SENTENCIA 1050/2004 DE LA SALA DE LO PENAL … · parcialmente con cascotes de ladrillo antiácido...
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SENTENCIA 1050/2004 DE LA SALA DE LO PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO. IMPRUDENCIA CON RESULTADO DE HOMICIDIO Y LESIONES POR CONTAMINACIÓN AMBIENTAL (PODER JUDICIAL DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2004) En nombre del Rey La Sala Segunda de lo Penal, del Tribunal Supremo, constituída por los Excmos. Sres. mencionados al margen, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional que la Constitución y el pueblo español le otorgan, ha dictado la siguiente SENTENCIA En la Villa de Madrid, a veintisiete de Septiembre de dos mil cuatro. En los recursos de casación por infracción de preceptos constitucionales e infracción de Ley que ante Nos pende, interpuestos por los acusados J.A.E.R.L. y K.I.A., y por la acusación particular en nombre de S.S.Z. y éste a su vez en nombre de la PLATAFORMA ECOLOGISTA ERREKA contra sentencia dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Vizcaya que condenó a los dos citado acusados por delito de homicidio imprudencia en concurso ideal con un delito de lesiones imprudentes los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido para la votación y fallo bajo la Presidencia del primero de los indicados y Ponencia del Excmo. Sr. D. Carlos Granados Pérez, siendo también parte el Ministerio Fiscal, y como partes recurridas el Ayuntamiento de Baracaldo, representado por el Procurador Sr. Rodríguez Rodríguez, M.J.P.S., A..O.C., P.S.B. y J.G.G., representados por el Procurador Sr. De Dorremochea Aramburu, estando los acusados recurrentes representados por la Procuradora Sra. Rodríguez Herranz y la acusación particular recurrente representada por el Procurador Sr. Martín Jaureguibeitia. I. ANTECEDENTES 1.- El Juzgado de Instrucción número 1 de Baracaldo instruyó Sumario Ordinario con el número 1/95 y una vez concluso fue elevado a la Audiencia Provincial de Vizcaya que, con fecha 21 de julio de 2003, dictó sentencia que contiene los siguientes HECHOS PROBADOS: "PRIMERO: Apreciando en conciencia la prueba practicada se declara expresa y terminantemente probado que con fecha 18 de octubre de 1994, sobre las 9´40 horas, la planta de producción de ácido sulfúrico que la empresa Rontealde S.A. mantiene en Lutxana, Barakaldo, se paró debido a una avería en una bomba de
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SENTENCIA 1050/2004 DE LA SALA DE LO PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO. IMPRUDENCIA CON RESULTADO DE HOMICIDIO Y LESIONES POR CONTAMINACIÓN AMBIENTAL (PODER JUDICIAL DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2004)
En nombre del Rey La Sala Segunda de lo Penal, del Tribunal Supremo, constituída por los Excmos. Sres. mencionados al margen, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional que la Constitución y el pueblo español le otorgan, ha dictado la siguiente SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a
veintisiete de Septiembre de dos mil
cuatro.
En los recursos de casación
por infracción de preceptos
constitucionales e infracción de Ley
que ante Nos pende, interpuestos por
los acusados J.A.E.R.L. y K.I.A., y
por la acusación particular en
nombre de S.S.Z. y éste a su vez en
nombre de la PLATAFORMA
ECOLOGISTA ERREKA contra
sentencia dictada por la Sección
Segunda de la Audiencia Provincial
de Vizcaya que condenó a los dos
citado acusados por delito de
homicidio imprudencia en concurso
ideal con un delito de lesiones
imprudentes los componentes de la
Sala Segunda del Tribunal Supremo
que al margen se expresan se han
constituido para la votación y fallo
bajo la Presidencia del primero de
los indicados y Ponencia del Excmo.
Sr. D. Carlos Granados Pérez,
siendo también parte el Ministerio
Fiscal, y como partes recurridas el
Ayuntamiento de Baracaldo,
representado por el Procurador Sr.
Rodríguez Rodríguez, M.J.P.S.,
A..O.C., P.S.B. y J.G.G.,
representados por el Procurador Sr.
De Dorremochea Aramburu, estando
los acusados recurrentes
representados por la Procuradora
Sra. Rodríguez Herranz y la
acusación particular recurrente
representada por el Procurador Sr.
Martín Jaureguibeitia. I. ANTECEDENTES
1.- El Juzgado de
Instrucción número 1 de Baracaldo
instruyó Sumario Ordinario con el
número 1/95 y una vez concluso fue
elevado a la Audiencia Provincial de
Vizcaya que, con fecha 21 de julio
de 2003, dictó sentencia que
contiene los siguientes HECHOS
PROBADOS: "PRIMERO:
Apreciando en conciencia la prueba
practicada se declara expresa y
terminantemente probado que con
fecha 18 de octubre de 1994, sobre
las 9´40 horas, la planta de
producción de ácido sulfúrico que la
empresa Rontealde S.A. mantiene en
Lutxana, Barakaldo, se paró debido
a una avería en una bomba de
absorción final, al agarrotarse
parcialmente con cascotes de
ladrillo antiácido incrustados en el
rodete. Reparada que fue la misma,
se intentó por dos veces el arranque,
teniendo que volver a pararla
definitivamente par a proceder a
una revisión completa del tanque de
la bomba de absorción final,
encontrándose nuevamente trozos de
ladrillo antiácido. Además de la
bomba se revisó el tubo de agua,
sistema de riego y refrigerantes de
absorción final, sistema de riego de
secado, comprobando el sistema de
absorción intermedia. La masa
catalítica no descendió pro debajo
de 280º en la primera planta.
Rontaelde obtiene el ácido
sulfúrico por el método de contacto
con doble absorción, a través de una
serie de 4 pisos de catalizador en el
que la reacción entre el anhídrido
Sulfuroso (SO2) y el Oxígeno (O2)
para dar anhídrido sulfúrico (SO3)
es directa y tiene lugar en la
superficie de una masa catalítica.
Los catalizadores utilizados en la
primera torre son de la serie 04-100
de BASF. Este fabricante
recomienda su utilización en una
horquilla de 360-380º a 620º en la
masa catalítica de la primera
planta. Su mejor rendimiento se
considera próximo a los 400º.
Las fases del proceso con
influencia sobre la cantidad de SO2
residual que se expulsa en el aire
por la chimenea final al no ser
convertido en SO3 es el siguiente:
1. Obtención de SO2
quemando azufre con un exceso de
aire ( S + O2 = SO2, también
denominada corriente SO2 / O2).
2. Oxidación catalítica del
SO2 en el convertidor, donde se
encuentra el catalizador reacción
exotérmica (SO2 + 1/2 O2 < - >
SO3 + Calor) y lenta, por lo que se
utilizan catalizadores para acelerar
la reacción, siendo una ecuación
reversible dependiendo de la
constante de equilibrio. Al aumentar
la temperatura, la constante de
equilibrio es menor.
3. La eliminación del SO3
formado se produce hidratándolo y
formando el ácido sulfúrico,
reacción también exotérmica ( SO3
+ H2O < - > SO4H2 + calor).
4. El calor generado por la
reacción química se retira enfriando
los gases a lo largo de su paso por
el convertidor, desdoblándose la
masa del catalizador en cuatro
epatas separadas en pisos por los
que circulan los gases
secuencialmente.
5. La emisión final del SO2
no convertido sólo se produce al
finalizar las cuatro epatas,
existiendo en la entrada de la
chimenea de cola un sensor para
medir el contenido de SO2 en los
gases expulsados.
SEGUNDO: En la noche
del 20 de octubre y antes de
abandonar la planta de Rontealde
sobre las 22´00 horas, K.I.A., mayor
de edad y sin antecedentes penales,
como DIRECCION000, dejó orden
de que, reparada que fuera la
avería, se procediera al
precalentamiento de la planta sin
tener en cuenta las condiciones
atmosféricas en la zona. El
arranque, aun cuando con
precalentamiento no era
técnicamente un arranque frío. La
reparación finalizó el día 21 de
octubre, alrededor de las 3 de la
madrugada, procediéndose a
cumplir esta orden hasta que,
alrededor de las 8´00 del mismo día
21 y personado nuevamente K.I.,
habiendo alcanzado una
temperatura de 405º en el primer
piso de contacto, dio la orden de
arrancar, bajando dicha
temperatura a 397º
aproximadamente al llegar los gases
procedentes de la tostación. Sobre
las 8´20 horas se personó en la
fábrica J.A.E.R.L., también mayor
de edad y sin antecedentes penales,
DIRECCION001 quien, como
superior jerárquico de K.I., asumió
el control de la arracada. Sobre las
8´30 horas recibieron en la citada
planta una primera llamada del
DIRECCION008 de Policía
Municipal NUM000 alertando de
diversas molestias que sufrían los
vecinos de Barakaldo en las vías
respiratorias. Poco después se
recibió una segunda llamada
ordenando la parada de la planta y,
ante la insistencia en las quejas que
se estaba produciendo, J.E. dio la
orden de parar, lo que se produjo
alrededor de las 8´50 horas.
Con fecha 26 de octubre de
1994 se elaboró un manual de
procedimiento con la asesoría de la
Lurgi, firma alemana que había
construido la fábrica, elevando la
temperatura de contacto en el
primer piso a 450º, al serle
requerido dicho manual por la Junta
de Calidad del Aire.
No ha quedado acreditado
que la temperatura de la primera
torre del convertidor en el momento
del arranque haya influido en una
mayor emisión de SO2 a la
atmósfera por parte de Rontealde ni
cuales fueron los concretos niveles
de emisión durante el tiempo que
estuvo en funcionamiento.
El sensor de la chimenea de
cola registra en una escala de 0 a
0,1% volumen de SO2 equivalente
a 0-2850 mg/Nm3 y no fue
precintado por la Administración
cuando giró la visita a la empresa el
mismo día de los hechos.
TERCERO: El Decreto por
el que aprobaba la licencia de
apertura de la fábrica de Rontealde
de 10 de agosto de 1983 establecía,
en su punto 4.6, antes de proceder a
los arranques debía consultarse a la
Viceconsejería de medio ambiente
del Gobierno Vasco, para
comprobar si existían condiciones
meteorológicas favorables. El
Protocolo de actuación de fecha 26
de enero de 1.993 para arranques
de planta en frío recogía, además de
una temperatura de contacto en la
primera capa de 415º, la consulta al
departamento de medio ambiente
sobre las condiciones
metereológicas y previsión en las
próximas 24 horas, así como el
aviso de confirmación al citado
departamento del arranque de la
planta. En el supuesto de autos, el
aviso se produjo por K.I. con
posterioridad a haber sido
arrancada, siendo ésta la costumbre
que tenía la fábrica.
