Sentencia que condena por lavado de dinero en la Provincia de Misiones

7/28/2019 Sentencia que condena por lavado de dinero en la Provincia de Misiones

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Poder JuPoder JuPoder JuPoder Judicial de la Nacindicial de la Nacindicial de la Nacindicial de la Nacin

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En la ciudad de Corrientes, Capital de la Provincia del mismo nombre,

Repblica Argentina, a los 10 das del mes de mayo del ao dos mil trece, seconstituye el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes, en la sala de

acuerdos y deliberaciones del Cuerpo, bajo la presidencia del seor Juez de

Cmara, doctor VCTOR ANTONIO ALONSO, e integrado por los seores Jueces

de Cmara, doctora LUCRECIA M. ROJAS de BADAR y doctor FERMN AMADO

CEROLENI, asistidos por la Secretaria autorizante, doctora SUSANA BEATRIZ

CAMPOS, para dictar sentencia en la causa caratulada: "PEDRO NORBERTO

SNCHEZ Y OTROS S/ ENCUBRIMIENTO DE LAVADO DE ACTIVOS DE

ORIGEN DELICTIVO ART. 278 DEL INC. l" AP. A) Y B) C.P, ExpedienteN721/10, en la que intervienen el seor Fiscal por ante el Tribunal, doctor German

WIENS PINTO y el seor Fiscal ad hoc, doctor Fabin MARTINEZ, en

representacin del Ministerio Pblico Fiscal; por la defensa de los imputados los

seores defensores particulares, doctores Jorge Adrin BARBOZA (por Ever

Sergio Gabriel SISI), Ricardo SOSA y Patricia RAMIREZ (por Aubria GALEANO),

Rubn Eduardo VERN (por Rosana Estela RODRIGUEZ, Pedro Norberto

SNCHEZ y Selva Beatriz SNCHEZ), Mariano DAVILA y Vctor Hugo BENTEZ(por Jos Luis GALLINARI); Juan Carlos COULLERI y Claudio F. SUSINI (por

Jorge Antonio VILLALBA); los imputados: Pedro Norberto SNCHEZ, apodado

"Beto", DNI N 17.307.837, argentino, divorciado, d e 47 aos de edad,

comerciante, domiciliado en Ruta Nacional N117 Km s. 8 de la ciudad de Paso de

los Libres Ctes, hijo de Teodoro Snchez (f) y de Vicenta Gonzlez; Jorge

Antonio VILLALBA, apodado "Tito", DNI N21.584.000, de 41 aos de ed ad,

soltero, comisionista, nacido en Paso de los Libres el 22/02/71, domiciliado en

Pasaje Medina s/n de Paso de los Libres, instruido, hijo de Restituto Villalba y de

Lidia Itati Lemes (f); Ever Sergio Gabriel SISI, (a) Tula, de 41 aos de edad, de

estado civil soltero, de ocupacin carpintero, de nacionalidad argentina, instruido,

nacido en Paso de los Libres el 19 de octubre de 1971, D.N.I.N22.106.258,

domiciliado en Chacra 198, Lote 3 de la ciudad de Paso de los Libres, hijo de

Mrtires Sisi (f), y de Lilian Gamboa; Aubria GALEANO, (a) Auri, de 47 aos, de

estado civil divorciada, docente, argentina, nacida en La Cruz, provincia de

Corrientes, el 11/12/65, D.N.I.N17.582.903, domic iliada en Alemania 1.665 de laciudad de Posadas, provincia de Misiones, hija de Carlos Galeano y de Ramona

Pedrozo, ambos fallecidos; Rosana Estela RODRGUEZ, de 27 aos de edad, civil

soltera, de ocupacin comerciante, argentina, nacida en Jardn Amrica, provincia

de Misiones, el 14 de marzo de 1985, D.N.I.N31.32 8.795, domiciliada en ruta

117 km.8 de la ciudad de Paso de los Libres, instruida, hija de Cesar Rodrguez y

de Claudia Dos Santos; Jos Lus GALLINARI, (a) Gallo, de 49 aos de edad,

casado, de ocupacin empleado, argentino, nacido en Paso de los Libres el 17 de

diciembre de 1964, D.N.I.N17.121.122, domiciliado Barrio 255-mz C, casa 12, de

la ciudad de Paso de los Libres, hijo de talo Jos Gallinari (f) y Elba Rivelis; Selva


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Beatriz SNCHEZ, (a) Chela, de 46 aos de edad, casada, de ocupacin

comerciante, argentina, nacida en Paso de los Libres el 10 de junio de 1966,D.N.I.N17.877.395, domiciliada en calle Brasil 559 de la ciudad de Paso de los

Libres, hija de Teodoro Snchez (f) y de Vicenta Gonzlez. Seguidamente el

Tribunal tom en consideracin y se expidi sobre las siguientes:

Cuestiones:

Primera: Corresponde hacer lugar a la oposicin a la incorporacin de

pruebas solicitada por la defensa? Existen nulidades que declarar en la causa?

Corresponde hacer lugar al pedio de inexistencia de acusacin requerido por la

asistencia tcnica?

Segunda: Est probado el hecho y la participacin de los imputados?

Tercera: Qu calificacin legal cabe aplicar y, en su caso, qu sancin

corresponde?

Cuarta: Corresponde la imposicin de costas y regulacin de

honorarios profesionales?

Practicado el sorteo correspondiente, resulta que los seores magistrados

fundarn su voto en forma conjunta.-A la PRIMERA CUESTIN, los Jueces de Cmara dijeron:

1. La acusacin provisoria contenida en el RECJ (fs.6847/6861):

Que se inicia el debate en la presente con la lectura del requerimiento de

elevacin de la causa a juicio, formulado a fs.6847/6861 por el Fiscal Federal del

Juzgado Federal con asiento en la ciudad de Paso de los Libres, doctor Benito A.

PONT, as como del auto de elevacin.-

La acusacin provisoria contenida en el Requerimiento de Elevacin de la

causa a Juicio responsabiliz:

(a)- a los seores Jorge Antonio VILLALBA, Pedro Norberto SNCHEZ,

Ever Sergio Gabriel SISI, Aubra GALEANO, Rosana ESTELA RODRGUEZ, Jos

Luis GALLINARI y Selva Beatriz SNCHEZ por la comisin de un primer hecho

consistente en haber convertido (transformado), transferido(cedido o trasladado),

vendido (transmitido a ttulo oneroso), o aplicado de cualquier otro modo, desde el

ao 2000 hasta la fecha de su detencin, los bienes detallados en dicha pieza

procesal, provenientes de los delitos de transporte de estupefacientes y tenenciade estupefacientes con fines de comercializacin art. 5 inc. d, ley 23.737- con

relacin a los hechos que tuvieron como protagonistas a Ramn Froiln MNDEZ,

Oscar PIRIS, Cristian Domingo Gustavo PIRIS, Mara Micaela MEZA, Daniel

Francisco DARNET, Silvio Daro VIERA, Mariano Martn TOLEDO, Pedro Celestino

RODRGUEZ, Diego Orlando SNCHEZ, Ramn Rubn GMEZ, Sergio Daniel

Enrique AHEL, Silvio Daro VIERA, Carlos Miguel ANDRADE PIEYRO, Luis

Adriano SNCHEZ, Fidelino Ramn ARGUELLO, Ellis Gabriel

GIERSZTANOWICZ, Claudio Ariel CARBONELL, Diego Froiln MNDEZ, RamonaIsidoro GAMBOA, Marcelo Fabin FAGNDEZ, Antonio Fabin SANDOVAL y


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Sergio Gabriel ORIONE, con la consecuencia posible de que los bienes originarios

o por subrogacin adquirieron un origen lcito, superando los $ 50.000 establecidoscomo elemento del tipo objetivo en el art. 278 inc. 1, ap. a) y b) del Cdigo Penal

(t.o. 25.246).-

(b) a Pedro SNCHEZ por un segundo hecho materializado sobre la

base de que el nombrado habra coaccionado a los funcionarios de la Polica

Aeroportuaria (art. 149 bis, prr. sgdo., y 149 ter, inc 2, ap. a) del C.P.) el da 07

de marzo de 2007, aproximadamente a la hora 19:00, en oportunidad de concurrir

a dicha sede y entrevistarse con el funcionario de esa fuerza Jos Luis

GALLINARI, a quien en la ocasin le obsequi varias cajas de municiones dedistintos calibre y le dijo que "... l saba de sobremanera que estaba siendo

investigado por Fuerzas de Seguridad de Paso de los Libres, pero que no le

importaba dado que ya tena identificado quienes eran y que a su vez posea

muchos contactos a todo nivel... "', pretendiendo de ese modo obligar a los

preventores a no continuaran con la investigacin que se llevaba adelante,

buscando as obtener una concesin o medida negativa por parte de miembros de

los poderes pblicos.

Entre las distintas imputaciones el MPF estableci una relacin de concurso

material (art.55 CP).

Cabe recordar que el tercer hecho por el que haban sido acusados

provisoriamente Pedro Norberto SNCHEZ, Jorge Antonio VILLALBA y Jos

Luis GALLINARI,consiste en que SNCHEZ y VILLALBA habran tenido en su

poder armas de fuego sin la debida autorizacin (art. 189 ter inc. 2, apartado a)

del Cdigo Penal), y, por su parte, GALLINARI habra tenido y acopiado en su

poder armas de fuego, piezas y municiones de aqullas, sin la debida autorizacin(art. 189 bis inc. 2, prrafo segundo, y 3, prr. primero del C.P.), fue declarado

nulo por resolucin N49 de mayo de 2012 (fs.7158/7161vta.).

