TEORÍA DE REGÍMENES HÍBRIDOS: EL CASO DE LA …
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1 TEORÍA DE REGÍMENES HÍBRIDOS: EL CASO DE LA ADMINISTRACIÓN TURBAY AYALA (1978-1982) JUAN PABLO GUZMÁN TORRES DIRECTOR DEL TRABAJO DE GRADO PROFESOR VICTOR GUERRERO PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES CARRERA DE CIENCIA POLÍTICA BOGOTÁ D.C. 2014
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TEORÍA DE REGÍMENES HÍBRIDOS: EL CASO DE LA ADMINISTRACIÓN TURBAY AYALA (1978-1982)
JUAN PABLO GUZMÁN TORRES
DIRECTOR DEL TRABAJO DE GRADO
PROFESOR VICTOR GUERRERO
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES
CARRERA DE CIENCIA POLÍTICA BOGOTÁ D.C.
2014
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Pontificia Universidad Javeriana
Trabajo de Grado
Juan Pablo Guzmán Torres
Teoría de Regímenes Híbridos: El caso de la administración Turbay Ayala
(1978-1982)
1. Introducción… Pg.4
a) Problemática… Pg. 6
b) Justificación del Proyecto… Pg.7
c) Objetivos... Pg.9
2. Marco Teórico… Pg.10
a) Los Regímenes Híbridos (RH) y su conceptualización... Pg.10
3. Metodología... Pg.18
a) El Enfoque Configurativo… Pg.18
4. Contextualización del Régimen Hibrido en la Administración Turbay…
Pg.24
a) La Doctrina de Seguridad Nacional… Pg.24
b) El Desmonte del Frente Nacional… Pg.26
c) Julio César Turbay Ayala... Pg.27
Elecciones Presidenciales de 1978… Pg.28
5. Análisis comparado de escenarios relevantes… Pg.32
a) Estatuto de Seguridad al amparo del Estado de Sitio en contraposición a la
Negociación con el M-19… Pg.32
b) Tratamiento del Enemigo Interno en contraposición al Reconocimiento de
Beligerancia del Frente Sandinista de Liberación Nacional… Pg.39
c) Reformas Constitucionales y Demócrata-liberales en contraposición a la
Represión y Tortura… Pg.43
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6. Resultados y Conclusiones… Pg. 53
7. Anexos… Pg.55
8. Bibliografía… Pg.56
Glosario
Amnistía Internacional (AI)
Asociación Internacional de Juristas Demócratas (AIJD)
Comité Permanente Para la Defensa de los Derechos Humanos (CPDD.HH)
Derechos Humanos (DD.HH)
Doctrina de Seguridad Nacional (DSN)
Estatuto de Seguridad (ES)
Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)
Fuerzas Militares (FF.MM)
Fuerzas Armadas (FF.AA)
Interferencia Tutelar (IT)
Julio Cesar Turbay Ayala (JCTA)
Libertades Civiles (LC)
Regímenes Híbridos (RH)
Teoría de Regímenes Híbridos (TRH)
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1. Introducción
La presidencia de JCTA (1978-1982) marca un periodo de rupturas y cambios tanto
en el plano económico como sociopolítico del país. Por un lado, el hecho de que
estos 4 años de gobierno presidencial se ubicaran en un contexto regional y mundial
de Guerra Fría, caracterizado por el incremento de disputas sociales y políticas
materializadas en conflictos armados, golpes de Estados, cambios de régimen y un
despertar de movimientos sociales en América Latina, hace pensar en el desafío que
significó para el presidente Turbay el manejo político del Estado y de la sociedad
durante un periodo de levantamientos e insurrecciones de carácter popular y el
incremento exacerbado de la violencia en el plano nacional.
Como consecuencia de un desgastamiento político y social, producto de la
inefectividad administrativa del Estado y la composición de una sociedad que,
durante su historia republicana, solo había podido conocer el reparto del poder
político conservador y liberal, el candidato victorioso de las elecciones presidenciales
de 1978 se veía en la necesidad de hacer frente a una apertura democrática del
Estado y de su gobierno, pero al mismo tiempo enfrentar un incremento exacerbado
de movilización popular y el nacimiento de grupos guerrilleros tanto rurales como
urbanos.
Por un lado se resalta carácter de transitividad política del país, siendo las elecciones
presidenciales de 1978, los primeros comicios de carácter pluripartidista posteriores
al desmonte del Frente Nacional, donde se demandaba del ex presidente JCTA el
reacondicionamiento y la transfiguración del manejo político del país por medio de
reformas democráticas y aperturas del sistema, que fueran capaces de solventar la
naciente demanda social y la exclusión política ocasionada por el sistema bipartidista
imperante durante el Frente Nacional.
Por otro lado, dado el escenario conflictivo que se presentaba en el país, luego de
un periodo caracterizado por el creciente descontento social y el incremento de
insurrecciones sociales y populares, se demandaba el fortalecimiento del aparato
estatal a través del empoderamiento progresivo de las FF.MM, tanto a nivel político
como militar, para contener una creciente escalada subversiva.
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En cuanto al contexto internacional, es necesario concebir como una variable
fundamental, la coyuntura política de Guerra Fría, la cual ocasionó –y en ciertos
casos obligó a- un reordenamiento estructural de los sistemas y regímenes políticos
de territorios nacionales a lo largo del globo. En el caso de Colombia, durante el
periodo presidencial de JCTA, este reordenamiento se evidenció en dos frentes.
Por un lado, las demandas de aquella coyuntura mundial bipolar, que de acuerdo a
la orientación ideológica y el carácter económico del momento, ubicaban a los
países dentro de aquel espectro político de alguno de los dos bloques (de las
democracias liberales o en el bloque de repúblicas socialistas), requerían de
reformas socioeconómicas que actuarán en consonancia con el espíritu político-
ideológico de cada cual. Frente a ello, la administración Turbay se vio en la
necesidad de llevar a cabo reformas económicas de corte liberal que evidenciaran
su alineación al bloque capitalista. Reformas capaces de evidenciar el crecimiento
económico y el desarrollo a través de una serie de adelantos materializados en
reformas financieras y económicas que apuntaran a la modernización del sector
industrial, pero también del aparato estatal.
Lo anterior, se vio plasmado en el Plan de Integración Nacional (PIN), cuyos objetivos
fueron la descentralización económica y el mejoramiento general de la población
mediante la integración del país, previendo inversiones por 950 millones de pesos
en distintas áreas económicas y sociales (DNP, 1978-1982), así como una serie de
iniciativas reformistas que posibilitaran la modernización del aparato estatal en un
intento por llevar a cabo modificaciones constitucionales que actuaran en
consonancia con las demandas mundiales de fortalecimiento democrático y
desarrollo económico del bloque demócrata liberal.
Por otro lado, este reordenamiento del Estado se estableció en el país por medio de
iniciativas relacionadas al fortalecimiento del aparato estatal y militar, gracias a la
influencia que tuvieron los lineamientos de la DSN a través de la re conceptualización
mundial de la noción de seguridad y del enemigo interno, así como la consolidación
de un aparato militar y policial que estuviera en la capacidad de hacer frente a la
creciente consolidación de movimientos beligerantes de carácter político-militar con
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capacidad de negociación. En el caso particular de la administración de JCTA, dicho
reordenamiento se vio materializado a través del Decreto 1923, más conocido como
el ́ Estatuto de Seguridad´, el cual según historiadores, al amparo del Estado de Sitio,
puso al país en el mismo nivel que las dictaduras del Cono Sur1, donde se evidenció
no solamente una restructuración autoritaria del aparato estatal -al otorgársele
facultades especiales al ejecutivo y legislativas y judiciales al aparato militar-, sino
también la existencia de un régimen represor, bajo el cual los elevados índices de
torturas, violaciones sistemáticas de DD.HH, LC, represión por parte de las
autoridades estatales y casos de exilio forzado, ponían en cuestión el carácter
aparentemente democrático del régimen.
a) Problemática
Teniendo en cuenta lo anterior, es posible establecer la existencia de una verdadera
anomalía política expresada a través de la armonización y convivencia de distintos
tipos de gobierno durante un solo mandato. La necesidad de propugnar una apertura
política del Estado en un contexto de transitividad política y apertura democrática, en
consonancia con el manejo de la escalada conflictiva en el país por medio de
métodos represivos como la tortura y la violación de los DD.HH, hace pensar en la
existencia de una especie de hibridación política que imposibilita su
conceptualización como un tipo de gobierno plenamente democrático o plenamente
autoritario.
Siendo repasados dichos elementos, se expone que la problemática que este trabajo
se propone resolver, se condensa en torno a la posibilidad de hallar –si es que existe-
, un entramado teórico que posibilite conceptualizar bajo una única categoría
analítica, la convivencia democrática y autoritaria que se dio durante este particular
escenario de la historia política nacional.
1 En el curso de la rueda de prensa que se llevó a cabo, durante la visita del Presidente Julio César Turbay Ayala a Francia en el año de 1979, un periodista francés que interrogó a Turbay, llegó a cuestionar, con base en las denuncias formuladas por algunas organizaciones relacionadas al hecho de que en Colombia habrían unos 500 presos políticos que padecían tortura), si el país se encaminaba hacia una aparente ´uruguayizacion´ al otorgársele un traspaso desmedido del poder a los militares. En otros casos llegó a hablarse de un fascismo dependiente y también de una democracia restringida e inconstitucional (CPDD.HH, 1980).
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b) Justificación del Proyecto
Usualmente tanto los círculos académicos como no académicos, han pretendido, a
través de un análisis teórico e investigativo -ó simplemente a través de su concepción
de realidad sociopolítica del país-, categorizar el tipo de gobierno bajo el cual el
Estado colombiano (o un mandato presidencial en particular) ha funcionado. Por lo
general los análisis que se desprenden de dicho esfuerzo analítico, terminan por
asumir resultados que imposibilitan capturar la heterogeneidad de aquellas variables
que son irreducibles a simples y unificadas esencias políticas. Este tipo de
desviaciones, en muchas ocasiones hacen alusión a la construcción de nuevos
regímenes de gobierno que residen en la añadidura de adjetivos a los tipos de
gobierno clásicos, donde se han introducido un número considerable de
conceptualizaciones derivadas de la democracia (Collier y Levitksy, 1997).
Sin embargo, dichos términos que derivan de distintos análisis, tales como la
democracia "restringida”, "controlada", "limitada", "oligarca", "elitista" y "elitista
pluralista", son para muchos autores y académicos2, desviaciones conceptuales que
no reflejan realmente la situación política del país, precisamente, dados los tintes
autoritarios del régimen político colombiano materializados en constantes
violaciones de los DD.HH y LC, así como los graves índices de represión,
desigualdad y pobreza, que conviven día a día con, lo que en primera medida se
supondría podría ser, un Estado o régimen democrático.
Con base en lo anterior, si se intentara descifrar bajo qué tipo de régimen político se
podría catalogar la administración JCTA a través del uso de herramientas e
instrumentos teóricos, el desafío no propondría un mayor esfuerzo al tomar la
consolidación de paradigmas e iniciativas políticas de forma desagregada. Sin
2 En el texto de Collier y Levitsky, Democracia con Adjetivos se señala precisamente, el rechazo que promueve el profesor en Ciencia Política Bruce Bagley. hacia la aplicación de numerosos subtipos disminuidos de la democracia en Colombia; donde por supuesto se han introducido un número considerable de términos –derivados de la democracia-, para categorizar el tipo de régimen político colombiano. Términos que para autores como Bagley no reflejan realmente la situación política del país, teniendo en cuenta los niveles de represión y violación de DD.HH en Colombia. Otros estudiosos han abordado esta cuestión de otra manera -pero manteniendo el mismo fin: el de abstenerse de clasificar a Colombia como una democracia-, ascendiendo en la escala de generalidad, estableciendo a Colombia como un régimen "civil", "competitivo" o "electoral", con el fin de evitar usar la raíz conceptual de la “democracia” para describir el régimen colombiano.
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embargo, esta mixtura o agregación de prácticas políticas, realmente propondría un
reto investigativo, si lo que se pretende es catalogar el régimen bajo una categoría
fija y abstracta. Esto, no solo por el gran espectro político ideológico del cual se
desprenden la diversidad de iniciativas, sino también por el contexto internacional
bajo el cual se enmarcaba el país a finales de la década del 70, donde se alude a la
necesidad de una transición democrática y de una renovación sociopolítica tanto del
Estado como de la sociedad, mientras el Gobierno Nacional debía hacer frente a la
creciente consolidación y fortalecimiento de los grupos armados que desafiaban la
autoridad del Estado.
Dado lo anterior, para alcanzar el objetivo propuesto, es necesario dar con un
entramado teórico capaz de resaltar la complejidad, interdependencia y transición de
los regímenes políticos, que permita a su vez, capturar en el seno de su paradigma,
la heterogeneidad de aquellas cosas que son irreducibles a simples y unificadas
esencias.
Frente a ello es propio de la investigación, distinguir que al interior de la Ciencia
Política, más específicamente dentro de la rama de la política comparada de la
disciplina, se ha recurrido recientemente al estudio y uso del concepto de RH como
medio para reducir la creciente confusión epistemológica y científica de la disciplina
que se da al estudiar el amplio abanico de casos de regímenes nacionales, los
cuales, si bien disfrutan de regímenes electorales con elecciones pluripartidistas
competitivas, también contemplan ineludibles tintes y escenarios autoritarios y
represivos.
Entendiendo que la TRH revela cómo la imbricación de prácticas políticas
democráticas y autoritarias pueden co-evolucionar simultáneamente al interior de un
marco territorial y político, es propio abrazar el caso seleccionado a la luz de esta
teoría, con el fin de establecer si las herramientas analíticas y conceptuales que nos
ofrece pueden ofrecernos alguna utilidad al momento de estudiar a fondo las
particularidades histórico-políticas del régimen seleccionado.
Es importante resaltar que, si bien se podría establecer a lo largo del S.XX, el Estado
colombiano fue el único país de América Latina que pudo –y aún puede-
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vanagloriarse de cien años de democracia casi sin excepciones, es el mismo Estado
al cual se le pueden atribuir niveles tan altos y persistentes de violencia y represión
(Gutiérrez Sanín, 2013).
