Revista de Análisis de la Realidad Nacional

8/15/2019 Revista de Análisis de la Realidad Nacional

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Ante la crisis, ¿qué hacer? (Parte II y final)

Hacia el partido de la Refundación: Notaspara un proyecto posible (Parte I)

Política tributaria y desigualdad en Guatemala

VI Aniversario IPNUSACForo: Despertar Ciudadano

Los actores en el escenario de la crisis

Desfachatez de los diputados

Excesos de la Ley de Antejuicio

“ID Y ENSEÑAD A TODOS”

Propuesta Incidencia Bien común

En línAño 4 Edición No. 79 16 al 31 de agosto 2015

Publicación quincenal

Edgar Pape - Marco Fonseca - Nery R. VillatoroLizandro Acuña - Julio Valdez - Adrián Chávez

Mariano González


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de la Análisis Año 4 - Edición 79 - Agosto/ 2015

Desfachatez de los diputadosIPNUSAC ..................................................................................7

Los actores en el escenario de la crisisIPNUSAC ..................................................................................10

Rina MonroyComunicación IPNUSAC ............................................................13

Excesos de la Ley de AntejuicioLizandro Acuña Área de Justicia y Seguridad Ciudadana / IPNUSAC ....................14

A natomía de un pacto... Adrian Chávez, Área de Salud y Seguridad Social / IPNUSAC ...............................34

Ante la crisis, ¿qué hacer? (Parte II y final)Nery R. Villatoro RobledoInvestigador y analista político ....................................................47

Hacia el partido de la Refundación:Notas para un proyecto posible (I)Marco FonsecaDoctor en Filosofía Política y Estudios Latinoamericanos, York UniversityProfesor adjunto en el Departamento de Estudios InternacionalesGlendon College, York University ................................................67

Política tributaria y desigualdad en GuatemalaEdgar PapeEx viceministro de Finanzas PúblicasDoctor en Tributación ................................................................113

Editorial

Análisis de coyuntura

Bitácora

Perspectiva

Índice

Contrapunto


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Lo que es y no en la discusión sobre el matrimonio Gay en GuatemalaJulio ValdezDocente Escuela de Ciencias Psicológicasy Escuela de Ciencia Política / USAC ............................................................150

Analizan sobre las acciones para enfrentar la situación políticaEdgar GutiérrezCoordinador General IPNUSAC ...................................................................162

VI Aniversario IPNUSACForo: Despertar CiudadanoRina MonroyComunicadora IPNUSAC ..............................................................................168

Expertos analizan sobre el problema mundial de las drogasRedacción / Revista Análisis de la Realidad Nacional / IPNUSAC .....................173

Grupo de los cuatro pide aprobar Iniciativa original de la Ley ElectoralRina Monroy

Comunicadora IPNUSAC ..............................................................................175

Comunicado Plataforma Nacional para la Reforma del Estado .... 177

Pronunciamiento IPNUSAC caso La Puya .................................... 180

Las Cadenas Productivas: para el desarrollo económicoDigi-USAC* 183

Investigación

Propuesta

Actualidad


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cc

La Revista Análisis de la Realidad Nacional es una publicacióndigital con periodicidad quincenal del Instituto ProblemasNacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala(IPNUSAC) sobre temas y procesos sociales de actualidad.Promueve enfoques plurales e interdisciplinarios, y reivindica latradición de libertad de cátedra, el debate vivo e informado y elejercicio de la crítica y de la propuesta responsable.

Registrada en el Centro Internacional ISNN

(International Standard Number) bajo elNo. 2227-9113

Esta revista provee acceso libre inmediato a su contenido bajo elprincipio de hacer disponible gratuitamente la información al público parael desarrollo de un análisis integral de lo que sucede en la actualidad,

lo cual fomenta un mayor intercambio de conocimiento. Pueden serutilizados, distribuidos y modificados bajo la condición de reconocer a losautores y mantener esta licencia para las obras derivadas.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.


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Autoridades Universidad de San Carlos de Guatemala(USAC)Carlos Guillermo Alvarado CerezoRector Carlos Enrique Camey RodasSecretario General Director de la RevistaEdgar GutiérrezCoordinador General IPNUSAC Consejo EditorialMario RodríguezJefe División de Educación IPNUSACLuis LealJefe División de Innovación Científico TecnológicaIPNUSACEdgar Celada Q.Jefe División de Justicia y Seguridad CiudadanaIPNUSACDiego Montenegro Abogado y Notario, Secretario Adjunto USACMaynor Amézquita,Maestro en Comunicación y Periodista

Consejo Asesor Internacional Alfredo FortiInternacionalistaJorge Nieto MontesinosSociólogoFrancisco GoldmanEscritor y Periodista

EditoraRina MonroyComunicadora IPNUSAC


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Editorial

IPNUSAC

Muchos editorialistas y formadoresde opinión criticaron a instanciassociales que respaldan las marchasciudadanas que arrancaron el 25 de abril encontra del régimen político de corrupción,porque sus propuestas, supuestamente,“transgredían la Constitución” o bien llevabana “un golpe de Estado técnico”. En verdadninguna de esas propuestas iba más allá dela búsqueda de un arreglo político, dentrode las normas establecidas, ante un evidentedesarreglo e ilegítimo sistema político.

Así, la idea de reprogramar las elecciones sin modifla fecha de transmisión de mando del 14 de enero de2016, se formuló con el ánimo de introducir variableen la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) qupermitiese oxigenar al sistema. Sin razón, se dijo quera inconstitucional y, más adelante, que reformasa la carrera no resolvían el problema. Del otro ladose cuestionó que los cambios sugeridos eran tan

Desfachatezde los diputados


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pequeños que no alteraban el orden establecido ni ofrecíansuficiente tiempo para organizar nuevas fuerzas políticas.

Cuando la Plataforma Nacional para la Reformadel Estado levantó su propuesta mediaban 120días para las elecciones ya programadas, yse sugería que se atrasaran a 180, o sea, anoviembre en vez de septiembre. Era un tiempobreve pero no irracional. En la Revolución deOctubre de 1944 las elecciones se organizaronen menos tiempo y con menor expertisse de laautoridad electoral.

En fin, el tiempo pasó. Finalmente, el 26 de junio, el TribunalSupremo Electoral envió una iniciativa de Ley de reforma de LEPP, incorporando varias de las ideas de la Plataforma. Todaalgunas de las propuestas podían incluirse en las elecciones,sin modificar las fechas ya establecidas. Entre esas novedadeestaba la validez del voto nulo, la reelección acotada, candadoal transfugismo y la inclusión de los comités cívicos con facude postular candidatos a diputados. Nada pasó. Las bancadasminoritarias lograron un frágil quórum para aprobar en doslecturas con menos de 105 votos el dictamen de la Comisiónad hoc del Congreso y la tercera lectura fue boicoteadapertinazmente por Lider, PP y UNE (de manera sutil).

Viéndole una vez más “la cara” a la ciudadanía el jueves 13 abancada Lider se le ocurrió asistir finalmente al pleno y ayudaprobar en tercera lectura la reforma, sabiendo de antemano qsu amparo ante la Corte de Constitucionalidad, en contra de ldos aprobaciones anteriores, había prosperado. Fue como unajugada de circense en la que los payasos se ríen del público. Aseguido, durante esa misma sesión y en ese juego de quórum entradas y salidas del hemiciclo no se alcanzó los 105 votos pretirar el antejuicio al presidente Otto Pérez Molina.


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Las ausencias abonaron a la impunidad del mandatario y ahí, ante lahistoria, quedan 44 diputados: 2 de CREO, 2 de GANA, 13 de LIDE10 del PP (23 habían apoyado abiertamente a Pérez), 1 Unionista, 4 dla UNE, 4 de URNG, 1 de UCN, 2 de VIVA y 9 “independientes”. Pofuera poco, la bancada de LIDER lanzó la iniciativa de modificar la lMinisterio Público a fin de encadenar a la fiscal general Thelma Aldaboicotear a la Cicig, que ha destapado su cloaca de corrupción, al iguque la de otros partidos y del Gobierno.

Así están las cosas ahora: la moderación y el respeto,señalados de “conspiración”, enfrentan ahora la feloníade los corruptos que niegan la mínima reforma y secubren con el manto de la impunidad a la vez que tratande eliminar la independencia judicial que los perjudica.La torpeza de las bancadas mayoritarias (y algunas

minoritarias) pasó la raya de la prudencia. Están enla provocación grotesca. Ya vimos la desfachatez deRoxana Baldetti y otros altos funcionarios, y la reacciónde la ciudadanía. Los diputados están jugando con fuegoy se van a quemar.


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Análisis decoyuntura

Transcurrieron 16 semanas desde que Cicig/MP desvelaron los primeros engranajes delas maas operando soberanamente desdeel Estado. Esos hallazgos fueron disparadores de

una sociedad que hasta entonces solo relatabaamargamente la corrupción. Dos consignasarticularon el reclamo social: renuncia y reforma.En torno a esos lemas se posicionan los actoresmás relevantes y la evolución de la crisis secalica por el tratamiento que les da el sistema.

