Revista PI

68
1 Tratado de Marrakech favorece a personas ciegas y con discapacidad visual u otras discapacidades que les impide la lectura Andrés Ycaza, hombre clave para el país en el tema de propiedad intelectual Riesgos para el acceso a medicamentos, en la negociación comercial entre Ecuador y la Unión Europea CNCine, siete años de fomento ecuatoriano Nº 1, Junio 2014

description

PI es una publicación del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual con la colaboración editorial de la Agencia de Noticias Especializada en Propiedad Intelectual (ANEPI).

Transcript of Revista PI

Page 1: Revista PI

1

Tratado de Marrakechfavorece a personas ciegas y con discapacidad visual u otras discapacidades que les impide la lectura

Andrés Ycaza, hombre clave parael país en el tema de propiedad intelectual

Riesgos para el acceso a medicamentos, en la negociación comercial entre Ecuador y la Unión Europea

CNCine, siete años de fomento ecuatoriano

Nº 1, Junio 2014

Page 2: Revista PI
Page 3: Revista PI
Page 4: Revista PI

4

Director EjecutivoDirector Nacional de Propiedad IndustrialDirectora Nacional de ObtencionesVegetales y Conocimientos Tradicionales

Director Nacional de Derecho de Autor y Asuntos Conexos

Directora Nacional de Comunicación SocialEditora de contenidos

Andrés Ycaza Mantilla Juan Fernando Salazar

Lilian Carrera González

Santiago Cevallos Mena

Cinthya Baratau Castro Melissa Cortez Alminate

IEPI - Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual

@IEPI_ecuador www.propiedadintelectual.gob.ec Av. República 396 y Diego de Almagro, edif. Forum 300

IEPI Ecuador+(593) 02 394 0000

es una publicación del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual con la colaboración editorial de la Agencia de Noticias Especializada en Propiedad Intelectual (ANEPI).

Page 5: Revista PI

5

Director GeneralEditor GeneralGerente de ProyectoProductor EjecutivoRedactores

Fotógrafos

Productores

Diseño y Diagramación

Luis Dávila Loor Francisco Ordóñez Andrade

Juan Carlos MendizábalGonzalo Ponce Leiva

Esteban ZapataMaría Augusta Álvarez

Priscila Mancero

ANEPI - Agencia de Noticias Especializada en Propiedad Intelectual

ÍndiceUna muestra de nuestro atraso

Se ratificó el Tratado de Marrakech que favorece apersonas ciegas y con problemas para leer

Andrés Ycaza, hombre clavepara el país en el tema de propiedad intelectual

Licencias Obligatorias, un instrumento soberanopara las políticas en salud pública

Tres Licencias Obligatorias emitidas

Riesgos para el acceso a medicamentos en lanegociación comercial entre Ecuador - Unión Europea

Antes y después del proceso de regularización

CNCine, siete años ininterrumpidos de fomento al cine ecuatoriano

El Estado y SAYCE garantizan la protección del Derecho de Autor

Julio Raffo, el derecho autoral, ¿a quién beneficia,a quién debería beneficiar?

Leslie Jarrín, el software libre desde una perspectiva de soberanía nacional SENESCYT presentó una wiki sobre Código Orgánico

de Economía Social del Conocimiento y la Innovación

FLOK Society, estrategias para la apertura y socialización del conocimiento

Ecuador, referente del conocimiento común y abierto

Casos exitosos de defensa contra biopiratería

La historia del acuerdo ADPIC y los cuidados que los países deben tener

Universidad y patentes

Veinte años del Tratado de Libre Comercio de América del Norte

68

12

161921262931363944

464852566064

Miguel AlvearRenato ToledoPatricio LópezCarlos Bedoya

Jorge Banet PonceLuis FernándezGabriela Ulloa

Tato León León

@ANEPIEcuador www.anepi.ec / [email protected] / +(593) 02 513 4179 Av. Cristóbal Colón E 6-12 y La Rábida Edf. Ave María 10B. Quito - Ecuador

editorial

especial

perfil

reportaje

colaboración

propiedad intelectual y cultura

entrevista

actualidad

conocimiento libre y abierto

propiedad intelectual y soberania

artículos especializados

internacional

crónica

Page 6: Revista PI

6

editorial

Una muestrade nuestro atraso

El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) ofrece asis-tencia a los solicitantes que buscan protección internacional por patente para sus invenciones. Al presentar una solicitud de patente internacional se-gún el PCT, los solicitantes tienen la posibilidad de proteger su invención a nivel mundial en 148 países.

Al revisar los datos de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual –OMPI– sobre las solicitudes de paten-tes presentadas en 2012, se pueden sacar conclusiones que dan cuenta del porqué de las diferencias abismales entre unos países y otros.

De acuerdo a las solicitudes PCT (pa-tentes) presentadas en el año 2012 en los cinco principales países de ingre-sos medios de cada región geográfi-ca, en América Latina Ecuador ocupa el quinto lugar. Brasil presentó 587

solicitudes de patentes, México 190, Chile 118, Colombia 73 y Ecuador 45. Esto significa que Brasil presentó ese año 13 veces más solicitudes de pa-tentes que Ecuador, México 4,2 veces más, Chile 2,6 veces más y Colombia 1,6 veces más. El consuelo de Ecuador es que, en 2012, el resto de países de América Latina presentaron menos solicitudes de patentes. Consuelo que, por supuesto, sirve de poco o nada.

Si en el plano regional Ecuador pre-senta una gran desventaja, en com-paración con otros países es aún peor. China fue el país que más solicitudes de patentes presentó: 18 627. En otras palabras, ese país asiático, sacó en 2012 una ventaja de 414 veces sobre Ecuador.

Esta información es aún más desven-tajosa para Ecuador en los años ante-riores a 2012. En 2011, el país presen-

Page 7: Revista PI

junio 2014 7

tó solo 33 solicitudes de patente, en 2010, también 33, y en 2009 y 2008, cuatro solicitudes de patente cada año.

En la base de datos estadísticos de la OMPI, dentro de las 50 primeras em-presas con más solicitudes de patente todas son asiáticas, europeas o de los Estados Unidos de Norteamérica. No figura una sola empresa latinoame-ricana. La empresa que ocupó el pri-mer lugar en el mundo en presentar solicitudes de patentes en 2012 fue ZTE Corporation de China, con 3906 solicitudes (aunque en 2013 bajó al segundo lugar). Sumadas las solicitu-des de Brasil, México, Chile, Colombia y Ecuador, da un total de 1013 en ese año, dato menor al presentado por la Mitsubishi Electric Corporation, de Japón, que al haber presentado 1042 solicitudes, en 2012 ocupó el décimo segundo lugar dentro del ranking de las empresas. Todo lo presentado por

los cinco países latinoamericanos es menor a la cantidad de solicitudes de patentes que en ese año presentaron seis universidades de los Estados Uni-dos.

Si bien patentar el conocimiento pue-de ser un hecho cuestionado desde el punto de vista moral, el mundo en el que se patentan los inventos es el que habitamos.

Ecuador tiene una enorme biodiversi-dad en su territorio; sin embargo, no la aprovecha. Las universidades y em-presas públicas y privadas tienen que invertir con fuerza en investigación. Muchísimos ingredientes activos de plantas medicinales, por ejemplo, po-drían ser patentados a nivel mundial. La generación, producción y venta de esos productos ayudarían al tan ansia-do cambio de la matriz productiva. Luis Dávila

Page 8: Revista PI

8

Se ratificó elTratado de Marrakechque favorece a personas ciegas y condiscapacidad visual u otras discapacidades que les impiden la lectura

2013 y, en nombre de la comunidad ciega internacional, expresó su regocijo.

En la segunda semana de mayo de 2014, nuevamente se dieron cita los países de la OMPI para ratificar este instrumento internacional justo, nece-sario e incluyente. Los países signatarios están exigidos a adoptar disposiciones en sus legisla-ciones nacionales que permitan la re-producción, la distribución y la puesta a disposición de personas que sufren es-tas discapacidades de obras publicadas en formato accesible, contemplando con ese fin limitaciones y excepciones a los derechos de los titulares de obras protegidas por derecho de autor.

En palabras más sencillas, los países se preocuparán de establecer leyes para que, sin la autorización del titular del derecho de autor, se reproduzcan obras, por ejemplo, en lenguaje braille, en letra grande, en audio-libros u otros formatos que las personas que tengan problemas en la vista o que, por otra discapacidad física, no pueda sostener o manipular un libro, puedan tener acce-

¿Qué siente una persona ciega al no poder leer los libros que otros leen? ¿Por qué históricamente las per-sonas no videntes han sido excluidas de la lectura? ¿Acaso, por tener pro-blemas visuales tienen menos dere-chos?

Para superar esta discriminación y fa-cilitar el acceso de las personas cie-gas o con problemas para leer a la lectura, se ha firmado a nivel mundial el Tratado de Marrakech.

El Tratado de Marrakech es un esfuer-zo mundial por incluir a las personas no videntes, con discapacidad visual o con otras dificultades para que ten-gan acceso a las letras, a los libros. Fue adoptado en una Conferencia di-plomática convocada por la Organiza-ción Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) en Marruecos, el 27 de junio de 2013. En este evento participaron más de 600 negociadores procedentes de los 186 Estados miembros de la OMPI.

Para festejar la adopción de este Tra-tado, el cantante Stevie Wonder viajó hasta Marruecos el 28 de junio del

¿

especial

Momento en que se aprobaba en la OMPI el Tratado de Marrakech

Page 9: Revista PI

junio 2014 9

ciones en la OMPI cobraron fuerza tras la adopción en 2006 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, que establece (artículo 30) que las leyes de protección de los derechos de pro-piedad intelectual no deben constituir una barrera excesiva o discriminatoria para el acceso de las personas con dis-capacidad a materiales culturales.

Para Ecuador tiene especial significa-ción, pues fue su delegación la que pro-puso este acuerdo. Andrés Ycaza, direc-tor ejecutivo del IEPI hace un recuento de esta historia:

“El Ecuador fue el país que propuso este tratado a nivel internacional en el seno del Comité de Derecho de Autor de la Organización Mundial de Propie-dad Intelectual, OMPI. El IEPI, haciendo caso a una petición de muchos años que había realizado la Organización Mundial de Ciegos, tomamos el Tratado

so a esas obras. Esas obras reproducidas así podrán suministrarse a los benefi-ciarios por cualquier medio, incluido el préstamo no comercial o mediante la comunicación electrónica por medios alámbricos o inalámbricos. Una de las condiciones es que no haya ánimo de lucro.

El Tratado de Marrakech también prevé el intercambio transfronterizo de obras en formato accesible entre organizacio-nes que estén al servicio de las personas que son ciegas, que tienen discapacidad visual o padecen otras dificultades de acceso al texto impreso. El tratado ar-monizará las limitaciones y excepciones de modo que esas organizaciones pue-dan trabajar sin obstáculos fronterizos.

Un éxito del IEPI a nivel mundial entemas de inclusión

El Tratado de Marrakesh fue la culmi-nación de años de trabajo. Las negocia-

Momento en que se aprobaba en la OMPI el Tratado de Marrakech

Page 10: Revista PI

10

cho de autor cláusulas sobre limitacio-nes y excepciones especiales en favor de las personas con discapacidad vi-sual, por ejemplo, para las versiones en braille, caracteres grandes o audio digi-tal de los textos protegidos por derecho de autor.

Sin embargo, debido al carácter terri-torial del derecho de autor, esas exen-ciones no se podían aplicar a la im-portación o exportación de las obras convertidas en formatos accesibles, aún entre países con normativas similares. Las organizaciones de cada país debían negociar licencias con los titulares de los derechos para el intercambio trans-fronterizo de las obras en formatos especiales o producir sus propios ma-teriales, una actividad muy costosa que limitaba seriamente el acceso de las personas con discapacidad visual a las obras impresas de todo tipo.

Ahora, con el Tratado de Marrakech, esos problemas podrán ser superados, beneficiando así a los 285 millones de ciegos y personas con discapacidad vi-sual que hay en el mundo. El Tratado ha entrado en vigor una vez que ha sido

como nuestro y lo presentamos den-tro del seno del SCCR. Al principio se sumaron tres países, Brasil, Paraguay y Uruguay, en la misma lucha que Ecua-dor estaba realizando. Luego se fueron sumando muchos más países y, hoy en día, vemos que esta propuesta que fue realizada por un país en desarrollo, pri-mer tratado que en vez de generar más derechos de propiedad intelectual ge-nera limitaciones y excepciones a dere-chos existentes en favor de la lectura, el conocimiento y la educación”.