Teniendo presente lo anterior, es posible establecer que el incentivo de este trabajo
por estudiar el caso particular de la administración Turbay, no fue en lo absoluto
arbitrario. De hecho se podría establecer que dicha elección se llevó a cabo de una
manera totalmente consciente, dados los sorprendentes y llamativos escenarios
antagónicos que presenta el periodo presidencial de JCTA: los cuales -a priori-
podrían encaminarnos a afirmar, que dicha noción de mixtura o de hibridez del
régimen se exacerba a niveles no comparables con otros periodos de la histórica
republicana de Colombia.3
Cabe resaltar de igual forma que dichos escenarios no fueron escogidos de forma
arbitraria, ya que después de un análisis exhaustivo del cuatrienio Turbay, estos
fueron los escenarios que, por su relevancia contextual tanto a nivel nacional como
internacional, resaltan el antagonismo democrático/autoritario en cuanto al manejo
político que el Gobierno Nacional proporcionó a situaciones de una misma
contingencia política y/o social, como por ejemplo el carácter represivo y autoritario
que se le otorgó al tratamiento de los grupos insurreccionales en Colombia, frente al
sorpresivo reconocimiento de beligerancia del grupo insurreccional FSLN.
c) Objetivo General
Analizar la administración de JCTA (1978-1982) desde el entramado conceptual e
instrumental analítico que ofrece la TRH.
3 Algunos de estos escenarios antagónicos que convivieron a lo largo del cuatrienio, aluden a la aparición y convivencia de escenarios democráticos (o si se quiere, no-autoritarios), como lo fueron la existencia de un régimen electoral pluripartidista-competitivo, las negociaciones de paz con el M-19, el sorprendente reconocimiento de beligerancia por parte del ex presidente Turbay al grupo guerrillero nicaragüense FSLN, las reformas constitucionales y económicas, el pensamiento democrático de JCTA; todo esto en consonancia con escenarios de características autoritarias y represivas (o no-democráticas) como lo fueron las violaciones sistemáticas de DD.HH, Libertades Civiles, represión por parte de las autoridades estatales, detenciones arbitrarias, casos de exilio forzado, el tratamiento del enemigo interno al amparo del Estado de Sitio, el otorgamiento de facultades legislativas y judiciales a los militares, entre otros.
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Mediante la observación selecta de una serie de fenómenos políticos ocurridos
durante el gobierno de JCTA, se busca dar cuenta de las condiciones de hibridación
al interior de un régimen que, por su carácter transitivo, al finalizar el periodo
frentenacionalista en Colombia, da cuenta de una oposición antagónica aguda –pero
también- de una existencia funcional, entre componentes democráticos y autoritarios
que se presentan al interior de un mismo régimen. Lo anterior como consecuencia
del adelantamiento de un proceso de apertura y modernización democrática en
Colombia, en consonancia y complementariedad, con el establecimiento de un
régimen represivo caracterizado en gran medida por la violación sistemática de los
DD.HH y de las libertades civiles.
c.1) Objetivos Específicos
*Analizar los elementos de gubernamentalidad estatal, puestos a punto durante el
periodo de JCTA (1978-1982) para el manejo del conflicto armado interno y la
coyuntura económica, como antecedentes para posteriores reformulaciones de
gobierno.
* Profundizar analíticamente la coexistencia de estrategias altamente represivas,
como el ES, y líneas de conducta para la apertura de la negociación con el M-19.
* Análisis de la absolutización del enemigo a través de la imposición del ES como
mecanismo de imposición domestica de la Doctrina del Enemigo Interno; frente a la
relativización del mismo a través del reconocimiento de beligerancia por parte del
Gobierno Turbay al grupo insurgente FSLN en el año 1979.
2. Marco Teórico
a) Los Regímenes Híbridos (RH) y su conceptualización
La tercera ola de democratización al final de la Guerra Fría incrementó
dramáticamente el número global de regímenes que llevaban a cabo elecciones
multipartidistas con sufragio amplio. Sin embargo estos rasgos democráticos han
aparecido en muchos países junto a la persistencia de antiguas formas autoritarias
de gobierno que a nivel institucional o inclusive social lograron sobrevivir a los nuevos
y fuertes cambios democráticos y liberales de las sociedades.
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Este fenómeno político, dio como resultado la proyección de nuevos e importantes
retos analíticos para las ciencias sociales que derivaron en nuevas metodologías de
estudio capaces de posibilitar la clasificación tipológica de dichos regímenes, las
cuales se distanciaban de las categorías clásicas de la política y daban a conocer
nuevas formulaciones categóricas que se enmarcaban en la creación de una
novedosa gama de conceptos que intentaban capturar la naturaleza mixta o “híbrida”
de muchos de estos regímenes.
Lo importante y novedoso de la TRH es que se propone trasladar la discusión y la
conceptualización de los RH más allá del marco y la etiqueta que se desprende tanto
del autoritarismo como de la democracia, para dar vida a una perspectiva alternativa
del rediseñamiento conceptual, donde se perciba más bien, al régimen híbrido como
una forma de gobierno no-autoritaria (nonauthoritarian) y no-democrática
(nondemocratic), en vez de una forma de gobierno democrática y autoritaria.
En este punto, me remito al trabajo de Gilbert y Mohseni, referente a la
conceptualización de los RH, los cuales se proponen afrontar la confusión analítica
que se ha desprendido de la literatura, no solo de los RH, sino también de las
variaciones conceptuales que se derivan tanto de la democracia como del
autoritarismo.
El objetivo de dicho análisis es proporcionar mayor claridad a esquemas
clasificatorios, argumentando a favor de un cambio en la definición de un régimen
electoral que, simplemente celebra elecciones multipartidistas, a uno que celebra
elecciones pluripartidistas y competitivas (competitive multiparty elections)4. Esto,
como veremos más adelante, con el fin no solamente de establecer límites
conceptuales que permitan diferenciar a los regímenes autoritarios de los
democráticos, sino también de identificar la esencia y hábitat conceptual de los RH.
Gilbert y Mohseni coinciden en afirmar que la problemática de dicha confusión reside
en la concepción que hasta el momento se había tenido en torno a la definición de
regímenes electorales (régimen que se distingue por llevar a cabo periódicamente
4 Lo anterior concebido como un adelanto fundamental para la sustentación teórica de la tesis y la literatura de los RH, pues emplea su esfuerzo analítico en brindar herramientas útiles para entender por qué esta re-definición de corte institucional, sistematiza y concreta el espacio conceptual que van a ocupar los RH.
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elecciones multipartidistas) , dando a entender que la solución a dicha problemática
reside en la necesidad de resolver la malinterpretación que se ha dado en torno dicha
definición inicial de régimen electoral y comprender que la eventual existencia de
este rasgo dentro de un régimen, no es un indicador suficiente para trazar un límite
claro entre los regímenes autoritarios y los democráticos e híbridos.
“Si bien muchos consideran la presencia de elecciones multipartidistas como un
indicador de un RH (…) las elecciones multipartidistas no necesariamente desafían
las clasificaciones existentes de regímenes autoritarios” (Gilbert y Mohseni, 2011).
Como se presenta en la figura 2, los autores elaboran un análisis multinivel de
regímenes a partir la escalera de abstracción propuesta por Sartori5. En ésta se
pueden observar los distintos niveles de abstracción, donde los Regímenes
Electorales y No Electorales son los conceptos de nivel más alto de abstracción
(meta level)6, los cuales organizan y distinguen los conceptos de nivel más bajo.
En la gráfica, se puede observar que el nivel de régimen electoral (meta level) es la
causa de gran parte de la confusión conceptual sobre el autoritarismo, ya que al
mirar la figura, vemos que la democracia y sus respectivos subtipos pueden
5 Los autores asumen la idea de Sartori en torno a una idea básica acerca de la organización de los conceptos, a través de la relación entre el significado de los conceptos, los casos a los que se aplicar y su posterior ubicación en la "escalera de generalidad”. Dicha escalera se basa en un patrón de variación inversa entre el número de atributos de un determinado concepto (intention) y el número de casos que pueden aplicar (extention). Por lo tanto, los conceptos con menos atributos, comúnmente se aplican a más casos y por lo tanto ocupan puestos más altos en la escalera de generalidad, mientras que los conceptos con más atributos se aplican a menos casos y por lo tanto son más bajos en la escalera. Uno de los objetivos de Sartori es mostrar cómo puede ser incrementada la diferenciación conceptual a medida que el concepto se va moviendo hacia abajo en la escalera de generalidad, aumentando así los atributos y disminuyendo la adaptabilidad de los casos. Este movimiento hacia abajo en la escalera se logra a menudo mediante la creación de lo que Sartori denomina subtipos “clásicos" del concepto raíz, que para el caso de esta investigación serán la democracia y el autoritarismo. Estos subtipos serán entendidos como casos, cuyos atributos integran completamente la definición de la raíz de la democracia (procedural mínimum) y al mismo tiempo se diferencian respecto a otros subtipos clásicos de este concepto (democracia o autoritarismo), al aumentarse sus atributos. 6 De igual manera, Sartori ofrece una propuesta para evitar el proceso inverso, es decir, el estiramiento conceptual en caso de ascender en la escalera de la generalidad de los conceptos. Ejemplo de ello es cómo la academia percibe la democracia como un tipo específico, en relación con el concepto más generalizado de régimen, por lo que si tienen dudas en cuanto a si un caso particular es realmente un régimen democrático, se pueden mover hacia arriba en la escalera y simplemente lo llaman un régimen. Sin embargo, como el hecho de cambiar a un concepto tan general como régimen implica una gran pérdida en la diferenciación conceptual, los estudiosos se han movido habitualmente a un nivel intermedio, a través de la adición de adjetivos en relación al término régimen, con el fin de generar tipos específicos que pueden ser diferenciados uno del otro. Algunos ejemplos de esta instancia a los cuales se refieren Sartori en el texto, son regímenes civiles, regímenes competitivos y regímenes electorales, entre otros.
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asociarse en la escala de generalidad a la categoría de régimen electoral (esto,
debido a que todos estos regímenes celebran elecciones multipartidistas). Sin
embargo, el autoritarismo y sus respectivos subtipos se asocian en la escala de
generalidad tanto al régimen electoral como al no electoral, ya que es posible afirmar
que algunos celebran elecciones multipartidistas mientras que otros no lo hacen. 7
Por ello, los autores proceden replanteando la definición del concepto de Régimen
Electoral, estableciendo que, a diferencia de la definición inicial -y a continuación la
solución al problema-, es que para que exista una diferenciación entre regímenes
autoritarios y regímenes democráticos (y sus subtipos) se debe garantizar la
7 En este punto, me remito a uno de los ejemplos expuestos por Juan Linz en torno al tema del debate académico que existe frente a la confusión que se da al momento de declarar la hibridez de un régimen, o su naturaleza autoritaria. Este es el caso de Egipto, y el debate académico que se ha pronunciado frente a la declaración de una presunta hibridez del régimen debido a la aparición de elecciones multipartidistas en 1970 (Schedler 2006; Ottaway 2003). Los autores manifiestan que si bien sí existió ese tipo de apertura, las elecciones nunca tuvieron un rasgo competitivo (Gilbert y Mohseni, 2011). El Partido Nacional Democrático (PND), el partido hegemónico en el poder, tuvo monopolizado el poder ejecutivo y el legislativo durante décadas, mientras que a los partidos de oposición y a los movimientos políticos y sociales, incluidos los Hermanos Musulmanes -que hasta la caída de Mubarak estuvieron políticamente vedados-, se les dio espacio limitado en la arena electoral. Hecho que determinó que el dominio del partido gobernante en la legislatura y en el ejecutivo, nunca fuera amenazado. Aunque la situación política de Egipto experimentó ligeras aperturas políticas durante el tiempo, el régimen, según los autores, nunca logró desafiar los 4 elementos del tipo autoritario discutidos por Linz: pluralismo limitado, un liderazgo relativamente sin restricciones, una población desmovilizada, y un régimen que carecía de una ideología definida.
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presencia de un régimen electoral que incluya en su seno la existencia de elecciones
pluripartidistas y competitivas (competitive multiparty elections).
“Los regímenes electorales tienen que ser redefinidos a aquellos que celebran
elecciones pluripartidistas competitivas. Este cambio aclara el espacio conceptual al
que los RH pertenecen e identifica su singulares características institucionales”
(Gilbert y Mohseni, 2011).
A partir de este cambio se dan los primeros indicios y herramientas para determinar
la existencia de los RH, pero también para trazar finalmente la línea divisoria entre
estos y su contraparte autoritaria. Lo esencial y lo novedoso de esta nueva definición,
reside en la existencia de elecciones pluripartidistas y competitivas.8
Las elecciones pluripartidistas competitivas, son aquellas en las que más de un
centro de poder con diferentes intereses socioeconómicos pueden participar y
"presentar una seria amenaza electoral a los titulares [por lo que] a mayor
competitividad, mayor es la distribución de los réditos electorales entre los distintos
centros de poder” (Sartori, 1976).9
En este sentido y de acuerdo a Sartori, existen los sistemas de partidos competitivos,
que son aquellos en los que las reglas de juego para los partidos se estructuran de
manera justa durante las elecciones. De manera que exista un orden jurídico e
institucional que promueve la competitividad del sistema. Por otro lado, están
aquellos sistemas de partidos no competitivos, en donde no se cuentan con sistema
que estructuren de manera justa y equitativa la competencia y así mismo la falta de
competitividad.
8 Carrasco señala que, “un sistema es competitivo cuando dos o más partidos consiguen resultados aproximados y el triunfo se diferencia por márgenes muy estrechos en la votación, [esto] ya que los resultados o el margen de victoria es finalmente, lo único que demuestra qué tan competitivo un sistema dado, en función de una distribución casi igual de fuerzas entre los partidos principales” (Carrasco, 2010). 9 En adición a lo anterior también señalan los autores que, otro factor importante para determinar la existencia de un Régimen Electoral, de acuerdo a la definición renovada, es la alternancia. En este punto, se sostiene que un régimen que experimenta una alternancia de poder es críticamente diferente a un régimen en el que un solo partido, durante un período sustancial de tiempo, gobierna. Lo anterior a causa de las amplias implicaciones que las alternancias de poder pueden tener sobre la dinámica del régimen, tales como la formulación de las políticas públicas y las relaciones Estado-sociedad (Gilbert y Mohseni, 2011). Una forma de determinar cuantitativamente lo anterior, proponen los autores, es comprobar que exista una alternancia electoral, al menos, de cuatro ciclos consecutivos o veinte años ya sea en presidencia y/o en la legislatura, capaces de distinguirse del requisito de longitud de un sistema de partido dominante.
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Sin embargo, -y he aquí la brecha a la cual se ha hecho referencia a lo largo de este
capítulo-, la clasificación de Sartori no tiene en cuenta los regímenes que
demuestran niveles de competitividad en el sistema y presentan elecciones
pluripartidistas, pero que aún así, tienen una competencia injusta. Dichas
características referentes a los rasgos particulares de la competencia o reglas de
juego relacionadas a la competencia en un contexto o arena electoral10, son en
últimas las que van a representar el fundamento institucional y teórico de los RH.