La hiptesis fctica descripta por el actor penal y que fuera objeto del

contradictorio -identificada anteriormente en los ptos. (a) y (b) precedentemente-

establece, en trminos esenciales, que las presentes actuaciones tuvieron origen

mediante una denuncia (fs. 2) efectuada por el seor Adolfo F. OLIVA por ante la

Fiscala de la ciudad de Paso de los Libres, en la que el denunciante manifest

haber recibido en su domicilio particular una pieza certificada que contena una

misiva que aluda a cierta cantidad de "marihuana" que se estara trayendo desde

el Paraguay, identificndose al seor tito Villalba como uno de los responsables

del ilcito. Dicha persona, segn se afirmaba en la misiva adjunta a la denuncia, en

poco tiempo habra comprado varias propiedades. En razn de la misma se solicit

al Escuadrn 7 Paso de los Libres de Gendarmera Nacional que practique todas

las diligencias pertinentes y tiles, a resultas de lo cual la referida unidad elabor el

informe obrante a fs. 11/13 donde se hizo saber que el aludido "Tito Villalba" setrataba de Jorge Antonio VILLALBA, destacndose en el informe que se desplaza


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habitualmente en un vehculo marca Fiat Siena, dominio "CIW-141", propiedad de

Eldaz Teresa NOLASCO; en un Fiat Palio, dominio "EYU-633" -propiedad delmismo Villalba- y una camioneta marca Chevrolet, dominio "DQO-453", tambin de

propiedad del nombrado. Adems consignaba el informe que en reiteradas

oportunidades se pudo ver el vehculo mencionado en ltimo trmino en un local

en construccin ubicado en Ada. Juan Freyche S/Nd e esta ciudad frente al

Autoservicio "Yacar", figurando en el cartel de obra como propietario "JAV", esto

es, Jorge Antonio VILLALBA. Se pudo establecer adems que el referido Villalba

se desempeaba como encargado de la Whiskera "Roxi", ubicada en la RN N

117, en el acceso a la ciudad de Paso de los Libres, cuyo propietario era PedroNorberto SNCHEZ, domiciliado realmente en calle Buenos Aires N15 de la

ciudad de Posadas (Mnes.), quien registraba como antecedente un acta por

infraccin a la ley 22.415. Se inform tambin que esta persona -SNCHEZ- se

desplaza habitualmente en un vehculo Peugeot 206, dominio "EWF-580", de su

propiedad y de su esposa Aubria GALEANO, y tambin en un Fiat Siena, dominio

"CIW-141", ya identificado anteriormente. Todas esas persona -conclua el

informe- estaran operando en actividades de contrabando, fundamentalmente de

cigarrillos extranjeros.-

Luego, segn relata el Fiscal, Gendarmera Nacional hizo saber que Jorge

Antonio VILLALBA se desplazaba junto a otra persona de nombre Ever Sergio

Gabriel SISI (quien registraba un acta prevencional por supuesta infraccin a la Ley

22.415), y utilizaba habitualmente un vehculo marca Volkswagen Gol, dominio

"CKA-552", propiedad de Jos OSVALDO CONTAVALLE, y tambin en un

vehculo marca Fiat Duna, dominio "TTZ-313", propiedad de ngel Oviedo

DUARTE. El primero de dichos dominios fue visto en reiteradas oportunidades enla Whiskera "Roxi", lugar donde SISI se desempeaba como colaborador,

determinndose adems que realizaba viajes semanales a la ciudad de Posadas -

Mnes.- en el vehculo Gol antes individualizado. La citada whiskera se trataba de

un prostbulo, motivo por el cual y en virtud de lo dispuesto en el art. 17 de la Ley

12.331 de Profilaxis Antivenrea, se solicit sobre el punto la declinacin de la

competencia federal a favor de la justicia criminal y correccional ordinaria con

asiento en esta ciudad.-

Por otro lado, Prefectura Naval Argentina a fs. 21/28 emiti un informe

ratificando lo actuado por Gendarmera Nacional, haciendo saber, adems, que

Jorge Antonio VILLALBA contara con uno o dos testaferros con los cuales tendra

importantes cantidades de inmuebles en la ciudad de Paso de los Libres,

localidades vecinas y la provincia de Misiones, ratificndose tambin que el

inmueble en construccin sobre Avda. Juan Freyche era de propiedad del

nombrado. Indic, asimismo, que al nombrado no se le conoca actividad

remunerada alguna y que podra estar vinculado al comercio ilegal de mujeresdedicadas a la prostitucin, determinndose tambin que viajara asiduamente


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hacia la provincia de Misiones. Se inform, adems, que VILLALBA se movilizaba

habitualmente en el Fiat Palio aludido (EYU-633) y en otro vehculo marca VW Gol,dominio "EXM-429", propiedad de Carla Andrea D'OLIVEIRA. Por ltimo, se

inform que VILLALBA, junto a otros dos o tres sujetos, liderara una estructura

dedicada al trfico de estupefacientes y al contrabando de cigarrillos, adems de la

comercializacin de marihuana con personas procedentes de Santa Fe, Crdoba y

Buenos Aires.-

Posteriormente, Prefectura Naval Argentina inform que las tres

personas ya individualizadas (Jorge Antonio VILLALBA -a. Tito-, Pedro Norberto

SNCHEZ -a. Beto, Nene o Comandante- y Ever Sergio Gabriel SISI -a. Tula-)incrementaron sus patrimonios en forma rpida, probablemente a travs de

actividades ilcitas vinculadas al trfico de estupefacientes y el contrabando de

cigarrillos. En dicho informe se aluda a otros bienes muebles que seran propiedad

de VILLALBA, aun cuando algunos de ellos no estaran registrados a su nombre

(un cuatriciclo, un VW Gol dominio "CUN-932", un camin O km -tipo truck-, un

automvil de competicin y una pick up Chevrolet dominio "DQO-453"), contando

con testaferros en Paso de los Libres, Yapey, Santo Tom y la provincia de

Misiones. Por otro lado, en cuanto a SNCHEZ, el informe sealaba que tendra

entre sus bienes una automvil Peugeot 206, dominio "EWF-580", radicado en la

provincia de Misiones, en condominio con su esposa Aubria GALEANO, adems

de otro vehculo marca VW Saveiro, dominio "FEE-572", a nombre de Bernardo

Osvaldo BERGMANN, domiciliado en la provincia de Misiones, y un vehculo marca

Golf, dominio "FDM-104", radicado en Santo Tome (Ctes.) a nombre del propio

SNCHEZ; indicndose tambin en el informe que SNCHEZ sera el dueo de la

ya aludida Whiskera (o prostbulo) "Roxi" ubicada en R.P. N117, lindante conuna proveedura de nombre "Porav", de la ciudad de Paso de los Libres.

Finalmente, el otro de los imputados -SISI- tendra un inmueble sobre Avda. Juan

Freyche, camino a los barrios, donde habra demolido la vieja construccin

existente para levantar una nueva, como as tambin un inmueble sobre calle

Tucumn -entre San Martn y Pago Largo- de la ciudad de Paso de los Libres y por

ltimo un automvil VW Gol, dominio "BXU-425" a nombre de Ricardo ngel

ENGELMANN domiciliado en la ciudad de Santo Tom (Ctes.); aadindose que

SISI cambiara permanentemente de vehculos y no tendra actividad que justifique

el nivel de vida que demostraba.-

Seal el actor penal que el correr de la investigacin le permiti establecer

que VILLALBA, SNCHEZ y SISI tendran otros bienes a su nombre o de personas

allegadas a los mismos, tal el caso de Aubria GALEANO (esposa de Pedro

Norberto SNCHEZ fs. 44, 734 y 1628-), Rosana Estela RODRGUEZ (concubina

del mismo SNCHEZ -fs. 1282, 1303 y 1406-), Selva Beatriz SNCHEZ (hermana

de Pedro Norberto -fs. 1674 y titular del vehculo dominio "EYU-633" anteriormenteperteneciente a Jorge Antonio VILLALBA), Luis Adriano SNCHEZ (quien viva en


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una casa de propiedad de VILLALBA -fs. 688 y 2873-), Marcelo Fabin

FAGUNDEZ (quien habitualmente conduca el vehculo dominio "CUN-392" quesera de VILLALBA -fs. 672 y 1267-) todos los cuales a su vez tendran bienes que

no obstante figurar a sus nombres no seran compatibles con sus respectivas

actividades e informes financieros, pudiendo colegirse de ello que se tratara de

bienes adquiridos con dinero de algunos de los imputados, o bien, financiado por

alguna actividad ilcita; que las dos personas identificadas como esposas de

Norberto SNCHEZ (GALEANO y RODRGUEZ) registraban bienes a su nombre y

no contaban con actividades que justifiquen la presencia de los mismos en su

patrimonio, no pudiendo ignorar la cantidad de bienes movilizados por aquellos y elmonto del dinero desembolsado para adquirirlos; y que los nombrados VILLALBA,

SNCHEZ y SISI tenan vinculaciones en las localidades de Santo Tom (Ctes.),

Riachuelo (Ctes.), Posadas (Mnes.) y Brasil (fs. 57/60), algunas de las cuales

podan estar ligadas a las actividades ilcitas endilgadas a los tres primeros.

Indic el acusador que, ratificando la denuncia y la marcha de la

investigacin, paralelamente, durante el transcurso de la misma, se produjeron

varios hechos que dieron lugar a la formacin de causas penales en la jurisdiccin

del Juzgado Federal de Paso de los Libres (Ctes.), mencionando entre ellas la

causa caratulada "Juzgado Federal de Rosario s/ Remite actuaciones ", Expte.

N2-19718/08, en la cual se observaban fotograf as de los imputados

VILLALBA y SNCHEZ (fs. 59) y de algunos de los bienes que ostentaran los

nombrados (fs. 54/60), indicndose que ellos y el imputado SISI estaran

realizando actividades en infraccin a la Ley 23.737, adems de otras actividades

que implicaran la compraventa de bienes muebles e inmuebles sin

correspondencia con la situacin econmica y financiera de los mismos,sealndose tambin que ninguno de los tres tendran actividades que justifiquen

el nivel de vida que llevaban, sumado a la existencia movimientos migratorios hacia

las Repblicas del Paraguay, Chile y Brasil.-

Ulteriormente, dijo el Fiscal, fue glosada a estas actuaciones la presentacin

efectuada la Polica de Seguridad Aeroportuaria (Unidad Regional IV

Litoralea), comunicando el resultado de las tareas de investigacin ordenadas

internamente por esa fuerza donde se aluda a los imputados SNCHEZ y SISI

como lderes de una organizacin dedicada al trfico de estupefacientes y se los

vinculaba con otras dos personas de esta ciudad: Jorge Eduardo RUIZ DIAZ y

Eduardo CABRERA (fs. 503/504 y 514).-

Por otra parte, expres el MPF, que el resultado de algunas de las escuchas

telefnicas que se venan realizando y de otras tareas de pesquisa llevadas a cabo

por la fuerza, le permiti deducir que algunas personas allegadas a VILLALBA,

SNCHEZ y SISI estaran realizando algn tipo de actividad directamente ligada al

trfico de estupefacientes, el contrabando de mercaderas y otros ilcitos desde laprovincia de Misiones y desde otros puntos de la provincia de Corrientes (Monte


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causa una serie de diligencias probatorias, entre ellas varios allanamientos,

(Estancia "El Haragn"; Whiskera "Roxi"; Motel "Momentos"; entre otros) ltimosstos que arrojaron como resultado el secuestro de una serie de bienes en poder

de los imputados, algunos de ellos individualizados en el Requerimiento de

Instruccin Penal y otros que estaban en manos de aqullos sin justificacin de

origen; los que fueron identificados en la pieza acusatoria.