¿A cuántas personas beneficiará el Trata-do de Marrakesh?

En el mundo viven más de 285 millo-nes de ciegos y personas con discapa-cidad visual, el 90% de ellos en países en desarrollo. Según la Unión Mundial de Ciegos, menos del 5% del millón de libros que se publican cada año en el mundo se ponen a disposición de las personas con discapacidad visual en formatos accesibles.

Antes del Tratado de Marrakech, según la OMPI, solo 60 países contemplaban en su legislación nacional sobre dere-

Pablo Lecuona, de la Unión Latinoamericana de Ciegos, en Marrakech 2013

Page 11: Revista PI

junio 2014 11

tienen alta población de habla hispana permite intercambiar libros entre las bibliotecas, entre las instituciones que los producen. Significa multiplicar la cantidad de libros disponibles, significa que las personas con discapacidad vi-sual tengan muchas menos trabas para acceder a la lectura. Acceder a la lectura es información, es educación”.

Por qué los países desarrollados temían aprobar este Tratado

“Desde la Unión Europea, desde EEUU se temía y se teme un tratado que in-cluya, que defienda los intereses de los consumidores, que obligue a los países a incorporar excepciones a los dere-chos de autor, que ponga los derechos de autor como una herramienta del de-sarrollo, no solo como una herramienta económica. El Tratado de Marrakech im-plica un cambio grande en el concepto de Propiedad Intelectual. Eso es lo que daba más miedo y lo que producía tan-tas trabas´.

“Nadie debería oponerse a que las per-sonas ciegas puedan acceder a la lec-tura. Nadie debería oponerse a que sea más fácil producir y circular libros para millones de personas que hoy apenas pueden acceder a menos del 2% de los libros que se producen. Nadie, en su sano juicio, se opondría a eso; sin em-bargo, hubo enormes oposiciones, que tienen que ver con estos intereses, con estas cuestiones más grandes que se jugaban y con el temor de que atrás de que los ciegos quieran leer estuviera el problema de la piratería, cuando el pro-blema de la piratería pasa por otro lado. Encontramos enormes dificultades, fue-ron cinco años de negociaciones en los que, afortunadamente, los países latinoamericanos fueron los primeros en comprender y en apoyar. Ahora em-pieza un período muy importante que es de implementación de este Tratado en cada país”. Luis Dávila

ratificado por los Estados miembros que están de acuerdo en quedar vincu-lados por sus disposiciones.

El Tratado de Marrakech desde la pers-pectiva de un no vidente

Pablo Lecuona es secretario de Tecno-logía de Acceso a la Información de la Unión Latinoamericana de Ciegos. Na-ció en Argentina y radica en ese país. Desde niño perdió la perdió la vista y, a pesar de que su familia tenía posibili-dades, conoció lo que significa la exclu-sión a la lectura que sufren los ciegos y las personas con discapacidades en la visión.

Por eso, Pablo Lecuona fue una de las personas que desde hace años bregó para que hubiera un instrumento inter-nacional que posibilitara la producción y distribución de obras para ciegos y personas con discapacidad para la lec-tura.

Ahora que la OMPI ha ratificado el Tra-tado de Marrakech, que pone excepcio-nes al derecho de autor cuando se trata de producir audio libros, o libros en len-guaje braille u otros formatos para gen-te con discapacidad en la visión, y que permite su distribución transfronteriza, Pablo Lecuona, desde Argentina hace un análisis sobre el tema para ANEPI: “La negociación ha sido muy ardua. Pero el resultado es tremendamente importante. Que el Tratado entre en vi-gencia significa la posibilidad de poder mejorar profundamente el acceso de personas ciegas a la lectura en todo el mundo. Especialmente en América La-tina, porque es un Tratado que busca resolver varias trabas legales que im-pedían la producción y circulación de obras para ciegos, una de las cuales es el intercambio entre países. El que en América Latina 18 países hablen espa-ñol, más España, más otros países que

Page 12: Revista PI

12

Hombre clave

para el país en el tema

de propiedad intelectual

Andrés Ycaza Mantilla es una perso-na que se define como proactivo, pro-positivo y emprendedor. Está convenci-do de que todo se puede lograr si se tiene el convencimiento de que lo que se está haciendo es lo correcto. Nació en Guayaquil el 16 de mayo de 1976, aunque todos sus documentos dicen que fue el 17. Así que de él se podría decir que nació en la víspera. Como buen tauro se sabe obstinado, perse-verante y con los pies sobre la tierra. Según el calendario chino es dragón, lo cual lo determina como alguien que consigue las metas que se propone. Su único miedo es a quedarse estancado.Desde 2009 es el director ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual –IEPI–. De profesión abo-gado, especialista en negociaciones comerciales internacionales y doctor en Jurisprudencia por la Universidad Católica de Guayaquil. Actualmente está haciendo una maestría en admi-nistración de empresas.

Su vida y gustos

Hace 12 años se casó con María Gracia Abad, abogada, a quien conoció en la universidad. Tienen tres hijos. La pri-mera de 11 años, el segundo de ocho y la tercera de tres y única quiteña.

Le gusta todo tipo de música, desde la trova hasta el rock duro. También dis-fruta de la literatura, «aunque última-mente no he leído novelas por dedicar-me a estudiar administración, economía y propiedad intelectual». Es cinéfilo to-

A

“Los paísesdesarrollados

buscan imponer lapropiedad intelectual

en nuestros países y quenosotros adaptemos las

normas que ellos han generado para proteger sus intereses”.

perfil

Andrés Ycaza, director ejecutivo del IEPI

Andrés Ycaza

Page 13: Revista PI

junio 2014 13

tal, «en estas semanas he visto con mis hijos las series de Star wars, de George Lucas, y las películas de Tim Burton». Es admirador del cine latinoamericano.

Es hincha de Emelec. Le encanta el cebiche y toda la comida de mariscos. También le gusta la comida de la sierra

Soñaba con cambiar el mundo, y lo está haciendo

De chico, Andrés Ycaza soñaba con cambiar el mundo. Ahora se considera de izquierda, una ideología que, a su pa-recer, ha ido evolucionando a través de los tiempos. «Ser de izquierda es pen-sar que lo que podemos hacer va a dar frutos para que los demás puedan vivir una sociedad mucho más justa». Conci-be al Estado como el facilitador para el desarrollo del país. Y no piensa que el Estado ni el mercado, por sí solos, pue-dan generar desarrollo.

Andrés Ycaza está convencido de que, por el camino que va el Ecuador, en

diez años va a ser un ejemplo de de-sarrollo en América Latina. «El cambio de visión que se está dando llevará al país hacia una economía social del co-nocimiento (…) Aquí tenemos mentes brillantes y si se le da énfasis al talento humano vamos a lograr que el Ecuador sea un país mucho más grande, mucho más desarrollado, con capacidad de generar empleo y satisfacción para la gente, y alcanzar así el buen vivir para toda la ciudadanía».

Su formación en propiedad intelectual

Ycaza es una autoridad en temas de propiedad intelectual, aunque reconoce que la mayor parte de su formación en este campo ha sido empírica. Su gran experiencia la adquirió en cada nego-ciación que le tocó realizar a lo largo de los años en defensa de la industria ecuatoriana, principalmente farmacéu-tica. «Los países desarrollados buscan imponer la propiedad intelectual en nuestros países y que nosotros adapte-mos las normas que ellos han genera-

Andrés Ycaza, director ejecutivo del IEPI

Page 14: Revista PI

14

do para proteger sus intereses». «La formación que existe en propiedad intelectual en los países en desarro-llo siempre ha sido sesgada, con una visión de los titulares de los derechos –opina–. No se ha visto a la propiedad intelectual como una herramienta de política pública. No ha sido el Estado el que ha capacitado en este tema, sino la empresa privada interesada en pro-piedad intelectual. Por esto es que los países de América Latina no han tenido una visión estratégica en este campo».

Para Andrés Ycaza, la propiedad inte-lectual es una herramienta transversal del desarrollo, dependiendo de cómo se la utilice. «Yo creo que en la visión que hay en el país de ir hacia una eco-nomía social del conocimiento, es decir, de pasar de productores de materias primas a generadores de valor agrega-do de esas materias primas, el tema de la propiedad intelectual juega un pa-pel muy importante». Su explicación es esta: hay mucha información que ya se encuentra en el estado de la técnica, información de inventos que otros han

hecho y que aquí, en Ecuador, pode-mos mejorarla o utilizarla para ahorrar el camino que se está emprendiendo. Utilizar información de quienes inven-taron algo o generaron valor agrega-do a un producto no está mal, explica, siempre que procedamos dentro de los marcos establecidos en las normas internacionales. El propio sistema de propiedad intelectual ofrece las he-rramientas necesarias para utilizar la tecnología que ya está conocida y po-derla aplicarla en el país. Lo que hace la propiedad intelectual es poner ese conocimiento a disposición de terceros o restringirlo. «La política pública que se está estableciendo en materia de propiedad intelectual está encaminada a que se aproveche el conocimiento ya existente para beneficio del país».

Tres logros de su gestión

Para Ycaza, los tres logros más impor-tantes del IEPI bajo su gestión han sido en los ámbitos de denominacio-nes de origen, licencias obligatorias y derechos de autor.

Page 15: Revista PI

junio 2014 15

«La denominación de origen –dice– es una herramienta de la propiedad inte-lectual para generar crecimiento local a través del desarrollo de productos con valor agregado en zonas especí-ficas. Como Ecuador es un país mega-diverso tiene inmensas posibilidades de aprovechar esta herramienta. Dos ejemplos que ya se están trabajando son los sombreros de Montecristi y el Cacao Arriba. El cacao es un producto primario que, cuando se le concede una protección a través de denominación de origen, adquiere un valor agregado que lo hace único a nivel mundial, lo cual incrementa su precio y mejora el ingreso de sus productores. Igual su-cede con el sombrero de Montecristi, producto de altísima calidad que igual-mente gana valor agregado y así, a ni-vel internacional, tiene mejor precio y el posicionamiento debido.

»En cuanto a las licencias obligatorias, estas permiten el acceso a medicamen-tos. Antes, las patentes aplicadas a los fármacos hacían que la gente no pu-diera acceder a ciertos medicamentos. Sin embargo, el sistema de propiedad intelectual establece la figura de las licencias obligatorias, a través de las cuales se puede romper la patente de forma legal para permitir que terceros puedan fabricar esos medicamentos, y así abaratarlos, generando mayor acce-so de la población.

»En lo relacionado a derechos de autor, se logró que un tratado presentado por Ecuador se volviera norma internacio-nal. Es un tratado de propiedad intelec-

tual que permite que las personas no videntes puedan tener mayor acceso a la lectura. Con el tratado se generó una limitación y excepción para que los li-bros, al ser transformados a formatos para no videntes, como a lenguaje brai-lle o audio books, no necesiten autori-zación del titular de las obras ni pagar regalías».

Andrés Ycaza es una persona que con-versa sobre propiedad intelectual con total pasión. Siente que esta es una de las materias de mayor importancia en el ámbito de las negociaciones comer-ciales internacionales, sobre todo si Ecuador tiene el objetivo de cambiar su matriz productiva. Por lo que le tocó trabajar, fue adquiriendo una posición soberana y nacionalista. Por su expe-riencia y formación es, sin duda, pieza clave en la defensa de los intereses nacionales en el tema de propiedad intelectual. ANEPI

Page 16: Revista PI

16

LicenciasObligatorias:

Un instrumento soberanopara las políticas en salud pública

A muchas personas les sucede que, ante una enfermedad se ven imposibi-litadas de adquirir los medicamentos que se requieren para el tratamiento, por el elevado costo que tienen. Paúl Salazar, comerciante, químico de profe-sión, nos relata una situación como la señalada.

“Hace tres o cuatro años a un pariente cercano mío le diagnosticaron un mie-loma múltiple, que es una enfermedad cancerígena complicada. El tema es que una de las medicinas que se reco-mienda es de desarrollo relativamente nuevo que se llama bortezomiv. Esta medicina cuesta cada ampolla de 3,5 m gr alrededor de 3 mil dólares. La dosis recomendada es de entre tres a cuatro ampollas por mes. Es una cantidad que ninguna familia puede financiar para un tratamiento de un enfermo. El cálculo interesante es que si cada ampolla de 3,5 m gr cuesta tres mil dólares quiere decir que un kilo de ese producto cues-ta 850 millones de dólares. Yo dudo que un kilo de plutonio tenga ese valor”.

