Revista construyendo humanidad edición (1)

CONSTRUYENDO HUMANIDAD

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Programa Gestión de ProyectosDirección de BienestarFacultad de Derecho Ciencias Políticas y SocialesSede Bogotá

ISSN 2590-8863

Rector

Ignacio Mantilla Prada

Vicerrector

Jaime Franky Rodríguez

Director Bienestar Sede Bogotá

Oscar Oliveros

Coordinadora Programa Gestión de Proyectos

Elizabeth Moreno

Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales

Genaro Alfonso Sánchez Moncaleano


Eulises Torres

Director Departamento De Ciencia Poolìtica

Carlos Medina Gallego

COMITÉ EDITORIAL

Dirección

Prof. Pablo Ignacio Reyes

Edición

Diana V.Amado Vega / Jorge M. Esguerra Neuta

Equipo de Colaboradores

Andrés Cubides / Juan Felipe Jaramillo

Juan Felipe Reyes E. / Juan Diego Castilla

Isabella Betancourt / Natalia Gordo Castro

Paula Urrea

Corrección de Estilo

Diana C. Luque V.

Fotografía portada

Nicole Angie Calderon Castaneda (PGP)

Diseño y Diagramación


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Humanos Iván David Ortiz

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Los textos presentados en la siguiente publicación

expresan la opinión de sus respectivos autores y la

Universidad Nacional no se compromete directa-

mente con la opinión que estos pueden suscitar.

Revista ConstRuyendo Humanidad

Volumen-Numero 1 - 2017 / ISSN 2590-8863

Universidad Nacional de Colombia

Facultad de Derecho Ciencias Políticas y Sociales

Sede Bogotá

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Construyendo humanidad

Rector

Ignacio Mantilla Prada

Vicerrector

Jaime Franky Rodríguez

Director Bienestar Sede Bogotá

Oscar Oliveros

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Elizabeth Moreno


Genaro Alfonso Sánchez Moncaleano


Eulises Torres

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C O NT EN ID O

EDITORIAL: UN MOTIVO PARA DEFENDER LOS DERECHOS HUMANOSJuan Felipe Jaramillo Cordovez

EL PAPEL DEL DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS EN EL POST-ACUERDOAndrés F. CubidesDavid A. Guerrero

LA MEMORIA COMO FORMA DE RESISTENCIAD. Valentina Amado V.

BREVE COMPARACIÓN ENTRE EL ANTIGUO Y NUEVO CÓDIGO DE POLICÍA Y LA VULNERABILIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOSJuan F. Reyes E.

USOS Y ABUSOS DE LA FUERZA PÚBLICA ¡ESMAD FUERA DE CONTROL!J. Mauricio Esguerra N.

SOBRE EL OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS IVÁN DAVID ORTIZJ. Mauricio Esguerra N.

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Cualquier persona que se ha tenido que poner en la difícil tarea de ser un defensor de Derechos Humanos diría que los derechos no se piden, se exigen. Hay constantes luchas por la reivindicación de nuestros derechos, y muchas de ellas se entre-cruzan –por obvias razones– con ambientes muy hostiles, donde abundan los males de la pobreza, la inequidad, y la violencia pa-ra-estatal, estatal e insurgente. La guerra corrompe y desangra, entorpece la vista de miradas lúcidas y las ciega, hace posible los excesos, crece en el fango y se propaga lentamente, cubriendo a toda la sociedad.

U N M O T I V O PA R A D E F E N D E R L O S D E R E C H O S H U M A N O S

ED I T O R I A L

Juan Felipe

Jaramillo Cordovez

Estudiante de Derecho

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Tan difícil situación supondría grandes ries-gos para las personas que se encuentran en ella, y más difícil aún sería proteger nuestros derechos estando ahí. Pedir supone comodi-dad, pues debe haber indicio de que lo que se pide llegará o, por lo menos, la confianza de que pase. Exigir, sin embargo, supone una lu-cha, puesto que algo se exige necesariamente después de que el pedirlo haya fracasado; de lo contrario, no se emprendería en tan ardua –y tal vez peligrosa– tarea. Ser un defensor es ser un luchador, cuyas armas apuntan a todos los males mientras cubre o intenta cubrir a la hu-manidad, y sí, a toda. Velar por las condiciones mínimas de dignidad de sus congéneres y del ambiente en el que se encuentran es el deber de un defensor; llegar a proteger dichas con-diciones totalmente saciaría su sed de justicia social; ¡difícil camino el que nos espera!

El año pasado se firmó y se refrendó un acuer-do que pudo ponerle fin al conflicto armado más largo de América Latina, ese que tanto daño le hizo a todo el pueblo colombiano. Dada la coyun-tura, es necesario que los defensores nos pon-gamos en la tarea de la defensa de los derechos y analicemos firmemente el post-acuerdo. Eso sería lo menos que habríamos de hacer para que la guerra no vuelva nunca más.

Los resultados del plebiscito del 2 de octu-bre de 2016 nos presentaron a los partidarios de la paz el hecho de que gran parte de la po-blación se vio afectada con campañas mediáti-

“Algo se exige necesariamente después de que el pedirlo haya

fracasado”

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cas de manipulación y mentiras. Las cuales entor-pecieron, al menos durante ese leve momento, el camino de la tan anhelada paz. Por ello, se tienen dos caminos de lucha simultáneos para llegar, ahora sí, a una paz estable y duradera: primero, vigilar la implementación de los acuerdos y ela-borar un trabajo conjunto con quienes aún no se convencen de la inutilidad de la guerra.

Salir de un conflicto de tan larga duración conlleva una responsabilidad de conocer, a la luz de la verdad, lo que pasó. Esclarecer eficaz-mente los sucesos que oscurecieron, con una mancha de sangre, la historia del país colombia-no. Eso lleva necesariamente a que se consulte tanto de fuentes hegemónicas como alternati-vas lo que sucedió, confrontándolas para hacer un análisis que nos deje con una aproximación real a la verdad de los hechos. Es por eso que, la memoria –contra hegemónica, a diferencia de la historia– juega un papel fundamental, que sirve para transformar el pensamiento de aquellos que se opusieron a la paz. Hay que ha-cerle saber a la sociedad entera que un conflic-to tiene –por definición– dos contrincantes, y que cada uno de estos tiene una versión de los sucesos que se debe ponderar.

