a

datos del INEGI. Resultados de regresión utilizando el programa EVIEWS (Econometric VIEWS).

63

4.3. Evolución temporal de la Incidencia Delictiva.

se cometieron 10 millones 853 mil 885 delitos en todo

l país y finalmente en el 2005 se cometieron un total de 12 millones 031 mil 003

de 2

illones de delitos por año, por lo tanto se puede estimar que para el 2006 también

habrá u

Gráfico 4.3.1. Tendencia de Incidencia Delictiva en territorio nacional.

2000-2005.

uente: Elaboración propia en base a la Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad 2005 (ENSI-3). Y en base a

tos del INEGI

Nuestro siguiente paso se basa en el análisis de la Incidencia Delictiva dentro del

periodo que comprende los años 2000-2005. Se analiza la tendencia a nivel nacional y

per capita, así como los estados con mayor índice de delincuencia.

En primer lugar presentamos el gráfico 4.3.1. el cual nos muestra que la

incidencia de delitos cometidos en el territorio nacional ha ido en aumento en los

últimos 5 años, durante el 2000

e

litos. La tendencia al incremento de delitos ha sido constante, de cerca de

m

n incremento en la comisión de delitos.

F

da

Delitos cometidos (incidencia) en el territorio nacional

118000001200000012200000

1020000010400000

108000001100000011200000

2000 2001 20

Valo

10600000

1140000011600000

02 2003 2004 2005

Periodo

res

64

En este caso, grafica 4.3.2, también presentamos la evolución de la incidencia

n el mismo periodo, a diferencia de que en la siguiente gráfica presentamos la

se registraron dos

ecrementos solo se registraron dos decrementos en los años 2002 y 2003 los cuales

no fuer

Gráfico 4.3.2. Tendencia de Incidencia Delictiva per. cápita en territorio nacional.

.

uente: Ela a

datos del INEGI

e

incidencia per capita, en donde nos muestra que a nivel nacional se han incrementado

los índices ha incrementado en los últimos cinco años, registrando su mayor alza en

el periodo que comprende los años del 2004 y 2005, únicamente

d

on significativos ya que no se logró seguir con esta tendencia de diminuí dichos

niveles.

2000-2005

2000-2005Incidencia Per capita N

boración propia en base a la Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad 2005 (ENSI-3). Y en base

0.108

0.109

0.110.111

0.112

0.113

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Periodos

Inci

denc

ia P

er

F

ivel Nacional

0.116

0.117

ca

0.1140.115

apit

65

En la siguiente gráfica 4.3.3. se aprecia a los 5 estados que con el porcentaje

de incidencia delictiva más altos de la república, entre ellos se encuentran: el Estado

de México, el Distrito Federal, Jalisco, Puebla y Baja California. Durante el periodo de

análisis que comprende de 2000 al 2005, la tendencia se mantiene estable excepto

durante el periodo 2003 en donde las cifras suben o bajan según el caso, por ejemplo

en los estados de México y Puebla se presentan los porcentajes mas altos dentro de

los 5 años que se abarcan. (Ver Anexo 3. Tabla Incidencia de Delitos Cometidos 2000-

2005.)

ve

estancamiento de la Incidencia Delic estados más grandes o con mayor

Fuente: Elaboración propia en base a la Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad 2005 (ENSI-3). Y en base a

datos del INEGI

En base a los resultados arrojados concluimos que existe un gra

tiva en los

actividad económica de la república, a diferencia de aquellos estados llamados de la

provincia en donde ha aumentado la delincuencia

Gráfico 4.3.3. Estados de la República con mayor Incidencia Delictiva. 2000-2005

Estados con mayor porcentaje de Incidencia Delictiva

15%

20%

25%

aje

MÉXICO

DISTRITOFEDERAL

10%Po PUEBLA

0%

5%

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Periodo

rcen

t

JALISCO

BAJACALIFORNIA

66

A continuación se analiza el mismo caso de la gráfica anterior pero ahora

tomando en cuenta cifras per cápita, en donde notamos que a diferencia del nivel de

incidencia nacional, en donde el primer lugar lo ocupa el estado de México, este caso

(gráfica 4.3.4.) difiere ya que las primeras posiciones las ocupan los estados de Baja

California y el D.F. dicha tendencia se ha mantenido alta en el periodo del 2000-2005.

