I. Sistema penal

1. Por sistema penal se entiende el conjunto de agencias que operan la criminalización (primaria y secundaria) o que convergen en la producción de ésta. En este entendimiento, cabe hablar de sistema en el elemental sentido de conjunto de entes, estas agencias no operan de modo coordinado sino por compartimentos estancos, o sea, cada una conforme a su propio poder, con sus propios intereses sectoriales y controles de calidad respectivos.

En el análisis de todo sistema penal deben tomarse en cuenta las siguientes agencias: (a) las políticas (parlamentos, legislaturas, ministerios, poderes ejecutivos, partidos políticos); (b) las judiciales (incluyendo a los jueces, ministerio público, auxiliares, abogados, organizaciones profesionales); (c) las policiales (abarcando la policía de seguridad, judicial o de investigación, aduanera, fiscal, de investigación privada, de informes privados, de inteligencia de estado y, en general, toda agencia pública o privada que cumpla funciones de vigilancia); (d) las penitenciarias (personal de prisiones y de ejecución o vigilancia punitiva en libertad); (e) las de comunicación social (radiotelefonía, televisión, prensa); (f) las de reproducción ideológica (universidades, academias, institutos de investigación jurídica y criminológica); (g) las internacionales (organismos especializados de la ONU, la OEA, etc.); (h) las transnacionales (cooperaciones de países centrales, fundaciones, entes para becas y subsidios).

Estas agencias se rigen por relaciones de competencia entre sí y dentro de sus propias estructuras. La competencia es más acentuada y abierta en algunas de ellas, como las de comunicación social (por el mercado de audiencia, por el poder político de los formadores, por anunciantes, etc.) y las políticas (competencia entre poderes, ministros, partidos, bloques, candidatos, aspirantes a cargos partidarios y lideratos, etc.)

Semejante grado de competencia abre la puerta para la apelación a discursos clientelistas, aunque se sepa que son falsos: el más común es el reclamo de represión para resolver problemas sociales y el temor a enfrentar cualquier discurso represivo con efectos proselitistas.

Se reduce el espacio reflexivo y, por ende, los discursos que lo requieren se desacreditan. De este modo la reiteración refuerza la falsa imagen del sistema penal y del poder punitivo como medio pretendidamente eficaz para resolver los más complejos problemas sociales, que la urgencia de respuestas efectistas impide analizar con seriedad.

El producto final de esta competitividad suele resultar en leyes penales absurdas, pugnas por proyectos más represivos, sentencias ejemplarizantes y una opinión pública confundida y sin información responsable.

Las agencias de reproducción ideológica (especialmente las universitarias) no son ajenas a la competencia interna y tampoco a los efectos de la combinación señalada 66. Corren riesgo de perder peso político en la medida en que deslegitimen el poder punitivo; los operadores que contrarían el discurso dominante pierden puntos en la pugna por asesorar a los operadores políticos o para escalar en las agencias judiciales, y corren el riesgo de verse superados por sus opositores en los concursos a cátedras, de perder financiación para investigaciones, etc. Como resultado de ello seleccionan a sus propios operadores en forma preferente entre los que comparten el discurso, lo racionalizan o lo matizan, pero evitan a quienes lo rechazan.

Las agencias penitenciarias son las receptoras del proceso selectivo de la criminalización secundaria. Se encuentran amenazadas por todas las demás agencias y deben sobrevivir enfrentando el riesgo de motines, desórdenes y fugas, que las precipitan a la comunicación y las colocan en situación vulnerable frente a las políticas.

Las agencias policiales sólo se expresan a través de sus cúpulas; la voz del resto de sus integrantes es cuidadosamente evitada. Su estructura jerarquizada y militarizada impide que sus operadores puedan desarrollar y manifestar criterios independientes de la reproducción de los discursos cupulares, rígidamente funcionales ante la alta vulnerabilidad de la agencia al poder político.

El discurso dominante está tan introyectado entre los clientes de esas campañas como entre quienes cometen los ilícitos, de modo que la propia campaña de ley y orden tiene efecto reproductor a guisa de incitación pública al delito68.

9. Todo lo señalado no pasa de ser una simplificación ejemplificativa de la formidable complejidad de las contradicciones de cualquier sistema penal y de las relaciones que pretende ordenar. A esto deben agregarse otros elementos que son imponderables: el marco político y económico concreto en cada uno de sus momentos; el cansancio público provocado por el exceso de información no procesada; la propaganda desleal (presentación de supuestos expertos); la reiteración de falsedades que adquieren status dogmático; la manipulación de los miedos y la inducción del pánico, etcétera.