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Agosto 27 de 2020.-

www.ambito.com

Senado sesiona y el oficialismo avanzará con la reforma judicial

El kirchnerismo también empujará una resolución para dejar sin efecto la designación de Marcelo Laporta como vocal titular y la renuncia de Felipe Ricca -suplente- del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal, en medio de la disputa con el procurador general interino, Eduardo Casal.

Vallas. Una protesta contra la reforma se realizó frente al Congreso. Cristina de Kirchner llamó al ministro de Seguridad porteño, Diego Santilli, para que quiten las vallas. La Ciudad las retiró y además prohibió que se armaran carpas para una vigilia.

El Frente de Todos avanzará esta tarde en el Senado con la aprobación del proyecto de reforma judicial que envió el Ejecutivo semanas atrás, que en las últimas horas mutó a una actualización en la Justicia y ya no hacia una reforma integral tras los dichos de la presidenta de la Cámara alta, Cristina de Kirchner, quien estuvo encima de la iniciativa y del despacho de mayoría que empujará el oficialismo.

Quien salió ayer a avalar el cambio de denominación de la iniciativa -los votos sobran en Senado, pero el panorama en Diputados es más que complejo- fue el jefe de la bancada kirchnerista en el Senado, José Mayans. “Más que una reforma, es un fortalecimiento de la Justicia”, aseguró el legislador formoseño, y agregó que existe la voluntad “de ir hacia una reforma en el Consejo de la Magistratura”.

Mayans también dijo que “el sistema inquisitivo es arcaico y buscamos ir al acusatorio, que es más transparente”. Sin embargo, la oposición e invitados a los plenarios que realizaron las comisiones de Asuntos Constitucionales, y de Justicia de la Cámara alta -donde se analizó la iniciativa- dieron a entender que esa situación no ocurrirá con el proyecto que se votará .

Anteayer, Cristina de Kirchner opinó de manera pública por primera vez y manifestó: “Sinceramente creo que el país todavía se debe una verdadera reforma judicial que no es la que vamos a debatir este jueves. Sin embargo, la primera actitud que debe tener la totalidad del sistema político argentino, cualquiera sea su postura ideológica y partidaria, es aceptar que cualquier diferencia, no sólo respecto de la organización del Poder Judicial o de la necesidad de su reforma, sino de cualquier otra cuestión sobre la que no haya acuerdo, tiene un solo lugar de discusión y resolución: el Congreso”.

Según la titular del Senado, el proyecto crea “nuevos juzgados penales en la Ciudad de Buenos Aires -el objetivo del oficialismo es licuar el poder de Comodoro Py- y en el resto del país”, y “comienza a implementar el mandato de la reforma constitucional de 1994, que ordenaba la transferencia de la Justicia ordinaria a la esfera de la Ciudad de Buenos Aires”. También resaltó que el texto aborda “cuestiones de competencia, que le da una mayor transparencia al ingreso y al sorteo de causas e introduce la perspectiva de género”.

Durante la sesión, el Frente de Todos empujará una resolución para dejar sin efecto la designación de Marcelo Laporta como vocal titular y la renuncia de Felipe Ricca -suplente- del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal, en medio de la disputa con el procurador general interino, Eduardo Casal. También habrá otra resolución similar, pero sobre el Ministerio Público de la Defensa. Estos temas, junto con la reforma judicial, gatillarán un fuerte debate en el recinto virtual entre el oficialismo y Juntos por el Cambio, que comanda el radical Luis Naidenoff.

Otro punto incluido en la agenda de la sesión será el guiño a la autorización para la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida de fuerzas nacionales para participar de ejercicios del programa de ejercitaciones combinadas.

Problemas en Diputados

El oficialismo continúa sin poder sesionar desde que se venció el protocolo de sesiones virtuales, y desde los principales bloques ya consideraban anoche la imposibilidad de avanzar esta semana con alguna definición. Deberá esperar el paquete de ayuda al turismo.

Un problema se le sumó al Frente de Todos en las últimas horas: la disputa que llevó a la Justicia la dirigente K Asunción Miras Trabalón (Nuevo Encuentro), segunda en la lista de candidatos titulares a diputados de 2019 en Neuquén, para impedir la jura del primer suplente varón de aquella nómina, Guillermo Carnaghi, en reemplazo de Darío Martínez, flamante secretario de Energía.

Larreta "apelará" el veto de Trotta a la apertura de las escuelas

La decisión del Gobierno nacional tensó la relación con la Ciudad, que se vio sorprendida por la medida. Buscarán adecuar más los protocolos.

Por Patricia García

Se tensó la paz pandémica con desacuerdo en un tema clave, pero la Ciudad buscará insistir en defender una propuesta que ahora enfrenta a Horacio Rodríguez Larreta con Alberto Fernández o al menos a ministros de ambos.

El Gobierno porteño se vio sorprendido ayer al conocer formalmente la decisión del ministro nacional de Educación, Nicolás Trotta, de vetar (por incompleta, incongruente y ambigua) la puesta en marcha de un programa educativo en la Ciudad de Buenos Aires. Aseguraron, en la administración de Larreta, que el proyecto “Conectate en la escuela” -o de “espacios digitales”- estaba acordado y renegaban ayer de haberse enterado por la noticia y no por la formalidad de la nota correspondiente, que llegó por la mañana al despacho de la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña.

Lo cierto es que se trata de un programa simultáneo con el de “ir a buscar” a los niños y adolescentes que no estuvieron conectados para recibir conocimiento. Consiste en la apertura de todas las escuelas primarias y secundarias porteñas para permitir que los alumnos puedan utilizar allí computadoras, funcionando de 10 a 14 con permiso para 15 chicos por turno por escuela. Es decir, se podrían movilizar más de 19 mil escolares de primaria y secundaria, los adultos responsables para los menores de 15 años, el personal administrativo y docente de los colegios, entre otros. La idea iba a trasmitirse, además, a los establecimientos privados para que también abran sus puertas, sumando otras 600 escuelas más a la flexibilización.

El humor, ayer, en el Gobierno porteño fue de fastidio, pero se acordó la decisión de insistir. Lo harán en una reunión que aseguran está prevista para las próximas horas entre Trotta, Acuña y los ministros de Salud Ginés González García y Fernán Quirós.

Esa “apelación” tendrá en cuenta la posibilidad de ajustar los protocolos para obtener la autorización de poner en marcha el plan que había anunciado Larreta hace quince días.

Trotta rechazó la propuesta porteña de los “espacios digitales” por “incongruente” y “ambigua”, sosteniendo que “la Ciudad de Buenos Aires se encuentra en una situación epidemiológica de ASPO (Aislamiento Social Preventivo Obligatorio), lo que implica que, de llevar adelante esta iniciativa, se estaría poniendo en riesgo a la comunidad educativa. Se trata de una presentación incompleta que no aplica a los lineamientos pedagógicos aprobados por las provincias”.

“Soy el primer promotor de la vuelta a las clases presenciales, pero en junio pasado nos opusimos también a que Jujuy aplicara un protocolo para volver a las aulas y luego la realidad nos dio la razón”, dijo el ministro y remarcó que “hemos sido los primeros en modificar decisiones de volver a las aulas, como sucedió en San Juan o Santiago del Estero, ya que nuestra prioridad es proteger la salud de la comunidad educativa”.

El funcionario además dijo que la propuesta de la Ciudad “presenta incongruencias y es ambigua” respecto a lo que anunció en su momento y que “lo que se tiene que lograr es un despliegue de los recursos del Estado para permitir que la escuela vaya hacia esos niños y no exponerlos a una posibilidad de contagio en un distrito que tiene un nivel alto de circulación del virus”.

“Pedimos mayor claridad a la Ciudad, no sabemos si es una propuesta para 5.100 alumnos, 6.500 o 9.000 y planteamos que si fuera una propuesta efectivamente para esos niños más vulnerables, no se trata sólo de un problema de conectividad, sino de una realidad más profunda que tiene que ver con la falta de acceso a las herramientas en una de las ciudades más ricas de América Latina”, explicó el ministro.

Para Trotta, a la vez, la Ciudad “no cumple con 15 puntos de los protocolos aprobados por el Consejo Federal de Educación” en su plan para comenzar la vuelta a clases.

Senador correntino descuenta que sale reforma judicial

Pedro Braillard Poccard, senador de la Alianza Encuentro Corrientes, lamentó que no haya habido más tiempo para analizar lo evaluado por especialistas.

Pedro Braillard Poccard, senador de la Alianza Encuentro Corrientes, aseguró "no tener dudas" sobre la aprobación del proyecto de ley para la reforma judicial que será tratado este jueves en el Senado debido a que el oficilismo posee "una mayoría muy holgada" en ese recinto, en declaraciones ofrecidas a miembros de la Asociación de Periodistas de la República Argentina (APeRA) este miércoles.

El funcionario criticó el poco tiempo para la evaluación de la iniciativa que había sido presentada por el presidente Alberto Fernández y el contexto en que se lleva adelante la discusión: “Yo planteé que no era la oportunidad. Lo dije desde el primer día y estamos dispuestos a conversar y analizar el tema con el transcurso del tiempo y con calma".

"Toda reforma que tenga que ver con un poder del Estado y es planteada desde el gobierno es razonable que se discuta”, señaló y añadió que cuando se refiere a "oportunidad" lo hace para hablar "de los tiempos" para llevar adelante el debate.

“Siempre he sostenido que los grandes cambios se deben hacer en momentos de tranquilidad y hoy la gente está viviendo una enorme incertidumbre, por la pandemia y porque están retraidos en sus actividades productivas y laborales”, enfatizó el senador e indicó, a modo de reclamo, que el oficialismo convocó rápidamente a la Comisión para emitir dictamen a poco de haber expuesto "último de los 50 especialistas a las 21 horas".

Sin embargo, Braillard Poccard aseveró que la aprobación será inmediata: “No tengo dudas que en el Senado va a salir mañana porque el oficialismo tiene una mayoría muy holgada, con 41 votos, y nosotros tenemos 29 por lo que no hay margen para sorpresas. No puedo hablar de Diputados, donde el oficialismo no tiene quórum y debe recurrir a aliados”.

“Con el nuevo Código Procesal Penal se van a necesitar muchos más fiscales que jueces; otro tema es el diseño en el interior que nos tomó por sorpresa y el otro es el aspecto del presupuesto porque tiene un costo importante”, expresó.