Los datos anteriores son resultado de las ineficientes medidas que los

gobiernos de estos estados han puesto en marcha para erradicar la delincuencia ya

que no han demostrado ser lo suficientemente eficientes; a diferencia de Quintana

Roo, en donde empieza el periodo con alta incidencia y lo termina con una reducción

siendo

cidencia per. Cápita 2000-2005.

uente: Elaborac a

tos del INEGI

, de los cinco, el único estado que logra bajar sus índices

Gráfico 4.3.4. Estados con mayor in

ión propia en base a la Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad 2005 (ENSI-3). Y en base

0

0.05

0.1

0.15

0.2

2000 2001 2002 2003 2004 2005Periodos

BAJACALIFORNIA

DISTRITOFEDERAL

QUINTANA ROO

MÉXICO

JALISCO

Estados con mayor Incidencia Per capita

0.25

Inci

denc

ia P

er c

apita

F

da

67

Creemos que parte de la solución al problema de inseguridad en el país

responde a la mala asignación y distribución de los recursos. En el gráfico 4.3.5. se

hace una relación entre el presupuesto del FASP (Fondo de Aportaciones a la

Seguridad Pública) destinado a la seguridad pública para todos los estados y el nivel

de incidencia.

atirla. Ver Anexo 5.

resupuesto del FASP por dependencia responsable 1994-2005

Gráfico 4.3.5. Relación P del FASP e Incidencia.

uente: Elaboración propia en base a la Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad 2005 (ENSI-3). Y en base a

tos del INEGI

Con este gráfico demostramos que la solución al problema no se basa

completamente en destinar más recursos, es importante que dichos recursos sean

bien distribuidos a programas con gran impacto social así como al seguimiento de los

mismos. En esta grafica se presenta como una constante a crecimiento la incidencia

aunque se haya incrementado ese presupuesto para comb

P

resupuesto

2000-2005.

Relación Presupuesto e Incidencia

0.00

2,000,000.00

4,000,000.00

6,000,000.00

8,000,000.00

10,000,000.00

12,000,000.00

14,000,000.00

16,000,000.00

PresupuestoINCIDENCIA

Periodos2000 2001 2002 2003 2004 2005

Valo

res

F

da

68

El que las personas se dediquen a cometer delitos en vez de otra actividad, en

algunos casos se encuentra ligada a los niveles de desempleo que prevalecen en una

determinada nación, así como al nivel escolar. El caso de México es un poco la

excepción ya que algunas personas se dedican al comercio informal. Es por eso que

hacemos una comparación entre los niveles de incidencia criminal, el desempleo y la

eserción escolar en el país, desde el 2000 hasta el 2004.

cia criminal casi se

mantiene constante. Ver Anexo 4. Porcentaje de Deserción escolar (estimación) 2003-

2005

uente: Elaboración propia en base a la Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad 2005 (ENSI-3). Y en base a

atos del INEGI

d

En la gráfica 4.3.6. nos podemos dar cuenta de que durante este periodo las

tres variables si bien, no presentan un comportamiento muy similar, pero si una

tendencia parecida ya que se encuentran dentro de los mismos rangos. En el último

periodo (2003-2004) existe una tendencia de crecimiento similar entre el desempleo y

la deserción escolar a nivel nacional, mientras que la inciden

Gráfico 4.3.6. Comparativo entre Incidencia Criminal y Desempleo. 2000-2004.