A

reportaje

Page 17: Revista PI

17

¿Por qué un país no puede fabricar un genérico con el mismo ingrediente ac-tivo del medicamento de marca, de ma-nera de abaratarlo y hacerlo accesible a mucha gente que lo necesita? Pues, sencillamente, porque para producir ese medicamento genérico tendría que realizar una inversión muy grande que implicaría investigación, tiempo y recursos económicos. Entonces, la pre-gunta es: ¿por qué una empresa farma-céutica que ya hizo esa investigación durante largo tiempo, no pasa los datos de prueba al país que desea producir el genérico? La respuesta es: porque ella tiene protección sobre los datos de prueba en la normativa internacio nal. Y según nos dice Valentina Delich, directora de la Maestría en Propiedad Intelectual de FLACSO-Argentina, quie-nes gozan del derecho de protección con exclusividad de los datos de prueba inclusive ejercen presión para que ese período se extienda:

“Hay una presión muy grande en las ne-gociaciones internacionales para que

se extienda protección sobre los datos de prueba que los laboratorios le pro-veen al Estado a la hora de evaluar los productos farmacéuticos. La presión es muy grande. Algunos hablan de exten-der la protección cinco o 10 años más.”

La actual normativa internacional protege con exclusividad los datos de prueba de las industrias farmacéuticas por muchos años, si esos períodos de protección se alargaran más tiempo, cada producto genérico demoraría mu-cho más en entrar al mercado.

“El ingreso de genéricos es muy impor-tante una vez vencida la patente por-que es la que hace bajar los precios de los medicamentos, genera competencia y calidad.”

En este contexto, en vez de esperar a que venzan las patentes que han im-puesto los países desarrollados para proteger los datos de prueba de sus in-dustrias, los países en desarrollo, como Ecuador, pueden usar ciertas

“Las licencias obligatorias son un instrumento legal y legítimo que ayudan a los gobiernos y a los estados a regular mejor el mercado”

Page 18: Revista PI

18

flexibilidades que la propia norma in-ternacional permite. Una de ellas son las licencias obligatorias. Valentina De-lich nos dice lo que son:

“Las Licencias Obligatorias son un ins-trumento legal y legítimo que ayudan a los gobiernos y a los estados a re-gular mejor el mercado y, también, las necesidades que no tienen que ver con el mercado sino con la salud pública. Es fundamental que este tipo de ins-trumentos los estados aprendan a utili-zarlos y que los regulen correctamente porque van en beneficio del propio es-tado, de sus ciudadanos y de un mejor funcionamiento del mercado.

‘El estado tiene un rol y está en su capa-cidad el de construir su relación con el mercado. Tiene que redefinir la relación estado – mercado y tiene que regular el mercado de manera de que el mercado no funcione solamente para generación de fortunas personales o corporativas sino que también genere bienestar para todos los ciudadanos y la sociedad.”

Ecuador está dando ejemplo al mundo al declarar licencias obligatorias para algunos productos farmacéuticos de marca, de manera de facilitar la produc-ción de genéricos. Sin embargo, la pelea no debe ser solo de un país, según Va-lentina Delich.

“La clave para incidir en la OMC es la cooperación y colaboración entre to-dos los países en desarrollo. El mundo es asimétrico, todos tenemos capaci-dades distintas: económicas, militares. Así, tenemos que armar posiciones re-gionales, visiones comunes y tratar de compensar con la unidad las asimetrías económicas que tenemos con los países más desarrollados”. ANEPI

Ecuador está dando ejemploal mundo al declarar Licencias

Obligatorias para algunos productos farmacéuticos de marca, de manera

de facilitar la producción de genéricos.

Page 19: Revista PI

junio 2014 19

M ediante Decreto Ejecutivo No. 118, del 23 de octubre de 2009, se de-claró de interés público el acceso a me-dicinas para todos y todas las y los ecua-torianos, estableciendo para tales fines la aplicación de licencias obligatorias.

Según información publicada en la página web de la Organización Mun-dial del Comercio (OMC), las licencias obligatorias son “el permiso que da un gobierno para producir un producto patentado o utilizar un procedimiento patentado sin el consentimiento del ti-

tular de la patente”. Ésta constituye una de las excepciones, respecto a patentes, que permiten los ADPIC (Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), los cua-les contemplan la emisión de licencias obligatorias en casos de declaratorias de interés público.

En el mismo año 2009 y con el objeti-vo de realizar investigación científica y desarrollo de principios activos para la creación de medicamentos genéricos a menor costo en, se creó la empresa

LicenciasObligatorias emitidasen Ecuador

M

Page 20: Revista PI

20

farmacéutica pública ENFARMA, misma que tiene por misión contribuir para que un mayor porcentaje de la pobla-ción pueda acceder a medicamentos que sirvan en el tratamiento y curación de sus enfermedades.

En respuesta a la decisión tomada con el Decreto 118, acorde a lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador, su proyecto del Buen Vivir y en el artículo 30 del acuerdo internacional ADPIC, el 14 de abril de 2010, el IEPI concedió la primera licencia obligatoria otorgada en el país. Se trató de la licen-cia para el principio activo de RITONA-

VIR, solicitada por el laboratorio ESKE-GROUP S.A., cuya titular de la patente es ABBOTT LABORATORIES.

El 15 de junio de 2012, Acromax labora-torio químico farmacéutico S.A. solicitó licencias obligatorias para los principios activos: LAMIVUDINA + ABACAVIR y para RITONAVIR. En respuesta, el 12 de no-viembre 2012 el IEPI concedió licencia obligatoria de importación y producción para uso público, no comercial, sobre la patente de invención de LAMIVUDINA + ABACAVIR. Mientras que, la licencia obligatoria para el principio RITONAVIR fue concedida el 11 de mayo de 2013.

Casi un año después, el 04 de abril de 2014, fue emitida la licencia obligatoria para ETORICOXIB (ARCOXIA), medica-mento de comprobada efectividad para el tratamiento de enfermedades con dolores agudos. Esta licencia fue conce-dida al laboratorio ACROMAX.

Las tres primeras licencias obligatorias emitidas se han concedido para pro-ductos farmacéuticos antirretrovirales, que son medicamentos que sirven para atender a pacientes de VIH/SIDA. Estas licencias se emitieron en razón de que, según los datos manejados por el IEPI, en Ecuador existen alrededor de 37 mil pacientes infectados con el virus y se registran aproximadamente 700 muer-tes anuales a causa de esta enferme-dad. A decir de los datos expuestos por el IEPI, como resultado de la aplicación de licencias obligatorias se ha logrado entre un 30 y 70 por ciento de ahorro para el Ministerio de Salud en la compra de estos medicamentos, que deben ser proporcionados por el Estado.

Al cierre de esta edición, el IEPI emitió una quinta licencia obligatoria (02 de junio de 2014), cuya información am-pliaremos en una próxima entrega. María Augusta Álvarez

Las tres primeras LicenciasObligatorias emitidas se

han concedido para productosfarmacéuticos antirretrovirales, para atender a pacientes de VIH/SIDA.

ENFARMA, Empresa Pública de Farmacos

Page 21: Revista PI

21

P ara quienes vivimos en Colombia o Perú, la resistencia del Ecuador a la aplanadora del libre comercio y sus tratados ha sido ejemplarizante. Nues-tra experiencia ha sido que, cuando se fijan reglas de juego entre desiguales, el más pequeño siempre sale perdien-do. Se atribuye a Aristóteles la célebre frase “es tan injusto tratar igualmente a los desiguales, como tratar desigual-mente a los iguales”. Un Tratado de Libre Comercio (reciba el nombre que reciba) es un ejercicio para definir unas reglas de juego para todos, es decir para tratar a todos por igual.

Ecuador se encuentra por segunda vez negociando un acuerdo comercial con la Unión Europea. Y hasta donde llega nuestra comprensión, hay una presión hacia que la negociación, en ciertos capítulos clave como el de propiedad intelectual, se asimile al texto acorda-do entre Colombia y Perú con la Unión Europea.

Hay que recordar que Ecuador final-mente no firmó un acuerdo con los Es-tados Unidos de América, separándose de Colombia y Perú. Con el TLC que si

Ecuador aún aplica criteriosexigentes para otorgar patentessolamente a invenciones genuinasy negarlas cuando se trata depequeñas modificaciones a productosya conocidos o de nuevos usos.

RIESGOSpara el acceso a medicamentosen la negociación comercial entreEcuador - Union Europea

P

Francisco Rossi, Fundación Ifarma. Colombia.Miembro de la Alianza LAC- Global de ONG por el acceso a los medicamento

colaboración

Page 22: Revista PI

22

suscribieron Perú y Colombia, adquirie-ron compromisos muy serios en paten-tes y muy especialmente en protección de datos de prueba con exclusividad (por 5 años) que Ecuador no tiene en su legislación interna. Y hay que tener presente que cuando la Unión Europea inicia negociaciones con Colombia y Perú, tiene esos elementos como punto de partida, es decir, negocia con aspi-raciones aún mayores especialmente en los temas de extensión de patentes, observancia y, por supuesto, una pre-tensión de exclusividad por hasta 11 años.

En el caso de las patentes el mayor riesgo estriba en la intención de “rela-jar” la aplicación de lo que es paten-table y lo que no merece una patente. Ecuador aún aplica criterios exigentes para otorgar patentes solamente a in-venciones genuinas y negarlas cuando se trata de pequeñas modificaciones

a productos ya conocidos o a nuevos usos (el caso del sildenafil). Tanto la UE, como los Estados Unidos de Amé-rica, aplican una política de propiedad intelectual centrada en el estímulo de sus industrias estratégicas por lo que allí es posible patentar prácticamente cualquier cosa. Sacrifican el acceso a los medicamentos de sus ciudadanos que deben pagar precios elevados de-rivados del monopolio considerando que los beneficios superan los sacrifi-cios en sus economías. Colombia y Perú por desgracia se mueven en esa misma dirección.

Ecuador por el contrario ha optado por proteger los intereses de sus ciudada-nos entendiendo que el acceso a los medicamentos es más importante que cualquier interés estratégico de una industria farmacéutica extranjera o de la protección a la inversión extranjera.

Pero el caso de la protección de datos con exclusividad es la mayor amenaza.

La protección de datos constituye un mecanismo de monopolio especial-mente eficaz. A diferencia de las pa-tentes no tiene costo, no requiere de abogados especializados y la exclusi-vidad se inicia el mismo día en que se puede iniciar la comercialización. Es además inequívoco y el examen de la solicitud es casi automático. Hay quie-nes discuten que la protección de datos constituya una categoría de propiedad intelectual (pertenece al capítulo de la protección de la información contra el uso desleal), pues no hay una inven-ción que sea objeto de protección. La “materia” protegida corresponde a los datos de estudios preclínicos y clínicos necesarios para poder comercializar un medicamento, pues aseguran que sea eficaz y seguro…

La Fundación IFARMA condujo en 2010, por solicitud de la Organización Pana-

Page 23: Revista PI

junio 2014 23

Hay conexiones entre interesesextranjeros e intereses nacionales que

también quieren un TLC a cualquier precio.

mericana de la Salud y el Ministerio de Salud, un estudio sobre los potenciales impactos del capítulo de propiedad in-telectual de la propuesta de la Unión Europea para un TLC con Ecuador. Se trata de un análisis prospectivo apli-cando una metodología reconocida internacionalmente, que anticipaba efectos muy severos sobre el acceso a los medicamentos para los ciudadanos ecuatorianos. Sorprendentemente, al parecer el estudio no fue divulgado y el documento no se encontró ni en el Ministerio ni en la OPS.

Sus conclusiones son angustiosas:

Entre las medidas evaluadas, la que mayor impacto tendría sobre el pre-cio de los medicamentos en el Ecua-dor es la protección con exclusividad a los datos de prueba (505 millones de dólares, equivalente al gasto en salud de aproximadamente 1,4 millones de personas para el año 2030). En conse-cuencia, es recomendación de este tra-bajo no aceptar ningún periodo de ex-clusividad para los datos de prueba de medicamentos y seguir cumpliendo las disposiciones que a este respecto están contenidas en ADPIC, y en la decisión 486/2000 de la comunidad andina de naciones.

