Revista Izquierda n° 47, Agosto de 2014

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Izquierda en debate Dilemas políticos del campo popular · “Revolución pasiva” o inflexión política hacia la democratización real Conflicto y solución política La “Tercera vía” ante la paz y el posconflicto · La discusión sobre las víctimas del conflicto armado y las agendas del movimiento social y popular en Colombia · Reforma tributaria y paz en Colombia Batalla de ideas La “Tercera vía” en Colombia Nuestra América Argentina en manos de los Fondos buitre · Brasil: que la copa no tape el bosque Capitalismo en crisis El nuevo banco de los BRICS: ¿Una alternativa frente el dominio del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial? Editorial Es la hora del cese bilateral de fuegos Nº 47 AGOSTO / 2014 BOGOTÁ, COLOMBIA ISSN- 2215-8332

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Revista colombiana de crítica política, económina y social

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Izquierda en debate Dilemas políticos del campo popular · “Revolución pasiva” o inflexión política hacia la democratización real Conflicto y solución política La “Tercera vía” ante la paz y el posconflicto · La discusión sobre las víctimas del conflicto armado y las agendas del movimiento social y popular en Colombia · Reforma tributaria y paz en Colombia Batalla de ideas La “Tercera vía” en ColombiaNuestra América Argentina en manos  de los  Fondos buitre · Brasil: que la copa no tape el bosque Capitalismo en crisis El nuevo banco de los BRICS: ¿Una alternativa frente el dominio del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial? Editorial Es la hora del cese bilateral de fuegos

Nº 47 agosto / 2014 Bogotá, ColomBia issN- 2215-8332

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Jairo Estrada Álvarez DirectorJesús Gualdrón Sandoval Jefe de redacción

Álvaro Vásquez del Real, Daniel Libreros Caicedo, César Giraldo Giraldo, Frank Molano Camargo, Jorge Gantiva Silva, María Teresa Cifuentes Traslaviña, Nelson Fajardo Marulanda, Patricia Ariza, Ricardo Sánchez Ángel, Sergio De Zubiría Samper, Víctor Manuel Moncayo Cruz Consejo editorial

Beatriz Stolowicz (México), Julio Gambina (Argentina), Ricardo Antunes (Brasil), Antonio Elías (Uruguay) Consejo asesor internacional

Las opiniones emitidas por los autores no comprometen al Consejo Editorial de la Revista.

Tatianna Castillo Reyes Diseño y diagramación

Espacio Crítico EdicionesPublicación auspiciada por Espacio Crítico Centro de Estudioswww.espaciocritico.com

ISSN-2215-8332Nº 47, Agosto de 2014. Bogotá, Colombia

Todo el contenido de esta publicación puede

reproducirse libremente, conservando sus créditos.

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4 Dilemas políticos del campo popularSergio De Zubiría

12“Revolución pasiva” o inflexión política hacia la democratización realJairo Estrada Álvarez

Conflicto y solución política

20La “Tercera vía” ante la paz y el posconflictoJorge Gantiva Silva

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La discusión sobre las víctimas del conflicto armado y las agendas del movimiento social y popular en ColombiaCarolina Jiménez M.

32 Reforma tributaria y paz en ColombiaDaniel Munévar Sastre

Batalla de ideas

38

La “Tercera vía” en ColombiaO las herejías del neoliberalismo heterodoxoJosé Francisco Puello-Socarrás

Nuestra América

46Argentina en manos  de los  Fondos buitreDaniel Libreros Caicedo

52 Brasil: que la copa no tape el bosqueJuan Bautista Lucca

Capitalismo en crisis

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El nuevo banco de los BRICS: ¿Una alternativa frente el dominio del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial?Aaron Tauss

Editorial

64 Es la hora del cese bilateral de fuegosFernando Álvarez

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Dilemas políticos del campo popular

Sergio De Zubiría Samper

Profesor Asociado Departamento de FilosofíaUniversidad de los Andes

El año 2013, en Colombia, según investigaciones realizadas por el CINEP, se dio un periodo de ascenso de la movilización y

la lucha social. En términos cuantitativos se registraron 1 027 protestas, el mayor número de luchas desde 1975. Ello muestra una sociedad en movimiento con alta participación popular, al tiempo que los actores concretos son visibles. Cabe destacar en este ascenso los masivos paros agrarios, de mineros artesanales, camioneros y estibadores de puertos, las huelgas en empresas multinacionales mineras y petroleras, dos paros de madres comunitarias, luchas estudiantiles, huelgas en hospitales, y paros cívicos motivados por carencias en servicios públicos o contra el modelo extractivista. En términos cualitativos es necesario destacar los tres motivos centrales de las luchas en esta etapa: disputas contra el modelo económico aperturista y extractivista, rechazo al manejo estatal de la conflictividad social y relevancia de las dimensiones culturales y políticas en la lucha social. No se trata de simples reivindicaciones inme-diatas, sino de luchas cargadas de un horizonte estratégico de carácter político y cultural1.

El año en curso ha estado caracterizado por un fuerte protagonismo del debate electoral, con elecciones para órganos legislativos, mares de escándalos y dos vueltas presidenciales. En el primer semestre de 2014,

1 Informe Especial CINEP/ Programa por la Paz. Luchas sociales en Colombia 2013. Abril de 2014. En: http://cinep.org.co/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=314&Itemid=117&lang=n

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se realizaron movilizaciones agrarias e indígenas y al-gunas huelgas por la salud pública, se inician los paros judiciales, que expresan el incumplimiento guberna-mental de los acuerdos logrados. Las discusiones sobre la actitud frente a la segunda vuelta por parte de la izquierda y el campo popular han producido bastante grietas e incertidumbres sobre el destino próximo en el campo popular. Es conveniente una serena reflexión para enfrentar los dilemas de la situación política actual, estado de ánimo bastante improbable ante las tareas del presente.

Paralelo al desarrollo de las negociaciones con las FARC, la posible apertura de diálogos con el ELN y el EPL, el inicio de un gobierno reelegido, el anuncio de reformas constitucionales y las demandas aplazadas del movimiento popular, la izquierda debe estar a la altura en la comprensión y orientación política de la coyuntura actual. Existen señales de una nueva fase de movilización social en Colombia, que responde a dos motivos principales. El primero, la consolidación de nuevas expresiones sociopolíticas, como Marcha Pa-triótica, el Congreso de los Pueblos y otras expresiones del campo popular a nivel regional que han logrado pliegos unificados. El segundo, el aplazamiento endé-mico de exigencias del campo popular como la paz, la salud, los servicios públicos, la educación pública y gratuita, el desempleo, la precarización de las condicio-nes laborales y la necesidad de soberanía alimentaria y ecológica. No existe tregua en la conflictividad social.

Este escrito intenta llamar la atención sobre tres dilemas fundamentales del campo popular –no son los únicos– en la etapa actual: la concepción de poder, la pertinencia de un proceso constituyente y la natura-leza del Frente Amplio. Reducir nuestros interrogantes al tipo de oposición al gobierno, las elecciones regio-nales de 2015, el apoyo a una “paz indiferenciada” o declaraciones bien intencionadas sobre la necesidad de la unidad, constituye, desde nuestra perspectiva, un error en la comprensión del momento político.

http://www.eluniverso.com/noticias/2014/07/13/nota/3222341/piden-paz-estan-armados-guerra

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Dilemas sobre el poderLas tendencias a la crisis del bloque he-

gemónico en el poder se manifiestan aún de forma fragmentaria en algunos campos de la vida social, pero todavía no desembocan ni en una situación revolucionaria ni en un desplazamiento de las clases hegemónicas del gobierno. Algunos de esos síntomas de la tendencia a la crisis en la última década son múltiples: crisis de legitimidad de institucio-nes como el poder legislativo, ejecutivo, ju-dicial y electoral; deslegitimación progresiva de los órganos de control y pugnas internas entre esos órganos; problemas de unifica-ción y consenso de las clases dominantes frente al gobierno; agotamiento del modelo de democracia “participativa”; crisis de re-presentatividad e ideológica de los partidos políticos; diferencias en el bloque dominante sobre la solución del conflicto colombiano; imposición de un modelo extractivista y reprimarizador con consecuencias devasta-doras para el desarrollo social y ecológico; incremento de la desigualdad y fracaso de la justicia social; pérdida de la soberanía en campos estratégicos; tensiones irresueltas en las formas de descentralización; avance de un cultura narcoparamilitar y mafiosa; crisis en el modelo de educación en todos los niveles, entre otras.

La posibilidad de un cambio en el blo-que en el poder exige la convergencia de cuatro fenómenos: la imposibilidad de la clase dominante para continuar su domi-nación y hegemonía, el incremento de la movilización y la lucha social, la activación de un proceso constituyente “desde abajo” y la instauración de un gobierno de carácter popular y democrático. La crisis en madu-ración del bloque dominante puede tener

una solución profunda al presentarse estas condiciones objetivas y subjetivas. No puede ser un simple maquillaje del modelo hege-mónico o una “crisis en las alturas”, sino la creación de condiciones para la gestación de un modelo alternativo poscapitalista. Tam-poco se trata de hacer pequeñas reformas al régimen imperante, que “mejoren” o relegi-timen el capitalismo neoliberal, por vía par-lamentaria o de democracia representativa. No caben perspectivas “neodesarrollistas” ni “reformismo distributivo”, que terminan cediendo frente al “capitalismo social”.

La transformación en las relaciones de poder exige no confundir el poder con la “toma del gobierno”, la “conquista de la sociedad civil”, el “control” de un territorio o “cambiar el mundo sin tomar el poder”2. La toma del poder por parte de las clases

2 John Holloway, Cambiar el mundo sin tomar el poder. El significado de la revolución hoy, Editado por la Universidad de Puebla, México, y Revista Herramienta, Argentina. Julio de 2002.

http://rt.com/news/177528-israel-soldier-gaza-shelling/

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dominadas remite a lo que Marx y Engels llamaron la constitución de una nueva relación de fuerzas en las que las clases do-minadas se convierten en clases dominantes. En América Latina, como lo ha subrayado Atilio Borón, esto significa, por lo menos tres movimientos. En primer lugar, requiere de la movilización y organización democrática de un vasto campo popular que derroque a las clases explotadoras y las desaloje de las posiciones de poder que ocupan en todos los campos. En segundo lugar, este proceso de construcción de una nueva correlación de fuerzas pasa por el ámbito central del Es-tado. El tercero, la prolongada y conflictiva instauración de un nuevo orden económico, social e ideológico, que desarticule los funda-mentos de la sociedad capitalista.

La movilización social y el proceso constituyente representan el primer y tercer movimiento en la transformación de las re-laciones poder; la pérdida de hegemonía del bloque dominante y la consolidación de un

gobierno popular y democrático, simbolizan el segundo movimiento. Conquistar el go-bierno es un componente de la transforma-ción de las relaciones de poder, pero limitarse a “ser gobierno” o política “institucional”, no transforma estructuralmente las relaciones de poder hacia una sociedad poscapitalista.

El gobierno democrático y popular no puede ser cualquier gobierno, tampoco una simple alternancia electoral para relegitimar la democracia burguesa. El gobierno demo-crático y popular puede concebirse como una “alianza estratégica parcial”3 en la que algunas clases, movimientos y partidos se proponen un objetivo estratégico parcial común. No se trata de una alianza táctica o un frente electoral. Estos objetivos parciales

3 Alianzas y frente político (1973). Cuaderno N.º 12 de la segunda serie de Cuadernos de Educa-ción Popular: ¿Cómo luchar por el socialismo?, realizado por Marta Harnecker con la colabo-ración de Gabriela Uribe, durante el gobierno de la Unidad Popular en Chile. En: http://www.rebelion.org/docs/88351.pdf

http://www.palestinalibre.org/articulo.php?a=43039

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comunes pueden ser en la etapa actual: a. Un Programa mínimo con claro contenido antineoliberal; b. el compromiso irrestricto con una solución del conflicto colombiano y una paz con justicia social que desmonte las causas estructurales de ese conflicto; c. el apoyo a un proceso constituyente “desde abajo” que camine en vías de transformar las relaciones de poder existente; d. el rechazo a toda forma de colonialismo, imperialismo y militarización de la vida social; e. exigir el cumplimiento de todos los acuerdos entre los movimientos sociales y el gobierno.

La distinción propuesta por Gramsci entre “guerra de posiciones” y “guerra de movimientos”, explica los lazos indisolubles entre reforma y revolución en relación con el poder. La primera apunta al logro de conquistas populares dentro de los límites institucionales, mientras la segunda prepara la construcción de otro poder, la hegemonía de la alianza obrero-campesina, el cambio en la correlación de grados de fuerzas. Para el revolucionario italiano, sostener sólo la guerra de posiciones lleva a la aceptación conformista del orden burgués, mientras postular exclusivamente la guerra de movi-mientos puede condenar a la marginalidad de los socialistas.

Dilemas frente al proceso constituyente

A partir de la primera década del siglo XXI, las rebeliones y revoluciones en Amé-rica Latina y el Caribe han adquirido la forma política concreta de procesos consti-tuyentes. Las experiencias de Bolivia, Ecua-dor y Venezuela muestran la relevancia que adquiere el poder popular en movimiento para transformar la sociedad. La apertura

La finalidad del Frente Amplio es la consolidación de un gobierno democrático y popular que entronizado en un proceso constituyente pueda sembrar las bases de una paz justa, estable y duradera. Su naturaleza no puede identificarse con un simple frente electoral, porque son la lucha social directa y una política extrainstitucional las que desencadenan su potencia creadora. Se trata de un frente político y social como una alianza estratégica parcial, porque intenta la constitución de una nueva relación de fuerzas en las que las clases dominadas se van convirtiendo en clases dominantes para una nueva Colombia.

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de procesos constituyentes en Chile, Brasil, El Salva-dor, Nicaragua y Argentina, es una posibilidad real y una garantía de consolidación del poder popular. ¿Por qué no también en Colombia?

En el campo popular y la izquierda en Colombia existen objeciones y críticas a los procesos constitu-yentes por los siguientes motivos principales: a. La correlación de fuerzas actual no favorece un proceso constituyente por el motivo de una profunda “dere-chización” del país; b. es una propuesta irrealizable en las condiciones actuales; c. se trata de un “culto” al “movimientismo” y la autogestión de las masas; d. se culmina legitimando el “constitucionalismo burgués”. Objeciones que tienen que ser analizadas y discutidas. Las dos últimas son conceptuales y las dos primeras de diagnóstico de la situación concreta. Con relación a la autodeterminación de las masas, la tradición del pensamiento crítico otorga a la moviliza-ción y lucha social directa un papel determinante en todo proceso revolucionario; es en la lucha concreta que se eleva la conciencia de clase de los explotados. Frente al “constitucionalismo burgués”, no se puede confundir el poder y proceso constituyente “desde abajo” con el “legalismo burgués”, como tampoco el “poder constituyente” con el “poder constituido”. Por tanto, el mayor adversario del desencadenamiento de un proceso constituyente es el constitucionalismo establecido, que quiere limitar lo constitucional a la “representación” y al ámbito exclusivamente institu-cional-estatal.