PAMI: mantienen congelados los precios de los medicamentos hasta fin de octubre

La entidad logró un acuerdo con las cámaras representantes de los laboratorios para extender la medida hasta el 31 de octubre.

El PAMI logró un acuerdo con las cámaras que nuclean a los laboratorios del país para extender el congelamiento de los precios de los medicamentos para los afiliados a la obra social hasta el 31 de octubre.

El convenio sellado genera beneficios para más de cinco millones de jubilados y pensionados que podrán acceder a la medicación de forma gratuita o con descuentos.

La renovación del vínculo bajo estas condiciones fue celebrado por la entidad que dirige Luana Volnovich al considerar que alcanza una "una importancia singular al darse en el contexto de la emergencia sanitaria" debido a que se garantiza el adecuado tratamiento para los adultos mayores, grupo etario considerado vulnerable frente al coronavirus Covid-19.

Las medicinas que ingresan en este acuerdo están destinadas a patologías prevalentes, enfermedades cardiovasculares, las afecciones respiratorias y el tabaquismo, entre otras.

La extensión del congelamiento de precios abarca a "todos los medicamentos del vademécum de la obra social", tanto a los de fabricación nacional como a los importados, que los afiliados compran con descuento, informó PAMI.

Esta prórroga contó con las rúbricas de Volnovich y los representantes de Cilfa (Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos), Caeme (Cámara Argentina de Especialidades Medicinales) y Cooperala (Cámara Empresaria de Laboratorios Farmacéuticos).

“El acuerdo es producto de un esfuerzo conjunto entre el instituto y la industria farmacéutica, que nos está acompañando en este momento difícil de la pandemia”, señaló Volnovich.

La directora ejecutiva en varias ocasiones señaló que la política de medicamentos gratuitos se transformó en una herramienta indispensable para los afiliados en la pandemia y, paralelamente, permitió a todos los afiliados un ahorro de $3200 por mes, lo que representa el 20% de la jubilación mínima.

"Es un ahorro muy importante para 2.300.000 personas afiliadas de PAMI”, expresó durante una entrevista en AM750 a comienzos de junio.

Por otra parte, el organismo adelantó que se constituirá una mesa de trabajo para favorecer la comercialización de medicamentos de producción nacional, que a partir de este mes tienen una reducción del 3% en la contribución actual de la industria.

Diputados debatió proyecto para inscribir con la condición de detenido-desaparecido a trabajadores del sector privado

El titular de la comisión de DDHH, el legislador del Frente de Todos, Hugo Yasky, consideró que que se trata de "una conquista que en el sector público se pudo concretar y todavía está pendiente en el área de los trabajadores del sector privado".

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, que preside Hugo Yasky (Frente de Todos), comenzó a analizar este miércoles en una reunión informativa, un proyecto que propone la inscripción de la condición de detenido-desaparecido en los legajos de los trabajadores víctimas de terrorismo de Estado en relación de dependencia del sector privado.

Se trata de una iniciativa de la diputada mandato cumplido, Carla Pitiot, presentado en 2019. Al explicar los alcances del proyecto, Pitiot precisó que "muchos legajos de trabajadores desaparecidos siguen figurando con frases como cesantes o abandono del trabajo, como si hubiesen dejado de asistir por cuestiones personales".

"Este proyecto busca visibilizar esta situación que tiene que ver con socavar la libertad y la dignidad humana por eso buscamos la reparación", aseguró Pitiot.

Si bien había sido invitada al encuentro la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, no pudo participar "por cuestiones personales", aclararon fuentes parlamentarias, aunque envió una carta para respaldar el debate de la iniciativa.

Al abrir la reunión, Yasky sostuvo que se trata de "una conquista que en el sector público se pudo concretar y todavía está pendiente en el área de los trabajadores del sector privado" y en ese marco, rechazó las afirmaciones del expresidente Eduardo Duhalde sobre que en el país existe la posibilidad de una ruptura del orden constitucional.

Desde la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad, Julián Scabbiolo, sostuvo que el trabajo de ese cuerpo "tiene que ver con recuperar los legajos de los trabajadores detenidos desaparecidos sobre el decreto de 2012" y puso de relieve que las empresas "han colaborado en las solicitudes, enviando la documentación: esta reparación es documental".

En representación de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida, pidió que el proyecto "se haga ley" y agradeció a la comisión "que hace 10 años trabaja para devolver la identidad y actualizar los legajos", tras anunciar que recibió el legajo de su hijo" y que "fue conmovedor". "Nuestros queridos detenidos desaparecidos que trabajaron en empresas privadas también tienen derecho", enfatizó al hablar ante los diputados.

Por su parte, Esteban Santamaria, recordó que su madre Cristina asesinada por el terrorismo de Estado, trabajaba en una empresa multinacional, y en su legajo aún figura como cesanteada.

En tanto, desde el gremio de trabajadores judiciales, el secretario de Derechos Humanos de la CGT, Julio Piumato, dijo que espera "su pronta sanción: no hay demasiado para debatir". "Esta es una política de Estado y esperemos que este año también pueda convertirse en ley: es cerrar un ciclo que empezó con la tarea de la comisión por la Reconstrucción de la Identidad", completó.

Si bien a través del Decreto 1199/2012 se dispuso la inscripción de la condición de detenido-desaparecido en los legajos de agentes de la Administración Pública Nacional, no sucedió lo mismo con el sector privado.

De acuerdo al proyecto, el trabajo de recuperación y reparación de legajos desarrollado por la Comisión de Trabajo por la Recuperación de Nuestra Identidad y del Archivo Nacional de la Memoria puso en evidencia la relevancia de este tipo de reparaciones en el contexto de las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia de los últimos 10 años en nuestro país.

También participaron de la reunión Miguel Santucho (Abuelas), Victorio Paulón (integrante de intersindical de Derechos Humanos); Carlos Pisoni (Agrupación Hijos en la Mesa de Organismos de DDHH) y Urieta Marieta Russo (Sitraju-Tucumán) y la diputada nacional Josefina González, hija de un trabajador desaparecido durante la última dictadura.

Espionaje M: juez Juan Pablo Augé rechazó permiso para que Gustavo Arribas pueda salir del país

El extitular de la AFI había solicitado autorización para viajar a Brasil como parte de su trabajo como representante de futbolistas.

Por Vanesa Petrillo

El ex titular de la AFI Gustavo Arribas, procesado por espionaje ilegal durante el gobierno macrista y citado a ampliar su indagatoria, quiere viajar a Brasil y Europa. Pidió autorización a la justicia pero tanto los fiscales como el juez Juan Pablo Augé se opusieron a la solicitud.

Arribas argumentó razones laborales y explicó que representa al jugador brasileño Allan Marques Loureiro y que un club inglés se encuentra negociando la adquisición de su pase.

En una presentación ante el juez de Lomas de Zamora Juan Pablo Auge, Arribas solicitó que se lo autorice a ausentarse del país, hasta el 20 de octubre. El planteo fue rechazado ante la existencia de riesgos procesales y debido a la proximidad de la nueva indagatoria que deberá afrontar el ex funcionario.

La idea era irse “en lo posible, desde el 24 de agosto de 2020 hasta el 20 de octubre de 2020”. Es más, le sugirió al juez que le tomara la indagatoria después de esa fecha.

Arribas recordó que antes de asumir en la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri, desempeñó su actividad profesional en Brasil “como accionista y directivo de compañías dedicadas, entre otros rubros, a los de representaciones de deportistas y administración de inmuebles”. Dijo que su lugar de residencia siempre fue San Pablo.

El ex funcionario explicó que “tras concluir mis tareas en diciembre de 2019, comenzamos los preparativos para regresar a Brasil. A tal punto es así que tramité la pérdida de mi residencia fiscal en Argentina”.

La mujer y la hija viajaron a Brasil en agosto. “Necesito conservar los lazos familiares en un primer término y de ahí la necesidad de viajar al vecino país de Brasil”, argumentó en el escrito.

“Soy el único sostén de la familia y,…mi actividad laboral se desarrolla principalmente en Brasil y, en lo vinculado con la representación de deportistas, también en otros países, sobre todo de Europa”, subrayó.

Arribas y el fútbol

En una presentación ante el juez, Arribas explicó que “el 4 de agosto de 2020 se abrió el libro de pases de futbolistas profesionales en las ligas 3 europeas, que cierra el venidero 5 de octubre en las ligas europeas en general y el 16 de octubre, en particular, para el Reino Unido de Gran Bretaña. Precisamente ahora y como es de público conocimiento en el ámbito deportivo, el club inglés Everton FC se encuentra negociando la adquisición de pase del jugador brasileño Allan Marques Loureiro, que revista en el club S.S.C. Nápoli de Italia y es representado por quien suscribe”.

“Especial hincapié quiero hacer en la necesidad de viajar por cuestiones laborales, en la medida en que, en el rubro de la representación de deportistas y durante la época en que se encuentra abierto el libro de pases de futbolistas, es de vital importancia el contacto personal con jugadores, autoridades y representantes de clubes de fútbol para poder desarrollar adecuadamente la tarea. Es el modo habitual de trabajo y, de esa manera, se cierran usualmente operaciones como la detallada, a la vez que se presentan otras oportunidades y se negocian, en definitiva, los pases de las ligas europeas”, fundamentó Arribas su pedido.

Cómo piensa viajar

“No acompaño en esta oportunidad las constancias de reserva del pasaje aéreo de ida y de regreso, siempre que la situación actual me impide tomar vuelos de línea y realizaré el trayecto inicial en avión privado, previa contratación y tramitación de la licencia pertinente ante la ANAC, una vez obtenida la autorización judicial que aquí se solicita. Con todo, resalto que mi propósito es partir durante la semana que comienza el 24 de agosto de 2020 y regresar, a más tardar, el 20 de octubre de 2020”.

Tras el rechazo de los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, el juez se opuso al pedido de Arribas.

Kicillof se reunió con intendentes para evaluar la situación de la pandemia fuera de la zona del AMBA

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, les adelantó a los jefes comunales que se desarrolla "un sistema de tratamiento unificado, planificado y coordinado" para salud en el territorio.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, mantuvo un encuentro virtual con intendentes de localidades que están fuera del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) para analizar la evolución epidemiológica en sus jurisdicciones, al tiempo que les adelantó que se trabaja en "un sistema de tratamiento unificado, planificado y coordinado" para el sector de salud bonaerense.