IPNUSAC

Los actores en elescenario de la crisis

Ciudadanía. Las clases medias urbanas, conservadorasy liberales, se auto-convocaron mediante las redessociales y sin la vertebración habitual de los movimienocuparon masivamente las plazas. Su consigna “renunya” y su inédita aparición en escena marcaron elpunto de inflexión de la crisis. La afluencia masiva fuedecayendo, pero el rechazo al régimen político corruptadquirió otras formas de expresión hasta alterar los


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pronósticos electorales. Los estudiantesde diversas universidades son la venade continuidad que apuntan hacia laconstitución de nuevos sujetos sociales.

Movimientos sociales. Los gruposorganizados de diversa naturalezay tendencia se aglutinaron en laPlataforma Nacional para la Reformadel Estado. Su objetivo fue traducir en

propuestas los reclamos de la calle,y confeccionaron una reforma a laLey Electoral y de Partidos Políticos,que el TSE procesó en su iniciativa. LaPlataforma y el G4 han insistido queel Congreso debe aprobar cambiosmínimos de vigencia inmediata.Expresiones que se traslapan con laPlataforma, con identidad propia,

como la Asamblea Social y Popular,poseen extendidas bases estudiantilesy campesinas con capacidad demovilización. Capítulos departamentalesde la Plataforma comienzan aorganizarse.

Gobierno. Ha quedadosemi-desbaratado, como el ferrocarril

tras un estrepitoso choque. La mitad delGabinete fue desplazado y las piezasclave del Presidente están en la cárcel,mientras a Baldetti le congelaron susbienes identificados. El gobierno acabóde perder capacidades ejecutivas, conel sistema de salud colapsado y el 40por ciento de las escuelas cerradas.

La caja fiscal ha entrado en unaetapa crítica que se agrava en elsegundo semestre de 2015. Otto Pérezsobrevive atrincherado, sin dar señalede iniciativa, aunque en privadomanifiesta apoyo a las reformas. Sunivel de aprobación se desplomó enseis meses del 45 al 9 por ciento, elmás bajo de un gobernante en 30años de democracia.

Congreso. La mayoría ausente deLider, y cómo este partido condicionaal PP, dejan impotente al Congresoen el trato de las reformas. Pero Lidery su candidato presidencial, ManuelBaldizón, están atormentados por elcontinuado desbaratamiento de redesmafiosas, pues varios de sus diputado

emblemáticos e incluso su aspirante avicepresidente, Edgar Barquín, estánen la mira de Cicig/MP; además queel TSE ya registra violación del techopresupuestario de campaña. Liderno supo disuadir a las clases mediasy el rechazo a los partidos se hacanalizado en apoyo a Jimmy Moraleoutsider, prototipo del anti-político.

Previsiblemente el Congreso tensarálas reformas hasta la víspera de laselecciones, esperando que estas seansu tanque de oxígeno.

Cicig/MP. Iván Velásquez se fijó dosáreas de investigación, aduanas yfinanciamiento político, suficientes pa


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estremecer las estructuras mafiosas.La fiscal general Thelma Aldanasalió muy pronto del control de CasaPresidencial (y del IGSS) y es la principalaliada de Cicig. La contundencia delos hallazgos penales despertó apoyounánime en la sociedad, y la reacciónhostil de los partidos, sobre todoLider, que interpreta las acusacionescomo conspiración de la izquierdaradical y, a la vez, de la oligarquía.Cicig es la variable independiente y,predeciblemente, desequilibrante de lacrisis.

Cortes de justicia. El estrés seapoderó de los magistrados de laCSJ sobre quienes ha recaído unalluvia de trámites de antejuicio deministros, diputados y candidatos.Contrario a las previsiones, la CSJaplicó, unánimemente, el “deber dela ingratitud” con Lider y PP, partidosque les patrocinaron. En la CC, elquinto magistrado (Manuel Duarte)recién electo por el Congreso, tambiéncontrario al pronóstico, hizo bloquecon los magistrados independientes(Gloria Porras y Mauro Chacón), ya los oficialistas (Roberto Molina y

Héctor Pérez) se les hizo cuesta arribmantener la protección del presidentePérez. Sobre la CC recaerá el peso deuna salida política a la crisis, la cualtendría que ser de mutuo acuerdocon el TSE, que tiene en sus manossuspender partidos y hasta eleccionesaunque sea poco probable.

Cacif. Sorprendidos y divididos porla crisis, los empresarios no hantenido el protagonismo de otrosperiodos. Marcan pautas, pero sehan visto rebasados por la coyuntura.Deberán articular alianzas sea paramoderar una salida política o conteneeventuales desbordes.

EE.UU. El respaldo inicial alpresidente Pérez se desplazó a unacrítica corrosiva al Congreso por noresponder a las demandas sociales dereforma. Poderosas voces del Capitolse hicieron escuchar en las últimassemanas, insinuando un gobierno detransición (sen. Leahy) y señalandola baja legitimidad de las eleccionesy su naturaleza fraudulenta por serfinanciadas con dinero ilícito (cong.McGovern).


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Bitácora

Rina MonroyComunicación IPNUSAC

También puedes consultar Relación de noticias de medios nacionales,del 1 al 15 de agosto de 2015, querecogen los principales sucesos en losámbitos:

- Economía- Política- Seguridad / Justicia- Políticas Sociales- Sociedad Civil y Movimientos Sociales

Abrirhttp://ipn.usac.edu.gt/images/revistas/b78.pdf

http://ipn.usac.edu.gt/images/revistas/b72.pdfhttp://ipn.usac.edu.gt/images/revistas/b72.pdf


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ResumenEl antejuicio se puede entender como un filtro de protección que prevénvarias Constituciones, incluyendo la de Guatemala, a los funcionariosdel más alto rango del Estado ante eventuales acusaciones que de malafe pretenderían distraer u obstruir su gestión. Sin embargo en nuestrocaso su alcance se ha excedido, mediante legislación ordinaria, a can-didatos a funciones públicas, es decir, civiles sin cargo. En periodo deelecciones, como en el actual, las personas con antejuicio suman casi90 mil. Así, una norma en teoría racional para el normal ejercicio delpoder rompe el principio de igualdad ante la ley abriendo las puertas alabuso y la impunidad, y se compara de manera desventajosa con legis-laciones de países de la región que establecen regulaciones acotadas yfuncionales.

Palabras clave Antejuicio, inmunidad, Constitución, Ley, derecho comparado, igualdadante la ley.

Lizandro AcuñaÁrea de Justicia y Seguridad Ciudadana / IPNUSAC

Perspectiva

Excesos de laLey de Antejuicio


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AbstractImpeachment can be understood as a protection filter which is providedin several constitutions, including Guatemala’s, to officials of the highestrank of the State before any bad intentioned accusation which would seekto distract or obstruct its management. However, in our case its scope hasbeen exceeded, by means of ordinary legislation, candidates for publicservices, that is to say, civilians without positions. In election period, asthe current, people with impeachments are almost 90 thousand. Thus, astandard in rational theory for the normal exercise of power, breaks theequality principle before law by opening the door to abuse and impunity,

and is compared in a disadvantageous way with legislations of countries inthe region that establish limited and functional regulations.

KeywordsImpeachment, immunity, Constitution, law, comparative law, equalitybefore law.

Excesses of Impeachment


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Denición de antejuicio

En medio de la aguda crisis política einstitucional que sacude a Guatemala, se hahecho evidente la necesidad de repensar, yeventualmente reformar, la gura del derecho deantejuicio del cual gozan no solamente un grupode funcionarios públicos, sino incluso candidatosa cargos de elección popular, desde los aspirantesa la presidencia de la República hasta quienescorren para las alcaldías municipales.

Los acontecimientos acaecidos en el presente año, a partirde las eficientes investigaciones del Ministerio Público(MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad enGuatemala (CICIG), han generado diferentes reaccionesde las y los ciudadanos en repudio a la corrupción y laimpunidad. El derecho al antejuicio es, cabalmente, unade las figuras jurídicas objeto de rechazo por la poblaciónguatemalteca como una prerrogativa que vulnera elprincipio de igualdad, al considerar que todos losguatemaltecos somos iguales en derechos y obligaciones,sujetos a la ley sin discriminación y jamás superiores a lamisma.

De acuerdo con Ossorio, el antejuicio se define comoel trámite previo, para garantía de jueces ymagistrados, y contra litigantes despechadosy ciudadanos por demás impulsivos, en quese resuelve si ha lugar, o no, a procedercriminalmente contra tales funcionarios judicialespor razón de su cargo, sin decidir sobre el fondode la acusación (1987: 57).


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La legislación guatemalteca define elderecho de antejuicio como

la garantía que la ConstituciónPolítica de la República oleyes específicas otorgan alos dignatarios y funcionariospúblicos de no ser detenidos nisometidos a procedimiento penalante los órganos jurisdiccionalescorrespondientes, sin quepreviamente exista declaratoriade autoridad competenteque ha lugar a formación decausa, de conformidad con lasdisposiciones establecidas enla presente Ley. El antejuicio esun derecho inherente al cargo,inalienable, imprescriptiblee irrenunciable. (Artículo 3,Decreto 85-2002. Ley en

materia de antejuicio. Congresode la República de Guatemala,2002 b: 9).