Comparativo Incidencia criminal y Desempleo

0.000000

0.200000

0.400000

0.600000

0.800000

1.000000

1.200000

2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004

Porc

enta

je

NACIONALINCIDENCIA

NACIONALDESEMPLEO

NACIONALDESERCION

Periodo

F

d

69

CONC

n materia de economía, el problema de seguridad que afecta al país es

resulta

ión del salario nominal de los trabajadores puesto que al existir poca posibilidad

para emplearse aceptan contratarse por salarios que están por debajo de su

capacidad y que no logran solventar las nec idades económicas de su familia, es

entonces c paso una

mejor remu en el

po

el

crecimiento

recursos qu los

resultados arrojados en el presente trabajo, las autoridades no siguen un patrón de

el recurso ya que predomina la irregularidad dentro del periodo analizado.

e igual forma de nada sirve que cada año se asigne un presupuesto mayor a la

ausa si en general no hay idea de cómo debe ser aplicado y no hay un seguimiento

de los programas vigentes,más aún si el gran mal de la corrupción sigue imperando en

todos los niveles de la autoridad

LUSIONES

Hemos llegado a la parte final de nuestra tesis y de acuerdo a la información recabada

y a los resultados obtenidos generamos algunas conclusiones las cuales, hemos

englobado principalmente en dos apartados: economía y seguridad pública

E

do de una suma de factores, entre los que se encuentran: el desempleo, los

salarios, la densidad poblacional, el Producto Interno Bruto (PIB), entre otros.

Existe un círculo vicioso que inicia con la situación de desempleo que prevalece

en el país ya que el mercado laboral mexicano presenta un exceso de demanda como

consecuencia del bajo crecimiento de la economía nacional, lo cual repercute en la

reducc

es

uando se opta por realizar alguna actividad ilícita que deje a su

neración y en donde la proba er denunciado, sorprendido

acto, y finalmente ser aprehendido y procesado, llega a ser poco probable.

Con lo anterior comprobamos el postulado de Gary Becker en el cual se

menciona que las actividades delictivas responden a incentivos económicos, y si

agregamos a esto una falta de empleo y la mala distribución de la riqueza

prevaleciente en el país que orilla a algunas personas a dedicarse a cometer este ti

de actividades y esto repercute en el desarrollo económico de un país y frena

que se pueda generar.

Otro factor económico que resulta de gran importancia se refiere a la cantidad de

e el Gobierno destina a combatir la criminalidad. De acuerdo a

bilidad de s

asignación d

D

c

70

materia de Seguridad Pública nos referimos específicamente a

las acciones que hacen falta dentro de las organizaciones para su mejor

ra vertical,

esde los jefes policiales hasta los guardias de menor rango; además de una creación

s recursos ara combatirla y con ello la incertidumbre de este país”.

Finalmente en

funcionamiento y mejores resultados. Es necesario estar actualizados en materia de

tecnología (sistemas de información, tecnología satelital, sistemas de control de

calidad, etc.); así como en capacitar al personal, la cual debe de ir de mane

d

de incentivos y sanciones para que el desempeño del cuerpo policiaco sea mas

eficiente. Una identificación y realización de operativos en las zonas más conflictivas

de nuestro país reduciría en gran medida la delincuencia organizada.

En este trabajo pretendemos concientizar y hacer una evaluación de la

delincuencia, que hasta el día de hoy nosotros; los mexicanos, nos sentimos sin

ninguna protección por parte de las autoridades, por ello planteamos la situación que

se vive en nuestro país a través del tiempo y de sus factores que generan este entorno

de inseguridad. Esperamos que el Gobierno tome su papel de autoridad legal y

emplee un programa integral de seguridad pública que permita combatir la

criminalidad nacional de manera eficiente.

Estemos concientes que "La criminalidad crece mucho más que lo p

71

ANEXOS

72

AN

EXO 1

Incidencia delictiva por 100 mil habitantes por entidad federativa

Entidad Incidencia Entidad Incidencia Baja California 20,720 Michoacán 9,402 Distrito Federal 19,663 Campeche 9,205 Quintana Roo 16,354 Guerrero 8,186 México 16,147 Nuevo León 8,046 Sinaloa 14,904 Guanajuato 7,707 Yucatán 14,724 Colima 6,287 Jalisco 14,487 Tabasco 6,186 Sonora 14,469 Oaxaca 6,115 Coahuila 14,029 Tlaxcala 5,902 Aguascalientes 12,322 Hidalgo 5,743 Puebla 11,830 Nayarit 5,522 Morelos 11,282 Querétaro 5,226 Baja California Sur 10,842 San Luis Potosí 4,345 Tamaulipas 10,709 Zacatecas 4,313 Durango 10,580 Veracruz 4,110 Chihuahua 10,480 Chiapas 1,780 Nacional 11,246 Fuente: Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad (ICESI). Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad 2005(ENSI-3). Análisis de Resultados. Septiembre 2005.