En una conferencia de más de tres horas, el mandatario remarcó que "el interior de la provincia se empieza a vislumbrar una fase de crecimiento moderado de los casos de Covid-19" mientras que "el Gran Buenos Aires está atravesando una fase de relativa estabilidad".

Frente a esta evolución del virus en el territorio, Kicillof consideró que se transita por "un momento bisagra de la pandemia" pero llamó a continuar con los recaudos necesarios para evitar los contagios.

En ese sentido, ejemplificó: "La tendencia de expansión del virus es similar a la que se vivió en otros países de mundo, en el que el origen se dio en las ciudades capitales, con mayor densidad poblacional, y luego se diseminó al resto del territorio".

De acuerdo a fuentes en este encuentro, el funcionario hizo énfasis sobre la estrategia sanitaria que se implementa, en conjunto con los municipios, para la atención de los pacientes con coronavirus.

"Estamos generando un sistema de tratamiento unificado, planificado y coordinado, en el que se considere al sistema sanitario de la provincia como uno solo y se compartan los recursos entre todos los municipios", apuntó e informó que la idea central es trabajar de forma unificada "para que ni un solo bonaerense se quede sin la atención en el momento que más lo necesita".

Al respecto, el ministro de Salud, Daniel Gollan, quien también participó del cónclave, señaló que no se puede permitir que "el virus se siga expandiendo"

"Estoy convencido de que si seguimos haciendo este esfuerzo conjunto la provincia superará esta pandemia", remarcó el titular de Salud.

El jefe comunal de Bragado, Vicente Gatica, insistió en que "una vez que el virus ingresa a las comunidades es muy delicado y difícil abordarlo" y más aún cuando esa población tiene "gran porcentaje de adultos mayores".

En tanto, su par de Chivilcoy, Guillermo Britos, coincidió en la necesidad "de entender al sistema sanitario bonaerense como uno solo, en este contexto de pandemia, para poder dar atención a todos los que lo requieran".

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Debate

CFK: las razones de un liderazgo y una influencia persistentes

Por Vicente Palermo

CFK es poderosa. Muy bien, pero ¿por qué? Y ¿cuál es la naturaleza de su poder? A mi juicio, CFK es un tigre de papel. A mediados del siglo XVI, un joven francés, Étienne de la Boétie, pensó el problema de la servidumbre, observando que ésta es básicamente voluntaria.

Se interrogaba por qué “ciudades y naciones se sujetan a veces al yugo de un tirano, que no tiene más poder que el que le quieren dar; que sólo puede molestarles mientras quieran soportarlo”. Y la democracia no siempre es una muralla eficaz contra esta servidumbre voluntaria.

La democracia mitiga el problema, no lo resuelve. CFK no gobierna tiránicamente, pero tiene el poder de hacer su voluntad con un alcance inusitado. Hace hasta la agenda del Presidente.

Se cuenta que el emperador alemán Guillermo I pasaba revista al ejército cuando comentó a uno de sus lugartenientes: “¿No le resulta asombroso, mariscal?” “¿Qué cosa, Majestad?” “Que ellos sean tantos, y nosotros tan pocos”. El emperador sabía que jugaban a su favor recursos relevantes: factores institucionales y culturales que encuadraban el vínculo; sobre todo creencias.

¿Cuáles son los recursos que hacen que la servidumbre voluntaria sea tan eficaz en el caso de CFK? Sí, está su activo electoral, pero en ese terreno no es invulnerable. Cristina ha ganado y perdido elecciones. Es sumamente rudimentario pensar que el peronismo la necesite para ganar.

Hay, desde luego, un voto “progre”, pero los simpatizantes del “Cristina eterna” están lejos de definir una elección, el voto de los sectores sociales más identificados con su figura se define en razón de factores más complejos y variados. Pero no hay un liderazgo identitario, un “cristinismo”, entre los elementos que le confieren poder. Complementariamente, Cristina podría estar convirtiéndose en un “pato rengo”, fuera cual fuere la suerte del actual gobierno (la presunta idea de una candidatura de Máximo lo confirma).

Hay, en cambio, otros activos: sus acólitos constituyen una minoría intensa, hiperactiva, imbuida de un ethos muy potente, e identitario – en ese plano, decisivo, sí existe el cristinismo. Y están viviendo su fase de hubris; de aquí extraen una fuerza y una moral que los demás por el momento no tenemos. Están, además, acicateados por una visión según la cual – literalmente – se juegan el todo por el todo. Actúan más que con la audacia del político competente, con la temeridad desprovista de cálculo.

Todo esto dota de mucha fuerza a quien así se comporta. Por ahora, no se desalientan por fracasos como la imprudente iniciativa sobre Vicentin (por el contrario, parece un tic de reiteración: la 125, los medios, etc.).

Cuentan con otro activo de gravitación: las redes de gobernabilidad y administración de los pobres: son varios millones de ciudadanos, sobre todo jóvenes, que viven en gran medida gracias a esas transferencias, más allá de cuáles sean sus preferencias políticas o cálculos electorales. Las redes constituyen una fuente de ingresos para quienes las administran y manipulan políticamente, y un potencial de movilización que es un instrumento central de la política argentina.

El control del desorden potencial es un activo de peso. Las redes institucionales propiamente estatales, y que cuentan con terminales en todo el país, como ANSES y PAMI y otras áreas estratégicas también cuentan: proporcionan llegadas directas a un conjunto de cuadros numeroso y manejan recursos de gran monto.

Creo que estos son factores clave a la hora de entender el peso electoral que se le concede a Cristina. Sin embargo, a mi juicio todo esto, con tenerlo en cuenta y todo, no explica lo fundamental. Hay algo así como un círculo causal indefinido: ¿tiene capacidad de mantener un piso electoral importante y un poder de agenda en el gobierno porque cuenta con esos activos, o cuenta con esos activos porque se cree en su capacidad electoral y en su poder de agenda?

En verdad, el principal activo de poder de CFK es otro: su capacidad de hacer daño. No de hacer daño al país o a la sociedad argentina que mayoritariamente no la respalda, sino a sus propios seguidores y a los peronistas que no integran las huestes cristinistas; a los peronistas fisiológicos, digamos, que son mayoría y garantes de la perdurabilidad del peronismo en el futuro.

Cristina, en el ejercicio de su “poder de agenda”, juega ante ellos el juego del gallina, a sabiendas de que quienes son desafiados por ella considerarán suicida aceptar el desafío. “No intentes pararme porque es peor”. CFK actúa como si estuviera dispuesta a morir en la colisión, con la certeza de que todos los involucrados saben que ese mismo destino les espera a ellos, y para evitarlo cooperarán.

Es este miedo infundido por dosis de comportamiento temerario, con ingredientes de cinismo y desprecio por la realidad, el que da una respuesta a las preguntas que hace siglos se hacía de la Boétie: “¿Cómo ejerciera el despotismo sobre vosotros sino mediante vosotros? ¿Cómo se atrevería a perseguiros si no estuviera de acuerdo con vosotros?”.

La respuesta es el miedo. El peronismo tiene escuela en la moderación interna de desequilibrados peligrosos a los que ha temido, pero los resultados son malos sin excepciones. Fue así con los Montoneros, y fue así con Menem. Y como decía el joven francés: “No se necesita pulverizar el ídolo, será suficiente no querer adorarlo; el coloso se desploma y queda hecho pedazos por su propio peso, cuando la base en que se sostenía llega a faltarle”. Es en el miedo donde se encuentran las fuentes de poder político de CFK.

Vicente Palermo es politólogo, investigador del CONICET. Miembro del Club Político Argentino

Cuentas simples para entender la Reforma Cristina

Operaciones sencillas de matemática para descifrar operaciones complejas de la política.

Por Héctor Gambini

Si el Presidente recurrió a la casuística para explicar la cláusula Parrilli, podríamos tratar de entender la reforma judicial no desde las operaciones complejas de la política sino desde las operaciones básicas de la matemática.

Suma (Comisión Beraldi + Cláusula Parrilli + Operación Casal = Reforma Cristina).

Resta (Avance de Cristina - inmovilidad de Alberto = Avance de Cristina).

Multiplicación (Cantidad de juzgados federales x 2 (multiplicando secretarías), y otra vez x 2 (transformando parte de los juzgados comunes en federales) = cuatro veces más juzgados federales).

División (Causas de corrupción dividido más juzgados federales = causas de corrupción repartidas entre más jueces nuevos).

Cálculo de probabilidad: si en Comodoro Py hay 12 jueces federales y pasan a ser 46, habrá un 74,08 por ciento de posibilidades de que las causas de corrupción (y las de narcotráfico, y las de contrabando) sean instruidas por jueces nuevos.

Geometría de polígonos: así como cuando N (lados de un polígono) crece, la figura tiende a circunferencia, más jueces nombrados por el poder político de turno tienden a fallar a favor de ese poder político que los nombró.

Principio de Arquímedes: todo cuerpo sumergido sufre una presión hacia arriba igual al peso del líquido desalojado. Opiniones del Presidente que emergen del archivo, presionando hacia arriba, donde ahora está... él mismo: “Cuando los jueces sean todos Oyarbides, ¿qué vamos a decir nosotros?” (Alberto Fernández a Nelson Castro, 2013). Eureka.

En el manual de álgebra del Gobierno hay una potencia del ala kirchnerista y una raíz enésima del albertismo, cuyo embrión quedó congelado allá por la segunda cuarentena. La raíz enésima es lo opuesto a la potencia.

Tres acciones de la Reforma Cristina forman un triángulo rectángulo: el agregado de que los jueces deben denunciar si se sienten presionados por los medios (Cláusula Parrilli); la comisión para presionar a la Corte (Comisión Beraldi) -con la Reforma Cristina, la Corte ya tendría que denunciar “presión del poder político”- y la ofensiva en varios frentes contra el procurador (Operación Casal).

Si la hipotenusa del Teorema de Pitágoras es el Congreso, los lados restantes del triángulo rectángulo son las cámaras que lo componen.

En el lado Senado se espera un fenómeno determinista (resultados previsibles bajo idénticas condiciones de experimentación). Así como el agua hierve a 100 grados, así se obtendrán en el Senado los votos que Cristina necesita para su reforma.

