Seguridad Ciudadana: Una revisión para la búsqueda de ...
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1 Seguridad Ciudadana: Una revisión para la búsqueda de alternativas en Colombia Proyecto de Grado Presentado por: Nazly Cote Rodríguez Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo Universidad de los Andes Bogotá D.C., Colombia. 2014
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Seguridad Ciudadana: Una revisión para la búsqueda de alternativas en
Colombia
Proyecto de Grado
Presentado por:
Nazly Cote Rodríguez
Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo
Universidad de los Andes
Bogotá D.C., Colombia. 2014
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Tabla de contenido
INTRODUCCIÓN
1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA ....................................................................... 4
a. Un problema de seguridad
b. Miedo al crimen
c. Un aumento de costos para la sociedad
2. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS……………………………………………………8
a. De la Seguridad Nacional a la Seguridad Ciudadana
b. Conceptos clave
3. CLASIFICIÓN DE LAS INTERVENCIONES EN SEGURIDAD
CIUDADANA……………………………………………………………………………..11
4. QUÉ SE SABE Y QUÉ NO SE SABE DE SEGURIDAD CIUDADANA EN
AMÉRICA LATINA………………………………………………………………………13
5. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN………………………………………...18
a. Criterios para la valoración de estudios
b. Estrategia de búsqueda para la identificación de estudios relevantes
c. Criterios para evaluar la calidad de los estudios seleccionados
d. Síntesis de los datos
6. ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS…………………………………………...30
a. Lista larga de Alternativas
b. Configuración de alternativas
c. Criterios de análisis
d. Comparación de alternativas contra criterios
e. Matriz multicriterio para el análisis de alternativas
7. ALTERNATIVA DE POLÍTICA…………………………………………………..47
REFERENCIAS
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INTRODUCCIÓN
La inseguridad en las ciudades colombianas representa una amenaza para el
bienestar, la calidad de vida y patrimonio de las personas. A pesar de que en el
periodo 2004-2010 el país vio una variación favorable en las tasas de homicidios,
pasando de 48 por cada 100 mil habitantes a 34; aún de acuerdo a los estándares
establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), Colombia se
considera como uno de los once países que registra los niveles más altos en
América Latina.
Fuera de los homicidios, a partir de las encuestas de victimización y los datos
administrativos de los países latinoamericanos, se han hecho visibles otro tipo de
comportamientos delictivos, por ejemplo los robos y hurtos. Es así como el informe
Regional de Desarrollo Humano del PNUD (2013) muestra que el porcentaje de
población víctima de robo para la región en el año 2012 se ubicó entre 10,82% y
25,19%. Para Colombia este fue de 17,66%.
Por otra parte las encuestas de percepción muestran que en general 5 de cada 10
ciudadanos latinoamericanos sienten que la seguridad en sus países ha ido en
detrimento. En Colombia, la encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana1
(ECSC), aplicada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas-
DANE (2013), muestra que el 54,8% de los colombianos se siente inseguro en su
ciudad de residencia.
Aunque la región ha presentado avances favorables en sus niveles de crecimiento
económico, salud y reducción de la pobreza, la inseguridad en las ciudades
representada por “el delito, la violencia y el temor limitan profundamente las
capacidades y las libertades de las personas, la manera como constituyen su vida
en sociedad y sus relaciones con las instituciones del estado” (PNUD, 2013, p 4).
1 La encuesta fue aplicada a las personas de 15 años y más, residentes habituales de los hogares, para una
muestra total de 172.275 personas en 49.035 hogares, en 20 ciudades del país: Pasto, Bogotá D.C., Armenia, Popayán, Medellín, Ibagué, Manizales, Cali, Montería, Villavicencio, Neiva, Santa Marta, Pereira, Sincelejo, Barranquilla, Cúcuta, Cartagena, Bucaramanga, Valledupar y Santander. (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, 2013).
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El presente documento busca hacer una descripción de los problemas en
seguridad ciudadana, seguido de la definición de conceptos y la información
acerca de qué se conoce y qué no sobre el tema en la región, para terminar con
un análisis de política que permita conocer cuáles tipos de intervenciones en
seguridad ciudadana, podrían ser efectivas en el contexto colombiano, basados en
la experiencia nacional e internacional.
1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
a. Un problema de seguridad
A nivel mundial, la región latinoamericana ha presentado aumentos del 12% en
sus tasas de homicidios entre el 2000 y 2010. Los 11 países que registran los
niveles más altos son Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Honduras, México, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Venezuela.
(PNUD, 2013).
Gráfica 1. Tasas de homicidio por cada 100.000 habitantes en América Latina
Fuente: PNUD, 2013.
No obstante, los homicidios no son el único factor a tener en cuenta. Actualmente
se presentan otro tipo de delitos relacionados con la vida e integridad de las
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personas y el patrimonio económico, que va en detrimento de la seguridad de los
ciudadanos.
En este sentido acciones como los hurtos y los robos también tienen tasas altas
en América Latina. En la siguiente tabla, de acuerdo a los registros oficiales de
cada país, se puede observar las tasas por cada 100.000 habitantes en este tipo
de delitos. (Ortega D y Sanguinetti P, 2014).
Tabla 1. Tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes para países de
América Latina
País
Hurto Robo
Último año disponible
Tasa Último año disponible
Tasa
Argentina 2008 872 n.d. n.d.
Bolivia 2011 104 n.d. n.d.
Brasil 2011 681 2011 124
Chile 2011 1406 2011 719
Colombia 2011 249 2011 65
Costa Rica 2011 541 n.d. n.d.
Ecuador 2006 96 2006 108
El Salvador 2011 192 2011 8
Guatemala 2009 67 2009 11
Honduras 2011 78 n.d. n.d.
México 2011 319 2011 170
Nicaragua 2010 187 n.d. n.d.
Panamá 2011 525 2011 84
Paraguay 2011 592 2006 13
Perú 2009 220 2009 14
República Dominicana* 2006 32 n.d. n.d.
Uruguay 2004 3323 2004 252
Venezuela 2007 331 n.d. n.d.
Promedio América Latina 545 143
n.d.: no disponible
*para la categoría "hurtos" solo se incluyen los hurtos de auto por disponibilidad de datos.
Fuente: Ortega D y Sanguinetti P (2014), citando a UNODC (2013) y OEA (2012); p. 23.
Sin embargo, es necesario resaltar que no sólo se tienen en cuenta los registros
administrativos para dimensionar el alcance los delitos en la región. Para esta
medición también se hace revisión de las encuestas de victimización, dado a que
permiten tener en cuenta la cifra oculta2.
Es así como la Corporación Latinobarómetro (Lagos., M y Dammert., L. 2012) a
través de su encuesta de victimización muestra que en 2011 los países con mayor
2 La cifra oculta se refiere a aquellos delitos que no son denunciados ante las autoridades. PNUD, 2013.
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porcentaje resultaron ser México (42%), Perú (40%), Argentina (39%), Costa Rica
(38%) y Colombia (38%).
Cabe anotar que si bien los homicidios y los robos representan un problema para
garantizar la seguridad de los ciudadanos latinoamericanos, la situación es
diferente en cada uno de los países. En tal sentido al categorizarlos según las
tasas de homicidio y robo, en alta o baja, países como Colombia, Ecuador,
Guatemala y Venezuela se ubican en la primera categoría.
Tabla 2. Categorización de países según la tasa de homicidio o robo, América Latina Alta Baja
Homicidio
Brasil Argentina
Colombia Bolivia
Ecuador Chile
El Salvador Costa Rica
Guatemala Nicaragua
Honduras Perú
México Uruguay
Panamá
Paraguay
República Dominicana
Venezuela
Robo
Argentina Brasil
Bolivia Chile
Colombia Costa Rica
Ecuador El Salvador
Guatemala Honduras
Perú México
Uruguay Nicaragua
Venezuela Panamá
Paraguay
República Dominicana Notas: Homicidio: bajo, menos de 10 homicidios por cada 100.000 personas; alto, más de 10 homicidios por cada 100.000 personas. Robo: porcentaje de gente victimizada por Robo (LAPOP, 2012) en el último año: la clasificación de bajo va de 0 a 16,7%. Esta clasificación se hizo tomando en cuenta que 16,7 implica que una de cada seis personas fue víctima de robo. Es decir, que un país tiene una tasa de robo relativamente baja cuando una de cada 6 personas
o más (es decir una de cada siete, una de cada ocho) fue robda en los últimos 12 meses, y un país tiene una tasa alta de robo cuando a más de una de cada 6 personas o menos personas le robaron algo en los últimos 12 meses.
Fuente: PNUD, 2013.
b. Miedo al crimen
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Teniendo en cuenta que la percepción de la seguridad puede entenderse como “el
porcentaje de la población para la cual su principal preocupación es el crimen”
(Ortega D y Sanguinetti P, 2014; p.23), en América Latina, de acuerdo a la
encuesta de la CAF el 24% de los ciudadanos informan que ésta es su principal
preocupación, seguido por la pobreza (13%) y el desempleo (9,2%).
Así mismo la encuesta Latinobarómetro muestra que la percepción de inseguridad
en América Latina pasó de un 5% en 1994 a un poco más del 25% en el 2010. No
obstante, se debe tener en cuenta que esta percepción puede estar relacionada
con otros factores como por ejemplo la confianza en la policía, el grado de
cobertura que tiene el crimen en los medios, la disponibilidad de información
estadística, entre otros. (Ortega D y Sanguinetti P, 2014).
Gráfica 2. Percepción de la Inseguridad en los Países de América Latina
(1994-2010)
Fuente: Ortega D y Sanguinetti P (2014), citando a UNODC (2013) y Latinobarómetro (2013); p. 27.
c. Un aumento de costos para la sociedad
De acuerdo a la literatura la violencia y el crimen generan altos costos directos a la
sociedad. Éstos se relacionan con una menor esperanza de vida, consecuencias
negativas del delito sobre la salud física y psicológica de las personas, gastos
orientados a la prevención del delito, entre otros. (Ortega D y Sanguinetti P, 2014).
Ortega D y Sanguinetti P (2014) hacen referencia a los costos directos del crimen
para América Latina, mencionando que éste compromete cerca de un 5% del PIB,
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que de forma desagregada corresponde a un 2% por atención médica y años de
vida perdida y un 3% para gastos de seguridad pública, privada y justicia.
2. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS
a. De la Seguridad Nacional a la Seguridad Ciudadana
La noción de seguridad implica diferentes elementos dependiendo del tiempo y el
lugar en la historia. Este término incluye múltiples áreas que pueden agruparse de
acuerdo al nivel de análisis -estado, comunidad e individuo- así como a las
amenazas a las cuales se puede ver enfrentada, como la guerra, el crimen
organizado, la delincuencia común, entre otras.
La definición tradicional de seguridad estaba enfocada a la defensa de los
intereses de los estados, como por ejemplo la autonomía y la soberanía. En tal
sentido, la primera aproximación a este concepto tiene que ver con la Seguridad
Nacional, entendida como “la ausencia de peligro o amenaza de ataque de un
Estado frente a otro, concebida en términos fronterizos exclusivamente, de
protección del territorio y de las personas que lo habitan, depositada en cabeza
exclusiva de cada Estado” (Ariza, N. 2011, p. 4).
Luego de la Guerra Fría, el Sistema Internacional se enfrentó a cambios donde la
seguridad ya no estaba sujeta únicamente a la protección de amenazas y peligros
de tipo inter estatal. Por el contrario, el nuevo orden se encontraba enfrentado a
un creciente proceso de globalización y a problemas relacionados con los ámbitos
sociales, ambientales y económicos de los estados.
En el caso de América Latina, tras finalizarse la Guerra Fría, los países iniciaron
procesos de democratización, pero a su vez ligados a escenarios de pobreza y
desigualdad, que hicieron de la “región un caldo de cultivo para las actividades del
crimen organizado. Además, los países poseían una institucionalidad débil y se
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veían afectados por altos índices de corrupción e impunidad”. (Rojas., A. F y
Álvarez., A. M, 2012, p 14)
Esto llevó a que el concepto de seguridad adquiriera otras dimensiones,
entendiendo que los conflictos y las amenazas también tenían un carácter intra
estatal. Es así como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en su
Informe sobre Desarrollo Humano (PNUD, 1994) da una nueva orientación a esta
noción, pasando de una seguridad basada en lo militar, a una fundada en el
modelo de desarrollo humano, que derivó en lo que se conoce como seguridad
humana.
La seguridad humana es definida como la condición de vivir libre de temor y de
necesidad. Este concepto, centrado en las personas y en la comunidad, se
relaciona con el respeto a la vida y la dignidad humana, involucrando siete
dimensiones de seguridad: económica, alimentaria, sanitaria, medioambiental,
personal, comunitaria y política. (Velásquez, H.A., 2005).
De la mano de este concepto multidimensional, aparece el término de seguridad
ciudadana. Sin embargo a diferencia del primero, que relaciona una serie de
amenazas que pueden ir en contra de las personas y su desarrollo, la segunda
está más enfocada a la seguridad personal entendiéndola como un bien público,
que elimina las amenazas de violencia en la población y permite la convivencia
segura y pacífica (Alvarez., D., 2012). Este tipo de seguridad supone que el
Estado tiene la responsabilidad de generar políticas y estrategias, que le permitan
al ciudadano vivir en comunidad libre de riesgos, peligros y conflictos.
Sus estrategias deben orientarse a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos,
propender por la acción comunitaria para la prevención del delito, la ejecución de
mecanismos que conlleven a una justicia accesible, ágil y eficaz, así como la
implementación de instrumentos educativos basados en los valores, el respeto a la
ley y la tolerancia. (Alvarez., D., 2012).
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De otro lado la seguridad pública difiere de la seguridad ciudadana, en tanto que la
primera se refiere a la utilización de mecanismos de control para contrarrestar el
crimen y la violencia, frente a hechos puntuales como por ejemplo el conflicto
armado y el narcotráfico con el fin de mantener el orden público, haciendo énfasis
en los poderes coercitivos de los estados, “sugiriendo que la represión es el
elemento central para combatir el crimen” (Ortega D y Sanguinetti P, 2014, p 21).
Mientras que la seguridad ciudadana se centra en la persona, dentro de un
contexto democrático, para ejecutar acciones que garanticen la protección de unos
derechos básicos, dentro de los cuales se resaltan tres: el derecho a la vida, la
integridad física y material del individuo y su derecho a tener una vida digna.
(Alvarez., D., 2012).
b. Conceptos Clave
Para el presente documento, teniendo en cuenta las definiciones unificadas por el
Sistema Regional de Indicadores Estandarizados de Convivencia y Seguridad
Ciudadana (SES), se entenderá por homicidios, hurtos, robos y percepción de la
seguridad, lo siguiente:
Homicidios: lesiones interpersonales ocasionadas por una persona a otra
que derivan en la muerte.
Hurtos: Apoderarse de un bien ajeno, sin ejercer violencia ni fuerza sobre
las cosas o personas.
Robos: El acto de apoderarse de una cosa ajena con el propósito de
obtener provecho para sí o para otro, mediante el ejercicio de cualquier tipo
de violencia sobra las cosas o personas.
Percepción de Seguridad: Sensación de desprotección asociada al miedo
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3. CLASIFICACIÓN DE LAS INTERVENCIONES EN SEGURIDAD CIUDADANA
En este documento la clasificación de las intervenciones en seguridad ciudadana
estarán basadas en lo sugerido por Corman y Mokan (2002), citados por Sánchez.
F, Espinosa. S y Rivas. A. (2007), en: zanahorias (Carrots), Garrote (sticks) y las
inspiradas en la teoría de las ventanas rotas (Broken windows).
Se tendrá en cuenta la cuarta categoría, propuesta por Sánchez. F, Espinosa. S y
Rivas. A. (2007), que corresponde a las medidas zanahoria-garrote (carrot-stick)
Medidas Zanahoria (Carrots)
Denominadas también medidas de impacto en condiciones económicas, se refiere
a la implementación de acciones que tienen algún efecto sobre las condiciones
socioeconómicas relacionadas con el comportamiento criminal, teniendo en cuenta
los costos de oportunidad del crimen. Un ejemplo son las acciones orientadas a
mejorar las variables de desempleo, gasto social, necesidades básicas
insatisfechas, entre otras. (Sánchez. F, Espinosa. S y Rivas. A, 2007) (Llorente,
M.V., 2005)
Medidas Garrote (Sticks)
También conocidas como sanciones a los delitos de impacto social, obedecen a
acciones encaminadas a la disuasión e incapacitación (Llorente, M.V., 2005).
Algunos ejemplos son el aumento del número de policías en las calles, incautación
de armas, la instalación de cámaras de vigilancia, entre otras. (Sánchez. F,
Espinosa. S y Rivas. A, 2007).
Medidas basadas en la teoría de las Ventanas Rotas (Broken Windows)
Esta teoría desarrollada en 1982 por Kelling y Wilson, manifiesta los efectos que
tiene el desorden sobre la delincuencia. Llorente M.V. y Rivas. A. (2005) citan a
Wilson y Kelling (1982) Skogan (1990) Kelling y Coles (1996) para explicar que el
deterioro del entorno físico y social como por ejemplo basuras en las calles, sitios
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abandonados, riñas, escándalos callejeros, entre otros, son factores promotores
del crimen, que en consecuencia genera un efecto escalonado de las actividades
delictivas iniciando por crímenes menores hasta terminar en delitos más graves.
En tal sentido estas medidas se orientan a dar importancia a la recuperación de
los espacios públicos y de entornos urbanos deteriorados.
Medidas Zanahoria-Garrote (Carrot-stick)
Esta categoría se refiere a los programas que combinan beneficios con sanciones.
A partir de estas medidas se busca “incidir en comportamientos y prácticas
sociales, que sin ser delictivas aparecen como facilitadoras o propiciadoras de
actos de violencia y delincuencia, se han caracterizado por la búsqueda de formas
alternativas para regular comportamientos, modificar prácticas, y dirimir conflictos,
así como por la búsqueda de formas de acercamiento entre los ciudadanos y las
instituciones gubernamentales”. (Sánchez. F, Espinosa. S y Rivas. A, 2007. p.
321).
De estas se destacan acciones como el desarme y la restricción al porte de armas,
regulación al consumo de alcohol, prevención de la violencia intrafamiliar e infantil,
establecimiento de mecanismos para la resolución y mediación de conflictos
ciudadanos, entre otros.
Tabla 3. Clasificación de las Políticas de Seguridad
Clasificación Políticas de Seguridad Principales Componentes
MEDIIDAS GARROTE
(STICK) Fortalecimiento de la Policía
-Disminución en los tiempos de respuesta a requerimientos de los ciudadanos. - Mejoramiento en la calidad del servicio. -Mejoramiento del talento humano. -Acercamiento de las comunidades al tema de seguridad. -Acercamiento de la policía a la comunidad. -Maximización del número de policías en las calles -Creación de zonas seguras. -Mejoramiento del tránsito y la seguridad en las calles -Incautación de armas. -Instalación de cámaras de vigilancia en lugares públicos. .Mejoramiento locativo en estaciones de policía.
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Justicia Punitiva
-Aumento en las penas
-Mejoramiento locativo e inversión de recursos
humanos de las cárceles.
TEORÍA DE LAS
VENTASNAS
ROTAS(BROKEN
WINDOWS POLICING)
Programas orientados a la teoría de las
ventanas rotas
-Recuperación del espacio público.
-Recuperación de entornos urbanos deteriorados.
MEDIDAS ZANAHORIA-
GARROTE
(CARROT-STICK)
Programas de cultura ciudadana
-Desarme y restricción al porte de armas.
-Autorregulación y regulación interpersonal del
consumo de alcohol.
-Restricción al uso de pólvora
-Reducción de la accidentalidad vial
Justicia cercana al ciudadano
-Creación y fortalecimiento de unidades de mediación y conciliación. -Prevención de violencia intrafamiliar y maltrato infantil. -Fortalecimiento de Inspecciones de policía para la resolución y mediación de conflictos ciudadanos.
Fuente: Sánchez. F, Espinosa. S y Rivas. A (2007).
4. QUÉ SE SABE Y QUÉ NO SE SABE DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA
REGIÓN.
En América Latina, desde el periodo de 1998 a 2012 se tiene el registro de cerca
de 1304 intervenciones en seguridad ciudadana que cuentan con el apoyo de
agencias multilateral, bilaterales, fundaciones y actores privados. De acuerdo a la
revisión realizada por Muggah., R y Aguirre., K (2013) una de las principales
fuentes para realizar este tipo de programas son los entes multilaterales como el
BID (78 intervenciones), PNUD (174 intervenciones) y el Banco Mundial (12
intervenciones).