CUARTO: En el momento
de producirse el arranque de
Rontealde existía en la zona un
fenómeno complejo de inversión
térmica que restringía la dispersión
de contaminantes potenciado por la
baja velocidad del viento. Con fecha
20 de octubre de 1994, el sensor de
Barakaldo de la Viceconsejería de
medio ambiente del Gobierno Vasco
arrojó una máxima de concetración
SO2 en el aire de 567 mg/m3, único
dato que se tiene sobre los niveles
de los distintos contaminantes ese
día en toda la red del Bajo Nervión-
Ibaizabal. De 8 a 8´50 horas (hora
civil) del 21 de octubre los equipos
de la red de sensores de medio
ambiente se encontraban en
calibración. El 21 de octubre de
1.994 se produjo a las 8´50 horas
una concentración de SO2 de
1.675, a las 8´55 horas una máxima
de 1.789 mg/m3 , descendiendo a
partir de entonces, siempre medidos
en mg/m3 , a 1465 a las 9´00, 1625
a las 9´05, 1475 a las 9´10, 1352 a
las 10´15, 1251 a las 9´20, 1150 a
las 9´25. La media horaria de 8 a 9
fue de 1197 mg/m3. A la misma hora
que Barakaldo sufría la máxima
concentración de SO2, el sensor de
Altos Hornos arrojaba 1304 mg/m3,
mientras la estación de Trápaga
registraba 1305 a las 9´15. La
media horaria entre 8 y 9 de la
mañana arrojó en el sensor de
Barakaldo los siguientes de
contaminantes medidos en mg/m3 :
1197 de SO2 , 165 de partículas,
3.02 de CO y 406 de Nx y 12 dióxido
nitrógeno.
QUINTO: En estas
circunstancias, el arranque de la
planta de Rontealde agravó de
forma considerable los niveles de
concentración de SO2 en
Barakaldo, disparando la sinergía
del resto de contaminantes en la
zona. Así, poco después de arrancar
la planta, los habitantes de diversos
barrios, principalmente zona de
Lasarre, Los Fueros, Beurco y
Lasalle -Salesianos (sur y centro de
Barakaldo), comenzaron a presentar
dificultades respiratorias, tos e
irritación en garganta, nariz, e
irritación en los ojos, síntomas que
fueron más intensos en pacientes
con afecciones respiratorias previas,
motivando diversos ingresos entre
las 8´50 y las 9´35 horas, cesando
poco después de parar la planta.
J.A.B., quien padecía una
patología respiratoria crónica,
falleció como consecuencia de un
edema pulmonar agudo producido
por una descompensación brusca
por exposición, entre otros
contaminantes, a una alta
concentración de SO2 .
M.L.P.P., asmática, sufrió
dos episodios broncoespasmo que
precisaron de asistencia facultativa
para su curación, permaneciendo 15
días impedida para sus ocupaciones
habituales.
J.S.G., enfermo crónico de
bronquios, padeció una crisis de
broncoespasmo, precisando
tratamiento médico además de la
primera asistencia, tardando 32 días
en curar, 15 de los cuales
permaneció impedido para sus
ocupaciones habituales.
A.G.M. sufrió reacción
urticarial, faringitis irritativa y
cefalea, precisando de una primera
asistencia facultativa para su
curación, la cual se produjo
transcurridos 15 días, 7 de los
cuales permaneció impedida para
sus ocupaciones habituales sin
necesidad de tratamiento médico.
J.G.L. sufrió una
regudización asmática e
insuficiencia respiratoria
(broncoespasmo severo) que precisó
primera asistencia facultativa para
su curación, la cual se produjo
transcurridos 15 días, los mismos
que estuvo impedido para sus
ocupaciones habituales.
I.H.A. sufrió una
reagudicación asmática que precisó
una sola asistencia facultativa para
curar en 15 días, los cuales estuvo
impedido para sus ocupaciones
habituales.
M.S.T.Q., asmática,
padeció crisis de broncoespasmo
precisando tan sólo primera
asistencia facultativa para su
curación, la cual se produjo
transcurridos 28 días, de los cuales
15 estuvo impedida para sus
ocupaciones habituales.
C.A.V., con antecedentes
asmáticos, padeció crisis
broncoespástica que precisó
primera asistencia para su curación,
la que se produjo transcurridos 15
días durante los cuales estuvo
impedida para sus ocupaciones
habituales.
G.E.P., quien padecía
bronquitis, sufrió crisis de
broncoespasmo, precisando primera
asistencia facultativa para su
curación, la cual se produjo
transcurridos 15 días, de los cuales
7 estuvo impedida para sus
ocupaciones habituales.
S.F.H., sufrió una
bronquitis irritativa que precisó
primera asistencia facultativa para
su curación, la cual se produjo
transcurridos 5 días, de los cuales
sólo uno estuvo incapacitada para
sus ocupaciones habituales.
M.C.M.I. padeció dificultad
respiratoria y vómitos que curaron
en un día sin precisar asistencia
facultativa, curando en un día.
E.G.S.O. resultó con ligera
dificultad respiratoria e irritación
en ojos, garganta y lengua,
precisando de una primera
asistencia facultativa.
R.G.H. resultó con crisis de
irritación de mucosa bronquial y
conjuntival que no precisó de
asistencia facultativa.
J.M.V.M. sufrió dificultad
respiratoria que no precisó de
asistencia médica ni tratamiento.
G.M.C. padeció
conjuntivitis irritativa de evolución
no complicada, precisando primera
asistencia facultativa y tardando 14
días en curar, de los que sólo uno
estuvo impedida para sus
ocupaciones habituales.
P.S.B. sufrió dificultad
respiratoria que no precisó de
asistencia médica ni tratamiento.
M.J.I.M. sufrió irritación
en ojos y garganta sin precisar
asistencia médica.
T.S.G. sufrió dificultad
respiratoria que no precisó de
asistencia médica ni tratamiento.
P.L.I. sufrió irritación en
ojos y garganta sin precisar
asistencia médica.
E.A.L. sufrió irritación en
ojos y garganta sin precisar
asistencia médica.
M.C.S.A. sufrió irritación
en ojos, nariz y garganta sin
precisar asistencia médica".
2.- La sentencia de
instancia dictó el siguiente
pronunciamiento: "FALLAMOS:
Que condenamos a J.A.E.L. y a
K.I.A. como autores de un delito de
homicidio imprudente en concurso
ideal con un delito de lesiones
imprudentes, sin la concurrencia de
circunstancias modificativas de la
responsabilidad criminal, a la pena
a cada uno de un año de prisión e
inhabilitación especial para el
ejercicio de su profesión,
entendiendo por tal el ejercicio de
toda industria que conlleve
contacto, manipulación, producción
o fabricación de productos
químicos, por tres años por el
primero de los delitos, y de arresto
de 7 fines de semana e
inhabilitación especial para el
ejercicio de su profesión por un año
por el segundo, imponiendo a cada
uno de ellos 2/24 de las costas y
debiendo indemnizar J.S.G. en la
cantidad de 1310 €, declarando la
responsabilidad civil subsidiaria de
Rontealde S. A. - Que absolvemos a
J.A.E.R.L. y a K.I.A. del delito
ecológico, de cinco delitos de
lesiones imprudentes y de 16 faltas
de lesiones de las que han sido
objeto de acusación. Que
igualmente absolvemos a M.R.C. de
todos los cargos esgrimidos en su
contra, declarando de oficio 20/24
de las costas. Finalícense las piezas
de responsabilidad civil.- Contra
esta sentencia puede interponerse
recurso de casación ante la Sala 2ª
del Tribunal Supremo, anunciado
ante esta Audiencia Provincial
dentro del plazo de cinco días
contados a partir del siguiente al de
la última notificación y de la que se
llevará certificación al rollo de la
Sala. Notif íquese la presente
resolución al Ministerio Fiscal y a
las demás partes procesales".
3.- Notificada la sentencia a
las partes, se prepararon recursos de
casación por infracción de preceptos
constitucionales e infracción de Ley,
que se tuvieron por anunciados,
remitiéndose a esta Sala Segunda del
Tribunal Supremo las certificaciones
necesarias para su sustanciación y
resolución, formándose el rollo y
formalizándose los recursos.
4. El recurso interpuesto
por J.A.E.R.L. se basó en los
siguientes MOTIVOS DE
CASACION: Primero.- En el
primer motivo del recurso,
formalizado al amparo del artículo
5.4 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, se invoca vulneración del
derecho de presunción de
inocencia que proclama el artículo
24.2 de la Constitución. Segundo.-
En el segundo motivo del recurso,
formalizado al amparo del artículo
5.4 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, se invoca vulneración del
derecho a ser informado de la
acusación, del derecho de defensa,
del derecho a un proceso con todas
las garantías y del derecho a la
tutela judicial efectiva y a no sufrir
indefensión que proclama el
artículo 24.2 de la Constitución.
Tercero.- En el tercer motivo del
recurso formalizado al amparo del
número 2º del artículo 849 de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal,
se invoca error en la apreciación
de la prueba basado en
documentos que obran en autos
que demuestran la equivocación
del juzgador sin resultar
contradichos por otros elementos
probatorios. Cuarto.- En el cuarto
motivo del recurso, formalizado al
amparo del número 2º del artículo
849 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, se invoca error en la
apreciación de la prueba basado en
documentos que obran en autos
que demuestran la equivocación
del juzgador sin resultar
contradichos por otros elementos
probatorios. Quinto.- En el quinto
motivo del recurso, formalizado al
amparo del número 2º del artículo
849 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, se invoca error en la
apreciación de la prueba basado en
documentos que obran en autos
que demuestran la equivocación
del juzgador sin resultar
contradichos por otros elementos
probatorios. Sexto.- En el sexto
motivo del recurso, formalizado al
amparo del número 2º del artículo
849 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, se invoca error en la
apreciación de la prueba basado en
documentos que obran en autos
que demuestran la equivocación
del juzgador sin resultar
contradichos por otros elementos
probatorios. Séptimo.- En el
séptimo motivo del recurso,
formalizado al amparo del número
2º del artículo 849 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, se
invoca error en la apreciación de
la prueba basado en documentos
que obran en autos que
demuestran la equivocación del
juzgador sin resultar contradichos
por otros elementos probatorios.
Octavo.- En el octavo motivo del
recurso, formalizado al amparo del
número 2º del artículo 849 de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal,
se invoca error en la apreciación
de la prueba basado en
documentos que obran en autos
que demuestran la equivocación
del juzgador sin resultar
contradichos por otros elementos
probatorios. Noveno.- En el
noveno motivo del recurso,
formalizado al amparo del número
1º del artículo 849 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, se
invoca infracción del artículo 325
del Código Penal. Décimo.- En el
décimo motivo del recurso,
formalizado al amparo del número
1º del artículo 849 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, se
invoca infracción de los artículos
27, 28 y 5 del Código Penal.