Como puede apreciarse, el derecho alantejuicio según la ley es inherente alcargo, pero existe una contradicciónlegal cuando este derecho se garantizaa los candidatos y civiles que no

cumplen con los requisitos paraser funcionarios. La ampliación dela prerrogativa por la ley ordinariacontradice el principio jerárquico de laConstitución Política de la República,como ley suprema que regula dichoderecho. La carta magna debe seranalizada exhaustivamente al otorgar

el beneficio a los candidatos, con lafinalidad de evitar el abuso discrecionadel antejuicio.

Antecedentesdel antejuicio

en la legislaciónconstitucional

guatemaltecaPara el siguiente análisis me enfocaréen el estudio de la legislacióncorrespondiente al períodocomprendido entre 1945 y 1985,incluyendo la reforma constitucional d1993.

La Constitución de la República deGuatemala, decretada por la AsambleaConstituyente el 11 de marzo de 1945,estableció en su Artículo 116 el derechde antejuicio como atribución delCongreso de la República, el cual debí

declarar si ha lugar a formaciónde causa al Presidente de laRepública, Presidentes de los

organismos Legislativo y JudiciaMinistros de Estado, Magistradode la Corte Suprema de Justiciay del Tribunal de Cuentas,Procurador General de laNación, Jefe de las Fuerzas Armadas y Diputados. Todaresolución a este respecto ha


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de tomarse por el voto de lasdos terceras partes (Corte deConstitucionalidad, 2001: 478).

Así, dentro del marco constitucionalya se establecía un número ampliode cargos ocupados por funcionarioscon derecho a antejuicio, que incluyea diputados, magistrados de la CorteSuprema de Justicia y a los presidentesde tales organismos. Sin embargo, suextensión aún presentaba límites derazonabilidad en el otorgamiento de talderecho.

En la Constitución de la República deGuatemala decretada por la AsambleaConstituyente el 2 de febrero de 1956se amplía el derecho de antejuicio alos cargos públicos, establecidos en el

artículo 211, al tipificar que los juecesdel tribunal y el jefe de la ContraloríaGeneral de Cuentas gozan de lasmismas inmunidades que los jueces delas salas de apelaciones.

El antejuicio se extendió a los alcaldespor medio del Artículo 237 el cualestablecía que esos funcionario

municipales“no podrán ser enjuiciadosni detenidos sin que preceda declaraciónde autoridad judicial competente de queha lugar a formación de causa, salvoel caso de delito in fraganti”. (Corte deConstitucionalidad, 2011: 566)

La Constitución de 1956 da mayorcobertura al antejuicio, extendiendoesa prerrogativa a los candidatos a lapresidencia de la República: el Artícu25 reza que

desde el momento de serproclamado, el candidato gozade inmunidad personal, y sólopodrá ser detenido y enjuiciadosi, en virtud de acusaciónformal, la Corte Suprema deJusticia declara que ha lugara formación de causa en sucontra. Se exceptúa el casode delito in fraganti. (Corte deConstitucionalidad, 2011: 514)

A su turno, la Constitución de laRepública de Guatemala decretadapor la Asamblea Constituyente el 15

de septiembre de 1965 otorga elderecho de antejuicio a los candidatode manera amplia, al regularlo en su Artículo 23:“Todo candidato desde elmomento de ser proclamado, gozade inmunidad personal y sólo podráser detenido o enjuiciado si se declaraque ha lugar a formación de causa ensu contra” (García Laguardia, 2010:

95; Corte de Constitucionalidad,2001: 580).

También lo hace extensivo al cargo dDirector del Registro y a los miembroen funciones del Consejo Electoral, aestablecerles las mismas inmunidades


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y preeminencias correspondientes a los diputadosal Congreso de la República. (Artículo 39. Corte deConstitucionalidad, 2001: 584).

Esta Constitución se caracterizó por asegurar laampliación y continuidad del derecho de antejuicio, ejemplo: al Jefe de la Contraloría General de Cuentaen su artículo 227; y en el Artículo 166 inciso 11 seagrega a los vice ministros de Estado, cuando asumafunciones en el despacho, se incluye al SecretarioGeneral de la Presidencia, al subsecretario que loreemplace, al Procurador General de la Nación, entanto que el Artículo 211 añade a los consejeros deEstado. 1

Es importante resaltar que esta Constitución ratificala inmunidad regulada en la carta magna de 1956,al confirmar el antejuicio a los candidatos porelección popular, haciendo una interpretación oscurconsiderando que los candidatos no son funcionariopúblicos. En la legislación constitucional comparadaanalizada más adelante, no se otorga inmunidad a locandidatos, por carecer de tal calidad.

La Constitución de 1985La Constitución Política de la República de Guatemapromulgada el 31 de mayo de 1985, continúa

regulando inmunidad a los cargos públicos otorgadaen las constituciones ya analizadas, consolidala inmunidad a los candidatos a presidente yvicepresidente de la República, diputados y alcaldes2

Con la reforma al Artículo 161 inciso 20 penúltimopárrafo, se asegura la permanencia en el ejercicio decargo a los funcionarios que gozan del derecho de

1. “Artículo 211. Los consejerosde Estado tendrán las mismasprerrogativas e inmunidades quecorresponden a los diputadosal Congreso de la República.En caso de antejuicio, conocerála Corte Suprema de Justicia”.(Corte de Constitucionalidad,2001: 636).2. “Artículo 258. Derecho deantejuicio de los alcaldes. Losalcaldes no podrán ser detenidosni enjuiciados, sin que precedadeclaración de autoridad judicialcompetente de que ha lugar aformación de causa, salvo el casode flagrante delito”. (Corte deConstitucionalidad, 2001: 738)


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antejuicio, al establecer que serán suspendidos en sus cargos, si se lesdeclara prisión preventiva, lo que aplicaría para todos los funcionarioscon ese derecho.

Surgen ampliaciones del beneficio al antejuicio a otros cargos, comoel Secretario General y Secretario Privado de la Presidencia de laRepública, (Artículo 202). El Procurador General de la Nación, quienejercía también las funciones de jefe del Ministerio Público, fue incluidoal otorgársele las mismas prerrogativas e inmunidades que a losministros de Estado (Artículo 221). Más adelante, con las reformasconstitucionales de 1993, mediante el Artículo 251 nace a la vidajurídica la figura del Fiscal General de la Nación separando de esafunción al Procurador General de la Nación; en ambos casos la cartamagna les otorga inmunidades correspondientes a los magistrados de laCorte Suprema de Justicia.

De igual forma el jefe de la Contraloría de Cuentas seincluye en la lista, al otorgársele las mismas inmunidaque a magistrados de la Corte de Apelaciones (Artícul227)

La Constitución, como norma de mayor jerarquía enla legislación, actualmente es el cuerpo legal quetaxativamente fundamenta los cargos públicos a loscuales es inherente el derecho de antejuicio. Regulael derecho de antejuicio para diputados al establecerinmunidad personal para no ser detenidos ni juzgados,la Corte Suprema de Justicia no declara previamente qha lugar a formación de causa, después de conocer elinforme del juez pesquisidor que deberá nombrar para

efecto (Artículo 161, a).Es importante indicar que en materia de antejuicio, lacarta magna atribuye competencia al Congreso de laRepública al establecer inmunidad

si ha lugar o no a formación de causa contrael Presidente y Vicepresidente de la República,Presidente y Magistrados de la Corte Suprema d


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Justicia, del Tribunal Supremo Electoral, y de la CortConstitucionalidad, Ministros, Vice-Ministros de Estcuando estén encargados del despacho, Secretarios dla Presidencia de la República, Sub-Secretarios que lsustituyan, Procurador de los Derechos Humanos, FiGeneral y Procurador General de la Nación (Artículo165, h).

Con el propósito de garantizar a los funcionarios públicosa quienes se les otorga inmunidad para no ser perseguidospenalmente por actos legítimos realizados en el ejercicio desu función, en la reforma constitucional de 1993 se incluyóa los magistrados de las Salas de Apelaciones y jueces,establecido en el Artículo 206 constitucional, Gobernadoredepartamentales a quienes se les inviste de las mismasinmunidades de los Ministro de Estado. Como ya se dijo, aContralor General de Cuentas, según el Artículo 233 se leotorgan las prerrogativas e inmunidades que a los magistradde la Corte de Apelaciones y a los alcaldes (que actualmentsuman 338, número que va en aumento con la autorizaciónde nuevos municipios por el Congreso de la República) alotorgarles las prerrogativas e in munidades establecidas en Artículo 258.

La tabla siguiente nos ilustra los cargos públicos tipificadosla carta magna vigente, a los que se garantiza el derecho deantejuicio, a los cargos por elección popular, procedimientode elección por integración de comisiones de postulación ynombramiento.


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Tabla 1

Funcionarios con derecho a antejuicioConstitución Política de la República de Guatemala(1985 y reformas 1993)

Fuente: Elaboración propia a partir de la Constitución Política de la República deGuatemala e información de la Secretaría de Planificación y Desarrollo Institucional delOrganismo Judicial. * La totalidad de jueces es hasta el 7 de agosto de 2015.

Legislación constitucionalordinaria

Ley Electoral y de Partidos Políticos. Esta ley,Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyentregula otros cargos a los cuales es inherente elderecho de antejuicio, iniciando por los miembros dTribunal Supremo Electoral (TSE), a quienes otorga


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mismas prerrogativas e inmunidades que a los magistrados de la CSuprema de Justicia (CSJ). El secretario y el inspector general del reciben las mismas prerrogativas e inmunidades que las otorgadas magistrados de la Corte de Apelaciones.