El diagnóstico sobre la tendencia inevitable a la “derechización” del país y la irrealidad de un proceso constituyente, exige investigaciones más detalladas y matices en algunas tesis. En primer lugar, ninguna tendencia social es inevitable y mecánica, sino com-pleja, multideterminada y variable. La sociedad es un campo de fuerzas que se reagrupan y transforman. La supuesta propia “derechización” también crea su opuesto. En segundo lugar, pueden existir tenden-cias contrahegemónicas emergentes que niegan la

http://poderiomilitarglobal.blogspot.com/2014/07/nobel-de-la-paz-por-las-muertes-en-gaza.html

http://www.palestinalibre.org/articulo.php?a=43039

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generalidad de un fenómeno. Hace un semestre escasos sectores sociales consideraban pertinente hablar de reformas constitucionales, mientras actualmente en ciertos campos (poderes legislativo y judicial, salud, educación, laboral, cultural, regalías, investigación, etc.) existen amplios consensos sobre la inevitabilidad de reformas constitucionales. En tercer lugar, la correlación de fuerzas nunca es simplemente nacional, sino que influyen de forma determinante los factores internacionales. En cuarto lugar, resulta altamente problemático decidir con qué criterios se mide la “derechización” y convertir los resultados electorales en único criterio. En quinto lugar, se hace necesario realizar análisis que diferencien las situaciones local, regional y nacional, así como las diferencias entre las distintas clases sociales.

También existen en nuestro país, en el seno de la izquierda, posi-ciones vergonzantes frente al proceso constituyente, que se manifiestan en actitudes como: a. La defensa formal y declarativa del proceso cons-tituyente, pero la ausencia de compromiso en su realización práctica; b. posiciones que quieren instrumentalizar la consigna del “proceso constituyente” para conseguir réditos electoreros; c. resolver los dilemas del campo popular por las alturas, por las cúpulas y en reuniones de “personalidades”.

Los procesos constituyentes en nuestra región otorgan una dimen-sión estratégica a la construcción de poder popular, a fortalecer las dimensiones subjetivas de la lucha social y transitar hacia nuevas formas de la acción política. Lo que está en el horizonte de los procesos cons-tituyentes contemporáneos nunca es simplemente la gestación de textos legales o un supuesto “nuevo constitucionalismo”, sino el despertar del ejercicio de la democracia directa indelegable, la necesidad de una polí-tica con sujetos y la gestación de una nueva concepción del ejercicio de la política.

Dilemas ante al frente amplioLa consigna y proyecto de un Frente Amplio ha producido en la

izquierda una diáspora de ideas bastante problemáticas. La coyuntura y el tipo de apoyo de algunos sectores de la izquierda a la candidatura de Santos han generado profundas confusiones. Se han escuchado pro-puestas de un Frente tan amplio que todos los sectores y partidos deban conformarlo, también que estamos en la época de un Frente contra el fascismo, otras que conciben el Frente como una alianza electoral para las elecciones de 2015. Ciertas visiones consideran que no es necesario concebir teóricamente el Frente sino esperar a que la realidad política lo

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configure, es decir, un espontaneísmo cercano al pragmatismo vulgar. No existe claridad si se trata de un frente político o un movimiento social para defender las negociaciones con las insurgencias o para las décadas que llevará la construcción de la paz popular, como tampoco su condición de alianza estratégica final, estratégica parcial, táctica o electoral4. La primera tarea reflexiva del campo popular es discutir su finalidad última, luego vendrán las polémicas sobre medios, tácticas, procesos, organización, etc.

En el horizonte de estas reflexiones consideramos que la finalidad del Frente Amplio es la consolidación de un gobierno democrático y popular que entronizado en un proceso constituyente pueda sembrar las bases de una paz justa, estable y duradera. Los sectores de derecha no pueden estar porque no representan estos ideales. Algunos sectores progresistas podrán acompañar el proceso de forma parcial y temporal. Su naturaleza no puede iden-tificarse con un simple frente electoral, porque son la lucha social directa y una política extrainstitucional las que desencadenan su potencia creadora. Se trata de un frente político y social como una alianza estratégica parcial, porque intenta la constitución de una nueva relación de fuerzas en las que las clases dominadas se van convirtiendo en clases dominan-tes, como lo anticiparan Marx y Engels, para una nueva Colombia.

4 Marta Harnecker, Op. Cit.

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“Revolución pasiva” o inflexión política hacia la democratización real

Jairo Estrada Álvarez

Profesor del Departamento de Ciencia PolíticaUniversidad Nacional de Colombia

Si prospera el proceso de diálogos entre la guerrilla de las FARC-EP y el Gobierno y se concreta la negociación con el

ELN y con ello la posibilidad de un acuerdo con esta guerrilla, es indis-cutible que estaremos en frente de nuevas condiciones para el devenir del proceso político colombiano. Y otro será el análisis que se puede pro-yectar sobre el segundo cuatrienio presidencial de Juan Manuel Santos.

Llegar a ese punto no será nada fácil si se considera que la perspec-tiva de la solución política al conflicto social y armado no se encuentra plenamente consolidada y persiste, además de la oposición abierta de sectores militaristas y de ultraderecha, una política gubernamental que combina la negociación y la retórica de la paz con la presión sobre la Mesa a través del recurso militar y de la ofensiva mediática para intentar imponer lo que no se logra a través del diálogo. A lo cual se agrega, la aún no desplegada capacidad del campo popular para organizar y articular un gran movimiento con la tarea no sólo de defender el proceso sino sobre todo de dotarlo con sus propios contenidos e imprimirle su propia dinámica, que no puede ser otra que la de desatar un proceso constituyente.

La única garantía para que los diálogos y negociaciones con la insur-gencia lleguen a un feliz término se encuentra en la apropiación social del proceso en la forma de movimiento con capacidad disuasiva frente a intentos o amenazas de ruptura y con contenidos que tengan como propósito transformaciones para la democratización real en todos los

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campos de la vida social, más que en apoyos o am-plias alianzas pragmáticas y transitorias basadas en el abstracto propósito de la paz, las cuales - dada la correlación de fuerzas existente – podrían convertirse en hecho recurrente. La difícil tarea del campo po-pular consiste justamente en que al tiempo que logre aislar y derrotar el militarismo y la ultraderecha, construya su propio proyecto demarcado y claramen-te diferenciado del poder de clase en posiciones de gobierno.

Pese a que en lo relacionado con las negociaciones con las FARC-EP, los temas pendientes de la Agenda representan suma dificultad y tendrán sin duda un muy complejo trámite, y a que no se ha podido dar inicio a los diálogos con el ELN, existen razones, cuya exposición escapa a los propósitos de este texto, para pensar que en medio de las vicisitudes la solu-ción política - entendida como momento y punto de inflexión de la lucha social y clases y expresión de la propia dinámica de la confrontación militar - ha devenido en necesidad histórica para darle nuevos sentidos y contenidos al antagonismo y a la conflicti-vidad social y de clases.

En lo inmediato, concretar un cese bilateral de fuegos se torna acuciante. No se trata solamente de generar un mejor clima para llevar el proceso a buen término, o de reducir la belicosidad y el ánimo de venganza de la derecha neofalangista. El cese de fuegos representa ante todo la posibilidad de generar condiciones favorables para dejar atrás los impactos inmediatos, el dolor y el sufrimiento, que produce la guerra sobre la población.

El “postconflicto” como “revolución pasiva”La facción predominante en el bloque de poder

representada por Santos y su gobierno parece tener la lectura de la posibilidad de un acuerdo final. Por ello, pregona desde ya la idea de un gobierno de transición hacia la paz y el “posconflicto”, entendida ésta como el fin de la confrontación armada, la reinserción y

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incluida la “pasteurización” de las de-mandas sociales hacia productos políticos consumibles por el régimen imperante. La directora del Departamento Nacional de Planeación Tatyana Orozco afirma incluso que el Plan “será una síntesis de capitalismo y socialismo, pero adaptado a Colombia”1.

Por lo que se ha visto hasta ahora, el espectro de la retórica reformista será de gran amplitud y comprenderá, entre otros, anuncios de propósitos de reforma a la organización del Estado y sus poderes, al sistema político y de representación, a la administración de justicia, incluida la jus-ticia transicional y el reconocimiento de los derechos de las víctimas, a los organismos de control, al rol de las fuerzas militares y de policía, a la vivienda, la educación y la salud, al desarrollo rural y agrario, incluidos los agronegocios y la economía campesina, a la política de extracción de minerales e hidrocarburos y de infraestructura para garantizar su sostenibilidad socioambiental. Tal retórica se acompañará además de un rostro social, cuyos rasgos estarán marcados por los anuncios de combatir la desigualdad y la pobreza imperantes.

Con un programa de estas característi-cas, Santos aspira a consolidar el liderazgo en el bloque de poder de la facción que representa, reducir el uribismo –su antiguo consorte- a un sector de oposición en deca-dencia, y ampliar el ámbito de influencias hacia sectores democráticos y de izquierda mediante estrategias de cooptación. Para ello, buscará contar con el apoyo del “Frente amplio por la paz”, decisivo al parecer en la aspiración reeleccionista del Presidente.

1 El Tiempo, 3 de agosto de 2014.

La reedición de la obsoleta retórica de la “tercera vía” está llamada a cumplir la función de un dispositivo lingüístico y comunicacional para posicionar la idea de la reforma y la modernización sin la necesidad del cambio, incluida la “pasteurización” de las demandas sociales hacia productos políticos consumibles por el régimen imperante.

desmovilización de los combatientes gue-rrilleros en la vida civil, la paz sin reformas políticas y sociales sustantivas y sin mayores costos fiscales; en suma, la continuidad del régimen de dominación de clase y la profun-dización y expansión territorial, en esas nue-vas condiciones, de la estrategia neoliberal de acumulación que se ha venido adelantando en el país durante la últimas décadas.

Sin que aún se conozcan los contornos del Plan Nacional de Desarrollo, todo in-dica que su impronta será la del inicio del “posconflicto” definido en los términos ya señalados. En ese contexto, la reedición de la obsoleta retórica de la “tercera vía” está llamada a cumplir la función de un dispositivo lingüístico y comunicacional para posicionar la idea de la reforma y la modernización sin la necesidad del cambio,

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y con perspectivas reales de unificación, así como un intento de neutralización y anulación del potencial de transformación social que puede derivarse de un eventual acuerdo final con la insurgencia.

En ese sentido, desde la perspectiva del bloque en el poder se espera que el rendimiento político que debe producir un eventual acuerdo final sea, por una parte, la estabilización de largo plazo del régimen de dominación de clase, en los términos del ciclo de desmovilización y reinserción de las guerrillas derrotadas de fines de la década de 1980 y principios de los noventa. Y por la otra, una revisión de la historia fundada en la exculpación plena de la violencia de sistema y de la predominante responsabili-dad del Estado en la ya larga guerra. Más allá de la circunstancia de que la negocia-ción sea con las FARC-EP y el ELN, con cuyos programas y aspiraciones políticas se puede estar de acuerdo o no, lo que se busca dejar para la historia es que la insurgencia

Algunas de las organizaciones y personalida-des que lo conforman tienen la expectativa de un giro de Santos al centroizquierda en reconocimiento a ese apoyo. Las evidentes líneas de continuidad que ya se anuncian y manifiestan muestran la ingenuidad de tal apreciación y recuerdan que para una mejor comprensión del lugar que ocupan las personas en los procesos sociales, siempre es necesario recordar los intereses y las relacio-nes de clase que personifican.

Todo este parapeto que se ve venir con el segundo mandato de Santos, a presen-tarse como el “mandato del posconflicto”, o de la “unidad nacional para la paz”, bien pudiera caracterizarse como un amago de “revolución pasiva”. Y debe entenderse como una tentativa de respuesta a la crisis en maduración que viene aflorando por todos los poros de la organización social, a una movilización social y popular, dispersa y relativamente desarticulada, pero en sostenido ascenso político y organizativo

http://palestine.org.nz/

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existencia de diversos enfoques en los que las perspectivas que descansan sobre lógicas movimientistas, que han privilegiado la organización y la movilización de masas, coexisten con otras que consideran más bien la acción política en el marco institu-cional, haciendo prevalecer la participación electoral y la política de opinión.

Sin pretender derivar de ello una dico-tomía o un conflicto insalvable, es evidente que esos enfoques conllevan diferencias acerca de la táctica (y probablemente tam-bién de alcance estratégico) para el cambio político y social. Se trata de una reedición, bajo otras condiciones históricas, de la vieja discusión sobre las vías para empren-der transformaciones estructurales en la sociedad que permitan avanzar hacia la democracia real, política, económica, social y cultural, y el socialismo. En la Colombia actual, tales diferencias se expresan entre los proyectos cuyo horizonte de cambio se encuentra en desatar un proceso constitu-yente, que conduzca a una Asamblea Nacio-nal Constituyente como estación necesaria dentro de la continuidad de la transfor-mación, o en lograr por el procedimiento electoral un gobierno de amplia coalición democrática, que desde ahora ya se perfila por algunos para el 2018, con el “intermez-zo” de las elecciones locales de 2015.

Diálogos de La Habana y campo popular

Sin desconocer el papel del espacio y de los tiempos de la acción política institucio-nal, que amerita una reflexión particular, o el lugar que tendrán la movilización social y las luchas populares en medio de una conflictividad social y de clase, con altísima

Todo este parapeto que se ve venir con el segundo mandato de Santos, a presentarse como el “mandato del posconflicto”, o de la “unidad nacional para la paz”, bien pudiera caracterizarse como un amago de “revolución pasiva”.

en sus variadas formas ha sido un lastre en el devenir de la nación y que ha sido ella la razón por la cual el país no ha logrado más democracia, crecimiento económico y bienestar social.

Retos para el campo popularDadas esas condiciones, el principal reto

que se le plantea al campo popular consis-te en demostrar la capacidad de perfilar y consolidar la construcción de un bloque popular que logre erigirse en alternativa real de poder, neutralizando de esa manera las pretensiones de reacomodamiento estable de la dominación de clase, incluidas las estrategias de cooptación de sectores demo-cráticos y de izquierda. En suma, producir una inflexión política hacia la democratiza-ción real de la sociedad.

Asunto nada fácil si se considera, entre otros, que los entendimientos en el campo popular acerca de lo político y de la políti-ca en la etapa actual se caracterizan por la

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probabilidad se acentuarse durante el segundo gobierno de Santos, en este ensayo quiero hacer énfasis en el significado de los diálogos de La Habana al considerar –en un ejercicio de prospección política- las posibilidades del campo popular.

En la mayoría de análisis que se hacen acerca de los impactos del proceso de diálogos y negociación entre el Gobierno y la guerrilla sobre el proceso político general, prevalecen tendencias de valoración en términos de sus influjos para la pacificación del país y, con ello, para dar fin al desangre que por décadas ha cubierto el territorio nacional. Siendo ello de gran significado, en esos enfoques no se alcanza aún a reconocer –por razones de diversa índole2 - la potencia de transformación social que ellos contienen, más allá de los alcances reales y materiales que pueda tener la letra de un eventual Acuerdo final. Tampoco se avizo-ra el impacto de la incursión de la guerrilla, devenida en movimiento político, en la política abierta. Mucho menos, la apreciación de esa fuerza política, en esas nuevas condiciones, como parte del complejo panorama de construcción de la unidad de campo popular.

El proceso de diálogos y negociación puede conducir a una recomposición y consoli-dación de largo plazo del poder de clase, en cuanto los acuerdos pactados no estremezcan estructuralmente las relaciones de poder imperantes y produzcan la simple absorción de

2 Tales razones abarcan un amplio espectro que comprende, entre otras: 1) El escepticismo de quienes consi-deran que la solución política representa una nueva forma del “pactismo” de clase y una nueva cooptación para darle rienda suelta al modelo de acumulación; 2) El menosprecio de quienes estiman que el proceso de paz es apenas una tema más de la agenda política, equiparable con muchos otros; 3) La subvaloración de quienes afirman que lo acordado (o a acordar) será reformismo nimio, apenas un parapeto, que no afectará en nada el régimen de dominación de clase; 4) El temor por la pérdida de los liderazgos actuales, muchos desgastados o rezagados y sin perspectiva política, dada la posibilidad de ingreso de otros, los comandan-tes guerrilleros, a la política abierta.