El
recurso
interpuesto por
K.I.A. se basó
en los
siguientes
MOTIVOS
DE
CASACION:
Primero.- En
el primer
motivo del
recurso,
formalizado al
amparo del
artículo 5.4 de
la Ley
Orgánica del
Poder Judicial,
se invoca
vulneración del
derecho de
presunción de
inocencia que
proclama el
artículo 24.2 de
la
Constitución.
Segundo.- En
el segundo
motivo del
recurso,
formalizado al
amparo del
artículo 5.4 de
la Ley
Orgánica del
Poder Judicial,
se invoca
vulneración del
derecho a ser
informado de
la acusación,
del derecho de
defensa, del
derecho a un
proceso con
todas las
garantías y del
derecho a la
tutela judicial
efectiva y a no
sufrir
indefensión
que proclama
el artículo 24.2
de la
Constitución.
Tercero.- En el
tercer motivo
del recurso
formalizado al
amparo del
número 2º del
artículo 849 de
la Ley de
Enjuiciamiento
Criminal, se
invoca error en
la apreciación
de la prueba
basado en
documentos
que obran en
autos que
demuestran la
equivocación
del juzgador
sin resultar
contradichos
por otros
elementos
probatorios.
Cuarto.- En el
cuarto motivo
del recurso,
formalizado al
amparo del
número 2º del
artículo 849 de
la Ley de
Enjuiciamiento
Criminal, se
invoca error en
la apreciación
de la prueba
basado en
documentos
que obran en
autos que
demuestran la
equivocación
del juzgador
sin resultar
contradichos
por otros
elementos
probatorios.
Quinto.- En el
quinto motivo
del recurso,
formalizado al
amparo del
número 2º del
artículo 849 de
la Ley de
Enjuiciamiento
Criminal, se
invoca error en
la apreciación
de la prueba
basado en
documentos
que obran en
autos que
demuestran la
equivocación
del juzgador
sin resultar
contradichos
por otros
elementos
probatorios.
Sexto.- En el
sexto motivo
del recurso,
formalizado al
amparo del
número 2º del
artículo 849 de
la Ley de
Enjuiciamiento
Criminal, se
invoca error en
la apreciación
de la prueba
basado en
documentos
que obran en
autos que
demuestran la
equivocación
del juzgador
sin resultar
contradichos
por otros
elementos
probatorios.
Séptimo.- En
el séptimo
motivo del
recurso,
formalizado al
amparo del
número 1º del
artículo 849 de
la Ley de
Enjuiciamiento
Criminal, se
invoca
infracción del
artículo 325 del
Código Penal.
El
recurso
interpuesto por
la acusación
particular en
nombre de la
PLATAFOR
MA
ECOLOGIST
A ERREKA
basó en los
siguientes
MOTIVOS
DE
CASACION:
Primero.- En
el primer
motivo del
recurso,
formalizado al
amparo del
número 1º del
artículo 849 de
la Ley de
Enjuiciamiento
Criminal, se
invoca
infracción, por
inaplicación
indebida, del
artículo 325 del
Código Penal.
Segundo.- En
el segundo
motivo del
recurso,
formalizado al
amparo del
número 1º del
artículo 849 de
la Ley de
Enjuiciamiento
Criminal, se
invoca
infracción, por
inaplicación
indebida, del
artículo 326,
apartado b) del
Código Penal,
en relación con
el artículo 325
del mismo
texto legal,
motivo que es
renunciado.
Tercero.- En el
tercer motivo
del recurso,
formalizado al
amparo del
número 2º del
artículo 849 de
la Ley de
Enjuiciamiento
Criminal, se
invoca error en
la apreciación
de la prueba
basado en
documentos
que obran en
autos que
demuestran la
equivocación
del juzgador
sin resultar
contradichos
por otros
elementos
probatorios.
5.
Instruido el
Ministerio
Fiscal y las
partes
recurrentes y
recurridas de
los respectivos
recursos, la
Sala admitió
los mismos,
quedando
conclusos los
autos para
señalamiento
del fallo
cuando por
turno
correspondiera.
6.
Hecho el
señalamiento
para el fallo, se
celebró la
votación
prevenida el
día 17 de
septiembre de
2004. II. FUNDAMENTOS DE DERECHO
RECURSO
INTERPUESTO POR
J.A.E.R.L.
PRIME
RO.- En el
primer motivo
del recurso,
formalizado al
amparo del
artículo 5.4 de
la Ley
Orgánica del
Poder Judicial,
se invoca
vulneración del
derecho de
presunción de
inocencia que
proclama el
artículo 24.2 de
la
Constitución.
Se
argumenta en
defensa del
motivo, que ha
sido condenado
sin que se haya
acreditado una
emisión
contaminante
prohibida, sin
que se haya
probado que la
supuesta
emisión de
Rontealde ha
podido
contribuir de
manera
decisiva a que
los niveles
sobrepasaran el
umbral de
afectación a la
salud de los
habitantes de
Baracaldo, sin
que se haya
acreditado
tampoco, más
allá de toda
duda
razonable, una
relación causal
entre la
supuesta
emisión de
Rontealde,
S.A. y los
resultados
típicos del
delito de
homicidio y del
delito de
lesiones por los
que se condena
y, finalmente,
sin que se haya
llegado a
probar que la
ejecución de la
acción de
preavisar a la
oficina de
medio
ambiente del
Gobierno
Vasco antes del
arranque,
preaviso que
no se produjo y
cuya omisión
se reprocha al
recurrente,
pese a que
según el
organigrama de
cargos y
funciones no le
correspondía
efectuarlo,
hubiera evitado
los resultados
lesivos que se
atribuyen al
arranque de
Rontealde,
S.A.
El
motivo no
puede
prosperar.
El
Tribunal de
instancia, en un
detenido
examen de la
prueba
practicada,
explica, en el
primero de sus
fundamentos
jurídicos, los
elementos de
convicción que
ha tenido en
cuenta para
redactar los
hechos que se
declaran
probados y en
los que se
sustentan la
condena al
ahora
recurrente, y
viene a dar
correcta
respuesta, con
cumplido
acatamiento a
las reglas de la
lógica y de la
experiencia, a
todos los
cuestionamient
os de prueba
que se hacen en
defensa del
presente
motivo.
Así, se
refleja que la
avería que
determinó el
paro y la
posterior
arrancada de la
producción está
descrita en el
informe
remitido por la
propia
empresa, en el
fax que
suscribe el
DIRECCION0
02 relativo a
dicha parada y
en el informe
del perito
judicial,
mencionándose
los folios en
los que están
incorporados,
así como las
declaraciones
de los propios
acusados.
Se alega
que ha sido
condenado sin
que se haya
acreditado una
emisión
contaminante
prohibida, y
ese argumento
debe ser
rechazado ya
que si lo que se
pretende decir
es que no está
acreditado que
se hubiese
superado la
emisión de
contaminantes
en las cifras
que se
contienen en el
Real Decreto
833/1975,
mencionado en
la sentencia
recurrida, que
sería el
elemento
normativo del
delito contra el
medio
ambiente, es de
recordar que el
Tribunal de
instancia
rechaza
precisamente la
existencia de
esa figura
delictiva
solicitada por
las partes
acusadoras al
no resultar
acreditado que
se hubieran
superado, con
grave perjuicio
de la
atmósfera, los
límites
autorizados,
por lo que
evidentemente
la condena que
ahora se
rechaza no se
sustenta en una
emisión
excesiva de
contaminantes
a la atmósfera
por la
producción de
ácido sulfúrico
que supere esos
límites, sino
por el hecho de
que se produjo
la arrancada de
la producción,
con la
correspondient
e emisión
contaminante,
sin tener en
cuenta que
existía en la
zona un
fenómeno
complejo de
inversión
térmica que
restringía la
dispersión de
contaminantes
potenciado por
la baja
velocidad del
viento, cuando
debería haberse
consultado, de
acuerdo con el
decreto que
aprobaba la
licencia de
apertura, con
la
Viceconsejería
del Medio
Ambiente del
Gobierno
Vasco, sobre
las condiciones
meteorológicas
y previsión en
las próximas
veinticuatro
horas, antes de
proceder de
nuevo al
arranque de la
producción, y
eso no se hizo.
Y estos
extremos sí que
están
acreditados, así
sucede con el
fenómeno de la
inversión
térmica que se
daba en la
zona,
documentado
en actas de la
junta de
Calidad del
Aire, informe
de medio
ambiente del
Gobierno
Vasco así
como los
informes
periciales
obrantes en la
causa, como se
recoge en la
sentencia de
instancia; y
está igualmente
unido el
Decreto que
aprobaba la
licencia de
apertura, y
asimismo
consta, por los
informes
emitidos y
testimonios
depuestos,
como se
reconoce por
los propios
acusados, que
esa consulta no
se produjo sino
con
posterioridad a
que se
produjera el
arranque de la
producción.
La
cuestionada
afectación a la
salud de los
habitantes de
Baracaldo
queda
igualmente
acreditada en
las actuaciones,
siendo bien
expresivas las
declaraciones
sobre las
llamadas
recibidas en la
fábrica
procedentes de
la Policía
Municipal
antes las quejas
y molestias de
los vecinos en
las vías
respiratorias
hasta que en
una de las
llamadas se
ordenó la
parada de la
planta y ante la
insistencia el
recurrente dio
la orden de
parar alrededor
de las 8,50
horas de ese
día. La
existencia de
lesiones y un
fallecimiento
está
perfectamente
acreditada por
las
declaraciones
de los
afectados, de
otras personas
en el caso del
fallecido y los
informes
médicos, como
igualmente
consta
acreditado que
esas
afectaciones
remitieron una
vez se hubo
parado la
planta.
Se
afirma, por
último, en
defensa de este
primer motivo,
que no se ha
acreditado, más
allá de toda
duda
razonable, una
relación causal
entre la
supuesta
emisión de
Rontealde,
S.A. y los
resultados
típicos del
delito de
homicidio y del
delito de
lesiones por los
que se condena
y, finalmente,
sin que se haya
llegado a
probar que la
ejecución de la
acción de
preavisar a la
oficina de
medio
ambiente del
Gobierno
Vasco antes del
arranque,
preaviso que
no se produjo y
cuya omisión
se reprocha al
recurrente,
pese a que
según el
organigrama de
cargos y
funciones no le
correspondía
efectuarlo,
hubiera evitado
los resultados
lesivos que se
atribuyen al
arranque de
Rontealde,
S.A.