Durante los procesos electorales, los miembros de las juntas electodepartamentales y municipales y las juntas receptoras de votos, la les otorga las inmunidades reconocidas a los alcaldes municipales,quienes gozan del derecho de antejuicio establecido en el Artículo del decreto 12-2002 del Congreso de la República, Código Munici3

Las juntas electorales, juntas municipales y juntas receptoras devotos desempeñan una funciónad honorem , y no establecen, porconsiguiente, relación laboral con el TSE. Al otorgarles inmunidadla ley amplía en proceso electoral discrecionalmente el abuso delderecho de antejuicio, a civiles que no tienen la calidad de funcionpúblicos, como se ilustra a continuación.

Tabla 2Beneficiarios del derecho a antejuicio

en procesos electorales

Fuente: Elaboración propia con base en CPRG, LEPP, Ley en Materia de Antejuicio,Código Municipal e información de Tribunal Supremo Electoral. * Incluye candidatosa presidente, vicepresidente, a diputados y a alcaldes.4

3. “ARTICULO 48. Derecho de antejuicio. Los alcaldes municipales no podrán ser detenidos niperseguidos penalmente, sin que preceda declaración de autoridad judicial competente de que ha luga formación de causa, excepto en el caso de flagrante delito”. (Congreso de la República de Guatem2002 a: 5)4. Véase: http://www.agn.com.gt/index.php/world/politics/item/4344-candidatos-inscritos-oficialme25368-no-inscritos-2308 . Visitado el 07082015.


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Legislación ordinariaEl Decreto 85-2002 del Congreso de la República,Ley en materia de antejuicio , regula el procesoadministrativo y amplía el beneficio a otros cargospúblicos: subsecretarios de la Presidencia de laRepública, únicamente cuando estén encargados deldespacho, Superintendente de Bancos y el Intendente d Verificación Especial de la Superintendencia de Bancofiscales de Distrito y fiscales de sección del MP; TesorGeneral de la Nación. Gobernadores departamentales,titulares y suplentes, cuando estén encargados deldespacho; Director General y Director General Adjunty Subdirectores Generales de la Policía Nacional Civilagentes fiscales del MP.5 En los casos no previstos en laley, compete a la Corte de Apelaciones conocer de losantejuicios.

Contradicciones, vacíosy ambigüedadesEl Artículo 3 de la ley en la parte final establece queel derecho al antejuicio es“inherente al cargo” . Actualmente, sin embargo, en la legislación loscandidatos a la presidencia, a ser diputados y/o alcaldegozan de ese derecho. Esto contradice la misma ley, siconsidera que, según el Diccionario de la Real AcademEspañola de la Lengua la palabra candidato se refiere


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a la “persona que pretende alguna dignidad, honor o

cargo” y también a la “persona propuesta o indicadapara una dignidad o un cargo, aunque no lo solicite”.5

Interpretando esa acepción, los cargos públicos quedeben tener ese derecho son los que han cumplido conel procedimiento por elección popular, de comisionesde postulación y nombramiento. Resulta absurdo queuna persona civil que opta a un cargo público, goce delderecho de antejuicio y que sea inmune a ser investigado

considerando que la persona pretende a un cargopúblico, con un futuro incierto.

También permite que el funcionario público que pretendesu reelección pueda reclamar, por la vía del amparo,doble derecho al antejuicio, introduciendo dudassobre su trámite y otorgando una doble protecciónimpensable. La ley no especifica el procedimiento delantejuicio a desarrollarse cuando se solicita en contra

de un candidato, debido a que fue creada para regulary desarrollar el procedimiento para cargos públicos enejercicio.

En el caso de delito flagrante, cuando tiene competencel Congreso de la República o la Corte Supremade Justicia, si el delito se cometiere fin de semana oasueto, la ley indica que debe ser puesto a disposicióninmediatamente ante el órgano competente, en los doscasos no podría ser puesto ante los órganos indicados,por la imposibilidad de integrarse la junta directiva o lComisión Permanente del Congreso y en su caso el plede magistrados, cuando compete a la Corte Suprema dJusticia.

5. Véase en http://lema.rae.es/drae/?val=candidato


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Para encontrar una salida al limbo legal, debe aplicarse lo

establecido en el Artículo 6 literal c) de la ley, donde se estableque, cuando se trate de cualquier otro funcionario que goza delderecho de antejuicio, será puesto a disposición de un juzgado dprimera instancia del ramo penal o bien de un juez de paz de tur

Con relación al cese en el ejercicio del cargo oempleo de los dignatarios o funcionarios públicosque gozan del derecho al antej uicio, la ley de lamateria establece que pueden ser separados,únicamente cuando un juez competente emitaauto de prisión preventiva, lo que permite que, porel cargo que se e jerce, pueda interferi rse en lainvestigación y, en caso de que conozca un juezde primera instancia del ramo penal, impedir unaresolución imparcial derivado de las presiones,condicionamientos o acuerdos.

Otras legislaciones constitucionales (por ejemplo El Salvador yestablecen la separación inmediata del funcionario, dignatario osignatario, desde el momento que se declare ha lugar a formacióde causa por el órgano competente, como se verá adelante.

La medida en ambos países tiene una lógica: evitar cualquierinjerencia de los funcionarios públicos aprovechando el cargo eque se desempeñan, y que no pueda interferir con la investigacide la verdad y un fallo imparcial conforme a derecho.

Otro punto importante de analizar en la Ley en materia de antejes la ausencia de plazo fijado a la comisión pesquisidora pararendir el informe al pleno del Congreso de la República, dejandmargen a una interpretación a su buen saber y entender. Si bienla ley establece que el pleno del Congreso conoce el expedienteel informe circunstanciado de la comisión pesquisidora en sesi


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ordinaria, la medida abre la posibilidad a las alianzas y a queno se conozca el antejuicio por falta de quórum (80 diputados)cuando perjudique intereses partidarios ó bien para que existacuando conviene a intereses espurios políticos.

Lo mismo aplica para el pleno del Congreso de la República, alno establecer la ley plazo para que se declare, con el voto de los105 diputados, ha lugar o no a formación de causa.

Los vacios legales en los dos casos anteriorespueden resolverse fij ando plazo a la comisiónpesquisidora y al pleno del Congreso de laRepública, tomando como referencia el numeral5 del Artículo 19, que fija 60 días al juezpesquisidor para que rinda el informe al pleno demagistrados, cuando compete a la CSJ conocerel antejuicio.

La ley establece que en caso de solicitud de antejuicio en contrade un dignatario o funcionario cuando compete al Congreso,el pleno de este conoce en sesión ordinaria, interpretándoseun rezago en la celeridad del procedimiento, considerandoque cuando el Legislativo se encuentra en receso tendrá queesperarse hasta que de conformidad con la ley se realice lapróxima sesión ordinaria.

Para enmendar y agilizar el procedimiento, debe considerarse

la aplicación del artículo 18 de la misma ley, al establecerque cuando se promueva antejuicio en contra del Presidente o Vicepresidente de la República o del Presidente del OrganismoJudicial, la comisión permanente debe convocar a sesionesextraordinarias para conocer el antejuicio, esto permite mayorceleridad al ventilarse el antejuicio.


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En correlato con el elevado número de funcionarios protegidos c

el derecho a antejuicio, de acuerdo con estadísticas del OrganismJudicial, en los últimos seis años se presentaron 2,172 solicitudede encausamiento a igual número de funcionarios, como se detaen la tabla siguiente. La información correspondiente a 2015 estincompleta, pero llama la atención que del 1 de enero al 7 deagosto únicamente se reportan 35 casos.

Tabla 3Antejuicios solicitados en contra de funcionarios públicos

2009 - 2014

Fuente: elaboración propia con datos de la Sala de Antejuicios.

Como puede apreciarse en la Tabla 4, la mayoría desolicitudes de antejuicio en el período considerado(2009-2014) se dirigen contra alcaldes y gobernadoresseguidas de las peticiones contra jueces y diputados.


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Derecho comparado A continuación realizaré un breve análisis de otrasconstituciones que garantizan inmunidad a losfuncionarios públicos, comparación que puede serreferente para realizar cambios en la legislaciónguatemalteca, acotados al derecho en materia deantejuicio.

Constitución Política de laRepública de El Salvador

El marco normativo otorga inmunidad al establecerque responderán ante la Asamblea Legislativa por lodelitos oficiales y comunes que cometan

el Presidente y Vicepresidente de la Repúblicalos Diputados, los designados a la Presidencialos Ministros y Viceministros de Estado, elPresidente y Magistrados de la Corte Supremade Justicia y de las Cámaras de SegundaInstancia, el Presidente y Magistrados de laCorte de Cuentas de la República, el Fiscal

Tabla 4Antejuicios solicitados según cargo de los funcionarios

2009 - 2014

Fuente: elaboración propia con datos de la Sala de Antejuicios.


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General de la República, el Procurador General de la

República, el Procurador para la Defensa de los DerechosHumanos, el Presidente y Magistrados del Tribunal SupremoElectoral, y los representantes diplomáticos. (Artículo 236,Constitución Política de la República de El Salvador).