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la fuerza guerrillera y su inclusión en la dinámica política existente. Pero también es posible que los acuerdos contribuyan a desatar un ciclo hacia la real democratización política, económica, social y cultural del país, lo cual resultaría de que un Acuer-do final introduce una cierta provisionalidad en las relaciones de poder existentes, al interpelarlas en lo esencial por dos vías. En primer lugar, lo acordado impone –como se infiere desde ahora de los acuerdos parciales – un conjunto de reformas que compro-meten el ordenamiento jurídico vigente, demandan nuevos diseños institucionales así como (re)defini-ciones en el campo de la política pública. La letra de los acuerdos apropiada socialmente, constituida en demanda social, puede desatar dinámicas con alcances transformadores aún no predecibles3. En segundo lugar, la cuestión de la refrendación de un eventual Acuerdo final, aunque se presenta como un asunto ya resuelto con la aprobación del referendo constitucional, se encuentra aún abierta. Conside-rando que ese es un tema a definir por las partes, no debe descartarse la consideración de otras opciones, dentro de las cuales se encuentra la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Y es en este punto en el que podrían coincidir hacia un proceso constituyente las pretensiones guerrilleras de una Asamblea con las dinámicas constituyentes promovidas desde el campo popular que también incorporan la idea de la Constituyente, generándose condiciones para una inflexión política hacia la de-mocratización real.

En ese contexto, la posibilidad de conformar un bloque popular que sintetice a través definiciones

3 No debe olvidarse que lo acordado compromete aspectos sensibles para abrir un ciclo de democratización de la tie-rra y el territorio y del desarrollo rural y agrario integral; también del sistema político y de representación; o de so-lución a la problemática de los cultivos de uso ilícito. Y con seguridad representará un avance en el reconocimiento y materialización de los derechos de los millones de víctimas que ha dejado el conflicto.

El principal reto que se le plantea al campo popular consiste en demostrar la capacidad de perfilar y consolidar la construcción de un bloque popular que logre erigirse en alternativa real de poder, neutralizando de esa manera las pretensiones de reacomodamiento estable de la dominación de clase, incluidas las estrategias de cooptación de sectores democráticos y de izquierda. En suma, producir una inflexión política hacia la democratización real de la sociedad.

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Izquierda en debate

programáticas las aspiraciones de los de abajo es real, pero debe ser producida socialmente. Ello tiene como requisito la unificación previa del campo popular, en un proceso nada fácil, que de concretarse generaría solidez y consistencia para pensar en espectros más amplios de la política de alianzas, por ejemplo, en lógicas de frente. El camino a recorrer no está definitivamente en la estructuración de un proyecto alternativo cuya amplitud se soporte en el ablandamiento del programa político o en la desidelogización de la política. Ello con-duciría a un indeseado disciplinamiento estructural, sistémico, en la forma de sempiterna oposición; a desaprovechar una oportunidad histórica para ser alternativa real de poder y de gobierno.

http://palestinalibre.org/articulo.php?a=51299

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La “Tercera vía” ante la paz y el posconflicto

Jorge Gantiva Silva

FilósofoUniversidad Nacional de ColombiaProfesor TitularUniversidad del Tolima

El campo vacío del posconflicto

Más allá del despilfarro mediático y la facha imperial de los personajes, Juan Manuel Santos, tan pronto obtuvo

su reelección presidencial, convocó la reunión de la “Tercera vía” en Cartagena de Indias para promover y lograr un respaldo internacional a su proyecto del capitalismo transnacional y un respaldo al proceso de paz. Si no hubiera sido por la euforia desatada por el evento electoral, esa reunión no hubiera pasado de ser un mero encuentro de ricachones que juegan el póker del poder. Aunque los pronunciamientos de los perso-najes convocados (Bill Clinton, Tony Blair, Felipe González, Henrique Cardozo, Ricardo Lagos, entre otros) se concentraron en respaldar el proceso de paz en Colombia, más allá de la frivolidad y el espectáculo, el propósito fue poner en escena un discurso estratégico tras los venideros

“La filosofía, que un día pareció obsoleta, sigue viva porque el momento de ponerla en práctica se escapó.”

Theodor Adorno

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Conflicto y solución política

acuerdos de paz, las reformas sociales y económicas y la reorganización del Estado. Esta batalla por ocupar el campo vacío del posconflicto expresa el nuevo mo-mento histórico y las pretensiones del neoliberalismo compasivo, el transformismo del capital transnacio-nal y el militarismo humanitario. Sin consideraciones de tiempo y lugar, los pregoneros de la “Tercera vía” tienen sus ojos puestos en Colombia ante la inminen-cia de los acuerdos de paz. Así como el capital trans-nacional despliega sus “buitres”, así los empresarios de la paz desdoblan también sus propias alas rapaces. Son muchos los negocios en juego y demasiado in-tenso el “juego de tronos”. El posconflicto abre una gran compuerta para disputar la transformación democrática de Colombia y desafiar las posibilidades de una política alternativa. Habrá muchas fuerzas en tensión; el campo democrático y popular disputará importantes realizaciones políticas, institucionales y socioeconómicas que aún hoy son materia de expec-tativa. La “Tercera vía” será una de esas fuerzas del ré-gimen que disputará el espacio vacío del posconflicto como proyecto transnacional; su experiencia en las guerras y su responsabilidad en la política imperial ha decidido jugar duro como corresponde a una fuerza hegemónica. De grandes promotores de las guerras imperiales a grandes empresarios de la paz, Juan Ma-nuel Santos como presidente representa el gerente de esta operación global del gran capital.

Ni laborismo ni socialdemocraciaEn Colombia no habido ni lo uno ni lo otro. En la

historia de la “Tercera vía” tanto el laborismo inglés como la socialdemocracia europea constituyeron los soportes sociales e ideológicos de la emergencia de esta supuesta “alternativa”, animada por la larga tra-yectoria democrática y la experiencia del movimiento obrero y sindical europeo, así como del comunismo. La “Tercera vía” tuvo precisamente la presunción de convertirse en una fuerza “alternativa” tras el colapso de la Unión Soviética y el desmoronamiento de la

Niños israelíes firmando misiles

http://www.atilioboron.com.ar/2014/07/gaza-el-genocidio-y-sus-sinrazones_21.html

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socialdemocracia del viejo continente, la cual se tornó en el “mejor caparazón del neoli-beralismo”, como lo señaló Perry Anderson. Su fracaso sirvió para remozar las políticas de ajuste e instalar un “colchón” ideológico para amortiguar la crisis del capitalismo ante la ausencia de las alternativas anticapitalistas. Como proyecto político se subsumió en la lógica de la hegemonía estadounidense y favoreció el capitalismo transnacional; reforzó y promovió la política de guerra imperial aupada y financiada por los grandes centros reac-cionarios internacionales contra los países y pueblos de Irak, Afganistán, Medio Oriente, Yugoeslavia. El sorpresivo “encanto” de la “Tercera vía” se produjo en medio de la más feroz guerra contra Yugoeslavia; entre tanto, el capitalismo “democrático” alentaba los proyectos de una “centro izquierda” asimilada a la lógica del capital.

En Colombia no ha habido tradición laborista o socialdemócrata alguna; pocos han sido sus escarceos; tampoco existe una disyuntiva entre comunismo y capitalismo. Está aún en ciernes el proyecto de un movimiento democrático que cimente una alternativa plural de espectro nacional para disputar en el mediano plazo la gobernabilidad y la dirección del Estado. Las sociedades de bienestar en Europa vislumbraron diversas alternativas ante la crisis del capitalismo; sin embargo, el modelo neoliberal cercenó estas posibilidades, trituró las grandes conquistas demoliberales e impuso una poderosa dictadura mundial de destrucción de los derechos y el bienestar. Ni siquiera en el ámbito del capitalismo avanzado pudo la “Tercera vía” ofrecer una alternativa. En la actualidad se ha acentuado la política destructiva de la sociedad democrática y de los derechos fundamentales a través del imperio de la Troika (bancos y FMI) y de la guerra. Lo que se pretende imponer en Colombia es un experimento fallido que sirve de ropaje ideológico a las pretensiones del capitalismo tardío. El eventual protagonismo del movimiento político surgido del proceso de paz podría abrir un amplio proceso de lucha y posicionamientos estratégicos para detener la destrucción masiva de la vida, la dignidad y los derechos; sin embargo, las incertidumbres son grandes

A todas luces, la “Tercera vía”, como proyecto neoliberal, pretende construir una mampara para operar en el posconflicto y busca tender una red de cooptación de amplios sectores sociales y de izquierda. Su estrategia –en la medida en que articula las dinámicas del capitalismo transnacional reverenciado por las derechas y la proclama de lo social en el marco de un modelo salvaje– bloquea la desactivación de la desigualdad y la injusticia, impide modificar las estructuras clientelares y corruptas del Estado y, menos aún, propicia una política exterior independiente o suspende la ola destructiva de las “locomotoras” transnacionales.

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Conflicto y solución política

y aún no logra perfilarse un proyecto co-mún que sacuda a las izquierdas de su viejo corporativismo y mentalidad inercial. En este sentido, el proyecto de Santos se ade-lantó como medida estratégica para que la “Tercera vía” cope el “espacio vacío” tras el proceso de paz y el posconflicto. Este ima-ginario con todas sus deficiencias, preten-siones y manipulaciones ilustra la magnitud del campo de interpelaciones y los “juegos de poder”.

El centro: otro reduccionismo de la política

El centro se ha tornado una obsesión de la política cuando se carece de reco-nocimiento y aceptación en la sociedad civil. Para decirlo de otra manera, el centro emerge cuando es difusa y fragmentada la dirección intelectual y moral en la socie-dad; cuando los de arriba, o también los de abajo, no cuentan con las fuerzas suficientes para ganar su aceptación y credibilidad. O dicho en forma escueta, el centro se torna atractivo cuando la hegemonía está

fracturada. Los promotores de la “Tercera vía” distinguen entre el ideario que propug-nan y los proyectos realizados de los social-demócratas y laboristas. Con los primeros, se proponen distanciarse de las pretensiones de centralidad del Estado e imaginario de igualdad preconizados por el movimiento obrero; con los segundos, desprenderse del keynesianismo paralizante y romper con las tradiciones demoliberales, lo que Varga Llo-sa llamó sin ambages: “La señora Thatcher sin bolso”.

Ahora bien, el centro de la “Tercera vía” tiene la singularidad de ocuparse de las “clases medias” como modelo ideal del individualismo emprendedor y el capita-lismo compasivo. Estas fuerzas sociales son exaltadas como ejemplo del cambio permaneciendo fieles al sistema imperante; son “modelos” del transformismo capitalis-ta resguardando el orden establecido. Para ello, la política de centro prefigura una supuesta facultad de “solución de conflic-tos”, tornándose unas veces en panacea y otras en antídoto contra los extremismos,

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28252155

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de paz. En este sentido, el establecimiento ha ido constituyendo un campo virtuoso de mediaciones, simbologías desideologizadas, prácticas asociadas al reformismo y a la de-fensa del sistema capitalista en general. El transcurrir de los procesos de paz de 1990 mostró la claudicación de proyectos histó-ricos alternativos al capitalismo, algunos de los cuales transformaron su radicalidad frente al sistema mediante el transformismo adaptativo al régimen burgués, pasando a constituirse en algunas ocasiones en fuerzas operantes del modelo neoliberal y paramili-tar asumidas como política de Estado.

El centro es un campo de batalla de las fuerzas en contienda. No constituye un mundo amorfo ni tampoco posee caracte-rísticas predeterminadas. En el juego de las luchas y las opciones el centro se desplaza, tiene protagonistas diversos y contendores diferentes, vive la política como ajuste, acomodo y conveniencia. La “Tercera vía” resulta equívoca al asignarle unos supuestos atributos y descalificar las distinciones ideo-lógicas y políticas, así como al menospreciar el campo de lucha por la resignificación de su enunciación.

El voto de las izquierdas, decisivo en la reelección presidencial, sigue refundido, sin traducirse aún en una poderosa masa crítica e independiente que dibuje su perfil estratégico ante el curso regresivo de la política neoliberal e imperial del Gobierno de Santos. El campo popular y democrático y el movimiento social por la paz están en la obligación de revertir este ciclo fatal del capital para disputar con creatividad y grandeza el espacio vacío del posconflicto.

la polarización, el pensamiento crítico y el “fundamentalismo”. Este pretendido “espí-ritu” conciliador, intermedio y “salvador” expresa otro reduccionismo del “pensamien-to único” que busca concederle a las “clases medias” el atributo de la “mediación” y la encarnación de valores universales.

En Colombia la reinvención del centro es de reciente data. Esto explica en parte el largo antagonismo de violencia y con-frontación vivido y la crisis endémica de hegemonía de los partidos tradicionales, así como la fragmentación de las izquierdas, el cual hizo despegar en los años noventa del siglo XX, tras los procesos de paz, esta idea de centro como una operación para salva-guardarse de la impronta del imaginario y las prácticas de la izquierda radical, revolu-cionaria y socialista; y también condujo de manera equívoca a establecer una línea de demarcación ideológica frente a las opcio-nes insurgentes. El centro es un campo de batalla entre las fuerzas de izquierda y de derecha; la “Tercera vía” pretende “supri-mir” estas diferenciaciones y configuracio-nes de la política para disputar un terreno de simpatía y control en el proceso de co-pamiento del espacio vacío tras los procesos

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La “Tercera vía”: talante del proyecto neoliberal de Santos

La “Tercera vía” de Santos se propone llenar el vacío del posconflicto mediante una política de capitalismo transnacional y reformismo compasivo y cosmético. Por sus anuncios y proyectos presentados en el Congreso de la República, en el Gobierno de Santos no aparece –ni siquiera insinúa– una promesa de cambio social ni ofrece una imagen de gobierno reformista. Sus referen-cias continúan la senda de los tratados de libre comercio, afianzan la política exterior, en particular la Alianza Pacífico, respaldan el sionismo de Israel contra Palestina, rea-firman la política imperial de los Estados Unidos, extienden la severidad y estrecha-miento de la política macroeconómica. Por supuesto, promete emprender algunas reformas al sistema de justicia y realizar una reorganización del Estado, sin que por ello proyecte un espíritu reformista. A lo sumo el reformismo es limitado, sin reformas de fondo. La paz, que requiere amplios pro-cesos de participación y transformaciones democráticas, escasamente anuncia ciertos cambios del sistema electoral. Sin consoli-dar la participación y respetar los procesos de decisión autónoma de las poblaciones, la democracia sigue siendo una palabra vacía.

Sin atacar el clientelismo de fondo y la es-tructura del régimen señorial-hacendatario queda incólume el modelo antidemocrático del Estado depredador.