Gráfica 3. Intervenciones en Seguridad Ciudadana por País, 1998-2012
(n=1.304)
14
Fuente: Instituto Igarapé, Base de Datos Intervenciones en Seguridad Ciudadana
No obstante, si bien existen estos registros y literatura sobre buenas prácticas que
dan a conocer las experiencias de los programas en seguridad ciudadana, se
evidencia algunos vacíos respecto a la elaboración de análisis sistemáticos sobre
las evaluaciones realizadas a intervenciones latinoamericanas, lo cual no permite
tener un conocimiento compartido para orientar con más efectividad las políticas
de la región. (Frühling. H., 2012).
Lo anterior encuentra razón en que no hay un número suficiente de evaluaciones
en la región que permitan conocer el impacto de las intervenciones, debido a las
dificultades en la implementación de éstas, sobre todo en su diseño experimental.
De esto se destaca que no hay un registro de información claro –asimetrías de
información- y una focalización adecuada sobre los programas que se desarrollan.
Igualmente se implementan muchos proyectos donde no se tiene claridad sobre el
objetivo que se busca atacar. En consecuencia, al momento de realizar este tipo
de evaluaciones, no se encuentran datos muy consistentes que logren establecer
la correlación que hay entre el programa aplicado y los cambios en los índices de
criminalidad. (María Victoria Llorente, Directora de la Fundación Ideas para la Paz,
en el Foro de Arquitectura Institucional para la Seguridad y Convivencia
Ciudadana, 2014, julio 2).
Así mismo, Moestue. H, Moestue. L y Muggah (2013) en su revisión sistemática,
sobre programas para controlar y prevenir la violencia en jóvenes en América
Latina, recomiendan la aplicación de diseños de evaluación más a largo plazo, y
resaltan la necesidad de contar con indicadores estandarizados para tener una
mejor comprensión de las dimensiones de este tipo de problemas, los cuales
inciden en la seguridad ciudadana.
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Sin embargo, es de destacar los esfuerzos realizados por el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) en la búsqueda de mecanismos de monitoreo y evaluación de
las iniciativas en seguridad ciudadana latinoamericanas, que permitan generar
información relevante sobre lo que funciona y lo que no.
Como parte de esos esfuerzos, a partir del programa de Sistema Regional de
Evaluación de Impacto en Políticas de Seguridad Ciudadana, se viene
promoviendo la ejecución de este tipo de evaluaciones. (De Lima., R.S, Godinho.,
L y De Paula., L, 2014).
En el ámbito de las evaluaciones, algunas de las más mencionadas corresponden
a la categoría garrote (Stick), implementadas en países como Colombia, Brasil y
Argentina, que han dejado efectos sobre disminuciones en las tasas de homicidio,
hurtos y percepción de la seguridad.
En Colombia, la Fundación Ideas para la Paz (2012) realizó la evaluación de
impacto al Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (PNVCC), que
en términos generales muestra reducciones en las tasas de homicidio (18%),
lesiones personales (11%) y hurto a vehículos (22%).
Del mismo modo lo hizo García. J. F., Mejia. D. y Ortega. D. (2013), donde
encontraron que la reducción de homicidios, a partir de la implementación del
PNVCC, había sido del 22%.
En esta misma línea, Brasil evaluó el programa de Integración y Gestión de
Seguridad Pública-IGESP, implementado en Minas Gerais (Soares., R. y Viveiros.,
I., 2010), relacionado con el intercambio de información, coordinación e
integración de las acciones de la policía civil y militar, que tenían por objeto
combatir el crimen. Basados en tecnologías modernas de información y monitoreo,
esta estrategia logró disminuir las tasas de robo contra la propiedad (24%) y las
personas (13%).
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En Argentina, se realizó la evaluación sobre la Nueva Policía Metropolitana de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El programa a través de la coordinación de la
fuerza policial con el resto de los agentes sociales que intervienen en la
comunidad, el mantenimiento de las relaciones de cooperación con la comunidad
en la labor preventiva, así como la capacitación y re calificación de los perfiles de
los policías, tenía como objetivo conocer si a través de esta nueva policía se
presentaban cambios en las tasas de victimización, los índices de sensación de
inseguridad y la percepción de la población respecto a su legitimidad y
transparencia. (BID, 2013).
Como resultado de lo anterior se obtuvieron reducciones en los delitos contra las
personas de 4,5%, sin ningún efecto importante sobre los homicidios, y una
disminución en la sensación de inseguridad del orden del 8% entre 2007 y 2012.
De otro lado, un caso dirigido a la aplicación de la teoría de las ventanas rotas
(Broken Windows) es el Programa de Rescate de Espacios Públicos-PREP
(Campos., V.R, 2012) en México. Mediante la intervención en espacios públicos,
deportivos y culturales, el objetivo era disminuir la percepción de inseguridad,
aumentar el uso de espacios públicos e incrementar la cohesión social.
De la anterior evaluación se obtuvo como resultado que la percepción de
inseguridad disminuye de 17 a 11 puntos porcentuales en el primer año de la
intervención, y a 9 puntos porcentuales en el segundo año. Entre tanto, respecto a
la percepción en las condiciones de seguridad en el espacio público, se presenta
un aumento de 16.6 puntos porcentuales en los hogares que consideran las
condiciones de seguridad como muy buenas o buenas. (Campos., V. R, 2012).
En términos de medidas carrots-sticks, la Política de Convivencia y Seguridad
Ciudadana de Medellín implementó una estrategia para la prevención de la
violencia en poblaciones vulnerables, a través del programa de promoción de
manejo pacífico de conflictos entre menores de edad, denominado Escuelas del
Deporte.
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La evaluación a este programa presenta resultados negativos en la categoría de
habilidades para el manejo pacífico de conflictos. En este caso 5.5% de los
menores piensan que algunos problemas es mejor resolverlos con golpes y no con
palabras y un 5.1% de los participantes considera que el cuerpo puede aguantar
golpes y abusos. (Econometría, 2006).
Igualmente el CISALVA (2005), realizó una evaluación de impactos tempranos, es
decir los efectos esperados, a ocho programas de convivencia y seguridad
ciudadana en la ciudad de Cali, relacionados con la recuperación del espacio
público, intervenciones en prevención de la violencia intrafamiliar, los proyectos
implementados en los distritos de paz, el fondo de apoyo a iniciativas juveniles,
entre otros.
De forma general, los resultados son positivos en términos de convivencia y
solidaridad, pero se manifiesta que la poca participación de las instituciones
vulnera la confianza de éstas, cuando se presentan proyectos basados en la
construcción de alianzas entre instituciones y comunidad. (CISALVA, 2005).
Por otra parte, de los ejemplos encontrados sobre revisiones sistemáticas y
metanálisis, la mayoría se relacionan con estudios implementados en países
europeos y ciudades estadounidenses.
Los más conocidos son los realizados por Welsh, B. C. y Farrington, D. P. (2002)
(2010), quienes a través de dos revisiones sistemáticas, sobre la implementación
de mejoras en la iluminación en las calles y la instalación de Circuitos Cerrados de
Televisión (CCTV) en ciudades de Estados Unidos y el Reino Unido, buscaron
conocer si había efectos en la disminución de la delincuencia.
Respecto a las mejoras en la iluminación de las calles, a partir de 8 estudios en
ciudades de Estados Unidos, se encontró que la mejora en el alumbrado público
llevó a una disminución casi del 7% del crimen, mientras que 5 evaluaciones
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realizadas en ciudades del Reino Unido, mostraron que hubo una disminución
significativa del 30% en la delincuencia (Welsh, B. C. y Farrington, D. P., 2002).
Entre tanto, sobre las 44 evaluaciones revisadas en ciudades que habían instalado
CCTV, se encontró que hubo una disminución de 51% en los crímenes cometidos
en estacionamientos, y que en otros lugares públicos como el centro de la ciudad
la reducción no fue tan significativa (7%). (Welsh, B. C. y Farrington, D. P., 2010).
En intervenciones que se relacionan con la reducción del crimen al interior de las
comunidades, Bennet, T., Holloway, K., y Farrington, D. P. (2008) observaron 43
evaluaciones en programas de vigilancia de barrios, en ciudades de Estados
Unidos, el Reino Unido, Canadá y Australia, donde se encontró eficacia en la
disminución del crimen.
Por otro lado de las revisiones sistemáticas y metanálisis, sobre programas que
involucran el sistema judicial, Sherman, L.W. y Strang, H. (2007), a través de 27
comparaciones sobre el uso de condenas de servicio comunitario y penas de
privación de la libertad, hallaron que las tasas de reincidencia eran más bajas
cuando las sanciones no eran de tipo privativo.
5. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
a. Criterios para la valoración de los estudios
La estrategia de búsqueda utilizada se basó en la Guía para la Preparación de
Protocolos de Revisión de The Campbell Collaboration (2001). De acuerdo a lo
anterior, para que un documento fuera tenido en cuenta en esta revisión, debía
obedecer a los siguientes criterios:
Título del documento: en este se debía mencionar explícitamente o hacer
referencia a palabras que evidenciaran que el estudio obedecía a una
evaluación de impacto, sobre una intervención o programa en seguridad
ciudadana.
19
Contenido del documento: se determinó no leer el estudio en su totalidad.
Por el contrario, se hizo una lectura del “abstract”, en el cual se debían
mencionar dos ítems. Primero, que el estudio correspondía a una evaluación
de impacto. Segundo, que indicara los hallazgos obtenidos sin importar el tipo
el resultado (efecto positivo, negativo, nulo). Para este caso no se tomó en
cuenta el diseño o metodología utilizada.
Tipo de intervención: para la valoración de los estudios el tipo de intervención
en los programas no era discriminatorio. Éste se refiere a la clasificación
descrita en el numeral 3 (carrots, Sticks, Teoría de las ventanas rotas y Carrot-
Stick).
b. Estrategia de búsqueda para la identificación de estudios relevantes
Para identificar los documentos, teniendo en cuenta los criterios de valoración
establecidos en el literal anterior, se realizó una búsqueda en 19 bases de datos
electrónicas, de las cuales 11 correspondían a revistas indexadas y 8 a
organizaciones/sitios web, donde circulan trabajos que evalúan intervenciones en
seguridad ciudadana.
Durante la búsqueda, gran parte de los documentos encontrados se hallaron en
revistas académicas, mientras que un menor número corresponde a
investigaciones o consultorías, realizadas por Organizaciones No
Gubernamentales (ONG), entes de gobierno y Centros de Estudios en Seguridad
Ciudadana.