Tan de ella es la iniciativa para colonizar la justicia, que el martes aclaró que "la verdadera reforma" no es la que impulsa ahora. Dos preguntas: ¿Lo hizo por si no pasa en este intento, advirtiendo que volverá con otra? Y además, ¿el Presidente Fernández sabrá que hay "otra"?

En el lado Diputados se abre un escenario de fenómeno aleatorio, que puede volverse más o menos determinista de acuerdo a las sumas y restas de voluntades (operaciones básicas).

Aquí entra la geometría del panóptico, donde el centro conecta con los extremos. Gobernadores (extremos) convenciendo legisladores propios si la Reforma Cristina (centro) les asegura cámaras federales en sus provincias -ya hay siete en la lista- con jueces propuestos… por los propios gobernadores (revisar geometría de polígonos sobre jueces que responden al poder político).

El resultado de las ecuaciones impactará en la pizarra de la pospandemia, con el siguiente teorema: qué hará Cristina si gana esta pulseada y, sobre todo, qué hará si la pierde.

Parrilli ya embistió tanto contra el fiscal Carlos Stornelli (cuadernos de la corrupción) como contra el defensor oficial Gustavo Kollmann, que representó al chofer que escribió aquellos cuadernos.

El mensaje es: nadie de los que hayan actuado en algo que haya perjudicado a Cristina quedará indemne.

Todo indica que ese espíritu intimidatorio hacia adentro de la justicia no acabará hasta que Cristina quede afuera de todas y cada una de las imputaciones en su contra.

El enunciado original de este Pequeño Manual Ilustrado siempre es el mismo: Cristina busca impunidad o Buscan impunidad para Cristina.

El orden de los factores no altera el producto.

Lo amenazaron

Nicolás Massot fue víctima de motochorros: lo amenazaron y le robaron en pleno Palermo

El director del Banco Ciudad relató la angustia con la que vivió el momento: “Me amenazaron con dispararme si no les entregaba el celular”.

Nicolás Massot, victima de la inseguridad.

El ex jefe del bloque de diputados del PRO y actual director del Banco Ciudad, Nicolás Massot, fue víctima de la inseguridad cuando fue asaltado por dos motochorros que le robaron el celular en pleno barrio de Palermo.

El funcionario estaba invitado para ser entrevistado en el canal A24, pero nunca llegó y en su lugar decidió volver a su casa y hablar mediante videollamada.

Allí contó que mientras caminaba a la altura del ex Zoológico de Buenos Aires -renombrado como Eco Parque- dos hombres en una moto se le acercaron y lo amenazaron con dispararle si no le entregaba el teléfono.

"Fue una situación angustiante, como todas las de este tipo, por suerte no pasó a mayores y no me resistí. Cuando escuché la amenaza de que podía perder mi vida les entregué rápido el celular", relató.

Consultado sobre si vio el arma, respondió que no: "Ellos me dijeron que tenían pero no la vi. Uno de los delincuentes tenía menos de 25 años", acotó.

Más tarde, hizo un diagnóstico de la inseguridad y dijo que se debe a "un fracaso de toda la dirigencia política" y agregó: "La inseguridad es la muestra más visible de la falta de acuerdos de Estado".

Y agregó: "Porque la inseguridad es consecuencia de las idas y vueltas en la Justicia, en la seguridad, en términos de económicos. Al final es, posiblemente, la consecuencia más dolorosa para las víctimas".

En ese sentido pidió un acuerdo entre los políticos y la unión de todos los dirigentes: "Es esto que hoy se discute de que los desacuerdos de gobiernos nos imposibilitan los acuerdos de Estado. Tienen que existir acuerdos de largo plazo que le den a la gente, de mínima, seguridad física".

Hace dos meses el hijo del ex senador del peronismo bonaerense Horacio Román, su esposa y sus dos hijos fueron asaltados por delincuentes que, con capuchas y tapabocas, entraron a su casa de la localidad bonaerense de Castelar y robaron cerca de 30 mil dólares, 20 mil pesos y un arma de fuego.

En aquella oportunidad, de acuerdo a la información policial, Román recibió un culatazo con un arma, mientras que el resto de la familia no sufrió heridas.

Gobierno y oposición

La intimidad del llamado de Cristina Kirchner a Diego Santilli para que se retiren las vallas del Congreso

La vicepresidenta llamó al vicejefe porteño, que le explicó que el operativo de seguridad por las protestas por la reforma judicial fue diseñado en conjunto con la Policía Federal.

Por Guido Carelli Lynch

Diego Santilli acumulaba varias llamadas perdidas. Finalmente, el vicejefe de gobierno atendió el teléfono. Del otro lado se presentó Mariano Cabral, secretario de Cristina Kirchner, quien le pidió permiso para ponerlo en comunicación con la vicepresidenta de la Nación.

El diálogo entre la titular del Senado y el número 2 de Horacio Rodríguez Larreta fue breve y cordial, según el relato de fuentes allegadas a ambos. La líder del Frente de Todos y el referente del PRO habían coincidido en dos viajes, cuando Fernández de Kirchner era Presidenta y Santilli, senador. El primer viaje fue a la asunción de Sebastián Piñera en Chile y, el segundo, una cumbre internacional en Brasilia.

Al inicio de la breve charla ambos se trataron de usted. El vicejefe porteño se refirió a ella por su cargo, “vicepresidenta”; la presidenta provisional del Senado prefirió el apellido: “Santilli”. El flujo de la conversación y la buena voluntad del vicejefe de Gobierno hizo que terminaran tratándose de “vos” y por sus respectivos nombres, confiaron sus colaboradores.

Como trascendió, la vice le solicitó al también ministro de Seguridad porteño que quitara las vallas que rodeaban el Congreso para prevenir incidentes en la previa y durante el tratamiento de la reforma judicial, que se debatirá en la Cámara Alta este jueves y que provocó nuevos cortocircuitos entre el Gobierno y Juntos por el Cambio.

“Que la gente se exprese libremente”, pidió la vicepresidenta. Santilli le dijo que tomaría cartas en el asunto y le explicó que el operativo es definido de manera conjunta con la Policía Federal, a cargo de la seguridad de los senadores y del Palacio Legislativo; y de la Policía de la Ciudad que resguarda la seguridad en la calle.

Santilli se comunicó con el secretario de Seguridad porteño Marcelo D'Alessandro, quien a su vez trasladó la inquietud a los jefes policiales. En la Ciudad reclamaron un mensaje claro y conciso de parte de la Federal para que no hubiera dudas. Casi instantáneamente, el vicejefe de Gobierno porteño le comunicó a la vice que las vallas serían retiradas.

En la jefatura de Gobierno insistieron en que fue una "decisión conjunta" de las autoridades policiales de las dos fuerzas. En el ministerio de Seguridad destacaron que no hubo ningún llamado de la vicepresidenta a Sabina Frederic y que la decisión del poner el vallado era una decisión de la Ciudad.

La vicepresidenta había sido muy crítica semanas atrás con el accionar del ministerio de Seguridad de la Ciudad, luego de que la policía porteña detuviera a 13 manifestantes y reprimiera a otros durante la marcha en conmemoración de Santiago Maldonado. “Wado tiene razón: para el gobierno de la Ciudad no todos los ciudadanos y ciudadanas son iguales” expresó en Twitter Fernández de Kirchner. La ex mandataria hizo suya la diatriba del ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro contra los responsables de la seguridad porteña -Santilli- porque, a su entender, no se trataba con la misma vara a los manifestantes anti cuarentena en el obelisco.

La vice también había criticado a Rodríguez Larreta por nombrar procurador general de la Ciudad a Juan Bautista Mahiques, a quien la vice responsabilizó de presionar a jueces que la juzgan.

En el oficialismo querían evitar una postal como las que se repitieron durante la gestión de Mauricio Macri, que dejara la sensación de que el Gobierno legislaba en contra de la gente.

En la Ciudad temen que haya excesos aislados durante la manifestación. En ese sentido había cierto alivio por la lluvia de este miércoles y por el pronóstico de las próximas horas que servirá para desalentar a manifestantes.

La pelea política

Tensión en Diputados: al borde de la parálisis, siguen sin acuerdo para renovar las sesiones virtuales

Sergio Massa no logró que se sesionara esta semana. La oposición dice que no fue convocada y denuncia falta de diálogo.

Sergio Massa el pasado 29 julio a la salida de Casa Rosada luego del acto en el que Alberto Fernandez presentó el proyecto de reforma judicial. Foto: MARCELO CARROLL

Por Jazmín Bullorini

Mientras el Senado avanza con la reforma judicial, la cuerda sigue tensa en Diputados, donde las actividades están paralizadas tras el vencimiento del protocolo virtual. El oficialismo ahora asegura que finalmente convocará a una sesión para el martes que viene, mientras que desde Juntos por el Cambio denuncian que no hay diálogo y amenazan con bloquear el debate si los proyectos llegan al recinto sin acuerdo ni dictamen.

Fue el propio presidente de la Cámara, Sergio Massa, quien anunció el jueves pasado que esta semana sesionarían. Sin embargo, el oficialismo ahora patea la fecha para el martes próximo.

Desde el Frente de Todos aseguran que pueden ratificar el protocolo con apoyo de los demás bloques minoritarios y convocar directamente a la sesión. "Que los que quieran vengan y los que no, no...", afirman y reniegan de la discusión reiterativa en torno al protocolo que vence cada 30 días. "Está claro que en pleno pico de contagios no se puede sesionar de otra forma", sentencian.

El reglamento en cuestión establece que debe ser renovado por "consenso", sin embargo no especifica números y cada bancada hace su propia lectura. JxC asegura que se necesitan dos tercios y que sin ellos no pueden extenderlo.

“Nosotros sesionamos por consenso, con un protocolo durante 3 meses. Estamos esperando desde el 31 de julio y no hemos sido convocados por el oficialismo, ni un llamado. Deben tener otro orden de prioridades. Nosotros no hemos recibido ninguna propuesta de sesión”, aseguró, por su parte, el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri.

La principal iniciativa que someterían a votación es la Emergencia en Turismo que ya tuvo luz verde del Senado. También el tratamiento de un proyecto para regular la pesca ilegal en Malvinas.