73

ANEXO 2

uente: Elaboración propia en base a INEGI. Estadísticas Judiciales en materia penal. Ed. 2001

F

ANEXO 2

Delitos materia de la consignación de los presuntos delincuentes por fuero y principales delitos 996 a 2001

1

Fuero Común

000 20, 0 0 60,000 0

Daño e

Allanamient

Arma

O

Delit

os

a

0 10, 000 3 ,00 40,000 50,000 70,00

Robo

Lesiones

n las cosas

Homicidio

Fraude

Despojo

Violación

o de morada

s prohibidas

tros delitos

Cantid d de delitos

2001

2000

1999

1998

1997

1996

Fuer ederal

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000

Narcóticos

Ley de armas de fuego

Robo

Ley de población

Daño en las cosas

Ley de vías de comunicación

Código Fiscal

Peculado

Otros delitos

Delit

os

Cantidad de delitos

o F

Homicidio

2001

2000

1999

1998

1997

1996

74

ANEXO 3

FNuente: Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad 2005 (ENSI-3)

2002 % 2003

103,639 0.9%

ENTIDADES 2000 % 2001 % % 2004 % 2005 %

guascalients 97,631 0.9% 114,040 1.0% 126,032 1.1% 127,844 1.1% 127,622 1.1%

aja alifornia 565,334 5.2% 602,043 5.3% 578,427 5.1% 590,876 5.2% 638,683 5.4% 651,777 5.4%

Baja alifornia ur

52,291 0.5% 51,007 0.4% 52,633 0.5% 51,057 0.4% 52,443 0.4% 53,234 0.4%

ampeche 66,695 0.6% 67,460 0.6% 67,175 0.6% 67,516 0.6% 68,410 0.6% 70,487 0.6%hiapas 76,761 0.7% 79,116 0.7% 78,762 0.7% 75,835 0.7% 76,900 0.7% 78,876 0.7%hihuahua 321,135 3.0% 336,455 3.0% 335,144 3.0% 346,718 3.0% 354,733 3.0% 350,852 2.9%oahuila 287,993 2.7% 315,140 2.8% 301,457 2.7% 313,311 2.7% 340,667 2.9% 349,541 2.9%

Colima 36,764 0.3% 40,811 0.4% 40,141 0.4% 38,444 0.3% 39,059 0.3% 41,031 0.3%istrito ederal 1,725,007 15.9% 1,798,682 15.9% 1,808,201 15.9% 1,684,963 14.7% 1,704,441 14.4% 1,740,185 14.5%

urango 143,465 1.3% 154,201 1.4% 150,916 1.3% 142,249 1.2% 153,712 1.3% 156,109 1.3%uanajuato 354,525 3.3% 362,162 3.2% 367,709 3.2% 364,374 3.2% 379,691 3.2% 384,102 3.2%

Guerrero 237,003 2.2% 248,543 2.2% 249,080 2.2% 255,142 2.2% 265,984 2.3% 275,287 2.3%idalgo 99,676 0.9% 110,943 1.0% 116,074 1.0% 118,623 1.0% 135,598 1.1% 139,432 1.2%alisco 911,229 8.4% 940,016 8.3

AeBC

CSCCCC

DFDG

HJ % 935,017 8.2% 918,516 8.0% 965,540 8.2% 981,001 8.2%

éxico 2,255,491 20.8% 2,317,229 20.4MM

% 2,362,983 20.8% 2,441,689 21.3% 2,428,839 20.6% 2,486,304 20.7%ichoacán 277,939 2.6% 324,945 2.9% 319,397 2.8% 357,874 3.1% 383,844 3.3% 395,489 3.3%orelos 176,225 1.6% 186,674 1.6% 186,712 1.6% 181,919 1.6% 191,935 1.6% 197,956 1.6%ayarit 51,983 0.5% 53,173 0.5% 52,073 0.5% 50,298 0.4% 51,690 0.4% 53,589 0.4%