Un país en paz necesita tener respeto por las opiniones de aquellos que piensan diferente. Es por eso que la criminalización de la protesta no puede ser permitida. Un país denominado de-

“Es por eso que la memoria

– contra hegemónica, a

diferencia de la historia –

juega un papel fundamental, y, en conexión

a lo anterior, sirve para

transformar el pensamiento de aquellos que

se opusieron a la paz.”

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mocrático no puede ponerse en la contradictoria tarea de callar a aquellos que quieren influir en las decisiones que dirigen al mismo. Varios indicios nos dicen que la política pública se puede estar desviando de su ideal democrático; esto se puede analizar mediante una lectura crítica del Nuevo Có-digo de Policía y Convivencia así como al actuar del Escuadrón Móvil Anti Disturbios (ESMAD). Sumado a lo anterior, la existencia de presos condenados injustamente –cuya motivación para apresar fue la de callar ideas “peligrosas”– tampoco puede ser permitida en un país democrático. Callar, apresar o violentar a las personas quienes piensan en una sociedad mejor no puede ser el objetivo de un Es-tado que, a su vez, enarbola la idea de alcanzar la paz estable y duradera.

La lucha por los derechos es la lucha por la igualdad social. En ese sentido, la universidad pú-blica colombiana tiene la indispensable tarea de materializar el contenido de los acuerdos alcan-zados entre el gobierno nacional y la insurgencia, además de apropiarse de la idea de una transfor-mación pedagógica en el pensamiento de cada uno de los colombianos. Desde las distintas áreas del conocimiento han surgido, históricamente, motivaciones que inspiran ideas de transforma-ción social, por lo mismo lo que encontrarán a continuación es también nuestro llamado a la re-flexión para que edifiquemos ese nuevo país en paz y con justicia social.

“Callar, apresar o violentar a las personas

que piensan en una sociedad

mejor no puede ser el objetivo

de un Estado que, a su vez,

enarbola la idea de

alcanzar la paz estable y

duradera.”

Fotografía: Diana Valentina Amado Vega

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E L P A P E L D E L D E F E N S O R D E D E R E C H O S H U M A N O S E N E L P O S T - A C U E R D O

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"Ya se dio el paso de los fusiles a

la mesa, nuestro deber ahora es

pasar de la mesa a la sociedad"

(Celeita, 2016)

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Ya es un hecho que hemos dado el primer paso hacia una paz estable y duradera, aunque esta

aún no sea una realidad manifiesta; por ello, todos los sectores de la opinión pública en nuestro país tienen los pelos de punta por lo que significa un nue-vo momento para el que quizás no estamos prepara-dos. Lo anterior ha generado una serie tareas impor-tantes como revisar, a grandes rasgos, las diversas posiciones en torno a la implementación de los acu-erdos y tratar de consensuar, al menos, las visiones discrepantes, desde la más optimista, pasando por la más indiferente, la más abnegada e incluso la que quiere quedarse atada a la violencia.

Han transcurrido cerca de 60 días de intenso trabajo logístico desde la firma del Acuerdo1 para la Terminación Definitiva del Conflicto, celebrado

1 Para ver el artículo, se puede consultar http://bit.ly/2q3nSYc

“El papel del defensor debe ser el de velar por una implementación

eficaz de lo acordado, por medio de su participación activa en proyectos

que resalten su compromiso con la dignificación, y que resulten afines al seguimiento y a la veeduría ciu-

dadana, como los voluntariados por la paz, quienes se están gestionando

desde el movimiento estudiantil”

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en el teatro Colón de Bogotá hacia finales del mes de noviembre del año anterior, y la puesta en marcha del gobierno nacional y de las filas guerrilleras para su concentración en las zonas veredales transitorias y de normalización (ZVTN) ha sido un avance signifi-cante hacia un nuevo modelo de país.

Mientras esto ocurre, debemos atender a la responsabilidad de desplegarnos en las distintas regiones del territorio nacional para cumplir un papel de verificación; esto debido a una carencia de profesionales en los lugares donde aún impacta el conflicto o donde sus consecuencias todavía siguen presentes ante las comu-nidades que tuvieron que vivirlo. Como jóvenes, es nuestro deber reconstruir el tejido social de aquellas zonas donde realmente no ha llegado el Estado; por ende, las universidades del país deben procurar la construcción de programas académicos en torno a las verdaderas necesidades de la sociedad y la consecución de la paz es una de ellas; ello implica llevarlas a dichos territorios o, por qué no, crear nuevos centros de educación superior que se adecuen al modelo de vida de aquellos lugares.

Pese a la difícil situación en materia de seguridad que hemos tenido que atravesar los que escogimos el camino de la defensa de los derechos de cientos de comunidades excluidas y con gran-des necesidades en materia de salud, educación y garantías para la vida, debemos proporcionar, además de elementos teóricos y téc-nicos referente a los derechos humanos, unas bases de formación sólida y, sobre todo, una formación humanista, que entienda la relación que tienen esas comunidades con su territorio y lo impor-tante que es para ellos la recuperación de su memoria colectiva y la re-significación de la misma.

Es preciso advertir una abierta y sobresaliente tendencia op-timista sobre el desarrollo de la implementación de los acuerdos, por tratarse no solo de una vía factible para el des-escalamiento del conflicto armado en Colombia, sino por ser una herramienta profundamente simbólica para recapitular acerca de la problemá-tica situación de los Derechos Humanos en la región durante la

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etapa más crítica de la guerra. Aún hoy, las diversas contribuciones a la observación, protección y visibilización de las violaciones a los Derechos Humanos, realizadas por los defensores, son puestas en un segundo plano, debido a múltiples formas de persecución, es-tigmatización y desconocimiento de su labor; factores que diver-sos actores e incluso la misma sociedad ha decidido realizar. Sin duda, este tipo de rechazo infundado hacia la labor del defensor de Derechos Humanos, ha logrado que, desde el argot popular, se tome un concepto distante sobre la tarea del individuo o colectivi-dad que ejerce esta labor.