Por su parte, dijo el MPF en su acusacin provisoria que las pruebas vinculadas a

la situacin financiera, comercial y de otra ndole de los imputados daba cuenta

que: Pedro Norberto SNCHEZ haba sido dado de alta en la Direccin General

Impositiva (DGI), bajo Clave de Identificacin N2 0-17307837-5 (Activo fs. 532, enla categora de Monotributista (Categ. J), desde el 01/01/05 (fs.1074), y como

Monotributista Autnomo desde el 01/12/06 (fs. 612, 1008, 1074), denunciando

como actividades "servicio de salones de baile, discotecas y similares" (fs. 1936);

que en la Direccin General de Aduanas (DGA) no tena antecedentes de

operaciones de importacin/exportacin (fs. 1142/1146); que no registraba otros

ingresos ni tampoco obraban en la causa los libros comerciales correspondientes,

figurando como propietario de la Whiskera "Roxi" y el Motel "Momentos", en este

ltimo caso junto a su hermana Selva Beatriz SANCHEZ (fs. 44). Registraba viajes

a la provincia de Misiones -dos veces por semana- (fs. 44) y las Repblicas de

Paraguay, Brasil y Chile (fs. 736, 3224, 3237/3239, 1847/1883). Por su parte, Ever

Sergio Gabriel SISI estaba inscripto en la Direccin General Impositiva (DGI) bajo

Clave Fiscal N20-22106258-3 (fs. 532; fs. 1932). No obstante, surga de fs. 612,

1010 y 1071, como no contribuyente. No registraba operaciones de

importacin/exportacin en la Aduana -DGA- (fs. 1137/1141). Las actividades que

surgan de la causa eran: "colaborador" en la Whiskera "Roxi" (fs. 17); realizabaviaje hacia Posadas -Mnes.- (fs. 17) y Monte Caseros -Ctes.- (fs. 225); y registraba

salidas del pas hacia Paraguay y Brasil (fs. 3224/3235 y 1847/1883). En cuanto a

Jorge Antonio VILLALBA, surga de la causa que trabaj en Proarco S.A. en el

perodo feb/93-abr/93 (fs. 1068, 1930), luego no se le conocan otras actividades

formales remuneradas (fs. 27), estara dedicado al trfico de mujeres dedicadas a

la prostitucin (fs. 2), viajaba asiduamente a Posadas -Mnes.- (fs. 27), registraba

salidas al exterior (Chile, Paraguay, Brasil fs. 736, 3224, 1847/1883), tendra

contactos en la provincia de Misiones y en la Rpa. del Brasil (fs. 1667/1668, 1684).

Con respecto a Jos Luis GALLINARI, dijo que era funcionario de la Polica

de Seguridad Aeroportuaria (fs. 1021/1022), prestamista (fs. 1893/vta., 1914/vta.),

que venda armas (fs. 2560). Aubria GALEANO apareca inscripta en la DGI bajo

Clave Fiscal N27-17582903-8; mientras que a fs. 9 91 se informaba que no estaba

inscripta. Inscripta en ganancias personas fsicas desde el 1/10/06; actividad:

"enseanza inicial y primaria" (fs.1101, 1990); inscripta en IVA desde el 10/10/06;

Bienes Personales desde el 22/05/07; Aportes a la Seguridad Social Autnomodesde el 02/10/06 (fs. 1989). No registraba operaciones de importacin/exportacin


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(fs. 1209/1213). Tambin registraba movimientos migratorios hacia Paraguay y

Brasil (fs. 736 y fs. 1847/1883). En lo que se refiere a Selva Beatriz SNCHEZ,tampoco registraba actividades rentables; tendra un local comercial en esta ciudad

(Sinfona - venta de instrumentos musicales) y anteriormente trabajaba en la firma

Mrquez Belgrano. Por su parte, Rosa Estela Rodrguez tendra CUIT/CUIL en

DGI N 27-31328795-0 y no se le conoce otra profesi n u ocupacin (fs.

1303/vta.).-

A su turno, el MPF indic como motivos de su requerimiento tener por

acreditado que todos los encausados estaran vinculados a un conjunto de hechos

delictivos relacionados principalmente con el narcotrfico (vgr. GabrielGIERSTANOWICZ con "Tula" SIS, Pedro Norberto SNCHEZ con Adriano

SNCHEZ y Jorge Antonio VILLALBA con Marcelo Fabin FAGNDEZ), y por otro,

que stos habran incrementado desmesuradamente su patrimonio en los ltimos

aos, de un modo objetivamente incompatible con la actividad personal, normal y

habitual que cada uno de ellos aleg al ejercer, sin justificacin de ingresos y sin

registros financieros y declaraciones fiscales.-

Dijo que no poda soslayarse que los imputados tenan importantes

cantidades de dinero en efectivo, armas de grueso calibre, municiones, vehculos

(camionetas, autos de carrera, cuatriciclos y lanchas, entre otros), inmuebles

costosos como el prostbulo Roxi, el motel Momentos, el Colegio Privado "Crisol

Universal" y el campo "El Haragn" (en rigor "Haragn); bienes stos que estaban

a su nombre o al de personas allegadas, como Aubria GALEANO (esposa de

Pedro Norberto SNCHEZ), Rosana Estela RODRGUEZ (concubina del mismo

SNCHEZ), Selva Beatriz SNCHEZ (hermana de Pedro Norberto y titular del

vehculo dominio "EYU-633" anteriormente perteneciente a Jorge AntonioVILLALBA), Luis Adriano SNCHEZ (quien vivira en una casa de propiedad de

VILLALBA) y Marcelo Fabin FAGUNDEZ (quien habitualmente conduca el

vehculo dominio "CUN-392" de VILLALBA). Al mismo tiempo dijo que no

registraban ingresos genuinos que les permita hacer frente a las erogaciones

producidas para su adquisicin, dato ste que surga de los informes

proporcionados por la Direccin General Impositiva, la Direccin Nacional de los

Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y Crditos Prendarios, la

Direccin Nacional de Aduanas, los medidores de riesgo financiero NOSIS y

VERAZ, la Comisin Nacional de Comunicaciones, el SINTyS, la ANSeS y el

Banco Central de la Repblica Argentina, entre otros, que se hallan incorporados a

la causa; a lo que deba adicionarse la importante cantidad de viajes que los

imputados realizaban hacia el exterior (Paraguay, Brasil, Chile y Uruguay),

conforme hizo saber la Direccin Nacional de Migraciones, viajes stos que

seguramente les demandaba un movimiento de dinero en efectivo de gran

magnitud; como as tambin la cantidad de telfonos celulares que fueronreportados a su nombre.-


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Aclar el MPF que en lo que se refiere al imputado Jos Luis GALLINARI,

funcionario en actividad de la Polica de Seguridad Aeroportuaria, seal el actorpenal que apareca vinculado a la causa por la particular relacin de trato que

mantena con el imputado Pedro Norberto SNCHEZ, pero tambin por la cantidad

de bienes registrados a su nombre, su informal actividad como prestamista, la

tenencia de armas, municiones y dems elementos sin la correspondiente

autorizacin legal y por ltimo la documentacin de la fuerza encontradas en su

poder. Adems, GALLINARI prestaba dinero en efectivo, limpiaba armas y

mantena vnculos con personas investigadas por narcotrfico por la propia fuerza

a la cual l perteneca, siendo sugestivo el hecho de que al momento de serdetenido portaba entre sus pertenencias una orden de servicio que justamente

dispona realizar tareas de investigacin de los imputados de esta causa.

Por otro lado, dijo que, VILLALBA, SNCHEZ y SISI se conocan entre s,

los tres frecuentan el prostbulo "Roxi", al punto que la hermana de SNCHEZ -la

imputada Selva SNCHEZ- adquiri el vehculo dominio "EYU-633" que

anteriormente era de VILLALBA y construy el Motel "Momentos" con la ayuda de

su hermano, a escasos metros del mencionado prostbulo. Lo propio sucede entre

el imputado SNCHEZ y las imputadas GALEANO y RODRGUEZ, la primera

esposa de aqul y propietaria del colegio privado "Crisol Universal" en Posadas

(Mnes.), mientras que la segunda conviva con SNCHEZ en la parte trasera del

prostbulo "Roxi", hallndose el vehculo dominio "EWF-580" a nombre justamente

de SNCHEZ y GALEANO, y el vehculo dominio "GBE-545" -registrado a nombre

de Guillermo Gabriel Balguenet, en poder de RODRGUEZ.

Adems, agreg que el imputado GALLINARI mantena vnculos con

SNCHEZ, VILLALBA (sera su primo-hermano) y SISI (fs. 1893). La actividadinformal de GALLINARI surge ntida en las escuchas telefnicas que se le han

efectuado, a punto tal que en alguna de ellas fue consultado acerca de la posible

venta de un arma.-

Seal el actor penal que Selva SNCHEZ dijo haber construido el Motel

"Momentos" con fondos propios y con dinero proveniente de un mutuo acordado

con un tercero, sin embargo el monto de dicho mutuo era objetivamente

insuficiente para cubrir el valor que debi demandar la construccin del motel, no

slo por lo que implicaban los gastos de mampostera, abertura, plomera,

electricidad y gas sino tambin por el mobiliario encontrado en el lugar (equipos de

aire acondicionado, juegos de bao completos, baeras con hidromasaje y

griferas), como se observaba en las constancias del allanamiento practicado en

ese lugar (fs. 3466/3467 y fs. 3555). Adems, dijo que no exista prueba alguna de

que dicho mutuo efectivamente se haya concretado, habida cuenta que el monto

que representa el mismo, a la luz de las normas bancarias y tributarias en vigencia,

debi documentarse e instrumentarse con las formalidades que establecen las


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mismas (cheque o pagar, depsito en cuenta, declaracin de impuestos a la DGI,

etc.), extremo que no surga de constancia alguna obrante en la causa.-Por otro lado, seal que era un hecho comprobado que el imputado Pedro

Norberto SNCHEZ tena inters en el citado motel, habida cuenta que en el

allanamiento practicado en el prostbulo "Roxi" fueron hallados dos (2) equipos

para circuito cerrado de audio y video con cargadores y cmaras, diez (10) somiers

de 2 plazas marca "Piero", diez (10) colchones marca "Piero", veintids (22)

sillones individuales color blanco con envoltorio, diecisiete (17) almohadas marca

"Piero", treinta y tres (33) juegos de sbanas de dos plazas y media, marca

Cacharel, dos (02) bolsas con 11 secadores de pelo de pared con la inscripcin"Ga.Ma", dos (2) cajas de cartn conteniendo 11 basureros de metal; doce (12)

juegos de cubrecamas de 2 plazas y media con la inscripcin "Tiziana", doce (12)

paquetes de cortina marca "Gina Triple" y una (1) caja con 12 cubrecamas

blancos; elementos stos que -por sus caractersticas-estaban seguramente

destinados a dicho inmueble.-

Todo ello, segn dijo, demostraba las dos circunstancias que agravaban la

conducta del lavado, la habitualidad y el actuar en banda. Expres que los

imputados hicieron del lavado de activos su "modus vivendi", actuando en grupos

mnimamente estables, con niveles de cohesin material, familiar y social. Seal,

por ejemplo, que la seora Aubria GALEANO se haba inscripto en la DGI recin

cuando iba a comenzar su actividad con el Colegio "Crisol Universal", lo cual le

permita demostrar al acusador que el origen de los fondos era anterior a la

construccin del colegio. Lo mismo cabe dijo de los hermanos SNCHEZ, en

cuanto al campo "El Haragn", el prostbulo "Roxi" y el motel "Momentos", o en

cuanto a VILLALBA y el inmueble de Av. Freyche; o el dinero en efectivo y lasarmas de SIS y GALLINARI. La actividad de dinero, remarc, debi ser anterior al

inicio de estos emprendimientos y ello era justamente lo que indica la habitualidad.-

Finalmente hizo una breve referencia a los restantes reproches formulados

en el auto de mrito.