La legislación constitucional de ese país establece que, si sedeclara ha lugar a formación de causa por el órgano competente,el funcionario concernido es separado del cargo inmediatamente,con la finalidad de evitar cualquier influencia que pueda derivarse

del cargo que desempeña y evitar la obstaculización en lainvestigación.6

Otra característica relevante es que la legislación constitucionalsalvadoreña no regula inmunidad para candidatos a elecciónpopular. Lo anterior tiene sentido con lo analizado en el presenteestudio, por no tener los candidatos calidad de funcionariospúblicos.

Legislación Constitucionalde Costa RicaLa Constitución de Costa Rica tiene un margen más cerradocomparado con el sistema guatemalteco y el salvadoreño enmateria de inmunidad para los cargos públicos. La carta magnade ese país tipifica el beneficio a Magistrados del Tribunal Supremode Elecciones, Diputados del Organismo Legislativo, Presidencia

de la República, Vicepresidentes, miembros de los Supremos

6. “Art. 237.- Desde que se declare por la Asamblea Legislativa o por la CorteSuprema de Justicia, que hay lugar a formación de causa, el indiciado quedarásuspendido en el ejercicio de sus funciones y por ningún motivo podrá continuaren su cargo. En caso contrario se hará culpable del delito de prolongación defunciones. Si la sentencia fuere condenatoria, por el mismo hecho quedarádepuesto del cargo. Si fuere absolutoria, volverá al ejercicio de sus funciones, siel cargo fuere de aquellos que se confieren por tiempo determinado y no hubiereexpirado el período de la elección o del nombramiento”.


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Poderes, Ministros Diplomáticos, Contralor y un

Subcontralor.Costa Rica se suma a los países que no otorganinmunidad a alcaldes y candidatos a cargos deelección popular; esto garantiza un sistema más sólidoen la aplicación de la justicia pronta, cumplida y másapegada al principio de igualdad.

Legislación Constitucional deHonduras.

Honduras el primer país de la región centroamericanaque da un paso importante para el fortalecimientode la democracia y la aplicación del principio deigualdad7 ante la ley sin distinción de clase privilegiada,al considerar que todos los hombres nacen libres eiguales en derechos.

El Congreso Nacional de ese país, con la emisióndel Decreto No. 105-2004 que ratifica las reformasconstitucionales del Decreto 175-2003 de 28 deoctubre del mismo año, deroga todas las garantíasconstitucionales relativas a la inmunidad a los altosfuncionarios públicos, como un ejemplo de unaenseñanza de integridad política con equidad.

Constitución Política de la República de ChileEn cobertura al derecho de inmunidad la cartamagna chilena tiene un sistema limitado en relacióna los cargos públicos con derecho al antejuicio. El Artículo 30, tercer párrafo, establece inmunidad parael Presidente de la República, al hacer referenciaque se aplicará las disposiciones del artículo 58,que en su texto incluye a los diputados y senadores,

7. ARTICULO 60.-Todos loshombres nacen libres e igualesen derechos. En Honduras nohay clases privilegiadas. Todoslos hondureños son iguales antela Ley. Se declara punible todadiscriminación por motivo desexo, raza, clase y cualquier otralesiva a la dignidad humana.


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al establecer que desde el día deelección, designación o incorporación,no pueden ser procesados o privadosde su libertad. Exceptuando en delitoflagrante.

La inmunidad se hace extensiva a otroscargos públicos como los magistradosde los tribunales superiores de justicia,los fiscales judiciales y los jueces

letrados que integran el Poder Judicial,preceptuado en el artículo 78.

El artículo 80 H) incluye al FiscalNacional, fiscales regionales y a losfiscales adjuntos, el artículo 81, a losintegrantes del tribunal constitucionalal establecer en ambos casos que lesserán aplicados lo preceptuado en el

artículo 78, del mismo cuerpo legal.Es importante indicar que en caso quela Cámara de Diputados declare conlugar la acusación en contra de losministros de Estado, los magistrados delos tribunales superiores de justicia ydel Contralor General de la República,quedan suspendidos en sus funciones,

lo anterior con fundamento en elartículo 48.

Como puede apreciarse en los sistemasconstitucionales analizados, no segarantiza inmunidad a los acaldes ycandidatos, a excepción del sistemaguatemalteco que por medio de la

ley ordinaria amplía la cobertura alderecho de antejuicio, incluyendo aciviles.

PropuestaDel análisis del marco constitucionaly ordinario, así como del derechocomparado puede afirmarse que:

1. La Constitución vigente otorgaderecho de antejuicio en formaexcesiva; la protección debe serúnicamente para los tres presidentede los Organismos de Estado:Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Edebido proceso garantiza el juiciojusto a los demás funcionarios,así como lo garantiza para todociudadano.

2. La Ley Electoral y de PartidosPolíticos debe suprimir la concesiódel derecho de antejuicio acandidatos, juntas departamentalesmunicipales y receptoras de votos,debido a que no son funcionariospúblicos y de esa cuenta nopueden ni deben tener derechoa antejuicio, considerando quevulnera el principio de supremacíaconstitucional.

3. La Ley en materia de antejuicio,Decreto 85-2002, necesita una


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reforma profunda que permita hacertransparente, público y eficienteel procedimiento de antejuicio;por otra parte, necesita eliminartodas las extensiones del derechode antejuicio a otros funcionariosno listados constitucionalmente, aefectos de una claridad normativa.

Referencias bibliográficas

- Asamblea Nacional Constituyente (1985)Constitución Política de la Repúbica deGuatemala. Guatemala: S.E.

- Asamblea Nacional Constituyente. (1985).Ley Electoral y de Partidos Políticos, Decreto1-85. Guatemala: S.E.

- Congreso de la República de Guatemala.(2002 a). Código municipal. DecretoNúmero 12-2002. Guatemala: Diario deCentroamérica, 13 de mayo de 2002.

- Congreso de la República de Guatemala.(2002 b). Ley en materia de antejuicio.Decreto Número 85-2002. Guatemala:Diario de Centroamérica, 24 de diciembrede 2002.

- Congreso Nacional. (11 de 09 de 2004).Diario Oficial de la República de Honduras.Recuperado el 30 de 07 de 2015, deDecreto No. 105-2004: http://www.loc.gov/law/help/honduras/pdf/(4)%20Removal%20of%20immunity%20and%20impeachment%20provisions/%5BDoc.%204.4%5D.pdf

- Corte de Constitucionalidad (2001) DigesConstitucional. Guatemala: EditorialServiprensa. También accesible en http://biblioteca.oj.gob.gt/digitales/42728.pdf.Recuperado el 13 de julio de 2015:

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República de El Salvador de 1983: http://www.catedras.fsoc.uba.ar/udishal/dt7/el_salvador_1983.htm

- Diario Oficial, Chile. (1980). Recuperado14 de 07 de 2015, Constitución Política dela República de Chile. Chile: S.E. http://www.catedras.fsoc.uba.ar/udishal/dt7/chile_constitution.htm

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- Ossorio, M. (1987). Diccionario deCiencias Jurídicas, Políticas y Sociales.Buenos Aires: Editorial Claridad S.A.

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ResumenLa conflictividad producida tras el incumplimiento de un pacto, coloca nuevamenteal Ministerio de Salud en el ojo del huracán. Desde una perspectiva de derecho, lasmedidas de presión del sindicato y la incapacidad del Estado de garantizar los recursosnecesarios para brindar una atención digna, deben ser investigadas y juzgadas conla misma vara. El personal de salud vive y sobrevive en condiciones históricamentedeplorables y en un país en el que la Ley de Servicio Civil está desfasada y esincapaz de definir una política nacional salarial digna y justa, ha provocado quelos trabajadores busquen reivindicarse a través de su propio Pacto Colectivo. Unpacto de 9 capítulos llenos de derechos, garantías y buenas intenciones, que al irlasconsiderando destapan argumentos interesantes que finalmente llevan a concluirque en el contexto actual, el ministerio no tiene la capacidad de honrarlo y que dejasobre la palestra que en su negociación predominaron los criterios políticos sobre lostécnicos; que reivindicar el derecho de los trabajadores de salud, pasa primero porreivindicar al derecho a la salud; que ambas partes deben sentarse bajo la primicia de

que la salud es un derecho y que los recursos son de un Estado que tiene la obligaciónde garantizar ese derecho a la población y que la reforma a la Ley de Servicio Civilconstituye una prioridad dentro del proceso de reforma estructural del Estado que seestá gestando.

Palabras clavePacto colectivo, reivindicación laboral, derecho a la salud, reforma del Estado,Ministerio de Salud, sindicato de trabajadores.

Adrian Chávez,Área de Salud y Seguridad Social / IPNUSAC

Perspectiva

Anatomía deun pacto...


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An agreement anatomy

AbstractThe conflict produced after the breach of an agreement, puts again in theeye of the hurricane to the Department of Health. From a law perspective,the pressure actions of the labor union and the incapability of the Stateto guarantee the necessary resources to offer a proper attention, must beinvestigated and judged by the same yardstick. The health personnel lives andsurvives in historically deplorable conditions and in a country in which the Lawof Civil Service is outdated and is unable to define a national policy of fairand dignified wage, has caused that workers seek to claim through their ownCollective Agreement. A 9 chapter agreement full of rights, guarantees andgood intentions, when considering them uncover interesting arguments thatfinally lead to conclude that in the current context, the Ministry does not havethe aptitude to honor it and that it leaves on the arena that in its negotiationthe political criteria dominates over the technical staff; to claim the right of thehealth workers, it is first for claiming to the right of health; both parties mustsit down under the premise that health is a right and that the resource arefrom the State and that this has the obligation to guarantee this right to thepopulation and that the reform to the Las of Civil Service constitutes a priorityinside the process of structural reform of the State that is emerging.