Debe existir un interés por reivindicar los derechos particu-lares o colectivos que han sido negados, partiendo desde el de-recho por la protección de la vida, hasta el de denunciar los dife-rentes hechos ocurridos, sobre todo desde el ámbito material y, como consecuencia, evitar que se continúe degradando el papel funcional que debería cumplir en el marco de este nuevo proce-so de transición que atraviesa el país. Es decir, debe trabajarse en un proceso de pedagogía que fomente la participación política de todos los colombianos, en especial, de quienes más se han visto afectados; por ello, esto debe entenderse como el verdadero em-poderamiento de las comunidades por la defensa de sus derechos y en la relación con el territorio.

Entonces, la apuesta por “una paz estable y duradera” significa un valioso intento reivindicatorio para dignificar a buena parte de la sociedad civil, la cual a lo largo del conflicto ha sufrido el papel de víctima, de asegurarse en plenitud, garantizaría además la no repetición de los hechos ocurridos bajo ninguna circunstancia al visibilizar puntos esenciales del conflicto como sus causas estruc-turales y consecuencias nefastas así como la funcionalidad del de-fensor de derechos humanos aún en contexto de conflicto.

Por lo anterior, sería adecuado que el papel del defensor fuese el de velar por una eficaz implementación de lo acordado por me-dio de su participación activa en proyectos que resalten su com-promiso con la dignificación y que resulten afines al seguimiento

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y a la veeduría ciudadana como los voluntariados por la paz, una apuesta del movimiento estudiantil, que se están gestionando, concretamente desde la Organización Continental Latinoamerica-na y Caribeña de Estudiantes (OCLAE) y que tienen alto impacto regional. Lo anterior, sin duda, enlaza directamente al movimiento estudiantil con la defensa de los Derechos Humanos, más concre-tamente por el papel que cumplen los espacios académicos en la configuración de propuestas que pueden complementar la imple-mentación de los acuerdos.

Desde el entorno académico, con el apoyo de los defensores de los Derechos humanos y la sociedad civil, se generarían las pro-puestas necesarias para ocupar un verdadero rol de veedores y constructores de la implementación que se está llevando a cabo; especialmente, con el fin de hacer visible la situación de los Dere-chos Humanos y de la lucha por la dignificación, históricamente silenciadas, por medio de una pedagogía de paz crítica

Hacer un análisis de las distintas posiciones de los actores so-ciales involucrados en el post-acuerdo (opuestos o coincidentes), entender sus agendas y motivaciones, al tiempo que se analizan cómo estas pueden, en mayor o menor medida, ponerlos en riesgo de violaciones de los Derechos Humanos durante y después de la implementación de los acuerdos es necesariamente un compro-miso con la construcción de un país con justicia social y, de esta forma, evitar que se repitan errores del pasado.

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B i b l i o g r a f í aCeleita, R. (2016, mayo). Una mirada al Proceso de Paz desde los Derechos

Humanos. Facultad de Derecho y Ciencia Política, Universidad Nacional

de Colombia, Bogotá, Colombia

Fotografía: Diana Valentina Amado Vega

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“Los pueblos se han construido a partir de la memoria que desarrollan, de su

historia, los pueblos son resistencia por la correcta aprehensión que han podido hacer

de ellos mismos y esta ha de ser una

enseñanza que también nos quede

a nosotros”

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“Nuestro deber como sujetos políticos es reconocer nuestro

pasado, no solo en la universidad sino en todo el territorio nacional

para así poder retransmitirlo a las nuevas generaciones que esperan

un país en paz, para no perder nunca nuestro legado, para hacerle

siempre resistencia al olvido.”

La memoria tiene distintos significados y puede entenderse desde una construcción de imá-

genes, palabras, música y recuerdos, la cual se edi-fica en el diario vivir del sujeto, como si cada expe-riencia fuese un ladrillo con la que, poco a poco, se forma una pared de recuerdos y enseñanzas. Esta construcción de memoria, más que un ejercicio men-tal involuntario, es, en sí misma, el ejercicio de una colectividad que, a partir de su conocimiento, trans-mite aquellos hechos y vivencias del pasado, como recuerdos, los cuales no deben ser olvidados, a fin de que se arraiguen en el tejido de toda la sociedad:

La memoria son construcciones eminentemente sociales llenas de significados que no se pueden juzgar ni mirar como una paradoja ni como una reflexión mental interior, en este sentido, se concibe el estudio de la memoria como un proceso de construcción social donde

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la memoria no se encuentra en la persona si no en la superficie relacional situada entre las personas (Vásquez, 2001, p. 115)

Lo anterior demuestra que la reconstrucción de ese pasado social es imperativa para la formación y continuidad de los pue-blos; convirtiéndolos en una resistencia por, por un lado, aprehen-der correctamente su pasado y de ellos mismos, y, por otro lado, enseñarnos a nosotros, las futuras generaciones, a aprehender del otro, a no olvidar esa historia y a analizarla constantemente. La memoria es, por tanto, una recordación del pasado, una re sig-nificación del presente y una construcción hacia el futuro.

La memoria tiene múltiples funciones en la dinámica de una sociedad, no en vano y como decía Cicerón “Los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla”. No solo por el temor a la repetición de quienes han tenido que sufrir la his-toria es necesario recordarla, sino porque, a partir del pasado y del análisis del mismo, es que se cimienta el futuro; ejemplo de ello, son las vivencias de aquellos que han partido y que son recordados desde la tribuna norte del estadio nacional de Chile tras el derrame de sangre ocasionado durante la dictadura de Augusto Pinochet, al sur del continente y que siempre nos re-cuerdan que “Un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro”; del mismo modo que recuerdan aquel mítico discurso que dice que “Los hombres y pueblos sin memoria, de nada sirven; ya que ellos no saben rendir culto a los hechos del pasado que tienen trascendencia y significación; por esto son incapaces de comba-tir y crear nada grande para el futuro” (Allende, 1939, web).