Como manifiestan Levitsky y Way, “los RH contemporáneos van a ocupar este
espacio teórico clave, mediante el cual se producen elecciones multipartidistas
competitivas, a pesar de contar con un campo de juego político injusto” (Levitsky y
Way 2002, 2010). Se enfatiza en el hecho de que la diferencia conceptual entre estas
dos variables -competencia y competitividad- podría evidenciarse, según Sartori, en
que la competencia es una regla en el juego político, y la competitividad es una
cualidad de la competencia (Sartori, 1970).
Teniendo en cuenta los elementos expuestos anteriormente se presenta a
continuación la reinterpretación de la primera tabla, para representar dicho
panorama:
10 Haciendo referencia al texto de Martínez Silva “Teoría y Práctica de la Persuasión Electoral”, para demostrar la existencia o no del carácter de competencia al interior de un sistema competitivo se proponen una serie de dimensiones entre las que se encuentran la disponibilidad de los electores para votar a distintos partidos, la diferenciación de las alternativas políticas y la vulnerabilidad del poder electoral del partido en el gobierno. (Martínez Silva, 2007)
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Como se puede apreciar, a diferencia de la tabla presentada inicialmente, por medio
de la redefinición de los Regímenes Electorales, se soluciona la confusión
conceptual que existía inicialmente, ya que ahora es posible trazar la línea que
separa tanto a los regímenes democráticos, como a los regímenes no-
democráticos/no autoritarios (RH), de los regímenes autoritarios. Lo anterior,
manifestando que en efecto los RH se desprenden, en la escalera de la generalidad,
de los Regímenes Electorales (es decir que existen elecciones competitivas de
carácter pluripartidista y que además se evidencian alternancias de poder
verificables).
En segundo lugar, por medio de la apropiación teórica que nace de aquella brecha
proveniente de la teoría clásica, es finalmente posible encontrar un hábitat adecuado
para las características que presenta la hibridación de los regímenes.
Como consecuencia de ese segundo punto, y en tercer lugar, es ahora posible
establecer una clasificación conceptual para los regímenes discutidos hasta el
momento, representada brevemente en la siguiente tabla:
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En cuarto lugar, si bien es posible establecer los límites entre los regímenes
autoritarios, de los regímenes democráticos y de los no-autoritarios/no-democráticos
(regímenes híbridos), es necesario precisar y ampliar los límites y diferencias que se
establecen entre los regímenes democráticos y los no-democráticos.
Con referencia a este asunto, se concluye que el elemento esencial que permitirá
establecer la diferencia entre democracias y no-democracias (RH), será determinado
por una variable cualitativa, a saber, la calidad o nivel de competencia que se da en
un determinado contexto político. En palabras de Levitsky y Way, evidenciar si existe
un campo de juego político justo –ó injusto, en el caso de los regímenes no-
democráticos- para los distintos centros de poder y/o partidos políticos.
Finalmente, haciendo referencia a Diamond y Schedler, los autores Gilbert y
Mohseni, añaden que, aunque la calidad de la competencia sea uno de las variables
fundamentales para determinar la existencia de un régimen híbrido, otro -y no menos
importante- elemento que establece dichos límites es la interferencia tutelar (tutelary
interference). Haciendo referencia al requisito democrático de no interferencia,
restricción y/o veto por parte de órganos no electos, como los militares, autoridades
religiosas, hacia la agencia de líderes electos o la legislación nacional (Gilbert y
Mohseni, 2011).
Con base en lo anterior, se puede extraer en primer lugar que provisionalmente
existen elementos provisorios para definir la esencia y la existencia de los RH. En
segundo lugar, asumimos que dichas dimensiones son tres, a saber, los niveles de
competitividad, competencia e interferencia tutelar. Lo anterior siendo muy
importante de tener en cuenta, ya que como lo afirman Gilbert y Mohseni, serán
elementos claves al momento de clasificar los distintos tipos de regímenes, a través
18
del enfoque configurativo, en las categorías de los regímenes democráticos,
autoritarios e híbridos.
3. Metodología
a) El Enfoque Configurativo
Con el fin de conceptualizar cada uno de los regímenes, sin la necesidad de pasar
por alto alguna de sus características institucionales que, en este caso pueden
traducirse en tres dimensiones, se hace necesario encontrar un enfoque y una
metodología que cuente con la capacidad de albergar la multiplicidad de casos que
se desprenden de un análisis tridimensional (análisis de tres variables, que en este
caso serán, los niveles de competitividad, competencia e interferencia tutelar).
Teniendo en cuenta lo anterior se establece que el enfoque que podría brindar mayor
claridad es el enfoque configurativo, dado que este se postula como una herramienta
metodológica no solamente capaz de tener en cuenta las cantidad de dimensiones
seleccionadas, sino también de aclarar las diferencias y similitudes que se presentan
entre los distintos tipos de regímenes a partir de su configuración al interior de una
figura geométrica que permita tener en cuenta el número de variables deseadas.
Dadas las propiedades geométricas de un cubo, las 3 dimensiones que componen
esta figura permitirán ubicar en cada uno de los ejes, las tres variables designadas
para analizar y conceptualizar los distintos tipos de régimen [altura: libertades civiles
(eje y), largo: interferencia tutelar (eje z), y ancho: competitividad (eje x)]. 11
A diferencia de otros enfoques para el análisis político con capacidades agregativas,
el enfoque configurativo es apropiado para dar cuenta de las múltiples dimensiones
de los tipos de regímenes, ya que -si bien cuenta con estas propiedades- su fin no
es el de sumar o promediar dichos atributos en una sola puntuación, por el contrario,
permite enfatizar en los patrones globales tanto de forma independiente como
agregada a través de una comparación de los regímenes, dependiendo de su
ubicación en las diferentes regiones del cubo.
11 La mitad de cada eje simbolizará neutralidad o un grado cero para dicho rasgo (numéricamente 0), y a medida que el grado del rasgo del régimen se aproxima a los distintos vértices, éste irá aumentando, a un costado del eje, de forma positiva, y al opuesto de forma negativa.
19
Como lo establecen Gilbert y Mohseni, “para los propósitos de clasificación de los
regímenes, es un enfoque capaz de crear dimensiones de régimen que pueden crear
varianza entre las distintas categorías del régimen” (Gilbert y Mohseni, 2011).
En principio, se tendrá en cuenta como primera dimensión, la dimensión de
competitividad, que como se había mencionado anteriormente, evidencia la
alternancia de los gobernantes y los impactos en concreto de la distribución del poder
en un régimen.).12
Esta dimensión en particular va a ser esencial para los propósitos de la clasificación
de los regímenes, ya que, como se demostró anteriormente, esta variable
determinará qué regímenes son autoritarios (regímenes no electorales) y cuáles
serán democráticos o, en su defecto, híbridos (regímenes electorales).13
12 Esto, evidenciándose por medio de la entrega del poder (turnover) por lo menos en una ocasión durante el transcurso de cuatro ciclos electorales para el ejecutivo y/o la legislatura, (dichos ciclos, junto a las elecciones pluripartidistas, serán unos de los componentes ausentes en las clasificaciones de regímenes autoritarios) (Linz 2000; Sartori 1976). 13 Dado lo anterior, y como se puede observar en la gráfica, los regímenes no electorales (autoritarios) se van a ubicar en distintos grados del lado derecho del cubo, donde a mayor proximidad al vértice derecho, mayor será la ausencia en índices de competitividad en el régimen. Por su parte los regímenes competitivos, es decir los Regímenes Electorales (democráticos e híbridos), se van a ubicar en distintos grados del lado izquierdo del cubo, donde a mayor proximidad al vértice izquierdo, mayores niveles de competitividad.
20
La segunda dimensión que se tendrá en cuenta serán los niveles o índices de
competencia (calidad de competencia) dentro de un régimen que, tal como se había
señalado anteriormente, a diferencia del rasgo de competitividad, tiene en cuenta los
rasgos particulares de la competencia o reglas de juego relacionadas a la
competencia en un contexto o arena electoral.
En este punto enfatizan los autores que, para mayor claridad, esta dimensión se
etiquetará como la dimensión de "Libertades Civiles” (LC). Basándose en la
comprensión de Dahl sobre las LC14, éstas se entenderán a partir de la
existencia/inexistencia de la libertad de expresión, de reunión y el derecho a las
fuentes alternativas de información, las cuales (comprobada su existencia) son
indicativos y rasgos especiales en las relaciones Estado-sociedad liberales.15
En este sentido, las LC se comprenderán como aquellas reglas de juego o rasgos
característicos de competencia justa que, por medio de un cumplimiento estricto,
pueden crear un campo de juego electoral más justo para los partidos en
competencia, donde las vías de participación ciudadana sean significativas tanto en
el ámbito social, económico y político (Gilbert y Mohseni, 2011).16
14 Según Dahl, se hace necesario establecer que dichas libertades “proveen a la democracia procedimental de condiciones mínimas si estas en primer lugar garantizan una competencia justa” (Dahl, 1971). 15 Como lo demuestra la gráfica, los regímenes con déficits en cuanto a LC (es decir regímenes iliberales, los cuales según el concepto de democracia iliberal propuesto por Zakaria, hace alusión a aquellos regímenes que combinan el sufragio universal y elecciones multipartidistas, con un notable déficit para proteger las LC) (Zakaria, 1997), se van a ubicar en distintos grados de la parte inferior del cubo, donde a mayor proximidad al vértice inferior, mayor será la ausencia en índices de LC al interior del régimen. Por su parte los regímenes que evidencian la existencia de LC (regímenes liberales), se van a ubicar en distintos grados de la parte superior del cubo, donde a mayor proximidad al vértice superior, mayores niveles de LC. 16 Cabe resaltar que en muchas ocasiones, esta violación de libertades civiles puede darse en un plano de carencia institucional o sustitutivo a la Constitución ordinaria. Es decir la violación de los elementos señalados anteriormente, suelen darse en un contexto de inconstitucionalidad o violación a los derechos fundamentales que componen la
21
La tercera y última dimensión que será tenida en cuenta, es la dimensión de
interferencia tutelar (IT). En esta, como se había mencionado anteriormente, se
analizará en qué medida los organismos tutelares y/o órganos no electorales
(dominios reservados de poder), como las fuerzas armadas, las monarquías, o
autoridades religiosas se inmiscuyen en la política y en la toma de decisiones del
gobierno democráticamente electo.
Como lo argumenta Schedler, las instituciones tutelares que limitan la agenda de los
funcionarios electos o que vetan sus decisiones, violan eslabones esenciales de la
cadena de elección democrática (Schedler, 2002). En este punto si bien se puede
afirmar que las evidencias de IT al interior de un régimen son elementos que están
casi siempre presentes en los regímenes autoritarios, es necesario señalar que
dichos elementos también son visibles en regímenes de carácter no democrático, en
este caso algunos RH.17
Carta Fundamental de un país, o también creando una especie de nueva legalidad, en donde se abroga la Carta Política del Estado para responder al encuadramiento político, económico y social del momento. 17 Como lo demuestra la gráfica, los regímenes con interferencias tutelares significativas, se van a ubicar en distintos grados de la parte frontal del cubo, donde a mayor proximidad al vértice frontal, mayor será la interferencia de dichos dominios reservados, en la toma de decisiones del gobierno electo. Por su parte los regímenes con niveles irrelevantes o nulos de IT, se van a ubicar en distintos grados de la parte posterior del cubo, donde a mayor proximidad al vértice posterior, menores niveles de IT.
22
Teniendo en cuenta lo anterior, se deriva que en la parte izquierda del cubo se
encontrarán los regímenes que tengan sistemas competitivos, por lo que a la
categoría se incluye tanto al régimen electoral democrático como a los RH.
Como lo ilustra la gráfica, existen tres subtipos diferentes de RH. Todos ellos
contando con una similitud, y es el hecho de que todos celebran elecciones
competitivas, sin embargo variando en función de su disposición particular de
atributos no democráticos, a saber, la existencia de LC (competencia) y/o IT.
El primer subtipo de régimen híbrido señalado por Gilbert y Mohseni, es el "régimen
iliberal híbrido" (1, 0, 1) (Gilbert y Mohseni, 2011), el subtipo con mayor semejanza
al concepto que Levitsky y Way denominan como autoritarismo competitivo. Dicho
régimen, se va a caracterizar entonces por contar con un régimen electoral, donde
se celebran elecciones pluripartidistas competitivas, y donde no se evidencia la
existencia de dominios reservados de poder, pero que reflejan bajo índices de LC.
23
El siguiente subtipo de régimen híbrido descrito por los autores es el régimen híbrido
tutelar iliberal (1,0,0) el cual además de contar con bajos índices de LC, tiene una
fuerte IT por parte de dominios reservados. Dando a conocer un caso que, si no fuera
por la existencia de un régimen electoral con elecciones pluripartidistas competitivas,
se aproximaría en mayor medida al abanico de casos autoritarios que al de los
democráticos.
Finalmente, el tercer y último subtipo de regímenes híbridos señalado, es el régimen
híbrido tutelar (1,1,0), el cual si bien es un régimen electoral con elecciones
pluripartidistas y además evidencia la protección significativa de las LC, tiene un
fuerte componente de interferencia tutelar por parte de los dominios reservados en
la política.
Teniendo en cuenta lo anterior, el trabajo propondrá tomar las variables y
herramientas propuestas en el marco teórico (competitividad, LC, IT), para luego, a
la luz del contexto electoral bajo el cual se dieron las elecciones presidenciales de
1978, y los pares antagónicos propuestos18 -los cuales tienen el objetivo de ahondar
en aquel carácter no-democrático a la vez no-autoritario (híbrido) del cuatrienio
Turbay-, develar en primera instancia, si efectivamente el régimen de gobierno
puesto a punto durante la administración Turbay, puede ser finalmente categorizado,
a la luz de una propuesta teórica seria, como un RH. Posteriormente, en caso de que
lo anterior se cumpla, indagar, de acuerdo a las variables otorgadas, qué tipo de RH
podría llegar a ser.
18 Pares que, aluden a la aparición y convivencia de escenarios democráticos (o si se quiere, no-autoritarios), como lo fueron la existencia de un régimen electoral pluripartidista-competitivo, las negociaciones de paz con el M-19, el sorprendente reconocimiento de beligerancia por parte del ex presidente Turbay al grupo guerrillero nicaragüense FSLN, las reformas constitucionales y económicas, el pensamiento democrático de JCTA; todo esto, en consonancia con escenarios de características autoritarias y represivas (o no-democráticas) como lo fueron las violaciones sistemáticas de DD.HH, LC, represión por parte de las autoridades estatales, detenciones arbitrarias, casos de exilio forzado, el tratamiento del enemigo interno al amparo del Estado de Sitio, el otorgamiento de facultades legislativas y judiciales a los militares, entre otros.