La segunda medida ADPIC plus que mayor impacto tendría sobre el precio y el gasto en medicamentos en el Ecua-dor sería el relajamiento de los crite-rios de patentabilidad con la conse-cuencia de incrementar el número de medicamentos patentados en el mer-

cado ecuatoriano (339 millones de dó-lares equivalente al gasto en salud de 930 mil ecuatorianos en el año 2030). En consecuencia, es recomendación de este trabajo no incluir en los textos de los tratados ninguna redacción que pueda inducir a cambios en la defini-ción de los criterios de novedad, nivel inventivo o aplicación industrial; velar por el mantenimiento de la prohibición de patentes de uso en los países de la comunidad andina de naciones, CAN, y dedicar los esfuerzos que se requieran para capacitar a los examinadores de patentes de modo que los criterios que se apliquen sean estrictos.

El alargamiento de las patentes conlle-varía un gasto adicional de 53 millones de dólares para adquirir la misma ca-nasta de medicamentos en el mercado total. Por su parte, el vínculo entre las oficinas de patentes y de registro sani-tario implicaría incrementar el gasto en 21 millones de dólares.

La implementación de las cuatro me-didas evaluadas, podría implicar que, para mantener constante el consumo del mercado total de medicamentos en el Ecuador, se tendría que incrementar el gasto farmacéutico en 1030 millones de dólares adicionales, que equivaldría al gasto en salud de 2,8 millones de ecuatorianos en el año 2025.

Lo anterior es consecuencia de un au-mento del 25% en el número de pro-ductos farmacéuticos con protección de propiedad intelectual, que conduce a un incremento en el índice de precios

Page 24: Revista PI

24

de un 39%. Las entidades del sector público tendrían que aumentar su pre-supuesto en 125 millones de dólares para adquirir la misma canasta de me-dicamentos que adquiere actualmente o, de lo contrario, tendría que reducir sus adquisiciones en un 36%.

El problema que se presenta para un país como Ecuador, es que las presio-nes internacionales para sumarse a la ola del libre comercio son enormes. Hay sin duda potenciales beneficia-rios nacionales que quieren un TLC a

cualquier precio. Hay conexiones entre intereses extranjeros e intereses na-cionales que también quieren un TLC a cualquier precio. Y hay una suerte de corriente de pensamiento internacio-nal pro libre comercio, que tiene sin duda penetración en la academia, el gobierno y las políticas públicas.

En la Alianza por el acceso a los me-dicamentos hemos sido conscientes de que es muy difícil oponerse radical-mente a los tratados de libre comercio, y hemos aprendido a participar en las negociaciones tratando de limitar al máximo las concesiones en propiedad intelectual. Y entre las lecciones que hemos aprendido, la más importante es lograr comunicar los costos y los ries-gos a los negociadores del gobierno, a los ciudadanos y a las organizaciones sociales. En el caso de Colombia y de Perú, enfrentamos un equipo de nego-ciadores del gobierno fanáticos del li-bre comercio y decididos a obtener un TLC a cualquier precio. El precio, claro está, lo pagamos los ciudadanos.

En el caso ecuatoriano el gobierno parece tener la actitud contraria, pero los mecanismos de presión pueden ser muchos, muy sutiles y ciertamente efi-caces. Una estrategia de comunicación que ponga de relieve los costos y los riesgos puede ser el mecanismo que brinde el espacio político necesario para construir una posición fuerte de negociación en contra de las pretensio-nes de la UE en propiedad intelectual. Francisco Rossi

Ecuador aún aplicacriterios exigentes para

otorgar patentes solamente ainvenciones genuinas y negarlas

cuando se trata de pequeñasmodificaciones a productos ya

conocidos o de nuevos usos.

Ecuador - Unión Europea, una negocioación asimetrica

Page 25: Revista PI

@IEPI_ecuador www.propiedadintelectual.gob.ec

@ANEPIEcuador www.anepi.ec

Page 26: Revista PI

26

Antes y despuésdel proceso de

regularización

administrativas, nosotros nos unimos y empezamos a investigar y conversar, éste era un problema que ya llevaba 30 o 40 años sin resolver. Le escribimos una carta al señor presidente y le en-tregamos el proyecto que se llama Pro-yecto de regularización y legalización del sector audiovisual. […] El presiden-te vio con buenos ojos nuestra pro-puesta, que consistía en que mediante un proceso, es decir, paulatinamente los locales vayan comprando licencias y se vaya poniendo el producto original en las perchas”.

Una vez que el proyecto para la regu-larización del sector audiovisual fue aprobado por parte del presidente de la república, el siguiente paso consis-tió en socializar la iniciativa con los co-merciantes de todo el país. El proceso de socialización se inició con talleres en las distintas provincias, en los que se analizó y corrigió el proyecto entre-

A ntes del año 2010, la venta y distribución de material “pirata” de pe-lículas y música era una realidad coti-diana para todos los ecuatorianos. Sin embargo, se trataba de una actividad ilegal debido a que, al reproducir mate-riales audiovisuales sin la autorización de sus creadores, se estaba violando los derechos de autor relacionados a esas creaciones.

La violación del Derecho de Autor es una infracción sancionada de distintas maneras a nivel mundial, según la le-gislación de cada país.

Omaira Moscoso, presidenta de la Aso-ciación Ecuatoriana de Comerciantes y Distribuidores de Productos Audio-visuales (ASECOPAC), recuerda que la idea de organizar al sector de comer-ciantes de material audiovisual surgió en el año 2011. “Cuando el IEPI empe-zó a realizar batidas, a enviar tutelas

La violación del Derecho de Autores una infracción sancionada de distintas manerasa nivel mundial, según la legislación de cada país.

A

crónica

Page 27: Revista PI

junio 2014 27

cifra récord que demostró que la ini-ciativa arrojaba resultados favorables. Para el año 2014 la cifra ha llegado a 75 000 copias. Adicionalmente, cons-tituye la primera película ecuatoriana producida en formato blue-ray. Según Moscoso, la negociación se realizó di-rectamente con sus realizadores, Tito Jara y Roberto Aguirre, quienes “nos vendieron las licencias para que noso-tros podamos sacar las películas”.

En el proceso se han sumado actores y se ha especializado la actividad que cada uno realiza. Actualmente existen empresas intermediarias dedicadas a negociar las licencias con los direc-tores y productores cinematográficos, reproducir el material y entregarlo a los comerciantes. Entre estas empresas se encuentran Expresmax y Valiente Producciones, mientras que los comer-ciantes se han enfocado en fortalecer la red de distribución.

gado a la Presidencia, hasta lograr el documento final con base en el cual se inició el proceso de legalización.

Durante todo el año se realizaron ta-lleres de capacitación sobre el tema de propiedad intelectual, debido a que muchos de los comerciantes no com-prendían a qué se refería ni cuál era el delito que estaban cometiendo con su negocio. A decir de Moscoso, “ahora ya todos los compañeros saben cuál es el problema de nuestros negocios”.

La idea rindió frutos económicos para vendedores y creadores

La primera licencia obtenida por la organización fue la película A tus es-paldas, una coproducción ecuatoriano - venezolana que fue estrenada en 2010 y cuya licencia se otorgó en el año 2011. En dos semanas se lograron ven-der 25 000 copias legales de este film,

Page 28: Revista PI

28

El siguiente paso, a decir de Omaira Moscoso, será realizar capacitaciones sobre cinematografía nacional para que los comerciantes conozcan y valo-ren la producción nacional, de manera que puedan recomendar y promocionar estas producciones con sus clientes.

Hasta febrero de 2014 se habían otor-gado licencias para alrededor de cien películas ecuatorianas, entre las que destacan “Pescador” y “Mejor no ha-blar de ciertas cosas”.

Se normaliza la venta de producción musical y cinematográfica

Como resultado del proceso de regula-rización, actualmente se comercializan en todo el país copias legales de toda la producción cinematográfica nacio-nal, en perchas exclusivas entregadas por el IEPI a los comerciantes para este fin. Además, se han logrado licen-

cias de aproximadamente 15 produc-ciones cinematográficas extranjeras como: Prueba de fuego, El árbol de la vida y La vida es bella. Mientras que ASECOPAC ha logrado un acuerdo con la empresa nacional Play Music para obtener la licencia de distribución en territorio nacional de la producción fo-nográfica “Corazón Profundo” del can-tautor colombiano Carlos Vives, primer disco extranjero en comercializarse en el Ecuador bajo el sistema de licencia.

De esta manera, los consumidores pueden contribuir al desarrollo de la industria cinematográfica nacional, pagando los derechos de autor corres-pondientes, al acceder a las produc-ciones de cine nacional a un costo de entre tres a cinco dólares, precio acce-sible para todos los ecuatorianos, “ya sean del Guasmo o de Samborondón”, como explica Omaira Moscoso. María Augusta Álvarez

Page 29: Revista PI

junio 2014 29

En el año 2006 se promulgó en nues-tro país la Ley de Fomento del Cine Na-cional. Esta Ley, en su artículo número seis, dispone la creación del Concejo Nacional de Cine (CNCine), “como una persona jurídica de derecho público, con patrimonio propio, con sede en la ciudad de Quito”. A partir de ello, esta institución es la encargada de fortale-cer la industria cinematográfica y au-diovisual ecuatoriana.

Bajo esta disposición, el órgano máxi-mo de dirección cuenta con siete miembros. Las instituciones repre-sentadas son: el IEPI, el Ministerio de Cultura y Patrimonio, el Ministerio de Industrias y Productividad y La Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los tres delega-dos del sector cinematográfico son: un representante de productores cinema-tográficos, uno de directores y guionis-tas y uno de técnicos y actores (de este gremio no se ha nombrado represen-tante todavia).

Así mismo, en esta Ley se anuncia la concesión de créditos con tasas de interés y plazos preferenciales, des-tinados a la producción nacional de películas. Para ello se crean los fondos

CNCine, siete añosininterrumpidos de fomentoal cine ecuatoriano

El cine del país se“ha desarrollado pesea las difíciles condiciones,casi de manera artesanal, ahorase convertirá en una industriaimportante que aportará al PIB” (Santiago Cevallos).

concursables, también conocidos como convocatorias. Según Adriana Tama-riz, directora técnica de CNCine, “estos fondos concursables aparecieron con un reglamento transparente de distri-bución. Las postulaciones son anuales y se presentan para distintas categorías que se han ido modificando”.

Para el año 2009 se repartió un total de USD 549 000 a 32 proyectos ga-nadores. La de ese año fue la tercera convocatoria y se presentaron un total de 220 proyectos. El cine ecuatoriano recibió además otro impulso, gracias a que el país ingresó al fondo de copro-ducción Ibermedia, que entregó USD 320 000 al cine nacional.

E

propiedad intelectual y cultura

Page 30: Revista PI

30

En el año 2011 los ganadores fueron 42 proyectos nuevos, incrementando la cifra a un total de 137 beneficiados por los fondos de fomento. Y en el 2012 el país realizó un salto cualitativo que pudo medirse cuantitativamente en los 35 premios internacionales logrados. Si bien, como explica Adriana Tamariz, “el porcentaje que aporta el CNCine podría llegar al 30 por ciento de una producción, creemos que sí ha influido con la creciente producción cinemato-gráfica en el país”. En ese mismo año, según datos de CNCine, se vendieron 14 millones de entradas en cines.

Continuando en esa línea, en el 2013 fueron trece las películas estrenadas en salas comerciales. Además, se pre-sentó el proyecto “Cine sobre ruedas”, para fomentar el consumo de películas nacionales en medios de transporte

terrestres de mediana y larga distan-cia. Esta iniciativa se inauguró en 800 buses y entre las películas selecciona-das se encontraron producciones como “Qué tan lejos” y “Mono con gallinas”.La producción cinematográfica nacio-nal mantuvo su línea de crecimiento y el 2014 inició con veinte películas en lista para ser estrenadas. Es por eso que CNCine, apoyado por el Gobierno Na-cional, decidió aumentar el monto de los fondos concursables a USD 2 400 000. Como explica Santiago Cevallos, director nacional de Derecho de Autor del Instituto Ecuatoriano de la Pro-piedad Intelectual (IEPI) y presidente del Consejo, “esta medida busca seguir impulsando las producciones locales y fortaleciendo la creación intelectual de los ecuatorianos”.

El mismo Cevallos reconoce que el cine del país se “ha desarrollado pese a las difíciles condiciones, casi de manera ar-tesanal, ahora se convertirá en una in-dustria importante que aportará al PIB”. Y en esa misma línea, Adriana Tamariz remarca que la gran mayoría de las pe-lículas estrenadas cuentan con “fondos del CNCine, eso quiere decir que esta política pública está dando resultados”.