Respect
o a la invocada
ausencia de
relación causal
hay que
recordar que
todo delito por
imprudencia,
como son los
apreciados en
la sentencia
recurrida,
requiere la
imputación del
resultado, es
decir, que la
acción
peligrosa tiene
que producir
un resultado
que pueda ser
imputado
objetivamente
a la misma. Así
pues, el
resultado debe
ser evitable
conforme a un
análisis “ex
ante”. Sobre
ello se
profundizará al
examinar el
noveno motivo
de este mismo
recurrente, en
todo caso, y a
los estrictos
términos de
este primer
motivo, queda
acreditado sin
duda, por las
declaraciones
de los
funcionarios de
la Policía
Local, por los
informes
técnicos
emitidos y por
las
declaraciones
de los
afectados y
otros testigos,
así como por
los partes
médicos, que la
decisión de
arrancada de la
planta en esas
circunstancias
atmosféricas
especiales,
constituyó la
acción
peligrosa
desencadenante
de las lesiones
y fallecimiento
que se declara
probado,
provocando
una situación
de sinergia con
el resto de los
contaminantes
que existían en
ese momento
en esa zona.
El
informe del
Instituto
Nacional de
Toxicología
que obra a los
folios 717 y
siguientes de
las Diligencias,
ratificado en el
acto del
plenario,
explica las
características
del anhídrido
sulfuroso como
del ácido
sulfúrico, y su
mecanismo de
acción tóxica,
que produce
efectos
irritantes en
nasofaringe y
glotis y que
puede producir
edema de glotis
y obstrucción
respiratoria con
la consiguiente
anoxia, así
como edema
pulmonar e
hiperactividad
bronquial
(broncoconstric
ción), que
puede ocurrir
inmediatament
e tras la
exposición y en
concreto
respecto a la
persona
fallecida
recuerda que
fue ingresada
en urgencia el
día 21 de
octubre de
1994 con
dificultad
respiratoria y
como hallazgos
de autopsia se
menciona
edema agudo
de pulmón e
irritación de las
vías
respiratorias y
examinados los
pulmones en el
mencionado
Instituto se
diagnostica
intensa
congestión y
edema alveolar
difuso con
hemorragias
dispersas, y
recoge como
consideracione
s que el
hallazgo
morfológico
más destacable
es el edema
pulmonar con
hemorragias,
cuya etiología
puede ser
tóxica,
señalando
como criterios
para determinar
esa etiología
tóxica la
compatibilidad
temporal entre
la reacción
adversa o
desenlace fatal
en este caso y
la exposición al
tóxico y
contiene como
Consideracione
s Finales que
“por lo tanto
con los datos
expuestos
sobre
antecedentes
bibliográficos,
que demuestran
la mayor
susceptibilidad
de sujetos
asmáticos o
con bronquitis
crónica ante
exposición a
anhídrido
sulfuroso,
teniendo en
cuenta además
que no se han
encontrado
alteraciones
morfológicas
cardíacas que
justifiquen la
muerte, así
como el resto
de resultados
del estudio
histopatológico
, y químico-
toxicológico, sí
aplicamos el
criterio de
Riddel (1982),
referido a
establecer el
grado de
certeza en el
diagnóstico de
la relación
causa-efecto de
una
intoxicación:
(causal,
probable,
posible,
coincidental y
negativa).
Podemos
considerar que
estamos ante
una probable-
posible
etiología
tóxica”.
Dictame
n bien
expresivo sobre
la incidencia
del anhídrido
sulfuroso cuya
certeza total
era imposible
de diagnosticar
en cuanto
dicho gas se
transforma y
descompone en
el organismo,
sin embargo
ese dictamen,
unido a las
circunstancias
que
precedieron a
su
fallecimiento, a
la coincidencia
temporal y a
los testimonios
depuestos por
quienes
acompañaban
al enfermo han
permitido al
Tribunal de
instancia
establecer la
causa-efecto
que se pretende
negar en el
presente
motivo.
El
Tribunal de
instancia, por
ello, razona
con acierto que
J.A.B., que se
encontraba en
su domicilio de
Beurco,
padecía una
patología
respiratoria
crónica, y hubo
de avisar a una
vecina por el
ahogo que
presentaba al
abrir las
ventanas de su
vivienda,
ingresando a
las 9,31 de la
mañana
cadáver en el
Hospital de
San Eloy,
como
consecuencia
de un edema
pulmonar
agudo
producido por
una
descompensaci
ón brusca por
exposición a la
nube
contaminante
existente en
Baracaldo.
Añade que la
relación causa-
efecto se
apunta en el
informe de
autopsia folio
25 y ss y 815 y
ss y de
toxicología
folios 717 y ss.
y señala que la
coincidencia
temporal entre
el incremento
de nivel de
emisión por la
puesta en
funcionamiento
de la fábrica y
que cesa en sus
efectos
perniciosos
inmediatament
e después de
que se parara
(folio 27 de la
sentencia),
independiente
mente de otros
focos emisores
de SO2 y sin
ser el dióxido
de azufre el
único
contaminante
que afectó a las
vías
respiratorias
resulta
innegable que
Rontealde
contribuyó
eficazmente al
suceso de
contaminación
descrito
durante apenas
50 minutos y a
que resultasen
afectados
diversos
individuos. El
Tribunal de
instancia pudo
oír en el acto
del plenario las
declaraciones
del
DIRECCION0
05 A.C. que en
aquellas fechas
controlaba el
tema del medio
ambiente y se
refiere a las
llamadas
recibidas en el
Ayuntamiento
por los vecinos
y que los picos
de
contaminación
a las 9 de la
mañana eran
muy altos,
como cuatro
veces más de lo
permitido, y
que tenía que
ser de
Rontealde
porque los
gases de SO2
no se producen
en ningún otro
lado. El Sr.
M.E. era, en
aquellas
fechas,
miembro de la
Junta de
Calidad del
Aire, y en sus
declaraciones
en el acto del
plenario,
además de
ratificar lo
declarado con
anterioridad,
expresó que el
causante fue el
SO2, que la
empresa que
podía haberlo
producido era
Rontealde y
que la
patología de
los efectos
causados se
correspondía,
existiendo
relación de
causa-efecto y
que no
recordaba
emisión tan
aguda en un
momento dado.
El Sr. G.M.,
que en aquellas
fechas era el
DIRECCION0
03 y
DIRECCION0
04, declaró en
el acto del
juicio oral,
entre otros
extremos, que
no se produjo
el preaviso de
arranque que
era obligatorio
por el
Protocolo
firmado, y
como hubo
incidentes
antes se acordó
con la empresa
que avisara de
los arranques
para evitar
puntos de
contaminación
ya que se
controlan las
condiciones
climatológicas
y que el aviso
era
precisamente
para que la
Viceconsejería
pudiera
controlar si se
daban las
condiciones
para el
arranque y si se
hubiera
producido el
aviso entiende
que los
servicios
técnicos no le
hubieran dado
permiso para
arrancar.
También se
pudo escuchar
al
DIRECCION0
06 quien
manifiesta que
la filosofía del
protocolo era
intentar aportar
datos a la
empresa para
que optimizase
la operación de
la arrancada y
en concreto
sobre la
situación
climatológica,
sabe que ha
habido
ocasiones en
las que se ha
recomendado
esperar, que en
esa ocasión los
valores más
llamativos
fueron de SO2,
manifestó a la
defensa que el
arranque del
día 21 fue en
frío y que la
parada tiene
riesgo para el
equilibrio de
contaminantes;
el Sr. E., que
en aquellas
fechas era el
DIRECCION0
07 quien
manifiesta que
durante una o
dos horas los
valores de SO2
fueron muy
altos,
igualmente
manifestó que
sabía que había
un compromiso
con Rontealde
de que tenía
que comunicar
a la Consejería
cuando
pensaba
arrancar ya que
la Consejería
les podía
informar si las
condiciones
eran adecuadas
o se les avisaba
si era
conveniente
esperar y que
en la
Viceconsejería
no hubo
constancia de
que Rontealde
hubiera
llamado para
pedir permiso
para la
arrancada. El
perito judicial,
a diferencia de
lo que hicieron
los designados
por la defensa,
aportó datos
que iban en la
línea de que la
emisión de
SO2 fue muy
superior a la
que estaba
autorizada.
Respect
o a la
responsabilidad
del ahora
recurrente, el
Tribunal de
instancia
razona que la
conducta
imprudente que
se atribuye a
los dos
primeros
acusados es
permitir el
precalentamien
to y poner en
marcha la
fábrica sin
cerciorarse de
que las
condiciones
climatológicas
permitirían la
dispersión de
eventuales
emisiones por
encima de los
niveles
habituales de
Rontealde,
imprudencia
que dado el
ámbito
profesional en
que actuaban y
los sobrados
conocimientos
que debían
poseer tanto
sobre la
incidencia de
las sustancias
contaminantes
en la calidad
del aire como
de las
condiciones
atmosféricas en
la dispersión, la
convierte en
imprudencia
grave
profesional.
Pues bien, no
plantea
cuestión que,
en el momento
de producirse
los hechos, el
ahora
recurrente era
el
DIRECCION0
01 de la
Empresa
Rontealde S.A,
reconociendo
en el acto del
juicio oral que
llevaba todas
las operaciones
operativas o
sea el
funcionamiento
de las
instalaciones,
siendo superior
jerárquico del
DIRECCION0
00, que fue en
definitiva, con
el concurso del
otro acusado,
quien dio la
orden de
arranque de la
planta en esas
circunstancias
atmosféricas y
sin adoptar las
medidas de
precaución y
cuidado que le
eran exigibles
y que le
hubieran
permitido
conocer que las
condiciones
atmosféricas
existentes no
eran
favorables. No
se puede
olvidar que ha
quedado
acreditado que
en el momento
de producirse
el arranque
existía en la
zona un
fenómeno
complejo de
inversión
térmica que
restringía la
dispersión de
contaminantes
potenciado por
la baja
velocidad del
viento. La
lectura del acta
del juicio oral
permite
observar, por la
declaración
prestada por el
acusado K.I.,
que la decisión
se adoptaban
en común y de
consuno y
reconoce que
habló con E.
antes de que
llegara a la
fábrica y
asimismo
reconoció que
siempre avisó a
medio
ambiente
cuando paraba
y arrancaba y
que esta vez no
se avisó al
arrancar porque
era de
madrugada y
no había nadie
en la oficina,
añadiendo que
no se
consideraron
las condiciones
climatológicas
y que no las
conocía.
El ahora
recurrente
asimismo
coincide
sustancialment
e con lo
afirmado por
K.I. y admite
que recibió
varias llamadas
de la Policía
Local y del
ingeniero de
Baracaldo y
que hubo
muchas otras
llamadas; y
asimismo
reconoció que
las condiciones
climatológicas
influyen no
sólo en los
focos de
emisión sino en
la situación
medioambienta
l de una zona.