El relato pormenorizado que anteriormente hemos efectuado consagra la

hiptesis fctica que fuera objeto del contradictorio.

2. Los actos realizados durante la audiencia

Una vez finalizada la lectura de la acusacin provisoria contenida en el

RECJ y declarado abierto el debate, en la oportunidad prevista para recibrseles

declaracin de imputado, los seores Pedro Norberto SNCHEZ, Jorge Antonio

VILLALBA, Ever Sergio Gabriel SISI, Aubria GALEANO, Rosana Estela

RODRGUEZ,Jos Lus GALLINARI y Selva Beatriz SNCHEZ, en ejercicio de

su derecho constitucional, se abstuvieron de prestar declaracin, por lo que fueron

incorporadas por su lectura las declaraciones prestadas por imputados en sedeinstructoria a fs.4125/4134vta. (Pedro SANCHEZ); fs.4049/4056 (SISI);


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fs.4166/4174 (GALEANO); fs.4176/4178 (RODRIGUEZ); fs.3877/3886

(GALLINARI); fs. 6371/6376 (SELVA SANCHEZ).Durante la celebracin de la audiencia llevada a cabo, comparecieron los

testigos de actuacin y procedimiento, seores: RAMN EDUARDO CABRERA,

GUILLERMO GABRIEL BALGUENET (comerciante, vendedor de autos), CECILIA

SOLEDAD BALGUENET (gestora), PEDRO GABINO RODRIGUEZ, BLANCA

ESTER TOSO (CPN), RAMN GAMBOA, MARIA JOS VENTURA (agente de la

Polica de Seguridad Aeroportuaria); MARTA ROSA FLACHSLAND; RUBN

DARO MOREL (Sub prefecto, Jefe Delegacin Inteligencia Criminal de PNA);

JUAN VICENTE CORNALO (Encargado de la Delegacin Inteligencia Criminal de

P.N.A. Zona Alto Uruguay); LUIS DANIEL DURAN (Prefecto Principal PNA);

CESAR ROBERTO AHTAM (PNA); ANDRES ORLANDO CARDOZO (sub

prefecto, Prefectura Naval Argentina); MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ (Agente de

Polica Aeronutica Nacional); ADAM ARCANGEL MUSSI (Polica Aeroportuaria);

RAL OSCAR MULLER (Escribano Publico Nacional); RODRIGO OSVALDO

FERRER ESCOBAR (Abogado); JOS SALVADOR ZARZA; LEANDRO ARTURO

PEREGO (CPN); NSTOR RAMN EDUARDO BORDA; ALEJANDRO FABINABRAHAM (albail); HCTOR ARIEL DEBAT CORTES (escribano); CIRILA

MERCEDES CORVALN (directora del establecimiento Crisol Universal) y

RAMN RICARDO SAIGAS.-

Asimismo fueron incorporadas por su lectura las piezas y los elementos

probatorios que lucen individualizados en el acta celebrada el da de la audiencia y

a cuyos trminos, en honor a la brevedad, nos remitimos.

Que en oportunidad de formular su alegato, el seor Fiscal ad hoc por ante

el Tribunal, doctor Fabin MARTINEZ, tuvo por acreditado el hecho que fuera

descrito en el requerimiento de elevacin de la causa a juicio y concluy

atribuyendo responsabilidad penal a los imputados.

Acus a los seores Jorge Antonio Villalba, Pedro Norberto Snchez, Ever

Sergio Gabriel Sisi, Aubra Galeano, Rosana Estela Rodrguez, Jos Luis

Gallinari y Selva Beatriz Snchez, como co-autores penalmente responsables del

delito de lavado de activos de origen delictivo (art.278 Cdigo Penal, t.o. Ley

25246), al entender que los nombrados eran quienes, cumpliendo diversos roles,haban realizado el comportamiento tpico; agravando la conducta de todos los

imputados al considerar que haban ejecutado el ilcito como miembros de una

asociacin o banda formada para la comisin continuada de hechos de esa

naturaleza, como as tambin por haber realizado las acciones en forma habitual

(art.278, inc.1, ap. b.- del C.P. t.o. Ley 25246 ).

Inicialmente record los compromisos del Estado Argentino por reprimir las

acciones de lavado de activos, citando entre ellas, la Convencin de Naciones

Unidas de 1988, la Convencin de Palermo, as como las cuarenta


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recomendaciones el Gafi.

Dijo que la investigacin se haba iniciado el 16.08.2005 a partir de unadenuncia, cuyo hecho haba sido luego corroborado por las fuerzas de seguridad.

Expres que de los informes y de las dems actuaciones labradas por la

prevencin surga una banda integrada por los siete imputados y otras personas, lo

que tuvo por acreditado a partir de las testimoniales de los preventores (Juan

Vicente Cornal, Morel, Miguel ngel Carlino, entre otros). Seal que el testigo

Morel haba dicho que este grupo tena un crecimiento ostensible segn surga de

los informes respectivos, no pudiendo establecer cul era la actividad de los

imputados. Expres que los testigos corroboraban los informes de la prevencin, ytambin los allanamientos del Haragn, el motel momentos, el saln de fiestas, el

Colegio. De estas ltimas diligencias dijo poder advertir el grandioso

emprendimiento de los imputados, llamndole la atencin la forma en que estaban

construidos los inmuebles (igual pintura, mismo piso, macetas con argollas, etc.).

Indic que las indagatorias de los imputados no era clara, ni precisa, ya que

los oficios que ellos tenan, no lograba explicar la conexin exacta entre los bienes

y los ilcitos ya mencionados.

Luego se refiri a los dichos de los testigos Toso y Pedro Rodrguez.

Expres que Toso haba sido oscura en su declaracin, ya que la nombrada tena

la obligacin de conocer el patrimonio de Aubra Galeano, deba conocer de donde

provenan los bienes que su cliente posea para realizar el emprendimiento que

ejecutaba. Record que si bien Pedro Rodrguez, haba declarado ser amigo de

Pedro Snchez y que el emprendimiento de Santo Tom le perteneca al testigo,

no slo le haba facilitado su domicilio a la esposa de Pedro Snchez para que

sta inscribiera un automvil, sino que, segn los dichos de la testigo Toso, losalquileres de Santo Tom eran destinados al Colegio Crisol.

En otro punto de su declaracin hizo mrito de la calificacin legal. Seal

que los imputados estaban organizados en banda y lo hacan de forma habitual,

considerndolos coautores, ya que, segn expres, todos aportaban al plan el que

fracasara si uno de ellos no realizaba su accin.

Se refiri a los dichos de la Cmara Federal al revisar el auto de

procesamiento de los imputados, recordando que los recursos provenan de la

actividad marginal y eran aplicados a la adquisicin de bienes.

Finalmente, hizo un expreso pedido de pena y solicit se condene a: Jorge

Antonio Villalba, Pedro Norberto Snchez, Ever Sergio Gabriel Sisi y Jos Luis

Gallinari a la pena de siete (07) aos de prisin; y a Aubra Galeano, Rosana

Estela Rodrguez, y Selva Beatriz Snchez, a la pena de seis (06) aos de prisin.

Como conminacin accesoria solicit la inhibicin de bienes de los

nombrados, la multa correspondiente, as como el decomiso de los bienes objeto y

medio del delito. Peticion, igualmente, se impongan las cautelares respecto a losbienes objeto del delito que se encontraban en posesin de terceras personas.


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Adems, requiri se testimonien las piezas pertinentes a fin de que

investiguen a la CPN Blanca Ester TOSO y Pedro Gabino RODRIGUEZ en ordenal delito de falso testimonio, as como su posible participacin en las acciones de

lavado de activos.

A su turno, la defensa tcnica de los imputados Ever Sergio Gabriel SISI,

Rosana Estela RODRIGUEZ, Pedro Norberto SNCHEZ y Selva Beatriz

SNCHEZ, a cargo del seor defensor particular, doctor Jorge Adrin BARBOZA,

en oportunidad de formular su alegato, de forma preliminar, plante la nulidad de la

acusacin fiscal.Dijo que era casi imposible rebatir el alegato ya que en ste no estaban

determinados los hechos ni las conductas. Entendi que la exposicin del fiscal no

haba sido ni precisa, ni circunstanciada, lo que le impeda poder defenderse.

Expres que el actor penal no recre el hecho histrico, no valor las pruebas, ni

de qu manera con las pruebas imputadas consideraba la conducta merecedora

de pena. Aleg que la vaguedad y la indeterminacin de la acusacin pona en

riesgo el proceso, porque deba el Tribunal apartarse de su imparcialidad para ver

lo que haba dicho el fiscal. Indic que la acusacin era progresiva y evolutiva, que

constaba de varias etapas, teniendo su gnesis en el requerimiento de instruccin

formal, atravesando el requerimiento de elevacin de la causa a juicio, finalizando

con el alegato final y conclusivo, ltimo ste que deba ser preciso, claro y

circunstanciado. Refiri, adems, que la deficiencia de la acusacin pona en crisis

el principio acusatorio, ya que el Tribunal no tena acusacin para poder fallar, ya

que sta no era solamente la vaga enunciacin de hechos, sino que deba ser

fundada, el acusador deba poner con claridad como los hechos se enlazan en laspruebas. Manifest que si bien el 393 CPPN as no lo exiga, en esta etapa

plenaria la acusacin deba ser clara, precisa, y circunstanciada, ya que, sino, la

defensa podra pedir la nulidad. Finaliz su alocucin sobre el punto, reiterando

que el actor penal no haba analizado el hecho, la prueba, ni determinado las

conductas, lo que, segn manifest, afectaba el contradictorio, la defensa en juicio

por no conocer el hecho atribuible, y por ello solicit la nulidad de la acusacin y la

consecuente absolucin de sus asistidos, haciendo expresa reserva de casacin y

caso federal.