Massa había afirmado que se trataría el proyecto del Ejecutivo sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad que, entre otros puntos, le permite refinanciar las deudas a los gobernadores con la ANSES. Sin embargo, a pedido del Interbloque Federal que conduce Eduardo "Bali" Bucca e integran también lavagnistas y cordobeses se analiza algún retoque en ese proyecto.

"Nos preocupa que se deje en descubierto el fondo para cubrir el programa de reparación histórica. Lo planteamos y el oficialismo se mostró abierto a estudiarlo", aseguraron a Clarín desde el interbloque Federal.

El proyecto enviado por el Ejecutivo la semana pasada busca aliviar a las provincias del pago de una deuda millonaria contraída en 2016 con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, que se hizo insostenible en el medio de la crisis y por el cual el Banco Nación retiene parte de las transferencias por coparticipación. Propone que se puedan refinanciar en el plazo de 90 días.

La principal bancada opositora no está en contra de ninguno de los temas que se llevarían a esa sesión, pero se niega a debatir la Reforma Judicial bajo la modalidad remota. Por eso propone que el protocolo se renueve "sesión por sesión" y que así sólo lleguen al recinto temas de común acuerdo. Sin embargo, todavía no lo conversaron con Massa porque no entablaron diálogo. En JxC esperan que sea él quien los convoque para destrabar la situación.

En caso de que el FdT avance con la sesión sin acordar con ellos, amenazan con bloquear. "Los proyectos que mencionan no tienen dictamen. Y no pueden tratarlo en comisión porque justamente no hay protocolo, así que si pretenden llevarlo al recinto necesitan dos tercios. Nosotros podríamos bloquearlo", deslizan.

De todas maneras, apuestan a que llegado el momento y, al igual que se hizo en las renovaciones anteriores, se lleve adelante una reunión que afloje las tensiones y destrabe la situación.

Este jueves

Con un total rechazo opositor, el kirchnerismo busca darle media sanción a la reforma judicial en el Senado

El oficialismo tiene los votos para aprobarla. Juntos por el Cambio participará del debate. La sesión será virtual.

Manifestantes protestan contra la reforma judicial este miércoles frente al Congreso. Foto Juan Manuel Foglia

Por Jazmín Bullorini

Con mayoría propia, el oficialismo se encamina este jueves a darle media sanción en el Senado a la reforma judicial impulsada por el Poder Ejecutivo. La iniciativa -que busca licuar el poder de Comodoro Py- lleva de 12 a 46 el número de juzgados de la Justicia Federal Penal porteña y, tras las negociaciones con los gobernadores, crea y amplía Cámaras de Apelaciones Federales en las provincias.

La bancada opositora de Juntos por el Cambio, que rechazó el proyecto desde el inicio, anunció que participará -la sesión será virtual- del debate, que promete ser álgido.

Durante el debate, opositores se manifestaran frente al Congreso.

Cristina Kirchner preside una sesión del Senado, este mes. Foto Juano Tesone.

“El foco está puesto en Diputados porque ahí no tienen los números, pero acá la discusión es importante porque va a estar presente la vicepresidenta, beneficiaria directa de este proyecto que es un festival de cargos”, señaló la senadora Laura Rodríguez Machado (PRO-Córdoba), quien denunció la duplicación de cantidad de magistrados y secretarios a nombrar tras la modificación del dictamen.

"La oposición no propuso modificar ni una coma", repitieron en distintas oportunidades desde el oficialismo.

El martes, por primera vez, Cristina Kirchner se refirió al proyecto. Le quitó peso y apuntó contra el macrismo. “Sinceramente creo que el país todavía se debe una verdadera reforma judicial que no es la que vamos a debatir este jueves", señaló en un comunicado.

Aseguró que “en los últimos 20 años solamente ha habido dos reformas judiciales” y mencionó la que ella mandó al Congreso en 2013 que dijo, “fue dejada sin efecto por el propio Poder Judicial al afectar sus privilegios" y denunció que Mauricio Macri hizo otra reforma “de facto, sin ley y contra la Constitución” con “el oscuro objetivo de perseguir y encarcelar opositores políticos y empresarios”.

La iniciativa llega al recinto con modificaciones al texto original realizadas tras el debate en comisiones.

Una de las principales es que finalmente no se unifica el fuero Civil y Comercial con el Contencioso Administrativo, sino que se creará un Tribunal de Resolución de Conflictos de Competencia. Había sido una queja planteada por expositores de distintas ideologías durante las cinco rondas de oradores.

Además de los juzgados provinciales, por reclamo de gobernadores se decidió la creación de Cámaras de Apelaciones en 7 provincias (Catamarca, Jujuy, San Juan, Santiago del Estero, Rosario, Formosa y San Luis). Los senadores que votarán la ley y que componen la enorme mayoría de la bancada oficialista están alineados con los mandatarios de sus provincias.

Tras la firma del dictamen, algunas provincias salieron a pedir también cámaras propias. Es el caso de La Pampa, gobernada por el peronista Sergio Ziliotto, y que tiene Juzgados Federales en Santa Rosa y General Pico (su cámara de alzada esta en Bahía Blanca).

Senadora María de los Ángeles Sacnun, presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales.

Hasta este mismo jueves se podrán hacer retoques en el proyecto. Del dictamen surge que hasta ahora solo cuatro provincias se quedarían sin Cámaras de Apelaciones: La Rioja, Tierra del Fuego, Neuquén y La Pampa.

En Tierra del Fuego dicen que están conformes con la creación de un Juzgado Federal en lo Penal en Ushuaia. Pero que si todas las provincias van a tener Cámaras también les correspondería una.

En Neuquén, gobernada por Omar Gutiérrez, no parecen tener reparos con que los Juzgados Federales de Neuquén y Zapala sigan dependiendo de la Cámara de Apelaciones de General Roca, Río Negro.

En La Rioja, administrada por el peronista Ricardo Quintela, no contestaron los llamados de Clarín.

La norma, además, amplía salas en el tribunal de alzada de Rosario, un pedido del mandatario Omar Perotti y en Mar del Plata.

También incluyeron tribunales orales en Chaco y Corrientes. En contrapartida, el número de juzgados con asiento en las provincias bajó de los 94 que figuraban en el texto original a 63.

La oposición denunció una duplicación de los cargos. “Se duplicó la cantidad de cargos, de 324 a 635 entre magistrados y secretarios y eso afecta al presupuesto”, sostuvieron. De acuerdo al oficialismo la Reforma tendrá un costo de $ 1.939 millones.

Por otra parte, sobre el filo del dictamen y a pedido del senador kirchnerista Oscar Parrilli se incluyó el articulado que establece que los jueces deben "comunicar de forma inmediata al Consejo de la Magistratura cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos, económicos o mediáticos".

La cláusula cosechó críticas opositoras que denunciaron un ataque a la libertad de expresión e hizo ruido dentro del propio Frente de Todos, donde varios la consideraron “innecesaria e inoportuna”. El presidente Alberto Fernández consideró que era “un agregado casi ocioso”.

Senadora Laura Rodríguez Machado (PRO-Córdoba).

Más allá del debate acalorado, el FdT tiene la mayoría suficiente para darle media sanción y girarlo a Diputados. Ahí, en cambio, el oficialismo no tiene los números y el presidente de la Cámara Sergio Massa, debió afirmar que no apurará el debate. "Tenemos todo el año legislativo", aseguró.

Se especula con que en Diputados el oficialismo podría atar el debate de la reforma a la ley de Presupuesto 2021.

Avance en el "plan B" para remover al procurador Eduardo Casal

En el temario de sesión de este jueves, la vicepresidenta Cristina Kirchner incluyó también los dictámenes para remover a los representantes del Senado en el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa: el vocal titular, Mario Laporta y el suplente Juan Simoni.

Además aceptarán la renuncia del otro titular, Felipe Ricca. Los tres habían sido nombrados durante la gestión de Cambiemos y el Frente de Todos, quiere designar nuevos que respondan al oficialismo.

Sin mayoría de dos tercios para poder avanzar en un juicio político contra el procurador interino Eduardo Casal, ni para designar al postulante del Ejecutivo, Daniel Rafecas, en el Senado analizan la posibilidad de destituir a Casal a través de un jury a través del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal.

Por eso la relevancia de cómo se compone ese tribunal.

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Cristina Kirchner asegura la reforma judicial en el Senado, pero le baja el precio ante un posible fracaso final

La iniciativa sería sancionada hoy en la Cámara alta. Pero asoma muy difícil la perspectiva en Diputados. La ex presidente coloca el peso de una eventual derrota en Olivos. Y considera esta iniciativa por debajo de sus propios objetivos. Dardos a la Corte y los medios.

Por Eduardo Aulicino

Cristina Fernández de Kirchner mantiene con persistencia el foco en la Justicia, una ofensiva que por momentos compite temáticamente con el coronavirus, la agotadora cuarentena y la crisis. Pero nunca como en las últimas horas coronó un mensaje múltiple con apenas un par de recursos: algo de Twitter y trascendidos. Dijo que la reforma del fuero federal está lejos de ser la reforma a la que aspira. Colocó ese proyecto enviado por Alberto Fernández en segundo nivel. Aprovechó para apuntarle otra vez a la Corte Suprema. Y dejó circular su malestar por el “poco esfuerzo” que atribuye a funcionarios nacionales en esta batalla. Como contracara, se encargará hoy de asegurar la sanción de la iniciativa en el Senado.

La ex presidente convocó para esta tarde a la sesión virtual que debe tratar el texto que impulsó el Presidente, que incluyó algunas modificaciones en el ida y vuelta de la interna, y que finalmente fue redondeado en un dictamen de mayoría. El texto sumó notoriedad con la denominada “cláusula Parrilli”, que apunta a condicionar a los medios: un añadido con el sello CFK. Oscar Parrilli se encargó del ruido y el encolumnamiento del bloque le dio volumen político. Sin embargo, ella misma se ocupó de colocar todo en una jerarquía menor a su idea global de reforma.

El proyecto en cuestión aglutinó a Juntos por el Cambio en el rechazo, que al menos en este tema borró diferencias entre las categorías, inestables, de duros y moderados. Y además, al parecer quedaron cerradas definitivamente las ventanillas para entendimientos parciales que pudieran oxigenar la reforma en el Congreso, básicamente por intermedio de jefes de distrito, según fuentes de la oposición. El pronunciamiento siempre cuidado de Horacio Rodríguez Larreta marcó esa línea. Y las declaraciones de María Eugenia Vidal habrían completado el círculo.