Por primera vez, este año se realizarán dos convocatorias para la inscripción a los fondos concursables. La primera de ella se realizó hasta el siete de abril. Además, también se incrementaron las categorías por las que se puede parti-cipar, que son las siguientes: investiga-ción y escritura de guion, desarrollo de proyectos, producción y postproducción, producción de bajo presupuesto, corto-metraje, producción audiovisual comu-nitaria, promoción y distribución, copro-ducción comunitaria, telefilm, festivales y muestras, investigación y publicación y coproducción minoritaria. Esteban Zapata

Santiago Cevallos, director nacional de Derecho de Autor del IEPI

Captura de pantalla de comercial de tv

Page 31: Revista PI

junio 2014 31

E l pasado jueves 13 de febrero Francisco Velasco Andrade, ministro de Cultura y Patrimonio y José Serra-no, ministro del Interior, convocaron a una rueda de prensa con el objetivo de difundir la restitución de derechos de autor previo a conciertos. Lo que se busca con esta medida es exigir a los empresarios el pago de más de 55 conciertos, realizados desde octubre del 2013, y controlar los futuros even-tos públicos. Esto debido a que se ha-bía realizado una mala interpretación de un artículo derogatorio en la nueva Ley Orgánica de Comunicación.

El Estado y SAYCEgarantizan la protección

del Derecho de Autor

“Las personas tienenderecho a desarrollarsu capacidad creativa y abeneficiarse de la protecciónde los derechos que lescorrespondan por su autoría” (Constitución de la República del Ecuador, Art. 22).

E

YO SOYSAYCE

Captura de pantalla de comercial de tv

Page 32: Revista PI

32

Todo comenzó en octubre del año pa-sado cuando, mediante un comunicado aclaratorio, la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador (SAYCE) ma-nifestó que, a partir de la publicación en el Registro Oficial de la nueva Ley Orgá-nica de Comunicación y de la derogato-ria de una disposición transitoria de la Ley de Propiedad Intelectual inherente a SAYCE, “se han dado un sin número de rumores y/o comentarios sobre la legitimidad que tiene la Sociedad para desarrollar su función de administrar y licenciar los derechos autorales que re-presenta”.

Por ello SAYCE decidió dejar en claro que el marco normativo que sustenta su trabajo está vigente bajo la Ley de Pro-piedad Intelectual en los artículos 109 al 119. Así mismo, remarcó que la Socie-dad de Autores continúa defendiendo los derechos de los artistas, que consiste en proteger su creación intelectual.

Yo soy SAYCE

A finales de octubre del 2013, los auto-res y compositores asociados lanzaron

la campaña de difusión “Yo soy SAYCE”. Su propósito: reunirse con el presidente de la República Rafael Correa, a quien lo convocaron a través de su cuenta en twitter @MashiRafael. A través de ese medio le manifestaron su preocupación por la mala interpretación de la Ley de Comunicación en la que se estarían amparando algunos empresarios, y el peligro que podrían estar corriendo los derechos de autor, así como el trabajo que desde hace treinta años viene rea-lizando SAYCE.

Pero la campaña no terminó ahí. Días más tarde, con una fuerte presencia en las redes sociales, se lanzó un video donde se podía observar a autores de distintos puntos del país, repitiendo la frase “yo soy mi obra, yo soy mis dere-chos, yo soy SAYCE”. En él también son citados algunos de los primeros pun-tos del estatuto de la sociedad de ges-tión, que demuestran su labor y misión.

El artículo cuatro, numeral uno, por ejemplo, manifiesta que SAYCE “tiene por objeto la gestión colectiva de los derechos patrimoniales de autor, sobre

Javier Córdoba, viceministro del interior, Francisco Velasco, ministro de cultura y patrimonio y Troi Alvarado de SAYCE

Page 33: Revista PI

33

obras musicales, dramático musicales, publicitarias musicales y en general toda obra musical que sea o no parte de una obra teatral, publicitaria musi-cal o musical”.

Además, en un nuevo comunicado de prensa emitido el 12 de noviembre, la Sociedad de Autores declaró que el li-cenciamiento por el uso de la música aporta al mantenimiento de los se-guros de salud y vida privados de sus socios. Así también recordaron a los usuarios de la música, es decir a to-dos los ciudadanos, que el derecho de autor es un generador de cultura y el único salario de los creadores.

A mi lindo Ecuador

Casi a fines del año pasado SAYCE ma-nifestó que el número de artistas que se encuentran representados es de 988 músicos a nivel nacional. Además, el monto repartido hasta ese momento por regalías era de USD 935 172, aun-que se esperaba que se incrementara aún más, tomando en cuenta que en el 2012 se distribuyeron USD 1 700 285.

Según Rubén Barba, autor de la can-ción A mi lindo Ecuador, se debería ha-blar de “un SAYCE de antes y un SAYCE de después”, debido a todos los avances que ha logrado la sociedad de gestión en los últimos años. Barba es miembro desde hace 25 años y manifiesta que el cambio es visible desde hace cinco años, cuando el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) intervi-no debido a su mal funcionamiento y convocó a elecciones.

El autor dice que “ahora SAYCE monito-rea todas las emisoras, las estaciones de TV, tiene convenios internacionales con casi todos los países del mundo y hay reciprocidad en eso. Tanto es así que ahora recibo regalías del exterior

también”. Y, sobre todo, lo que alegra a Barba es que ahora recibe lo que es justo, porque con en el monitoreo no interviene el criterio humano, por lo que nadie se ve más o menos bene-ficiado. Es por ello que es importante dejar en claro lo beneficioso de la la-bor de la sociedad de gestión.

Restitución de derechos de autor previo a conciertos

El pasado 11 de febrero, el Ministerio del Interior, a través de la Dirección de Control y Orden Público, emitió un oficio dirigido a todas las Intendencias del país, en el que se dispuso que “pre-vio al otorgamiento de los permisos para la realización de espectáculos públicos, los señores intendentes de-berán solicitar el respectivo certificado de pago de derechos de autor”, a sus organizadores.

Es por esto que se convocó a una rue-da de prensa, realizada el jueves 13 de febrero, en el Ministerio de Cultura y Patrimonio donde estuvieron presente Francisco Velasco, ministro de Cultura y Patrimonio; Jorge Luís Serrano, vice-ministro de Cultura y Patrimonio; Javier Córdova, viceministro del Interior; San-tiago Cevallos, director Nacional de De-recho de Autor y Asuntos Conexos del IEPI; Troi Alvarado, presidente de Socie-dad de Autores y Compositores Ecuato-rianos (SAYCE), y Nuria León, delegada de la Secretaría de Comunicación .

Según Troy Alvarado,de SAYCE, se estáconfirmando el trabajoen conjunto del Estadocon los autores ecuatorianos.

Page 34: Revista PI

34

Francisco Velasco subrayó que esta rueda de prensa se realizó para ratifi-car los derechos de los autores y auto-ras, así como la voluntad del Gobierno Nacional de respetar su trabajo. Por su parte, Troy Alvarado de SAYCE, mencio-nó que “se está confirmando el trabajo en conjunto del Estado con los autores ecuatorianos, quienes crean canciones que expresan identidad”.

En el espacio se recordó que la Cons-titución Nacional, en su artículo 22, menciona que “Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísti-cas, y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les correspondan por las produc-ciones científicas, literarias o artísticas de su autoría”.

Así mismo, la Ley de Propiedad Inte-lectual, en su Art. 20 dispone que “El derecho exclusivo de explotación de la obra comprende especialmente la fa-cultad de realizar, autorizar o prohibir: b) La comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para di-fundir las palabras, los signos, los so-nidos o las imágenes. La explotación de la obra por cualquier forma, y espe-cialmente mediante cualquiera de los actos enumerados en este artículo es ilícita sin la autorización expresa del titular de los derechos de autor, salvo las excepciones previstas en esta Ley”.

Por su parte, Santiago Cevallos del IEPI advirtió que quienes no cumplan con el pago de derechos de autor se-rán sancionados con montos que van desde 500 hasta 100 mil dólares. Sin embargo, el ministro de Cultura y Pa-trimonio y el viceministro del Interior aseguraron que ningún concierto po-drá realizarse sin el pago previo del impuesto, correspondiente a la taqui-lla del evento. En caso de que el es-pectáculo sea gratuito, el organizador deberá pagar un salario básico por los derechos.

Es así como se han reestablecido y con-firmado los derechos de autor y la la-bor de SAYCE, que continua protegien-do, junto a las entidades del gobierno pertinentes, el trabajo de los músicos del país. En palabras de Troi Alvarado, lo que se espera es que existan cada vez más compositores que “dediquen su tiempo a buscar esa frase, esa me-lodía que a veces nos hace falta para expresarnos”. Esteban Zapata

Troi Alvarado, presidente de laSociedad de Autores y Compositores Ecuatorianos (SAYCE)

Page 35: Revista PI

35

Los derechosde propiedad

intelectualsuelen hacer

mejor aalgunos y

mucho peor a otros

”- Paul Samuelson

Page 36: Revista PI

36

E n Quito estuvo el Dr. Julio Raffo, abogado y asesor legal argentino en producciones cinematográficas, quien cuenta además con una vasta expe-riencia académica como profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina y de la Escuela Internacional de Cine y Te-levisión (EICTV), de San Antonio de los Baños, Cuba. Entre sus publicaciones se encuentran los libros: Derecho au-toral: Hacia un nuevo paradigma, Ley de Fomento y Regulación de la Activi-dad Cinematográfica Comentada y El proyecto de realización audiovisual. Actualmente se desempeña también como director del periódico Argentina Latente. Conversamos con él respecto al tema de derecho autoral.

¿Cuál es su opinión respecto al modelo actual de derecho autoral?

El modelo y paradigma actual del de-recho autoral se ha convertido en un obstáculo para el desarrollo de los

pueblos y hay que ver en qué manera se superan estas dificultades. Tenemos bastante esperanza de que, en Ecua-dor, el Código Orgánico de Economía Social del Conocimiento contribuya significativamente en esto. ¿Quién o quiénes se han beneficiado con el actual modelo de derecho autoral?

El sistema actual del derecho autoral ha beneficiado, protege y da instru-mentos de protección, hasta penales en el caso de Argentina, a las grandes corporaciones, a las multinacionales de la música, a las multinacionales de lo audiovisual, que disciplinan a los países emergentes.

¿Qué beneficio real reciben los autores con al modelo de derecho autoral imple-mentado?

Depende de su importancia y trascen-dencia. Hay pocos, poquísimos famo-sos que reciben cantidades importan-

El sistema del derecho autoral ha beneficiadoy da instrumentos de protección, hasta penalesen el caso de Argentina, a las grandes corporaciones.

E

entrevista

Page 37: Revista PI

37

JulioRaffo

El derechoautoral,

¿a quiénbeneficia, a

quien debería beneficiar?

Page 38: Revista PI

38

tes de dinero. La inmensa mayoría no puede vivir de su trabajo autoral y es maltratado por las llamadas organiza-ciones de gestión de derechos que los representan obligatoriamente y aún contra su voluntad, pero que no están al servicio de sus intereses.

¿Cuál debería ser el papel de la obra dentro del sistema de derecho autoral?

El paradigma actual ha tergiversado y falsificado las cosas porque pone a la obra como sujeto de derecho, la obra protegida. Pero el que tiene que estar protegido es el autor, por un lado, y el destinatario de la obra y del cono-cimiento, por el otro. Los pueblos y el autor y no los intermediarios entre los pueblos y el autor. La obra es un nexo, pero la protección es de personas no de cosas.

¿Cuál sería el mejor sistema de compen-sación para los autores?

Hay diferentes sistemas, en primer lugar no nos olvidemos que hay mu-chísimas obras que se remuneran en su nacimiento. Las obras escultóricas, las obras arquitectónicas, los diseños, las obras pictóricas, no necesitan de intermediarios y se remuneran el mo-mento de su creación. El autor decide cuánto cobrar con plena libertad. Una vez que se lo ha vendido la escultura que se pone en la plaza del parque pú-blico puede ser observada libremente sin que nadie tenga derecho a pedir un pago adicional. Hay muchos modelos, no estoy en condiciones de decir cuál es el excelente, pero obviamente el de la intermediación de las sociedades de gestión y del aprovechamiento de las multinacionales de la música, de la cultura o de los laboratorios, no es el mejor sistema.

