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Minuta:

“AUGE” de la Ciudad – Ciudad Justa La gran reforma urbana que el país necesita

— Propuesta Programática —

Por Alberto Undurraga V.

Maipú, 8 de abril de 2009.

Se trata de definir un conjunto de estándares con el fin de que cada

barrio, de cada ciudad en Chile, alcance niveles de justicia y prosperidad.

Y así como el “Plan Auge” en el sector salud e implementado por los

gobiernos de la Concertación implicó un mejoramiento en la calidad de vida

de miles de chilenos que vieron “garantizada su atención médica” frente a

determinadas enfermedades definidas por la ley, en el futuro, el Estado deberá

garantizar ciertas medidas mínimas en cada barrio del territorio nacional para

que los vecinos ejerzan su ciudadana, vivan mejor y más felices.

Desarrollo

1. Los urbanistas y sociólogo en general, sostienen que la dinámica urbana

actual (en América Latina, y por tanto en Chile), se caracteriza por su

fragmentación, es decir, por la separación de funciones y elementos

espaciales, ya no -como antes- en una dimensión grande (ciudad rica-

ciudad pobre, zona habitacional-zona industrial), sino en una dimensión

pequeña. Hay urbanizaciones de lujo que se localizan en barrios muy

pobres; hay centros comerciales repartidos por todas partes de la ciudad;

y barrios marginales que entran en los sectores de la clase alta. Por ello,

vemos crecer los muros y cercos, barreras que separan pobreza de la

riqueza y la exclusividad. Todo lo cual no es un fenómeno privativo de

los barrios altos, sino que también de los de clase media y baja, asunto

que se percibe claramente en Maipú, comuna reflejo del Chile grande.

2. Ante esta fragmentación, durante los gobiernos de la Concertación

hemos desarrollado e implementado políticas públicas tendientes a la

recuperación de espacios públicos, y sobre todo focalizadas en el tema

de la prevención y la seguridad ciudadana, restringiendo el fenómeno

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a un mero tema de protección de la propiedad privada y a evitar hechos

delictuales contra las personas.

3. No obstante, persiste un problema central: que junto con las políticas de

justicia social para los más pobres, toda la ciudadanía (la clase media de

Chile) perciba niveles de mejor calidad de vida y de prosperidad

familiar y comunitaria, concepto que lo ligamos íntimamente con el de

“felicidad social”.

4. Lo anterior implica, por ejemplo, el derecho de los barrios a contar

con la policía necesaria conforme a la cantidad de sus habitantes; que

cada barrio tenga los accesos a la centros de salud y establecimientos de

educación garantizados sin obligar a los vecinos a mayores

desplazamientos con el consecuente problema de transporte; que los

sitios eriazos no se transformen en basurales; que cada comuna aporte

equitativamente a hacer sustentable la ciudad; que cada barrio construya

su identidad sobre forjadores de su propia historia, que las ferias libres

sean un motivo de orgullo y no “un mal necesario”; que las empresas

instaladas en los barrios se hagan cargo de su responsabilidad social,

etc.

5. La mirada ciudadana del barrio en búsqueda de la justicia social, en

términos valóricos y doctrinarios, fruto de nuestra identidad partidaria,

tiene alcances para el desarrollo de un discurso moderno y más

aglutinador, que es el concepto de “prosperidad”, y que en definitiva

no es más que recuperar su significado del latín (“el curso favorable de

las cosas”), que de modo aun más simple podríamos traducirlo como:

“que le vaya bien a todos”.

6. En esta lógica, los barrios se deben constituir en espacios de desarrollo

donde confluyan sinérgicamente diferentes fuerzas o actores sociales

que aporten su respectivo capital para constituir un sistema

multiplicador de felicidad social. El estado, mediante el gobierno

central y los municipios, deben tener un rol protagónico (probablemente

con una eyección especial de recursos frescos), pero también el sector

privado en alianza con el público, y sobre todo con el protagonismo de

las organizaciones, entidades y espacios propios de los vecinos.

7. Así concebida esta propuesta, que podría ser argumentada incluso

teológicamente para ahondar en nuestra raíz cristiana, tiene

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consecuencias políticas que implican una verdadera oportunidad,

imposible de desechar sobre todo cuando se está ante la posibilidad de

liderar la continuidad en la construcción de país y que la Concertación

ha impulsado en estos últimos casi 20 años.

8. Entre las consecuencias políticas tenemos que:

a. Una reforma de la ciudad en el siglo 21 sólo puede estar a la

altura de la gran reforma educacional de los noventa o de la

reforma procesal penal que le cambió la cara a los tribunales

chilenos. O de la reforma en infraestructura que le siguió, y de la

gran reforma previsional a la que hemos asistido en el último

gobierno, sin olvidar los grandes avances en materia de viviendas

sociales dignas.

b. Una reforma urbana sobre la base de la justicia y la prosperidad

es un elemento movilizador para la ciudadanía actual cuyos

aspectos políticos constitucionales escapan a su intervención más

directa. Dice relación con la equidad de espacios públicos y

privados, con la equidad de género, con la equidad cultural, con

las oportunidades para los jóvenes, para realizar vida sana y

deportiva.

c. Un quinto gobierno de la Concertación que será forjado en

tiempos de Bicentenario (2010-2018), es también una

oportunidad distinta, con una mirada de país puesta en el futuro y

que invita a los gobiernos locales con contenidos y recursos.

d. El enfoque ciudadano de los problemas globales, percibidos en el

barrio (en el mundo local), son también la continuidad de un

acierto político de la Concertación que se reflejó con el triunfo

de Michelle Bachelet y que ahora no puede ser entregado en

bandeja a la derecha.

e. Y finalmente, en la lid de la campaña electoral, la reforma

urbana de los barrios para una ciudad justa y próspera, es una

anticipación con contenidos a la revelación de los intereses

inmobiliarios de Sebastián Piñera.