Las búsquedas se hicieron en línea usando los recursos, sobre bases de datos
disponibles en la Universidad de los Andes, así como otras que pueden ser
consultadas de forma gratuita por internet. A continuación se enumeran las bases
de datos:
Revistas Indexadas Organizaciones/Sitios Web
20
1. Jstore
2. Oxford
3. Science Direct
4. Sage
5. Springer Images
6. Brill Ebooks
7. Ebsco Host
8. Academic Search Complete SSRN
9. Annual Reviews
10. Columbia International Affairs Online 11. Cambridge Journals
12. Banco Interamericano de
Desarrollo (BID)
13. Banco Mundial
14. Cepal
15. CISALVA
16. Google Scholar
17. 3IE
18. IDEAS-RePEc
19. FLACSO
En cada una de las anteriores bases de datos, se buscaron los estudios a partir de
los siguientes términos:
1. Citizen security interventions AND effect OR impact
2. Police intervention AND effect OR impact
3. violent prevention programs AND effect OR impact
4. Crime prevention AND effect OR impact
5. Homicide AND effect OR impact
6. Youth programs AND crime AND effect OR impact
7. Safer commune AND effect OR impact
8. Drunk driving AND effect OR impact
9. Road Safety Programs AND effect OR impact
10. Urban renewal Programs AND effect OR impact
11. Firearms programs AND effect OR impact
12. Gun AND effect OR impact
13. homicide reduction AND effect OR impact
14. Security perception AND theft AND effect OR impact
15. Urban violence AND effect OR impact
16. Neighborhood organization AND effect OR impact
21
17. Victimization AND prevention AND effect OR impact
c. Criterios para evaluar la calidad de los estudios a seleccionar
Utilizando como referencia el manual de What Works Clearinghouse y el protocolo
establecido por The Cambell Collaboration (2001) la selección de los documentos
se basó en los siguientes criterios:
Tiempo de publicación. Dado que el concepto de seguridad ciudadana, en
América Latina, tuvo un mayor reconocimiento en los años 90, y los programas
en seguridad ciudadana empezaron a implementarse a mediados de esa
década, los estudios a tener en cuenta fueron aquellos publicados a partir de
1996 a la fecha, es decir un periodo de 17 años.
Área de aplicación. Estudios nacionales e internacionales. En este último
caso se buscó que las evaluaciones de impacto fueran sobre intervenciones
aplicadas en su mayoría en ciudades Latinoamericanas.
Idioma. Documentos que se encontraran en idioma inglés, español o
portugués.
Diseño de la evaluación: Teniendo en cuenta la escala de Maryland3 que
permite clasificar la rigurosidad del diseño utilizado en las evaluaciones de
impacto, los estudios debían cumplir con alguno de los siguientes niveles:
Nivel 3: estudios con medición antes y después, a partir de un grupo de
tratamiento y control. Si hay cambios en el grupo de tratamiento se concluye
que los efectos se dan debido a la intervención del programa.
Nivel 4: estudios con mediciones antes y después en múltiples unidades de
observación a partir de un grupo de tratamiento y control. Obedece al tipo de
3 Es una escala de cinco niveles con la que se califica el grado de “validez interna” de los diseños
utilizados con mayor frecuencia para evaluar iniciativas de prevención del delito. (Sherman, L.W., 2012). Los niveles de rigurosidad de las evaluaciones parten del Nivel 1, de simple asociación, hasta el Nivel 5, de evaluaciones de impacto con asignación aleatoria de los elementos que integran los grupos de control y tratamiento. (Frühling., H., 2012).
22
evaluación cuasi-experimental, donde los resultados obtenidos se deben a la
intervención que se realizó y no a otros factores.
Nivel 5: estudios con mediciones antes y después en múltiples unidades de
observación donde los grupos de tratamiento y control se conforman a partir de
una asignación aleatoria. Obedece al tipo de evaluación experimental, donde
los resultados obtenidos se deben a la intervención que se realizó y no a otros
factores.
Variables de interés. Se tomaron cuenta los estudios que tenían resultados
por lo menos en alguna de las siguientes variables: percepción de la
seguridad, homicidios, tasas de reincidencia y los delitos de hurto, robo o
asalto agravado.
d. Síntesis de los datos
De la búsqueda correspondiente a los criterios de valoración de los estudios, se
encontraron 64 evaluaciones de impacto. Una vez se aplicados los criterios para
evaluar la calidad de los estudios a seleccionar se obtuvieron 24 evaluaciones, de
éstas 15 corresponden a programas implementados en ciudades
latinoamericanas, 7 en Estados Unidos y 2 en el Reino Unido.
Tabla 4. Evaluaciones de impacto encontradas en América Latina
Países Latinoamericanos No. Evaluaciones de impacto
Argentina 2
Brasil 3
Chile 2
Colombia 7
México 1
En la siguiente tabla se resumen las 24 evaluaciones encontradas:
23
Tabla 5. Información descriptiva y Resultados de los estudios
Autor/ Lugar
de Aplicación Título
Tipo de
Intervención Metodología Variable (s) de Interés Resultado
BID
(2013)
Argentina-
Buenos Aires
Evaluación del
impacto
de la nueva Policía
Metropolitana de la
Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
Medidas
Garrote
(Stick)
Diferencias en
Diferencias
-Tasas de victimización
-Percepción de la
población sobre la
inseguridad
-Tasas de homicidio
-Disminución en los delitos contra las
personas de 4,5.
-Disminución en la sensación de
inseguridad del orden del 8%.
-No hay resultados significativos sobre las
tasas de homicidio.
Braga.,A. y
Schnell., C.
(2013)
Estados
Unidos-Boston
Evaluating Place-
Based
Policing Strategies:
Lessons
Learned from the
Smart
Policing Initiative in
Boston
Propensity Score
Matching - Índices de Criminalidad
-Disminución en los índices de crímenes
violentos del 17%.
-Diminución del 19% en robo
-Disminución 15% en asalto agravado
Di Tella., R. y
Schargrodsk.,
E
(2013)
Argentina-
Buenos Aires
Criminal Recidivism
after Prison and
Electronic Monitoring
Propensity Score
Matching
-Tasas de reincidencia en
crímenes.
- la tasa de reincidencia para aquellos
liberados de prisión fue de 25,1%, en
cambio es de 17,4% para aquellos
liberados de prisión con monitoreo
electrónico
McLean., S.
Worden., R. y
Kim., M.
(2013)
Estados
Unidos-
Here’s Looking at You:
An Evaluation of Public
CCTV Cameras and Their
Effects on Crime and Disorder
Series de tiempo - Índices de Criminalidad -Disminución del crimen en 25.4%
24
Autor/ Lugar
de Aplicación Título
Tipo de
Intervención Metodología Variable (s) de Interés Resultado
Schenectady-
Nueva York
García. J. F.,
Mejia. D. y
Ortega. D.
(2013)
Colombia
Police Reform, Training and Crime:
Experimental evidence from
Colombia’s Plan Cuadrantes
Diseño
experimental -niveles de criminalidad
-Una reducción total del número de
homicidios del 22%. Es decir,
aproximadamente 1.380 homicidios menos.
-No hay resultados significativos para otros
índices de criminalidad.
Fundación
Ideas para la
Paz
(2012)
Colombia-
Bogotá,
Medellín, Cali,
Barranquilla,
Cúcuta,
Bucaramanga,
Pereira y
Cartagena)
Evaluación de
impacto del
Plan Nacional de
Vigilancia
Comunitaria por
Cuadrantes
Diferencias en
Diferencias
-Homicidios
-Lesiones personales
-Hurto a vehículos
-Disminución del 18% en homicidios
-Disminución del 11% en lesiones
personales
-Disminución del 22% en hurto a vehículos
Fórum
Brasileiro de
Segurança
Pública.
(2012)
Brasil-Rio de
Janeiro
‘Os Donos do Morro’:
Uma Avaliação
Exploratória do
Impacto das
Unidades de Policía
Pacificadora (UPPS)
No Rio de Janeiro.
Diferencias en
Diferencias
-Homicidios
-Robos
-Diminución del 75% en las tasas de
homicidio
-Disminución en los robos del 50%
Ratcliffe, J., Taniguchi, T., Groff, E., & Wood, J.
The Philadelphia foot
patrol experiment: A
randomized
controlled trial of
Experimento
aleatorio
controlado
-Crímenes violentos
(homicidio, robo y asalto
agravado)
-Después de 3 meses de intervención, en
relación con las áreas de comparación, los
crímenes violentos se redujeron 23%.
25
Autor/ Lugar
de Aplicación Título
Tipo de
Intervención Metodología Variable (s) de Interés Resultado
(2011).
Estados Unidos-
Philadelphia
police patrol
effectiveness in
violent crime hot
spots
Soares., R. &
Viveiros.,
I.(2010)
Brasil-Minas
Gerais.
Organization and
information in the
fight against
crime: An evaluation
of the integration of
police
forces in the state of
Minas Gerais, Brazil
Diferencias en
Diferencias -Tasas de robo.
-Reducción del 24% en robos a la
propiedad.
-Reducción de 13% en los robos a
personas
Taylor, B.,
Koper, C., &
Woods, D.
(2011)
Estados
Unidos-
Jacksonville
Florida.
A randomized
controlled trial of
different
policing strategies at
hot spots of violent
crime
Experimento
aleatorio
controlado
-Crímenes violentos
(homicidio y robo)
-Reducción del 33% de la violencia en las
calles durante los 90 días siguientes a la
intervención.
Machin., S. y
Marie., O.
(2005)
Reino Unido
Crime and Police
Resources:
The Street Crime
Initiative
Diferencias en
diferencias -tasas de robo
-Disminución en las tasas de robo entre
0.05 y 0.08 por cada 1.000 habitantes.
De Mello., J,
Mejía., D. y
Suárez., L.
(2013)
Colombia-
Alcohol Sales
Restrictions and
Crime
in Bogota
Medidas
Zanahoria-
Garrote
(Carrot-Stick)
Propensity Score
Matching y
Diferencias en
Diferencias
-comisión de crímenes
-Reducción las lesiones por accidentes de
carro y crímenes. Sin restricciones, las
problemáticas que se presentan con el
consumo de alcohol, como muertes y
lesiones por accidentes en carro, varían de
0.51 a 0.82 desviaciones estándar.
26
Autor/ Lugar
de Aplicación Título
Tipo de
Intervención Metodología Variable (s) de Interés Resultado
Bogotá
Miles., T. J.