24
4. Contextualización del Régimen Hibrido en la Administración Turbay
a) Doctrina de Seguridad Nacional (DSN)
Con Estados Unidos como líder mundial, los líderes y elites políticas
latinoamericanas, inmersos en el contexto de la Guerra Fría, interpretaron y
derivaron a partir del comunismo, un nuevo instrumento para salvaguardar la
seguridad nacional. Este nuevo instrumento ideológico, más conocido como la DSN,
modificó de forma dramática sus relaciones con el mundo, y a su vez, la manera en
que los Estados orientaron gran parte de la actividad de seguridad nacional hacia la
defensa y contención del enemigo interno (Sánchez Cano, 1999).
Como consecuencia de lo anterior surge una teoría militar del Estado, conocida como
la DSN, la cual buscaba la supervivencia de la nación frente a todas las fuerzas
adversas y el triunfo de los objetivos nacionales, a partir de la militarización e
ideologización de la seguridad, incluyendo en su instrumentalización la ocupación de
las instituciones estatales (Comblin, 1978).
La anterior definición, siendo fundamental para los fines de esta investigación, dado
el énfasis que Comblin le otorga a la variable institucional, señalando la
institucionalización que dicha doctrina ocupa en los espacios de gubernamentalidad
y el uso de dicha doctrina por parte de las instituciones del Estado, como instrumento
para militarizar e ideologizar el concepto de seguridad.
De igual forma como señala Luis Maira, “la DSN, afirma ciertos criterios que son
indispensables para la configuración del modelo político autoritario. En primer
término, la idea de que los conceptos de seguridad y desarrollo están íntimamente
ligados, pero que el concepto de desarrollo, está subordinado al concepto de
seguridad. Mas la palabra seguridad, adquiere un sentido preciso de restricción de
los DD.HH y de los movimiento sociales como de la protesta social, para orientar la
economía hacia el desarrollismo y la preeminencia del gran capital” (Maira, 1986)
Lo interesante, será señalar la importancia de dicha ideologización en la redefinición
de la estructura y el papel de las FF.AA en el manejo del Estado que, siendo
señalado en el marco teórico bajo el concepto de IT, es una de las variables claves
para atestiguar la presencia de un régimen híbrido.
25
La unificación ideológica en torno al comunismo como enemigo, redefinió tanto la
estructura táctica de las FF.AA, como su postura política, “siendo ésta mucho más
consciente de su participación (…), desarrollando así una tendencia a permanecer
en el centro del poder, al debilitar el control de los entes civiles” (Leal, 1989).
En segundo lugar, es importante enfatizar en la importancia que tuvo el enemigo
interno para fundamentar el accionar de la DSN, pero también para entender los
niveles de represión y violación de LC en países como Colombia, durante las
décadas de los 70 y los 80. La instrumentalización del enemigo interno operaba bajo
la lógica de categorizarlo como cualquier adversario que operara dentro de las
fronteras de la nación y que pudiera llegar a ser una amenaza contra los objetivos
nacionales (Comblin, 1978)19.
En este sentido, al fundirse el concepto de enemigo clásico con la del enemigo
interno, cualquier opositor o crítico al Estado colombiano era una seria amenaza a
los valores políticos trascendentales que conformaban y caracterizaban la nación.
Dando a entender que cualquier ofensiva por parte del Estado, hacia esta nueva
amenaza, era considerada como legítima defensa.
Esta redefinición del enemigo (absolutización del enemigo) y de la seguridad, en
últimas no procuraba tener algún límite, ya que en vez de crear una seguridad
absoluta, creó mayores niveles de inseguridad en la medida en que todos los
ciudadanos podrían eventualmente ser considerados una amenaza y podrían crear
un problema de seguridad (Jiménez, 2009).
Lo anterior explicando por qué la aplicación de la DSN, bajo el argumento de la
existencia de una amenaza subversiva, justificó y legitimó un reordenamiento del
aparato estatal a nivel legislativo y judicial, por medio de decretos que ampliarán la
jurisdicción de los militares sobre la administración de la justicia con el fin de tener
un mayor nivel de libertad para el despliegue de acciones represivas y
contrainsurgentes con el pretexto de mantener el orden de la sociedad.
19 Según Comblin, estos objetivos nacionales se pueden agrupar en 3 categorías, el primer objetivo, el cual defiende un legado de valores morales (y en casos espirituales); la segunda, los elementos que construyen la idiosincrasia o características nacionales; y la última, los atributos de la soberanía en su sentido clásico (Comblin, 1978).
26
b) Desmonte del Frente Nacional
Las elecciones de 1978 llegan como un episodio de apertura y esperanza política
para muchos sectores de la sociedad, dado el contexto de posterior desmonte del
Frente Nacional en el cual se llevaban a cabo. La situación política a la cual se
enfrentaba el país durante los últimos años del Frente Nacional, no era muy
alentadora, ya que la participación de otros partidos, distintos al Partido Liberal y
Partido Conservador, se veía peligrosamente limitada y desincentivada, un tema que
generaba un sentimiento de exclusión en vastos sectores de la sociedad colombiana.
En este sentido se resalta el hecho de que las elecciones de 1978 fueron
distinguidas, dado su carácter pluripartidista a través de la apertura del sistema
político a distintas alternativas políticas, que lograron actuar en la legalidad, como lo
fueron La Unión Nacional de Oposición (UNO), Movimiento de Renovación Nacional,
Frente por la Unidad del Pueblo y la Unión Obrera y Socialista. Una situación que no
se presentaba luego de casi 20 años del sistema bipartidista hegemónico.
Sin embargo, y de manera paradójica, los periodos del post-frente nacional, también
se caracterizaban por asumir las riendas del Estado en una etapa de escalada
conflictiva donde, a finales de 1978, se visibilizaba un descontento generalizado y
etapas de exclusión política elevada, que de hecho propiciaron la irrupción de nuevas
organizaciones revolucionarias en la vida nacional, las cuales pretendían
reivindicaciones sociales, que confrontaron, mediante la lucha armada, los intereses
de la clase política dominante (Ahumada, 1970).20
Sumado a lo anterior, el periodo que asumía la presidencia de 1978, se caracterizaba
por enfrentarse a una cantidad de dificultades económicas que venían tanto de los
periodos del Frente Nacional -como del periodo de López Michelsen (1974-1978)-,
20 Esta coyuntura conflictiva, a la cual se enfrentaba Colombia a finales de la década de los 70 e inicios de la década de los 80, era una de las más acentuadas en la historia del país. En este lapso, los movimientos revolucionarios se fortalecieron, no solo en el número de integrantes sino también en el desarrollo de las técnicas de combate y su expansión en el territorio Nacional, demarcando zonas propias de acción (Ahumada, 2007). Si bien organizaciones revolucionarias como las FARC (que entre 1979 y 1983 pasó de tener 9 a 26 frentes) y el EPL, que ya habían emprendido para ese entonces un camino de más de 10 años de lucha armada, seguían creciendo, a estos se le sumaban los movimientos guerrilleros considerados de segunda generación (Pearce, 2005), los cuales desarrollaron la configuración de movimientos beligerantes de carácter político-militar como el M-19, el Quintín Lame y la ADO (Autodefensa Obrera), con capacidad de negociación.
27
producto de la ola inflacionaria nacional, ocasionada por la crisis económica mundial
de la década de 1970. Este periodo inflacionario21, que afectó tanto a la población
urbana como rural, terminó por agudizar las desigualdades económicas a razón de
la subida de precios generales, que no se vieron compensados en el salario real de
los obreros y sectores populares, los cuales, sin más remedio, fueron devorados por
la inflación.
Ante la petición popular del alza en los salarios, el control de precios y el cese de los
abusos de autoridad, la respuesta del Gobierno Nacional, fue la declaratoria del
Estado de Sitio, y la toma de medidas fuertemente represivas (Semanario Voz,
2000). Una situación que promovió un terreno fértil para que las condiciones políticas
de la región favorecieran el surgimiento de movilizaciones y de organizaciones
sociales laborales como lo fue la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), las cuales,
si bien tenían un carácter de lucha sindical urbana, participaron colectivamente a
través de distintos conglomerados sociales, en luchas populares y reivindicaciones
sociales de distinta índole (Archila, 2000).22
c) Julio César Turbay Ayala
Bajo este presagio, y coyuntura política turbia, al darse las elecciones presidenciales
de 1978, sale victorioso por el Partido Liberal, el candidato JCTA (1978-1982).
Para llegar a la Presidencia ascendió, uno a uno, todos los peldaños: concejal,
diputado, representante, senador, ministro, embajador, dos veces designado y jefe
del Partido Liberal, donde se destaca su posesión a los 21 años de edad, como
21 El periodo de “bonanza cafetera”, llamada así por los altos precios del café en el mercado internacional, coincide con la llegada al país de miles de millones de dólares procedentes de la “economía subterránea”: dineros del narcotráfico, el contrabando, las mafias, donde el Banco de la República recibía dólares sin preguntar por el origen, ocasionando una ola inflacionaria sin precedentes en Colombia. 22 Este fue el caso de FENSUAGRO y su participación en la defensa de los obreros agrícolas; el caso de las organizaciones campesinas, como lo fue la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) en solidaridad con los movimientos y cabildos indígenas como el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y el liderazgo continuo de Quintín Lame, en la reivindicación a la defensa de los derechos territoriales y en protesta a la desintegración de comunidades y la pérdida de sus medios de producción a causa del despojo de tierras por parte de terratenientes. Así como el caso de organizaciones cívicas y estudiantiles, en constante movilización frente a las deficientes garantías laborales y educativas, por medio de huelgas en el sector público y movilizaciones masivas; y el caso de los movimientos guerrilleros, con la radicalización de los discursos, de los partidos y movimientos de izquierda (Archila,2000).
28
alcalde de Girardot en Cundinamarca y su nombramiento como concejal de Usme.
Hizo parte del movimiento “Revolución en Marcha” fundado por el expresidente
Alfonso López Pumarejo en 1938, y posteriormente fue nombrado como ministro de
Minas Y Energía durante la Junta Militar que encabezó el General Gustavo Rojas
Pinilla en 1953. En 1967 fue designado a la Presidencia y asumió la dirección del
Estado durante la estadía del titular Carlos Lleras Restrepo en los Estados Unidos.
Se decía que durante su larga carrera política, JCTA se destacaba como un
ciudadano que había estado en permanente contacto con las gentes de todas las
categorías sociales, erigiéndose como un hombre de pensamiento democrático y
progresista de avanzada, llevando siempre una vida austera y republicana, con una
preocupación siempre constante por aquellos compatriotas que no habían alcanzado
todavía el bienestar social (Echavarría, 1978).
Para JCTA, la autoridad pública se debía imponer cuando fuese producto de la
democracia, pues ni la fuerza militar, ni la fuerza civil podrían hacer felices a los
hombres si maltrataban las libertades ciudadanas y las garantías sociales a que el
pueblo tiene derecho (Echavarría, 1978).
Un augurio que, lamentablemente iba a ser cuestionado – y con gran razón- dados
los mecanismos de represión y autoridad desmedida que, una vez conseguida la
presidencia de la nación, usaría para hacer frente a las contingencias sociales y
políticas del país. Hechos que, durante y posterior a su mandato, iban a ser
fuertemente criticados, tanto como para ser declarado por intelectuales y
académicos del momento como “el peor gobierno de la historia” (García Márquez,
1981).
Elecciones Presidenciales de 197823
Estas elecciones tuvieron la particularidad de llevarse a cabo durante un periodo de
ruptura política en el país, donde se designaban, por primera vez, elecciones
presidenciales y legislativas de carácter pluripartidista, posteriores a la aparición del
Frente Nacional y su desmonte.
23 El domingo 4 de junio de 1978 se realizaron en Colombia las votaciones para elegir Presidente de la República, resultando elegido el candidato JCTA, del Partido Liberal Colombiano.
29
Esto no solamente significaba un cambio fundamental en las reglas de juego que se
configuraban al interior del entramado institucional para dar como presidente a un
candidato elegido en las urnas, sino también una apertura del sistema político que
se vería reflejado en la apertura de canales de participación democrática, así como
en el número de opciones políticas materializadas en el nacimiento de nuevos
partidos políticos que posibilitaron a un sinnúmero de facciones políticas, ingresar
en la arena y el juego político de aquel momento.
Las elecciones de 1978 se dieron por medio de la vía democrática y la elección
popular a través del sufragio universal, donde se dio por primera vez en la historia
nacional, la participación de votantes que adquirieron la ciudadanía a los 18 años,
de acuerdo con lo establecido en la reforma constitucional de 1975. 24
Si bien la participación electoral de estas elecciones fue baja en comparación a
periodos inmediatamente anteriores 25 (Melo, 1978), la novedad frente a los periodos
que datan de 1956 a 1974, es la ampliación en cuanto a las opciones y facciones
políticas que se postularon para la presidencia de 1978-1982 (Noriega, 1994).
Aunque, tanto el Partido Liberal como el Partido Conservador, se posicionaban como
las opciones de mayor popularidad electoral, se sabía también que dichos partidos
estaban entrando, para ese entonces, en una crisis política de progresivo desapego
a los sectores populares a causa del empobrecimiento ideológico y la ausencia de
proyectos atractivos de cambio social y político, entre otros factores.
A causa de lo anterior y dadas las condiciones coyunturales, las elecciones de 1978
entrañaban la pluralidad política en su seno electoral, a través de la postulación de
distintas candidaturas de diversas facciones políticas que albergaban ante todo el
descontento y las demandas sociales que venían acrecentándose en aquel
momento en el país.26
24 Acto Legislativo No. 1 del 18 de diciembre de 1975. 25 El número de votantes fue casi igual al registrado en 1958, cuando el censo electoral era la mitad del establecido en 1978. 26 Entre los políticos que se inscribieron como candidatos estaban Julio Cesar Pernía, por la coalición conocida como Unión Nacional de Oposición (UNO), integrada para esos comicios por el Partido Comunista, sectores disidentes de la ANAPO (Partido de Pernía) y el Movimiento Independiente Liberal. De igual forma, se presentaron como candidaturas de izquierda, la campaña de Jaime Piedrahita Cardona del Frente por la Unidad del Pueblo (coalición integrada por el MOIR y pequeños movimientos sociales) y la campaña de Luz del
30
Como se mencionó anteriormente, estas elecciones se caracterizaron por la baja
participación política de los votantes, jornada durante la cual se registraron un total
de 5. 075. 719 votos en total. Sin embargo, es necesario resaltar que el número de
votos obtenidos por las nuevas facciones políticas postuladas para dichas elecciones
también demostraban el fortalecimiento de las bases electorales y populares de
nuevos partidos políticos, especialmente de izquierda (ver anexo No.1, donde se
muestran gráficamente los resultados electorales de 1978).