KeywordsKey words: Collective agreement, labor claim, right to health, State reform,Department of Health, labor union.


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“El con icto entre autoridades ministerialesy sindicato, es un fuego cruzado, en el quelas víctimas son aportadas por un bandoajeno… la población”.

Introducción:

Las medidas de presión asumidas por elSindicato Nacional de Trabajadores de Salud(SNTSG) en exigencia del cumplimiento

del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo2013-2015, los recursos legales interpuestos por elministro de Salud y la interrupción de servicios desalud, posicionan al Ministerio de Salud Publica yAsistencia Social (MSPAS) nuevamente en el ojodel huracán y vislumbra una problemática quemerece ser analizada detenidamente.

Partiendo de que la Constitución Política de la Repúblide Guatemala asume que la salud es un derechofundamental, un bien público y una obligación de Estaes importante considerar que tanto el cierre de servicio

de salud, de consultas externas o la interrupción delingreso de especialistas por parte del sindicato, comola incapacidad de las autoridades gubernamentalesde garantizar la disponibilidad de medicamentos einsumos necesarios para brindar una atención dignaa los pacientes, representan una flagrante violación alderecho a la salud y por ende, son hechos que deben sinvestigados y juzgados con la misma vara.


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Cuadro No. 1Derechos y garantías de asociación sindical

Fuente: Elaboración propia con base en artículos 17-27 PactoColectivo de Condiciones de Trabajo 2013-2015.

El capítulo III es el más escueto, define el régimen dingreso, ascensos, traslados y permutas, en el cual selimita a especificar que el ascenso es un derecho de trabajadores y a establecer que debe conformarse un

comisión bilateral.El capítulo IV, trata de la previsión y solución deconflictos. En él se establece el respeto mutuo comoalgo obligatorio; se crea la figura de una “Junta Mixconformada por ambas partes como un mecanismoconciliatorio y se define un procedimiento parael planteamiento de problemas y la resolución de


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conflictos, en el que el sindicato ocupa un lugar determinante y enel que, además, asume el compromiso de no tomar alguna medidaque signifique la no atención en servicios de salud.

Figura No.1:Procedimiento que regula la solución de conflictos

Fuente: Elaboración propia. Artículo 30, Pacto colectivo.

El capitulo V, aborda el régimen disciplinario. Especlos horarios de ingreso, clasifica las sanciones y defilas normas o procedimientos que regula la aplicacióde medidas disciplinarias, así como la impugnación resoluciones y la reinstalación del trabajador.


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Figura No.2:Clases de sanciones

Fuente: Elaboración propia, Artículo 38, Pacto Colectivo.

El capítulo VI, trata de la prestación de servicios, en el que se acuerdaestablecer botiquines y el MSPAS asume el compromiso de estudiar laadquisición de un seguro de vida para los trabajadores y la compra deagujas retractiles en razón de los accidentes laborales.

En el capítulo VII, aborda el convenio económico. Desde el inicio delcapítulo el MSPAS se compromete a aplicar el convenio a toda su fuerzalaboral, aunque en realidad no aclara si esto abarca a los empleadosque se encuentran por contrato.

También se compromete a no privatizar servicios y a mantener lagratuidad de los servicios, mientras que el SNTSG se compromete avelar porque los trabajadores cumplan sus funciones. Este convenioeconómico, contempla tres aspectos:


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En el convenio social, contenido dentrodel capítulo VIII define que la hora dejornada laboral será la ya estableciday que en ella se contempla unahora para alimentación, sin que esetiempo se le descuente al trabajador;agrega dos bonos adicionales, elbono navideño por Q 300 y un bonovacacional de Q 400, además deasegurar insumos, útiles y uniformespara los trabajadores.Y por último contiene el capitulo IX,de disposiciones finales, en dondedestacan los gastos de asistenciatécnico profesional, en el que el MSPASasume el compromiso total de pagodel arancel profesional pactado del10%, lo que representa un monto deQ 24 millones de quetzales y en el quefinalmente aparecen los nombres de lossignatarios el Dr. Jorge Villavicencio,quien fungía como Ministro de Salud;Luis Lara, secretario general del SNTSGy el licenciado Landelino Franco, entreotros.

Algunos hallazgos…• Pese a la importancia del pactopara los trabajadores y laresponsabilidad que implica sucumplimiento, llama la atenciónque no se estableció algún

mecanismo de seguimiento, quedurante estos dos años verificarael cumplimiento del mismo.

• El artículo 16 define unmecanismo de renegociación. Ante el evidente incumplimiento la imposibilidad de cumplirlo, noexisten señal de la utilización deeste mecanismo.

• La inamovilidad sindical, laslicencias con goce de salario,los exorbitantes viáticos y ladisposición de vehículos, detelefonía móvil e inmueblespara el ejercicio de la actividadsindical, son consideradasprivilegios alcanzados por ladirigencia sindical.

• Pese a su importancia, da la ideade que el régimen de ingreso,ascensos, traslados y permutas noes una prioridad en el marco delpacto.

• El incumplimiento del pacto

ha plantado un clima deconflictividad delicado. Pesea que el artículo 16 define unmecanismo de renegociación ytodo el capítulo IV establece losmecanismos de renegociacióny resolución de conflictos.


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Según datos oficiales, de un totalde 49 mil 289 trabajadores desalud, únicamente 19 mil 477, esdecir el 40%, laboran en un renglónpresupuestario permanente, mientrasque el 60% restante lo hace encondiciones de inestabilidad, sinseguro social y sin ninguna prestaciónlaboral (Gamarro, 2015 a).

El pacto reivindica altrabajador y estableceque quienes laboran bajoestas condiciones, debenser trasladados a unrenglón presupuestariopermanente. A la fecha,solo se han t rasladado a

cuatro mil trabajadoresde salud y tampoco seconoce si los puestosadjudicados se dieron conbase en la capacidad,preparación y honradez delos aspirantes, de acuerdoa lo establecido en Ley (4).

• La situación de un profesionalII con 10 años de laborar enel MSPAS, que previo a lafirma del pacto tenía un salariobase de Q 3,526, cambiariasustancialmente, considerando

que, a partir de la firma delpacto, deberían incorporarse asu salario base los cinco bonosya establecidos, más el bonode antigüedad real, el incentivosalarial, el incentivo económicopor un trabajo decente, lacompensación económica, elbono vacacional y el navideño. Aunque esto no significa un

aumento salarial, mejora lascondiciones de los trabajadoresen el tema de jubilación y en elcálculo de pensiones.

• Pero si este mismo trabajadorsale de comisión al menoscinco días al mes, estaríamoshablando de un monto de

Q 1,750 adicionales. Ydependiendo del nivel jerárquicoque alcance a nivel institucionalo sindical, este monto podríavariar entre Q 1,750 y Q5,000 al mes, únicamente porconcepto de viáticos. Esto tendráun impacto importante en laeconomía de este profesional y

su familia, pero si multiplicamoeste ajuste por la cantidad detrabajadores, la de autoridadesministeriales y la de dirigentessindicales que coexisten dentrode la institución, la situaciónpodría volverse insostenible.


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• Actualmente no se tiene certeza

del costo real que representael cumplimiento del PactoColectivo en su conjunto. Delo que si se tiene certeza esque bajo las condiciones definanciamiento actual, la deudade arrastre y la situación dedesabastecimiento, no es posibleorientar el 33% de los recursosasignados al MSPAS para honrarlos compromisos asumidosdentro del pacto, ya que estorepresentaría sacrificar recursosfinancieros necesarios para laprovisión de servicios de salud ala población.

A modo deconclusión…

1. El conflicto entre autoridadesministeriales y sindicato es unfuego cruzado, en el que lasvíctimas son aportadas por unbando ajeno… la población.

2. Bajo el principio de que la saludes un derecho fundamental, unbien público y una obligaciónde Estado, es importanteconsiderar que tanto lasmedidas de presión asumidaspor el sindicato como laincapacidad de las autoridades

gubernamentales de garantizar

la disponibilidad recursosnecesarios para brindar unaatención digna, representanuna flagrante violación alderecho a la salud y, por ende,son hechos que deben serinvestigados y juzgados con lamisma vara.

3. El personal de salud vive ysobrevive en condicioneshistóricamente deplorablesmarcadas por los bajossalarios, las condicionesde contratación inestables,el atraso en los pagos, laausencia de una carreraadministrativa sanitaria, lafalta de recursos para ejercersu trabajo y las difícilescondiciones que implicael trabajo dentro de lascomunidades y dentro de losservicios de salud.

4. La posibilidad de que lascondiciones de los trabajadoresde salud cambien se venlimitadas, en tanto se cuentecon una Ley de ServicioCivil desfasada, incapaz deregular de manera eficientelas relaciones entre laadministración pública y susservidores o de definir una


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política nacional salarial digna y justa, acorde a las

necesidades actuales de los trabajadores.