En un segundo punto de su alegato, el doctor BARBOZA dijo que respecto a

sus asistidos Rosana RODRGUEZ y Selva SNCHEZ, la acusacin tambin era

nula. Entendi que se haba violado el principio de congruencia, ya que la

acusacin del actor penal era sorpresiva al cambiar la calificacin del auto de

remisin (fs.6875 y stes.), al acusar por encubrimiento de lavado de activos,

cuando la elevacin haba sido ordenada por el delito de encubrimiento (art.277

CP). Remarc que el Fiscal haba violado la congruencia porque ambos delitosprevean conductas distintas, lo que violentaba la defensa en juicio. En su caso,


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dijo que el MPF debi ampliar su acusacin conforme lo normado por el art.381

CPPN. Indic que en este caso el cambio de calificacin poda provocarindefensin, tal lo haba sentado la CSJN in re SJ y otros. Por ello, solicit la

nulidad de la acusacin por afectacin de la defensa en virtud del cambio de

calificacin aludido, haciendo expresa reserva de recurrir en casacin.

Finalmente, direccion su defensa en miras a refutar la acusacin. Dijo que

el actor penal acus a sus asistidos por la comisin del delito previsto en el art.278

del CP, hecho que no haba sido probado. En esta direccin, marc que la

acusacin era indeterminada (no estableca cundo ni dnde se realiz el delito), y

que se vea obligado a circunscribir el hecho a partir del requerimiento de elevacinde la causa a juicio. Expres que no pudo determinarse desde cundo se haba

iniciado el delito, ya que el requerimiento fiscal de elevacin estableca, de modo

indeterminado, que ste vena sucediendo desde el ao 2000. Seal que

tampoco se especific en el Requerimiento cmo las conductas se vean reflejadas

en el hecho, no habindose expresado cmo recibieron el dinero sus defendidos

del delito precedente, y que no poda conformarse con la referencia vaga a las

testimoniales y los informes que formulara el Fiscal. Por el contrario, dijo que s

est probada la hiptesis defensiva. Record que Sisi, haba declarado que era

carpintero y que ah haba conocido a Snchez, explicando cmo haba adquirido

los bienes. Respecto a Selva Snchez, dijo que tambin haba dado cuenta de

cmo haba adquirido el terreno y el Motel. Record los dichos del escribano

Muller, quien haba expuesto durante el plenario que en ese momento las tierras

no eran caras, as como la declaracin del testigo SAIGAS, quien sealara que la

construccin haba llevado 6 meses y que cobr 20 mil pesos. En punto a Roxana

Rodrguez, dijo que era dama de compaa y que con el producido de esaactividad haba comprado un local en Virasoro, ah haba conocido a Pedro

Snchez, y con el producido compraron el terreno de la Whiskera Roxi, lo que

explicaba la cadena de dinero. Record que la actividad estaba registrada, aun

cuando la situacin en la AFIP no reflejase la ganancia, la que s poda advertirse

de los libros que se haban secuestrados. Se refiri a los dichos del MPF sobre los

testimonios de Juan Vicente Cornal, Morel, Miguel ngel Carlino, para tener

acreditado el delito precedente, estableciendo que el Fiscal haba valorado

parcialmente sus declaraciones. Dijo que el actor penal haba marcado que los

citados testigos haban declarado que los imputados no tenan actividad lcita, pero

lo que haba omiti la Fiscala haba sido valorar los dichos de los testigos que

expresaron que no pudieron determinar la ilicitud de las actividades de los

imputados. Esto creaba, segn dijo, un estado de duda, que deba jugar a favor del

imputado. A su turno, se refiri a las sentencias que haban sido incorporadas, de

las que el MPF haba extrado los vnculos con el delito precedente. Seal que si

bien algunos podan entender que de esas sentencias era dable hacer mrito porser instrumentos pblicos, stas, segn su criterio, no podan valorarse porque los


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dichos de los imputados en aquellas causas no haban sido sujetos en este debate,

lo que alteraba el contradictorio. Empero, refiri que de las mismas, especialmentede las causas de Barboza y Giersztanowicz, surga que los destinatarios de la

droga eran Snchez y Sisi, o que ste ltimo era el puntero del traslado que se

vena ejecutando, lo que deba llevar a la conclusin de que Sisi y Snchez

participaban en el delito precedente, ya que reciban el producto y no el producido

del delito. Por ello, al ser miembros del delito precedente, no eran partcipes del

delito de lavado. En este marco valor la sentencia dictada en la causa

Giersztanowicz en la que se haba denegado el beneficio previsto en el art.29 de

la ley 23.737, ya que, segn rezaba el propio fallo, las manifestaciones delimputado aparecan como un intento vano de eludir las consecuencias penales

ejercidas en el marco de su defensa material. Entendi que en este caso deba

aplicarse el fallo Bentez Anbal de la CS, doctrina segn la cual la defensa deba

tener posibilidad de interrogar al testigo si no se quera afectar la defensa en juicio

por violacin del contradictorio. En otra parte de su alocucin, se refiri al

agravante por actuacin en banda que tuviera por acreditada el MPF. Dijo que la

acusacin fiscal fue genrica, ya que el Fiscal no haba precisado los roles, ni de

qu forma estaba organizada. No obstante, remarc que para que existiera una

banda en los trminos del art.278 del CP, deba remitirse al artculo 210 del CP.

Por otra parte, se refiri a los informes que el MPF haba nombrado de forma

genrica, entendiendo que stos eran aquellos que haban sido trados por la

polica del Brasil. Respecto a stas actuaciones propuso la exclusinde dichas

pruebas, ya que segn dijo fueron incorporadas violando tratados internacionales y

redactadas en otro idioma. Con cita al Tratado de la Prueba de Jauchen, dijo que

el principio de legalidad determinaba que la prueba deba adquirirse segn loestableca la ley procesal, ya que sta era reglamentaria de la constitucin, sino

deba excluirse. Segn aleg, la prueba debi incorporarse por oficio del juez y

luego traducida por un perito. Esto le permiti concluir que la conformacin de la

banda a la que aluda el art.278 del CP, no poda fundarse en esta prueba. A su

turno hizo mencin a la acusacin por habitualidad, la que, segn dijo, no poda

tenerse por acreditada ya que requera una condena por el delito anterior. Sin esa

condena anterior, sin ese dato objetivo, segn indic, no podra existir habitualidad

y se caera en un derecho penal de autor y no de acto. En otro segmento de su

alocucin se refiri a la ley aplicable al caso, expresando que con la reforma

introducida por ley 26283, y la derogacin del art.278 CP, el nuevo art.303 CP

prevea algunas situaciones de mayor benignidad, que por imperio del art.2 del CP,

deban aplicarse en forma retroactiva. A estos fines dijo que el derogado art.278

CP tena una condicin objetiva de punibilidad de pesos 50 mil y que el vigente art.

303 haba elevado a 300 mil. Asimismo, expuso que si bien el mnimo en el tipo

base era mayor el nuevo art.303, en el tipo agravado era ms benigno, ya que elanterior art.278 tena como mnimo 5 aos, y el agravante contenida en el art.303


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(cuya elevacin deba hacerse jugar sobre la escala bsica contenida en el art.278)

llevaba la escala mnima del agravante a 3 aos. Concluy su alegato solicitando laabsolucin de sus defendidos, as como la restitucin de los bienes oportunamente

secuestrados y el levantamiento de las restricciones. Hizo reserva de casacin, y

del Caso Federal. Finalmente, peticion, en caso de condena, se mantenga el

beneficio de libertad del que venan gozando los imputados.

A su turno, ejercieron la defensa tcnica del seor Jorge Antonio VILLALBA

los doctores Juan Carlos COULLERI y Claudio F. SUSINI.

Al hacer uso de la palabra el doctor Claudio F. SUSINI, preliminarmente,

adhiri al planteo de nulidad interpuesto por el doctor Barboza. No obstante,

agreg que la acusacin era oscura, genrica y vaga, ya que el Fiscal no haba

circunstanciado las conductas tpicas, no haba valorado prueba, lo que converta

su alegato en una suerte de oscuro lbelo que trasgreda el derecho de defensa ya

que nadie poda defenderse de lo que no conoca. Dijo que no exista hiptesis

fctica en el planteo del acusador, tampoco acusacin y por ello entendi que el

Tribunal no poda acusar. Refiri que el Fiscal durante su alegato no circunstanci

los hechos en tiempo, modo y lugar, no le enrostr conducta a los imputados, sino

que simplemente se limit a expresar que los hechos estaban probados. Expres

que de las pruebas que haba valorado el Fiscal no hizo un proceso deductivo o

inductivo para relacionarlas. Enunci que el Fiscal se refiri al modo en que se

inici la causa, habl de informes practicados por la prevencin, lo que, segn

expuso, fueron desacreditados durante el debate por los testimonios producidos,

como el caso del testigo Morel quien si bien haba reconocido las firmas de los

informes, no haba hecho lo propio con el contenido, ya que el nombrado no habapodido determinar que el modo de vida de su defendido sea ilcito. Valor las

escuchas telefnicas practicadas en la causa a las que se haba referido el MPF,

expresando que de stas no surga la integracin de una banda, ni las conductas

de lavado de activos. Entendi que los dems testimonios no pudieron acreditar

que el modo de vida de los imputados haya sido espurio o ilcito. Respecto a los

allanamientos llevados a cabo durante la investigacin, dijo que ellos tenan como

objeto el secuestro de elementos relacionados al narcotrfico, y por ello era que,

segn manifest, las actas sealaban que haban tenido resultado negativo. En

otro segmento de su alocucin hizo mrito de los bienes que haban sido

secuestrados, arguyendo que stos no lograban afectar el orden econmico

financiero, que a la sazn era el bien jurdico protegido; y que el Fiscal no haba

hablado de cantidades, pero que hoy deba considerarse como monto de la

condicin objetiva de punibilidad la suma de $300.000.