Posterior este análisis electoral, también se podrían indagar en las variables que
posibiliten establecer la existencia de un Régimen Electoral a partir de lo sucedido
en los comicios presidenciales de 1978. Como se establece en el marco teórico, las
elecciones pluripartidistas competitivas, son aquellas en las que más de un centro
de poder con diferentes intereses socioeconómicos pueden participar y “presentar
una seria amenaza electoral a los titulares”. (Martínez Silva, 2007).
Teniendo en cuenta los resultados electorales, se podría establecer que para las
elecciones de 1978, se evidenció más de un centro de poder además del Movimiento
Nacional, resaltando particularmente el respaldo electoral que las candidaturas de
izquierda y de oposición lograron obtener (alrededor de un 20% de los votos),
afirmando una mayor distribución de los réditos electorales entre los distintos
centros de poder, fundamentando el carácter pluripartidista de las elecciones. En
adición a lo anterior, también señalan los autores que, otro factor importante para
determinar la existencia de un Régimen Electoral, de acuerdo a la definición
renovada, es la alternancia. En este punto, se sostiene que un régimen que
experimenta una alternancia de poder es críticamente diferente a un régimen en el
que un solo partido, durante un período sustancial de tiempo, gobierna. Lo anterior
a causa de las amplias implicaciones que alternancias de poder pueden tener sobre
la dinámica del régimen, tales como la formulación de las políticas públicas y las
relaciones Estado-sociedad (Gilbert y Mohseni, 2011).
Socorro Ramírez por la Unión Obrera y Socialista, grupo liderado por el Partido Socialista de los Trabajadores. Adicionalmente, se presentó en representación de la facción derechista, el general retirado Álvaro Valencia Tovar, ex comandante del ejército, por el Movimiento de Renovación Nacional (MRN).
31
Como se estableció anteriormente, una forma de determinar cuantitativamente lo
anterior, proponen los autores, es comprobar que exista una alternancia electoral, al
menos de cuatro ciclos consecutivos o veinte años, ya sea en presidencia y/o en la
legislatura, que sean capaces de distinguirse del requisito de longitud de un sistema
de partido dominante. En este sentido, es necesario hacer énfasis sobre la envidiable
e ininterrumpida tradición democrática que ha tenido Colombia [exceptuando el
periodo de 1949 a 1957]27, durante los últimos 200 años, en términos electorales
(Gutiérrez Sanín, 2013).
Lo anterior a la luz de las experiencias latinoamericanas es cuanto menos un registro
por poco impecable. De hecho, si dicha cifra fuese analizada con base en los
estándares de la segunda posguerra, a nivel mundial, lo es aún más. Pocos países
en el mundo, incluyendo a la mayoría de los capitalistas desarrollados, pueden
exhibir una trayectoria semejante, ya que si bien se puede establecer que, en
términos de desarrollo, Colombia es un país del Tercer Mundo, en términos de
régimen político, Colombia pertenece a la “primera ola” de la democracia.28
(Gutiérrez, 2013).
Este análisis podría eventualmente llevarnos a señalar en primer lugar que los
comicios presidenciales de 1978, e inclusive a nivel general el Estado colombiano,
se rigió y se ha regido bajo los parámetros electorales señalados, los cuales
posibilitan categorizarlo como un Régimen Electoral, que en el plano formal, celebra
elecciones pluripartidistas competitivas.
En segundo lugar –y como consecuencia de lo anterior-, teniendo en cuenta las
herramientas teóricas planteadas, es posible negar un eventual carácter autoritario
del régimen JCTA, así como del Estado colombiano. Esto, debido a que es posible
27 Tomando como referencia temporal la Colombia republicana, después de la muerte de Bolívar, se puede establecer que Colombia solamente sufrió ocho años de dictadura (entre 1949 cuando se cierra el Congreso, hasta 1957, cuando se instala una junta de transición), de los cuales cuatro fueron de régimen militar. 28 Teniendo como referencia la definición mínima procedimental de la democracia propuesta por Collier y Levitsky, en primer lugar, es necesario establecer que, salvo unas excepciones, la rotación de las elites en el poder fue y es decidida a lo largo de la historia formalmente por medio de elecciones. Como señala Gutiérrez, aunque durante el siglo XIX estas elecciones estuvieron acompañadas por frecuentes guerras civiles, desde el comienzo hubo varios eventos en los que el partido en el poder entregó las llaves del palacio presidencial a su adversario político (1838, 1843, 1849, 1863, 1878).
32
comprobar que, durante el 95% de la historia republicana de Colombia, y durante el
régimen de JCTA, los parámetros de un Régimen Electoral han regido gracias a la
existencia elecciones pluripartidistas y competitivas legítimamente establecidas.
5. Análisis comparado de escenarios relevantes
a) Estatuto de Seguridad al amparo del Estado de Sitio en contraposición a la Negociación
con el M-19
Estatuto de Seguridad (ES) al amparo del Estado de Sitio
“Sin los militares es imposible gobernar y hoy encontramos que en todas parte esta
empresa de paz y progreso (Estado) está bajo el control de las Fuerzas Militares”29.
Antes de profundizar en lo que fue el ES expedido en 1978, es fundamental señalar
el hecho de que la instrumentalización de este aparato de seguridad, durante el
gobierno del ex presidente JCTA, fue posible por medio de la declaración del Estado
de Sitio por parte del mismo JCTA.30 Dicha figura jurídica propiciaba otorgarle
facultades extraordinarias al ejecutivo con el fin de poder decretar leyes sin el amparo
o sanción del Legislativo, al declarar que el país se encontraba en un supuesto
“estado de guerra”.
Sin embargo, como lo señala el CPDD.HH, el Estado de Sitio presentaba una serie
de irregularidades constitucionales y del Derecho Internacional –inclusive
declarándose el supuesto “estado de guerra”-, las cuales se evidencian desde el
mismo momento en el que el General Camacho Leyva, aludía en su intervención
parlamentaria a la imposibilidad de obrar con arreglo a las leyes de procedimiento
penal. 31
Apropósito señala AI que la forma en la que el Estado de Sitio se había ido aplicando
en Colombia durante tantos años corría el peligro “de convertir en costumbre y
29 Palabras del presidente JCTA. 30 Figura jurídica que se había mantenido sin interrupción desde el 9 de noviembre de 1949 en Colombia, gracias a la presunta existencia de un caso de conmoción interior en el país. 31 Este debate de la inconstitucionalidad del Estado de Sitio es profundizado a través del CPDD.HH en Colombia, donde se señala que “el Estado de Sitio no es el tránsito de la normalidad jurídica al “estado de guerra” con todas las implicaciones que supone el alineamiento de un ejército en batalla para destruir el enemigo. La guerra tiene su lugar en la Constitución y su declaración puede ser hecha por el Jefe de Estado con permiso del Senado [sin embargo, y a pesar de ello], la guerra interior no está contemplada en la Constitución, como situación que permita todo género de actos con el uso de fuerza armada” (CPDD.HH, 1980).
33
establecer como normales, procedimientos que son en sí mismo contrarios a los
DD.HH o que al menos facilitan inminentemente su violación”. Tales son los casos
de los allanamientos masivos, del control de la vida privada y social de los habitantes
de zonas militarizadas, de trabajadores detenidos en el ejercicio de actividades
sindicales, de prisioneros mantenidos incomunicados por un largo periodo en
instalaciones militares, de los juicios a civiles realizados por tribunales de las FF.AA
de la presión sobre ciudadanos que por su propio servicio a la sociedad están
obligados en consciencia por códigos de ética profesional, todos ellos justificados
oficialmente bajo el Estado de Sitio (CPDD.HH, 1980).
Sin embargo, a pesar de dicho llamamiento, las normas constitucionales relativas a
las LC y a la independencia del poder judicial estaban coartadas por, lo que se iba a
denominar, la “nueva legalidad” del Estado de Sitio, bajo la cual los procedimientos
de los servicios secretos de las FF.AA escapaban constantemente al control tanto
de la rama legislativa, como de los tribunales y jueces ordinarios.
Dichos procedimientos, derivados de las funciones judiciales permanentes que
llevaban a cabo las FF.AA, permitían mantener una vigilancia sobre la ciudadanos,
legitimada a través de la truncada aplicación del Artículo 28 de la Constitución de
1886, el cual permitía detener a cualquier persona y confinarla en lugares
desconocidos durante diez días, para luego pasarla a disposición de los jueces
militares sobre la base de las confesiones hechas sin la presencia de un abogado
(CPDD.HH, 1980).
Posteriormente y basándose en el reiterado argumento de que las graves situaciones
de orden público que estaba atravesando el país, no podían ser resueltas por medio
de los mecanismos judiciales y legislativos ordinarios, y bajo el amparo del Estado
de Sitio, luego de la proclamación del “estado de guerra”, el presidente emitió, bajo
el amparo de dicha figura jurídica, el 6 de septiembre de 1978, el Decreto 1923, más
conocido como el ES.32 Este ES estuvo conformado por 16 artículos que reforzaban
32 Como dato curioso, resalta Jiménez que, durante el proceso de estudio de la exequibilidad y aplicabilidad del Estatuto, existen evidencias de fuertes presiones sobre los magistrados que se pronunciaron en contra de este instrumento. Una serie de amenazas que se produjeron por parte de organizaciones paramilitares, entre las cuales se encontraba, la Alianza Anticomunista Americana (Triple A).
34
la ley penal existente. En este se contemplaban medidas judiciales y legislativas,
donde se aumentaban las penas en las acciones relacionadas con el orden público,
además de otorgar facultades judiciales especiales a los inspectores de policía,
alcaldes y comandantes de policía. De igual forma se habilitaba el juzgamiento de
civiles por parte de tribunales militares a través de los consejos de guerra verbales,
y concedía herramientas para ampliar las competencias de las Fuerzas Militares
respecto al mantenimiento de la seguridad nacional interna, debilitando así el manejo
natural de dichos parámetros, por parte de autoridades civiles y lo estipulado por el
orden constitucional hasta ese momento vigente.
Como lo señala Julio Salgado Vásquez, antiguo magistrado de la Corte Suprema,
frente a las modificaciones de los dictámenes del Decreto 1923, que “los artículos
primero a sexto modifican el Código Penal, en cuanto aumentan las penas de varios
delitos y crean nuevas figuras delictivas. El noveno modifica el Código de
Procedimiento Penal porque le atribuye a la justicia penal militar el conocimiento de
delitos comunes que dicho Código asigna a los jueces ordinarios. El séptimo modifica
los Códigos Penal y Nacional de la Policía. El décimo modifica también el Código de
Policía”.
Es importante enfatizar de manera reiterativa, en el hecho de que JCTA, en su
calidad de presidente y bajo el amparo del Estado de Sitio, permitiera a los militares
ampliar su margen de maniobra e influencia en todo el espectro institucional
(Jiménez, 2009). Esto con el argumento de poder cumplir con el objetivo de combatir
a la insurgencia y efectivizar la lucha contra una guerrilla que, para finales de la
década de los 70, ya había consolidado su influencia en amplias regiones del país.
En este sentido, la designación del General Camacho Leyva como Ministro de
Defensa y la reformulación del marco jurídico y legal respaldado por el Estado de
Sitio, fueron hechos bastante significativos, ya que permitieron a las Fuerzas
Armadas encontrar en un permisivo Poder Ejecutivo, el contrapunto civil, para
ampliar la influencia en torno a la restructuración política del Estado que, en últimas,
terminó filtrando la mayoría de las instituciones del aparato gubernamental.
35
En cuanto a dicho reordenamiento del marco jurídico y legal, es necesario señalar
la aplicación de la nueva legalidad, o como lo señalaría el CPDD.HH, la implantación
del Estado de Hecho con formas represivas, no contempladas en la constitución33,
donde se proveían una serie de modificaciones que contradecían el orden
constitucional, al preceptuar el carácter no deliberante de las FF.AA.
Es evidente que durante el periodo de JCTA, se propuso institucionalizar un nuevo
orden de gobierno, a través de la atribución de competencias a las altas instancias
del Ejercito en las que se procuraba ampliar la funciones militares y difuminar la
frontera entre la influencia de poder civil y militar.
Como consecuencia de ello, la institucionalización de nuevas competencias
militares, se materializaron a través del juzgamiento de delitos, el control de
manifestaciones, huelgas, paros cívicos y otro tipo de acciones colectivas (Jiménez,
2009), donde se llegaron a tomar medidas altamente restrictivas tales como el pago
de un año de cárcel por cubrirse el rostro y/o participar en manifestaciones callejeras,
e incluso, penas de hasta ocho años de prisión por llevar a cabo acciones contra el
orden público (Jiménez, 2009). Además de ello se controlaron las transmisiones de
los medios de comunicación e información, donde a través de una declaración oficial
del gobierno se señalaba que “mientras subsista la perturbación del orden público
no podrán transmitirse por las estaciones de radiodifusión y por los canales de
televisión informaciones, declaraciones, comunicados o comentarios relativos al
orden público, al cese de actividades o a paros o huelgas ilegales o noticias que
inciten al delito o hagan su apología”34
De igual forma, se creó por primera vez el delito de perturbación del orden público y
se ampliaron las modalidades del delito de asociación para delinquir, por lo que los
delitos comunes fueron juzgados por tribunales militares. De esta forma se
33 En primer lugar se señala la aplicación, emanada del Estado de Sitio al margen de la Constitución, materializada en el Decreto extraordinario número 1170 de 1978, por la cual se modificaba el Código Penal, estableciendo una causal de exclusión de la responsabilidad por homicidio en favor de los miembros de la fuerza pública cuando intervengan en operaciones planeadas para prevenir y reprimir los delitos de extorsión y secuestro, producción y procesamiento y tráfico de estupefacientes”. Esto entendido como una de las más peligrosas modificaciones que sufría el Título III de la Carta Fundamental de 1886, toda vez que en ninguna de sus disposiciones, se contemplaba la pena de muerte sin fórmula de juicio (CPDD.HH, 1980). 34 Artículo 13 del Decreto del 6 de septiembre de 1978.
36
evidenciaba la superposición por parte de la institución militar y policial de los ámbitos
de seguridad interna en la normatividad del Estatuto.
Posteriormente como medias complementarias al decreto inicial, se llevó a cabo la
promulgación del Decreto 2144 de 1978, donde se ampliaban las facultades para
interrogar y detener al que se considerase sospechoso, así como el Decreto 2482
de 1979, que dio a los tribunales militares la capacidad de suprimir la lectura de los
expedientes en los consejos de guerra a civiles.