A todas luces, la “Tercera vía”, como proyecto neoliberal, pretende construir una mampara para operar en el posconflicto y busca tender una red de cooptación de amplios sectores sociales y de izquierda. Su estrategia –en la medida en que articula las dinámicas del capitalismo transnacional re-verenciado por las derechas y la proclama de lo social en el marco de un modelo salvaje– bloquea la desactivación de la desigualdad y la injusticia, impide modificar las estruc-turas clientelares y corruptas del Estado y, menos aún, propicia una política exterior independiente o suspende la ola destruc-tiva de las “locomotoras” transnacionales. El voto de las izquierdas, decisivo en la reelección presidencial, sigue refundido, sin traducirse aún en una poderosa masa crítica e independiente que dibuje su per-fil estratégico ante el curso regresivo de la política neoliberal e imperial del Gobierno de Santos. El campo popular y democráti-co y el movimiento social por la paz están en la obligación de revertir este ciclo fatal del capital para disputar con creatividad y grandeza el espacio vacío del posconflicto.

http://www.atilioboron.com.ar/2012/11/israel-y-su-represalia-quienes-va.html

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La discusión sobre las víctimas del conflicto armado y las agendas del movimiento social y popular en Colombia

Carolina Jiménez M.

Docente del Departamento de Ciencia Política Universidad Nacional de Colombia

El nuevo ciclo de conversaciones en La Habana –que inicia el próximo 12 de agosto– centra su discusión en el punto 5

de la Agenda correspondiente a las víctimas del conflicto armado. Las negociaciones de este punto son altamente sensibles, debido, entre otras cosas, al carácter histórico de una violencia que deja más de 7 millones de víctimas entre los distintos actores armados, así como por la cru-deza que acompaña a las diversas acciones victimizantes que golpean esencialmente a las clases y sectores sociales populares del mundo rural colombiano.

La sensibilidad que caracteriza este punto de las negociaciones, así como la importancia que tiene para la reconciliación y reparación de la sociedad, exhorta al movimiento social, cívico y popular colombiano a ejercer un papel protagónico en esta discusión y en todo el proceso de construcción e implementación que de esta se desprenda. Esto en razón de que son las comunidades populares, indígenas, campesinas, afrodes-cendientes, que constituyen los sectores sociales excluidos, las que más se han visto golpeadas y afectadas sistemáticamente por las dinámicas de una guerra en los territorios que lleva desarrollándose hace más de seis décadas.

Sin embargo, la posibilidad de materializar un liderazgo del movi-miento social y de las organizaciones populares que lo constituyen, se ve amenazada, entre otras cosas, por tres elementos altamente problemáti-cos, a saber:

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• La presencia de actores armados en los territo-rios que tienen entre sus propósitos crimina-lizar la protesta social y la oposición política y la eliminación o violación sistemática de los derechos humanos de los líderes y las lideresas sociales que propendan por procesos de ver-dad, justicia, reparación y reconciliación1.

• Un Gobierno nacional que ha pretendido hegemonizar la discusión sobre el universo de las víctimas, encerrando buena parte de esta en los enfoques propuestos por la ley 1448, y pretendiendo ser el único autorizado a poner los términos del debate. De ahí la dificultad que plantea que una parte del movimiento de víctimas encuentre en Juan Manuel Santos el garante del reconocimiento de las mismas.

• Y, finalmente, una conceptualización proble-mática de las víctimas del conflicto, esto entre otras, por las siguientes razones: Se reconoce a los miembros de la fuerza pública como víc-timas del conflicto, generando una confusión frente a su estatus como actor armado. Se niega el reconocimiento como víctimas a prisioneros políticos y líderes sociales perseguidos por el Estado por razones políticas. Se desconoce el carácter de organizaciones víctimas a organi-zaciones sociales y populares que aunque no hacen parte del registro único de víctimas, han soportado los embates de la guerra en sus territorios. Se privilegia un enfoque individual en el tratamiento de las víctimas, relegando una mirada colectiva y comunitaria del pro-blema, esto es, el de una sociedad sistemáti-camente victimizada. Existe la tendencia a un

1 Esta situación ha sido ampliamente denunciada por diver-sas organizaciones sociales populares. Entre los actores armados que más se vinculan con este tipo de prácticas se señala a los grupos paramilitares.

http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/un-dia-franja-de-gaza-galeria-507616

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reconocimiento individualizado por parte de los miembros de la fuerza pública sobre las violaciones e infrac-ciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, desconociendo la existencia de una política criminal del Estado colom-biano. El alcance histórico del reco-nocimiento de las víctimas desde el año de 1985 es muy limitado, y deja por fuera del universo a personas y comunidades objeto de múltiples hechos victimizantes.

Estos elementos denotan la dificultad a la que se enfrenta el movimiento social y po-pular en Colombia para asumir un lideraz-go en la discusión y para evitar el eclipse de la misma bajo los términos que pretende la institucionalidad. Ahora bien, pese a estas cuestiones existen unos avances importan-tes en las agendas de las organizaciones sociales que vale la pena señalar. Entre otras propuestas destacamos:

• Es fundamental el reconocimiento por parte del Estado de los crímenes, violaciones e infracciones cometidas contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. En este sentido, el Estado debe repa-rar y pedir perdón a los individuos y las comunidades; comprometerse a eliminar las doctrinas de seguridad que criminalizan la protesta social y las expresiones de oposición po-lítica; depurar las instituciones de la fuerza pública para poder acabar los vínculos existentes entre agentes del Estado y grupos paramilitares;

Hablar de postconflicto resulta una imprecisión conceptual y política. La construcción de la paz pasa necesariamente por la dinamización e intensificación de los conflictos y las luchas sociales sin las mediaciones generadas por la dinámica armada. Esto es, por la emergencia de más movimientos como los de defensa del Páramo de Santurbán, la Colosa y Marmato, por más resistencias como las del Quimbo, por más luchas agrarias como las de los campesinos y campesinas montemarianos, por más resistencias obreras como las de los trabajadores de la caña en el Valle y de los trabajadores petroleros en Puerto Gaitán y Barranca de Upía en el departamento Meta, por más mingas indígenas, entre otras expresiones de la conflictividad socioterritorial que acompaña este nuevo ciclo de la movilización social popular en Colombia.

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Conflicto y solución política

desmontar las estructuras paramilitares y las fuentes de financiación de las mismas; retirar cuerpos y bases militares de los Estados Uni-dos, responsables de acciones violentas, espe-cialmente aquellos vinculados con violencia sexual sobre las mujeres rurales.

• El carácter histórico del conflicto armado co-lombiano debe ser admitido por el Estado y la sociedad. Por tal razón, resulta claramente insuficiente proponer como punto de partida para el reconocimiento de las víctimas el año de 1985, ya que esta fecha niega la posibilidad de incluir en los procesos de reparación y re-conciliación a aquellas poblaciones objeto de violación de sus derechos humanos por parte del Estado colombiano a través de la promul-gación del Estatuto de Seguridad de 1978 (o Decreto 1923 del 6 de septiembre de 1978), así como de otros hechos ocurridos en el marco de la violencia armada de la década de los sesenta.

• Los grandes actores económicos, entre los que se destacan los terratenientes y las empresas minero-energéticas deben reconocer su res-ponsabilidad en la dinamización del conflicto armado, especialmente en lo referente a los vínculos existentes entre grupos paramilitares y algunos comandos de las fuerzas militares. En este sentido, deben decir la verdad sobre los hechos victimizantes asociados con despla-zamiento poblacional, despojo de tierras y ase-sinato de líderes y lideresas sociales populares.

• Las mujeres deben tener especial reconoci-miento como víctimas sobrevivientes de las diferentes vulneraciones por parte de todos los actores armados. Todas las políticas de reparación y reconciliación deben contar con un enfoque de género con énfasis en mujeres.

http://www.aleqt.com/view/section_archive/online_photos

http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/un-dia-franja-de-gaza-galeria-507616

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Tratamiento especial requieren las violencias y agresiones sexuales.

• El Estado colombiano se debe comprometer a garantizar los mínimos vitales para toda la población víctima del conflicto. De tal suerte, que puedan ser restablecidos derechos y opor-tunidades que les permitan gozar de una vida digna a los individuos y sus comunidades.

• Se debe conformar una Comisión de la Verdad con enfoque territorial. Dicha comisión debe garantizar la participación de las víctimas y debe contar con garantes internacionales que permitan esclarecer los crímenes que se come-tieron, los victimarios y las situaciones de vio-lencia y violación de los Derechos Humanos en el marco del conflicto social y armado.

Estas son sólo algunas de las propuestas que las organizaciones sociales populares y de víctimas han puesto en el debate nacional y ante las cuales esperan reacciones favorables en La Habana. Ahora bien, estas propuestas parten del reconocimiento de la responsa-bilidad de todos los actores armados involucrados en el conflicto: insurgencias, fuerzas militares y policia-les y grupos paramilitares. De ahí que no sientan que sus agendas estén representadas por ninguno de los actores de la negociación, ante lo cual resulta central su participación en esta etapa2.

En este escenario, resulta fundamental recor-dar lo que insistentemente ha planteado un sector

2 Recordemos que la mesa de conversaciones en su comuni-cado conjunto del pasado 17 de julio expresó los acuerdos sobre los mecanismos de participación directa de las vícti-mas del conflicto interno en la Mesa de La Habana y reco-noció la importancia de la voz de las mismas como insumo fundamental en las discusiones sobre este punto. De igual manera, señaló que la participación de las delegaciones se enmarca en el objetivo de la terminación del conflicto y la reconciliación y dispuso el 16 de agosto como la fecha para la primera visita de las delegaciones de víctimas.

Las propuestas de las organizaciones sociales populares y de víctimas parten del reconocimiento de la responsabilidad de todos los actores armados involucrados en el conflicto: insurgencias, fuerzas militares y policiales y grupos paramilitares. De ahí que no sientan que sus agendas estén representadas por ninguno de los actores de la negociación, ante lo cual resulta central su participación en esta etapa.

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Conflicto y solución política

importante del movimiento social: las negociaciones y el fin de la confrontación armada aunque permi-ten avanzar hacia la construcción de la paz y abren márgenes de posibilidad para la materialización de algunos de los componentes de las agendas del mun-do popular, no son la paz en sí misma. Por tal razón, hablar de postconflicto resulta una imprecisión con-ceptual y política.

La construcción de la paz pasa necesariamente por la dinamización e intensificación de los conflic-tos y las luchas sociales sin las mediaciones generadas por la dinámica armada. Esto es, por la emergencia de más movimientos como los de defensa del Pára-mo de Santurbán, la Colosa y Marmato, por más resistencias como las del Quimbo, por más luchas agrarias como las de los campesinos y campesinas montemarianos, por más resistencias obreras como las de los trabajadores de la caña en el Valle y de los trabajadores petroleros en Puerto Gaitán y Barranca de Upía en el departamento Meta, por más mingas indígenas, entre otras expresiones de la conflictividad socioterritorial que acompaña este nuevo ciclo de la movilización social popular en Colombia.

Así las cosas, ad portas de iniciar la segunda administración de Juan Manuel Santos es necesario insistir en que este, a diferencia de lo que pareció plantearse en el debate electoral de la segunda vuel-ta, no es ni el representante de la izquierda ni de las víctimas. Por lo tanto, no es Santos el guardián de la paz ni el garante para el fin de la guerra y la inclusión social. El camino para la construcción de la paz debe estar orientado por la movilización social. De ahí la importancia que la agenda de las víctimas haga parte de la agenda del movimiento social, cívico y popular.

http://www.eluniversal.com.co/multimedia/galerias-de-fotos/israel-ataca-gaza-en-una-gran-operacion-contra-hamas-863

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Reforma tributaria y paz en Colombia

Daniel Munévar Sastre

Profesor de Teoría Política York University Toronto

Uno de los temas claves para el futuro del país que pasó desapercibido en medio de la agitada y turbia campaña

presidencial de 2014 fue la discusión sobre la política tributaria del país. Entre acusaciones de actividades ilegales llevadas a cabo por las dife-rentes campañas, el debate sobre los montos y mecanismos requeridos para financiar al Estado colombiano quedó relegado a un pie de página. Una muestra clara de este tratamiento se puede encontrar en el Plan de Gobierno de la campaña del presidente Juan Manuel Santos. A pesar de ser un documento de 137 páginas, con respecto al futuro de la política impositiva en Colombia sólo se puede encontrar una mención menor a la necesidad de combatir la evasión tributaria1.

En este sentido, es necesario resaltar que la ausencia de una discusión pública sobre la política tributaria del país no representa una cuestión menor en el contexto actual. Existen tres argumentos para soportar esta afirmación. En primer lugar, y como se verá más adelante, la tensión entre los ingresos disponibles del Gobierno Nacional Central (GNC) y los compromisos existentes se encuentra en un punto de quiebre. Segun-do, en la medida que el país se encuentra cercano a llegar a un acuerdo para terminar el conflicto armado es necesario discutir los mecanismos que se requieren para financiar los gastos adicionales asociados a dicho

1 Campaña Presidencial Juan Manuel Santos (2014). “Colombia, La Paz Ya Viene: Plan de Gobierno Juan Manuel Santos”. Visitado julio 21, 2014, en http://www.santospresidente.com/media/cuadernillo-21MAY.pdf

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Conflicto y solución política

acuerdo. Tercero, porque debido al hecho de que en un escenario postacuerdo la reducción de los niveles de desigualdad debe ser uno de los objetivos prioritarios del país, la política tributaria representa una herra-mienta clave para mejorar la distribución del ingreso en el país.

Respecto al primer punto, el Gobierno ha prepa-rado el presupuesto para el año 2015 sobre una pro-yección de recaudo tributario para ese año de $124,1 billones (15,1% del PIB)2. Aunque esto representa un incremento de 11 billones de pesos (0,3% del PIB) con respecto a 2014, Colombia se encuentra aún muy por debajo de los niveles de recaudo tributario de otros países. Por ejemplo, el promedio de recaudo tributario en los países de la OECD alcanzo 34,1% del PIB en 2011. El país con el nivel de recaudo más bajo dentro de dicho grupo es México, con un recaudo de 19,7% del PIB. Para poner esa cifra en perspectiva, si Colom-bia tuviera el mismo nivel de recaudo que México, ello equivaldría a cerca de 33 billones de pesos adicionales para financiar el presupuesto nacional de 2015.

Es interesante observar que tanto la OECD como el FMI han llamado la atención al Gobierno respecto a la necesidad de incrementar el recaudo tributario con el objetivo de financiar de manera adecuada el gasto público3. En efecto, ambos organismos interna-cionales son conscientes de las crecientes presiones de gasto asociadas a los altos requerimientos en materia de inversión en infraestructura que enfrenta el país en el futuro cercano. Obviamente, el Gobierno de Juan Manuel Santos también es consciente de estas presio-

2 Ministerio de Hacienda. (2014). “Marco Fiscal de Mediano Plazo 2014 (MFMP 2014)”. Visitado julio 21, 2014, en http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/politicafis-cal/marcofiscalmedianoplazo/MF2014

3 Ver, OECD (2013). “OECD Economic Surveys Colombia Economic Assessment”. Visitado julio 20, 2014, en http://www.oecd.org/eco/surveys/COL_Overview_Eng.pdf; IMF (2014). “Colombia 2014 ARTICLE IV CONSULTATION”. Visi-tado Julio 20, 2014, en http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2014/cr14141.pdf

http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/un-dia-franja-de-gaza-galeria-507616

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nes. Sin embargo, este decidió postergar la discusión hasta después de las elecciones. Así se evito asumir el costo político de dos com-plicados debates en plena campaña electoral. El primero, asumir el fracaso de la reforma tributaria, la cual de hecho redujo el recaudo de la DIAN. El segundo, discutir los detalles de una reforma tributaria que contempla un aumento significativo en los impuestos.