Oscar Parrilli, promotor en público del agregado que apunta a condicionar a los medios periodísticos.

Ese es un resultado en el que de hecho colaboraron otros gestos y cargas desde Olivos. El último episodio, con el ministro Nicolás Trotta como protagonista, fue entendido como una movida sorpresiva por Rodríguez Larreta, cuyos funcionarios preferían no asociarla directamente al bloqueo de la reforma judicial. Trotta rechazó la propuesta y los protocolos para habilitar escuelas con el objetivo de reconectar a unos cinco mil alumnos que por distintas razones no siguieron con las clases virtuales. El tema, dicen, había sido charlado previamente, y anticipado al Presidente. No sería un capítulo cerrado.

En ese clima de tensión y de recelos, según el caso, la principal oposición decidió ir fuerte contra el proyecto judicial, al que vinculan naturalmente con un plan más amplio: las presiones sobre la Corte Suprema, el intento de desplazar a una decena de jueces trasladados durante la gestión de Mauricio Macri y la carga contra el procurador general interino, Eduardo Casal.

La sesión del Senado tal vez anticipe el tono de la pelea, aunque está descartado que el oficialismo impondrá su mayoría para sancionar el texto. En cambio, es de mínima incierto el trámite en Diputados. Allí, la inquietud se traslada al despacho principal de Sergio Massa y a Máximo Kirchner, el jefe del bloque. Las señales en contra –públicas y en algunos casos, en privado- de “lavagnistas”, peronistas corodobeses, dos legisladores de origen socialistas y uno o dos que habían saltado desde JXC anticipan la posibilidad de una caída. Y si no hay número, el fracaso tomaría forma de aplazamiento sin fecha del debate.

Jefes del interbloque de Juntos por el Cambio, en Diputados. Allí concentran la ofensiva para rechazar la reforma judicial.

Un desenlace de esa naturaleza constituiría un problema político serio para Alberto Fernández, porque de hecho el oficialismo lo convirtió en una prueba crucial más allá incluso del contenido. Y también lo sería para CFK. La ex presidente parece haberse anticipado con su mensaje, para licuar costos personales y colocar el peso en Olivos.

Oficinas del kirchnerismo duro dejaron trascender que la vicepresidente está enojada porque los funcionarios nacionales no están saliendo a defender como corresponde el proyecto para modificar y ampliar la justicia federal. Esto último –la creación de tribunales en provincias, reclamados por algunos gobernadores- reafirmaría votos propios pero no garantizaría la pelea en Diputados.

CFK construyó así una manera de deslindar responsabilidades y de atribuir una posible derrota, con sus costos, al círculo de Olivos. Pero al mismo tiempo -con un elaborado texto de diez párrafos-, CFK buscó colocar el proyecto en un rango menor a sus objetivos de fondo, con bastante realismo respecto de sus intenciones y con sentido práctico para tratar de reducir el impacto en caso de frustración en Diputados.

En ese mismo documento, que linkeó en su cuenta de Twitter, destacó como un verdadero proyecto de reforma judicial su plan de 2013, que naufragó en la Justicia. Y como proyecto “de facto” el que adjudicó a Macri, una variación en su insistencia con el lawfare. Los dardos tuvieron también otros blancos: expuso su vieja factura a la Corte Suprema de entonces y habló de “asonadas mediáticas”. Dos obsesiones con rango superior en su juego político.

Alberto Fernández, Rodríguez Larreta y Kicillof definirán cómo sigue la cuarentena en el AMBA en medio del récord de contagios y la tensión política

El Presidente dialogará esta tarde por teleconferencia con todos los gobernadores. El registro de casos de ayer del AMBA agregó suspenso a las flexibilizaciones previstas. La interferencia del debate por la reforma judicial

Por Federico Mayol

Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta suelen hablar por teléfono entre lunes y martes antes de cada anuncio de extensión de la cuarentena. Esta semana no fue la excepción: en las primeras horas del lunes, intercambiaron opiniones sobre el aislamiento vigente, su continuidad y las eventuales reaperturas. Pero el jefe de Gobierno también aprovechó para avisarle al Presidente que por la tarde publicaría un hilo en las redes sociales con su posición institucional -la primera- sobre la reforma judicial la oposición en pleno rechaza y que tendrá hoy media sanción en el Senado por la hegemonía parlamentaria de Cristina Kirchner.

La prolongación de la cuarentena no tiene esta vez la centralidad de las anteriores. No por la crisis sanitaria en sí misma, si no porque el tratamiento parlamentario del proyecto de reforma judicial alteró la agenda y el vínculo ya tenso entre el oficialismo y la oposición, y porque entre las prioridades de la Casa Rosada la economía empezó a escalar posiciones. En el Gobierno preparan para la semana próxima un mega anuncio con las famosas “60 medidas de recuperación” de la actividad económica, con eje en el consumo, la obra pública, el turismo y lo fiscal e impositivo, y un plan para combatir la inseguridad en el Gran Buenos Aires, que todavía discuten entre los intendentes y la administración bonaerense.

Hasta anoche, ni Axel Kicillof, el otro integrante de la mesa de administración sanitaria y política de la pandemia del Área Metropolitana, ni Rodríguez Larreta tenían en agenda reunirse en Olivos con el jefe de Estado, como también suelen hacer, según la tradición, el día anterior al anuncio.

Alberto Fernández sí tiene previsto encabezar por la tarde una teleconferencia con todos los gobernadores, incluidos el bonaerense y el porteño. Los tres recién se verían el viernes, directo para la puesta en escena en el quincho presidencial. Pero anoche tampoco había certezas sobre ese montaje.

Es que a diferencia de los anteriores anuncios, y a pesar de que el reporte de ayer del Ministerio de Salud volvió a mostrar una considerable suba de casos en el AMBA, la situación epidemiológica de la Ciudad y el Gran Buenos Aires no genera, en principio, especial preocupación en las autoridades. En parte, por la resistencia del sistema hospitalario. La lupa ahora también se posa, por el contrario, en el resto del país, por los rebrotes de las últimas semanas.

Ayer, los ministros de Salud de Nación, Ciudad y Provincia y los jefes de Gabinete de las tres administraciones analizaron hasta entrada la noche en el despacho de Santiago Cafiero los datos duros de los últimos registros de contagios. El reporte de hoy será clave, resaltaron a este medio después de la reunión, para comprobar si la suba de casos se explica por la demora de los laboratorios privados en la entrega de los resultados de los testeos PCR.

“Quedamos en vernos mañana (por hoy) y ver cómo sigue. Y ver si podemos documentar efectivamente que es un arrastre estadístico o si se trata de otro fenómeno. En principio, seguimos igual”, subrayó a este medio uno de los participantes del encuentro. En la Ciudad, ese arrastre mencionado, abundan fuentes oficiales, se sitúa en torno al “20 o 25%”.

Hasta este miércoles había consenso entre las administraciones en avanzar en las reaperturas planteadas por la Ciudad durante la semana: construcción y gastronomía en su modo take away plus, es decir con permiso para mesas al aire libre, regulación de reuniones al aire libre -que se dan de hecho desde hace tiempo- y habilitación para que el personal doméstico con domicilio en la capital pueda empezar a trabajar.

En el conurbano, Kicillof no planteó nuevas flexibilizaciones. “Necesitamos consolidar el panorama que se viene observando de amesetamiento en el AMBA”, confiaron colaboradores del gobernador, a pesar del alza de los últimos días. En el interior provincial, donde aparecieron algunos brotes, hay avances y retrocesos constantes en base a la situación epidemiológica de cada distrito.

Los 160 días de cuarentena, implementada por primera vez en el país el pasado 20 de marzo, obligan a las autoridades a gestionar no solo la situación sanitaria: también tienen que administrar, como nunca, el hartazgo social y la crisis económica.

Un intendente del Gran Buenos Aires, de los más cercanos a la Casa Rosada, introdujo en ese sentido en diálogo con Infobae un nuevo concepto: “Control de daño”. ¿A qué se refiere? “A que los vecinos se cuiden y cumplan con el distanciamiento, nos tenemos que dedicar a controlar eso”, amplió. “¿Van a pedir flexibilizaciones?”, preguntó este medio. “Acá está todo abierto. Los nenes y nenas en teoría no pueden ir a la plaza. Pero van igual. Tenemos que controlar eso”, explicó.

En las oficinas de la calle Uspallata del Gobierno porteño reconocían en la tarde de ayer que mostrarse hoy en Olivos junto al Presidente y el gobernador mientras en el Senado se avanzaba con la media sanción del proyecto de reforma judicial no era la mejor señal que podía dar el jefe de Gobierno frente a su electorado, enardecido con el impulso de la iniciativa que aglutinó a todos los sectores de la oposición.

Rodríguez Larreta, líder del sector moderado del PRO, y sus colaboradores querían sentar posición en torno a la reforma antes de la sesión de hoy. Pero se ocuparon en que los tuits contra la iniciativa, que llevaron varias horas de planeamiento interno, se publicaran justo en el medio del calendario. Ni muy cerca de las multitudinarias protestas del pasado lunes 17. Ni tampoco tan pegado al debate del Senado y al anuncio de la cuarentena.

Ayer al mediodía, Cristina Kirchner llamó por teléfono a Diego Santilli para pedirle que retire el vallado que la Policía de la Ciudad y la Federal habían consensuado colocar en las inmediaciones del Congreso, por las manifestaciones previstas para estas horas. Hablaron breve, en tono amable. La ex presidenta quiso saber si aceptarían la instalación de una carpa, destinada a la vigilia “contra la reforma”, pensada por los que convocaron a la marcha. Santilli le dijo que no. Y cortaron. Al rato, los agentes de la Policía de la Ciudad empezaron a desarmar el vallado. Una pausa en medio de la tensión política. El vicejefe de Gobierno habló después con Elisa Carrió, que le pronosticó un panorama dantesco hacia fin de año en el Frente de Todos. El ejercicio del poder va de un extremo al otro.