Así las
cosas, el
Tribunal de
instancia ha
contado con
medios de
prueba,
legítimamente
obtenidos, que
contrarrestan el
derecho de
presunción de
inocencia
invocado.
SEGUN
DO.- En el
segundo
motivo del
recurso,
formalizado al
amparo del
artículo 5.4 de
la Ley
Orgánica del
Poder Judicial,
se invoca
vulneración del
derecho a ser
informado de
la acusación,
del derecho de
defensa, del
derecho a un
proceso con
todas las
garantías y del
derecho a la
tutela judicial
efectiva y a no
sufrir
indefensión
que proclama
el artículo 24.2
de la
Constitución.
Se dicen
producidas
tales
vulneraciones
constitucionale
s ya que
mientras el
Ministerio
Fiscal y las
acusaciones
particulares y
popular han
formulado
acusación
estableciendo
una relación
lineal y directa
entre una
emisión de
SO2 que se
atribuye en
exclusiva a la
sociedad
Rontealde y la
inmisión
detectada en
Baracaldo el
día 21 de
octubre de
1994, dando
por sentado
que todo el
SO2 procedía
de Rontealde y
sin mención
alguna a la
incidencia de
otros
contaminantes,
la condena
dictada en la
instancia se
produce de
forma
sorpresiva por
cuanto se
fundamenta la
responsabilidad
de los acusados
por un delito de
homicidio y un
delito de
lesiones, no en
esa relación
directa y lineal
entre el SO2 y
la muerte y las
lesiones, sino
en una
aportación
causal decisiva
que ha
disparado las
sinergias del
resto de
contaminantes,
llegándose a
afirmar que ha
sido una
concausa
considerada
como principal
y relevante a
los efectos del
resultado lesivo
(F.J. 7º),
acusación
formulada “ex
novo” por el
Tribunal y de
la que jamás
los acusados se
han podido
defender. Por
otra parte y en
cuanto al
preaviso a la
oficina de
medio
ambiente, todas
las acusaciones
han basado sus
tesis
incriminatorias
en que dicho
preaviso era
necesario al
tratarse de un
arranque en
frío,
articulándose la
defensa
también en este
punto en tratar
de demostrar
que dicho
arranque no era
un arranque en
frío y que, en
consecuencia,
el preaviso no
era necesario
en el supuesto
de autos; sin
embargo, el
Tribunal
admite
expresamente
que el arranque
no puede
considerarse
como un
arranque en
frío pero, en
cambio, estima
que en todo
caso debía
haberse
cumplido el
preaviso
porque así lo
establecía la
licencia, lo que
supone una
nueva
mutación de
los hechos
objeto de
acusación, que
se produce
también de
forma
sorpresiva y
causa
indefensión.
El
motivo no
puede
prosperar.
Es
cierto, como
nos recuerda el
Tribunal
Constitucional,
en su Sentencia
33/2003, de 13
de febrero, que
en el ámbito de
las garantías
integradas en el
derecho a un
proceso
equitativo (art.
24.2 CE) se
encuentra el
derecho a ser
informado de
la acusación,
que se concreta
en el derecho
de defensa,
señalando que,
desde la STC
12/1981, viene
declarando que
“la
información, a
la que tiene
derecho el
acusado, tiene
por objeto los
hechos
considerados
punibles, de
modo que
“sobre ellos
recae
primariamente
la acusación y
sobre ellos
versa el juicio
contradictorio
en la vista oral”
pero también la
calificación
jurídica, dado
que ésta no es
ajena al debate
contradictorio.
Y ninguno de
esos derechos
se ha vulnerado
en el supuesto
que
examinamos.
Los
delitos objeto
de condena se
corresponden
con los que se
postulaban en
los escritos de
acusación y lo
mismo cabe
decir con los
hechos
esenciales en
los que se
sustentan tales
acusaciones,
como es la
emisión de
sustancias
contaminantes,
en esas
especiales
circunstancias
atmosféricas,
procedente de
la planta de la
que eran
responsables
técnicamente
los acusados,
lo que
constituyó la
acción
peligrosa
desencadenante
de las lesiones
y fallecimiento
que se declaran
probados, al
haberse
producido una
situación de
sinergia con el
resto de los
contaminantes
que existían en
ese momento
en esa zona.
Respect
o a la
necesidad de la
consulta a la
Viceconsejería
de Medio
Ambiente, sin
perjuicio, como
se razona por el
Tribunal de
instancia, de
que la licencia
preveía la
necesidad de
producirse ese
contacto en
todos los casos
y no sólo en los
arranques en
frío, razona con
acierto que,
además,
consultar las
condiciones
climatológicas
era la mínima
conducta
exigible a una
persona que
maneja
contaminantes
tan delicado y
altamente
irritantes y
peligrosos para
la salud. Y
todo ello se
infiere de los
escritos de
acusación.
No se
han producido,
pues, las
vulneraciones
denunciadas.
TERCE
RO.- En el
tercer motivo
del recurso
formalizado al
amparo del
número 2º del
artículo 849 de
la Ley de
Enjuiciamiento
Criminal, se
invoca error en
la apreciación
de la prueba
basado en
documentos
que obran en
autos que
demuestran la
equivocación
del juzgador
sin resultar
contradichos
por otros
elementos
probatorios.
A través
de este motivo
se combate la
sentencia
porque el
Tribunal de
instanc ia ha
apreciado
erróneamente
en perjuicio de
los acusados el
contenido del
Protocolo de
arranque de la
planta
concertado con
el
Departamento
de Medio
Ambiente que
obra a los
folios 11 y 12
de la causa, así
como el
Decreto
dictado en
fecha 10 de
agosto de 1983
obrante a los
folios 1316 y
1324 de las
actuaciones,
valorando
dichos
documentos
oficiales como
dos
documentos
distintos que
forman
compartimento
s estancos de la
regulación
jurídico-
administrativa,
cuando en
realidad deben
interpretarse
como dos
documentos
administrativos
complementari
os uno de otro.
Dicho error
lleva al
Tribunal a
hacer prevaler
la licencia
municipal por
encima del
citado
Protocolo y a
fundar la
condena en la
inexistencia de
una consulta
que sólo estaba
indicada en los
supuestos de
arranque en
frío.
El
motivo debe
ser
desestimado.
La
doctrina de esta
Sala
condiciona la
apreciación del
error de hecho
invocado al
cumplimiento
de los
siguientes
requisitos: 1º)
equivocación
evidente del
juzgador al
establecer
dentro del
relato fáctico
algo que no ha
ocurrido; 2º)
que el error se
desprenda de
un escrito con
virtualidad
documental a
efectos
casacionales
que obre en los
autos y haya
sido aducido
por el
recurrente; 3º)
que tal
equivocación
documentalme
nte demostrada
no aparezca
desvirtuada por
otra u otras
pruebas y eso
no sucede en el
supuesto que
examinamos.
Como
bien señala el
Ministerio
Fiscal, al
impugnar el
motivo, la
licencia de
apertura decía
lo que decía y
eso no se ve
desvirtuado por
un Protocolo
posterior,
siendo correcta
la
interpretación
que se defiende
en la sentencia
de instancia de
que
mencionado
Protocolo en
modo alguno
pretendía
reducir las
garantías de
seguridad en
un proceso
productivo que
provoca
contaminantes
tan sensibles
para la salud de
las personas,
siendo de
reproducir lo
expresado
sobre este
particular al
rechazar el
anterior
motivo.
CUAR
TO.- En el
cuarto motivo
del recurso,
formalizado al
amparo del
número 2º del
artículo 849 de
la Ley de
Enjuiciamiento
Criminal, se
invoca error en
la apreciación
de la prueba
basado en
documentos
que obran en
autos que
demuestran la
equivocación
del juzgador
sin resultar
contradichos
por otros
elementos
probatorios.
El
documento en
el que se
fundamenta el
presente
motivo de
casación
consiste en el
informe
pericial del
Instituto
Nacional de
Toxicología,
fechado el día
8 de febrero de
1995, que obra
a los folios 717
a 726 de las
actuaciones, y
en la parte del
acta donde se
documenta el
dictamen oral
emitido por las
autoras de
dicho informe
en la sesión del
juicio oral del
día 14 de mayo
de 2003. Dicho
dictamen
pericial se
introduce por
este cauce
casacional, en
cuanto
supuesto
excepcional,
por contener
valoraciones
científicas no
contradichas ni
controvertidas
por nadie,
coincidentes
además con la
pericial de las
defensas, de las
que el Tribunal
aparta de forma
injustificada.
El
motivo debe
ser
desestimado.
Es
doctrina
reiterada de
esta Sala que
no constituyen
documentos, a
estos efectos
casacionales,
los dictámenes
periciales, en
cuanto se trata
de pruebas
personales que
no pierden
dicho carácter
por el hecho de
aparecer
documentadas
en las
actuaciones,
con la única
excepción de
que la prueba
pericial sea
única e
inequívoca y el
Tribunal
sentenciador la
haya
incorporado de
modo
incompleto o
fragmentariam
ente o que
tratándose de
varios
dictámenes
coincidentes la
Audiencia ha
llegado a
conclusiones
divergentes con
las de los
citados
informes o,
incluso,
diametralmente
opuestas o
contrarias a lo
expuesto por
los peritos.
Y
ciertamente eso
no sucede en el
supuesto que
examinamos,
muy al
contrario,
puede
comprobarse
que la
convicción del
Tribunal
sentenciador
aparece
sustentada en
ese informe
pericial y en el
de autopsia, así
como en otros
datos o
elementos a los
que se hizo
mención al
examinar el
primer motivo,
convicción en
virtud de la
cual procedía
incluir el
fallecimiento
de J.A. entre
los resultados
imputados a la
conducta
peligrosa de los
acusados.