A consecuencia de este cálculo político, la inversión se convirtió en la válvula de es-cape de las presiones fiscales. Para mantener el cumplimiento de la regla fiscal, los recur-sos destinados para inversión por parte del GNC han experimentado una reducción progresiva en los últimos años. El presu-puesto de inversión del GNC ha pasado de $23,4 billones (3,3% del PIB) en 2013, a $22,1 billones (2,9% del PIB) en 2014, a $20 billones (2,4% del PIB) en 20154. En total, una reducción de cerca de un punto del PIB en tan solo 3 años. Desde el punto de vista presupuestal, la reducción en los recursos para inversión del GNC ha sido compensada con mayores aportes y finan-ciamiento por parte del resto de entidades y sectores que componen al sector público en Colombia.

Sin embargo, ya pasadas las elecciones, el Gobierno se apresta a presentar una nueva reforma tributaria en los próximos meses. De hecho, el Ministro de Hacienda ya ha reconocido públicamente la necesi-dad de mantener el GMF y el impuesto al

4 Ver, Ministerio de Hacienda. (2014b). “Actua-lización Plan Financiero 2014 (Febrero 2014)”. Visitado julio 20, 2014, en http://www.minha-cienda.gov.co/HomeMinhacienda/politicafis-cal/PlanFinanciero/; Ministerio de Hacienda. (2014).

Uno de los temas claves para el futuro del país que pasó desapercibido en medio de la agitada y turbia campaña presidencial de 2014 fue la discusión sobre la política tributaria del país. Entre acusaciones de actividades ilegales llevadas a cabo por las diferentes campañas, el debate sobre los montos y mecanismos requeridos para financiar al Estado colombiano quedó relegado a un pie de página.

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Conflicto y solución política

patrimonio para financiar el presupuesto de 20155. Adicionalmente, el Gobierno planea aumentar el recaudo tributario en al menos 4 billones de pesos6. Esta cantidad puede ser mayor si se tiene en cuenta que en el último año se produjo una revisión a la baja de las proyecciones del Go-bierno para el precio del petróleo, lo cual aumenta las presiones fiscales. Mientras que en 2013 se esperaba un precio para 2014 de USD 100 por barril, este año esa previsión se ha ajustado a la baja en 3 dólares7. Ello se traduce en una presión adicional en materia de ingresos de al menos 1,2 billones de pesos8.

Los mecanismos para lograr este incremento son menos claros, pero es altamente probable que incluyan una mezcla de aumento de las ta-rifas del IVA, creación de un impuesto a los dividendos y mecanismos para disminuir la evasión. Ello se desprende de mensajes recientes que apuntan en esa dirección, provenientes del FMI y del saliente director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega9. En este contexto es importante re-cordar, entonces, el fracaso reciente de las medidas antievasión incluidas en la reforma tributaria de 201210. Teniendo en cuenta esto, el peso de la reforma recaerá sobre aumentos en las tarifas impositivas. De esta

5 El Espectador (2014). “Impuesto al patrimonio y 4x1.000 se deben mantener para financiar presupuesto”. Visitado julio 22, 2014, en http://www.elespectador.com/noticias/economia/impuesto-al-patrimonio-y-4x1000-se-deben-mantener-finan-articulo-503747

6 Esta cifra se obtiene del análisis de las proyecciones de recaudo incluidas en el MFMP 2014. El cuadro 3.6 de dicho documento muestra la desagregación de la pro-yección de recaudo tributario para 2014 y 2015. En la categoría ¨Otros¨ se observa un crecimiento de 5,3 billones de pesos entre ambos años. Esta incluye los impues-tos al patrimonio, GMF y Gasolina. Asumiendo la extensión de los dos primeros impuestos y un generoso supuesto de crecimiento del 9% anual, aun quedan por explicar 4 billones de pesos. Esta cifra es la que se refiere en el artículo.

7 Ver, Ministerio de Hacienda (2014).

8 De acuerdo al MFMP 2014, la variación de un dólar en el precio del petróleo implica un cambio en los ingresos del GNC por 420 mil millones de pesos.

9 Ver, IMF. (2014); El Espectador (2014). “Evasión en renta es una vulgaridad”. El Es-pectador. Visitado julio 22, 2014, en http://www.elespectador.com/noticias/econo-mia/evasion-renta-una-vulgaridad-articulo-470922

10 A pesar que la Corte Constitucional declaro inexequible la medida, el Gobierno está dispuesto a seguir intentando su implementación en una nueva reforma tributaria. Ver, Portafolio (2013, noviembre 27). “Se cae amnistía sobre ganancias ocasiona-les”. Visitado julio 22, 2014 en http://www.portafolio.co/economia/s e-cae-amnistia-ganancias-ocasionales; Portafolio (2014, julio 23). “Amnistía y mer-melada”. Visitado julio 25, 2014, en http://www.portafolio.co/columnistas/amnis-tia-y-mermelada

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forma, y en contra de lo que se especula en la prensa, la próxima reforma tributaria tendrá un carácter relevante y polémico.

En medio de esta coyuntura, lo que no se puede perder de vista es el hecho de que las maniobras tributarias aquí discutidas solo tienen como propósito asegurar el financiamiento del presupuesto de 2015. Dicho presupuesto no incluye partidas presupuestales vinculadas a un posible fin del conflicto armado. En otras palabras, en estos momentos el Gobierno no tiene un plan serio para financiar los costos de la paz. La falta de planeación, o al menos de un debate público sobre el tema, es preocu-pante teniendo en cuenta los costos invo-lucrados. Estimaciones iniciales ubican el costo de un acuerdo de paz en alrededor de 22 billones de pesos anuales11. Ello equiva-le a 2,4 veces los recursos destinados en el presupuesto de 2015 para inclusión social (9 billones de pesos)12.

Ante una cifra de esta magnitud es claro que simples cambios en las tarifas tributarias no serán suficientes. Si existe una voluntad real de terminar el conflicto armado es necesario atender a las causas so-cioeconómicas que lo generaron en primera instancia. Ello implicaría no solamente una revisión de las partidas de gasto para incluir programas de inversión rural que permitan la recuperación de las áreas del país más afectadas por el conflicto, sino también una

11 Dinero (2012, augusto 31). “¿Cuánto cuesta la paz?”. Visitado julio 23, 2014, en http://www.dinero.com/pais/ar ticulo/cuanto-cuesta-paz/158688

12 Portafolio (2014, julio 10). “Presupuesto del 2015 será de $167 billones”. Visitado julio 24, 2014, en http://www.portafolio.co/economia/presupuesto-gobierno-nacional-2015

Si existe una voluntad real de terminar el conflicto armado es necesario atender a las causas socioeconómicas que lo generaron en primera instancia. Ello implicaría no solamente una revisión de las partidas de gasto para incluir programas de inversión rural que permitan la recuperación de las áreas del país más afectadas por el conflicto, sino también una revisión de la estructura tributaria del país

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Conflicto y solución política

revisión de la estructura tributaria del país. Teniendo en cuenta lo que está en juego, el Gobierno no puede seguir anteponiendo sus necesidades políticas de corto plazo a los requerimientos económicos y sociales del país en el largo plazo.

En efecto, la construcción de la paz pasa por una mejora en la distribución del ingreso en Colombia. Visto así, la discusión sobre la estructura tributaria del país es un tema central que atraviesa las discusiones sobre el financiamiento de la paz y los orí-genes socioeconómicos del conflicto arma-do. Al día de hoy, dicha estructura cuenta con un carácter fuertemente regresivo. El país presenta una fuerte concertación de la riqueza y, por ende, de rentas asociadas al capital, sobre las cuales el sistema tributario no ejerce ninguna presión producto de las generosas excepciones del código tributa-rio13. En consecuencia, sería un error que se continuara la senda de ajustes marginales que progresivamente agravan el carácter re-gresivo de los impuestos en Colombia para resolver las presiones fiscales del país. La paz representa una oportunidad única para mejorar la estructura tributaria del país y ponerla sobre bases equitativas. Es necesa-rio abrir este debate lo más pronto posible.

13 Joumard, I., & Vélez, J. L. (2013). “Income Inequality and Poverty in Colombia - Part 2. The Redistributive Impact of Taxes and Trans-fers”. OECD Publishing. Visitado Julio 24 en ht tp://www.oecd-ilibrary.org/economics/income-inequality-and-poverty-in-colombia-part-2-the-redistributive-impact-of-taxes-and-transfers_5k487n4r0t8s-en

http://internacional.elpais.com/internacio-nal/2014/08/03/album/1407062440_351227.html#1407062440_351227_1407062628

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La “Tercera vía”en ColombiaO las herejías del Neoliberalismo heterodoxo

José Francisco Puello-Socarrás

Docente Universidad Nacional de San MartínBuenos Aires (Argentina)

Que la llamada “Tercera Vía”, originalmente teorizada por el académico inglés Anthony Giddens hacia finales de

la década de 19901, sea la continuación del neoliberalismo por otros medios resulta ser un secreto a voces y además un tema vastamente do-cumentado y analizado2.

Resulta insostenible que la Third Way sea una especie de vía conci-liadora entre el llamado socialismo real (para ese momento inexistente, salvo algunas –y afortunadas– excepciones) y el capitalismo tardío. Para la época de su postulación, la hegemonía neoliberal reinante se autoproclamaba como el Fin de la Historia deseando concretar aquella tristemente célebre frase de Margaret Thatcher de principios de 1980: There Is No Alternative (“TINA” por su sigla en inglés): “No Hay Alternativa”… al capitalismo neoliberal, desde luego. Ninguna opción conciliadora –sincera o posible– pudo plantearse entre (supuestas) vías cuando el horizonte (ideológico dominante, al menos) no suponía más alternativas que la del pensamiento único de la realidad neoliberal.

Relajando la histeria de la historia presente de ese momento, y desde otra perspectiva, lo que la fórmula vía-tercerista sí anticipó fue que el proyecto económico-político neoliberal in vivo, sobre todo gracias a las

1 Giddens, A., Más allá de la Izquierda y la Derecha, 1994 y La Tercera Vía: La Renovación de la Social-Democracia, 1998.

2 Callinicos, A., Contra la Tercera Vía. Una crítica anticapitalista, 2002.

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consecuencias antisociales y antipopulares que había generado por más de tres décadas, resultaría inviable hacia el futuro. Principalmente porque las resistencias y las contestaciones antineoliberales –empezando por aquellas regiones donde el neoliberalismo más orto-doxo hizo su debut, v.gr. Latinoamérica y el Caribe– se mostraban cada vez más frecuentes en demostracio-nes públicas e intensidades. Había conciencia de que, con el paso del tiempo, esos contenciosos se tornarían globales y, además –tal y como lo ha registrado la historia política efectiva del nuevo milenio–, varios de ellos superarían las fases meramente defensivas para concretar posturas ofensivas, logrando destituir y derrotar en varias geografías el proyecto neoliberal proponiendo alternativas auténticas, incluyendo las anticapitalistas. Esas tendencias, en todo caso, per-mitieron anticipar varios acontecimientos y construir pronósticos sobre la necesidad de una renovación del neoliberalismo que incluiría, entre otras cuestiones, al menos dos elementos cruciales:

a. Una postura “menos dogmática”, es decir, menos ortodoxa que permitiera “regenerar” es-tratégicamente la imagen del neoliberalismo3; además, porque este perfil radical resultaría agotado y, en ese sentido, ineficaz e impro-ductivo en diferentes aspectos, más allá del meramente ideológico, y

b. aceptar (a regañadientes) que el capitalismo, en general, y el neoliberalismo, en particular, no podrían funcionar –de hecho, nunca lo han hecho– sin la presencia relativamente activa

3 Puello-Socarrás, JF, Nueva Gramática del Neolibera-lismo, 2008. Schöller & Groh-Samberg (“The edu-cation of neoliberalism”, 2006, p. 177) también sugieren que en la actual etapa del neoliberalis-mo, éste “perdería su severidad dogmática” y es-taría “menos abierto al ataque, disfrazándose de la ideología de la denominada Tercera Vía”.

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del Estado-nación (el cual, recordémoslo, es una producción histórica del capitalismo).

Sólo así se entiende que sus defensores, desde intelectuales como Giddens hasta políticos de pro-fesión como Blair (Reino Unido), Clinton (EE.UU.) o Schröder (Alemania), pretendieran constituir un frente político y una estrategia de políticas, la cual, en sus propias palabras, “combinara” el libre mercado de la Nueva Derecha con el Estado socialista de la Vieja Izquierda, por supuesto, silenciando la inminente crisis del capitalismo neoliberal. Pero si se atienden cuidadosamente los adjetivos por ellos utilizados se puede fácilmente advertir hacia dónde iría (tal y como sucedió) tal tentativa.

La vía-tercerista original no significó otra cosa que preparar la continuación del neoliberalismo para una nueva fase y viabilizar así su proyecto económico-político en el tiempo.

Las herejías del neoliberalismoLa presentación pública de la Tercera Vía por parte

de Santos en Cartagena (El Espectador, 30 de junio 2014) al lado de “terceristas” como Clinton, Blair y compañía, mantiene una línea lógica que se sintoniza consistentemente con los cambios hegemónicos más actuales. No se trata entonces de ninguna genialidad ni novedad criollas pues este perfil ha sido aplicado desde hace tiempo aunque, ciertamente, con la ad-ministración de Santos esa tendencia neoliberal en Colombia se refuerza (El Espectador, 24 junio 2010). Más importante aún, este acontecimiento viene a actualizar localmente sucesos claves de la globalidad hegemónica reciente, y puntualmente: el tránsito al interior del neoliberalismo desde una versión carac-terizada como ortodoxa y desreguladora (durante las décadas de los 1980-1990) hacia otra versión, un neo-liberalismo de nuevo cuño, heterodoxo y regulador (entiéndase bien: ni intervencionista ni planificador, estatalmente hablando) el cual resultaría más versátil y ajustado para enfrentar los desafíos que le plantean

La ambigüedad en el discurso (y las prácticas) acerca de la Paz por parte de Santos y su gobierno (incluyendo a varios negociadores del oficialismo en La Habana) vendría cumpliendo una función distractora con el fin de asegurar la continuación y profundización del neoliberalismo. La oficialización reciente de La Tercera Vía santista pretende alcanzar tal objetivo y con ello actualizar los alcances de ese proyecto de clase.

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Batalla de ideas

los nuevos tiempos, en particular las diversas formas de resistencias y contestaciones sociales y populares contra el capitalismo salvaje y, aún más allá, los pro-yectos auténticamente alternativos que hoy recorren la región nuestramericana4.

Esta nueva versión del neoliberalismo difiere en algunos aspectos no sustanciales en el terreno de las políticas públicas (económicas y, especialmente, sociales) frente al viejo neoliberalismo. Sin embargo y al mismo tiempo, también mantiene intacto su núcleo fundamental. Si bien en algunos aspectos esta renovación neoliberal resultaría –para algunos absor-tos– “menos” radical frente al fundamentalismo del mercado practicado en el pasado, la nueva moda es absolutamente clara respecto a que el dispositivo por excelencia en la producción y reproducción de todas las relaciones sociales sigue siendo el mercado. O lo que es lo mismo: el mercado es esencial, fundamen-tal, más allá de que el discurso neoliberal emergente considere que en las lógicas del sistema hoy vigente el Estado tenga que estar presente. Esta presencia estatal –insistimos– no debe interpretarse como una vuelta del Estado contra el mercado. Al contrario. La presencia estatal “oportunista” (por ejemplo, los discursos y las prácticas institucionales de las llamadas “alianzas público-privadas”) es requerida precisamente para asegurar que el mercado funcione para sí y, especialmente, para “corregir” sus fallas. Por tal razón, la disposición pro estatal (por supuesto, si es asumida acríticamente) invisibiliza que el retorno

4 También hemos dibujado este tránsito al interior del neo-liberalismo como uno desde el capitalismo salvaje (neo-liberalismo ortodoxo) al capitalismo del “buen salvaje” (nuevo neoliberalismo heterodoxo). Tal denominación –ad-vertimos– no pretende sugerir que el capitalismo, más allá de su versión o etapa neoliberal, no contenga un núcleo contracivilizatorio, es decir, salvaje (la actual crisis global caracterizada como una crisis civilizatoria, ilustra lo dicho anteriormente). Simplemente propone que el componente salvaje inherente al capitalismo histórico se exacerba has-ta límites insondables durante la actual etapa.