Negociación con el M-19 y el reconocimiento del enemigo militar
La negociación que se sostuvo bajo la administración Turbay Ayala con el grupo
guerrillero M-19, debe contextualizarse a partir de dos variables fundamentales. En
primer lugar, la consolidación que, ya para 1979, el M-19 había logrado concretar en
términos de estructura político-militar. La sustracción de las más de cinco mil armas
del Cantón Norte y la Toma de la Embajada de República Dominicana, eran solo
unas de las acciones que evidenciaban el alcance que dicho grupo había logrado
definir en términos de maniobrabilidad militar, y también popular, con el
afianzamiento de amplias bases de apoyo a lo largo del país.
Se hace necesario ahondar en la importancia que tuvieron los mencionados golpes
militares por parte del M-19, pues estos van a marcar el periodo de negociaciones
que el Gobierno Nacional estuvo dispuesto a iniciar especialmente luego de las
operaciones que concluyeron en la Toma de la Embajada de la República
Dominicana en 1980, donde fueron mantenidos como rehenes a varios embajadores,
entre quienes se encontraba el de Estados Unidos, Diego Asencio.
Dicha negociación tuvo un desenlace positivo para todos los involucrados, no solo
por el hecho de que, aún después de 52 días de negociaciones y 61 días de haberse
iniciado la toma, la totalidad de los rehenes fueron liberados y los guerrilleros
llevados a Cuba para recibir asilo, sino también porque de aquel acontecimiento
nació la primera tentativa de negociación entre el Estado y la subversión, así como
la primera Comisión de Paz, creada en octubre de 1981, que encabezaría el ex
presidente Carlos Lleras Restrepo.
37
En segundo lugar se hace necesario resaltar el tono y acción conciliadora que
caracterizó al mandatario JCTA, no solamente durante la negociación de Turbay con
el M-19 al darse la toma de la Embajada de República Dominicana, sino también
durante los diálogos de paz y negociaciones que iban a mantenerse posteriormente
a dicho suceso con el M-19. Frente a ello, se resalta como uno de los propios
voceros de dicho grupo revolucionario, Otty Patiño, recordaba que Jaime Bateman
le atribuía hoy a Julio César Turbay Ayala, el comienzo de la reconciliación, donde
afirmaba que: “En la camioneta amarilla, frente a la Embajada de la República
Dominicana, con el manejo que le dio el gobierno a la crisis, se crearon los elementos
para hacer la paz”.35
En efecto, desde aquel momento,-y teniendo en cuenta las dos variables
mencionadas anteriormente-, la lucha por la consecución de una amnistía se
convirtió en bandera de amplios sectores nacionales, donde al cabo de unos días, el
20 de julio de 1980, el Gobierno Nacional, presentó ante el Congreso Nacional el
proyecto de Ley No.1, por el cual se declaraba una amnistía condicional, que no
cobijaba a los procesados o sentenciados por la justicia penal militar y exigía la
entrega de las armas ante la autoridad política, judicial o militar.
El hecho de que dicha amnistía fuera de carácter condicional, hizo que el trámite
fuera complicado, siempre acompañado por repercusiones negativas y el rechazo
de la totalidad de organizaciones guerrilleras que no aceptaban una amnistía
condicionada y recortada.
A sabiendas de dicho percance, el 23 de marzo de 1981 fue promulgada la Ley 37,
la cual se hacía vigente por cuatro meses, es decir, hasta el 22 de julio siguiente,
plazo en el cual los guerrilleros debían entregarse ante las autoridades políticas o
judiciales. Como era de esperarse, la amnistía bajo estas condiciones, no solo
generó el rechazo total por parte de los movimientos guerrilleros, sino que implicó
35 “Julio César Turbay, 1916-2005”, [online], tomado de: http://www.semana.com/nacion/articulo/julio-cesar-turbay-1916-2005/74919-3, el 20 de Octubre de 2014.
38
un mayor ahondamiento de la confrontación política armada entre Estado y guerrilla.
(Villamizar, 1997) 36
A pesar del contundente fracaso de este proceso inicial, es necesario resaltar que la
administración Turbay Ayala continuó con el proceso de negociaciones e iniciativas
que condujeran a un eventual dialogo con las organizaciones guerrilleras.
En este sentido, y ante el revés de la amnistía, se conformó, mediante el Decreto
2761 del 8 de octubre de 1981, una Comisión de Paz entre cuyas funciones estaba
la de promover el dialogo con las guerrillas y formular al Gobierno Nacional
recomendaciones reservadas sobre el tema. Esta comisión encabezada por el
expresidente Carlos Lleras Restrepo, adelantó contactos con miembros de la
guerrilla, en especial con el M-19, pero sin obtener ningún resultado y adelanto
concreto.
Frente a ello en mayo del siguiente año, los miembros civiles de la Comisión
renunciaron, cancelándose de plano cualquier posibilidad de concretar la paz
durante el mandato de JCTA.
Una medida adicional, expedida durante la administración Turbay Ayala, pero
igualmente poco convincente a las ya mencionadas, fue el Decreto-Ley 474 del 19
de febrero de 1982, mediante el cual en el transcurso de los 30 días siguiente a la
promulgación del mismo, los grupos que manifestaran su deseo de suspender
actividades, entregaran las armas y suministraran la identidad de sus miembros,
serían beneficiarios de un indulto que favorecería a sus presos. Como había
sucedido con las demás iniciativas, esta oferta fue totalmente rechazada por las
organizaciones guerrilleras (Villamizar, 1997).
En este punto cabe resaltar una particularidad, y es que, así como en muchas otras
situaciones resaltadas anteriormente, JCTA, operacionalizaba las acciones del
Estado y de la Fuerza Armada a partir de dos frentes antagónicos. Por un lado
oficializaba iniciativas para acercarse a los grupos guerrilleros a través de la
negociación, los diálogos, la diplomacia y un carácter ampliamente conciliador, por
36 En el caso específico del M-19, este grupo revolucionario demandaba al Gobierno una amnistía, pero generalizada, donde se garantizara la consumación del Estado de Sitio y por supuesto el ES, así como la represión estatal y la violación de los DD.HH.
39
otro lado, y de forma paralela, implementaba estamentos represivos, que como fue
mencionado anteriormente, eran impuestos a través en el uso desmedido de la
fuerza y la violación sistemática de libertades civiles y los DD.HH.
b) Tratamiento del Enemigo Interno (EI) en contraposición al reconocimiento de beligerancia
del FSLN
Tratamiento del EI como adversario absoluto
Con base en la coyuntura sociopolítica tanto en el contexto nacional como
internacional, durante la administración de JCTA, se prefiguraron como tareas
indispensables la lucha militar contra la subversión y el fortalecimiento de la unidad
nacional. Como lo enfatizaba el mismo presidente Turbay durante un discurso, dicha
labor no solo se implementaba como una política represiva, “sino como un conjunto
de medidas que van desde la naturaleza económica y social, pasando por las
reformas de códigos mejorando la dotación policial y perfeccionando los servicios de
inteligencia”. Sin embargo como lo expone Ahumada, la realidad social de dicho
escenario fue muy diferente, ya que no se implementaron políticas integrales que
permitieran generar mejores condiciones de vida a la población (Ahumada, 2007).
En contraposición, se enfatizó como primera medida en la acción militar, siendo la
represión y la exclusión la respuesta a los planteamientos propugnados, donde la
tortura se consolidó como un arma especial para quebrantar las organizaciones
guerrilleras y movimientos populares. Todo esto enmarcado en un contexto donde
los militares llegaron a tener una influencia sin precedentes en Colombia (Ahumada,
2007).
Lo importante en este sentido es que, como se había mencionado anteriormente, y
gracias a la influencia que tuvieron los lineamientos de la DSN, el EI empezó a
reinterpretarse como cualquier adversario que operara dentro de las fronteras de la
nación y que pudiera llegar a ser una amenaza contra los objetivos nacionales.
De igual manera, como lo señala Ahumada, la construcción del EI en el orden político
se dejó ver desde la consolidación de un orden dominante, afianzado a través de la
DSN, que se expandió a nivel del mundo obedeciendo a aspectos locales, nacionales
y globalizantes. Un instrumento político militar necesario para reforzar la identidad
40
del hacer social de los ejércitos, y una construcción ideológica que se materializó
para defender los intereses de la clase hegemónica y el lugar que los ejércitos
ocupaban dentro de la sociedad (Ahumada, 2007).
En el caso específico de Colombia, el gobierno incorporó nuevas características a
este EI, enfatizando en la reinterpretación de su configuración, donde inicialmente
era percibido como externo y se concentraba en la figura del comunismo,
interpretado como un sistema, pero que posteriormente se expandió para poder ser
identificado en actores sociales específicos que luego fueron expandiéndose hacia
los simpatizantes, los intelectuales e incluso movimientos sociales, que reclamaban
reivindicaciones sociales o respuestas populares. Como lo señala Ahumada, un
enemigo que podría ser considerado en cualquier parte como un peligro en constante
aumento (Ahumada, 2007).
Dicha reconfiguración del EI, tuvo consecuencias nefastas para la sociedad civil en
materia de LC y DD.HH. Por un lado, el ES como instrumento jurídico bajo el amparo
de Estado de Sitio y la creciente institucionalización y empoderamiento de las
FF.MM, justificaron y legitimaron, desde el plano institucional, acciones represivas
para mantener el orden de la sociedad, donde se alcanzaron índices alarmantes de
detenciones arbitrarias y casos de tortura.
En segundo lugar, es importante resaltar que, si bien Turbay en su discurso había
denominado la lucha del EI como una política integral; esta insurrección popular,
siempre se quiso identificar por parte del gobierno y las élites políticas como una
problemática meramente militar que debía ser controlada y minada por medio de la
acción militar, sin tener en cuenta las inminentes variables sociales que dieron lugar
no solo a su nacimiento sino a su posterior fortalecimiento.37
Como lo exponían sectores de la sociedad, e inclusive mandos medios de las
FF.MM, el problema de la subversión era un problema eminentemente político que
era de responsabilidad primaria del gobierno y no de los militares. El primer
37 La problemática social por la cual atravesaba el país, los niveles alarmantes de exclusión política, los índices de corrupción en los diferentes ámbitos de la vida social, la pobre especificación del derecho de propiedad sobre la tierra y su asignación inequitativa, ubicaba al aumento y fortalecimiento de movimientos guerrilleros y de movimientos populares como una iniciativa política que debía ser afrontada por el Estado en esos mismos términos.
41
responsable de la defensa nacional, de la seguridad nacional es el Presidente de la
República, no el Ministro de Defensa [que para ese entonces era el General
Camacho Leyva] (…) el militar no es sino un instrumento en manos del gobierno (…),
si no se logró extirpar el problema guerrillero, se debió a que las operaciones
militares no fueron debidamente complementadas con acciones socioeconómicas
que redimieran la región y sustentaran la autoridad del Estado”.38
Reconocimiento de Beligerancia del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)
Históricamente, el concepto de beligerancia surge a comienzos del Siglo XIX, en
respuesta a la necesidad de los Estados de asumir una posición en determinados
conflictos al interior de otros Estados. 39
La beligerancia es, en principio, la condición que detentan los Estados y los entes
no estatales, de brindárseles por parte de terceros Estados (o el mismo Estado
territorial) -en uniformidad a la naturaleza de los requisitos que imponen el
reconocimiento de la misma-40, los privilegios de guerra sujetos a los derechos y
obligaciones expuestos en la normatividad del Derecho Internacional Humanitario,
usualmente reservados a los Estados. Dichos privilegios se expresan a través del
trato de los capturados como prisioneros de guerra, el intercambio de prisioneros, el
reconocimiento de banderas de tregua, la liberación de oficiales bajo libertad
condicional y otros acuerdos tendientes a mitigar los males de la contienda (Bruffy,
1877). 41
En el contexto colombiano dicho acontecimiento iba a darse en el marco de la
administración de JCTA, bajo la cual el Gobierno colombiano evocaría el carácter
beligerante del grupo insurreccional nicaragüense, el FSLN, cuyo liderazgo
38 Palabras del Mayor General José Roberto Ibáñez, frente al fortalecimiento guerrillero durante el periodo JCTA. 39 El reconocimiento de beligerancia y su instrumentalización fue, por ejemplo, la reacción y herramienta de los Estados Unidos para evocar la legitimidad de los movimientos independentistas latinoamericanos frente al yugo colonial del Imperio Británico. 40 Condiciones que en palabras del Profesor Víctor Guerrero, se enmarcarían alrededor de la presencia de una estructura de mando, dominio territorial, capacidad de adelantar operaciones militares concertadas y prolongadas y la posibilidad de aplicar la normativa humanitaria. 41 En palabras de Rousseau, es “el reconocimiento a las fuerzas insurrectas –por lo menos en cuanto a los fines de la lucha en que están empeñadas y únicamente mientras dure la misma- de los derechos necesarios para mantener esa lucha, con todas sus consecuencias” (Rousseau, 1957).
42
revolucionario se volcaba en contra de la dictadura de la familia Somoza instalada
en el poder por cerca de 40 años.
En relación a la postura de los países pertenecientes a la región, se indica que si
bien el propósito de los países latinoamericanos se configuraba en torno al objetivo
de favorecer una transición a la democracia –que no fuera al costo de la instauración
de un régimen dependiente de Cuba-, la deplorable situación que vivía el país en
términos de libertades civiles bajo el régimen de Somoza, indujo a que los países
andinos, bajo el notable liderazgo internacional del gobierno de Colombia, tomaran
una vocería independiente y posición unificada en el concierto de los intereses
afectados (Guerrero, 2014), donde fuera posible encontrar una solución adecuada y
urgente a los graves problemas por los que atravesaba el pueblo nicaragüense.42
Dicha esta vocería unísona de países andinos frente el fenómeno revolucionario en
Nicaragua, se configuró durante la reunión llevada a cabo en Cartagena durante el
mes de mayo de 1979 con fines a celebrar el décimo aniversario del Acuerdo de
Cartagena, donde se efectuó un llamado para buscar, “inspirados en la solidaridad y
el pluralismo democráticos” (Guerrero, 2014), medidas colectivas capaces de
ofrecer soluciones adecuadas y urgentes a los graves problemas que afrontaba el
pueblo del país centroamericano.
Luego de llevarse a cabo dicha reunión y concordar un encuentro con el General
Anastasio Somoza, conducida por las cancilleres de Ecuador y Venezuela, donde se
confirmó la decisión del dictador de mantenerse en el poder; el 16 de junio de 1979,
los ministros de Perú, Venezuela, Bolivia, Colombia y Ecuador, proclamaron una
declaración conjunta en nombre de sus miembros sobre la situación de Nicaragua
(Guerrero, 2014), cuyos numerales 2° y3° dispusieron:
“La lucha armada que actualmente se desenvuelve entre el Gobierno actual y vastos
sectores del pueblo nicaragüense ha asumido tales características de permanencia,
42 Frente a ello se resalta que el liderazgo de Colombia en el foro de los países del Grupo Andino “resultaría decisivo para que se procediera al reconocimiento de la condición de beligerantes de las fuerzas insurreccionales sandinistas que se encontraban ya en una situación de superioridad militar irreversible frente a las fuerzas militares somocistas ya en franco proceso de desmoronamiento y retirada”. (Guerrero, 2014).