Al abocarse al segundo acpite de su defensa, dijo que no slo no haba

acusacin, sino que en la presente se planteaban escollos constitucionales.Especialmente aleg que la investigacin violentaba derechos constitucionales ya


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que se haban realizado escuchas telefnicas a 67 personas durante tres aos, no

obstante que, en mayo de 2008, cuando se realizaran los allanamientos, stosfueron infructuosos, lo que motiv en la Fiscala, un abrupto cambio en la

investigacin que pas de narcotrfico a lavado de activos. Entendi que esta

mutacin violaba el principio de congruencia, ya que se haba investigado por un

delito y se elev por otro, varindose el objeto de la investigacin. Tambin dijo

que se haba afectado la legalidad, ya que se imputaba a su defendido la comisin

del art.278 del CP que haba sido derogado por la ley 26.683, expresando que la

accin penal haba desaparecido con la derogacin de la norma. Dijo que el nuevo

art.303 del CP tutelaba un nuevo bien jurdico protegido (el orden econmico yfinanciero), a diferencia del antiguo 278 CP que protega la administracin pblica.

Adems, expres que el art.303 del CP era posterior al hecho, por lo que no se lo

poda hacer jugar retroactivamente sin violar el principio de legalidad. En

resumidas cuentas, dijo que el principio de legalidad impeda retrotraer los efectos

del art.303, e impedia imponer el 278 CP porque haba sido derogado.

En otro segmento de su alocucin, valor las pruebas rendidas durante el

plenario. Respecto a los testimonios, dijo que DURAN, al igual que ATHAN, haba

expresado que solamente se limit a firmar los informes, pero que no investigaba,

ya que quien realizaba las investigaciones era MOREL. Respecto al testigo

VELZQUEZ dijo que el nombrado se haba contradicho con su testimonio

prestado en instruccin, as como con la deposicin de VENTURA. Hizo mencin

asimismo de los dichos de MUSSI. Respecto al testimonio de MOREL, quien segn

dijo el defensor haba dado cuenta de su contacto con la polica del Brasil, dicho

informe no haba sido incorporado por los canales diplomticos necesarios, ni

traducido por un perito. Dijo que Morel lo haba obtenido a travs de una charla,mas no a travs de canales oficiales. Adems, respecto al mismo testigo Morel,

entendi que el nombrado tampoco haba podido comprobar que los bienes de los

imputados eran producto de un ilcito. Adems, valor los dichos de los testigos

VELAZQUEZ y FERRER. Respecto a la declaracin del testigo ZARZA, dijo que el

nombrado era constructor, que haca planos, y era quien haba construido el hoy

complejo Springfield, el que posea un saln de 160 a 200 mts.2. Record que

segn el citado testigo el metro cuadrado de la obra tena un precio de $450, que

le pagaban de a poco, y que la construccin era de categora B, no obstante lo

cual, Villalba, por poseer poco dinero, tuvo que venderlo. Estas circunstancias,

segn dijo, demostraba que el imputado no poda lavar dinero, porque justamente

a esos sujetos lo que no le faltaba era dinero, sino lugares para realizar sus

maniobras. A ello adit los dichos del testigo MULLER, quien expres que el valor

de los inmuebles en la poca era escaso; as como los del testigo ABRAHAM,

quien haba construido dicho inmueble, dando cuenta de que haba empezado a

construir un gimnasio, que la obra se haba demorado, que le hizo un revoquebarato para abaratarla, hasta que finalmente la vendieron a Ginga por falta de


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dinero. Adems, dijo que la obra hoy, no era lo que era cuando la tena Villalba.

Por su parte, expres que de los informes labrados por los registros no se podantener en cuenta para efectuar una sumatoria de bienes, porque stos no eran

simultneos, sino que se iban subrogando unos a otros, recordando que Villalba

venda autos, lo que era conteste con los dichos de BALGUENET, quien haba

declarado que no le pareca extrao que Villalba cambie de autos 4 o 5 veces al

ao. Asimismo se refiri a los pases por migraciones de los imputados, lo que dijo

se justifican por la zona fronteriza, lo que, adems, le permita explicar el hecho de

que fueran vistos autos brasileos en los domicilios de los imputados. Por otra

parte, dijo que no se relacionaba a su asistido con el delito precedente, ni con eldinero de ah producido, por lo que, segn expuso, no se haban comprobado los

elementos del tipo objetivo del art.278 CP. Tampoco, segn expres, se haba

logrado probar la no participacin de los imputados en el delito precedente, ya que

si stos eran los narcotraficantes, no podan ser los lavadores, pues ello afectara

el doble juzgamiento. Expres que el monto de la condicin objetiva de punibilidad

del ilcito que le reprochaban a su asistido no se haba probado, sino que se haba

presumido que ese monto se super. Tampoco, segn aleg, estaba probada la

relacin entre los imputados, ni el acuerdo entre los mismos, lo que desechaba la

acusacin por banda. Abord, en otro segmento de su alocucin, la consecuencia

del dao que juzg una exigencia tpica del delito de activo delictivo. Dijo que no

haba lesin al orden econmico financiero o la administracin pblica, ya que la

conducta desplegada por su pupilo, los bienes que tenan (auto desarmado, una

moto, etc.) no tena entidad para afectarlo. A estos fines, concluy su razonamiento

haciendo mrito de los directrices que marcaba la Fundacin Argentina para la

Prevencin de Lavado de Activos, sealando que la conducta deba afectar lanormalidad de la economa para ser punible, destacando que la norma no estaba

para perseguir al pobre sino a los grandes lavadores de dinero. Finalmente, solicit

la absolucin de su pupilo y la devolucin de los elementos secuestrados. Tambin

hizo uso de la palabra el doctor COULLERI.-

A su turno, al alegar el doctor Ricardo SOSA, en ejercicio de la defensa

tcnica de Aubria GALEANO, sostuvo que en la presente se haba violado el

principio de congruencia, enunciando no saber de qu se acusaba a su defendida.

En punto a la afectacin del principio de congruencia, indic que las

indagatorias se haban recibido en orden al delito del art.278, inc. a y b, del CP, al

igual que lo haba hecho el requerimiento de elevacin a juicio, mas no as el auto

de procesamiento, ni el auto de elevacin, que lo haba hecho en orden al art.277

inc.1, a y b; a lo que deba sumarse el hecho de que en su alocucin final, el Fiscal

acusara a su asistida en orden al delito previsto en el art.278 que haba sido

derogado. De esto modo, dijo que se afectaba la defensa en juicio.


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Por su parte, indic que el MPF haba acusado a Aubria Galeano, pero no la

haba identificado debidamente (ej. por su DNI), incluso record que el Fiscal habautilizado el nombre Aubria Snchez. Por ello, ante la ausencia de una debida

identificacin, solicit la absolucin de su asistida.

En forma subsidiaria, expres que a su pupila se la haba acusado por un

delito derogado, por lo que solicit su absolucin.

En otro tpico de su alegato, dijo que el Fiscal no haba conmovido la

inocencia de su asistida con prueba de cargo. Expres que la acusacin no haba

sido clara, precisa y circunstanciada, segn lo haba sealado el doctor Barboza.

Expres que la acusacin era la merituacin que el Fiscal realizaba de la pruebaproducida en el debate, y que no haba sido as. En este orden, solicit la

absolucin de su defendida por carecer la acusacin de una relacin clara, precisa

y circunstanciada del hecho, y tambin por la falta de descripcin de la conducta.

Luego analiz el tipo cuyo reproche se intentaba a su asistida. Dijo que el

fiscal le haba atribuido el art.278 del CP que estaba derogado, y que la aplicacin

retroactiva del 303 del CP estaba vedada, ya que afectara el principio de legalidad.

Indic que la tcnica legislativa no deba haber derogado el 278 CP, sino que ste

debi ser reformado dentro del mismo artculo, y que si bien ambos artculos

utilizaban la misma palabra, la proteccin del art.303 CP (orden econmico

financiero) no tena nada que ver con la del art.278 (Adm. Plca.). De este modo,

considerando que exista indeterminacin en el tipo que se le atribua a su pupila,

solicit su absolucin.

Por otra parte, analiz la indagatoria prestada por A. Galeano. Dijo que no

investig el hecho de que la nombrada haba justificado sus bienes merced a una

herencia que le haba dejado su padre que era ganadero en La Cruz. Seal queGaleano tena un solo auto y que fue subrogando su producido, que el dinero que

posea era parte de las cuotas de los alumnos del Instituto Crisol, ltimo ste que

haba construido con aportes de docentes que haban trabajado ad honoren, tal

como lo haba declarado la testigo TOSO. Dijo que los testigos que haba

depuesto durante el plenario no conocan a A. Galeano, expresando que algunos

testigos de la fuerza solo firmaban los informes pero no hacan la investigacin de

campo.

Solicit, adems, se rechace el falso testimonio del testigo Gabino

Rodrguez y de Toso, ya que el Fiscal no haba dicho en qu mintieron.

Respecto a la acusacin por banda, dijo que no estaba determinado el rol

que cada uno de los imputados ocupaba en el blanqueo de capitales.

Expres que el Fiscal, tampoco haba fundado el pedido de pena para A.

Galeano, diferencindola de los dems imputados para los que haba requerido

siete aos. Por ello solicit se rechace el pedido de pena.

Finalmente, adhiri a los planteos de nulidad de los anteriores defensores,solicit se rechacen los falsos testimonios, se absuelva a su defendida, se rechace


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el pedio de cautelar los bienes, y peticion se devuelvan los bienes que se le

secuestraron y que se levanten las cautelares constituidas en la causa.

Al producir su alegato final los doctores Mariano DAVILA y Vctor Hugo

BENTEZ, en representacin de Jos Luis GALLINARI, expresaron que coincidan

con los argumentos de los colegas precedentes.

Durante su alocucin el doctor Mariano DAVILA dijo que iba a direccionar

su defensa sobre dos postulados, uno sobre la base de que su pupilo haba

actuado conforme a un rol estereotipado al ser prestamista, y, otro, conforme su rol

de armero.

Respecto a la condicin de armero de Gallinari, expres que sta surga

acreditada de los testimonios prestados por ASIS y ALBINO en sede instructoria,

al igual que de los dichos de VELZQUEZ. Segn aleg, estos testigos probaban

el conocimiento que posea Gallinari respecto a las armas, y explicaba el hecho de

que Snchez hubiese llevado armas y municiones a la sede de la PSA a Gallinari.

Al abocarse a lo que denomin rol de prestamista de Gallinari, dijo que

estaba comprobado en funcin del testimonio ofrecido por CARBONEL, quiendeclar que era pblico y notorio este hecho, al igual que surga de las escuchas

telefnicas, luego ratificadas por MOREL durante este debate. Dijo que de los

informes labrados por la polica federal del Brasil no apareca Gallinari.