A pesar de que un país le debe su historia a su fuerte carga de memoria, la historia oficial entra en constante choque con la ver-sión de aquellos que no han podido contarla; por ello, la memoria tiene múltiples verdades de un mismo hecho, y todas son igual-

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mente válidas ante la posibilidad de tener un relato más completo de la historia. Pues son las víctimas las dueñas de su historia.

El pueblo colombiano tiene que saldar una deuda con sus futuras generaciones; somos un país sin historia reciente, nos hemos negado a la existencia de un conflicto político-social y armado; tanto así que, no recordamos a nuestras víctimas sino a los victimarios. Por ende, el pueblo colombiano tiene el deber de escuchar a aquellos que han vivido la guerra y que han sido olvidados por la misma; allá afuera existen millones de víctimas del conflicto a la expectativa de un vuelco en su vida, con de-seos de expresar su sentir y tener respuestas del porqué. Y no son solo los desplazados, los jóvenes, los campesinos, los mi-litares y los excombatientes, sino también los estudiantes, las madres, los abuelos, los hijos huérfanos de la guerra, hasta los mismos muertos, quienes aún aguardan para contar su historia.

Somos un país de corta memoria y aún estamos acostum-brados a recordar los hechos alegres y a sepultar junto con las víctimas aquellos eventos de profunda tristeza con los cuales debemos enfrentarnos, pese al dolor que nos causa, para, así, poder reflexionar sobre nuestro pasado. Los claustros universi-tarios también han vivido el horror de la guerra y, por tanto, los estudiantes debemos re-enfrentarnos con la realidad y recordar por qué estamos aquí, cuál es nuestra deuda enorme con la uni-versidad pública, con los docentes y estudiantes que lucharon por defenderla, y quienes transitaron por sus pasillos, al igual que Eduardo Umaña Mendoza e Iván David Ortiz; necesitamos saber por qué estamos rodeados de plazas y monumentos que aún desconocemos. Nuestro deber como sujetos políticos es re-conocer nuestro pasado, no solo en la universidad sino en todo el territorio nacional para poder retransmitirlo a las nuevas genera-ciones que esperan un país en paz, para no perder nunca nuestro legado, para hacerle siempre resistencia al olvido.

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Solo recordando, reconstruyendo, escuchando al otro y le-yendo nuestro pasado con precisión seremos capaces de escri-bir ese futuro anhelado que nos ensancha el corazón.

De acuerdo con todo lo anterior, la memoria no solo corres-ponde a imágenes, palabras, música y recuerdos; la memoria es, en sí misma, la vida y la resistencia de quienes deciden enfren-tarse al olvido.

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B i b l i o g r a f í aAllende, S. (1939). La gestión del gobierno del frente popular. En: CEME. Centro

de estudios Miguel Rodríguez. Recuperado de http://www.archivochile.

com/S_Allende_UP/doc_de_sallende/SAde0071.pdf

Saramago, José. (2007). La Memoria Colectiva a través de la re-

construcción de historias de vida. Recuperado de: http://

virtual.funlam.edu.co/repositorio/sites/default/files/

LaMemoriaColectivaatravesdelaReconstrucciondeHistoriasdeVida.pdf

Vásquez, F. (2001). La memoria como acción social. Relaciones, significados e

imaginarios (Primera Edición). Barcelona: Paidós.

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B R E V E CO M PA R AC I Ó N E N T R E E L A N T I G U O Y N U E VO CÓ D I GO D E P O L I C Í A Y L A V U L N E R A B I L I D A D D E LO S D E R E C H O S H U M A N O S

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“La imposibilidad para acceder, de

manera integral, a la nueva normatividad terminarán afectan-

do fuertemente a la población de más

bajos recursos”

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“(…) la corrupción policial y la falta de capacitación pueden

llevar a que en ningún momento se hagan los procesos de pedagogía frente al Código sino que solo se

apliquen comparendos sin enseñar las alternativas o se aumenten los

intentos de soborno.”

Ahora que entra en vigencia el nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia, expedido

por la Ley 1801 de 2016, se ha generado un gran revuelo, al tiempo que se han recibido varias de-mandas de inconstitucionalidad por los vacíos que presenta la misma. Teniendo ello en mente, este artículo pretende comparar el nuevo código con el anterior, expedido mediante el Decreto 1355 de 1970, y analizar los asuntos más polémicos: si son preexistentes o nuevos, si se les han agregado o retirado puntos.

Ingreso a domicil io sin orden judicial

La norma anterior, en su artículo 83, define que la Policía podrá ingresar sin orden judicial a los do-micilios cuando se trate de: socorrer a alguien, re-mediar inundaciones y extinguir incendios, cazar animales feroces o rabiosos, proteger bienes de

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sujetos ausentes, que alguien proceda por vías de hecho contra propiedad o persona fuera de estos, etc. Por su parte, el artí-culo 163 del Nuevo Código, aparte de lo anterior, incluye la si-guiente causal:

6. Para proteger la vida e integridad de las personas, si en el interior del inmueble o domicilio se están manipulando o usando fuegos pirotécnicos, juegos artificiales, pólvora o globos sin el debido cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley. (Congreso de Colombia, 2016)

Además, su parágrafo primero incluye una garantía que pue-de servir para la defensa contra arbitrariedades: siempre que se ingrese a inmueble sin orden escrita, el personal de la Po-licía, en cabeza de este, debe rendir informe a su superior con copia al implicado; se puede exigir plena identificación previa al ingreso; y el propietario, poseedor o tenedor del bien podrá informar su desacuerdo si considera que no hay motivación.

Derecho de reunión y manifestación pública

La Constitución Política de 1991, en su artículo 37, indica que “Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pú-blica y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho.” (Colombia, 1991). No obstante, tanto el Decreto 1355 como la Ley 1801 se han encargado de darle contenido a este artículo constitucional.