No
existe, pues, el
invocado error
y es oportuno
reiterar que el
informe del
Instituto
Nacional de
Toxicología,
que obra a los
folios 717 y
siguientes de
las Diligencias,
ratificado en el
acto del
plenario,
explica las
características
del anhídrido
sulfuroso como
del ácido
sulfúrico, y su
mecanismo de
acción tóxica,
que produce
efectos
irritantes en
nasofaringe y
glotis y que
puede producir
edema de glotis
y obstrucción
respiratoria con
la consiguiente
anoxia, así
como edema
pulmonar e
hiperactividad
bronquial
(broncoconstric
ción), que
puede ocurrir
inmediatament
e tras la
exposición y en
concreto
respecto a la
persona
fallecida
recuerda que
fue ingresada
en urgencia el
día 21 de
octubre de
1994 con
dificultad
respiratoria y
como hallazgos
de autopsia se
menciona
edema agudo
de pulmón e
irritación de
vías
respiratorias y
examinado los
pulmones en el
mencionado
Instituto se
diagnostica
intensa
congestión y
edema alveolar
difuso con
hemorragias
dispersas, y
recoge como
consideracione
s que el
hallazgo
morfológico
más destacable
es el edema
pulmonar con
hemorragias,
cuya etiología
puede ser
tóxica,
señalando
como criterios
para determinar
esa etiología
tóxica la
compatibilidad
temporal entre
la reacción
adversa o
desenlace fatal
en este caso y
la exposición al
tóxico y
contiene como
Consideracione
s Finales que
“por lo tanto
con los datos
expuestos
sobre
antecedentes
bibliográficos,
que demuestran
la mayor
susceptibilidad
de sujetos
asmáticos o
con bronquitis
crónica ante
exposición a
anhídrido
sulfuroso,
teniendo en
cuenta además
que no se han
encontrado
alteraciones
morfológicas
cardíacas que
justifiquen la
muerte, así
como el resto
de resultados
del estudio
histopatológico
, y químico-
toxicológico, si
aplicamos el
criterio de
Riddel (1982),
referido a
establecer el
grado de
certeza en el
diagnóstico de
la relación
causa-efecto de
una
intoxicación:
(causal,
probable,
posible,
coincidental y
negativa).
Podemos
considerar que
estamos ante
una probable-
posible
etiología
tóxica”.
Dictame
n bien
expresivo sobre
la incidencia
del anhídrido
sulfuroso cuya
certeza total
era imposible
de diagnosticar
en cuanto
dicho gas se
transforma y
descompone en
el organismo,
sin embargo
ese dictamen,
unido a las
circunstancias
que
precedieron a
su
fallecimiento, a
la coincidencia
temporal y a
los testimonios
depuestos por
quienes
acompañaban
al enfermo han
permitido al
Tribunal de
instancia
establecer la
causa-efecto
que se pretende
negar en el
presente
motivo.
El
Tribunal de
instancia, por
ello, razona
con acierto que
J.A.B., que se
encontraba en
su domicilio de
Beurco,
padecía una
patología
respiratoria
crónica, y hubo
de avisar a una
vecina por el
ahogo que
presentaba al
abrir las
ventanas de su
vivienda,
ingresando a
las 9,31 de la
mañana
cadáver en el
Hospital de
San Eloy,
como
consecuencia
de un edema
pulmonar
agudo
producido por
una
descompensaci
ón brusca por
exposición a la
nube
contaminante
existente en
Baracaldo.
Añade que la
relación causa-
efecto se
apunta en el
informe de
autopsia folio
25 y ss y 815 y
ss y de
toxicología
folios 717 y ss.
y señala que la
coincidencia
temporal entre
el incremento
de nivel de
emisión por la
puesta en
funcionamiento
de la fábrica y
que cesa en sus
efectos
perniciosos
inmediatament
e después de
que se parara
(folio 27 de la
sentencia),
independiente
mente de otros
focos emisores
de SO2 y sin
ser el dióxido
de azufre el
único
contaminante
que afectó a las
vías
respiratorias
resulta
innegable que
Rontealde
contribuyó
eficazmente al
suceso de
contaminación
descrito
durante apenas
50 minutos y a
que resultasen
afectados
diversos
individuos.
No ha
existido, pues,
el error que se
denuncia.
QUINT
O.- En el
quinto motivo
del recurso,
formalizado al
amparo del
número 2º del
artículo 849 de
la Ley de
Enjuiciamiento
Criminal, se
invoca error en
la apreciación
de la prueba
basado en
documentos
que obran en
autos que
demuestran la
equivocación
del juzgador
sin resultar
contradichos
por otros
elementos
probatorios.
A través
de este motivo
se trata de
poner de
manifiesto de
nuevo el error
en la
apreciación de
la prueba en
que se incurre
por el Tribunal
de instancia al
valorar el
dictamen del
médico-
forense, error
que también se
denuncia a
modo de
excepción por
considerar que,
al igual que
ocurría en el
motivo
anterior, la Sala
se aparta sin
motivo alguno
que lo
justifique del
criterio
científico
establecido en
las periciales
llevando la
afirmación de
la causalidad
más lejos que
los peritos,
cuando la
prueba pericial
practicada en el
plenario con
posterioridad a
la pericial
médica ha
demostrado la
presencia de
otros
contaminantes
y las sinergias
entre ellos,
extremo
además que
acoge el
Tribunal,
contaminantes
cuya existencia
no conocían ni
el médico-
forense ni lo
peritos del
Instituto
Nacional de
Toxicología al
emitir sus
dictámenes.
El
presente
motivo es
reiteración del
anterior y debe
correr la misma
suerte
desestimatoria,
siendo de
reproducir lo
que allí se ha
expuesto.
SEXTO
.- En el sexto
motivo del
recurso,
formalizado al
amparo del
número 2º del
artículo 849 de
la Ley de
Enjuiciamiento
Criminal, se
invoca error en
la apreciación
de la prueba
basado en
documentos
que obran en
autos que
demuestran la
equivocación
del juzgador
sin resultar
contradichos
por otros
elementos
probatorios.
Este
motivo
pretende poner
de manifiesto
el error en el
que ha
incurrido el
Tribunal
cuando afirma
en el relato de
hechos
probados que
el arranque de
Rontealde
agravó de
forma
considerable
los niveles de
concentración
de SO2 en
Baracaldo,
disparando la
sinergia del
resto de
contaminantes
en la zona, y
achaca al
arranque de
Rontealde las
dificultades
respiratorias,
tos e irritación
en garganta,
nariz y ojos
padecidos por
habitantes de
diversos
barrios de
Baracaldo,
consideracione
s fácticas que
se completan
con otras
contenidas en
la
fundamentació
n jurídica (F.J.
5º de la
Sentencia), en
las que se
establece que
Rontealde
contribuyó
eficazmente al
suceso de
contaminación
y contribuyó de
manera
decisiva a que
los niveles
sobrepasaran el
umbral de
afectación a la
salud e los
habitantes de
Baracaldo, y
que sirven
después para
afirmar la
causalidad y
condenar por el
delito de
homicidio y
lesiones. Dicha
valoración
fáctica no sólo
se produce sin
prueba de
cargo, como ya
se ha expuesto
en el primer
motivo de
casación, sino
que resulta
contradicha por
las propias
pruebas
periciales de
los peritos
propuestos por
la defensa, que
el Tribuna l
acepta casi en
su totalidad,
pero después
acaba
desviándose
del criterio
científico de
los peritos en
muchos puntos
sin aducir
razón ninguna
razón de
ciencia que lo
justifique, lo
cual en un
asunto tan
complejo como
el de autos
devenía
totalmente
indispensable.
Este
motivo
tampoco puede
prosperar.
Las
explicaciones
ofrecidas por el
Tribunal de
instancia sobre
las
consecuencias
que para la
salud de las
personas, que
vivían en la
zona afectada,
supuso la
arrancada de la
planta,
aparecen
perfectamente
lógicas y
sustentadas en
los medios
probatorios a
los que se
alude en la
sentencia
recurrida, sin
que exista
perito alguno
que defienda
que esa
arrancada fue
inocua o
intrascendente
para la
contaminación
atmosférica.
No
concurren los
presupuestos a
los que se ha
hecho
referencia en
anteriores
motivos para
que prospere el
error que se
postula.
SÉPTI
MO.- En el
séptimo motivo
del recurso,
formalizado al
amparo del
número 2º del
artículo 849 de
la Ley de
Enjuiciamiento
Criminal, se
invoca error en
la apreciación
de la prueba
basado en
documentos
que obran en
autos que
demuestran la
equivocación
del juzgador
sin resultar
contradichos
por otros
elementos
probatorios.
Este
motivo
pretende poner
de manifiesto
el error en el
que ha
incurrido el
Tribunal
cuando afirma
que la emisión
de la planta de
Rontealde al
arrancar el día
21 de octubre
de 1994 realizó
una
contribución
decisiva para el
nivel de
contaminación
alcanzado en
Baracaldo
sobre las 9
horas y disparó
la sinergia de
los restantes
contaminantes
existentes en la
atmósfera, sin
apoyatura
alguna en la
prueba que
podría haber
sido de cargo
de los
resultados de la
Red de
sensores del
Gobierno
Vasco, al haber
desparecido su
información,
sobre todos los
datos de los
contaminantes
y parámetros
metereológicos
referidos al día
anterior, 20 de
octubre, de
todas las
estaciones, y
no ser fiable la
de las horas
previas a las 9
horas de la
estación de
Baracaldo en
relación con el
SO2.
Es de
reiterar que el
Tribunal de
instancia pudo
valorar
elementos
probatorios, a
los que hace
expresa
referencia, que
evidenciaron la
influencia que
la arrancada de
la planta
supuso para la
contaminación
atmosférica,
como fue bien
expresivo el
que fueran
desapareciendo
los efectos
nocivos sobre
la salud de los
vecinos una
vez que se
materializó la
orden de
parada. Los
fallos que se
hubieran
podido
producir en los
censores en
modo alguno
acredita lo
contrario de lo
que dice el
Tribunal
sentenciador.
El
motivo debe
ser igualmente
desestimado.
OCTA
VO.- En el
octavo motivo
del recurso,
formalizado al
amparo del
número 2º del
artículo 849 de
la Ley de
Enjuiciamiento
Criminal, se
invoca error en
la apreciación
de la prueba
basado en
documentos
que obran en
autos que
demuestran la
equivocación
del juzgador
sin resultar
contradichos
por otros
elementos
probatorios.
Este
motivo
pretende poner
de manifiesto
el error en el
que ha
incurrido el
Tribunal
cuando afirma
que fue el SO2
el
desencadenante
principal de la
reacción en las
vías
respiratorias y
consiguiente
fallecimiento
de A. y
lesiones de S.,
interpretando
erróneamente
el resultado de
la pericia
emitida por
E.A.F. y
K.C.C..
Una vez
más hay que
rechazar el
error que se
postula ya que
los informes
periciales
emitidos, como
ya se ha
expresado con
anterioridad,
no fueron
rechazados por
el Tribunal
sentenciador
que los tuvo en
cuenta así
como los
demás
elementos
probatorios que
pudo valorar,
cuestión
distinta es que
el recurrente
discrepe o
sostenga otra
valoración, y
en ello no se
puede sustentar
el presente
motivo de
casación.
NOVE
NO.- En el
noveno motivo
del recurso,
formalizado al
amparo del
número 1º del
artículo 849 de
la Ley de
Enjuiciamiento
Criminal, se
invoca
infracción del
artículo 325 del
Código Penal.