Expres que durante su alocucin el Fiscal no se haba hecho referencia ni

al monto, ni a la forma en que se haba superado la condicin objetiva de

punibilidad. Dijo que en la presente no se haba establecido de qu prcticas se

haba valido su asistido para realizar las conductas de lavado de activos, y

tampoco haba precisado en el delito precedente. Manifest que Gallinari tenaingresos justificados de su rol de prestamista, de armero, de su rol dentro de la

PSA. Aleg que el rol de prestamista no serva para lavar dinero porque no

estaban en el marco de una financiera, eran prestamos informales de persona a

persona que tenan visos de legalidad a partir de los contratos de mutuos que

fueron secuestrados.

Al hacer uso de la palabra el co-defensor de Gallinari, doctor BENITEZ,

agreg que la acusacin no reuna los elementos de una acusacin, por lo que

deba considerar como que no haba acusacin, conforme la doctrina de la CS in re

Mostacchio y Tarifeo. Indic que la acusacin deba versar sobre un hecho, pero

el MPF haba dicho que ste estaba probado, pero que no pudo describirlo. Explic

que si bien haba existido una descripcin genrica de los verbos utilizados en el

tipo, se haba pretendiendo suplir con ello el hecho, lo que era insuficiente, ya que

el hecho era un acontecer fctico. Dijo que si el Fiscal no le informaba el hecho por

el que se acusaba a su defendido, se violaba la defensa en juicio, ya que la

acusacin deba ser detallada (C.A.D.H. art. 8, prr. 2, letra b). Indic que, incluso,al no precisar en el rol, se violara la culpabilidad, y se caera en una


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responsabilidad de tipo objetiva. Adems, seal que el RECJ tambin era nulo, ya

que solamente describa la prueba colectada pero no lo relaciona con cada uno delos imputados, adoleciendo de los mismos defectos que la acusacin en debate.

Reconoci que Gallinari y Pedro Snchez eran primos, que Gallinari arreglaba

armas y prestaba dinero, lo que era de pblico conocimiento, mas dijo que la

investigacin era deficiente ya que no haba probado nada adems de aquello que

ya estaba reconocido por el propio imputado.

Finalmente, solicit la absolucin de su asistido por insuficiencia probatoria,

por inexistencia de acusacin, peticionando el reintegro de todos los elementos

secuestrados.

Al hacer uso de su derecho a rplica, contestando las nulidades interpuestas

por los defensores, el representante del MPF expres que deban rechazarse in

limine. Seal que de receptarse el planteo nulidicente impetrado se creara una

nueva nulidad absoluta no prevista, ya que su alocucin haba cumplido con las

previsiones del art.393 del CPPN.- Reconoci que era indiscutible que tal sancin

se podra imponer en caso de que existiera una nulidad estructural, ya sea

motivada en omisiones, excesos arbitrarios de la prueba existentes en el RECJ o

en el alegato, que pusieran en peligro el derecho de defensa, mas dijo que esto no

haba sucedido en la presente causa, ya que su acusacin cumpla los requisitos

mnimos en punto a la valoracin del hecho y las pruebas.

En cuanto a la nulidad por incongruencia, dijo que no haba habido

apartamiento del requerimiento fiscal, ya que el pedido de pena se fundaba en la

misma norma, expresado que el RECJ y la acusacin final constituan una unidad

fctica y jurdica. Destac que la parte final del debate en el sistema acusatoriocompleto, solamente se integraba con un pedido de pena por parte del acusador.

Adems, agreg que en nuestro sistema procesal imperaba tambin el

principio de libertad probatoria, de forma que todo pueda ser probado, no as los

hechos evidentes que estaban exentos de prueba. Dijo que solo se poda

cuestionar la prueba en caso de que existiera duda, pero que no era este el caso,

ya que las mencionadas en el expediente y las conocidas durante la audiencia,

demostraban que el hecho haba sido acreditado. Record que en el expediente

constaba un inventario judicial de todos los bienes adquiridos por los imputados y

respecto de los causales los acus. Dijo que a partir de fs.3637 en adelante

constaba detalladamente los vehculos de Villalba, sealando algunos de ellos, al

igual que a fs.3633 de donde surgan inventariados los de Sisi. Respecto a Pedro

Snchez, hizo mrito del campo El Haragn, as como de la lancha con motor y los

animales all secuestrados, as como el dinero y las facturas por compras

importantes que se haban obtenido. Dijo sobre Roxana Rodrguez, que se la

haban comprobado vehculos, electrodomsticos, que era titular de una FordRanger GEI 545, no obstante que no tena actividad alguna reconocida; y sobre


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Aubra Galeano, record que la nombrada era propietaria del establecimiento

Crisol, de importante sumas de dinero efectivo, de un cuatriciclos, y de otrovehculo.

En punto al delito precedente, dijo que ste estaba probado a partir de la

incorporacin de las Sentencias dictada por el Tribunal, mencionando las

Sentencias N7, N9, N19, N6, N17, N15. Especialmente dijo que en la

sentencia N15 se mencionaba el modus operandi, la forma que pasaban con

droga, adems de la existencia de causas y procesos pendientes en la que

estaban relacionados los imputados. Adems, dijo que los informes, no obstante

que la defensa intentara excluirlos, no fueron desacreditados.Respecto a Gallinari, y en punto a la falta de acusacin, seal que s haba

descripto el hecho, que se haba referido en su alocucin final al inicio de la causa,

haba sealado de dnde provena el dinero ilcito, y los verbos tpicos que haba

utilizado era justamente para referir a las acciones que, durante un largo periodo

de tiempo, realizaron los imputados.

Respecto a la impugnacin formulada por la defensa en torno a que no se

haba informado de la acusacin a los imputados, dijo que dicha informacin haba

sido realizada durante la indagatoria, el procesamiento, y durante las dems

instancias procesales.

Al hacer uso de su derecho a dplica, los letrados defensores mantuvieron

los argumentos sostenidos durante sus anteriores alocuciones. El doctor BABOZA

reiter que la acusacin no haba sido fundada, expresando que los bienes que

tena sus pupilos haban sido justificados mereced a sus dichos durante las

indagatorias. El doctor SUSINI aclar que no haba planteado la nulidad, sino lainexistencia de la acusacin por falta de fundamentacin. Reiter su posicin

respecto a que el alegato deba estar circunstanciado por ser el ltimo acto de

debate. Finalmente, dijo que el MPF no poda durante su rplica ejercer su facultad

de alegar, ya que sta haba fenecido. De igual forma el doctor SOSA ratific sus

dichos. Reiter que el alegato no haba sido claro, preciso, ni circunstanciado, y de

ah el planteo de nulidad articulado, amn de la adhesin a la inexistencia

expuesta por el doctor Susini. Argument que el MPF haba referido al criterio de

libertad probatoria, mas expuso que ese conocimiento se limitaba a saber si, por

ejemplo, existi o no sol, o cuando caa la noche, pero que no era atinente

respecto a cuestiones probatorias del debate. Dijo que se vio sorprendido por la

nueva merituacin del fiscal, y que la facultad de alegar durante la rplica ya

estaba precluda. Indic que el MPF no estableci la relacin de causalidad entre

el delito precedente y la conducta de los imputados, y que haba acusado a su

defendida por un delito derogado. Finalmente solicit se rechacen la rplica del

Fiscal. A su turno, el doctor BENITEZ manifest que el Fiscal deba habersealado cules de todos los verbos tpicos utilizados por la norma era el que


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haba realizado su pupilo, exponiendo cundo y de qu forma haba materializado

el injusto. Indic que, como no se haba podido determinar cul fue la conductarealizada, se haban enumerado todas. Aleg que las sentencias nombradas no

haban sido descriptas para as determinar cul ha sido la conducta de Gallinari.

Finalmente solicit se rechace la rplica, se tenga como inexistente el alegato por

no cumplir las exigencias de claridad, precisin, circunstanciacin, y por no haber

hecho juicio de cesura al formular el pedido de pena, reiterando el pedido de

absolucin de su asistido por falta de prueba, por inexistencia del delito y por

inexistencia de acusacin.

3. La oposicin a la incorporacin de pruebas formulada por el Dr.Barboza. Nulidades e inexistencia que impusieron los asistentes tcnicos.

Antes de toda consideracin respecto al hecho, de modo preliminar,

debemos adentrarnos al tratamiento de las cuestiones planteadas por los

defensores que fueran referidas en el acpite. A sus fines debemos formular

ciertas precisiones metodolgicas en orden a la resolucin de las nulidades y

dems agravios intentados por la defensa. En procuras de alcanzar cierta claridad

expositiva, solamente nos abocaremos, en pargrafos separados, a dar respuesta

a la oposicin a la incorporacin de prueba que fuera interpuesta por el doctor

Barboza (pto.3.1.); a las nulidades por falta claridad, precisin y circunstanciacin

del hecho, y la prueba, en el alegato Fiscal,as como a la inexistencia intentada

respecto del mismo acto procesal (pto.3.2.);a la nulidad por afectacin del principio

de congruencia motivado por el cambio en la calificacin legal (doctores Barboza y

Sosa), o en el objeto de la investigacin (doctor Susini) (pto.3.3.);y al pedido de

absolucin por falta de identificacin requerida por el doctor Ricardo Sosa

(pto.3.4.). Los dems argumentos expuestos por los asistentes tcnicos, aquellosque hacen a la valoracin de la prueba, a la aplicacin de la ley penal, al bien

jurdico tutelado, as como las dems defensas introducidas, sern enlazados en el

contexto de las cuestiones resueltas durante este voto.

3.1.- Oposicin a la incorporacin de pruebas formulado por el Dr.

Barboza.

Si bien durante la audiencia de debate este Cuerpo desestim la oposicin

de la defensa a la incorporacin de la prueba ya que haba caducado la etapa

procesal correspondiente y porque la oposicin, a diferencia de la nulidad, no era

un medio de impugnacin idneo para proceder a la exclusin de prueba y no se

encontraba regulada en el dispositivo ritual (cfr. Acta de debate), en el ltimo

prrafo de dicha resolucin se difiri el tratamiento de dicha cuestin para el

momento de dictar la presente sentencia ya que era en esta oportunidad cuando

corresponda valorar la prueba. Adems, segn vimos, durante su alegato el doctor

BARBOZA solicit la exclusin probatoria de los informes que tena su gnesis en

informacin aportada por la polica del Brasil.Por tanto, corresponde nos aboquemos a la oposicin formulada,


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especialmente en punto a la supuesta afectacin del derecho de defensa en juicio

(art.18 CN) que alegara la defensa como sustento de su pretensin; oposicin que,debemos anticiparlo, deber ser rechazada.