A pesar de que ambas normas permiten el ejercicio de este derecho para exponer “ideas e intereses colectivos” de tipo eco-nómico, político, religioso o social. Mientras que el Decreto 1355

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agrega “cualquier otro fin lícito” (Presidencia de la República, 1970, Art.102), la Ley 1801 (Congreso de Colombia, 2016, Art. 53) agrega los de tipo cultural especialmente y “cualquier otro fin legítimo”. La adición del tipo cultural implica una ampliación del espectro temático en las manifestaciones (reconociendo, afortu-nadamente, la riqueza cultural del país y los cambios de época); mientras que el cambio conceptual de licitud a legitimidad susci-ta distintas opiniones: por un lado, que el Código se ajusta más fácilmente a la realidad social; por otro, que la categoría es muy subjetiva y da paso a la arbitrariedad policial.

En ambas normas, la realización del evento debe informarse 48 horas antes, ser suscrita por al menos 3 personas y expre-sar día, hora y lugar (Presidencia de la República, 1970, Art.102; Congreso de Colombia, 2016, Art. 53).

A su vez, en ambos Códigos se establece que la alteración a la convivencia desembocará en disolución de la manifestación. Sin embargo, el Nuevo Código toma dos medidas especiales para “evitar” y/o “proteger” los espacios de manifestación: la espontaneidad será contemplada como posible, aunque no tie-ne unos criterios muy claros (2016, Art. 53 Par. 1); se dará Multa General Tipo 4 –la más alta– a quien irrespete estos (2016, Art. 53 Par. 2); y se prohíbe, explícitamente, la estigmatización y los falsos señalamientos frente a los manifestantes (2016, Art. 55).

Traslado por protección

Este medio de Policía, establecido en el artículo 155 del Nue-vo Código, es similar a la figura de retención transitoria existente en el antiguo. Consiste en la facultad de la Policía para trasladar personas cuando su integridad o la de terceros se encuentre ame-nazada; los motivos son el deambular en estado de alteración de la conciencia (por consumo de cualquier tipo o por cuestiones de carácter mental), cuando la persona se encuentre en riña o con ac-titud agresiva, o en caso de estar en peligro de ser agredida.

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El parágrafo 2 aclara que este medio tiene un orden de cosas puntual: la primera medida es entregar la persona a un allegado que la proteja; si esto es imposible, se trasladará a su domicilio o a un centro asistencial, según la necesidad específica. Ade-más, la autoridad encargada del traslado debe entregar infor-me escrito a su superior, con copia al implicado (parágrafo 3). Y, definitivamente, el cambio más grande con el antiguo código es que nunca se trasladará a sitios destinados a la privación de libertad y la duración máxima será de 12 horas.

Multas

Más allá de listar la gran cantidad de conductas causales de multas y “medidas correctivas”, denominadas como “san-ciones” en el Código anterior, es importante tener en cuenta cómo se reglamentan.

En primer lugar, y a diferencia de algunas multas presentes en el Decreto 1355, todas las multas del Nuevo Código se adap-tan; esto significa que, en vez de ser montos fijos, son montos calculados según el salario mínimo diario legal vigente (smdlv).

En el artículo 181 se clasifican las multas especiales: infrac-ción urbanística, contaminación visual y comportamientos de organizadores de actividades que involucran aglomeraciones complejas; estas multas gradúan en su monto dependiendo de condiciones materiales específicas. Mientras que en el artículo 180, se clasifican las multas generales así: Tipo 1 (4 smdlv), Tipo 2 (8 smdlv), Tipo 3 (16 smdlv), Tipo 4 (32 smdlv). Igualmente, en su parágrafo, se definen varias cosas importantes:

1. Los destinos principales de las multas serán la pedagogía, cultura y prevención en seguridad.2. Se hará un descuento del 50% por pagar la multa dentro de los 5 días hábiles posteriores a la imposición del comparendo.

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3. Se tendrán 5 días hábiles “post-comparendo” para solicitar que las multas generales de Tipo 1 y 2 sean cambiadas por la participación en una actividad pedagógica o un programa comunitario.4. En caso de desacuerdo con la imposición del comparendo, se tendrán 3 días hábiles para objetar la medida ante la autoridad competente. (Congreso de Colombia, 2016)

Finalmente, el parágrafo transitorio del mismo artículo define que durante el primer año de vigencia del Código, los responsables de pagar multas Tipo 3 y 4 tendrán un 25% de descuento si solicitan en 5 días hábiles post-comparendo su participación en actividad pedagógica o programa comunitario.

Frente al punto de las multas en particular, aunque obser-vamos que existen varias medidas alternativas a las multas, las cuales nutren la formación y otros comportamientos que gene-ran descuentos, no podemos dejar de pensar en la realidad del país: por un lado, la complicada situación económica del país y la imposibilidad para acceder, de manera integral, a la nueva normatividad terminarán afectando fuertemente a la pobla-ción de más bajos recursos; por otro, la corrupción policial y la falta de capacitación pueden llevar a que, en ningún momento, se hagan los procesos de pedagogía frente al Código, sino que solo se apliquen comparendos sin enseñar las alternativas o se aumenten los intentos de soborno.

Ya, tras desarrollar de manera muy somera algunos de los puntos más polémicos con el fin de ampliar el conocimiento frente al Código, se concluye:

Algunos cambios entre el código antiguo y el nuevo no son tan drásticos como se ha pensado, y varias de las medidas que han generado revuelo tienen una existencia previa a la Ley 1801 de 2016. También, aunque el Nuevo Código de Policía for-maliza muchas más garantías a los ciudadanos que el anterior,

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sigue quedando corto en su intención principal: la prevención y la convivencia. Igualmente, podríamos decir que la preocupa-ción más legítima de las personas con esta norma es el actuar incorrecto de las autoridades de Policía (tanto el abuso de auto-ridad, como la baja capacitación y el actuar arbitrario que se en-cuentra en una zona gris de la norma); por esto, estamos todas y todos llamados a realizar veeduría de nuestros funcionarios y hacer ejercicio efectivo de nuestros derechos y protecciones.

Finalmente, queda la invitación y la responsabilidad para que todos y todas conozcamos el Nuevo Código; que aprenda-mos que, a pesar de lo perjudicial, tenemos también garantías (el artículo 21 que permite documentar y filmar las actividades de policía es uno de los ejemplos). La convivencia no se constru-ye en una norma; la construimos los miembros de la sociedad a diario, teniendo en cuenta nuestros principios y reconociendo al otro como sujeto social y político.