Lo que
se trata de
combatir a
través del
presente cauce
casacional es el
juicio de
subsunción
realizado en la
Sentencia
recurrida en
cuanto aprecia
que los hechos
enjuiciados son
constitutivos
de un delito de
homicidio
imprudente en
concurso ideal
con un delito
de lesiones
imprudentes,
afirmándose
que los hechos
no son
constitutivos
de ninguno de
dichos delitos
al no concurrir
ni la infracción
del deber
objetivo de
cuidado propio
de las acciones
y omisiones
imprudentes, ni
la relación
causal entre la
conducta de mi
representado y
la muerte y las
lesiones que
constituyen el
resultado
material de los
citados delitos,
ni tampoco la
previsibilidad
de dichos
resultados.
Este
motivo
tampoco puede
prosperar y la
mención que se
hace del
artículo 325 del
Código Penal
debe ser un
error.
El
Tribunal de
instancia
califica la
conducta de los
recurrentes
como
constitutivos
de delitos de
homicidio y
lesiones
imprudentes al
haber ordenado
el
precalentamien
to y puesta en
marcha de la
fábrica sin
cerciorarse de
que las
condiciones
climatológicas
permitirían la
dispersión de
las emisiones
que esa
arrancada
presuponía por
encima de los
niveles
habituales de
Rontealde.
Imprudencia
que dado el
ámbito
profesional en
que actuaban y
los sobrados
conocimientos
que debían
poseer tanto
sobre la
incidencia del
dióxido de
azufre en la
calidad del aire
como de las
condiciones
atmosféricas en
la dispersión,
pudiendo estar
en peligro la
salud de los
vecinos de la
zona, la
convierten en
imprudencia
grave
profesional.
La
esencia del
desvalor de la
acción
imprudente se
encuentra en la
infracción del
deber de
cuidado y el
tipo objetivo se
configura con
la realización
de una acción
que supere el
riesgo
permitido y la
imputación
objetiva del
resultado. En el
delito
imprudente,
por
consiguiente,
se produce un
resultado
socialmente
dañoso
mediante una
acción evitable
y que supera el
riego
permitido. La
tipicidad se
determinará
mediante la
comparación
entre la acción
realizada y la
que era exigida
por el deber de
cuidado en la
situación
concreta.
Respect
o al momento y
fuentes del
deber de
cuidado, la
situación debe
ser objeto de
un análisis “ex
ante” y
teniendo en
cuenta la
situación
concreta en la
que se
desarrolló la
acción. La
norma de
cuidado, al
igual que el
riesgo
permitido,
puede estar
establecida en
la ley, en un
reglamento, en
disposiciones
particulares y,
desde luego,
basada en la
experiencia.
La
acción
peligrosa tiene
que producir
un resultado
que pueda ser
imputado
objetivamente
a la misma. Así
pues, el
resultado debe
ser evitable
conforme a un
análisis “ex
ante”.
Varios
son los
criterios de
imputación del
resultado, y
como más
destacamos
señalaremos la
teoría del
incremento del
riesgo;
conforme a la
misma es
preciso que el
resultado
constituya la
realización del
riesgo
generado por la
acción y que la
conducta del
sujeto haya
incrementado
la probabilidad
de producción
del resultado
comparándola
con el peligro
que es
aceptable
dentro del
riesgo
permitido. Para
la teoría del
ámbito de
protección de
la norma, no
habrá
imputación del
resultado
cuando éste no
sea uno de los
que se
pretenden
impedir con la
indicada
norma. En
otras palabras,
la norma que
impone los
deberes
pretende evitar
ciertos
resultados,
cuando el
resultado no es
uno de ellos,
significa que se
encuentra fuera
de su ámbito de
protección y,
consecuenteme
nte, debe
negarse la
imputación de
dicho
resultado. Por
último la teoría
de la
evitabilidad,
conforme a la
cual habrá que
preguntarse
que hubiera
sucedido si el
sujeto hubiera
actuado
conforme a la
norma. Si a
pesar de ello,
es decir, si
aunque el
sujeto hubiera
cumplido con
la norma el
resultado se
hubiera
producido
igualmente,
habrá que
negar la
imputación
objetiva del
resultado.
En el
delito
imprudente, el
tipo subjetivo
lo constituye el
desconocimient
o
individualment
e evitable del
peligro
concreto.
Desconocimien
to que le es
imputable ya
que pudo haber
previsto el
resultado si su
comportamient
o hubiera sido
adecuado al
deber de
cuidado.
Aplican
do la doctrina
que se deja
expuesta sobre
los delitos
imprudentes al
caso que
examinamos,
podemos
comprobar que
concurren
cuantos
elementos le
caracterizan.
Los
acusados
crearon una
situación de
peligro al
iniciar el
proceso de
arrancada de la
planta, con la
consiguiente
emisión de
SO2 a la
atmósfera, sin
cerciorarse si
las condiciones
climatológicas
existentes eran
las adecuadas,
desconocimient
o que hubieran
evitado si
hubieran
adoptado las
medidas de
precaución y
de deber de
cuidado que les
eran exigibles,
por sus
conocimientos
técnicos y
experiencia
profesional,
produciéndose
un resultado
lesivo a la
salud de las
personas que
les era
imputable, ya
que supuso un
incremento de
riesgo no
permitido,
estaba dentro
del ámbito de
protección de
la norma y
evitable si
hubieran
adoptados esas
medidas de
cuidado,
máxime
cuando en la
licencia de
apertura
constaba que
era necesario
comunicar a la
Viceconsejería
de Medio
Ambiento los
procesos de
arrancada para
que se
comprobara si
las condiciones
climatológicas
lo permitían,
siendo de
reiterar los
razonamientos
ya expuestos,
al examinar el
primer motivo,
sobre la
relación causa-
efecto.
Por
consiguiente, el
Tribunal de
instancia ha
subsumido
correctamente
la conducta de
los acusados en
los delitos que
se les imputan.
DÉCIM
O.- En el
décimo motivo
del recurso,
formalizado al
amparo del
número 1º del
artículo 849 de
la Ley de
Enjuiciamiento
Criminal, se
invoca
infracción de
los artículos
27, 28 y 5 del
Código Penal.
Lo que
se trata de
poner de
relieve en el
presente
motivo de
casación es la
aplicación
indebida de los
artículos 27, 28
y 5 del Código
Penal, pues aun
en el caso de
estimar que los
hechos son
constitutivos
de delito no era
mi
representado
quien tenía
encomendada
la función de
comunicar los
arranques de la
planta, por lo
que no puede
ser responsable
criminalmente
de dicha
omisión.
Ya se ha
hecho antes
referencia a la
actividad
profesional que
realizaba el
ahora
recurrente en la
planta de
Rontealde y a
esa dirección
técnica no le
eran ajenas las
condiciones y
medidas que
debían
adoptarse antes
de que se diera
la orden de
arrancada, y
tan es así que
como superior
jerárquico del
DIRECCION0
00 se hizo
cargo de esa
arrancada una
vez que se
constituyó
físicamente en
la planta como
suya era esa
dirección antes
de marcharse y
mientras estuvo
físicamente
ausente, y suya
fue, asimismo,
la decisión de
acatar la orden
que había
salido de la
Policía Local
de que se
parase la planta
ante el
incremento de
los problemas
de salud de los
vecinos de la
zona.
Es de
reproducir lo
expresado en el
anterior motivo
sobre la
calificación
jurídica de los
hechos y la
participación
de este acusado
en los mismos.
Este
último motivo
tampoco puede
prosperar.
RECU
RSO
INTERPUES
TO POR
K.I.A.
PRIME
RO.- En el
primer motivo
del recurso,
formalizado al
amparo del
artículo 5.4 de
la Ley
Orgánica del
Poder Judicial,
se invoca
vulneración del
derecho de
presunción de
inocencia que
proclama el
artículo 24.2 de
la
Constitución.
La
coincidencia
literal entre el
extracto de este
motivo y el
primero
formalizado
por el otro
recurrente es
total, por lo
que es de dar
por
reproducido
todo lo que se
dijo para
rechazar aquél
motivo.
La única
especialidad
radica en la
personal
intervención
que tuvo este
recurrente en
los hechos
enjuiciados y
queda
perfectamente
acreditado que
el ahora
recurrente era
el
DIRECCION0
00 de la planta,
que estaba
jerárquicament
e subordinado
al otro acusado,
que dejó las
órdenes para el
precalentamien
to de la planta
una vez
subsanada la
avería y que
personado
físicamente en
la fábrica,
sobre las ocho
horas del día
21 de octubre,
intervino en el
proceso de
arrancada y
que estuvo al
frente de esa
operación hasta
que se hizo
cargo el
DIRECCION0
01.
En todo
lo demás habrá
que reiterar lo
que se dijo para
desestimar el
primer motivo
del otro
recurrente.
SEGUN
DO.- En el
segundo
motivo del
recurso,
formalizado al
amparo del
artículo 5.4 de
la Ley
Orgánica del
Poder Judicial,
se invoca
vulneración del
derecho a ser
informado de
la acusación,
del derecho de
defensa, del
derecho a un
proceso con
todas las
garantías y del
derecho a la
tutela judicial
efectiva y a no
sufrir
indefensión
que proclama
el artículo 24.2
de la
Constitución.
En este
motivo sucede
lo mismo que
en el anterior.
Como
reproducción
idéntica del
formalizado
por el otro
acusado,
idéntica tiene
que ser la
respuesta.
Ciertam
ente, los
delitos objeto
de condena se
corresponden
con los que se
postulaban en
los escritos de
acusación y lo
mismo cabe
decir con los
hechos
esenciales en
los que se
sustentan tales
acusaciones,
como es la
emisión de
sustancias
contaminantes,
en esas
especiales
circunstancias
atmosféricas,
procedente de
la planta de la
que eran
responsables
técnicamente
los acusados,
lo que
constituyó la
acción
peligrosa
desencadenante
de las lesiones
y fallecimiento
que se declaran
probados, al
haberse
producido una
situación de
sinergia con el
resto de los
contaminantes
que existían en
ese momento
en esa zona.
El
motivo debe
ser
desestimado.
TERCE
RO.- En el
tercer motivo
del recurso
formalizado al
amparo del
número 2º del
artículo 849 de
la Ley de
Enjuiciamiento
Criminal, se
invoca error en
la apreciación
de la prueba
basado en
documentos
que obran en
autos que
demuestran la
equivocación
del juzgador
sin resultar
contradichos
por otros
elementos
probatorios.
Se
reitera
igualmente el
tercer motivo
del otro
recurrente
sobre la
interpretación
de la licencia
de apertura y
el protocolo de
arranque de la
planta,
extremos que
fueron ya
examinados,
sin que
existiera error
alguno, siendo
perfectamente
correcta la
interpretación
que hace la
Sala de
instancia de la
que discrepa el
recurrente, en
el ejercicio de
su derecho de
defensa, sin
que ello
implique error
alguno a los
efectos del
motivo de
casación aquí
formalizado,
que debe ser
desestimado.