(2013)
Estados
Unidos-
Chicago
Does the
“Community
Prosecution”
Strategy Reduce
Crime? A Test of
Chicago’s
Experience
Diferencias en
Diferencias - Criminalidad
-Disminución en asesinatos 9.8%
-Disminución en robo 5.16%
-Disminución asalto agravado 7.8%
Sánchez., A.I et al., (2011)
Colombia-Cali
Policies for alcohol
restriction and their
association with
interpersonal
violence: a time-
series analysis of
homicides in Cali,
Colombia
Series de tiempo -Tasas de homicidio
De las tres políticas analizadas se encontró
que en las políticas menos restrictivas la
tasa de homicidio, por cada 100 mil
habitantes era de 97.46%. Entre tanto, con
una política más restrictiva, la reducción en
las tasa de homicidio es de 66,15%.
-El estudio también estimó que, con
políticas más restrictivas, se pueden
prevenir cerca de 892 homicidios, siempre
y cuando estas se mantengan constantes
por lo menos 5 años
Berthelon, M. y
Kruger, D.
(2010)
Chile
Risky behavior
among youth:
Incapacitation effects
of school on
adolescent
motherhood and
crime in Chile
Diferencias en
diferencias -Tasas de criminalidad
-Para el total de crímenes, un aumento en
la las jornadas de estudio reduce la tasa de
criminalidad total en 21,7 delitos por cada
100.000 habitantes, es decir el 17,5%.
-El efecto más grande se encuentra en
delitos contra la propiedad, que se reduce
en 17,7 delitos por cada 100.000
habitantes, lo que equivale a una
disminución del 22%.
-Las tasas de crímenes violentos durante
períodos más largos disminuyen con días
27
Autor/ Lugar
de Aplicación Título
Tipo de
Intervención Metodología Variable (s) de Interés Resultado
escolares más largos. Encontramos que un
aumento la jornada escolar reduce
crímenes violentos en el municipio por 2
delitos por cada 100.000 habitantes, es
decir 12%.
-En total, los delitos contra la propiedad y
las tasas de crímenes violentos disminuyen
en un 24% y 11%, respectivamente,
cuando hay aumentos en las jornadas de
estudio.
Restrepo., J. A.
y Villa., E.
(2010)
Colombia
Do Bans on Carrying
Firearms Work for
Violence Reduction?
Evidence from a
Department-level
Ban in Colombia
Medidas
Zanahoria-
Garrote
(Carrot-Stick)
Diferencias en
Diferencias
-Homicidios por armas de
fuego
-Lesiones con armas de
fuego
De los 18 departamentos que acogieron la
medida se obtuvo:
-En promedio una reducción de 11
homicidios por armas de fuego.
-En promedio una reducción de 8 lesiones
por armas de fuego
- También se encontró que estos efectos
positivos disminuyen con el tiempo. De
forma tal que la clave de política es que
estas prohibiciones deben ser temporales,
ya que sus efectos desaparecen con el
tiempo.
Peixoto., B.T.,
Viegas.,
Andrade., M.V.,
y Azevedo.,
J.P.
(2008)
Brasil-Bello
Horizonte
Prevenção e controle
de homicídios: uma
avaliação de impacto
no Brasil
Diferencias en
Diferencias y
Propensity Score
Matching
-Tasas de homicidio -Disminución de 10.72 homicidios por cada
100 mil habitantes.
28
Autor/ Lugar
de Aplicación Título
Tipo de
Intervención Metodología Variable (s) de Interés Resultado
Ruprah., I.J.
(2008)
Chile
An Impact Evaluation
of a Neighbourhood
Crime Prevention
Program: Does Safer
Commune Make
Chileans Safer?.
Diferencias en
Diferencias y
Propensity Score
Matching
-Tasas de criminalidad
- Disminución de 18,5% en los altos índices
de criminalidad. La implicación es que sin
el programa la delincuencia, robo y
agresión habría sido del 19%, 20% y 27%
mayor en los municipios tratados.
Sabates, R. y
Feinstein., L.
(2007)
Reino Unido
Effects of
government
initiatives on
youth crime
Diferencias en
Diferencias
-Tasas de condenas por
robos
-En las áreas donde se introdujeron las dos
iniciativas: Programas para la reducción de
Robos (RBI) y Subsidios Educativos (EMA)
las condenas por robo en jóvenes entre 16
a 18 años, cayó en 1,1 y 1,5 por 1.000 en
relación a las áreas donde se introdujo
ninguno de los programas.
Villaveces., A.
et al.,
(2000)
Colombia-
Bogotá y Cali
Effect of a Ban on
Carrying Firearms on
Homicide Rates in 2
Colombian Cities
Series de tiempo -Tasas de homicidio
-En Cali se encontró que la tasa de
homicidios fue de 14% menor en los
periodos donde se aplicó la prohibición.
Entre tanto en Bogotá, fue de 13% menos.
Piehl., A.
Kennedy., D. y
Braga., A.
(2000)
Estados
Unidos –
Boston
Problem Solving and
Youth Violence: An
Evaluation of Boston
Gun Project.
Series de tiempo -Número de Homicidios
-Disminución del 57% en número
homicidios en jóvenes
- Disminución del 47% en número
homicidios en adultos.
Campos., V. R,
(2012)
México
Evaluación de
Impacto del
Programa de
Rescate de Espacios
Públicos
Teoría de las
ventanas rotas
(Broken Window
Policing)
Propensity Score
Matching
-Percepción de
inseguridad en los
espacios públicos en
zonas urbano-
marginadas.
- La percepción de inseguridad disminuye
notablemente, de 11 a 17 puntos
porcentuales en el primer año, y 9 puntos
porcentuales en el segundo año. De la
misma forma ocurre con la percepción de
las condiciones de seguridad del espacio
29
Autor/ Lugar
de Aplicación Título
Tipo de
Intervención Metodología Variable (s) de Interés Resultado
público. Existe un aumento de 16.6 puntos
porcentuales en los hogares que
consideran las condiciones de seguridad
como muy buenas o buenas.
-El Programa mejora las percepciones de
seguridad. Sin embargo, los impactos
inmediatos de la intervención son mayores
a los impactos a los dos años de
operación.
Cerdá., M. et al.,
(2011)
Colombia-Medellín
Reducing Violence
by Transforming
Neighborhoods: A
Natural Experiment
in
Medellín, Colombia.
Propensity Score
Matching
-Homicidios
-Violencia
-Disminución en las tasas de homicidio de
66%
-Disminución de la violencia 75%
Schochet., P,
Burghardt., J
yMcConnell.,
S.
(2008)
Estados
Unidos.
Does Job Corps
Work? Impact
Findings from the
National Job Corps
Study
Medidas
Zanahoria
(Carrot)
-índices de criminalidad
-disminuye los arrestos por conductas
delincuenciales mayores como asesinato y
as alto agravado.
-entre los participantes del programa se
disminuyeron las tasas de
encarcelamiento, por comisión de
crímenes, alrededor de 22% y 25%.
30
6. ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS
Para dar respuesta a la pregunta de investigación, la metodología para la
búsqueda de alternativas se basó en la Guía Práctica para un Análisis de Política
Pública de Bardach (2012). Así las cosas los pasos a seguir fueron:
a. Lista de alternativas
Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana-PNSCC
(Statu-quo).
Fortalecimiento a la gestión de la policía comunitaria.
Aumento de fuerza policiva con proximidad a la comunidad.
Mejoras en los sistemas de información para la seguridad ciudadana.
Restricción al porte de armas.
Restricciones en la venta de alcohol.
Uso de dispositivos electrónicos para monitorear a condenados.
Educación en niños, jóvenes y familias para la prevención del crimen.
Prevención situacional a partir de la renovación de espacios públicos y
de zonas urbanas.
Justicia cercana a la comunidad.
Programas de control y prevención en los “hot spots”.
Implementación de cámaras en los lugares más inseguros.
b. Configuración de alternativas
Luego de observar la anterior lista, se llegó a que las acciones por separado no
son suficientes para hacer frente a los problemas de la seguridad ciudadana que
se presentan en Colombia. En tal sentido, para configurar las alternativas se
realizaron diferentes combinaciones, teniendo en cuenta las evaluaciones de
impacto descritas en la tabla 5, donde se evidencian efectos en la disminución de
delitos -hurtos, robos, asalto agravado y tasas de reincidencia-, tasas de homicidio
y los índices en la percepción de seguridad.
31
I. Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana-PNSCC (Statu-
quo): la política está orientada a reducir el crimen, el número de homicidios,
mejorar la convivencia, reducir el miedo al crimen y judicializar a los más
violentos, mediante 5 ejes estratégicos centrales y dos transversales.
Dentro de los ejes estratégicos, los tres primeros orientados a romper con el
ciclo delictivo, se refieren a prevención social y situacional; presencia y
control policial; justicia, víctimas y resocialización. Los dos restantes buscan
habilitar el entorno social mediante la cultura de la legalidad y convivencia; y
la ciudadanía activa y responsable.
De otra parte el eje transversal, con el fin de fortalecer la institucionalidad
se orienta a mejorar la composición de los sistemas de información, y al
estudio de políticas públicas y desarrollos normativos.
II. Política de fortalecimiento a la gestión policial y los sistemas de
información: En primer lugar esta opción buscaría fortalecer el talento
humano de esta institución teniendo en cuenta ciertas características de la
de la policía moderna, como por ejemplo los procesos de selección,
profesionalización, capacitación inicial y continua obligatoria de los policías;
la expedición de normas para salarios adecuados y mejoramiento en las
condiciones de trabajo para facilitar su desempeño; y la implementación de
agencias de control civil y un sistema de auditorías fuera de la institución,
que permita evaluar el desempeño de este pie de fuerza. (BID, 2013).
Segundo, continuar aumentando el pie de fuerza propendiendo que éstas
sean más próximas a la comunidad. Lo anterior para generar lazos de
confianza y apoyo por parte de los habitantes de los barrios que conlleven a
legitimar su presencia. (BID, 2013).
32
En tercer lugar se esperaría aumentar la inversión en nuevas tecnologías
para apoyar el accionar de la policía, como por ejemplo un mayor número de
patrullas, la ubicación de agentes y patrulleros a través de sistemas de geo-
posicionamiento (GPS); instalación de cámaras en zonas de alta y media
peligrosidad, escuelas, hospitales, centros comerciales, centros financieros,
compra de vehículos con antena satelital que permita hacer seguimientos a
los allanamientos que se realicen en lugares de difícil acceso, etc. (BID,
2013).