¿Qué dirección debería tomar el nuevo paradigma del derecho autoral en los países de la región?

Los países emergentes como es el caso de la Argentina, de Ecuador y los países de la región debemos intentar encontrar un modelo que dentro de la normativa internacional, que a todos nos obliga, mejore significativamente nuestra posición y nuestros derechos. Primero, garantizando el acceso a la cultura y al conocimiento por inter-net a todos, sin restricción, en eso el paradigma ya tendría que cambiar, y después encontrar formas creativas de remuneración del autor que no signi-fiquen esta intermediación que estoy señalando. ANEPI

Page 39: Revista PI

39

ENTREVISTA

LeslieJarrín

El softwarelibre desde unaperspectiva de

soberaníanacional

Page 40: Revista PI

40

renovando las estrategias como país en el acceso a la tecnología.En entrevista para ANEPI, Leslie Jarrín nos comenta la relación que tiene el software libre con la soberanía del país.

¿Desde cuándo cobra tanta relevancia el software libre en el Ecuador?

En el año 2008, el presidente Rafael Correa creó un decreto por el cual todas las instituciones públicas que dependen del Gobierno central tienen que utilizar software libre como prio-ridad. La decisión del presidente no se dio por generación espontánea. Antes, ya existían movimientos que hicieron que el mandatario conociera y tuvie-ra noción sobre los temas de software libre. Así, al presidente le pareció una

L eslie Jarrín es directora general de ThoughtWorks Ecuador, una empre-sa que busca “revolucionar el diseño de software” apostando al cambio en la sociedad. Su trabajo ha sido recono-cido a nivel internacional e incluso es-tuvo en la portada de la revista Amé-rica Economía en el mes de enero, en reconocimiento a su prolífera carrera.

Una de las temáticas que Leslie pro-mueve es la utilización de software libre dentro de las entidades guber-namentales, así como en la educación. Para el país esto ha dejado de ser un tema nuevo ya que mediante el decre-to 1014 el Estado aprobó la utilización prioritaria de este tipo de software. Mas, como sabemos bien, el mundo de la informática avanza a pasos agigan-tados, por lo que es importante seguir

LLeslie Jarrín y Jorge Delgado durante el Taller Internacional de Propiedad Intelectual organizado por el IEPI.

Page 41: Revista PI

junio 2014 41

¿Cómo ayuda a la industria ecuatoriana que se empiece a utilizar este tipo de software?

Creo que es un cambio del modelo de negocios. En lugar de repetir mil ve-ces el mismo producto y reinventar la rueda, es pararse sobre hombros de gigantes y empezar a crear sobre crea-ciones anteriores. Eso hace que la in-dustria local tenga mayor incentivo en la innovación, que existan mercados en los que antes ni se pensaba y que existan clientes locales o del extranje-ro que, al acceder al producto, generan una visibilidad mayor. A mayor visibi-lidad, mayor cantidad de contratacio-nes para hacer adaptaciones de esos productos.

¿Qué ejemplos existen en el mundo so-bre software público?

En Inglaterra. Ese país empezó con un prototipo de ventanilla única que prontamente fue apropiado por otras entidades. Al final del día, lo que hizo ese país fue pensar que ese software podía ser útil para muchos otros go-biernos, y lo declaró como software público. Ahora está disponible con una licencia libre. Además, Inglaterra hizo que otras instituciones empezaran a colaborar y a subir sus propios servi-cios dentro de esa plataforma. El por-tal es www.gov.uk. ANEPI

vía para conseguir soberanía tecnoló-gica, considerando el acceso al código fuente que nosotros nunca habíamos tenido con el software privado.

¿Qué tiene que ver el software libre con el software público?

El software libre es básicamente la esencia de lo que es el software públi-co. La idea es que cualquier inversión que realice el Gobierno con respecto a adquisiciones de software tiene que liberarlas con licencias de software li-bre. Es decir que todo el software que sea desarrollado con fondos públicos debe ser de acceso libre de toda la población. Obviamente, lo primero debería ser el acceso a todas las insti-tuciones del mismo Estado.

Se llama software público por el he-cho de que es una inversión realizada con dinero público, pero en realidad es un software libre que funciona para cualquier Estado. Esto se puede con-siderar ya no solamente software gu-bernamental sino intergubernamental. Existen muchos movimientos en los que se está promulgando el hecho de compartir software entre Estados.

¿Por qué es importante que el Estado aprenda a manejar este tipo de soft-ware?

Primero, porque le da soberanía tecno-lógica. En el tema de seguridad, con-viene saber cómo está hecho nuestro software. Al adquirir productos cerra-dos hay riesgos, y se puede terminar siendo víctimas de espionaje o de cualquier tipo de manipulación de la información propia.

Además, con la soberanía tecnológica se incrementan el conocimiento, los productos y las funcionalidades para el Gobierno.

Al adquirir productoscerrados hay riesgos, yse puede terminar siendovíctimas de espionaje o de cualquier tipo de manipulación de la información propia.

Page 42: Revista PI

42

Lasmejores

ideas son propiedad de todos

Page 43: Revista PI

43

Lasmejores

ideas son propiedad de todos

- Séneca.Epístolas, siglo I d.C.

Page 44: Revista PI

44

SENESCYTpresentó una wikisobre Código Orgánicode Economía Social delConocimiento y la Innovación

René Ramírez, secretario nacional de SENESCYT, fue el encargado de hacer la presentación de los lineamientos que tendrá el COESC+i. En una expo-sición bastante extensa, Ramírez desa-rrolló varios de los puntos de la futura normativa, y fue enfático al decir que éste código “deberá venir acompañado de un plan, es decir de políticas públi-cas que lo impulsen”.

El COESC+i contendrá, aparte de un Título Preliminar, un primer libro lla-mado De la Gestión del Conocimiento. El segundo libro estará destinado al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnolo-gía, Innovación y Saberes Ancestrales. Finalmente, el tercer libro estará enfo-cado a la Investigación Responsable, el Emprendimiento Social y Solidario y la Innovación Social.

El primero de los libros tiene un gran nivel de importancia para el país, ya

a Secretaría de Educación Su-perior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) presentó, la mañana del viernes 28 de febrero, el WikiCOESC+i, una herramienta virtual que pretende la construcción colectiva del nuevo Código Orgánico de Economía So-cial del Conocimiento y la Innovación (COESC+i). El evento se llevó a cabo en el Museo Interactivo de Ciencia de la ciudad de Quito.

WikiCOESC+i es una plataforma virtual e interactiva, que utiliza un entorno similar al de la conocida página de internet wikipedia. Esta plataforma es-tará abierta al público para que se pre-senten nuevas propuestas que podrían ser incluidas en el COESC+i, así como observaciones y comentarios al pro-yecto. Para acceder a este espacio de construcción colectiva se debe acceder al siguiente link: coesc.educacionsu-perior.gob.ec

actualidad

L

Page 45: Revista PI

junio 2014 45

dinador de Conocimiento y Talento Humano; María del Pilar Troya, Subse-cretaria General de Educación Supe-rior de la SENESCYT, y Andrés Delgado, miembro del equipo de FLOK Society. ANEPI

que derogará la actual Ley de Propie-dad Intelectual. Como explica Ramírez, ésta es una “ley anacrónica que ha pri-vatizado el conocimiento en el país”. Este libro ya se encuentra publicado en la WikiCOESC+i y será el primero en ser debatido. Lo que se pretende es poder incluir un nuevo sistema de gestión del conocimiento que desarro-lle la actividad creativa y la innovación social, reforzando la matriz productiva que viene impulsando el gobierno.

El objetivo de esta wiki, según sus crea-dores, es adoptar el Plan Nacional para el Buen Vivir, que está fundamentada en una construcción colaborativa y un sistema solidario. Una vez realizados todos los aportes, comentarios y deba-tes, se espera que el COESC+i pase a ser debatido en la Asamblea Nacional.

En el panel también estuvieron pre-sentes Guillaume Long, ministro coor-

René Ramírez, secretario nacional de SENESCYT

Page 46: Revista PI

46

FLOK Society,estrategias para la apertura y socialización del conocimiento

estrategia gubernamental está ínti-mamente relacionada con el proyecto FLOK (Free/Libre Open Kowledge) So-ciety, que significa sociedad de conoci-miento común y abierto. Básicamente, el planteamiento es que mientras el saber se encuentre privatizado, el de-sarrollo del país dependerá de unos pocos, por ello se busca producir un cambio en la matriz cognitiva, que so-cialice el conocimiento.

Este emprendimiento está encamina-do por un equipo de expertos inter-nacionales, cuyo director de investiga-ción es el belga Michel Bauwens. En su presentación, Bauwens mencionó que el Ecuador es un país pionero en abrir la discusión sobre la economía social del conocimiento. Además, ase-guró que se necesita “un plan holístico que acompañe el proceso de cambio […] no se trata solo de implementar e incorporar tecnología, sino de impartir

l n el auditorio del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), la mañana del miércoles 26 de marzo, se presentó el proyecto FLOK Society, diseño de políticas públicas para una sociedad del conocimiento común y abierto. Este proyecto es parte de un convenio interinstitucional entre el Ministerio Coordinador de Conoci-miento y Talento Humano (MCCTH), IAEN y la Secretaría de Educación Su-perior, Ciencia y Tecnología (Senescyt). Con él se busca generar estrategias que le permitan al país cambiar su ma-triz productiva, basada hasta ahora en productos finitos (recursos naturales), para pasar a una economía sostenida en recursos infinitos (conocimiento).Hace casi un mes la Senescyt presentó el WikiCOESC+i, una herramienta vir-tual para elaborar colaborativamente, junto con toda la población, el nuevo Código Orgánico de Economía Social del Conocimiento y la Innovación. Esta

E

conocimiento libre y abierto

Page 47: Revista PI

junio 2014 47

Long hizo referencia a que el país, gra-cias a la Ley de Propiedad Intelectual sancionada en el año 1998, es “signa-tario de un ADPIC plus, plus, plus”, es decir que ha generado leyes proteccio-nistas exageradas en este ámbito, per-judiciales para el desarrollo interno. Y enfatizó el compromiso por “regresar, por lo menos, a las zonas grises de la normativa internacional sobre propie-dad intelectual. Y eso es de valientes”. ANEPI

conocimiento en todas las áreas”. Es ahí donde entra FLOK Society, buscan-do generar espacios de investigación en red que apuntalen las capacidades productivas, humanas y de infraestruc-tura en el país. Daniel Vázquez, español y otro de los líderes del proyecto, hizo énfasis en el “sistema perverso” que ha generado el copyright (derecho de autor) a nivel global. Según Vázquez “el flujo natural del conocimiento está basado en la copia”, por lo que restringir el acceso al “cómo” se genera un producto, un medicamento, un programa, es restrin-gir el acceso al conocimiento. Además aseguró que el cambio que pretende el país con la economía social del cono-cimiento depende de un pacto social, que debería reflejarse en un proyecto político regional. Guillaume Long, ministro coordinador de Conocimiento y Talento Humano, también estuvo presente en el acto.

FLOK Society, diseño depolíticas públicas para una sociedad del conocimiento común y abierto. Con él se busca generar estrategiasque le permitan al paíscambiar su matriz productiva.

Page 48: Revista PI

48

Ecuador,referente del

conocimientocomún y abierto

F LOK Society es un emprendimien-to de varios investigadores nacionales e internacionales y un convenio inte-rinstitucional entre el Ministerio Coor-dinador de Conocimiento y Talento Humano (MCCTH), el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) y la Secre-taría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (SENESCYT). Con él se pre-tende desarrollar diversas propuestas de políticas públicas para una sociedad del conocimiento común y abierto.El español Daniel Vázquez, director de FLOK Society, en entrevista para ANEPI nos comentó de qué se trata el proyec-to, cuáles son sus objetivos y por qué el Ecuador es uno de los países pioneros en desarrollar diferentes alternativas respecto al acceso al conocimiento.

¿Qué es FLOK Society?

FLOK Society es un proyecto que se compone de dos partes. En primer lugar, la construcción de una red de científicos, académicos, activistas re-gionales, nacionales e internacionales y movimientos sociales que se están implicando en este proceso para, en segundo lugar, construir varios docu-mentos de políticas públicas de in-mediata aplicación. De esa manera se busca poder iniciar una transición de una economía basada en un modelo extractivista a una economía basada en el conocimiento común y abierto. El propósito es construir juntos un pacto para la implementación de esos docu-mentos y esas políticas públicas en las instituciones del Ecuador.