El el entorno del jefe de Gobierno sorprende a veces la “radicalización” del Presidente que, como Rodríguez Larreta, también hace equilibrio entre la gestión y los frentes internos. En Olivos dicen que los dos por igual se ocupan de “cuidar la relación”. Y de tratar de repeler a los extremos de cada sector. Un vínculo pendular en el que se cuela Sergio Massa, el principal socio político del alcalde en el Frente de Todos. Massa y Rodríguez Larreta son amigos desde hace años. Se confían secretos y planes. Y tienen el mismo objetivo: ser presidentes.

En el Gobierno de la Ciudad había ayer sorpresa por la decisión de la Casa Rosada, oficializada a través del ministro Nicolás Trotta, de rechazar el protocolo presentado para la reapertura de escuelas para los menores con problemas de conectividad durante estos meses. Remarcaban que había sido negociado entre el ministro y su colega Soledad Acuña. Y que incluso había sido parte de las conversaciones entre el Presidente y el jefe de Gobierno.

En el entorno de Fernández dicen lo contrario: resaltaban que nunca estuvo confirmado. Lo concreto es que agregó tensión a la relación entre ambas administraciones, en vísperas de la extensión de una cuarentena que ya no tiene la efectividad de antes, y con los ánimos políticos más caldeados que nunca.

En un debate que se anticipa tenso, el Frente de Todos hará valer su mayoría en el Senado para darle media sanción a la reforma judicia

La sesión comenzará a las 14. Se espera una movilización frente al Congreso

Por Analia Argento

Sin vallas y con una protesta en la calle, así será en el Congreso el debate por la reforma judicial que impulsó el presidente Alberto Fernández, apuró Cristina Kirchner en el Senado y resiste la oposición de Juntos por el Cambio, además de otras fuerzas políticas que anticiparon su voto en contra cuando la media sanción pase a la Cámara de Diputados.

El proyecto, prometido en campaña y presentado el pasado 29 de julio, fue tratado en cinco reuniones de comisión por las que desfilaron a una velocidad de 20 minutos cada uno los 45 expositores entre los que se destacaron constitucionalistas, jueces, representantes de distintas asociaciones, fiscales y abogados. Esta tarde a las 14, a menos de un mes del lanzamiento del proyecto de “Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal” en la Casa Rosada, se iniciará un debate que se prevé tenso y conflictivo.

En las cinco reuniones de comisión hubo duros cuestionamientos no sólo de parte de los disertantes propuestos por la oposición sino también de los que llevó el oficialismo. Se dijo desde que el objetivo político del Gobierno es licuar el poder de los doce jueces federales de Comodoro Py a que la reforma carecía de la profundidad necesaria para garantizar la independencia del Poder Judicial.

Una vez más la sesión será virtual por lo que el debate no debería extenderse por más de ocho horas aunque, según lo previsto, habrá muchos oradores de cada una de las bancadas que se distribuirán el tiempo disponible.

La oposición avisó que no dará quórum pero el Frente de Todos tiene quórum y mayoría propios por lo que puede dar inicio a la sesión sin dificultad y lograr también la media sanción. Además, el protocolo de funcionamiento remoto está vigente, razones por las que Juntos por el Cambio aceptó participar de los debates aunque no presentó propuestas ni cambios al proyecto oficial.

En la previa hubo desde un intento del Presidente por abrir una vía de diálogo con la oposición a través de una charla telefónica con Horacio Rodríguez Larreta y una conversación personal con el senador porteño Martín Lousteau, hasta una declaración de la vicepresidenta Cristina Kirchner que dijo que no se trata de una reforma sino un ordenamiento del sistema federal. Buscó a la vez minimizar el conflicto y reivindicó el diálogo parlamentario. Lo hizo justo después de que Rodríguez Larreta criticara la premura que se imprimió al debate parlamentario que hace llegar al recinto un proyecto de esta envergadura tras menos de tres semanas en comisión a pesar de las múltiples objeciones.

En rechazo a la iniciativa Juntos por el Cambio convocó el 17 de agosto a una movilización. Celebró desde Europa el ex presidente Mauricio Macri mientras que Rodríguez Larreta tomaba distancia. Ayer comenzó una vigilia en los alrededores del Congreso pero la policía de la Ciudad evitó la instalación de una carpa mientras daba marcha atrás con el operativo de seguridad tras un llamado de la vicepresidenta a Diego Santilli, vicejefe de gobierno porteño. Un rato después de esa comunicación el vallado fue retirado.

En ese marco, Juntos por el Cambio aseguró que esa fuerza política no convoca al abrazo simbólico al Palacio Legislativo mientras en las redes se replicaba el hashtag #27ATodosAlCongreso y #27ATodosALaCalle.

El proyecto obtuvo dictamen favorable hace siete días en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales. Después de la incorporación de algunos cambios sólo estamparon su firma en forma digital los senadores del Frente de Todos.

Entre los puntos principales figura la unificación de los fueros Criminal y Correccional Federal y Penal Económico Nacional, que se denominará fuero Penal Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En cambio se modificó la propuesta oficial y no se unificarán los fueros Civil y Comercial con el Contencioso Administrativo. Para ello habrá un tribunal específico.

La oposición resiste, como también lo hacen representantes de la Justicia, la duplicación de juzgados y la creación de otros nuevos. A los 23 juzgados del nuevo fuero penal se le sumarán otros 23 más cinco tribunales orales. Entonces quedarían 46 juzgados y 17 tribunales.

En la primer reunión de comisión la ministra de Justicia Marcela Losardo aseguró que cada juez continuará con las causas que tiene en trámite y defendió las subrogancias previstas por un año para los nuevos juzgados hasta que se complete el proceso de designación de los nuevos magistrados. Es un punto neurálgico en las diferencias entre oficialismo y oposición. De hecho en Diputados esta semana el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio Mario Negri consideró este aspecto un “hackeo” a la Justicia. Su fuerza política plantea que es un punto clave con el que el Frente de Todos buscaría la “impunidad” de ex funcionarios, empresarios y de la propia Vicepresidenta. En respuesta Cristina Kirchner acusó una vez más a Macri de impulsar el lawfare para inculparla y también a ex funcionarios y empresarios cercanos al kirchnerismo.

En el orden del día de la sesión de hoy figuran otros tres proyectos: la autorización de la entrada de tropas extranjeras y la salida de fuerzas nacionales para participar del ejercicio del programa de ejercitaciones combinadas y dos dictámenes vinculados también a la Justicia. Uno impulsa la anulación de la designación de Mario Laporta como vocal titular del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal en representación del Senado mientras que el otro impulsa la anulación de la designación del vocal suplente del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público de la Defensa, Juan Simoni. Ambos fueron nombrados por la ex vicepresidenta Gabriela Michetti y el kirchnerismo los reemplazará. En lugar de Laporta será designado César Grau quien podría actuar en procesos contra fiscales e incluso contra el propio procurador interino Eduardo Casal contra quien el oficialismo analiza iniciar juicio político y presiona para provocar su renuncia.

A favor de la reforma judicial y tras la declaración de la vicepresidenta, el jefe del bloque Frente de Todos, José Mayans, explicó que “más que una reforma, esto es un fortalecimiento de la justicia federal” y calificó como “muy bueno” el proyecto. En línea con CFK señaló que “esto más que reforma es un fortalecimiento de la justicia federal de todo el país, porque en definitiva se logra una mayor inversión en el servicio, eso quiere decir crear más juzgados, crear más cámaras de apelaciones, crear más tribunales orales y marchar hacia el sistema acusatorio, que es un sistema mucho más transparente, todo lo contrario al sistema inquisitivo”.

Mayans, que habló con FM La Patriada desde Formosa, apuntó que durante el gobierno de Mauricio Macri “había una bolilla preferida” en los sorteos en referencia al juez Claudio Bonadio que tuvo varias causas contra Cristina Kirchner.

Por su parte Laura Rodríguez Machado, quien será miembro informante de Juntos por el Cambio, advirtió que luego de los cambios incorporados por el Frente de Todos el oficialismo tardó 72 horas en mostrar el texto. “Crean más de 900 cargos en la Justicia Federal Nacional”, advirtió y también cuestionó la constitucionalidad y la oportunidad del tratamiento y la enmienda incorporada por el neuquino Oscar Parrilli. “Es tremenda, no me gustaría estar en los zapatos de los periodistas que hacen investigación porque en el artículo 72 del nuevo despacho se establece que jueces y juezas de todos los fueros de jurisdicción federal con asiento en las provincias deben comunicar en forma inmediata cualquier intento de influencias o decisiones por parte de poderes políticos, económicos o mediáticos”, alertó. Y también subrayó que el artículo siguiente, el 73, establece que no hacer la denuncia “es una falta grave en el ejercicio de las funciones del juez. Es decir que los van a estar controlando que denuncien a cualquier periodista de investigación o cualquiera que emita una opinión que pueda ser algo tan vago como es un intento de influenciar”.

Para Rodríguez Machado y la oposición el costo de la reforma será de $6.000 millones mientras que para el oficialismo no superaría los $ 1.939 millones. Losardo incluso aseguró que los cambios serían graduales por lo que el costo se distribuiría a lo largo del tiempo.

Más allá del intenso debate que se dará esta tarde en el Senado, el oficialismo no tendrá dificultades en avanzar. Sin embargo, en Diputados se anticipa un extenso debate, con largas sesiones en comisión. Juntos por el Cambio, Consenso Federal y los diputados que responden al gobernador Juan Schiaretti, entre otros, anticiparon su rechazo lo que dificultaría, o directamente impediría, que el oficialismo logre quórum y los votos necesarios para convertir la reforma en ley. En ese contexto el Frente de Todos buscará ganar tiempo en la Cámara baja para intentar negociaciones que destraben lo que por ahora parece un fracaso.

Cuáles son las críticas que le hacen jueces, fiscales y abogados a la reforma judicial que votará hoy el Senado

La creación de juzgados cuando la prioridad deben ser las fiscalías para impulsar el sistema acusatorio, el traspaso de la justicia a la ciudad y la falta de estructura para afrontar los cambios son algunas de las objeciones que plantearon las entidades judiciales

El Senado de la Nación debatirá hoy el proyecto de reforma judicial que impulsó el gobierno de Alberto Fernández y lo hará con críticas de la mayoría de los sectores que integran el Poder Judicial de la Nación. Jueces, fiscales, abogados, defensores oficiales y el gremio de empleados judiciales ha expresado reparos sobre la iniciativa que buscar reformar a la justicia federal de todo el país.