Recordemos, preliminarmente, que durante el plenario el Dr. BARBOZA,

mediante un pedido que mereciera la adhesin de los Dres. VERON, SUSINI y

Ricardo SOSA, se opuso a la incorporacin de prueba obrante a fs.3670/3682,

fs.1677/1690, fs. 1349/1351 y fs.176/177 alegando que las constancias de

fs.176/177 violaban el art.114 del CPPN as como el Protocolo de Asistencia

Jurdica Mutua (Ley 25075); que las obrantes a fs. 1677/1690 haban sido

adquiridas fuera del pas, encontrndose el cuadro adjunto en idioma portugus, loque violaba, segn dijo, el art.114 de la ley ritual, el Protocolo antes aludido, as

como la defensa en juicio ya que no haba podido controlar la prueba; que en las

obrantes a fs. 1349/1351 no estaba clara la adquisicin de la prueba al no existir

acta de requisa, orden del juez o aquiescencia del propietario del vehculo, la que,

en caso de ser valorada, ocasionara un perjuicio por no haber podido controlar la

prueba, violentando, asimismo, la presuncin de inocencia; que las de

fs.3670/3682 violentan la defensa en juicio de su pupilo ya que no tuvo posibilidadde interrogar a Giersztanowicz, as como la presuncin de inocencia del imputado

SISI al darse por cierto los dichos de Giersztanowicz, amn de que al ser una

indagatoria hara dudar de su veracidad, siendo que el acta de fs.3682 no cumpla

con los requisitos del art.140 del CPPN por carecer de la firma de uno de los

asistentes como ser el testigo Herrera.

A su turno el Dr. SOSA se opuso a la incorporacin de las constancias

obrantes a fs.3670/3682 sealando que no existi control de la citada prueba

afectndose el debido contradictorio.Por su parte el seor Fiscal, al expedirse respecto a la oposicin de las

constancias de fs. 1677/1690 dijo que, en todo caso, se estara frente a un

supuesto de nulidad relativa que podra ser subsanado an en esta instancia, pero

que la prueba poda comprenderse perfectamente, no obstante que, tratndose de

un acto de instruccin, la misma haba sido consentida; que las obrantes a fs.

1349/1351 dijo que la requisa haba sido practicada por orden del juez y con

intervencin del Secretario; que las glosadas afs.3670/3682

se trataban de un

instrumento pblico respecto a las que no exista obstculo alguno para

incorporarlas, sin perjuicio de su valoracin ulterior.

Ahora bien, y ya abocndonos a la resolucin de las cuestiones planteadas,

no se advierte en la presente que la adquisicin y produccin de la prueba

cuestionada haya producido mella alguna en el derecho de defensa de los

encausados.

Es que las constancias obrantes a fs.176/177 consignan en su tenor nombre

de personas e identifican un vehculo, y las obrantes a fs.1677/1690 refieren a uninforme practicado por la Delegacin de Inteligencia de la PNA (Zona Alto Uruguay)


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que se halla escrito en idioma nacional (fs.1677/1678), al que fuera anexado tomas

fotogrficas (fs.1679 y 1681), un grfico con nombre de personas (fs.1680), ascomo copias que contienen nmeros y nombres (fs.1682/1690);datos todos stos

que para ser comprendidos no requieren ser traducidos. Las piezas citadas utilizan

signos universales nombres y nmeros- que no resultan modificados en funcin

del idioma que sea utilizado, y no requieren la mediacin de un traductor. De esta

forma no existe violacin alguna al art.114 del CPPN, menos an al Protocolo de

Asistencia Jurdica Mutua (Ley 25095), ya que, repetimos, las grafas consignadas

no deben ser interpretadas por un sujeto con conocimientos especiales en la

materia. Adems, la defensa ha tenido la posibilidad de interrogar durante laaudiencia a quien suscribe dichas actas, el testigo Rubn Daro MOREL, lo que le

ha garantiza un amplio control de la prueba, un debido contradictorio.

Por otra parte, y en lo que respecta a la imposibilidad de controlar y

contradecir la prueba que refiriera la defensa al oponerse a la incorporacin de las

constancias obrantes a fs. 1677/1690 y fs.3670/3682, cabe sealar

preliminarmente que el derecho constitucional a la confrontacin de la prueba

no exige que la contradiccin se produzca efectivamente; tan slo reclama que sea

obligatorio posibilitarla1, por lo que la pregunta es, no si ha existido o existe una

efectiva contradiccin, sino si la lectura de actas y documentos al que alude el

art.392 del CPPN obsta a esa posibilidad de contradecir la prueba, lo que, a

nuestro juicio, merece una respuesta negativa. Ello porque, como sealamos en la

resolucin adoptada durante la audiencia de debate, las partes han podido ofrecer

prueba en la oportunidad procesal correspondiente (art.354 CPPN), pudieron

oponerse a las dems pruebas ofrecidas y admitidas en dicha ocasin, y tuvieron

la posibilidad de interrogar los testigos, todo lo que ha permitido un debidocontradictorio. Para ser claros, si puedo la parte interrogar a quien suscribe dichos

documentos, tal el caso de Rubn Daro MOREL, o procurar si as lo deseaba, por

ejemplo, la citacin de otros testigos para que depusieran en la causa en la

oportunidad de ofrecer pruebas, mas sea porque estimaba mejor al derecho de

defensa de su pupilo, sea por simple incuria, si decidi no formular peticin en

dicho sentido cobra fuerza el apotegma latino venire contra factum proprium non

valet, dado que, como sealamos, las mandas constitucionales que imponen

posibilitar la debida contradiccin han sido acabadamente observadas.

En punto a la exclusin probatoria de dicha prueba que fuera solicitada por

el doctor BARBOZA durante su alegato, como dijimos, no slo que la ley 25.095 no

es aquella que rige el acto de adquisicin de la prueba durante la investigacin

policial, sino que es justo recordar que es la propia fuerza la que, por iniciativa

propia, debe investigar los delitos de accin pblica que lleguen a su conocimiento

individualizando a los culpables y reuniendo pruebas para dar base a una posterior

1Navarro-Daray. Cdigo Procesal Penal de la Nacin. Anlisis doctrinal y jurisprudencial , 4ed, Bs. As., Hammurabi, 2010. T III, pg.139.-


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acusacin (art.183 CPPN). En la valoracin de las actuaciones policiales o de las

fuerzas de seguridad debe partirse siempre del principio de veracidad de lasdiligencias realizadas2, veracidad que en el presente caso, adems, deviene

corroborado por el propio relato testimonial que durante el plenario efectuaran

quienes intervinieran en dichas diligencias, segn diramos cuenta anteriormente.

Las diligencias practicadas por la fuerza durante la investigacin prevencional, no

debe su valor como elemento de cargo en tanto elemento independiente, sino que

es en el contexto de las declaraciones prestadas por MOREL, MUSSI, CORNAL,

entro otros, cuando stas adquieren su real dimensin.

Adems, es menester recordar que en virtud del Acuerdo N 09/01, anexo I,Sobre Complementacin y Adecuacin del Plan General de Cooperacin y

Coordinacin Recproca para la Seguridad Regional, entre los Estados parte del

Mercosur3, los Estados parte (entre ellos Argentina y Brasil) acordaron, entre otras

acciones, compatibilizar en toda la regin, especialmente en las zonas fronterizas

de cada Estado Parte, las actividades de control y fiscalizacin para la deteccin

del trfico ilcito de drogas, tendiendo a perfeccionar el accionar de las mismas en

operaciones simultneas y coordinadas. A los efectos de la presente accin se

tomarn como base los operativos coordinados con cada pas por intermedio de

los organismos con competencia especfica en la materia. Luego de conocido ello,

cada una de las Fuerzas de Seguridad y/o Policiales responsable de su ejecucin y

asignada en cada frontera motivar un enlace con la contraparte del otro pas, a

los efectos de complementar o ampliar lo actuado por parte de los organismos

sealados.4

Asimismo, los Estados signatarios establecieron ejecutar en forma

coordinada y simultnea (...) operaciones sorpresivas de control y fiscalizacinespecialmente destinadas a la deteccin de individuos u organizaciones dedicadas

al trfico ilcito de drogas, precursores y sustancias qumicas controladas. a. Dicha

tarea deber ser debidamente coordinada entre las Fuerzas de Seguridad y/o

Policiales de cada Estado Parte (...). b. El Comando y la Fuerza empleada

pertenecern al pas en cuyo territorio se ejecute el operativo, los que podrn

invitar a observadores de los otros Pases de la Regin, acorde a la legislacin de

cada uno de ellos5.

Adems acordaron Confeccionar e intercambiar, para uso exclusivo de los

organismos competentes en la materia, un informe de carcter reservado, donde

se consignen: - Los procedimientos llevados a cabo y los modus operandi

observados (tcnicas de ocultamiento y traslado, caminos o vas utilizadas, origen

cierto o probable de la droga, datos de los detenidos, etc.). - Ubicacin en cada

pas, y en particular en las zonas de frontera y reas de influencia, de pistas de

2 Cfr. Navarro-Daray.Ibdem. TII, Pg.97.-3 Cfr. http://www.derhuman.jus.gov.ar/mercosur/material_anterior/Documentos/minINTERIOR/0109.pdf4 cfr. CAPITULO II,

mbito Delictual, Seccin 1ra, Narcotrfico, Acciones, Pto.2, Disposiciones complementarias tems. a. y b..-5Id. Pto.3.


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aterrizaje clandestinas, laboratorios, plantaciones, centros de almacenamiento,

rutas clandestinas terrestres y fluviales y todo otro dato de inters para la luchacontra el narcotrfico y sus delitos conexos, a los fines de la adopcin de medidas

apropiadas y oportunas. - Informacin de personas fsicas o naturales y jurdicas

involucradas en el trfico ilcito de drogas, precursores y sustancias qumicas

controladas, lavado de activos provenientes del narcotrfico y delitos conexos,

conforme a la legislacin de cada Estado Parte. a. El informe referido ser

intercambiado en oportunidad de las Reuniones Ordinarias del Grupo de Trabajo

Especializado Delictual...6.-

De la normativa citada claramente puede advertirse la legalidad del

intercambio de informacin realizado entre las fuerzas de seguridad durante la

investigacin, que, reiteramos, se encuentra apoyada en los dichos de los testigos

que depusieran durante el Plenario, quienes ratificaron la informacin volcada en

los informes.

Finalmente, y a riesgo de superabundar, es dable marcar que si bien la

designacin de intrprete (o traductor) debe ser dispuesta cuando fuere necesario

traducir documentos redactados en un idioma distinto al nacional (art. 268 CPPN),resulta discutible la necesidad de dicha traduccin cuando se trata del idioma

Sentencia que condena por lavado de dinero en la Provincia de Misiones

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