F

“Cuando vas a unauniversidad en América

Latina, a algunos nossorprende encontrar

fotocopiadoras dondepuedes copiar un libro.En Europa eso ya no es

posible, eso ya no es legal”.

Page 49: Revista PI

junio 2014 49

Lanzamiento del Proyecto FLOKSociety en IAEN Quito

¿Por qué elegir al Ecuador como el epi-centro de este proyecto mundial?

Quienes observamos estos fenómenos a nivel global desde la red detectamos hace dos tres años una anomalía polí-tica, comunicativa y social en Ecuador. Apareció un discurso que empezaba a otorgar nuevos derechos, no solo a la naturaleza, sino también a las perso-nas. Se comenzó a hablar de un paraíso del conocimiento. Al ver que desde las posiciones oficiales, desde el Estado, incluso desde movimientos de base, se hablaba de impulsar ese modelo económico, creció una sensación en el ciberespacio, en la red mundial, sobre las posibilidades que tiene Ecuador para convertirse en un referente en ese sentido, si realmente se dedica a impulsarlo con fuerza.

¿Cuáles son las diferencias entre Améri-ca Latina y otros continentes?

Esta transformación sobre los princi-pios de la creación compartida o sobre el derecho al acceso a la cultura y al conocimiento solo puede ocurrir en una región como América Latina. Las culturas de esta región tienen algo en común y es que han aprendido copian-do y compartiendo. En América Latina el conocimiento se extendió desde siempre de unas a otras personas, y ese flujo no fue cortado como en Eu-ropa, sino que continuó durante 200 y 300 años más. En la realpolitik si se analiza a Asia, Europa o Norteamérica, no hay un continente donde se pueda lanzar una iniciativa así. Cuando vas a una universidad en América Latina, a algunos nos sor-

Page 50: Revista PI

50

prende encontrar fotocopiadoras don-de puedes copiar un libro. En nuestro territorio eso ya no es posible, eso ya no es legal. Aquí el copiar es algo natural. Desde pequeños los niños le copian discos a su familia, combinan canciones de varios artistas y es un regalo propio. Esa cultura ya no exis-te en muchos otros territorios. Acá se extiende desde Rio Bravo hasta Tierra del Fuego, por toda la región entera. Eso es la base necesaria para impul-sar estas políticas, el que la gente sea consciente de que es una realidad práctica que no debe cambiar.

¿Qué se necesita para generar este cam-bio de pensamiento?

Una propuesta de transformación mundial del modelo de gestión del conocimiento no se puede hacer solo desde un país chiquito, se tiene que hacer desde una región entera que plantee una fuerza política. Esa fuerza puede construirse si trabajamos con UNASUR, con Chile, con Bolivia, con Venezuela, con Argentina. Desde esta región se puede plantear al mundo un nuevo modelo de convenio interna-cional como el de Berna, pero adap-tado a la realidad que hoy vivimos. Cuando Berna se creó, las cartas eran un bien escaso, la comunicación era lenta, la circulación cultural y cientí-fica era prácticamente insignificante. Todo lo que se movía en un año en aquella época, se puede mover hoy en tres segundos. Desde ahí es necesario plantear una nueva forma de gestión de los derechos de autor y desde esta región reunimos todas las condiciones para poder hacerlo. ANEPI

Daniel Vázquez, director de FLOK Society

Page 51: Revista PI

51

Americans have beenselling this view

around the world:

That progresscomes from

perfectprotection of

intellectualproperty

”- Lawrence Lessig

Page 52: Revista PI

52

Casos exitososde defensa contrabiopiratería

procedimiento del proceso de secado de la maca, que es un procedimiento utilizado por nuestro hombre andino desde hace mucho tiempo, entonces no tenía novedad ni nivel inventivo”. El problema, según Arana, en este caso particular, radicó en que no existía nin-gún registro escrito del procedimien-to realizado por los hombres andinos en el Perú, de manera que no existió argumento legal para reclamar la pro-piedad del recurso ni la nulidad de la patente.

Sin embargo, existen casos exitosos de defensa de la propiedad de recursos genéticos. Arana cita los ejemplos de la empresa francesa Cognis, que soli-citó en Francia la patente de Sacha In-chi, que es un producto peruano. Según explica Arana, ese es un caso exitoso en el que la empresa tomó conciencia y desistió de su solicitud de patente. Otros casos en los que se ha tenido éxito son los de Corea y Japón que soli-citaron patentes con la maca, el yacón y otros recursos, también provenientes

S egún datos publicados en la pá-gina web de la Comisión Nacional Con-tra la Biopiratería del Perú, en ese país se han registrado alrededor de trece casos de biopiratería.

La biopiratería consiste en la práctica mediante la cual personas o empresas utilizan ilegalmente los recursos gené-ticos de la biodiversidad de países en desarrollo y/o los conocimientos co-lectivos tradicionales de sus pueblos aborígenes, indígenas o campesinos, con el objetivo de explotarlos comer-cialmente sin la autorización de dichos pueblos o países.

Respecto a las patentes obtenidas con recursos genéticos y/o conocimientos tradicionales de otros países, Carmen Arana, abogada y lingüista peruana, ex-plica que “hay varios países que han solicitado y han obtenido una patente de invención que incluía un recurso genético y/o conocimiento tradicio-nal. Por ejemplo, la compañía Bio bo-tanicals […] solicitó una patente de

propiedad intelectual y soberanía

S

Page 53: Revista PI

53

de la biodiversidad vegetal peruana. En estos casos, el Perú entregó docu-mentos que demostraban que esas pa-tentes no tenían novedad y la oficina de patentes las desestimó.

Carmen Arana explica que para de-fender la propiedad de los recursos genéticos y/o conocimientos tradicio-nales, los países dueños de tales re-cursos tienen dos opciones: “Tenemos que plantear la acción de oposición o la acción de nulidad que nosotros la tenemos a nivel nacional y también andino, pero el grado de efectividad se tendrá que ver en virtud de los cos-tos y también de los documentos que se presenten para que se pruebe que no tiene nivel inventivo y que no tiene novedad”.

Perú es el país pionero en defensa con-tra biopiratería en Sur América, se es-pera que más países de la región adop-ten medidas que permitan proteger la propiedad de la mega-biodiversidad que poseen. ANEPI

Carmen Arana, Especialista en biopiratería

Carmen Aranaexplica que para

defender la propiedadde los recursos genéticos y/oconocimientos tradicionales,

los países dueños de talesrecursos tienen dos opciones

Page 54: Revista PI

54

artículos espec ializados

Page 55: Revista PI

55

artículos espec ializados

Page 56: Revista PI

56

La historia del acuerdoADPIC y los cuidados

que los países deben tener

Este acuerdo establece las disposi-ciones que los países miembros de la Organización Mundial del Comercio deben seguir en materia de propiedad intelectual. Estas disposiciones son un conjunto de normas mínimas para mu-chas formas de regulación de la propie-dad intelectual.

Los hitos más importantes en la historia de los ADPIC relacionados con la pro-piedad intelectual son analizados por Carlos Correa, máximo referente a nivel latinoamericano en esta materia. Carlos Correa es argentino, consejero especial en comercio y propiedad intelectual del Centro del Sur, en Ginebra.«Hasta hace pocos años los países te-nían gran libertad para establecer los parámetros en propiedad intelectual. Podían definir, por ejemplo, si otorga-ban patentes o no en algunos sectores, podían definir los plazos de duración de las patentes, qué derechos se otor-gaban. Esto sufre una limitación muy importante cuando se aprueba, en el marco de la Organización Mundial del Comercio, un Acuerdo Internacional so-bre Propiedad Intelectual –ADPIC– que establece una serie de estándares mí-nimos para protección de la propiedad intelectual. Por ejemplo, se establece que las patentes no pueden durar me-nos de 20 años, aunque en realidad no existe ninguna justificación lógica

A ntes de que existiera la Orga-nización Mundial del Comercio –OMC– existía el GATT. El GATT era la reunión periódica de un grupo de países que se realizaba para negociar aranceles en función del principio de reciprocidad.

A estas reuniones periódicas se las conocía con el nombre de Rondas. En 1947 se produjo la primera de ellas, llamada Ronda de Ginebra, que fue la que puso en vigencia el GATT. Desde entonces, se sucedieron una serie de Rondas más, hasta que, en 1986 inició la Ronda Uruguay. Esta Ronda se de-dicó a sustituir y ampliar los acuerdos que hasta entonces estaban en vigor sobre diversos temas de comercio in-ternacional. La Ronda Uruguay se pro-longó hasta 1993 y culminó en una reunión que se produjo en Marruecos. Uno de los acuerdos más importantes de esa reunión de Marruecos fue el establecimiento de la Organización Mundial del Comercio.

La OMC y los ADPIC

La creación de la OMC trajo consigo acuerdos relacionados con el comercios de mercancías, de servicios y uno deno-minado acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, conocido desde entonces por su siglas: ADPIC.

A

Page 57: Revista PI

junio 2014 57

o económica para esta duración. Esta-blece qué derechos deben concederse a los títulos de patentes y de marcas. Crea una nueva forma de protección de los llamados datos de prueba para los productos farmacéuticos. Es decir, establece un conjunto de normas cla-ramente inspiradas y promovidas por los países desarrollados, estándares de propiedad intelectual equivalentes a los existentes en esos países, lo que no necesariamente es lo adecuado para los países en desarrollo».

Las flexibilidades del ADPIC

El acuerdo ADPIC fue la culminación de un intenso cabildeo de los Estados Unidos, apoyado por la Unión Europea, Japón y otros países desarrollados. Sin embargo, Carlos Correa explica que en ese marco restrictivo favorable para los países desarrollados, también existen flexibilidades que pueden ser aprove-chadas por países como Ecuador. «Den-tro de este marco restrictivo hay cierto margen de maniobra, por ejemplo para conceder licencias obligatorias, como lo ha hecho Ecuador».Las licencias obligatorias son el permi-so que da un gobierno para producir un producto patentado o utilizar un pro-cedimiento patentado sin el consenti-

miento del titular de la patente. «Esta herramienta hay que usarla cuando los precios de los medicamentos son ele-vados –dice Correa–, para establecer excepciones a los derechos exclusivos, que nuestros países deben utilizar de manera plena, porque es una manera de mitigar el efecto que pueden tener los monopolios que otorgan las paten-tes u otros títulos de propiedad inte-lectual».

Países como Ecuador deben usar las li-cencias obligatorias cuando los precios de los medicamentos son elevados

Hay que poner mucha atención a las ne-gociaciones

Con el acuerdo ADPIC no se juega, se diría al parafrasear el dicho popular. Es que, si un país negocia con otro y lo hace en malas condiciones, esas malas condi-ciones las aprovechan unos terceros.

El acuerdo ADPICcontiene “un conjuntode normas claramenteinspiradas y promovidaspor los países desarrollados”

Carlos Correa, experto en propiedad intelectual

Page 58: Revista PI

58

«Un aspecto que también introdujo el ADPIC –dice Correa– es la obliga-ción de dar el mismo trato a todas las naciones, así como a nacionales y ex-tranjeros. Esto naturalmente no fue así históricamente: países como Esta-dos Unidos discriminaron en favor de sus nacionales cuando necesitaban crear una base industrial y tecnológi-ca. También el ADPIC crea la cláusula de la nación más favorecida, que su-pone que si uno negocia, por ejemplo un Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea, automática e incon-dicionalmente todas las ventajas que logre la Unión Europea en materia de propiedad intelectual, en el caso de que esto suceda, deben trasladarse a los otros países miembros de la OMC. Lo que significa que si, por ejemplo, Ecuador negocia condiciones más restrictivas en materia de propiedad intelectual que favorezcan a las em-presas europeas, también se van a beneficiar de estas ventajas las em-presas estadounidenses, japonesas y de otros países, sin haber negociado con Ecuador y sin haber dado nada como forma de pago o de precio por esas concesiones. Por esto, hay que ser muy cuidadosos cuando se encaran negociaciones de este tipo, porque uno puede dar gratuitamente, incondicionalmente, beneficios a paí-ses que no han realizado un acuer-do comercial del que puedan surgir compensaciones al país que otorga tales ventajas».