Quiénes se han expresado públicamente o en las comisiones del Senado en las que se trató el tema coincidieron en que es necesaria una reforma al sistema judicial pero que este momento de pandemia no es el adecuado para hacerlo. Sobre el proyecto las objeciones se centran en que se prioriza la creación de juzgados cuando la mira debería estar en las fiscalías para aplicar de lleno el sistema acusatorio donde el trabajo recaerá en ellas. También que se aumenta una estructura en muchos casos sin justificación y que no se tiene en cuenta que la estructura edilicia e informática es mala y que eso requería una importante inversión de dinero.

La iniciativa, que se prevé será aprobada hoy en el Senado porque el Frente de Todos tienen los votos para hacerlo, propone reformar la justicia federal de la ciudad y de la del interior del país. Para la justicia de la ciudad unifica los juzgados federales de Comodoro Py con los del fuero Penal Económico y desdobla las dos secretarias que tiene. Así pasarían a ser 46 juzgados de primera instancia. También fusiona las cámaras y los tribunales orales de los dos fueros. En el caso del interior, los juzgados federales tienen la competencia múltiple. Esto es que los jueces tienen los casos penales, laborales, civiles, contenciosos. La iniciativa los desdobla. Habrá un juzgado únicamente para la materia penal y otro para el resto.

El sistema acusatorio prevé que las investigaciones estén a cargo de los fiscales y que los jueces se encarguen de revisarlas. Ese sistema, a nivel federal, se comenzó a aplicar en algunas provincias para que progresivamente se extienda a todo el país. Desde los sectores judiciales piden que se le de prioridad a eso y que no se acrecienten las estructuras de los juzgados.

“Con un proceso acusatorio no son necesarios 46 Juzgados de Garantías en la Capital, la mayor carga de trabajo cae sobre las fiscalías. Hoy en día no se requiere una organización en espejo y con la misma cantidad de dependencias. Ya no importan los cargos ni sus equivalencias, lo importante son las funciones que cada magistrado cumple”, sostuvo la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.

Desde la Asociación de Fiscales nacionales, a cargo de Carlos Rívolo, opinan en la misma línea: “Este proyecto pone en riesgo la verdadera reforma del sistema federal que los fiscales impulsamos, la instauración definitiva del sistema acusatorio, porque la esencia de este sistema es la división de roles entre jueces y fiscales. No se desprende del proyecto un análisis cualitativo y cuantitativo que permita determinar si la cantidad de fiscalías asignadas son correctas conforme a la densidad demográfica o el flujo de casos”.

La Asociación de Magistrados también objetó que “el proyecto nos presenta solo 23 nuevas fiscalías sin un espacio donde funcionar ni una dotación de personal. Una situación aún más grave nos muestra el formato que el proyecto le asigna a las defensorías públicas”. En esa línea, la defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, sostuvo que ante 46 juzgados se crean solo 14 defensorías y en el interior del país 94 juzgados, 85 fiscalías y 23 defensorías. “Esta desproporción el sistema acusatorio no la va a tolerar”, sostuvo y pidió “volver a mirar el mapa para no dividir en los lugares donde no es necesario; reforzar más lo penal en juzgados como el de Orán; y reforzar más las fiscalías”.

Para los jueces también la iniciativa no explica “con qué criterio se distribuyeron en algunas localidades en desmedro de otras” los 94 juzgados federales penales que se crean en el interior del país.

El proyecto establece que los nuevos juzgados federales de la ciudad de Buenos Aires serán ocupados por magistrados subrogantes hasta que se designen a sus titulares por concurso. “Si la imparcialidad de los jueces federales ha sido entendida como problemática, por qué razón puede suponerse que el nombramiento de 23 jueces subrogantes podría mejorar el sistema. La subrogancia, que ya fuera criticada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, implica una dotación de Magistrados que pueden resultar influenciables, en la medida que pretendan ganar el concurso para el cargo al que están subrogando”, planteó la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Procesal Penal.

“Asimismo, del proyecto surgen a priori un par de interrogantes no develados. La primera: ¿qué ocurriría si no hay 23 postulantes de esos jueces para ocupar los nuevos cargos? La segunda: ¿qué ocurre con los jueces nacionales en lo criminal si no optan por pasar a la Ciudad ni tampoco concursar para los nuevos cargos? El proyecto no lo resuelve”, sostuvo en el mismo sentido Jorge Rizzo, ex presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

La iniciativa plantea también el traspaso de la justicia penal nacional a la ciudad de Buenos Aires. “El proyecto de ley importa además el completo desguace y desmantelamiento de este centenario fuero, omitiendo toda referencia a la suerte que han de correr sus magistrados”, señaló la Asociación de Magistrados. La Comisión Ejecutiva de la Junta Nacional de Presidentes de Tribunales Orales Nacionales advirtió que el traspaso no contempla a todos los tribunales orales y que algunos jueces se quedarán sin cargos si esa medida se concreta.

Otro aspecto que plantearon desde las entidades judiciales es el de los recursos para afrontar la reforma. “Hoy estamos en una situación de emergencia judicial, los edificios se caen en todo el país, el sistema de gestión informática no funciona, está colapsado. La reforma no responde a las necesidades de la sociedad, necesitamos una política de estado que nos diga que en cuatro o cinco años vamos a tener la Justicia que está esperando la sociedad”, sostuvo en el Senado Julio Piumato, titular de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación. “A todas esas personas por lo menos hay que instalarles una computadora e ingresarlos en el sistema general que hoy por hoy ya tiene falencias. No pareciera ser lo mejor”, puso como ejemplo la Asociación de Fiscales.

El proyecto de reforma judicial es una de las medidas que en los últimos tiempos impulsó el gobierno nacional. Otra fue la creación de una comisión de juristas para analizar el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del Ministerio Público Fiscal, del Ministerio Público de la Defensa y del Consejo de la Magistratura de la Nación.

También el kirchnerismo impulsa en el Congreso el juicio político al procurador general de la Nación, Eduardo Casal, que es el jefe de los fiscales nacionales y federales. Por último, están bajo revisión 10 jueces federales por sus traslados que se hicieron mayormente durante el gobierno de Mauricio Macri. La objeción es que incumplieron una serie de pautas, principalmente que no pasaron por el Senado de la Nación. La Cámara Alta convocó a una audiencia para el próximo 4 de septiembre para analizar los casos. Entre ellos están los de tres jueces de los tribunales de Comodoro Py, donde se analizan y tratan las causas de corrupción que involucran a funcionarios públicos y empresarios. Se trata de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, integrantes de la Cámara Federal, y de Germán Castelli, juez del Tribunal Oral Federal 7 que tiene el caso de los cuadernos de la corrupción en el que está acusada la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner.

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El "vamos por todo" de Cristina Kirchner ahora es contra el Presidente

Por Carlos Pagni

Cristina Kirchner ha comenzado a desplegar su liderazgo a través de una auditoría obsesiva de las decisiones administrativas de Alberto Fernández. Ese control se ejecuta a través de prohibiciones que dinamitan los acuerdos alcanzados por el Gobierno en los más diversos campos de la vida pública. Es un regreso a la consigna "vamos por todo". Pero ahora no se trata de la convocatoria a una expansión. El movimiento es hacia adentro. Centrípeto. La vicepresidenta tiende un cerco cada vez más estrecho alrededor del Presidente. Los teóricos debatirán si esta dinámica no era inexorable. Si no estaba cifrada en el lanzamiento de Fernández como candidato, a través de un expeditivo mensaje de voz. Para la política el problema es más urgente. Como Martín Guzmán y Miguel Pesce explicaron en su carta a Kristalina Georgieva, el país se interna en una recesión cada vez más dolorosa, mientras en el puente de comando pelean a los manotazos por el dominio del timón.

La búsqueda de una salida para Vicentin, el acuerdo de precios con las empresas de telecomunicaciones, la negociación tarifaria con las de distribución eléctrica, el entendimiento para sancionar una ley para la economía del conocimiento, las tratativas con las empresas constructoras que no pueden cumplir con los contratos de participación público-privada (PPP) son algunos ejemplos de la facilidad con la que, desde la presidencia del Senado, se vetan decisiones del Poder Ejecutivo. La señora de Kirchner impone conflictos a Fernández allí donde él ensaya una fórmula de paz.

Ninguna impugnación fue tan significativa como la que la vicepresidenta lanzó contra la reforma judicial. Se trata del proyecto al que Fernández concedió más importancia desde que asumió la presidencia. Le dedicó pasajes enteros de su discurso inaugural y también del que pronunció en la apertura del Congreso. Sin embargo, ella aclaró que no es una reforma. Que reformas solo hay dos. Una, la que ella promovió, intentando atar la integración del Consejo de la Magistratura a las elecciones presidenciales. La otra fue, según la misma taxonomía, la que habría realizado, de facto, Mauricio Macri, para perseguirla a ella, a sus funcionarios y a algunos empresarios amigos. Para aceptar este sarcasmo hay que olvidar demasiadas cosas. Entre ellas, las decenas de millones de dólares acumulados por una legión de funcionarios, que incluyen a modestos secretarios privados. No es el único defecto de la coartada de la señora de Kirchner. Sus reproches hacia Macri ocultan que la principal disputa política que rodeó a su peripecia judicial fue con sus compañeros de partido. La vicepresidenta disimula algo que, sin dudas, sabe: el estímulo faccioso que puede sospecharse detrás de algunas decisiones judiciales provino más de la interna del PJ que de la Casa Rosada. Ella no ignora, por ejemplo, que Sergio Massa ha tenido una proximidad a Comodoro Py muy superior a la de Macri. Massa: el aliado de Margarita Stolbizer, autora de libros implacables contra la corrupción del kirchnerismo. Cristina Kirchner finge desconocer estos pormenores. Y hace bien. Porque en ellos aparece el rasgo más mortificante de su "genial" jugada para regresar el poder: debió allanarse a Alberto Fernández, que la denostó durante nueve años, y a Massa, que se comprometió ante sus seguidores a meterla presa.

La descalificación al proyecto judicial de Fernández es más agresiva por su oportunidad. La vicepresidenta dice que no es una reforma en el momento en que su ahijado trata de evitar una derrota en la Cámara de Diputados. Consciente de ese riesgo, el Presidente trata de saltar el corralito en el que lo va encerrand