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del Estado se explica en exclusiva por la necesidad de profundizar el neoliberalismo.

Esta situación ha sido interpretada últimamente como una “crítica”, o más allá: una herejía contra el neoliberalismo. Y ciertamente lo es. Pero se trata de una herejía en la interpretación adecuada de ese término; no una blasfemia, actitud –ésta última– que dentro de un discurso auténti-camente crítico y contra-neoliberal debería imperar. Al respecto, Pierre Bourdieu ha iluminado los criterios de esta controversia entre ortodoxia y heterodoxia:

(…) la heterodoxia, como ruptura crítica, que está a menudo ligada a la crisis, junto con la doxa, es la que obliga a los domi-nantes a salir de su silencio y les impone la obligación el discurso defensivo de la ortodoxia (Bourdieu, Campo de poder, campo intelectual. Itinerario de un concepto, 2002, p. 121).

La versión heterodoxa del neoliberalismo entonces no es una crítica (radical) al neoliberalismo. Ni siquiera frente a su versión “ortodoxa”. Esta “crítica” cumple la función –como dice Bourdieu– de “producir” el discurso defensivo de la ortodoxia, de protegerla, cuando (como ahora) ésta última se encuentra en crisis. La emergente heterodoxia neoliberal tampoco es un retroceso respecto del proyecto político de clase que representa el neoliberalismo. Por el contrario, resulta ser un avance

La Paz como un pacto pragmático para finalizar la guerra y la confrontación armada –anhelo loable y urgente, es indiscutible– no pretendería terminar con las raíces históricas y actuales del conflicto social en el país, pues como se ha subrayado desde un principio y se insiste tozudamente cada vez que existe la oportunidad mediática por parte del Gobierno: el modelo socioeconómico vigente estaría fuera de discusión.

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Batalla de ideas

estratégico, su profundización y consolidación, con las implicancias económicas, sociales, ambientales y, desde luego, políticas que ello viene significando durante –por lo menos– los últimos cuarenta años y que, no sin razón, han sido calificadas como un holocausto social.

El eslogan santista que inaugurara su primer mandato presidencial en 2010 y síntesis fundamental de su Plan Nacional de Desarrollo: el Mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario, resulta indiscutiblemente revelador de lo que hemos planteado antes.

¿”Tercera vía” para la paz o la “paz” para la “Tercera vía” neoliberal?Existe otra situación inadvertida sobre el efecto de los anuncios de la Tercera Vía san-

tista que se relaciona directamente con los acontecimientos políticos que hoy por hoy se desarrollan en el país.

La gramática simplista impuesta por el discurso dominante para interpretar restrictiva-mente el proceso de negociaciones entre el Gobierno y las guerrillas (asumida progresiva y cándidamente por algunos sectores en la izquierda colombiana) y, especialmente, La Paz como un pacto pragmático para finalizar la guerra y la confrontación armada –anhelo loable y urgente, es indiscutible– no pretendería terminar con las raíces históricas y actuales del conflicto social en el país, pues como se ha subrayado desde un principio y se insiste to-zudamente cada vez que existe la oportunidad mediática por parte del Gobierno: el modelo socioeconómico vigente estaría fuera de discusión.

Los sectores hegemónicos en Colombia parecen entonces querer reeditar la misma astu-cia que ya utilizaron durante la última Asamblea Nacional Constituyente (ANC), recordé-moslo: un supuesto nuevo contrato social para alcanzar la Paz, producto de negociaciones

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con algunas guerrillas (exceptuando las FARC y el ELN). Se debe hacer memoria que si bien la nueva Constitución Política de 1991 en su redac-ción original consignó un esquema de Estado Social de Derecho (ESD) que significó varios avances sociales (hoy venidos a menos gracias a las contrarreformas realizadas), la ANC simultáneamente fue aprovechada para constitucionalizar el Estado Neoliberal de Derecha. En esa oportu-nidad se utilizó mezquinamente el componente “social-demócrata” que supuestamente llevaría la nueva Constitución Política como una distrac-ción para introducir y blindar los núcleos neoliberales que finalmente se impusieron en la Carta Magna. A la postre, los arreglos neoliberales no sólo eclipsaron las dinámicas estructurales que suponía el ESD sino que –peor aún– impusieron las lógicas económico-políticas y (anti)sociales que han regido sobre todo desde la década de 1990 y que hoy por hoy imperan. Prueba de ello son las revelaciones realizadas por el mismo Rudolf Hommes, ex ministro de Hacienda, uno de los arquitectos del neoliberalismo en el país, quien en uno de sus escritos recordaba –sin sonrojarse– que mientras se iba desarrollando la ANC, el gobierno de César Gaviria tramitó socarronamente desde el Ejecutivo las principales reformas legislativas para la llamada “apertura económica” (neoliberal)5.

La ambigüedad en el discurso (y las prácticas) acerca de la Paz por parte de Santos y su gobierno (incluyendo a varios negociadores del ofi-cialismo en La Habana) vendría cumpliendo la misma función distrac-tora con el fin de asegurar la continuación y profundización del neoli-beralismo. La oficialización reciente de La Tercera Vía santista pretende alcanzar tal objetivo y con ello actualizar los alcances de ese proyecto de clase. Lo más grave de este asunto es que no se toma conciencia aún que la terminación del conflicto social y de sus expresiones armadas (la guerra) en Colombia pasa necesariamente por la desinstitucionalización del régimen anocrático, histórica y actualmente existente en el país, y con ello, por la decidida destitución del complejo neoliberal-(para)mili-tar que lo alimenta.

5 Hommes, R., “Modelo de Desarrollo Económico. Colombia 1990-2002”, citado por Fernández, Juan Pablo, La peor corrupción es la que condena a Colombia al atraso, 2009 [en línea].

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Argentina en manos de los Fondos buitre

Daniel Libreros Caicedo

Profesor del Departamento de DerechoUniversidad Nacional de Colombia

a) Globalización financiera y escalonamiento de la deuda pública argentina

Argentina es un ejemplo de las nefastas consecuencias que deben soportar los países y las poblaciones sometidas a la

dominación imperial basada en el capital financiero. El ascenso escalo-nado de su deuda pública coincide con los momentos de la consolidación de la globalización financiera. Efectivamente, el endeudamiento público argentino comenzó a hacerse ostensible durante el primer momento de esta transformación en la acumulación transnacional de capital que comenzó a inicios de los años setenta, con el desplazamiento de capitales empresariales norteamericanos hacia el mercado financiero de Londres, lo que estuvo acompañado por las modificaciones impulsadas por la Re-serva Federal Norteamericana (FED) del sistema monetario pactado en Bretton Wood al finalizar la Segunda Guerra Mundial, modificaciones que incluyeron el fin de la paridad dólar, el surgimiento de las tasas de cambio flotantes, la desregulación de capitales, la privatización de las di-visas y la eliminación de la inflación estructural propiciada por décadas de laxitud en la política monetaria mediante una elevación considerable de las tasas de interés internacionales1.

1 Esta elevación de las tasas de interés conocida como el “giro Volker” llego hasta 500 puntos en términos reales y confirmó el señoreaje del dólar en el sistema monetario internacional.

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Nuestra América

Así, en el lapso 1976-1983 y durante la dictadura de Videla la deuda pública argentina aumentó de US$8 000 millardos a US$45 000 millardos y el pago de los intereses se elevó de US$1.6 millardos a US$ 6.8 millardos2, un endeudamiento en el que se asociaron los intereses de los especuladores financie-ros transnacionales con los de una dictadura corrupta y genocida, unidad de intereses avalada por el FMI y el Banco Mundial3.

Luego vinieron los pagos del endeudamiento so-portados en las imposiciones de las “reformas estruc-turales” en la región implementadas por esas mismas instituciones financieras internacionales, acompaña-das de la estatización de las deudas externas privadas 4que significaron un traslado enorme de riqueza hacia los mercados financieros metropolitanos.

En los inicios de la década del noventa, el gobier-no de Menen aceptó el Plan Brady para pagar el saldo

2 “Expresado en términos relativos se pasó entre 1976-1983 de una deuda externa que equivalía a dos años de expor-taciones a otra que representaba los ingresos de seis años de exportaciones. A su vez, el pago de intereses aumentó su participación pasando del 40% al 90% de las exporta-ciones…” Tomado de /ladeudapublicaargentina.blogspot.com/.../la-deuda-pu.., abril 28 de 2010.

3 Una pieza importante del derecho alternativo frente a este tipo de endeudamientos imperiales la constituye el fallo del juez Ballesteros en el año 2000, en el que se señalan más de 470 operaciones económicas financieras ilegítimas para el período que se reseña concluyendo que la deuda “ha resul-tado groseramente incrementada a partir del año 1976 me-diante la instrumentación de una política económica vulgar y agraviante que puso de rodillas al país…”, añadiendo que, por tanto, se trata de una deuda “ilegal, inmoral, ilegítima y fraudulenta”. La demanda de esta causa fue presentada por Alejandro Olmos quien durante 18 años realizó las investiga-ciones pertinentes y las acusaciones ante los tribunales de manera solitaria y murió antes de que se profiriera sentencia. Si bien el Estado argentino nunca reconoció la validez de este fallo, el mismo sirve como antecedente a las disputas jurídi-cas que se vienen presentando sobre el tema.

4 Para el período que se viene reseñando en Argentina este endeudamiento privado era de aproximadamente US$14 000 millones.

http://internacional.elpais.com/internacio-nal/2014/07/20/album/1405853236_936187.html#1405853236_936187_1405853389

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de la deuda pendiente, que en ese momento llegaba a US$70.5 millar-dos5. Este plan sirvió para expandir los negocios financieros privados por cuanto los bonos Brady inauguraron las operaciones de canje de deuda pública contra títulos en moneda nacional o extranjera que se pueden negociar libremente en los mercados de capitales. Fue una de las tantas innovaciones de ingeniería financiera impuestas por Wall Street para au-mentar las ganancias especulativas6. En el caso de Argentina, esto tuvo consecuencias en el endeudamiento estatal por cuanto mientras la deuda reconocida por el Estado bajo la forma de títulos transables aumentó en US$50 millardos aquella obtenida bajo otras modalidades se redujo en aproximadamente US$ 10 millardos, siendo significativo el caso de la merma en créditos con la banca comercial7.

El gobierno de Menen cumplió al pie de la letra con las exigencias de la financiarización dependiente agregando la paridad dólar-peso y se convirtió en sitio privilegiado para los capitales financieros, al punto que a finales del siglo la deuda externa argentina representaba la cuarta parte del endeudamiento total de los países emergentes.

b) Los gobiernos Kirchner honraron el pago de la deuda Pero en la financiarización dependiente de los ciclos de bonanza

siguen los de penurias. El flujo de capitales que obtienen rentas finan-cieras gira en sentido contrario cuando se precipitan crisis internas que toman la forma de déficit en las cuentas corrientes dejando una secuela

5 Denominado así por el nombre del entonces Secretario del Tesoro de Estados Uni-dos, Nicolás Brady, quien los diseñó. Bajo el Plan Brady, el gobierno de Menen re-conoció a valor nominal la totalidad de las deudas que pretendían los acreedores privados, las cuales incluían US$22 millardos en amortización de capital y US$ 8 millardos por concepto de intereses a pesar de que los títulos que soportaban es-tas acreencias solo llegaban al 15% de su valor en los mercados financieros. Las tasas de interés que decretó el gobierno en el caso de los títulos que emitió para refinanciar la deuda oscilaron entre el 16.5 y el 19%. El pago del endeudamiento incluyó una parte en efectivo y la compra de garantías en bonos de la Tesorería norteamericana por US$3 millardos. En: ladeudapublicaargentina.blogspot.com/.../la-deuda-pu.., abril 28 de 2010.

6 Grafica al mismo tiempo el control de los llamados Inversionistas Institucionales (Fondos de Pensiones, Bancos de Inversión, etc.) sobre la producción y distribución de la riqueza social en los mercados de capitales.

7 “La deuda con la banca comercial que representaba más de la tercera parte de la pública deuda argentina a principios de los noventa se redujo a tan solo el 3% a finales de esa misma década…”. Ibíd. Este desplazamiento de la banca comercial por los inversionistas institucionales constituye una tendencia internacional una vez consolidada la globalización financiera.

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de devaluaciones y encarecimiento de las deudas pú-blicas. Durante los años 1997-1998 se oficializó una crisis en la periferia capitalista. Rusia suspendió el pago de su endeudamiento; los llamados “tigres asiáticos” (Indonesia, Tailandia, Malasia y Corea del Sur) experimentaron crisis cambiarias y América Latina conoció una fuga de capitales considerable.

En este contexto, el default argentino era inevi-table. Ocurrió en diciembre de 2001, y Argentina se mantuvo en esa situación de quiebra hasta el año 2005 cuando se oficializó el megacanje en el que el entonces presidente Néstor Kirchner aceptó negociar títulos de 2001 por el doble de su valor nominal. En este proceso se canjearon US$82 millardos. No hubo desconocimiento parcial de deuda (quita) como lo proclama el kirchnerismo, pues si bien es cierto que se renegociaron US$62 millardos se respaldó el resto del endeudamiento con cupones expedidos contra el PIB por un valor de US$30 millardos8. En 2010 se hizo la negociación final, con lo que se logró un nivel de adhesión del 92% de los acreedores quedando por fuera los Fondos Buitre9.

El gobierno de Néstor Kirchner reconoció parale-lo al megacanje el “blindaje jurídico” que exigen los inversionistas-acreedores en estos casos, incluyendo

8 Sobre este tema ver entrevista del 25 de junio en TLV1 con Héctor Giuliano en http://www.youtube.com/watch?v=CcVqRxfxRWY. Debe añadirse que se emitieron bonos a 30 y 35 años con una tasa de interés del 8,28% inferior a las de los títulos de 2001 aunque superior a las tasas de interés internacionales de referencia, que en 2005 se encontraban en el 4%.