Todos los países tienen que atenerse al acuerdo ADPIC

Como lo muestra la historia, los ADPIC son normas establecidas mundialmen-te que en gran medida favorecen a los

países desarrollados. Carlos Correa es claro en esto, los países en desarrollo no tienen otra alternativa que asumir los ADPIC dentro de sus legislaciones nacionales:«La legislación de los países tiene que estar en función de ser consistentes con los ADPIC de la OMC. Si esto no sucede se corre el riesgo de sufrir represalias comerciales. Los países pueden que-jarse ante la OMC, requerir que se apli-quen acciones comerciales que el pro-pio país quejoso las podrá aplicar. De manera tal que hay una obligación que los países se obligan a cumplir con los estándares mínimos. Lo que no deben ignorar es que existen esas flexibilida-des, márgenes de maniobra, espacios de política que los países (en desarro-llo) deben utilizar para preservar cierto margen para difusión tecnológica, para la creación de dominio público sólido y para la satisfacción de derechos funda-mentales como a salud, alimentación y cultura».

El acuerdo ADPIC y los derechos de autor

Carlos Correa explica que el ADPIC «protege los derechos de autor sobre la base de la Convención de Berna, pero expande la protección que prevé esta Convención». Por ejemplo, obliga a pro-teger los programas de computación o softwares, establece la duración míni-ma en algunos casos cuando se trata de obras cuyos titulares son personas jurídicas, establece ciertas limitaciones para proveer excepciones a los dere-chos autorales. «Quiere decir que, como ha sido toda la tónica de los ADPIC, establece estándares bastante eleva-dos que los países deben respetar. Sin embargo, también hay flexibilidades que los países pueden utilizar para sa-

Page 59: Revista PI

junio 2014 59

tisfacer los derechos fundamentales de la gente: como el derecho a la cultura o el acceso a la educación».

Denominaciones geográficas y patentes

En estos últimos años, Ecuador ha re-currido al instrumento de las deno-minaciones geográficas para proteger su cacao de alta calidad y los som-breros de Montecristi. Una indicación geográfica es un signo utilizado para productos que tienen un origen geo-gráfico concreto y cuyas cualidades, reputación y características se deben esencialmente a su lugar de origen. Según Correa, si bien los países en de-sarrollo pueden favorecerse con este instrumento, el nacimiento de las indi-caciones geográficas tuvo otro fin:

«Indicaciones geográficas fue un gran logro de las comunidades europeas. No había un marco internacional de amplia aplicación antes del ADPIC. Claramente es un capítulo que corres-ponde a los intereses específicos de ciertas regiones y localidades euro-peas. No responde a los intereses de los países en desarrollo, de los países más jóvenes, en donde no ha habi-do una tradición respecto de ciertos nombres, por ejemplo para productos agrícolas o quesos o vinos. De mane-ra tal que es un capítulo que refleja fundamentalmente los intereses eu-ropeos y no del resto de los países. Hay limitadas oportunidades para que ciertas comunidades o localidades de países como Ecuador puedan utilizar esta forma de protección, que hay que explorarlas. Pero, claramente, hay una muy fuerte asimetría entre los bene-ficios que puedan obtenerse de ese tipo de protección en países como los

nuestros y los que obtienen los pro-ductores europeos».

Carlos Correa explica que con las pa-tentes sucede lo mismo. «Hay una muy fuerte asimetría entre los beneficios que pueden obtener los países desa-rrollados y sus empresas, frente a los que pueden obtener nuestros países y nuestras empresas, porque hay una mayor generación tecnológica en los primeros. En ellos hay una mayor in-versión, sobre todo del sector produc-tivo. Entonces, el desbalance es muy fuerte. De manera que aplicar las mis-mas reglas que se han establecido en el ADPIC para países de tan desigual nivel de desarrollo tecnológico lleva innecesariamente inequidad».

El acuerdo ADPIC es parte de este mundo globalizado, en el cual normas internacionales generalmente inter-puestas por países poderosos tienen que ser asumidas por países pequeños, aún a costa de sus intereses. Lo único que pueden hacer estos últimos para su beneficio es aprovechar ciertas fle-xibilidades que constan en la norma internacional. ANEPI

Page 60: Revista PI

60

Universidady patentes

E l desarrollo industrial basado en la innovación tecnológica constituyó una política de Estado para los paí-ses desarrollados que no fue puesta en duda, a lo largo de la historia, por ningunas de las distintas expresio-nes y regímenes políticos imperantes: ciudades y gremios medievales, reyes, tiranos, déspotas y demócratas han te-nido al menos un punto de contacto y continuidad. La razón de este consenso reposó fundamentalmente en la idea de que el cambio tecnológico era im-prescindible para el desarrollo indus-trial y que, a su vez, el predominio del conocimiento era sustento de su supe-rioridad económica. A partir de la Revolución Industrial los procesos de innovación fueron valo-rados como indispensables para de-sarrollar una industria más eficiente y competitiva. Por otra parte, los países desarrollados que hasta el fin de la segunda guerra mundial fueron más o menos enemigos entre sí, pero rivales comerciales siempre, pensaron que si la superioridad de un país se basaba en el conocimiento, entonces el fomento de la innovación debía tener carácter “nacional”. La intencionalidad de las políticas de gobierno, no estuvieron di-rigidas a fomentar una ciencia o una tecnología para la “humanidad” –aun-

E que indirectamente esta pueda acceder a parte de sus beneficios o que indivi-dualmente los científicos compartan este espíritu ecuménico– sino a pro-pender a un cambio tecnológico cons-tante que asegure la competitividad del país en el escenario internacional.

En contraste, en los países subdesarro-llados la decisión de establecer un mo-delo de crecimiento industrial basado en la investigación y desarrollo es una discusión que históricamente no se ha saldado. Al día de hoy existen impor-tantes sectores en la Argentina que señalan que el país debe importar la tecnología necesaria y que no sería “efi-ciente” si invirtiera en investigación y desarrollo. Otros grupos si bien valoran en forma positiva la inversión en I+D, consideran que el Estado sólo podrá realizar una inversión en el área cuan-do se solucionen los más importantes problemas económicos y sociales y se equilibren las cuentas fiscales. Estas posturas, no consideran que una polí-tica agresiva en I+D pueda desarrollar una sólida industria y de esta manera aportar soluciones a los problemas económicos del país.

Desde el punto de vista empresarial la visión no es más optimista. En América

Page 61: Revista PI

junio 2014 61

La intencionalidad de las políticas degobierno, no estuvieron dirigidas a fomentar

una ciencia o una tecnología para la “humanidad”

Latina un modelo de industrialización basado en la importación de tecno-logía, no facilitó la formación de una mentalidad empresarial dotada de creatividad técnica nacional, ni propi-ció el surgimiento de una capacidad de producción científica orientada a la innovación nacional.

Estas posturas encontradas al menos ponen en tensión la relación de la universidad con el Estado y el sector industrial. Es decir, mientras que en los países desarrollados las universidades fuertemente financiadas son el apaci-ble y benéfico canal mediante el cual los Estados cumplen su política de in-dustrialización, conjuntamente con el sector empresario, en la Argentina ante la general indiferencia del sector pú-blico y privado y las crisis económicas recurrentes, las universidades deben en soledad desarrollar sus políticas de investigación con presupuestos pau-pérrimos. Por lo tanto, la investigación

universitaria se da en un contexto entre hostil y poco favorable a la innovación y el cambio tecnológico como política económica. Ante esta situación no pocos sectores vislumbran a la protección de los resul-tados de las investigaciones por paten-tes como un medio eficaz para obtener los ingresos con que la universidad hoy no cuenta. Toda universidad debe tener una estra-tegia para la protección de los resulta-dos de sus invenciones. Pero las tensio-nes por las que atraviesa la universidad y esta visión “recaudadora” de las paten-tes universitarias, pueden llevar a hacer perder el horizonte marcado por las mi-siones y principios universitarios, cons-pirando incluso con las posibilidades de investigación de la misma universidad. En modo alguno se intenta desalentar la protección de los resultados de las investigaciones de la universidad me-diante patentes, sino recalcar su función de “medio” y no de “fin”. ANEPI

Guillermo Vidaurreta, docente en la Universidad Nacional de Buenos Aires y en FLACSO – Argentina

Page 62: Revista PI

62

Cortar y pegar sin citar es vio lar el

Derecho de Autor

Page 63: Revista PI

junio 2014 63

Cortar y pegar sin citar es vio lar el

Derecho de Autor- sentido común

Page 64: Revista PI

64

Veinte años delTratado de Libre Comercio

de América del Norte

internacional

l Tratado de Libre Comercio de América del Norte, más conocido como NAFTA por sus siglas en inglés, aparece en un contexto muy específico de México. Ese contexto fue el boom petrolero, donde el propio presidente José López Portillo (1976 a 1982) de-cía que estábamos listos para “gober-nar en la riqueza”. Lamentablemente, el mal manejo político y económico nos hizo caer en una compleja crisis.

De repente entramos a un periodo de devaluación muy grave de nuestra moneda y una crisis económica muy fuerte, a la que años más tarde deno-minarían el “Efecto Tequila”, por sus repercusiones a nivel mundial. Y que además tuvo como anécdota el terre-moto de 1985 en la ciudad de México, que fue la representación de que ese boom petrolero y esa riqueza que íba-mos a gobernar, se habían derrumba-do completamente.

E

lo que tambiénquiero señalar sobre

estos veinte añosdel NAFTA, tiene que

ver con la industria cultural mexicana .

Page 65: Revista PI

junio 2014 65

Después de ese periodo crítico de diez años llegó Carlos Salinas de Gor-tari (1988 a 1994), quien anunció que “venía la recuperación económica”. Esa recuperación y esa riqueza, según Salinas de Gortari, iban de la mano de entablar relaciones comerciales con Estados Unidos y Canadá. A es-tos países les interesaba generar un mercado norteamericano sólido, con base en la unidad. Entonces se firmó, a finales de 1993, el NAFTA.

Los mexicanos tuvimos la inquietud de saber qué ganaríamos entablan-do este acuerdo comercial con dos potencias económicas, siendo noso-tros un país en vías de desarrollo. Era evidente que existía un desequilibrio que parecía que nuestros gobernan-tes no querían ver.

Era verdad que entre el 70 y el 80 por ciento de las exportaciones de Méxi-co, al igual que las de Canadá, iban hacia Estados Unidos. Era evidente que abrir los cánones arancelarios, impuestos y normas establecidas para que la importación de mercancías y de servicios pudiera fluir sin ningún pro-blema, iba a repercutir en la economía mexicana. Sin embargo, también era evidente que, a pesar de que nosotros exportábamos una gran cantidad de

“Descubrimos que laindustria mexicanadesaparecía y que seríalas industrias culturalesamericana y canadiense las que invadirían nuestro país”.

Gerardo Ojeda, secretario técnico de la Asociación Española de Cine e Imagen Científicos (ASECIC).

Page 66: Revista PI

66

productos al norte, eran más los pro-ductos que iban a llegar desde esos países. Y no fueron productos de pri-mera gama, como se ha demostrado en estos 20 años. La mayoría de esos productos siguen siendo sus exceden-tes de comercio o productos chatarra. En ese mismo sentido, como se sabe, los mexicanos no solamente expor-tamos mercancías, también exporta-mos mano de obra. Lo sorprendente es que nosotros creímos que aquellos compatriotas que viajaron a Estados Unidos para trabajar en la industria y en el campo iban a conseguir su regu-larización y bienestar, siendo conside-rados como parte de ese mercado. Lo que sucedió fue todo lo contrario. Fue-ron las industrias norteamericanas las que se trasladaron al norte de nues-tro país y montaron nuevas empresas, utilizando la mano de obra mexicana. Estas fueron las famosas maquila-doras, que empezaron a sacar nueva

producción, bajo nuevos esquemas. Y aquella gente que pensaba que se iba a beneficiar con el acuerdo comercial, descubrió que se encontraba realizan-do el mismo trabajo para una empresa extranjera, cobrando salarios mínimos, sin garantías sociales y sabiendo que esa mercancía era trasladada a otros mercados fuera de México.

Por último, lo que también quiero señalar sobre estos veinte años del NAFTA, tiene que ver con la industria cultural mexicana. Nuestro país es un gran generador de contenidos cultu-rales y artísticos. Pensamos que ese mercado se iba a ver impulsado y be-neficiado, ya que México tenía mucho para decir. Rápidamente descubrimos que la industria mexicana desaparecía y que sería la industria cultural ameri-cana y en cierta medida la canadiense las que invadirían nuestro país. Gerardo Ojeda

Page 67: Revista PI

No agredas a tu industria

Page 68: Revista PI