CUAR
TO.- En el
cuarto motivo
del recurso,
formalizado al
amparo del
número 2º del
artículo 849 de
la Ley de
Enjuiciamiento
Criminal, se
invoca error en
la apreciación
de la prueba
basado en
documentos
que obran en
autos que
demuestran la
equivocación
del juzgador
sin resultar
contradichos
por otros
elementos
probatorios.
Se
refiere al
informe
pericial emitido
por el Instituto
Nacional de
Toxicología y
como ya se ha
declarado al
examinar igual
motivo
formalizado
por el otro
recurrente, el
Tribunal de
instancia en
modo alguno
se ha separado
de las
conclusiones
de dicho
dictamen, muy
al contrario, las
ha tenido bien
en cuenta para
alcanzar su
convicción
sobre las
causas que
determinaron el
fallecimiento y
la incidencia
que en ello
tuvo la
arrancada de la
planta y la
consiguiente
emisión de
gases
contaminantes,
unido a la
situación
atmosférica en
ese momento
existente.
No se ha
producido error
aluno y este
motivo
igualmente
debe ser
desestimado.
QUINT
O.- En el
quinto motivo
del recurso,
formalizado al
amparo del
número 2º del
artículo 849 de
la Ley de
Enjuiciamiento
Criminal, se
invoca error en
la apreciación
de la prueba
basado en
documentos
que obran en
autos que
demuestran la
equivocación
del juzgador
sin resultar
contradichos
por otros
elementos
probatorios.
El
motivo, como
sucedió con el
otro recurrente,
reincide en los
mismos
argumentos
esgrimidos
para defender
el anterior. Este
debe correr la
misma suerte
desestimatoria.
SEXTO
.- En el sexto
motivo del
recurso,
formalizado al
amparo del
número 2º del
artículo 849 de
la Ley de
Enjuiciamiento
Criminal, se
invoca error en
la apreciación
de la prueba
basado en
documentos
que obran en
autos que
demuestran la
equivocación
del juzgador
sin resultar
contradichos
por otros
elementos
probatorios.
El
recurrente
pretende
sostener, en
base al
dictamen
pericial de la
defensa, que el
arranque de
Rontealde no
agravó de
forma
considerable
los niveles de
concentración
de SO2 en
Baracaldo,
disparando la
sinergia del
resto de
contaminantes
de la zona y
que no existió
relación entre
ese arranque y
la afectación de
la salud de los
vecinos de la
zona.
Este
motivo ha
tenido ya
respuesta al
examinar igual
invocación
realizada por el
otro acusado.
En todo caso es
de recordar que
el Tribunal de
instancia pudo
valorar
distintos
dictámenes
periciales, con
diferente visión
de lo
acontecido, por
lo que no
puede decirse
que se hubiera
separado del
existente o
existentes,
único supuesto
en el que
podría
prosperar el
error que se
postula. Lo
cierto es que
existieron otros
dictámenes y
muchas otras
pruebas de
distinta
naturaleza que
permitieron al
Tribunal de
instancia
alcanzar su
convicción
sobre lo
sucedido y
sobre la
incidencia que
produjo el
arranque de la
planta en las
circunstancias
en las que se
hizo.
No
concurren,
pues, los
presupuestos
que se exigen
para sostener
que se produjo
error en la
valoración de
la prueba,
basado en
documentos
que obran en la
causa.
El
motivo debe
ser
desestimado.
SÉPTI
MO.- En el
séptimo motivo
del recurso,
formalizado al
amparo del
número 1º del
artículo 849 de
la Ley de
Enjuiciamiento
Criminal, se
invoca
infracción del
artículo 325 del
Código Penal.
Lo que
se trata de
combatir a
través del
presente cauce
casacional es el
juicio de
subsunción
realizado en la
Sentencia
recurrida en
cuanto aprecia
que los hechos
enjuiciados son
constitutivos
de un delito de
homicidio
imprudente en
concurso ideal
con un delito
de lesiones
imprudentes,
afirmándose
que los hechos
no son
constitutivos
de ninguno de
dichos delitos
al no concurrir
ni la infracción
del deber
objetivo de
cuidado propio
de las acciones
y omisiones
imprudentes, ni
la relación
causal entre la
conducta de mi
representado y
la muerte y las
lesiones que
constituyen el
resultado
material de los
citados delitos,
ni tampoco la
previsibilidad
de dichos
resultados.
No se
entiende el que
se diga
infringido el
artículo 325 del
Código Penal.
En esto y en
todo lo demás
coincide con el
noveno motivo
formalizado
por el otro
recurrente, por
lo que para
evitar
repeticiones
nos remitimos
a lo allí
expresado para
rechazarlo.
El
motivo se
presenta
enfrentado al
relato fáctico
de la sentencia
recurrida, que
debe ser
rigurosamente
respetado, dado
el cauce
procesal
esgrimido, y en
él concurren,
como antes se
declaró,
cuantos
elementos
caracterizan los
delitos de
homicidio y
lesiones
imprudentes
apreciados
correctamente
por el Tribunal
de instancia.
El
motivo debe
ser
desestimado.
RECU
RSO
INTERPUES
TO POR LA
ACUSACIÓN
PARTICULA
R EN
NOMBRE DE
S.S.Z. Y DE
LA
PLATAFOR
MA
ECOLOGIST
A ERREKA
PRIME
RO.- En el
primer motivo
del recurso,
formalizado al
amparo del
número 1º del
artículo 849 de
la Ley de
Enjuiciamiento
Criminal, se
invoca
infracción, por
inaplicación
indebida, del
artículo 325 del
Código Penal.
Se
alega, en
defensa del
motivo, que se
ha producido la
comisión de un
delito contra el
medio
ambiente y que
se equivoca el
Tribunal de
instancia al
negar la
presencia del
elemento
normativo del
tipo, y se
afirma, por el
contrario, que
este elemento
está presente
en cuanto se ha
infringido el
Decreto
833/75, que
desarrolla la
Ley 38/72, de
protección del
ambiente
atmosférico.
Lo que
se afirma, en
defensa del
recurso,
aparece
enfrentado al
relato fáctico
de la sentencia
recurrida, que
debe ser
rigurosamente
respetado, y en
él no consta la
contravención
de Leyes u
otras
disposiciones
de carácter
general,
protectoras del
medio
ambiente.
El
Tribunal de
instancia,
partiendo de
ese relato
fáctico, llega a
la conclusión
de que no se ha
podido
acreditar los
concretos
niveles de
emisión que se
produjeron por
el arranque de
la planta y
aunque éstos
existieron y
con la
intensidad
propia de ese
tipo de
operación en
una planta de
esas
características,
no se puede
olvidar que ese
elemento
normativo es
preceptivo
como
preceptivo es
que se hubiera
acreditado que
se hubieran
superado, con
gravedad, los
limites de
contaminación
autorizados.
Por ello, el
Tribunal de
instancia
razona, con
detenimiento,
sobre la
ausencia de los
elementos que
requiera esta
figura
delictiva,
rechazando su
existencia.
El
motivo no
puede
prosperar.
SEGUN
DO.- En el
segundo
motivo del
recurso,
formalizado al
amparo del
número 1º del
artículo 849 de
la Ley de
Enjuiciamiento
Criminal, se
invoca
infracción, por
inaplicación
indebida, del
artículo 326,
apartado b) del
Código Penal,
en relación con
el artículo 325
del mismo
texto legal,
motivo que es
renunciado.
TERCE
RO.- En el
tercer motivo
del recurso,
formalizado al
amparo del
número 2º del
artículo 849 de
la Ley de
Enjuiciamiento
Criminal, se
invoca error en
la apreciación
de la prueba
basado en
documentos
que obran en
autos que
demuestran la
equivocación
del juzgador
sin resultar
contradichos
por otros
elementos
probatorios.
Se
señala, en
apoyo del
motivo, un
informe del
Departamento
de Urbanismo,
Vivienda y
Medio
Ambiente del
Gobierno
Vasco, otro del
Departamento
de Industria y
Energía del
mismo
Gobierno y un
informe
pericial que
obra a los
folios 1273 a
1372 de las
actuaciones.
En el
propio recurso
se reconoce,
respecto al
primero de los
informes
citados, que en
él únicamente
se dice que se
han emitido
cantidades
importantes de
SO2 y que la
emisión se ha
producido
forzosamente.
No se puede
afirmar que ese
dictamen esté
en
contradicción
con la
convicción
alcanzada por
el Tribunal de
instancia, que
parte de la
existencia de
una emisión
importante de
SO2, pero que
ante su
imprecisión no
le permite
aprecia r el
delito contra el
medio
ambiente que
se postula. Lo
mismo cabe
decir respecto a
lo que se
recoge en los
otros
dictámenes que
se mencionan y
el propio
Tribunal
sentenciador
explica las
razones por las
que no puede
asumir algunos
de los datos
que le
suministra el
perito judicial,
al que califica
como
inconsistente
en
determinados
aspectos, y se
menciona la
situación de
inversión
térmica que se
padecía en esos
momentos que
por si sola
motivaría la
existencia de
valores
superiores a los
normales en la
calidad del
aire.
En
consecuencia,
no puede
estimarse que
el Tribunal de
instancia
hubiera
incurrido en
error al afirmar
que no se había
producido
infracción del
Real Decreto
833/1975, ni
los dictámenes
periciales que
se señalan
permitan
sostener lo
contrario.
El
motivo no
puede
prosperar. III. FALLO
DEBEMOS
DESESTIMAR Y
DESESTIMAMOS LOS
RECURSOS DE CASACION por
infracción de preceptos
constitucional e infracción de Ley
interpuestos por los acusados
J.A.E.R.L. y K.I.A., y por la
acusación particular en nombre de
S.S.Z. y éste a su vez en nombre de
la PLATAFORMA
ECOLOGISTA ERREKA, contra
sentencia dictada por la Sección
Segunda de la Audiencia Provincial
de Vizcaya, de 21 de julio de 2003,
en causa seguida por delito de
homicidio y lesiones imprudentes, y
contra el medio ambiente.
Condenamos a dichos recurrentes al
pago de las costas ocasionadas con
sus respectivos recursos.
Comuníquese esta Sentencia a la
mencionada Audiencia a los efectos
legales oportunos, con devolución
de la causa que en su día remitió,
interesando acuse de recibo.
Así por esta nuestra
sentencia, que se publicará en la
Colección Legislativa lo
pronunciamos, mandamos y
firmamos
PUBLICACION.- Leida y
publicada ha sido la anterior
sentencia por el Magistrado Ponente
Excmo. Sr. D Carlos Granados
Pérez, estando celebrando audiencia
pública en el día de su fecha la Sala
Segunda del Tribunal Supremo, de
lo que como Secretario certifico.