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B i b l i o g r a f í aColombia. (1991). Constitución Política de Colombia de 1991. Recuperado de:

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125

Presidencia de la República. (1970). Decreto 1355 de 1970, por el cual se dictan

normas sobre Policía. Recuperado de: http://www.alcaldiabogota.gov.

co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6945

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de: http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.

mostrar_documento?p_tipo=21&p_numero=1801&p_consec=45806

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U S O S Y A B U S O S D E L A F U E R Z A P Ú B L I C A ¡ E S M A D F U E R A D E C O N T R O L !

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Desde mediados del año 2013, Colombia ha vivi-do una reingeniería de la Fuerza Pública, cuyo

eje principal es el fortalecimiento del pie de fuerza y la dotación de nuevos elementos que les permitan mantener el orden a lo largo del territorio nacional.

Esta reestructuración responde, en gran medida, al aumento de las movilizaciones sociales, las cua-les han pasado de ser esporádicas a una constante del día a día. El Escuadrón Móvil Anti Disturbios (ES-MAD), perteneciente a la Policía Nacional, ha sido el principal beneficiado con el recibimiento de nuevas armas para la contención de las protestas que se han generado gran polémica en las organizaciones defensoras de Derechos Humanos.

Desde ese momento, se han adelantado nume-rosas audiencias públicas, donde se ha buscado evi-denciar los abusos de autoridad de la fuerza pública y la total impunidad en la que ocurren los hechos; a pesar de ello, la falta de denuncias y la no existencia de un medio de verificación que permita recolectar

Fotografía: Mauricio Esguerra

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evidencia de los atropellos, los casos se reducen a registros fílmi-cos y la comprobación de casos de extrema gravedad, donde es imposible negar la participación de esta Institución.

Algunas precisiones históricas

Para muchos colombianos, parece que la persecución políti-ca es una exageración de las organizaciones de izquierda o de movimientos que se oponen al gobierno nacional; no obstante, la realidad sobre esto debe encontrarse en la misma historia del conflicto político que vive el país desde mediados de la guerra de los mil días y que degeneró, a un nivel tan impresionante, que desde el contexto internacional tuvo fuertes implicaciones en la revolución cubana.

Durante los últimos cincuenta años, han existido diversas formas de perseguir al que piensa distinto al gobierno nacional; por ello, durante el mandato de Cesar Turbay Ayala, se expidió el decreto de seguridad ciudadana, con el cual se reprimió a los movimientos sociales existentes del momento. Aunque, para la época, no había sido creada una institución que se dedicara a contener las protestas sociales; las violaciones a los Derechos Humanos estaban fuertemente ligadas a ejecuciones extrajudi-ciales, grupos paramilitares, y encarcelaciones masivas a miem-bros de partidos y movimientos políticos.

La aseveración del conflicto en los años noventa tuvo dos ca-ras de la moneda: la que el país conoció a través de los medios de comunicación (que generalmente es la de los enfrentamien-tos armados) y la de las grandes ciudades (donde, a pesar de todo, las organizaciones sociales continuaban haciendo recla-maciones al Estado, siendo perseguidas de manera constante desde los aparatos estatales y para-estatales).

En 1999, se aprobó el Decreto 0205 de la Policía Nacional, contrastando con el fuerte aumento de las movilizaciones que se generaron en el país en rechazo al Plan Nacional de Desa-

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rrollo presentado por Pastrana conocido como “cambio para construir la paz” (Departamento Nacional de Planeación, 1999). Su creación se dio de forma transitoria y solo un par de meses después fue formalizado por el mismo director de la Policía Nacional, el señor Rosso José Serrano1, bajo la Resolución No 011363 del 14 de abril de 1999. Todo esto como parte de la mo-dernización de las Fuerzas Militares y posibilitado por la ayuda financiara para combatir el narcotráfico, comúnmente conocido como “Plan Colombia”.

En los años siguientes, esta Institución enfrentó distintas si-tuaciones, las cuales comprometieron la vida de cientos de ma-nifestantes; incluso la de sus mismos miembros. La falta de un manual de procedimiento hizo que aparecieran nuevas formas de contener las protestas, las cuales incluían el uso de armas no convencionales como las llamadas granadas, recalzadas y las pa-pas bomba. Ejemplo de ello es el caso de la muerte de Jhonny Silva, cuando miembros del ESMAD ingresaron a la Universidad del Valle y ocasionaron su muerte por dos disparos; ante este hecho fueron procesados dos suboficiales y el director del ope-rativo fue vinculado por no tomar las medidas preventivas, a lo que la fiscalía llamó “omisión” (Redacción Judicial, 2016)

En el caso de la muerte de Oscar Salas, estudiante de la Uni-versidad Distrital, un ex miembro del ESMAD aseguró que lue-go de los disturbios “se les ordenó parar la arremetida porque un estudiante había sido lesionado, luego ordenaron recoger todos los materiales para que no quedaran ahí, eso se lo llevó un patrullero en una tanqueta para Mondoñedo, lugar donde fue enterrado”. (Colectivo Informativo Susurro, 2016, web)

1 Director de la policía nacional entre 1995 y 1999, reconocido a nivel mundial por haber desmantelado los tres carteles más grandes de Colombia durante los años noventa. Estuvo activo en el cargo de policía nacional hasta el año 2000 fecha en la que decide retirarse.

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Debido a estos hechos, se decidió crear el curso de control de multitudes de los Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional en julio del 2007. A partir de este momen-to, el ESMAD cambió rotundamente su forma de contener las protestas sociales y se aumentó la disposición de armas de uso convencional no letales, como las granadas aturdidoras y los gases lacrimógenos (usados en Israel); además, se fortaleció el número de miembros de cada escuadrón en las ciudades más importantes del país.