Nuevo León 327,904 3.0% 361,052 3.2% 352,330 3.1% 307,389 2.7% 334,360 2.8% 332,708 2.8%axaca 199,603 1.8% 209,990 1.9% 207,759 1.8% 211,927 1.8% 223,459 1.9% 231,444 1.9%uebla 581,005 5.4% 620,997 5.5

MN

OP % 602,723 5.3% 672,826 5.9% 669,563 5.7% 660,159 5.5%

uerétaro 80,839 0.7% 85,424 0.8% 85,722 0.8% 82,305 0.7% 83,255 0.7% 81,116 0.7%uintana oo 166,367 1.5% 168,711 1.5% 173,110 1.5% 181,088 1.6% 183,487 1.6% 187,470 1.6%

an Luis Potosí 93,990 0.9% 100,823 0.9% 102,525 0.9% 98,186 0.9% 103,916 0.9% 102,909 0.9%

inaloa 322,926 3.0% 337,276 3.0% 343,566 3.0% 376,402 3.3% 393,325 3.3% 404,978 3.4%onora 307,623 2.8% 291,953 2.6% 294,679 2.6% 314,211 2.7% 340,453 2.9% 347,015 2.9%abasco 117,052 1.1% 120,234 1.1% 120,743 1.1% 124,504 1.1% 126,700 1.1% 128,212 1.1%amaulipas 278,827 2.6% 290,466 2.6% 299,113 2.6% 298,209 2.6% 322,516 2.7% 327,901 2.7%

Tlaxcala 60,131 0.6% 62,075 0.5% 61,304 0.5% 60,917 0.5% 62,068 0.5% 63,789 0.5%eracruz 288,038 2.7% 289,782 2.6% 288,814 2.5% 287,591 2.5% 288,938 2.4% 287,841 2.4%ucatán 234,365 2.2% 247,622 2.2% 252,333 2.2% 263,996 2.3% 259,828 2.2% 257,780 2.1%acatecas 58,068 0.5% 58,788 0.5% 61,305 0.5% 61,739 0.5% 58,496 0.5% 56,907 0.5%