Finalmente como eje transversal, esta opción buscaría la implementación de
un Sistema de Información Integrado en Seguridad Ciudadana que permita
un registro coordinado de los datos provenientes de entes como la Policía
Nacional, el Ministerio de Defensa, La Fiscalía General de la Nación, el
Instituto Nacional de Medicina Legal, el Sistema Penitenciario y demás
instituciones que intervengan en el proceso.
III. Política Restrictiva y Preventiva: Esta opción se refiere a continuar con la
implementación de medidas relacionadas con la restricción al porte de
armas y venta de alcohol en determinados periodos de tiempo, toda vez que
la evidencia dice que si estas medidas son permanentes sus efectos
desaparecen. (Restrepo., J. A. y Villa., E, 2010).
Así mismo incluye un despliegue de acciones encaminadas a la prevención
del crimen, a través de la inversión en programas educativos y de formación
que desarrollen habilidades en jóvenes, en especial los más vulnerables,
para hacer mejor uso de su tiempo.
IV. Política de renovación urbana y aumento en la vigilancia a través de
cámaras: Esta alternativa se orientaría a disminuir el crimen y mejorar la
percepción de seguridad de los ciudadanos a través de una estrategia que
promueva más proyectos de renovación de espacios públicos y urbanos. Lo
33
anterior reforzado con la implementación de un mayor número cámaras de
vigilancia en estos lugares.
V. Política de educación para la prevención, sistema judicial cercano a la
comunidad y fortalecimiento a la institucionalidad de la Seguridad
Ciudadana. En primer lugar esta opción se dirige a trabajar en conjunto con
el sector educativo para prevenir el crimen, en especial en la población
joven. Con esto se busca apoyar la implementación de la jornada única
escolar.
Como segunda estrategia, se esperaría implementar un sistema judicial
cercano a la comunidad, donde sus funcionarios se encuentren más
próximos a las personas que habitan en los barrios. Con esto se espera una
pronta respuesta y solución a las denuncias relacionadas con el crimen, en
especial los robos y los hurtos, logrando de este modo generar relaciones
de confianza en las instituciones judiciales.
Finalmente, esta opción buscaría la creación de una institución que
concentre su misión en trabajar temas de seguridad y convivencia
ciudadana. Como ente rector en este campo, esta nueva institución buscará
establecer los canales de articulación tanto en el nivel nacional como local y
creará un sistema único de información.
c. Criterios de análisis
Con el objetivo de evaluar las alternativas, frente a sus ventajas y desventajas, se
utilizaran 4 criterios.
Viabilidad de implementación: se refiere a la capacidad institucional para
ejecutar la alternativa.
34
Temporalidad: se relaciona con el tiempo de implementación de la
alternativa.
Factibilidad Política: la alternativa debe ser políticamente aceptable. Este
criterio se encuentra relacionado con el apoyo u oposición que pueden dar los
grupos políticos, las entidades del gobierno, las organizaciones no
gubernamentales e incluso la misma ciudadanía a la implementación de la
propuesta.
Impacto social: con este criterio se busca ver qué tanto las propuestas
influyen en el mejoramiento de índices como la criminalidad, los homicidios y la
percepción de las personas frente a la inseguridad. Lo anterior, entendiendo que
el objetivo de las alternativas debe estar orientado a proteger la vida e integridad
de las personas, su libertad y patrimonio económico.
d. Comparación de alternativas contra criterios
I. Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana-PNSCC
Viabilidad de Implementación: Frente a este criterio se puede decir que, en teoría,
ya está abordado. Es decir, desde el gobierno nacional se ha aplicado una
estrategia de implementación que inicia con la socialización de la política y la
priorización de los municipios para su ejecución; seguido de un diagnóstico y una
identificación de líneas de acción prioritarias en seguridad ciudadana; el
establecimiento de la estructura, la cual contiene el rol y aporte de las entidades
públicas y privadas; asignación de recursos y la firma de acuerdos locales de
seguridad; participación y compromisos de los actores que intervienen
(Departamento Nacional de Planeación, 2011).
No obstante en el balance hecho a la PNSCC, por parte de la Alta Consejería
Presidencial para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, se resalta que hay una
multiplicidad de entidades locales y nacionales participando en esta política, así
35
como una la diversidad de programas que demandan un alto grado de articulación
interinstitucional, la cual no ha sido fácil.
En consecuencia, en los diferentes niveles de gobierno la Política se encuentra
sujeta a una mejor definición y precisión de responsabilidades y competencias,
mientras que en el ámbito local depende más del liderazgo y capacidad de
gobernabilidad de los alcaldes, así como de la capacidad institucional que en
algunos municipios se ha visto afectada porque hay una inestabilidad laboral y
unos equipos técnicos reducidos que no siempre son permanentes. Adicional se
detectan unos perfiles no adecuados para atender el tema. (Alta Consejería
Presidencial para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, Universidad de los
Andes, Cámara de Comercio de Bogotá y PNUD, 2014, Julio 2).
Temporalidad: a partir del balance realizado por la Alta Consejería Presidencial
para la Seguridad Ciudadana, en el Foro de Arquitectura Institucional para la
Seguridad y Convivencia Ciudadana (2014, julio 2), se debe decir que la política
cuenta con una temporalidad adversa, dado que los tiempos de los gobiernos
locales no están armonizados con los de la implementación.
Factibilidad Política: basados en las opiniones de algunas administraciones
municipales, miembros de organizaciones y de la sociedad civil, se puede decir
que esta ha sido aceptable. Como ejemplo de lo anterior se ha destacado
opiniones como la de María Victoria Llorente, Directora Ejecutiva de la Fundación
Ideas para la Paz, en el Foro de Arquitectura Institucional para la Seguridad y
Convivencia Ciudadana (2014, julio 2) donde afirma que “esta es una de las
políticas más completas del país y la que más avances ha generado”.
Así mismo, instituciones como la Policía Nacional y las gobernaciones resaltan los
esfuerzos en la participación y corresponsabilidad de cada uno de los actores, que
intervienen en la política para el cumplimiento de los objetivos.
36
Impacto social: Respecto a los indicadores correspondientes a reducir el crimen y
disminuir los homicidios se han presentado variaciones favorables. En tal sentido,
sobre lo presentado en el Foro de Arquitectura Institucional para la Seguridad y
Convivencia Ciudadana (2014, julio 2), en cuanto a la estrategia de reducción del
crimen en general, el indicador del hurto común ha tenido variaciones entre el
2011 y el 2012 de -4,9%. Igualmente, para ese mismo periodo en lo referente a la
reducción en la tasa de homicidio la variación fue de -6,8%.
No obstante en relación con la percepción de inseguridad, tal como lo indica la
encuesta de convivencia y seguridad ciudadana (DANE, 2013), el 54,8% de los
colombianos manifiesta sentirse inseguro en la ciudad donde reside, siendo la vía
pública (69,1%), el transporte público (58,7%), las plazas de mercado o en calles
comerciales (46,2%) y cajeros automáticos de la vía pública (44,5%), los lugares
que les genera una sensación de mayor inseguridad.
II. Política de fortalecimiento a la gestión policial y los sistemas de
información:
Viabilidad de implementación: En cuanto al fortalecimiento del talento humano es
necesario implementar de planes de capacitación para la calificación y
recalificación de estos efectivos. Actualmente la policía nacional cuenta con
planes de capacitación. Sin embargo sería preciso que estos estuvieran más
orientados a temas relacionados con la seguridad ciudadana, como por ejemplo la
resolución de conflictos al interior de las comunidades.
Por otra parte la implementación de nuevas tecnologías y aumento de pie de
fuerza, es una estrategia que ya se viene trabajando. A través de la creación del
Centro Integrado de Inteligencia para la Convivencia y Seguridad Ciudadana, se
trabaja en la transferencia de tecnología, un mayor número de policías y la compra
de equipos en distintas regiones del país. (CIPRO, 2012).
37
No obstante, respecto a la implementación de un sistema de información integrado
se requeriría de un esfuerzo importante por articular y unificar criterios entre las
entidades que generan datos relacionadas con la seguridad ciudadana.
Temporalidad: De acuerdo a la experiencia observada en la implementación de la
Nueva Policía Metropolitana de Buenos Aires, esta estrategia llevó cerca de cinco
años (BID, 2013). Sin embargo, teniendo en cuenta que el país ya ido
implementado algunas de estas estrategias, podría demorarse un menor tiempo.
Factibilidad Política: si se tiene en cuenta el Plan de Gobierno del actual
presidente, donde establece que una de las prioridades -después de la
consolidación de un país solidario y de oportunidades- es la seguridad ciudadana,
la intervención puede lograr el apoyo del gobierno nacional.
Pero aspectos como solicitar a los policías unos requisitos educativos,
reglamentar de una forma más rigurosa su escala salarial, evaluar su desempeño
por un ente externo, podría generar resistencia por algunos grupos al interior de
esta institución.
Impacto social: Este criterio se evaluó de acuerdo a los resultados de las
evaluaciones de impacto de los programas de la Nueva policía Metropolitana de la
Ciudad de Buenos Aires (BID, 2013), la Integración de la Gestión en Seguridad
Pública de Minas Gerais (Soares., R. y Viveiros., 2010) y la implementación de
programas dirigidos a combatir el crimen en los “hot spots”.
La implementación de una nueva policía comunitaria mediante procesos
constantes de capacitación y educación al personal, ajustes y mejoras en las
condiciones salariales y de trabajo, sumado a una incorporación de nuevas
tecnologías, llevó a que en la ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los años
de 2007 a 2012, redujera los crímenes especialmente los hurtos contra las
personas en 4,5% y la sensación en la inseguridad aproximadamente en 8%,
38
ligado a una mayor confianza por parte de la comunidad hacia esta nueva policía.
(BID, 2013).
Así mismo, la implementación de acciones de coordinación y unificación de
información, en Minas Gerais-Brasil con el programa IGESP, logró la disminución
de los robos contra la propiedad y personas en 24% y 13% respectivamente.
Entre tanto implementar programas que den especial interés al control de los
denominados “hot spots” deja impactos positivos en las variables relacionadas con
los crímenes violentos. Evidencia de ello son los resultados que muestran las
evaluaciones aplicadas a los programas desarrollados en Philadelphia, (Ratcliffe.,
J, Taniguchi., T, Groff., E y Wood., J, 2011), Bostón (Braga., A y Schnell., C, 2013)
y en Jacksonville-Florida (Taylor., B., Kope., Cy Woods., D, 2011).