Recomendaciones:• Mientras que la Procuraduría General de la Nación resuelve

el recurso interpuesto por el ministro de Salud (5), quedentro del proceso de negociación, se permita rediseñar unPacto Colectivo que en el marco de la ley y sin sacrificar laprovisión de servicios de salud, vaya orientado a reivindicarde manera progresiva a las y los trabajadores de salud.

• Considerar que reivindicar el derecho de los trabajadoresde salud pasa, primero, por reivindicar el derecho a lasalud de la población guatemalteca, lo que hace inexorablesumarse a este despertar ciudadano en búsqueda de unareforma del Estado, que no solo permita garantizarle a lapoblación guatemalteca el derecho a la salud, sino quereivindique a los trabajador del Estado, de una manerajusta y equitativa.

Referencias bibliográficas

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oas.org/juridico/spanish/mesicic2_gtm_ley_servicio_civil.pdf. Visitado el 31 dejulio de 2015.

- Gamarro, U. (2015 a).“Acuerdo insostenible”.Prensa Libre, 26 de julio de2015, p. 2

- Gamarro, U. (2015 b)“Ministro denuncia fraude ycoacción”. Prensa Libre 27de julio de 2015, p.2.

- Ministerio de SaludPública y Asistencia Social(2013) Pacto Colectivo deCondiciones de Trabajo2013-2015. Guatemala:MSPAS.

- Ministerio de Salud Públicay Asistencia Social (2012)Diagnóstico Nacional deSalud 2012. Guatemala:Serviprensa.


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ResumenEsta segunda parte trata sobre la naturaleza de las movilizaciones sociales que seregistran el país a partir del desvelamiento del caso La Línea, en términos de la maneracomo se producen y su composición. Se trata de hacer una breve caracterización deellas, planteando que pueden constituir elpunto de arranque de una rearticulación delmovimiento social y popular. Aborda las principales propuestas que se han planteadopara resolver la crisis: la conservadora, la reformista y la que propone la refundación

del Estado.Palabras claveOrganizaciones sociales, movimiento social, Estado, refundación del Estado, Estadoplurinacional.

Nery R. Villatoro RobledoInvestigador y analista político

Perspectiva

Ante la crisis, ¿qué hacer?(Parte II y final)

What to do? Before crisis(Part II and final part)

Abstract

This second part is about the nature of social mobilizations that are happenincountry since the discovery of the caseLa Línea , in terms of how things are happeniand its inner composition. It’s about making a brief characterization of these considering that they may constitute thestarting point of the social and popularmovement readjustment. The main proposals are involved in order to solve ththe conservative, the reformist and the one that propose the State reformation

KeywordsSocial organizations, social movement, State, State reform, multinational sta


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Lo planteado en la primera parte de este trabajo(edición digital No. 77 de esta revista), se sintetizaasí: la corrupción (si bien estructural y escandalosa)

no es la causa principal de la crisis política actual. Nosenfrentamos a una crisis profunda del modelo de Estadoque se ha venido construyendo en las últimas cinco oseis décadas, cuya fase neoliberal empezó a perlarse alcomienzo del proceso de transición hacia la democracia

en 1985, bajo el ideario de lo que más tarde se llamóConsenso de Washington.

Con el inicio de la transición democrática empezarosentarse las bases del Estado neoliberal y se crearonmecanismos que le garantizaron a la clase dominanta la cúpula y oficialidad militar de la contrainsurgensu control absoluto. Así, poco a poco el Estado se

fue orientando a la implantación y desarrollo delcapitalismo neoliberal, permitiendo el desarrollo detodo tipo de actividades ilícitas (narcotráfico, trata dpersonas, defraudación tributaria, contrabando, entreotras) por redes criminales (algunas conformadasdurante la contrainsurgencia) integradas por militareen activo o en situación de retiro, civiles y funcionarpúblicos.

El resultado es una suerte de Estado neoliberal maficooptado por los intereses del capital (nacional ytransnacional) y del crimen organizado, en el que lacorrupción estructural funciona como mecanismo dereproducción del sistema. Un Estado que hace posibque la acumulación de capital se realice al menos detres formas: sobre explotación de la fuerza de trabaj(salarios mínimos que no alcanzan a cubrir la canast


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básica); desposesión de los recursosy bienes públicos y comunes por la

expansión del capital, y las actividadescriminales. Este es el Estado que seencuentra en crisis.

Y al ser una crisis del modelo de Estado,es también una crisis de hegemonía:el modelo económico, el discurso, laideología dominante (neoliberal), sonsometidos a un fuerte cuestionamiento;las luchas de resistencia y de defensadel territorio se extienden, las que en elfondo son luchas anti sistema, es decir,anti capitalistas. Asimismo, la forma ylos mecanismos con los que la clasedominante ejerce el poder políticoy reproduce el sistema han perdidolegitimidad ante la sociedad, entreellos los procesos electorales. Esto lahace, también, una crisis de legitimidaddel modelo de Estado y del sistemapolítico.1

Por eso se entiende que una de lasdemandas en el contexto de la crisisactual, sea posponer las eleccioneshasta que se haya hecho reformas decierta envergadura a la Ley Electoral yde Partidos Políticos (LEPP) y convocarposteriormente a una AsambleaNacional Constituyente; o, si nose hacen esas reformas a la LEPP,suspender definitivamente las elecciones

e integrar un gobierno provisionalque dirija un proceso constituyente de

refundación del Estado.

Rebeldía policlasista ,¿hacia un nuevosujeto político?

Planteado el asunto así, es precisoseñalar que el fenómenoestructural de la corrupción, pese a no serel principal, es elproblema queha colmado el vaso y que hahecho estallar lasmultitudinariasmovilizaciones como manifestación derechazo y de protesta ante uno de losaspectos más visibles de la crisis.

Los primeros intentos por entender yexplicar esas movilizaciones hablande un despertar de la población,luego de más de dos décadas deadormecimiento e, incluso, deindiferencia frente al estado decosas. Desde la perspectiva en laque me sitúo, ésta no deja de seruna interpretación urbanocéntricay etnocéntrica, puesto que desdehace décadas y sin interrupcióncampesinos y pueblos indígenasresisten a la avasalladora expansióndel capitalismo neoliberal; y desdehace por lo menos unas dos décadasempezó a emerger lacomunidad comosujeto político en resistenciaal extractivismo y por la defensa

1. Celada (2015) hace una extensa explicaciónacerca de la crisis de hegemonía y de legitimidadque hay en el trasfondo de la crisis política actual.


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del territorio: La Puya, San José del Golfo, San Miguel Ixtahuacán ySipacapa son quizás los casos más notorios.

De tal suerte que ese despertar ha sido de las capas medias urbanas,es decir, de la clase media y una parte de la pequeña burguesíaprofundamente indiferentes, incluso opositoras, a la resistencia y luchade la población rural o no capitalina que se enfrenta al capitalismoneoliberal depredador que mercantiliza los recursos y bienes públicos,de comunidades y pueblos indígenas despojándolos de ellos.

Durante las últimas dos décadas, muchos de los que ahora despertaronhan vivido bajo la ilusión que provoca la ideología dominante consu discurso del mercado como fetiche, embebidos en el consumismopromovido por un sistema que despedaza el medio ambiente y acabacon los recursos y bienes naturales. Un discurso que sacraliza lasinversiones privadas y elemprendimiento empresarial para hacer deGuatemala un “país de empresarios”, donde el 13.3% de la poblaciónvive en extrema pobreza y el 40.4% en condiciones de pobreza,entre otras razones porque el mercado no ha producido el efectodel derrame que se suponía. Discurso que criminaliza y condena la

pobreza, señalando a quienes defienden sus territorios de oponerse aldesarrollo.

¿Qué las despertó, entonces? No sedice nada nuevo al afirmar que lacorrupción es un fenómeno estructuralque contribuye a “reproducir” y a“refuncionalizar” el sistema: le sirvea la clase dominante, la burguesía,como mecanismo de control de la“casta” política mediante la comprade voluntades, y también le sirve comofuente de acumulación de capital.

Pero fue precisamente la corrupciónla que despertó la indignación de las

capas medias urbanas, que se sintieronrobadas por funcionarios de distintonivel, desde la ex vicepresidenta ysu secretario privado hasta vistas deaduanas. Bastó la iniciativa de una solpersona con el hashtag #RenunciaYa,

y que algunos grupos de activistas ydirigentes sociales salidos de las luchade los años ’80 y ‘90 convocaran paraque las capas medias se desbordaranen una primera manifestación queaglutinó a entre 35 mil y 40 milpersonas.


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Es necesario señalar que Guatemala aún no se harepuesto de las sucesivas oleadas represivas llevadas acabo por el Estado desde 1954, principalmente durantelos años más álgidos de los dos ciclos revolucionarios conoció el país (1954-1970 y 1970-1996). Destruir alas organizaciones sindicales, estudiantiles, campesinaen general, a las organizaciones populares de oposicióal régimen y a la dictadura militar, fue parte fundamende la política contrainsurgente del Estado, puesto que,en el contexto de la doctrina de seguridad nacional, eraconsideradas “comunistas”.