acional 10,853,885 11,347,833 11,351,566 11,466,726 11,810,377 12,003,103

Porcentaje de delitos cometidos (incidencia) estimación 2000-2005

QQRS

SSTT

VYZ

75

ANEXO 4

ENTIDADES Primaria Secundaria Profesional técnico Bachillerato Porcentaje 2003 Primaria Secundaria Profesional técnico BachilleratoMÉXICO 1.7 6.7 20.1 13.5 20.8% 2441689 1.4 6.9 16.6 14.7DISTRITO FED 2.7 7.3 17.2 16.8 15.9% 1684963 1.9 6.4 20 18.2JALISCO 0.7 4.1 20.8 15.7 8.2% 918516 0.5 4.7 17.7 15.3PUEBLA 1.6 7.4 21.6 16.4 5.3% 672826 2.1 6.7 21.3 15.7BAJA CALIFO 0.6 5.5 18.9 16.8 5.1% 590876 0.8 5.9 14.9 14GUANAJUATO 1.4 6.5 24.7 14.7 3.2% 364374 1.7 6.4 35.5 14.9NUEVO LEÓN 1.2 4.4 21.3 15.3 3.1% 307389 0.6 4.5 16.4 13.8SINALOA 1.4 5.3 17.7 12.6 3.0% 376402 1 4.8 18.3 12.5CHIHUAHUA 3.9 6.5 21.4 13.6 3.0% 346718 3.6 7.5 18.3 13.9SONORA 2.1 6.2 17.8 13.1 2.6% 314211 1.8 6.9 10.9 15.4VERACRUZ 0.4 7.6 25.6 9.7 2.5% 287591 0.6 5.2 24 10.7COAHUILA 2 6.5 32 16.2 2.7% 313311 1.6 7.1 22.4 17TAMAULIPAS 1 5.3 15.3 8.9 2.6% 298209 1 5.6 14 13.5MICHOACÁN 1.1 5.3 24.1 15.1 2.8% 357874 1.1 5.1 20.5 14.6GUERRERO 1.4 5.8 23.9 16.4 2.2% 255142 2.9 5.5 22 15.7YUCATÁN 1.8 5.7 15.3 10.5 2.2% 263996 1.7 5.2 17.3 12.6OAXACA 0.2 4 30.3 15.8 1.8% 211927 0.6 4 32.5 15.6MORELOS 2.6 8.8 19.8 15.2 1.6% 181919 3.8 9 25.2 22QUINTANA RO 0.6 5.7 21.6 11.4 1.5% 181088 0.3 4.8 11.4 13.9DURANGO 0.1 4.1 28.8 17.1 1.3% 142249 1 3.8 29.2 9.3TABASCO 1.5 5 23.5 13.9 1.1% 124504 1.2 4.7 26.5 14.4HIDALGO 2.7 9.2 2.5 12.3 1.0% 118623 2.5 10.8 19.7 12.6AGUASCALIEN 1.5 5.7 22.1 14 0.9% 126032 1.6 5.6 22.8 14SAN LUIS POT 0.5 5 19.5 12.9 0.9% 98186 0.2 4.9 17.7 15.6QUERÉTARO 1.8 4.3 14.9 6.5 0.8% 82305 1.4 4.3 18.8 11CHIAPAS 1.6 8.5 16.4 12.7 0.7% 75835 2.6 5.1 19.1 12.8CAMPECHE 0.4 4.1 10.8 15.6 0.6% 67516 0.2 3.9 24.6 16.6TLAXCALA 1.2 5.9 25.5 9.7 0.5% 60917 1.4 4.9 24.8 11.6ZACATECAS 2 5.7 8.9 17.8 0.5% 61739 1.6 7 15.1 18.6BAJA CALIFO 1.2 4.3 13.8 17 0.5% 51057 1.1 4.8 37.6 16.2NAYARIT 0.7 3.5 19.5 14.2 0.5% 50298 0.9 3.1 18.3 12.2COLIMA 0.3 5.4 19 15 0.4% 38444 0.4 1.2 17.7 15.9

Porcentaje de Deserción escolar 2003- 2005 Fuente: Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad 2005 (ENSI-3)

6 7

Porcentaje de Deserción escolar 2003- 2005

Fuente: Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad 2005 (ENSI-3)

México 21.3% 2,428,839 1.3 6.4 17.7 14.8 20.6% 2,486,304 20.7%Distrito Federal 14.7% 1,704,441 1.6 6.5 19.3 18.3 14.4% 1,740,185 14.5%

Jalisco 8.0% 965,540 -0.1 6.1 -5.6 15.3 8.2% 981,001 8.2%Puebla 5.9% 669,563 1.7 7.6 18.3 15 5.7% 660,159 5.5%Baja California 5.2% 638,683 0.2 7.6 14.1 13.5 5.4% 651,777 5.4%

Guanajuato 3.2% 379,691 1.5 6.7 25 16.2 3.2% 384,102 3.2%Nuevo León 2.7% 334,360 0.4 4.8 16.5 15.1 2.8% 332,708 2.8%Sinaloa 3.3% 393,325 0.9 5.5 11.5 13.9 3.3% 404,978 3.4%Chihuahua 3.0% 354,733 3.2 8.7 18.5 16.1 3.0% 350,852 2.9%Sonora 2.7% 340,453 1.8 7.8 15.9 12.7 2.9% 347,015 2.9%Veracruz 2.5% 288,938 0.8 6.3 12.6 10.1 2.4% 287,841 2.4%Coahuila 2.7% 340,667 1.3 6.9 10.4 17 2.9% 349,541 2.9%Tamaulipas 2.6% 322,516 0.8 6.4 10.2 13.2 2.7% 327,901 2.7%Michoacán 3.1% 383,844 1.1 5.2 21.2 15.2 3.3% 395,489 3.3%Guerrero 2.2% 265,984 2.1 6 22.9 14.9 2.3% 275,287 2.3%Yucatán 2.3% 259,828 1.5 5.9 15.4 13.3 2.2% 257,780 2.1%Oaxaca 1.8% 223,459 0.7 4.2 25.6 16 1.9% 231,444 1.9%Morelos 1.6% 191,935 3.7 9.7 18.9 22.6 1.6% 197,956 1.6%Quintana Roo 1.6% 183,487 -0.2 5.6 16.8 13.7 1.6% 187,470 1.6%