9 Sobre este canje existen demandas judiciales por supues-tas informaciones confidenciales y tráfico de influencias de los inversionistas, lo que les posibilitó adquirir títulos a muy bajo precio antes de que el gobierno anunciara una nueva negociación rompiendo la ley cerrojo de 2005. Fue precisa-mente en 2008 cuando un fondo buitre, el NML, adquirió US$48,7 millones lo que le ha permitido una “ganancia del 1608% en dólares”, cuestión que fue reconocida por la pro-pia Presidente Cristina Kirchner en discurso reciente. Sobre el tema ver, Blog de Alejandro Olmos, “Los Fondos Buitre”, 17 de junio de 2014.

http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/un-dia-franja-de-gaza-galeria-507616

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la cláusula de prolongación de competencia de los tribunales de New York que ha servido de apoyo a la decisión del juez federal Griessa. Re-cientemente, el gobierno de Cristina Kirchner ha aceptado las exigencias de esa normatividad especulativa intentando mejorar los resultados ne-gativos de las calificadoras de riesgo10. Honrar las deudas con el capital financiero es una de las constantes políticas de la gobernabilidad en el mundo globalizado, y Argentina, por supuesto, no es la excepción. Esto tiene una explicación de clase. La desregulación de capitales terminó por asociar mercados internos en un sistema financiero transnacionalizado y desigual en el que los grupos financieros metropolitanos integraron a los periféricos que tuvieron la capacidad patrimonial para internaciona-lizarse. Estos grupos financieros comparten intereses y negocios, uno de los cuales es el de la apropiación de los presupuestos públicos por la vía del crédito y cuentan con el poder político suficiente para imponer sus decisiones. Los resultados están a la vista.

c) Un fallo judicial corporativoEl fallo Griessa confirmado por los tribunales de apelación norteame-

ricanos pone en crisis el megacanje 2005-2010. Respalda al 1% dentro del globo del 7% de los acreedores que no suscribieron los acuerdos con un monto de US$1 500 que ascendería a US$15 millardos si el resto de los fondos buitres inicia demandas similares11. Sin embargo, el escenario más problemático y bastante probable es el de demandas internacionales de los acreedores que aceptaron la negociación anterior, con lo que la deuda argentina ascendería a cifras astronómicas12.

Los fondos buitre son controlados por inversionistas de capital de riesgo que compran títulos de deuda pública a bajo precio en países que experimentan crisis financieras para luego exigir judicialmente el pago

10 En pocos meses, negoció con el “Club de París, aceptó la indemnización de Repsol y las demandas ante el CIADI que suman US$20 millardos, a pesar de las dificultades en reservas de divisas.

11 “Se estima que la mitad de ese 7% de acreedores reúne a fondos muy agresivos (buitres de los buitres), que harán demandas para obtener rápidos fallos favorables en Nueva York. El otro grupo tendría localizadas sus peticiones en Inglaterra, Ale-mania e Italia y una porción litigaría en el CIADI…”, ¿Cuántos Buitres acosan a la Argentina?, Claudio Katz, junio 30 de 2014 en www.aporrea.org.

12 La propia presidenta Cristina Kirchner ha reconocido ese riesgo anotando en discur-so reciente, “con el riesgo de que el otro 92% encuentre otro juez, que diga ́ ustedes también tienen derecho a reclamar´”, con lo cual se arribaría a “la posibilidad de que sea exigida el total de la deuda argentina y que la reestructuración acordada en 2005 y 2010 se caiga como un castillo de naipes”…

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de los mismos con intereses. El fondo buitre que ganó la demanda Gries-sa se denomina NML Capital y pertenece al holding Elliot Management Corporation, liderado por Paul Singer reconocido personaje del lobby de Wall Street en las esferas del poder estadounidense13. De hecho, el fallo expresa los resultados del lobby ante la justicia norteamericana.

Este fallo ha sido condenado por los organismos multilaterales inter-nacionales, como el G-77, y los de la región, como en el caso de la OEA, UNASUR y el CELAC, pero no existe una sola iniciativa concreta de esos mismos organismos para darle salida a la crisis argentina. Incluso el propio FMI y el gobierno de Obama han acompañado esta condena, dado que establece un precedente que dificultará al máximo en el futuro inmediato negociaciones de endeudamientos públicos cuando otros paí-ses entren en default, más aún cuando no existe un régimen formal de bancarrota para los gobiernos14. Pero vivimos en un universo en el que gracias a la desregulación de capitales, los intereses corporativos priva-dos se imponen sobre los que requiere el funcionamiento del conjunto sistémico del capitalismo.

La opción que le queda al gobierno argentino es la de declararse en default acompañando tal decisión de una auditoria de los títulos de deuda, incluyendo la totalidad del recorrido histórico de la misma. Esta medida sería acompañada por todo el movimiento democrático latino-americano y abriría esperanzas a los pueblos de la región hacia futuros enfrentamientos con la dominación financiera.

13 Paul Singer ha apoyado a personalidades del Partido Demócrata, como Giuliani, o a Rooney, del Partido Republicano, en sus aspiraciones presidenciales, aunque se en-cuentra más ligado a los republicanos. Tiene reconocidos antecedentes en el mundo de la especulación. Como en el Perú, en donde con una inversión de US$5 millones obtuvo una ganancia de US$ 8, y en el Congo, donde la relación inversión-ganancia fue de US$2,3 contra US$100.

14 Roubini ha resumido esta preocupación así: “La decisión de la Corte estadounidense es peligrosa por dos motivos. En primer lugar, el tribunal determinó por primera vez que un país no puede continuar pagando a los acreedores que hayan aceptado una gran reduc-ción (o “recorte”) hasta que se cancele el total de la deuda a los acreedores inflexibles. Entonces, ¿qué razón tendría un acreedor futuro para votar a favor de una reestructu-ración ordenada, si sus nuevos derechos podrían ser bloqueados incluso por un único acreedor inflexible? En segundo lugar, si los inflexibles reciben el pago total, la mayoría de los acreedores que aceptaron el recorte también pueden solicitar lo mismo. Si eso ocurre, el peso de la deuda del país se disparará nuevamente, resultará insostenible y obligará al gobierno –en este caso, al argentino, que está cumpliendo con la mayor par-te de los servicios de su deuda– a una cesación de pagos para todos sus acreedores…”. Nouriel Roubinio, “Gauchos extorsionados”, El Espectador, junio de 2014.

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Brasil: que la copa no tape el bosque

Juan Bautista Lucca

Universidad Nacional de Rosario Argentina

Las pasiones mueven montañas, pero muchas veces también colaboran a colocar un obstáculo, intencionadamente o no,

en el camino de los pueblos. Sin lugar a dudas, el Mundial de Fútbol Brasil 2014 es un ejemplo claro de un mosaico roto en múltiples frag-mentos, capaz de ser leído e interpretado de una y mil formas, pero cuyo magnetismo es enorme tanto para el análisis social y político como para las pasiones mundanas. En este sentido, resultó innegable que durante un mes, todos aquellos con una “sensibilidad futbolera” no pudieron ser indiferentes al derrotero de la pelota hacia el gol, de las gambetas de nuestros ídolos de mercado más jóvenes, e inclusive potenciar –para-fraseando a Eduardo Galeano– la idea de que la selección era “la patria en pantaloncitos cortos” y por ende dar rienda suelta al resurgimiento de un nacionalismo de baja intensidad –pero nacionalismo al fin– que pudo retratarse en el encono entre argentinos y brasileños, en la moda-lidad de los festejos de los alemanes, en la defensa del concepto de garra charrúa en los dientes de Luis Suarez o, cuando no, en la ira desatada contra el réferi.

Ahora bien, la pasión no solo mueve montañas, sino también suele cegar, distorsionar o muchas veces revelar la mirada, y el mundial de fútbol debe ser pensado en cierta consonancia con lo que acontece en la fiesta de carnaval, como una manifestación popular, que se produce de forma cíclica, que se instituye como una pausa en la cotidianeidad y el orden normal de las cosas. En este sentido, y parafraseando a Freud,

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http://en.wikipedia.org/wiki/International_reactions_to_the_Gaza_War

puede señalarse, por un lado, que el carnaval, como el mundial de fútbol en este caso, sería un exceso permitido, un comportamiento ritual y tradicional de válvula de escape a las penurias cotidianas de las clases subalternas; aunque, por otro lado, tal y como señalara Roberto Da Matta en su ensayo Carnavais, heróis e malandros, su carácter excepcional no hace más que confirmar el orden dado de las cosas en el tiempo normal de la ley.

Sobre esta base, creemos necesario analizar el Mundial de Fútbol Brasil 2014 desde una perspectiva que, imbuida en los avatares de la propia dinámica social y política brasileña, logre evidenciar las ten-siones de poder que se ponen en juego, como por ejemplo, entre las corporaciones mediáticas y el go-bierno en torno al éxito/fracaso del evento; entre las movilizaciones y actos de protesta en torno a la copa y la figura presidencial de Dilma Rousseff; o inclusive en el uso de la Copa en la puja entre los principales precandidatos presidenciales. Es decir, la Copa del Mundo se presentaba, para el Brasil contemporáneo, como un evento en el que se ponen en juego muchos más elementos que la simple gloria y regocijo futbo-lero.

En primer lugar, es necesario advertir que la realización de los dos eventos deportivos de mayor trascendencia mundial (Copa Mundial de Fútbol y Olimpíadas) en territorio brasileño, son la conse-cuencia de una década de crecimiento económico, de recuperación democrática y de ampliación de dere-chos sin precedentes tras una larga década de deser-tificación neoliberal. De esta manera, la posibilidad del diálogo social abierta por Lula en 2002 y la con-tinuidad en los períodos posteriores de la ampliación de la participación ciudadana permiten entender el resurgimiento de la sociedad civil brasileña, evidente en las extensas y complejas protestas de 2013, y que un evento como la Copa Mundial de Fútbol pueda convertirse en una caja de resonancia para múltiples voces. Sin embargo, en este heterogéneo magma

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social que se manifestó en torno al Mundial, no todas las expresiones son equivalentes, puesto que conviven múltiples contradicciones, como por ejemplo:

1. Por un lado, la demanda del derecho a la vi-vienda en el asentamiento “Copa do Povo” por parte del Movimiento Sin Techo en San Pablo, y, por el otro, la reprobación a través de silbi-dos a la figura de Dilma Rousseff en el partido inaugural por parte de la “elite blanca”, según lo calificó el propio Lula, que aprovechó clara-mente el flujo económico que trae la copa pero culpó al gobierno de cualquier desaciertos en la gestión pública del evento.

2. Por un lado, el descontento de un tercio de la población por los gastos en la organización de la copa (11 000 millones de dólares) y no en la utilización de esos fondos en mejoras de tipo “padrón FIFA” en la salud, educación e infraestructura, y, por el otro, el descontento manifiesto en primera plana en los días previos al inicio del Mundial por uno de los principa-les diarios brasileños –Folha de Sao Paulo– en torno a las falencias en la obra pública destina-da al Mundial (aeropuertos y estadios sin ter-minar) o inclusive enfocándose en problemas históricos de Brasil que requieren la atención del Estado, cuando en el pasado neoliberal reciente fueron los principales agoreros del achicamiento del gasto público y la interven-ción del Estado.

En segundo lugar, cabe destacar que la realización del Mundial de Fútbol 2014 es uno de los tantos intentos brasileños de mostrarse como país “emergente” que abandona la semiperiferia para posicionarse en el cen-tro de la escena internacional, tal y como ocurriera, por ejemplo, con España en el Mundial de 1982 o con las Olimpiadas en Barcelona una década más tarde.

Si bien el 7 a 1 frente a Alemania fue para Brasil el peor de sus fracasos deportivos, en términos de la gestión estatal de la Copa el saldo fue positivo, ya que el miedo al “caos brasileño” que mucha de la prensa internacional y local alentaba vinculado a problemas de seguridad no tuvo correlato alguno, aunque en contrapartida la visión gubernamental de que el legado de la “copa de copas” sería inmejorable para la sociedad brasileña tampoco tuvo un impacto directo.

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Ahora bien, esta tentativa brasileña de poten-ciar su rol como potencia regional y nuevo interlocutor global convive con la paradoja de una estrategia que, cual rostro de Jano, en algunos casos se muestra como un “subim-perialismo regional” si observamos el peso de las corporaciones empresariales brasileñas en países vecinos como Bolivia o Paraguay o inclusive en países africanos como Santo Tomé y Príncipe, pero también ofrece un rostro en el que la “integración regional sur-sur” es una innovación singular dentro de la historia política brasileña que contrasta con la tradición llevada adelante por el Palacio de Itamaraty o bien la vocación noroccidental que durante los años 1990 llevó adelante Fernando Henrique Cardoso.

En tercer lugar, desde 1994, en Brasil las elecciones presidenciales de octubre coinci-den con la realización de la Copa Mundial de Fútbol en el mes de junio; sin embargo la edición del Mundial de 2014 se esperaba sea la versión más politizada de todas, no solo por que se realiza en territorio brasile-ño, sino también porque se ponía en juego la posibilidad de reelección de la presidenta Dilma (PT) en alianza con un sector ma-yoritario del pragmático partido PMDB, el intento de renovación y retorno de los

“tucanos” del PSDB con la figura de Aecio Neves, o bien de dar la sorpresa a manos de los ex aliados y ministros del gobierno de Lula, como es el caso de Eduardo Campos (PSB) y Marina Silva (Rede Sustentabilida-de). Si bien el 7 a 1 frente a Alemania fue para Brasil el peor de sus fracasos deporti-vos, en términos de la gestión estatal de la Copa el saldo fue positivo, ya que el miedo al “caos brasileño” que mucha de la prensa internacional y local alentaba vinculado a problemas de seguridad no tuvo correlato alguno, aunque en contrapartida la visión gubernamental de que el legado de la “copa de copas” sería inmejorable para la sociedad brasileña tampoco tuvo un impacto directo. En definitiva, aunque se estima que la vic-toria de Dilma, en segundo turno, aunque dificultosa, se pueda volver una realidad, una vez más, como cada cuatro años, el Mundial de Fútbol justamente en el “país del fútbol” no produjo una torsión de mag-nitud en el ritmo electoral.

En síntesis, la Copa del Mundo Brasil 2014 para el propio pueblo brasileño no ter-minó configurándose como un elemento de viraje sustantivo en el derrotero social, po-lítico e inclusive electoral; es decir, no pudo ser el fútbol el árbol que tapó el bosque.

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El nuevo banco de los BRICS: ¿Una alternativa frente el dominio del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial?

Aaron Tauss

Profesor del Departamento de Ciencia Política Universidad Nacional de Colombia

En la sexta cumbre anual realizada el mes pasado, los líderes políticos de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que des-

de hace cuatro años conforman el grupo de los BRICS1, proclamaron la creación de dos instituciones financieras: 1) El Nuevo Banco de Desa-rrollo (NBD), el cual cuenta con un capital inicial de 50 000 millones de dólares y tiene como propósitos financiar la expansión de proyectos de infraestructura y promover el “desarrollo sostenible”, y 2) el Acuerdo de Reservas de Contingencia (ARC), que posee un capital de 100 000 millones de dólares y se constituye en un fondo de reservas creado para proteger a los cinco miembros contra choques financieros o crisis de carácter presupuestal. El NBD ha propuesto tener como fundamento el principio de la participación democrática, lo cual se expresa, por un lado, en la contribución igualitaria de fondos y, por el otro lado, en el mismo peso de votación para los países miembros.

1 La sigla "BRICS" fue creada por el economista estadounidense y empleado del ban-co de inversión Goldman Sachs, Jim O'Neill, en su publicación, “Building Better Glo-bal Economic BRICs”, en el año 2001, http://www.goldmansachs.com/our-thinking/archive/building-better.html

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Capitalismo en Crisis

Gran parte de la prensa burguesa internacional presentó el nuevo banco del grupo de los BRICS como un “rival”2, un “rebelde”3, o una “alternativa”4 frente el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, instituciones financieras internacio-nales que fueron establecidos durante la conferencia de Bretton Woods bajo el liderazgo de los Estados Unidos y Gran Bretaña en la fase final de la Segunda Guerra Mundial.