43
profundidad y acción bélica abierta, que ponen de manifiesto un verdadero estado
de beligerancia”
“Que esta situación bélica, considerada objetivamente, obliga a reconocer como
beligerantes a las fuerzas populares que en este momento se encuentran en pugna
con el Gobierno de Nicaragua, lo que así comunicamos oficialmente a los efectos de
que tales fuerzas gocen del tratamiento y las prerrogativas que, con arreglo al
Derecho Internacional, les correspondan y cumplan con las obligaciones que éste
impone a los combatientes legítimos”.
Este, podría decirse, fue uno de los hechos más controversiales, en el marco de
administración Ayala, no solo por el contraste que significaba a la luz de las medidas
no-democráticas que fueron tomadas, especialmente en el manejo del conflicto
armado interno y su respuesta político-militar del Gobierno al incremento en las filas
y acciones de grupos insurreccionales y movimientos de carácter social en el país,
sino también, dada la ruptura que se marcaba en cuanto al lineamiento político
nacional que previamente a la administración Turbay,- inclusive de la misma filiación
política al anterior, como lo fue la administración López Michelsen- se venía llevando
en relación a la lucha de insurrección social y armada en Colombia.
El reconocimiento de beligerancia hacia el FSLN y el liderazgo de Colombia a nivel
regional en cuanto a dicha iniciativa política, ubicaban –en ese contexto- a la
administración JCTA como una de las más progresistas de la región. Esto no solo
por las implicaciones que dicha posición significaba frente al continuo e histórico
emparejamiento político-ideológico de Colombia en relación al liderazgo imperial
estadounidense y la interiorización de las doctrinas de seguridad en el marco de la
lucha anticomunista.
c) Reformas constitucionales demócrata-liberales en contraposición a la represión y tortura
Reformas Constitucionales Demócrata-liberales
Si bien, una gran parte de los análisis políticos en relación a la administración Turbay
centran su mirada en el indudable carácter represivo y autoritario de su gobierno, el
pensamiento democrático de JCTA, viéndose este materializado en reformas
constitucionales y modernizantes del aparato estatal, así como en cifras concretas
44
referentes a un avance significativo en materia de Política Social y desarrollo
económico, son bases fundamentales que evidencian la materialización política, de
un pensamiento progresista, fundado en el propósito de una reorganización
democrática de la estructura orgánica del Estado, de la economía y la sociedad.
Aunque este apartado busca hacer una breve referencia a cifras y hechos concretos,
lo importante no recaerá simplemente en llevar a cabo un estudio sobre la gestión
política y económica del periodo, sino más bien resaltar bajo qué preceptos y
configuraciones mentales se fundamentaba el pensamiento progresista, democrático
y modernizante de JCTA, plasmado y evidenciado en la fallida reforma constitucional
de 1979.
Lo anterior también con el fin de que el análisis pueda ser posteriormente analizado
a la luz de su par antagónico en el marco del manejo gubernamental, el cual será
ejemplificado en torno a la política autoritaria y represiva llevada a cabo durante la
administración JCTA.
Uno de estamentos mentales de mayor incidencia para Turbay, fue la necesidad de
reformar el anticuado régimen político y administrativo de los departamentos y
municipios, así como el deficiente sistema que regulaba la prestación de servicios
públicos a través de una gestión de planeación nacional que incentivará el progreso
integral del país a través de programas de descentralización política y económica.
En este punto cabe resaltar que dichas modificaciones y reformas constitucionales
iban a ser agrupadas y manifestadas por medio del acto legislativo No.1 de 1979, el
cual fue posteriormente declarado inexequible por la Corte Constitucional en fallo del
3 de noviembre de 1981 por vicios de procedimiento en su tramitación, pero que
años más tarde, en algunos puntos específicos, iban a ser promulgados como
reformas indispensables para la necesaria modernización del aparato
gubernamental.
En este sentido, a través del mencionado acto legislativo de 1979, se disponía de
una herramienta jurídica que albergara en su seno una serie de reformas de carácter
progresista, en las cuales se previeran modificaciones que le apostaran a la
restauración del congreso a través del reforzamiento de los mecanismos de control
45
político y del estatuto de los congresistas, así como la restructuración de la variación
orgánica y funcional de la administración de justicia mediante la creación del Consejo
Superior de la Judicatura y la instauración del cargo del Fiscal General, que debería
implantar un sistema semi-acusatorio, en sustitución del inquisitorio.
Por su parte, en materia económica y de desarrollo se propugnaba, por medio del
acto legislativo, la existencia de un Plan de Desarrollo Social y Económico en el cual
fuera posible señalar los propósitos nacionales y las metas, prioridades e inversiones
de la acción del Estado para impulsar la descentralización político-económica, el
desarrollo regional integral y la participación de los diversos sectores de la sociedad
y de la economía, donde –enfatiza JCTA en su programa de gobierno- el municipio,
por medio del aumento -en la más alta proporción posible- de sus ingresos fiscales
y la dotación de auténtica autonomía para el señalamiento de las prioridades y la
ejecución de las obras –en armonía con los planes generales de desarrollo-, llegara
a ser reivindicado como uno de los niveles fundamentales de gobierno43 (Plataforma
de gobierno del candidato Doctor JCTA, Discurso del 7 de mayo de 1977).
En cuanto a la descentralización política y la igualdad representativa en la toma de
decisiones, la plataforma de gobierno de Turbay propugnaba por un adecuado
régimen de democratización en la manera de designar las autoridades
representativas de las entidades territoriales. Para ello se disponía mediante el
parágrafo 2 del artículo 17 del mencionado acto legislativo del 79:
“crearse una Comisión Permanente compuesta por veintisiete miembros en
representación de los departamentos el Distrito Especial de Bogotá y los Territorios
Nacionales, trece de los cuales serán elegidos por el Senado, uno de ellos en
representación de Bogotá y catorce por la Cámara, cuatro de ellos por los Territorios
Nacionales, a razón de uno por cada circunscripción electoral para la Cámara; que
vigilará la ejecución del Plan y la evolución y los resultados del gasto público”.
43 Turbay Ayala veía como indispensable una reforma de estas características puesto que para ese momento era innegable la existencia de un desequilibrio anómalo en las relaciones recíprocas de los niveles de gobierno. Para ese entonces, en Colombia era considerado como un grave problema para el desarrollo democrático e integral, el hecho de que las entidades territoriales no tuvieran acceso a los organismos de decisión económica y en cierta forma estuvieran marginadas del proceso del desarrollo.
46
En cuanto a la descentralización económica se señalaba que el total de la
apropiación presupuestal, que cada año señalara la ley con base en propuesta del
Gobierno, sería distribuido entre los departamentos por partes iguales y una cantidad
proporcional para los territorios nacionales, sin que pueda existir diferencia en las
asignaciones que señalen los congresistas de una misma circunscripción electoral.
En relación a los avances que permitieran reacondicionar la dinámica constitucional
de los órganos del Estado, Turbay otorgó un énfasis especial a la rama judicial,
donde se efectuaron una serie de planteamientos en torno a reformas que
permitieran solucionar los vicios administrativos que se generaban en la rama a
causa del sistema de elección de funcionarios de los tribunales y juzgados, junto con
el blando reforzamiento del estatuto de independencia de los jueces y magistrados,
los cuales estaban en manos de los nombramientos y remociones provenientes del
ejecutivo, así como la inconveniente permanecía indefinida de los magistrados y
consejeros en sus cargos.
Frente a ello señalaba el mismo JCTA que, “todo lo que sea inhibir al gobierno y a
los jueces de caer en tentaciones corruptoras es defender la garantía de
independencia de los administradores de justicia y proveer al mejoramiento de la
fisionomía de nuestro Estado de Derecho”. En este sentido las modificaciones frente
a dicho tema, que se propugnaban en el acto legislativo de 1979, se configuraban
por medio de dos iniciativas esenciales.
En primer lugar se procuraba la creación de una institución encargada de administrar
la carrera judicial, vigilar y sancionar la conducta de los funcionarios y empleados de
la rama judicial y de conocer de las faltas disciplinarias en que incurrieran los
magistrados y jueces y los abogados en el ejercicio de la profesión, así como resolver
los conflictos de competencia entre distintas jurisdicciones. Esta institución que
pretendía ser efectivizada a través del acto legislativo de 1979, sería el hoy Consejo
Superior de la Judicatura. 44 En segundo lugar, pero no menos importante, JCTA,
44 De igual forma se establecía que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado pasaban a tener un período individual fijo: ocho años, y su nombramiento se efectuaría por cooptación atenuada: serían elegidos por la respectiva corporación de listas elaboradas por el Consejo Superior de la Judicatura. La Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado serían paritarios, los otros cargos de la rama judicial serían de carrera.
47
veía como una medida complementaria el robustecimiento de la independencia
funcional de los jueces a través de la organización efectiva de la carrera judicial,
mediante la cual se pudiera regular la estabilidad de funcionarios con la formación
profesional independiente apta para regir la calidad de sus funciones como
magistrados. En este mismo sentido, es indispensable señalar que, durante el
proceso de modernización y restructuración del aparato estatal, en el seno del
pensamiento progresista de JCTA, se configuraba la creación del cargo de Fiscal
General de la Nación, el cual debía encargarse de la dirección de la Policía Judicial
y de ordenamiento de la investigación de los delitos, entre otras funciones. El Fiscal
era nombrado por un período de 6 años por la Corte Suprema de Justicia, de lista
enviada por el presidente con no menos de 5 nombres pertenecientes a distintos
partidos políticos (art. 43).
Otras medidas adicionales que versaban en torno al reforzamiento de los
mecanismos de control político y del estatuto de los congresistas se resaltan
modificaciones en donde se contemplaba la posibilidad de que los congresistas
pudieran perder su investidura por dos razones: la infracción al régimen de
incompatibilidades y al de conflictos de interés, y faltar en un período legislativo
anual, sin causa justificada, a 8 sesiones plenarias (art. 13).
Represión y Tortura45
Las irregularidades constitucionales, sumadas al incremento exacerbado de
desapariciones forzadas, violencia política, violación de DD.HH y la prolongada
imposición del Estado de Sitio en Colombia, -el cual se había mantenido de forma
ininterrumpida desde el 9 de noviembre de 1949,- promovió la realización de una
45 Este apartado se apoyará sobre la evidencia que nos proporciona la anulación y malversación de importantes enmiendas constitucionales y del Derecho Internacional que, durante el periodo presidencial de JCTA, fueron efectuadas en favor del adelanto de operaciones jurídicas y militares. En vista de lo anterior, AI consideraba que aunque Colombia había firmado y ratificado convenciones y pactos internacionales sobre Derechos Humanos, su prolongado Estado de Excepción hacía inefectivas las garantías para la protección de normas reconocidas a nivel internacional y consagradas en las Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (entre los cuales se especificaba la violación de los artículos 3, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 20 y 23),el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (especialmente sus artículos 4,6, 7, 9, 14, 17, 19, 22 y 25), la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 (Resolución 3452, aprobada el 9 de Diciembre de 1975 por la Asamblea General de la ONU), la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos. (Al, 1980).
48
misión por parte de AI, la cual visitó por primera vez a Colombia del 5 al 31 de enero
de 1980.46 Según el CPDD.HH, el motivo de la visita de dicha delegación, se
fundamentaba a partir de la profunda preocupación de AI por las denuncias de
arrestos políticos masivos, torturas y juicios militares en Colombia, particularmente
desde el Paro Cívico Nacional de 1977. Denuncias que se multiplicaron durante 1979
a partir de la promulgación del Estatuto de Seguridad, apoyado en el Estado de Sitio.
(CPDD.HH, 1980).
En primer lugar es necesario hacer énfasis en la información que recibió Amnistía
Internacional sobre los numerosos casos de arrestos políticos y detenciones
preventivas que se habían registrado en Colombia, donde se señalaba que la
mayoría de los detenidos eran miembros de organizaciones campesinas, indígenas
y sindicales, periodistas, abogados, organizaciones de DD.HH, estudiantes y
habitantes de barrios marginales 47 (AI, 1980).
Con base en las denuncias y testimonios realizados por detenidos, que fueron
visitados por AI, la delegación pudo configurar el procedimiento típico mediante el
cual se realizaban las detenciones, donde se señalan las irregularidades cometidas
en sus diversas fases. Como se señala en el informe de AI “la operación se inicia
con el allanamiento de la residencia de la persona, practicada en las primera horas
del amanecer, sin mostrar ninguna orden de autoridad competente, acompañándose
el acto de atropellos contra las personas, sin que se deje acta firmada sobre el
material incautado y causando normalmente graves daños en los inmuebles.
Posteriormente el detenido es conducido a dependencias militares donde permanece
por varios días, incomunicado, sin posibilidad de dar aviso ni a su familia ni a su
abogado; en ocasiones con los ojos vendados, esposado, de pie la mayor parte del
46 “Entre los objetivos de la misión figuraba el investigar la protección efectiva de los DD.HH en una situación en la cual una serie de medidas excepcionales han sido puestas en vigor. Esas medidas de excepción incluyen fundamentalmente el Estado de Sitio, el reciente ES y un número de decretos que amplían la jurisdicción de los militares sobre la administración de la justicia” (AI, 1980). 47 Como lo señala AI, aquellas detenciones de estas personas en particular, vulneraban “las garantías internacionales que consagran el derechos a la libertad de conciencia y el derecho a no ser detenido arbitrariamente, como también la libertad de asociación, organizaciones y negociación colectiva de los trabajadores” (AI, 1980), amparada por las Convenciones 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo y los derechos de los indígenas protegidos en la Convención 107, además de los derechos de los campesinos de construir organizaciones rurales expresados en la Convención 141 de este mismo tratado.
49
tiempo y privado casi totalmente de alimento y sueño. Durante varios días el detenido
es sometido a interrogatorios intensos, a cualquier hora del día o de la noche,
practicados por agentes de inteligencia militar quienes ocultan su identidad, sin
presencia de abogado defensor, no pocas veces sometido a diversos métodos de
coacción y tortura psíquica y física. Entre tanto, el detenido es presentado, en
algunas ocasiones ante los medios de comunicación como un delincuente cuya
culpabilidad ya habría sido establecida. Finalmente, el detenido es puesto a
disposición de los jueces militares para que inicien el proceso que culmina en el
consejo verbal de guerra” (AI, 1980).