Durango 1.2% 153,712 0.3 3.8 27.5 11.6 1.3% 156,109 1.3%Tabasco 1.1% 126,700 1 5.4 18.9 12.8 1.1% 128,212 1.1%Hidalgo 1.0% 135,598 2.3 12.7 10.2 11.6 1.1% 139,432 1.2%Aguascalientes 1.1% 127,844 1.4 6 19.8 14.4 1.1% 127,622 1.1%

San Luis Potosí 0.9% 103,916 0.1 3.9 23.9 17.1 0.9% 102,909 0.9%

Entidades % 2004 Primaria Secundaria Profesional técnico

Bachillerato % 2005 %

Querétaro 0.7% 83,255 1.3 4.8 14.8 12 0.7% 81,116 0.7%14.4 0.7% 78,876 0.7%17.6 0.6% 70,487 0.6%

Tlaxcala 0.5% 62,068 1.2 3.7 18.5 12.8 0.5% 63,789 0.5%Zacatecas 0.5% 58,496 0.9 7.6 1.4 18 0.5% 56,907 0.5%Baja California Sur

0.4% 52,443 1.2 4.7 29.2 16.5 0.4% 53,234 0.4%

Nayarit 0.4% 51,690 0.9 3.8 13.3 12.3 0.4% 53,589 0.4%Colima 0.3% 39,059 0.2 4 17.3 15.8 0.3% 41,031 0.3%

Chiapas 0.7% 76,900 2.1 3 9.7Campeche 0.6% 68,410 0.7 4.4 21.9

77

ANEXO 5

SEGOB SSP FASP PGR SEDENA SECMAR PresupuestTotal

1994 SEGOB 275,741.00 - - - - - 275,1995 SEGOB 327,659.00 - - - - - 327,1996 SEGOB 423,797.00 - - - - - 423,1997 SEGOB 2,044,402.00 - - - - - 2,044,

1998 SEGOB, PGR Y SECMAR

2,735,945.00- -

1,382,011.00-

121,086.60 4,239,

1999SEGOB, FASP, PGR, SEDENA,

SECMAR2,709,132.40

-4,715,000.00 1,376,587.90 1,400,000.00 90,000.00 10,290,

2000SEGOB, FASP, PGR, SEDENA,

SECMAR4,462,144.70

-5,213,900.00 1,451,587.60 400,000.00 250,000.00 11,777,

2001SSP,

FASP,PGR,SEDENA, SECMAR -

5,156,814.00 5,786,400.00 1,492,844.10 650,000.00 250,000.00 13,336,

2002SSP,

FASP,PGR,SEDENA, SECMAR -

6,388,988.30 3,210,000.00 224,440.20 1,429,174.70 250,000.00 11,502,

2003SSP,

FASP,PGR,SEDENA, SECMAR -

6,259,608.40 2,733,039.00 200,347.00 1,207,029.50 319,826.00 10,719,

2004SSP,

FASP,PGR,SEDENA, SECMAR -

6,462,687.40 2,500,000.00 250,000.00 1,140,667.00 267,562.10 10,620,

2005SSP,

FASP,PGR,SEDENA, SECMAR -

7,036,818.70 5,000,000.00 150,000.00 1,155,535.80 108,382.40 13,450,

Presupuesto del FASP por dependencia responsable 1994-2005

EDENA= Secretaría de la Defensa Nacional

Seguridad Pública

EGOB= Secretaría de Gobernación

SSP= Secretaría de Seguridad Pública

ASP= Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública

GR= Procuraduría General de la República

Dependencia responsable

del gastoAños

uente: División de Economía y Comercio del Servicio de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados

o

741.00659.00797.00402.00

043.10

720.00

632.00

058.10

603.20

849.90

916.50

736.90

S

ECMAR= Secretaría de Marina

S

F

P

F

S

78

ANEXO 6

México: Población total por Entidad Federativa. 2000-2005 (personas)