III. Política Restrictiva y Preventiva
Viabilidad de implementación: la experiencia en ciudades como Bogotá y Cali, en
administraciones pasadas, ha mostrado que no se presentan inconvenientes al
momento de implementar medidas de restricción, como es el caso de la
prohibición del consumo de alcohol en determinadas horas y el porte de armas
en ciertos momentos.
Sin embargo, en el caso de medidas preventivas en formación y educación para
jóvenes, se requiere una mayor planeación que permita ofrecer a esta población
una oferta pertinente, para que puedan dedicar su tiempo en actividades
diferentes a las delincuenciales.
Temporalidad: Las iniciativas restrictivas por ser establecidas en determinados
periodos de tiempo permiten que su ejecución sea en el corto plazo. En el tema
de programas de formación, siempre y cuando se tenga focalizada a la población
39
objeto y se cuente con un plan de programas a ofrecer, su implementación no es
mayor a los tres meses.
Factibilidad Política: El impulso a medidas preventivas encaminadas a la
educación y formación de jóvenes contaría con el apoyo del gobierno, toda vez
que en la actualidad, el eje de la educación es una de sus principales apuestas.
De otra parte, de acuerdo a la experiencia, se puede ver que dentro de las
medidas a tener en cuenta por las alcaldías para la disminución de delitos y
homicidios, están las orientadas a la restricción al porte de armas y la restricción
en la venta de alcohol, lo cual deja claro el apoyo por parte de los gobiernos
locales.
No obstante, la aplicación a éstas últimas puede generar descontento en
distintos sectores. En el caso de la prohibición a la venta de alcohol uno de los
opositores podría ser al gremio de los comerciantes. Experiencias pasadas como
la aplicación de la ley seca durante el mundial 2014 son evidencia de ello. En
este caso para Fenalco la oposición a esta intervención se basó en la afectación
al comercio dado a que este tipo de medidas genera pérdidas, y traslada la venta
al mercado informal favoreciendo el consumo ilegal. (Semana, 2014, Junio 26).
Impacto social: la evidencia muestra que la restricción en el porte de armas
disminuye las tasas de homicidio y las lesiones. Estudios como el de Restrepo.,
J. A. y Villa., E. (2010), muestran que la aplicación de este tipo de medida, en
fechas festivas como la navidad y el fin de año, llevaron a una reducción de los
homicidios por armas de fuego en 11% y en un 8% sobre las lesiones, esto en 18
departamentos de Colombia.
Sin embargo, se destaca que la clave para que funcionen este tipo de políticas,
debe ser mediante una aplicación temporal, toda vez que los efectos de éstas
desaparecen con el tiempo. Villaveces., A. et al (2000), confirman lo anterior a
40
través del estudio aplicado en Cali y Bogotá, en temporadas especiales de fin de
año, el cual arrojó disminuciones en las tasas de homicidio de 14% y 13%
respectivamente.
De Mello., J, Mejía., D. y Suárez., L. (2013) mencionan que el acceso al alcohol y
el consumo, incrementan el crimen y el desorden. En tal sentido, estos autores
realizaron una evaluación a la restricción en la venta de alcohol establecida por
el Decreto 013 de 2009 expedido por la Alcaldía de Bogotá, donde hallaron una
reducción en las lesiones por accidentes de tránsito y crímenes.
Igualmente, Sánchez., A.I et al (2011), realizaron una evaluación de impacto a
una política de restricción en el consumo de alcohol aplicada en la ciudad de Cali
durante los años de 2004 a 2008. Esta medida incluía tres tipos de controles. La
primera una política restrictiva donde la aplicación de la prohibición era entre las
2:00 a.m. y 10:00 a.m.; la segunda moderadamente restrictiva con una
prohibición en la venta de 3:00 a.m. a 10:00 a.m.; y una poco restrictiva con una
prohibición desde las 4:00 a.m. hasta las 10:00 a.m.
Los resultados de este estudio comprobaron que con medidas menos restrictivas
las tasas de homicidio, por cada 100 mil habitantes eran de 97,5. Mientras que al
aumentar las horas de restricción en la venta de alcohol, esta tasa se reducía a
65,2. El estudio concluye que con políticas más restrictivas, se pueden prevenir
cerca de 892 homicidios. (Sánchez., A.I et al, 2011).
Por otra parte, las medidas orientadas a la educación en jóvenes, aunque en su
mayoría tienen efectos a largo plazo, son efectivas para la prevención del crimen.
Cuando aumentan los niveles de escolaridad, hay un incremento en las
habilidades, lo que hace probable que se disminuya el crimen en el largo plazo.
Es decir, invertir tiempo en actividades educativas, limita las oportunidades de
participar en hechos delincuenciales. (Sabates, R. y Feinstein., L., 2007 citando a
Lochner, 2004).
41
Estrategias enfocadas a poblaciones específicas como jóvenes vulnerables entre
los 16 y 24 años, por ejemplo el programa Job Corps Training, reduce los
arrestos por conductas delictivas. (Schochet., P, Burghardt., J yMcConnell., S.
2008).
En Bello Horizonte-Brasil el programa ¡Fica Vivo! Que combina la intervención de
la policía con acciones orientadas al deporte, el arte y la cultura para jóvenes
entre los 12 y 24 años que se ubican en zonas de alto riesgo, demuestra
disminuciones en las tasas de homicidio de 10,72 por cada 100 mil habitantes.
(Peixoto., B.T., Viegas., Andrade., M.V., y Azevedo., J.P., 2008).
IV. Política de renovación urbana y aumento en la vigilancia a través de
cámaras
Viabilidad de implementación: La experiencia en Colombia evidencia que es
posible la implementación de programas relacionados con la transformación de los
barrios, recuperación de vías, construcción de parques, espacios culturales y de
recreación. Es así como las administraciones de Bogotá, durante los periodos de
1995 a 2003 y de Medellín de 2004 a 2011, aplicaron algunas de sus acciones a la
mejora y habilitación de espacios públicos, recuperación de zonas de alto
deterioro y espacios urbanos (Llorente., M.V. y Guarín., S, 2013).
Entre tanto la instalación de cámaras de vigilancia ya se viene implementando. A
través del Ministerio del Interior se han invertido cerca de 765.837 millones de
pesos en seguridad para los 32 departamentos del país, donde una parte estuvo
destinada a cámaras de vigilancia y se espera continuar con la inversión de
recursos para este tipo de iniciativa (Ministerio del Interior, 2014, enero 9).
Temporalidad: Dadas las experiencias de las alcaldías este tipo de intervenciones
pueden ser realizadas dentro de sus periodos de gobierno.
42
Factibilidad Política: De acuerdo al criterio anterior, dado que estas iniciativas han
sido impulsadas por distintas alcaldías de las ciudades colombianas, se hace
evidente el apoyo del gobierno nacional y local. No obstante, cuando se trata de
renovación de barrios o espacios públicos, podría ocurrir una oposición por parte
de las mismas comunidades que allí habitan. Es decir si estas iniciativas no son
incluyentes, se podrían generar oposiciones.
Situaciones de oposición a este tipo de alternativas ya se han presentado con
anterioridad. Durante los planes de recuperación del espacio público en zonas
como la carrera séptima y la plaza de San Victorino en Bogotá, varios vendedores
ambulantes manifestaron su inconformidad frente a la medida lo cual derivó en
enfrentamientos entre la policía y esta población y la creación de asociaciones
para denunciar la pérdida de mercancía, abusos por parte de la policía, violación
del derecho al trabajo y la venta en las calles de forma clandestina. (Semana,
2002 diciembre 7).
Otro ejemplo es la recuperación de la zona del Bronx donde varios residentes
presentaron su oposición a la medida después de alegar que no se dio un aviso
previo sobre la acción emprendida por la alcaldía de Bogotá (El Tiempo, 2013
febrero 20).
Impacto social: La prevención del crimen través de la implementación de medidas
orientadas al diseño ambiental, se refieren a la modificación de condiciones que
mejoren los espacios físicos, para permitir la disminución de oportunidades
delictivas y que los individuos se sientan seguros en el lugar donde habitan.
(Hein., A y Rau., M 2013).
En este sentido, Campos., V.R. (2012) evaluó el impacto del Programa de
Rescate de Espacios Públicos en México, donde encontró reducciones en la
percepción de inseguridad. Sin embargo, el autor resalta que los impactos
43
inmediatos de la intervención son mayores, que los generados después de dos
años de operación.
Igualmente Cerdá., M et al (2011), a partir de un estudio realizado al Programa de
Prevención de Violencia en Valle de Aburrá (PREVIVA) en Medellín, encontraron
que a través de la transformación de los barrios se disminuía los homicidios en
66% y la violencia en un 75%.
Adicionalmente, retomando la evidencia dejada por la revisión sistemática de
Welsh., B. C. y Farrington., D. P. (2002), las mejoras en la iluminación de las
calles genera disminución en los crímenes y la delincuencia.
Por otra parte, la literatura indica que la presencia de cámaras reduce el crimen
(Welsh, B. C. y Farrington, D. P. 2010). Lo anterior porque las grabaciones
permiten la identificación de los delincuentes, lo cual se convierte en una amenaza
de detección que puede servir para disuadir a los posibles infractores. Así mismo,
este método de vigilancia genera efectos en la disminución del miedo al crimen
(McLean., S. Worden., R y Kim., M, 2013).
En tal sentido, Welsh., B. C. y Farrington, D. P. (2010) en su revisión sobre la
implementación de cámaras, indican que esta acción genera efectos en la
disminución de hurto a vehículos. Así mismo McLean., S. Worden., R y Kim., M.
(2013) a partir de una evaluación realizada a la implementación de cámaras en
Schenectady-Nueva York, encontraron que hay una disminución de los crímenes,
en general, del 25,4%.
V. Política de educación para la prevención, sistema judicial cercano a la
comunidad y fortalecimiento a la institucionalidad de la Seguridad
Ciudadana.
44
Viabilidad de implementación: La estrategia de implementación debe inicialmente
lograr una constate articulación con distintas entidades tanto del nivel nacional
como local, así como la asignación de recursos destinados a fortalecer el sistema
educativo y judicial.
Temporalidad: Al tener un alto grado de articulación, es posible que los tiempos de
implementación de los gobiernos locales no se encuentren armonizados con los
tiempos establecidos por el nivel central para su implementación.