De igual forma es necesario resaltar, los métodos mediante los cuales se solía llevar
a cabo el proceso de detención de las personas, al efectuarse constantemente la
práctica de detención arbitraria de personas por patrullas militares sin orden judicial
y por motivos indeterminados. Lo anterior no solamente evidenciando la consecución
de prácticas que irían en contraposición a lo estipulado por los artículos de la Carta
Fundamental48, sino también los niveles el poder penal y procesal que iba ganando
para ese entonces el aparato militar a su favor.
Por su parte, señala AI, que dicho carácter no deliberante de las FF.AA, se
evidenciaba a partir de los procedimientos de la justicia militar, por medio de los
cuales se incurría en numerosos casos de tortura (CPDD.HH, 1980), denunciados
por organismos nacionales e internacionales, donde además “se sostiene que
durante los diez días de la aprehensión existe una especie de limbo, en el cual el
detenido carece de toda comunicación con sus allegados y parientes o con el
abogado defensor sin estar incluido en un proceso penal determinado (…) Estos días
multiplicados por otras tantas noches han sido utilizadas en numerosos casos para
extraer confesiones que conducen a una incriminación sobre la base del testimonio
de la misma persona. Todo esto es arbitrario y anormal” (AI, 1980).
48 Como lo informa el CPDD.HH -en contravención con lo dictado por el artículo 28 de la Carta Fundamental-, “las gestiones de los detenidos para conocer los dictámenes del propio gobierno, esto es –y según como lo establecía ley- del Presidente y uno de sus ministros, por medio de ordenes formales de captura, nunca eran escuchados” (CPDD.HH, 1980).
50
Por otro lado, cabe resaltar el socavamiento de la independencia y jurisdicción de
los tribunales civiles, -violándose la normativa internacional-, al evidenciar que solo
en 1979 hubo 9 cortes marciales importantes para juzgar a 427 civiles. Igualmente,
durante la visita que realizó AI, se señaló el desarrollo de un juicio masivo, de
carácter secreto, ante tribunales militares para examinar los casos de 219 personas
acusadas de rebelión y sedición (CPDD.HH, 1980).
Dicha transferencia de buena parte de la competencia jurisdiccional a los militares,
trastocó en gran medida los parámetros fundamentales del derecho penal
colombiano en tanto que la misma Constitución de 1886 instituía a los tribunales
militares específicamente para juzgar solamente “los delitos cometidos por los
militares en servicio activo y en relación con el mismo servicio”49
En este sentido los principios que estaban consagrados en el Artículo 14 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Artículo 8 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, donde se estipula el derecho del acusado a
saber los cargos que se están invocando contra él, el derecho del acusado a
examinar el expediente de su caso, el derecho del acusado a interrogar los testigos
del fiscal, el derecho del acusado a que se le escuche, el derecho del acusado a
presentare sus propios testigos, el derechos del acusado a tener un abogado
defensor y poder reunirse con él en privado, el derecho del acusado a apelar a un
tribunal superior y de apelar a un juicio público; fueron en su totalidad quebrantados
y violados por los tribunales militares instaurados durante el periodo Turbay.
Según algunos testimonios recopilados en el Informe de AI, se estipulaba que de los
pocos abogados defensores, muchos se vieron obligados a retirarse de los consejos
verbales de guerra por falta de garantías procesales y personales además de
impedírseles la comunicación con su apoderado. De igual forma en varias ocasiones
la lectura del expediente durante el consejo verbal de guerra era la única oportunidad
que tenía el procesado y parcialmente su apoderado de enterarse de los cargos
formulados en su contra, (en muchos otros casos dichos cargos se constataban
como pruebas secretas).
49 Artículo 170 de la Constitución Política de 1886 de la República de Colombia.
51
Con referencia a las situaciones de tortura presentada en el país, los delegados de
AI, asumieron la tarea de recopilar testimonios y evidencias médicas, recogidas en
todas las ciudades visitadas, con el fin de determinar la existencia y la magnitud de
la tortura en el país. De igual forma se encargó un delegado médico, especialista en
análisis de secuela de tortura, para el estudio de diversos casos teniendo en cuenta
el marco jurídico internacional de la Declaración sobre la Protección de todas las
Personas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes y las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos.
Los delegados aseveran que, durante su visita, recibieron numerosos testimonios de
tortura y denuncias de malos tratos no solamente por parte de la mayoría de presos
políticos de las cárceles visitadas en todo el país, sino también por parte de antiguos
presos y sus familiares, así como de organizaciones políticas y profesionales (AI,
1980). El informe además señala que un buen número de estos testimonios de
tortura no estaban acompañados de certificados médicos ya que el acceso a un
examen médico oficial era prácticamente imposible durante el momento en el que
el preso se mantenía incomunicado al interior de las instalaciones militares.
Basándose en dichos testimonios, AI, afirmaba, sin temor a equivocarse, que “en
Colombia se tortura a presos políticos en las dependencias militares en una medida
tal que no se pueden considerar como casos excepcionales y fortuitos sino, al
contrario, como un práctica sistemática”. (AI, 1980)50
Posteriormente prosiguen estableciendo que de los mismos testimonios extraídos,
se dedujo la práctica de aproximadamente 50 formas de tortura, todas ellas
clasificables dentro de los tratos crueles inhumanos y degradantes expuestos en la
Carta de Naciones Unidas, entre las cuales se señalaba “la tortura psicológica que
incluye la privación sensorial y las amenazas contra los parientes más allegados; la
tortura física, consistente en golpes, punzadas, quemaduras, ahogamientos,
colgamientos; y métodos más sofisticados practicados en centros clandestinos,
50 Entre los organismos públicos y organizaciones nacionales que respaldan dicha afirmación realizada por Amnistía Internacional se cuenta El Instituto de Medicina Legal, la Asociación Colombiana de Juristas Demócratas (Carta enviada al Presidente de la República el 6 de febrero de 1979), el Foro Nacional por los Derechos Humanos y la Asamblea Departamental de Antioquia.
52
como la aplicación de corrientes eléctricas en las zonas más sensibles del cuerpo y
la administración de drogas” (AI, 1980).
De lo anterior no solamente se deduce la grave situación bajo la cual se sumieron
los componentes civiles de una sociedad en constante detrimento por las fuerzas
represivas del Estado, sino también el empoderamiento irregular que surge al
adjudicarse las FF.MM, en sí mismas, las atribuciones para arrestar investigar y
juzgar sin orden previa. Como lo afirma AI, era habitual que, con base en la obtención
de tales atribuciones, la autoridad reclamara y admitiera como válidos los informes
anónimos de los interrogantes que solían extraerse a base a pruebas obtenidas bajo
la tortura y tratos inhumanos.
Finalmente como lo señala el Informe de mayo de 1980 de la Asociación
Internacional de Juristas Demócratas (AIJD), con sede en Bruselas, Bélgica, sobre
la represión en Colombia, se asevera que en el transcurso del año 1980 ,1373
personas habían sido detenidas por los servicios de inteligencia militar, que
practicaron más de 1600 allanamientos, donde se señala además que los consejos
de guerra verbal de Bogotá, Medellín, Tunja y Villavicencio habían sometido a su
jurisdicción a 497 civiles que en su gran mayoría no estaban inculpados por hechos
concretos de violencia, sino de actividades vinculadas a reivindicaciones sindicales,
protesta popular o progreso social, incurriendo en la posibilidad de ser condenados
a penas de hasta 30 años de prisión (Informe de la AIJD, 1980). Se señala además
que de estos detenidos, que se encuentran en diferentes establecimientos
carcelarios e instalaciones militares, el 10% son mujeres de distintas edades aunque
con predominio de jóvenes de las profesiones más diversas como agricultoras,
trabajadoras manuales, estudiantes y educadoras, donde la tortura es practicada
sistemáticamente, en casos bajo los cuales debido a los excesos se ha provocado
la muerte de la víctima. (Informe de la AIJD, 1980) 51
51 Así ocurrió con Marcos Zambrano en Cali; con Jaime Posada, concejal de Turbo; con Darío Arango, también concejal, el cual fue torturado hasta la muerte en las instalaciones militares del Magdalena Medio; y José Vicente Camelo (Informe de la Asociación Internacional de Juristas Demócratas, 1980).
53
6. Resultados y Conclusiones
Todos los hechos señalados anteriormente hacen alusión a la existencia simultánea
de situaciones, iniciativas y políticas democráticas, que convivieron a lo largo de una
misma administración con prácticas y medidas de corte autoritario. Lo importante
aquí será resaltar tanto la existencia como la magnitud de los niveles de
contraposición que se daban entre hechos de la misma contingencia política, los
cuales dieron cuenta de una de las administraciones más progresistas, pero a la vez
más autoritarias de la historia política de Colombia.
El resultado que arroja la investigación, teniendo en cuenta el análisis en su totalidad,
no solamente establece que el entramado teórico que mejor vislumbra esta anomalía
política es la de los RH, sino que además las herramientas conceptuales que brinda
-y que de forma sorprendente se adaptan al caso seleccionado-, permiten establecer
que la administración JCTA es particularmente un régimen híbrido tutelar iliberal, que
a pesar de contar con bajos índices –si no es que nulos- de LC, y con una enérgica
IT por parte de las instituciones militares, cuenta también con un Régimen Electoral
legitimado a partir de elecciones pluripartidistas competitivas.
Lo particular de este caso (que a mi parecer podría llegar a aproximarse en mayor
medida al abanico de casos autoritarios que al de los democráticos, dados los niveles
desbordantes de represión y prácticas de corte autoritario), es que el análisis llevado
a cabo hace énfasis en la estructura y evolución de un pensamiento democrático y
progresista que JCTA logró plasmar en los proyectos de reformas constitucionales y
políticas de 1979, así como en el carácter conciliador y negociador que asumió frente
al creciente conglomerado de grupos insurgentes y de movilización popular en el
país. Hecho que, si bien no es tenido en cuenta por las tres variables analíticas
seleccionadas, no puede ser en lo absoluto pasado por alto, ya que no solo podría
acentuar -aún más- en el carácter/nivel de hibridación del régimen, sino porque
además permitiría generar indicios para la creación de una nueva variable analítica
que tenga en cuenta la personificación del mandatario.
A pesar de lo anterior, se justifica que este trabajo investigativo logra esclarecer y
postular una categoría política capaz de brindar herramientas analíticas que
54
consideren la particularidad del caso escogido. Esto, sin optar por malversaciones
teóricas que podrían llegar a obviar aquellas variables que son irreducibles a simples
y unificadas esencias políticas. Tipologías que intentan resolver el problema
conceptual a partir de la añadidura de adjetivos (Collier y Levitsky, 1997), que no
tienen la capacidad analítica y teórica para abarcar pares antagónicos contrapuestos
a tal magnitud. A continuación se presenta la visualización gráfica de los resultados,
donde es posible distinguir -en el costado izquierdo inferior de la parte frontal del
cubo-, la ubicación de una administración que contó con elecciones pluripartidistas
competitivas, niveles bajos o inexistentes de LC y una IT manifiesta.
Por último, luego de aterrizar dichas herramientas conceptuales a este caso
particular, es posible vislumbrar los avances que la presente investigación brinda,
para crear antecedentes oportunos que funcionen en posteriores reformulaciones de
gobierno, o inclusive en estudios de mayor alcance que hagan alusión a una posible
hibridación totalizante del Estado colombiano.
55
7. Anexos
Anexo No.1: Resultados Electorales de las Elecciones Presidenciales en Colombia
de 1978.
56
8. Bibliografía
Turbay Ayala, JC.(1982). Hechos y cifras: Colombia Presidente (1978-1982).
Editorial Presencia.
Velandia, W. (1985). Análisis de las políticas económicas periodo presidencial del
Doctor Julio César Turbay Ayala plan de integración nacional 1978-1982.
Afanador Ulloa, M. (1993). Amnistías e indultos la historia reciente (1948-1992).
Ediciones ESAP.
Duque Escobar, I. (2008). Julio César Turbay Ayala: itinerario de una vida. Editor
Octavio Ospina Escobar.
Duque Escobar, I. (2003). Escritos sobre Julio César Turbay Ayala. Ediciones Grupo
Coremar.
Turbay Ayala, JC. (1982). Continuidad democrática. Editorial Albon.
Turbay Ayala, JC. (1980). Respuesta del gobierno colombiano al informe de amnistía
internacional. Presidencia de la República.
Colombia Departamento Nacional de Planeación (DNP). (1980). Plan de integración
nacional (1979- 1982). [s.n.]
Echavarría Olózaga, H. (1977). Pensamiento democrático de Julio César Turbay
Ayala. Editorial Paulinas.
Ahumada, M. (2007). El Enemigo Interno en Colombia. Ediciones Abya-Yala.
Santos, E. (2004). Entre el autoritarismo y la democracia en Colombia: un estudio
comparado del estatuto de seguridad de 1978 y la política de seguridad democrática
de 2002.
Salgado Vásquez, J. (1987). Inconstitucionalidad del Estatuto de Seguridad.
57
Gilbert,L. / Mohseni, P. (2011). Beyond Authoritarianism: The Conceptualization of
Hybrid Regimes. Springer Science & Business Media.
Collier,D. / Levitsky.S (1997). Democracy with Adjectives: Conceptual Innovation in
Comparative Research. World Politics.
Martínez, S. / Salcedo, R. (1998). Manual de Campaña: Teoría y Práctica de la
Persuasión Electoral. Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración
Pública.
Zakaria, F. (1997). The rise of illiberal democracy. Foreign Affairs.
Gutiérrez Sanín, F. (2013). El orangután con sacoleva cien años de democracia y
represión en Colombia (1910-2010). IEPRI.
Guerrero, V. (2014). El Reconocimiento de beligerancia.
Sartori, G. (1970). Concept of Misformation in Comparative Politics. The American
Political Science Review.
Schedler, A. (2006). Electoral Authoritarianism: The Dynamics of Unfree Competition.
Lynne Rienner Publishers.
Linz, J. (2000). Totalitarian and authoritarian regimes. Lynne Rienner Publishers.
Diamond, L. (1988). Beyond authoritarianism and totalitarianism: strategies for
democratization. Hoover Institution, Stanford University.
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. (1980). Represión y
tortura en Colombia informes internacionales y testimonios nacionales. Ediciones
Suramérica.
Archila, M. (1995). Protestas Sociales En Colombia 1946-1958. Revista Historia
Crítica.
58
Melo, J. (1978). El Frente Nacional: reformismo y participación política (1978).
Colección de artículos sobre historia de Colombia.
Noriega, C. (1994). Las elecciones en Colombia: siglo XX. Revista Credencial
Historia.
Rousseau, C. (1966). Derecho Internacional Público. Editorial Ariel.