TOTAL NACIONAL 97,483,412 98,567,130 99,669,029 100,789,523 101,929,040 103,088,021

Aguascalientes 944,285 964,701 985,557 1,006,865 1,028,634 1,050,873Baja California 2,487,367 2,554,599 2,623,649 2,694,565 2,767,398 2,842,199Baja California Sur 424,041 441,148 458,946 477,462 496,724 516,764Campeche 690,689 702,428 714,366 726,508 738,855 751,413Coahuila 2,298,070 2,332,356 2,367,153 2,402,470 2,438,314 2,474,692Colima 542,627 546,501 550,403 554,333 558,291 562,277Chiapas 3,920,892 3,985,694 4,051,567 4,118,528 4,186,597 4,255,790Chihuahua 3,052,907 3,089,115 3,125,752 3,162,823 3,200,335 3,238,291Distrito Federal 8,605,239 8,618,072 8,630,923 8,643,794 8,656,685 8,669,594Durango 1,448,661 1,456,597 1,464,576 1,472,600 1,480,667 1,488,778Guanajuato 4,663,032 4,708,082 4,753,567 4,799,492 4,845,861 4,892,677Guerrero 3,079,649 3,086,975 3,094,318 3,101,679 3,109,057 3,116,453Hidalgo 2,235,591 2,254,886 2,274,348 2,293,978 2,313,777 2,333,747Jalisco 6,322,002 6,386,710 6,452,080 6,518,119 6,584,834 6,652,232México 13,096,686 13,302,899 13,512,359 13,725,117 13,941,225 14,160,736Michoacán 3,985,667 3,986,192 3,986,718 3,987,244 3,987,769 3,988,295Morelos 1,555,296 1,565,185 1,575,137 1,585,153 1,595,232 1,605,375Nayarit 920,185 924,623 929,082 933,563 938,065 942,589Nuevo León 3,834,141 3,898,003 3,962,929 4,028,937 4,096,043 4,164,268Oaxaca 3,438,765 3,455,197 3,471,708 3,488,298 3,504,966 3,521,715Puebla 5,076,686 5,138,140 5,200,337 5,263,288 5,327,000 5,391,484Querétaro 1,404,306 1,440,121 1,476,850 1,514,516 1,553,142 1,592,753Quintana Roo 874,963 921,574 970,669 1,022,379 1,076,843 1,134,209San Luis Potosi 2,299,360 2,321,497 2,343,847 2,366,412 2,389,194 2,412,196Sinaloa 2,536,844 2,551,305 2,565,848 2,580,474 2,595,183 2,609,976

Entidad 2000 20052001*/ 2002*/ 2003*/ 2004*/

Sonora 2,216,969 2,249,459 2,282,425 2,315,875 2,349,814 2,384,251Tabasco 1,891,829 1,915,447 1,939,359 1,963,570 1,988,083 2,012,902Tamaulipas 2,753,222 2,804,664 2,857,067 2,910,450 2,964,829 3,020,225Tlaxcala 962,646 981,492 1,000,708 1,020,299 1,040,274 1,060,640Veracruz 6,908,975 6,942,990 6,977,172 7,011,522 7,046,042 7,080,731Yucatán 1,658,210 1,686,128 1,714,515 1,743,381 1,772,732 1,802,578Zacatecas 1,353,610 1,354,351 1,355,092 1,355,834 1,356,576 1,357,318

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Camara de Diputados con datos de la serie históricabasada en la conciliación demográfica a partir del Censo General de Población y Vivienda de 2000 y 2005.

*/ Cifras estimadas con base a los resultados preliminares del Segundo Censo General de Población y Vivienda 2005.

79

Anexo 7 Matriz Factores de la Incidencia Delictiva

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