Factibilidad Política: En cuanto a la estrategia de educación para la prevención a
partir de la implementación de la jornada única, se puede decir que esta tendría el
apoyo del gobierno. Actualmente, se desarrolla una prueba piloto en ocho
departamentos del país para implementar la jornada única escolar en colegios
oficiales. (El Tiempo, 2014, septiembre 23). Así mismo el gobierno nacional tiene
planeado crear el ministerio de la seguridad ciudadana. (El Espectador, 2014, abril
28).
No obstante, en el fortalecimiento institucional tal vez una de las mayores
oposiciones sería la creación de una nueva entidad. Como evidencia de ello están
las reacciones del Cuerpo de Oficiales de la Reserva Activa de las Fuerzas
Militares y de la Policía Nacional, quienes han manifestado estar en desacuerdo,
argumentando que no sólo pone en riesgo la unidad de la institucionalidad, sino
que también pone en riesgo la labor que adelanta la policía en estos temas. (El
Espectador, 2014, mayo 27).
Impacto social: Como ya se ha mencionado invertir en la educación para prevenir
el crimen trae resultados positivos, especialmente en el largo plazo. Una
evaluación realizada al aumento de la jornada escolar en Chile (Berthelon., M y
Kruger., D, 2010), muestra que este tipo de estrategias impacta sobre las tasas de
criminalidad.
45
En la experiencia de Chile, este estudio dejó como resultado que un aumento en
las jornadas de estudio reduce las tasas de criminalidad en 21,7 delitos por cada
100 mil habitantes. El efecto más grande se encuentra en los delitos en contra de
la propiedad que equivalen a una reducción del 24%. Finalmente, sobre las tasas
de crímenes violentos la disminución es de 11%. (Berthelon., M y Kruger., D,
2010).
Por otro lado, una evaluación de impacto realizada a la estrategia “Community
Prosecution”, en Chicago, que tenía por objeto que los jueces trabajaran
directamente con la comunidad, desarrollando relaciones con los grupos y
buscando soluciones para prevenir el crimen (Miles., T.J, 2013), muestra que
cuando la justicia se acerca a las comunidades hay disminuciones en los
asesinatos (9.8%), robos (9.8%) y asalto agravado (7.8%).
e. Matriz multicriterio para el análisis de alternativas
Tabla 6. Matriz Multicriterio
Alternativas
Criterios
Viabilidad de
Implementación Temporalidad
Factibilidad
Política Impacto social
Política Nacional de
Seguridad y
Convivencia
Ciudadana-PNSCC
Falta de articulación
interinstitucional.
1
Temporalidad
adversa.
1
Apoyo del
gobierno
nacional.
Apoyo otras
entidades del
estado.
Apoyo de la
sociedad civil
3
Disminución en hurto
común.
Disminución en las tasas
de homicidio.
Las personas manifiestan
sentirse inseguras
2
Política de
fortalecimiento a la
gestión policial y los
sistemas de
información
Sistema de
información requiere
de articulación
constante entre las
entidades
2
No hay
temporalidad
adversa.
3
Oposición de
algunas
entidades del
Estado.
2
Disminución en delitos
como hurto a personas.
Disminución de robos
contra la propiedad.
Disminución percepción
de inseguridad.
3
Política Restrictiva y Favorable No hay Oposición a Disminución en tasas de
46
Preventiva implementación.
2
temporalidad
adversa.
3
medidas
restrictivas
por algunos
grupos.
2
homicidio.
Disminución en arrestos
por conductas delictivas.
2
Política de
renovación urbana,
aumento en la
vigilancia a través de
cámaras
Favorable
implementación
3
No hay
temporalidad
adversa.
3
Oposición de
la población si
la estrategia
de renovación
no es
incluyente.
2
Disminución en número
de homicidios.
Disminución en
percepción de inseguridad
2
Política de educación
para la prevención,
sistema judicial
cercano a la
comunidad y
fortalecimiento a la
institucionalidad de la
Seguridad Ciudadana
Alta articulación
interinstitucional.
1
Temporalidad
adversa
1
Oposición de
algunas
entidades del
Estado.
2
Disminución en las tasas
de criminalidad.
Disminución en robos
Disminución en las tasas
de homicidio.
3
*La ponderación de las alternativas será de una escala de 1 a 3, donde uno es la peor calificación y 3 la mejor. Aquellas que tengan un mayor puntaje, serán las estrategias tenidas en cuenta.
Luego de haberse comparado las alternativas contra los criterios, éstas fueron
agrupadas teniendo en cuenta el tipo de medida al que corresponden, con el fin de
observar cuál o cuáles de las combinaciones eran más efectivas.
Tabla 7. Efectividad de las alternativas según el tipo de medida utilizado
Alternativas
Tipos de medidas utilizadas
Garrote,
Zanahoria-
Garrote,
Teoría de las
ventanas rotas
Garrote
(Sticks)
Zanahoria-
Garrote y
Zanahoria
Teoría de las
ventanas
rotas y
Garrote
Zanahoria y
Garrote
I. Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana-PNSCC
C1: No
C2: No
C3: Si
C4: Si
II. Política de fortalecimiento a la gestión policial y los sistemas de
información
C1: Si
C2: Si
C3: No
C4: Si
III. Política Restrictiva y Preventiva
C1: Si
C2: Si
C3: Si
C4: Si
IV. Política de renovación urbana, aumento en la vigilancia a través de
C1: Si
C2: Si
47
cámaras C3: Si
C4: Si
V. Política de educación para la prevención, sistema judicial cercano a
la comunidad y fortalecimiento a la institucionalidad de la Seguridad
Ciudadana
C1: No
C2: No
C3: No
C4: Si
Nota: C1, C2, C3, C4: Corresponde a los criterios con los que fueron comparadas las alternativas. Los colores corresponden a la efectividad de las intervenciones de acuerdo a los tipos de medida que fueron utilizados. Rojo: baja; Verde: aceptable.
7. ALTERNATIVA DE POLÍTICA
No hay fórmula única para dar solución a los problemas de seguridad ciudadana.
Por esto es necesario contar con más planes y programas orientados a la
prevención; mejoramiento y aumento de la policía; medidas alternativas
destinadas a renovar entornos y espacios públicos; así como la continuidad de
algunas acciones contempladas dentro de la PNSCC dirigidas a fortalecer la
institucionalidad de la Seguridad Ciudadana y la justicia.
La principal apuesta debe ir encaminada continuar con los programas de
restricción a la venta de alcohol y porte de armas en fechas determinadas; y dar
prioridad a las medidas de educación para prevenir el crimen. Con este último, se
esperaría apoyar las acciones de la implementación de la jornada única escolar y
el impulso de programas de formación para el desarrollo de habilidades en
jóvenes.
La jornada única escolar disminuye las tasas de criminalidad cometidas
especialmente por la población joven. Medidas de este tipo han sido
implementadas en Chile dejando como resultado una reducción total en las tasa
de criminalidad de 21,7 delitos por cada 100.000 habitantes. (Berthelon, M. y
Kruger, D., 2010), Así mismo, realizar programas para la reducción del crimen
apoyados en subsidios a la educación, puede impactar en las tasas de condenas
por robo. En el caso del Reino Unido hubo una disminución por este tipo de
condenas, en los jóvenes entre 16 y 18 años de 1,1 y 1,5 por cada 1.000
habitantes. (Sabates, R. y Feinstein., L, 2007).
48
La segunda apuesta, debe continuar con el fortalecimiento de la policía y su
institucionalidad. Esto se refiere a aumentar y mejorar el talento humano, para
lograr una policía mediadora en la resolución de los conflictos que se puedan
presentar en las comunidades.
Un ejemplo de una estrategia policial que se encuentre cercana a la comunidad y
orienta sus acciones a solucionar los problemas que en ésta se presentan,
especialmente en los denominados “hot spots”, es la implementación del programa
“Safe Stream Team” en Boston. Aquí, los policías identifican los crímenes más
violentos en las zonas, analizan el contexto en el que ocurren y presentan
soluciones al problema. Como resultado este programa dejó reducciones en los
índices de criminalidad violentos (17%), robos (19%) y asalto agravado (15%).
(Braga., A y Schnell., C, 2013).
En tercer lugar, ejecutar más medidas alternativas como la aplicación de
programas que mejoren los entornos y espacios públicos dado que éstas
contribuyen a disminuir las oportunidades delictivas. Un ejemplo de esto fue la
transformación de barrios en Medellín que, luego de la evaluación realizada por
Cerdá., M. et al., (2011), evidenció reducciones en los homicidios (66%) y la
violencia (75%).
El cuarto eje, se relaciona con un fortalecimiento institucional en donde exista un
ente articulador de las demás instituciones, tanto a nivel central como local. Así
mismo que implemente un Sistema Único de Información, retroalimentado por las
entidades involucradas en este campo. Todo lo anterior con el fin de tener la
información centralizada y que permita entender los diferentes contextos y
dinámicas de la seguridad ciudadana en el país, para así contar con una mayor
pertinencia al momento de aplicar los programas.
Finalmente, un fortalecimiento del sistema judicial. Este básicamente se relaciona
con dar continuidad a lo planteado en la PNSCC, en cuanto a la búsqueda de un
49
marco normativo más robusto y la reforma al régimen penal y penitenciario
(Departamento Nacional de Planeación, 2011). A ésta se le debe adicionar
acciones para el uso de nuevas tecnología, por ejemplo el monitoreo electrónico,
como medida no privativa de la libertad, que permita mejorar las condiciones
precarias del sistema carcelario.
Di Tella., R. y Schargrodsk., E. (2013) mencionan que la construcción y
adecuación de prisiones puede resultar costosa. Adicionalmente, problemas como
el hacinamiento en las cárceles, no sólo conlleva a un trato inhumano de los
reclusos, sino que este ambiente es propicio para adquirir mayores
comportamientos criminales.
En tal sentido, la evaluación al programa de monitoreo electrónico a delincuentes
en espera de condena en la Ciudad de Buenos Aires, evidenció que el uso de
estos dispositivos induce a una reducción en la tasa de reincidencia en crímenes
de cerca del 48%. (Di Tella., R. y Schargrodsk., E, 2013).
Para concluir se debe resaltar que el hecho de que algunos programas hayan
tenido resultados positivos en otros países, no implica que al aplicarlos en el
contexto colombiano tenga los mismo efectos. Por esto es necesario continuar
evaluando los programas, con el fin de conocer qué funciona y qué no, para así
generar futuras revisiones de las intervenciones realizadas en el país.
50
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