Dicho manual ha sido constantemente controvertido por defensores de los Derechos Humanos, al ser visto como la res-puesta del gobierno nacional a la persistencia del conflicto po-lítico, social y armado que se ha vivido en el país. A su vez, han asegurado que la formación al interior de dicha Institución tie-ne como componente fundamental la orientación de una doc-trina de enemigo interno, la cual se ha impulsado en América Latina desde hace muchos años. Eso relata (Cruz-Rodríguez) cuando afirma que

El énfasis en la represión del ESMAD se explica por la mentalidad de la Guerra Fría que no ha podido superarse debido a la prolongación del conflicto armado, especialmente por la doctrina contrainsurgente que ha tendido a concebir la protesta social como un repertorio propio del enemigo interno. (2016, web)

Espectro ideológico del ESMAD

El manual del servicio de la policía en la atención y control de multitudes es muy claro en cuanto al objeto y las funciones del ESMAD, de hecho menciona que la única forma en la que se puede hacer una intervención es “(…) agotando el recurso

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del diálogo en todo momento para concertar y lograr acuerdos que garanticen un buen desarrollo de la manifestación (…)”. (Di-rección General de la Policía Nacional, 2009) Esto se acompaña de un curso teórico sobre Derechos Humanos que se cierra a la concepción liberal de los derechos individuales lo cual deja grandes vacíos en su formación, generando así una situación donde las violaciones a Derechos Humanos son latentes.

Su entrenamiento es bastante riguroso y agotador, el uso de armas no convencionales va acompañado de situaciones extremas donde son expuestos a los agentes químicos de gases lacrimóge-nos y los chorros de agua a presión que son lanzados por las tan-quetas de entrenamiento, todo esto genera una situación de estrés constante y un imaginario de posible estado de peligro ante lo cual prima la reacción anticipada para evitar un posible ataque.

Los miembros de cada escuadrón deben estar preparados para cualquier condición y a pesar de que su traslado de una re-gión a otra tiene grandes costos, los lugares que por lo general son ocupados en zonas rurales o mineras suelen ser sedes distin-tas a las de la policía como colegios e incluso fincas de propiedad privada y con pocas provisiones de alimentos, tema que puede causar una situación de grandes estados de alteración.

El factor del conflicto político social y armado que se expli-caba anteriormente, ha sido un agravante a la hora de entender el papel del ciudadano en ejercicio de su libre derecho a la pro-testa y por tanto la infiltración en manifestaciones y la incita-ción a la protesta han sido constantemente denunciadas por las organizaciones de Derechos Humanos. Lo anterior va muy de la mano de un fuerte calificativo a las organizaciones sociales, en especial, al manifestante que porta en sus prendas algún ele-mento que, desde el ESMAD, sea considerado de izquierda.

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¿Quién vigi la las actuaciones del ESMAD?

Tras la muerte del joven Nicolás Neira durante las jornadas del primero de mayo de 2005, el ESMAD empezó a ser visto como algo negativo en el imaginario de la sociedad, sobre todo cuando las manifestaciones tienden a tener un carácter pacífico y su llegada impacta psicológicamente a los manifestantes.

Uno de los problemas más comunes durante las manifesta-ciones es precisamente la falta de una autoridad de control que pueda verificar que los procedimientos del ESMAD sean acordes a lo establecido en su manual de procedimiento; de hecho, han existido varios momentos donde el propio escuadrón ha desobe-decido las ordenes de superiores, como en el caso de Gustavo Petro en las manifestaciones de la semana de la indignación el 12 de octubre de 2012 (Grupo INTV, 2012). Del mismo modo, las jor-nadas de movilización del paro agrario en 2013 contaron con un total descontrol del ESMAD y la desobediencia de sus protocolos, al punto que invadieron casas de campesinos, asaltaron fincas y envenenaron alimentos. En las primeras semanas de febrero de 2016, Bogotá vivió un escenario de manifestaciones multitudina-rias contra el sistema de transporte masivo, además de la muerte de Rubiela Chivará frente a una EPS al norte de la ciudad, cada es-cenario de disturbios fue grabado desde muy temprano, y, ante las cámaras, no se pudo ocultar el actuar desmedido de la policía ni los heridos de cada intervención donde hubo, desde agredidos con bolillos, hasta personas con mutilaciones por el mal manejo de las granadas aturdidoras.

Lo anterior se agrava aún más cuando, en muchas regiones del país, no se cuenta con instituciones que cumplan el papel de veeduría, el cual pueda sistematizar las violaciones y así evi-tar abusos. De hecho, en Bogotá, los miembros del programa “gestores de Convivencia” son recurrentemente agredidos por la fuerza pública y, en varias ocasiones, se ha constatado que

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personal de la defensoría del pueblo ha lanzado piedras hacia los manifestantes, portando chalecos de dicha institución. Los defensores de las organizaciones sociales son recurrentemente señalados y agredidos por el ESMAD, y no logran tomar datos del personal agresor porque muchos uniformados ocultan su número y nombre de las prendas de vestir.

Desmontar el ESMAD es una necesidad

El Gobierno Nacional ha reiterado, en varias ocasiones, que en el post-acuerdo las movilizaciones van a multiplicarse y, por ello, han pretendido reforzar al ESMAD en recursos para poder conte-ner las manifestaciones, empero, ello implica un aumento signifi-cante de la represión y el riesgo de que miles de personas puedan salir heridas de estas intervenciones. Está comprobado que la apa-rición del ESMAD en una movilización significa un posible estado de violencia; de hecho, cuando no participan de una movilización, estas suelen culminar de la mejor manera y sin ningún altercado.

Es urgente la creación de una organización nacional que esté al frente de la verificación y fiscalización de este tipo de conductas, la cual no solo se ocupe del ESMAD, sino de toda la Policía Nacional para, realmente, poder erradicar los abusos de autoridad en todo el territorio nacional, a su vez, las zonas rurales deben contar con un programa especial para evitar que los excesos de fuerza se hagan en completa impunidad. Casos como el de Oscar Salas deben ser resueltos de manera inme-diata, pues a más de 10 años de su muerte la familia parece no poder descansar en paz mientras las amenazas y la dilatación del proceso siguen vigentes y causando dolor en esta y múlti-ples familias que han tenido que pasar por esta problemática.