Estas instituciones financieras han sido proble-matizadas por los miembros de los BRICS desde dos aspectos fundamentales. Por un lado, consideran que a pesar de su creciente peso económico y político, sus intereses no se sienten representados adecuadamente dentro del FMI y el Banco Mundial y, por el otro lado, rechazan el programa neoliberal impulsado por dichas instituciones, especialmente las políticas de subsidios a las exportaciones, las cuales han pro-fundizado la dependencia económica y alimentaria de los países periféricos; así como la promoción de políticas públicas dirigidas contra la clase obrera.

Al decir de los dirigentes de este bloque, tales políticas han provocado en el pasado un crecimiento del déficit público y de la deuda externa en muchos países. Y las recomendaciones prescritas por parte del FMI y el Banco Mundial tienden, por lo general, a enfocarse en la privatización de activos públicos, como el caso de Grecia ha demostrado durante los últimos años5.

2 Los Angeles Times (2014). “'BRICS' nations to form develo-pment bank to rival World Bank, IMF”, 15.07.2014, http://www.latimes.com/business/la-fi-brics-bank-20140716-story.html

3 El Pais (2014). “Los BRICS se rebelan contra el FMI”, 13.07.2014. h ttp://internacional.elpais.com/internacio-nal/2014/07/13/actualidad/1405270597_195035.html

4 Wall Street Journal (2014). “Los BRICS crearán un banco de desarrollo como alternativa al FMI”, 09.14.2014, http://onli-ne.wsj.com/news/articles/SB10001424052702303473204580019082572350248?tesla=y&tesla=y

5 The Guardian (2011). “Greece begins €50bn privatisation dri-

http://en.wikipedia.org/wiki/International_reactions_to_the_Gaza_War

“El mundo debe detener a Israel”

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¿Hacia un nuevo modelo de desarrollo?En un reciente debate los economistas políticos

Michael Hudson y Leo Panitch discutieron sobre la relevancia de las nuevas instituciones financieras del grupo de los BRICS6. Hudson arguyó desde una perspectiva postkeynesiana que el nuevo banco in-dudablemente representa un paso significativo hacia un modelo alternativo de desarrollo. Para Rusia, la nueva iniciativa es la expresión material de una alianza de defensa contra las más recientes sanciones económicas de los Estados Unidos, implementadas como consecuencia del conflicto en Ucrania. Para China, el nuevo banco se constituye en una respuesta ante las crecientes amenazas políticas y militares es-tadounidenses, que han venido poniendo talanqueras al libre desarrollo de las inversiones Chinas en los EE.UU., arguyendo que representan una amenaza de la “seguridad nacional”.7

Según Hudson, los BRICS, en particular China y Rusia, buscan con la constitución del NBD esquivar el dólar como moneda de reserva internacional y for-talecer el comercio entre los miembros en monedas nacionales para evitar así que los bancos estadouni-denses puedan bloquear las transacciones comerciales y provocar una crisis financiera. Por lo tanto, el nue-vo banco forma parte de una estrategia que permite crear un mayor margen de maniobra para perseguir intereses individuales y colectivos para los países miembros dentro del existente sistema financiero internacional.

ve”, 01.08.2011, http://www.theguardian.com/world/2011/aug/01/greece-50bn-privatisation-drive

6 Real News Network (2014). “Is the New BRICS Bank a Cha-llenge to US Global Financial Power?”, Entrevista con Mi-chael Hudson y Leo Panitch, http://therealnews.com/t2/index.php?option=com_content&task=view&id=767&Itemid=74&jumival=12123

7 New York Times (2014). “U.S. Panel Cites Risks in Chinese”, 08.12.2012, http://www.nytimes.com/2012/10/09/us/us-panel-calls-huawei-and-zte-national-security-threat.html?pagewanted=all&_r=0

Aunque el nuevo marco institucional de los BRICS expresa un intento de abrir unos márgenes de negociación frente al dominio imperialista occidental y la influencia de Wall Street y la City de Londres, no representa una alternativa que desafíe la orientación económica-política de los países capitalistas más industrializados. Por lo tanto, es preciso destacar que el objetivo estratégico del nuevo banco de los BRICS no tiene carácter antineoliberal o anticapitalista.

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Capitalismo en Crisis

Recordemos que la hegemonía sobre el sistema financiero ha sido utilizada por los Estados Unidos en distintas ocasiones como una herramienta política y económica para debilitar y derrocar aquellos gobiernos que se opusieran a sus intereses imperialistas. En efecto, uno de los principales pilares de la estructura imperial global de los Estados Unidos en la época actual se ha soportado en el “patrón de dólar”, el cual reemplazó el “pa-trón de oro” de la década de los 70, cuando el gobierno de Nixon rompió la convertibilidad del dólar respecto del oro. Tal acción uni-lateral convirtió el dólar en el único punto de referencia para el sistema monetario y financiero y para el comercio internacional. Esta ventaja del “patrón dólar” le permitió a los Estados Unidos endeudarse en su propia moneda nacional sin límites. Con esta ven-taja estructural, exclusiva para este país, se profundizó y se radicalizó la dependencia de los otros Estados frente a las políticas económicas y los intereses estratégicos de los Estados Unidos8.

En este sentido, uno de los objetivos es-tratégicos del nuevo banco de los BRICS es promover préstamos en monedas naciona-les, rompiendo parcialmente la hegemonía del dólar en las transacciones financieras y comerciales al interior del bloque9.

Esta situación contrasta con las orienta-ciones del Banco Mundial, que solamente realiza sus préstamos en dólares, política

8 Hudson, Michael (2003). Super imperialism: the origin and fundamentals of U.S. world dominance. London: Pluto Press.

9 Zero Hedge (2014): “The BRICs Are Morphing Into An Anti-Dollar Alliance”, 02.07.2014, http://www.zerohedge.com/news/2014-07-02/brics-are-morphing-anti-dollar-alliance

https://www.flickr.com/photos/pspd1994/6882858360

https://www.flickr.com/photos/kurdistan4all/7019109849

“Palestina libre. Fin de la ocupación Israelí”

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que claramente no tiene como propósito impulsar el desarrollo de la agricultura y la industria de los países prestamistas, sino que busca generar condiciones de financiación tanto para la compra de exportaciones de los Estados Unidos y la Unión Europea como para el pago de la deuda externa.

Pese a la promoción por parte del NBD de préstamos en monedas distintas al dólar, esto no representa una apuesta radicalmente diferente a la del Banco Mundial frente al tipo de proyectos objeto de financiación. Esto es, a través del nuevo banco no se fi-nanciarán principalmente proyectos que estimulen realmente el crecimiento y desa-rrollo económico o programas de soberanía alimentaria con préstamos destinados para la producción de alimentos y el consumo interno. Esto significa que la orientación eco-nómica de sus principales socios se inscribe fundamentalmente dentro de los preceptos de la economía del libre mercado.

A manera de ejemplo podemos señalar que durante los últimos años China surgió como gran inversionista de proyectos de monocultivos en Latinoamérica con el fin de aumentar la exportación hacia este mercado asiático. Con esta estrategia, China no se dis-tingue del modelo extractivista-exportador dominante promovido por el imperialismo norteamericano. No obstante, una diferencia sí existe y radica en que los Estados Unidos nunca han apoyado la exportación de ali-mentos de los países periféricos. Más bien, lo que ha marcado su política exterior tras la Segunda Guerra Mundial, ha sido el intento de ahondar la dependencia de los países del Sur en cuanto a las exportaciones agroindus-triales estadounidenses. En este sentido, un nuevo enfoque que promueve la producción

La creación de las nuevas instituciones de los BRICS forma parte de la integración de las clases capitalistas de los países del grupo dentro del proyecto imperialista global, liderado y manejado por el Estado norteamericano. Ahora, el principal desafío para los Estados Unidos como país líder y promotor de la expansión de las relaciones capitalistas a nivel global consiste en incorporar a los nuevos países capitalistas en desarrollo dentro de su estructura imperial, tal cual como ocurrió con los países capitalistas del centro durante la época de postguerra.

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Capitalismo en Crisis

“No en nuestro nombre. Judíos se oponen a la guerra de Israel”

“Guerra contra la religión”

http://it.wikipedia.org/wiki/Antisionismo

http://en.wikipedia.org/wiki/International_reactions_to_the_Gaza_War

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de alimentos y una disminución relativa de los monocultivos podría señalar un paso importante hacia la reducción de las importaciones de alimentos para los países de la periferia.

Los BRICS y el Imperio NorteamericanoPor su parte, para Panitch, la creación del nuevo banco de los BRICS

aunque representa el intento de los cinco países miembros de ampliar su espacio de acción frente al Estado imperial estadounidense, el Banco Central Europeo, el FMI y el Banco Mundial, no significa necesaria-mente un avance hacia un nuevo modelo anticapitalista. Para ejempli-ficarlo, Panitch destaca que tras la creación del Banco del Sur en el año 2009, Brasil se ha opuesto vehementemente al propósito de Venezuela y Bolivia de establecer un banco internacional como una verdadera alter-nativa frente el FMI y el Banco Mundial.

En ese sentido, Brasil ha insistido en que el Banco del Sur se convier-ta en un banco convencional, esto es, que opere según los “principios del mercado” y que dependa de los mercados financieros ubicados en los países capitalistas del Norte en términos de la fijación de las tasas de interés. En la situación actual no hay señales que demuestren un cambio de tal actitud frente al nuevo banco de los BRICS.

La posición brasileña debe leerse en clave de la orientación de los BRICS frente al sostenimiento de la economía mundial. Esto es, un bloque emergente que cada vez ocupa un lugar más protagónico en la expansión y sostenimiento del capitalismo global. Según el reciente informe del FMI, el comercio entre los países capitalistas en desarrollo en la actualidad ha superado el comercio entre los países del centro y la periferia, y representa un cuarto del comercio global10. También, es necesario destacar que los BRICS jugaron un papel clave en evitar una crisis más profunda del sistema capitalista, cuando se unieron a la pos-tura de los otros países de rechazar la imposición de nuevos aranceles y controles de capital dentro del foro de los G-20.

La creciente importancia de los países capitalistas en desarrollo den-tro del contexto del capitalismo global indudablemente es significativa históricamente y pone en cuestión la antigua tesis marxista de que el capitalismo necesariamente llevaría al subdesarrollo de las formaciones sociales dependientes. Durante las últimas décadas, los Estados Unidos

10 International Monetary Fund (2014). "World Economic Outlook", http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=91&pr.y=5&sy=2011&ey=2018&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=223%2C924%2C922%2C199%2C534&s=NGDPD%2CNGDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC&grp=0&a=

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Capitalismo en Crisis

y la Unión Europea más bien han promovido el desarrollo capitalista de los países en la periferia a través de los mal llamados “tratados de libre comercio” y la promoción de políticas neoliberales.

Aunado a estos elementos, Panitch sostiene que el bajo nivel de los mercados financieros locales de estas economías emergentes, en particular, la debilidad y vulnerabilidad de los mercados de bonos, impulsa a las clases capitalistas de los países del grupo BRICS a forta-lecer el acceso a los centros financieros de Nueva York y Londres. En efecto, tener acceso a los grandes mercados financieros internacionales no solamente abre las puertas para la especulación, sino que juega un papel clave para el funcionamiento y la expansión de las cadenas de valor del sector productivo.

En síntesis, aunque el nuevo marco institucional de los BRICS expresa un intento de abrir unos márgenes de negociación frente al dominio imperialista occidental y la influencia de Wall Street y la City de Londres, no representa una alternativa que desafíe la orientación económica-política de los países capitalistas más industrializados. Por lo tanto, es preciso destacar que el objetivo estratégico del nuevo banco de los BRICS no tiene carácter anti-neoliberal o anticapitalista.

La creación de las nuevas instituciones de los BRICS forma parte de la integración de las clases capitalistas de los países del grupo dentro del proyecto imperialista global, liderado y manejado por el Estado norteamericano. Ahora, el principal desafío para los Estados Unidos como país líder y promotor de la expansión de las relaciones capitalistas a nivel global consiste en incorporar a los nuevos países capitalistas en desarrollo dentro de su estructura imperial, tal cual como ocurrió con los países capitalistas del centro durante la época de postguerra.

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Edito

rial

Es la hora del cese bilateral de fuegos

Fernando Álvarez

Lograr un cese bilateral de fuegos posee una importancia car-dinal, considerando que éste representaría una manifestación

expresa de las partes de su compromiso real con la paz no sólo en el sentido de generar un mejor ambiente para las negociaciones, sino sobre todo en términos de darle cierre a los impactos, siempre causantes de dolor y sufrimiento, que tienen las acciones militares y de guerra sobre la población en general y en especial sobre los desposeídos y los humildes. No puede continuar siendo aceptado socialmente que el proceso se vea amenazado en forma recurrente por la continuidad de la confrontación militar, cuando ésta podría cesar o suspenderse mediante acuerdo de las partes.

En aras de la verdad debe decirse que, desde el inicio de las nego-ciaciones y luego en reiteradas declaraciones, la guerrilla ha propuesto que se pacte el cese de fuegos, haciendo eco además de requerimientos en ese sentido de sectores importantes de la sociedad. El argumento gubernamental inicial, probablemente comprensible en su visión de la negociación, consistente en que su negativa a tal propuesta se explicaría para evitar que la guerrilla lo aprovechase para fortalecerse y sacar ven-tajas militares sin comprometerse a fondo con el proceso, resulta hoy insostenible desde cualquier punto de vista.

Tras la firma de dos acuerdos parciales (con salvedades como es de conocimiento general), la definición pactada de principios para el abor-daje del punto sobre “Víctimas” y el anuncio de comisiones de trabajo

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DATOS IMÁGENESLas imágenes presentadas en este

número fueron tomadas de las fuentes indicadas en cada pie de foto.

*Portada:http://vustudents.ning.com/forum/topics/

palestine-tomorrow-will-be-free-faizan

*Bandera:http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/

un-dia-franja-de-gaza-galeria-507616

*Página actual:https://www.flickr.com/photos/looking4poetry/

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para avanzar en asuntos del punto sobre “Fin del conflicto”, calificado todo ello por la opinión pública internacional y la propia gran mayoría de la opinión nacional como hechos “sin precedentes”, no hay lugar a duda acerca de la posibilidad real de construir un acuerdo final que permita la salida política al conflic-to colombiano.

De tal suerte que persistir en la tesis de la nego-ciación en medio de la guerra no tiene explicación distinta a que tal persistencia se comprende por el Gobierno como un recurso de negociación por fuera de la Mesa con la idea de infringirle bajas a la gue-rrilla, a “objetivos de alto valor”, para debilitarla y someterla según la lógica de que la “paz es la victoria”, resolviendo por vía militar lo que no seguramente no se ha podido en la negociación.

No debe sorprender entonces la respuesta guerri-llera que activa sus planes militares en consonancia con lo recursos propios de una guerra irregular y asimétrica, como se ha mostrado por diversos estu-diosos. El resultado de todo ello es la tendencia a la intensificación y el escalamiento del conflicto, opa-cando en cierta forma los ya mencionados avances en la Mesa, lo cual - adobado con el tendencioso trata-miento mediático, llevado en ocasiones al paroxismo - puede convertirse en peligroso torpedo contra la estabilidad del proceso.

Por ello, el cese bilateral de fuegos constituye hoy un imperativo ético y político para la salud de la Mesa de La Habana; también para el abordaje del punto de Víctimas. Su concreción y puesta en marcha repre-sentaría la posibilidad de suspender precisamente una de las causas inmediatas de la victimización colectiva que ocasiona la dinámica del conflicto.

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