En la primera parte de este trabajo (publicada en el No77 de esta revista) anoto que:

Frente a la lucha guerrillera en ascenso y almovimiento popular en constante crecimiento, lpolítica contrainsurgente se dirigió principalmena destruir las bases de apoyo social y a lasorganizaciones sociales influenciadas por lasorganizaciones insurgentes y otras fuerzas deizquierda que, sin realmente estar involucradas ela guerra, proclamaban que ésta era la vía para etriunfo revolucionario. (Villatoro, 2015 b: 56)

El Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) era una deesas fuerzas de izquierda. En 1972, en el contexto deagudización de la represión y ante la reactivación de lasluchas sociales, particularmente del magisterio nacional,de los obreros urbanos y otros “sectores sociales”golpeados por la política represiva de la dictadura militarencabezada por Arana Osorio (1970-74), la direccióndel PGT aprobó el documento interno “La situaciónpolítica nacional y la orientación táctica. Resolucióndel Pleno del CC de marzo de 1972” (Bravo, 2013).En esta resolución, mejor conocida como “El reajustetáctico”, se veía con anticipación “la tendencia hacia elestablecimiento de un Estado más centralizado, autoritario


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y represivo, y un régimen de inspiración fascista orientado agarantizar los intereses de la oligarquía y del imperialismo” (citadoen: Bravo, 2013) y planteaba la necesidad de la lucha de masascomo factor fundamental en ese momento, pero para reactivar ypotenciar la vía violenta de la revolución y la lucha armada (Bravo,2013), en congruencia con las resoluciones de su IV Congreso de1969.

Al volcarse a impulsar “El reajuste táctico”, el PGT llegó a teneruna importante influencia, en el área urbana, en el movimientosindical clasista, en el movimiento de pobladores y en elmovimiento estudiantil de secundaria y universitario; los dosprimeros constituían expresiones organizadas de los trabajadores(incluida la aún incipiente clase obrera), mientras que lasorganizaciones estudiantiles eran sobre todo expresión de lascapas medias urbanas. Ésa fue una de las razones por las queel PGT fue violentamente perseguido y objeto de duros golpesrepresivos, al igual que aquellas organizaciones del movimientopopular influenciadas por este partido y por otras organizacionesrevolucionarias.

Algunos hechos de represión colectiva ilustran tales afirmaciones:secuestro y desaparición de 28 dirigentes sociales en 1966,entre los que había dos altos dirigentes del PGT: Víctor ManuelGutiérrez y Leonardo Castillo Flores; captura y desaparición de losmiembros de la Comisión Política del PGT el 26 de septiembre de1972, incluido su secretario general Bernardo Alvarado Monzón;el asesinato del nuevo secretario general de ese partido, Huberto Alvarado, en diciembre de 1974.

Respecto al movimiento sindical y popular, entre los golpes másduros se debe mencionar el asesinato del secretario general de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), Oliverio Castañedade León, el 20 de octubre de 1978; la desaparición de variosmiembros del secretariado de la AEU en noviembre de ese año;secuestro y desaparición de 27 dirigentes de la Central Nacional


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de Trabajadores (CNT)2 el 21 de juniode 1980 (CEH, 1999:183-186);secuestro y desaparición de 16dirigentes sindicales y miembros dela Escuela de Orientación Sindicalde la USAC en la finca Emaús MedioMonte, Escuintla, el 24 agosto delmismo año (CEH, 1999:186-187);3 y el asesinato de varios dirigentesestudiantiles de la USAC en 1989.

Estos casos permiten argumentar queel movimiento sindical, estudiantily, en general, todo el movimientopopular urbano, fue prácticamenteaniquilado con el asesinato y/odesaparición de generaciones dedirigentes y militantes formados alo largo de importantes jornadas delucha, muchos de ellos con una sólidaformación ideológica y política. Noes de extrañar, entonces, que aquelmovimiento sindical, estudiantil y

popular fuerte de las décadas de los’70 y buena parte de los ’80, llegaraa los últimos años de esa década encondiciones de extrema debilidad yprácticamente desarticulado, condicióque se acentuó a lo largo de los años’90 y en lo que va del siglo XXI.

Algo similar ocurrió al movimientocampesino y de trabajadores delcampo, cuyas demandas estabanrelacionadas con la tierra: falta deese recurso, despojo de sus tierras,abusos de patronos y terratenientesy la represión. El Comité de UnidadCampesina (CUC), una de lasprincipales organizaciones de estanaturaleza, aglutinó desde 1972 atrabajadores del campo, campesinosy cooperativistas. Fue constituidaformalmente en abril de 1978. Entrelos hechos represivos graves de granimportancia contra las organizacionescampesinas están la masacre dePanzós, el 29 de mayo de 1978(CEH, 1999:15), y la masacre dela Embajada de España el 31 deenero de 1980, en la que murieron37 personas, 27 de ellas campesinosy estudiantes que los acompañaban(CEH, 1999:164-182).

El propósito de hacer mención a esoshechos represivos no es, ni muchomenos, historizar sobre la aplicación yefectos de la política contrainsurgente

2. No hay certeza sobre el número real dedesaparecidos. Se afirma que eran 27 debidoa que en el momento en el que se produjeronlos hechos, era el número de dirigentes quese encontraban en la sede de la CNT para

iniciar una reunión convocada de urgencia.La Comisión para el Esclarecimiento Históricodeterminó, a partir de la investigación querealizó y de testimonios de familiares de lasvíctimas, que ese fue el número de dirigentesdesaparecidos.3. En la descripción y conclusiones sobre loshechos en la sede de la CNT y en la finca EmaúsMedio Monte, la CEH es contundente al señalarel mismo patrón con el que se llevaron a cabolos operativos y la responsabilidad del Estado através de sus fuerzas de seguridad.


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en el movimiento sindical, estudiantil, campesino y populaSolamente son ejemplos que permiten comprender por quéprodujo un largo reflujo, aletargamiento y desarticulación esos movimientos.

Pese a que la Asamblea de la Sociedad Civil,en el marco del proceso de negociacionesde paz, constituyó un mecanismo deaglutinamiento y participación de colectivos

herederos de muchas de aquellasorganizaciones sociales, la firma de losAcuerdos de paz contribuyó enormemente a sudesarticulación y dispersión.

Las dirigencias, principalmente, se volcaron a los espaciosque se abrieron con la implementación de aquellos acuerdopero poco a poco se fueron diluyendo hasta desaparecer lamayoría de ellos y apenas sobrevivir otros, como es el casode la Comisión Nacional de los Acuerdos de Paz (CNAP)que apenas subsiste con una composición en la que ya nose encuentra ninguna representación de las organizacionessociales.

A ello se suman tres hechos: la oenegización, como mediode sobrevivencia, de muchas expresiones de aquellasorganizaciones sociales; su despolitización, que en el casolos sindicatos los convirtió en organizaciones gremiales qumuchos casos son influenciados por la patronal; y, peor aúla descomposición y corrupción en la que cayeron no pocodirigentes, cuya implicación más profunda es haber convea las organizaciones que lideran en esquiroles al servicio dderecha y de grupos de poder político y económico.

Los casos más emblemáticos son el de la Asamblea Naciodel Magisterio (ANM) y el de los trabajadores de salud,


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dirigidos por Joviel Acevedo y Luis Lara, respectivamente. En la mismasituación se encuentra la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina(CONIC), dirigida por Pedro Esquina. Estas tres agrupaciones sonaliadas del gobierno del Partido Patriota y del presidente Pérez Molina.Han protagonizado varias movilizaciones de apoyo al gobierno yde rechazo a las movilizaciones que jugaron un papel importantepara lograr la renuncia de Roxana Baldetti a la Vicepresidencia, queexigen la renuncia del Presidente y de todo el Ejecutivo, la suspensiónde las elecciones por ilegítimas e ilegales, y la convocatoria a unaConstituyente que refunde el Estado. Su objetivo es deslegitimar lasmovilizaciones sociales con el falso argumento de que son manipuladaspor la Embajada de Estados Unidos y el CACIF, con lo cual seevidencian como esquiroles del régimen y de este Estado neoliberal ymafioso.

Pero los procesos no se desarrollan en línea recta. A lo largo de losciclos revolucionarios y en el período posconflicto, los movimientosa los que se hace referencia han pasado por etapas de flujo yreflujo, de recomposiciones y rearticulaciones. Lo que experimentó elmovimiento campesino, particularmente el CUC luego de la masacrede la Embajada de España; el surgimiento de otras organizacionescampesinas e indígenas de los años ’80 para esta fecha; larearticulación del movimiento sindical en la UNSITRAGUA y en la UASP,son hechos elocuentes. Y buena parte de eso parece estar ocurriendoen el momento actual.

La crisis actual, esta crisis profunda del Estado; esta crisis de hegemoníade la clase dominante y su proyecto económico (el capitalismoneoliberal) y de legitimidad del Estado y sus instituciones, está pariendoun nuevo sujeto social y político urbano, que puede dar lugar a unnuevo sujeto político de carácter nacional si se produce una articulacióndel campo y la ciudad.

Existen en territorios del área rural y en centros urbanos de variosmunicipios, movimientos de resistencia a la actividad extractiva(minería y petróleo), construcción de hidroeléctricas, expansión de los


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monocultivos (palma aceitera y caña

de azúcar, principalmente) y desarrollode megaproyectos. Estos movimientostienen al menos las siguientescaracterísticas:

(…) 1) son los espacios desdelos cuales se desarrolla la luchaanticapitalista, principalmentecontra el extractivismo y losmonocultiv

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