Por último, el caso de Miguel Ángel Barbosa es, sin duda, un fuerte llamado de atención para el Congreso de la República, pun-tualmente, para la Policía Nacional, con miras a que cese la violencia en las manifestaciones y se tome como ejemplo el camino de paz.

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B i b l i o g r a f í aColectivo Informativo Susurro [SUSURROINFORMA]. (2016, 29 de noviem-

bre). ESMAD involucrado en la muerte del estudiante oscar leonardo

salas. En: Noticias UNO. Recuperado de: https://www.youtube.com/

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cidh-admitio-caso-de-jhonny-silva-estudiante-murio-una-articulo-656253.

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El Observatorio de Derechos Humanos Iván Da-vid Ortiz es un grupo de trabajo, cuyo objeto

de estudio se enmarca en el debate y la defensa de los Derechos Humanos (DDHH) desde el es-cenario universitario y, sobre todo, desde la per-spectiva construida por los estudiantes.

Desde comienzos del año 2009, se decide con-memorar, a partir de la conformación de este gru-po, la labor por la defensa de los DDHH y la de-nuncia de las violaciones de DDHH en distintos lugares del país, la labor desarrollada por el gran maestro Iván David Ortiz, compañero y maestro de la facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia, quien, a pesar de que falleció hacia finales del año 2008, gracias a su trabajo y fuerte amistad con los estudiantes, ha permanecido constantemente en nuestros corazones y en la memoria de sus compañeros, además de las personas con quienes, en algún mo-mento, compartió su gran alegría.

Fotografía: obtenida del blog de observatorio tomada por Mauricio Esguerra

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Dentro de sus labores académicas, se encuentran el trabajo realizado en el campo laboral y sindical, así como una vida com-prometida a la denuncia de las grandes injusticias e inequidades que se viven en la sociedad colombiana. Su labor de reconstruc-ción de la memoria histórica y su empeño en revivir aquellas vo-ces que las balas injustamente han acallado es uno de los más grandes ejemplos que el grupo de trabajo ha decidido continuar trasmitiendo a las nuevas generaciones. Asimismo, el arduo tra-bajo por escribir, y por contar la verdad y la historia del genocidio político contra la unión patriótica, fue quizás uno de los grandes propósitos en los cuales dedicó jornadas enteras de su vida.

La recopilación de información y grandes aportes en la re-construcción de la memoria de las víctimas del conflicto políti-co, social y armado, lo llevaron a distinguirse como uno de los más grandes investigadores de la Facultad y de la Universidad Nacional. Además de ser un gran seguidor de las ideas y traba-jos realizados por el mismo Jaime Pardo Leal en el ámbito social y en las aulas de clase.

En ese sentido, el grupo de trabajo decidió desarrollar la ob-servación como forma de investigación y, a través de ello, rea-lizar un estudio sobre las violaciones a los Derechos Humanos cometidas desde el Estado colombiano, los grupos armados ilegales y las propias autoridades universitarias, contra el mo-vimiento estudiantil.

Siendo estudiantes universitarios entendemos la labor que debemos hacer como defensores de los Derechos Humanos y del compromiso que se debe tener con la defensa del derecho a la educación y a la universidad pública. Por tanto, el grupo ha participado, desde sus inicios, en el acompañamiento a las diversas formas de protesta que han existido en las universida-des colombianas; en especial, aquellas donde sus condiciones de crisis han sido muy latentes. Ejemplo de ello fue la activa participación del Observatorio para la conformación de una

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comisión nacional de Derechos Humanos, en el marco de las movilizaciones de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE), desarrollando mecanismos de protección e interlocución para evitar que se vulnerara el derecho a la movilización, la cual, por esos días, se encontraba en su momento más alto.

El fuerte compromiso que se ha tenido con la paz para el pue-blo colombiano, llevó al grupo a unirse al mandato estudiantil por el intercambio humanitario y, posteriormente, a visibilizar el avance del proceso de paz que se desarrolló en La Habana, Cuba, entre el Gobierno Nacional y la insurgencia de las FARC-EP. Esa misma labor se ha convertido, hoy, en un trabajo indispensable que el grupo ha venido construyendo junto con distintos secto-res estudiantiles en lo que se conoce como el voluntariado por la paz, y que tiene como propuesta, la realización de una veeduría a la implementación de los acuerdos de paz.

Del mismo modo, el grupo ha acompañado en procesos de mecanismos de protección en las marchas y manifestaciones, donde se ha logrado consolidar un trabajo junto a la personería de Bogotá para evitar que se vulneren los derechos del estu-diantado. Proceso que se ha profundizado en momentos tan difíciles como los periodos de amenazas contra líderes y orga-nizaciones estudiantiles.

Todas estas contribuciones, especialmente, en ámbitos aca-démicos, han inspirado la realización de una revista de Derechos Humanos, cuya base es el trabajo adelantado durante las dis-cusiones del grupo de trabajo y el análisis de situaciones que el grupo ha visto como fuentes importantes para la formación en Derechos Humanos, elementos que han estado acompañados de procesos de solidaridad, como las brigadas de Derechos Hu-manos realizadas en el Catatumbo y otras regiones del país, y participando en eventos académicos realizados por distintas or-ganizaciones para, de esa forma, dar cuenta del trabajo que se ha realizado por los miembros del grupo y de sus conclusiones.

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El trabajo interdisciplinar, mencionado anteriormente, ha permitido que, tanto estudiantes de Derecho como de Ciencia Política, hayan desempeñado labores conjuntas para compartir sus experiencias desde el aula de clase y llevarlas a cabo al in-terior del grupo. Ahora, el objetivo es la construcción científica e investigativa, la cual aporte a la defensa de los Derechos Hu-manos y a una reconstrucción de los mismos, de modo que no solo sea un beneficio y protección para las aulas universitarias, sino para los colegios y, en general, para todos los centros edu-cativos del país.

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La revista CONSTRUYENDO

HUMANIDAD se terminó de

diagramar en Junio de 2017.

Las familias tipográficas usadas

fueron: DIN Next LT Pro y Ubuntu

CONSTRUYENDO HUMANIDAD

Revista construyendo humanidad edición (1)

Education

Transcript of Revista construyendo humanidad edición (1)