RESUMEN TEMA 2.

El reinado de Isabel II significa la creación y consolidación del estado liberal, transformándose la monarquía absoluta en otra parlamentaria. Durante este reinado, el proceso se precipita, se acelera y, por fin, se resuelve en la creación del Estado Liberal. Este liberalismo será, en la primera etapa mayoritariamente moderado y con un sufragio censitario. Para contextualizar el reinado de Isabel II, debemos marcar las circunstancias especiales ocurridas previa y posteriormente a él: Guerra de la Independencia, vuelta al absolutismo de Fernando VII y Guerra Carlista. Tras la muerte de Fernando VII, la regente Mª Cristina y los liberales tuvieron que apoyarse mutuamente. El fin de las guerras carlistas y la victoria del bando isabelino supondrían el triunfo del liberalismo y del nuevo régimen. Al finalizar la Guerra de la Independencia, el país seguía enfrentado ideológicamente entre liberales y absolutistas. Cuando en 1814 Fernando VII regresó mostró su clara disposición a volver al absolutismo monárquico (Manifiesto de los Persas), iniciando así una represión fomentada por la Santa Alianza, que trataba por igual a los colaboradores del gobierno de José I y a los liberales patriotas. La oposición al reinado absolutista fue aglutinándose en distintas sociedades secretas y patrióticas, con clara inclinación liberal. Diferentes oficiales como Espoz y Mina intentaron mediante la fuerza acabar con el absolutismo mediante pronunciamientos, aunque sin éxito. El descontento popular se basaba en la nefasta política económica del gobierno. Todo ese malestar estalló en 1820 cuando Rafael Riego se levantó a favor de la Constitución de 1812, encontrando apoyos en toda la península. De esta forma se instauro el Trienio Liberal (1820-1823) durante el cual se eliminó la Inquisición, se instauraron las leyes y el sistema fiscal aprobados en Cádiz y se reanudaron las desamortizaciones, entre otras medidas. También el Trienio Liberal vio poco a poco la escisión de los liberales en dos grupos: exaltados y moderados. Los primeros defendían el sufragio universal y una sola Cámara en las Cortes, mientras que los moderados o doceañistas apoyaban el sufragio limitado y una Cámara Alta en las Cortes. En 1823 se produce la intervención internacional conocida como los “Cien Mil Hijos de San Luis” de la Santa Alianza, gracias a la cual Fernando VII reinstauró el absolutismo durante diez años. Durante la Década Absolutista se invalidó toda la legislación del Trienio y se desató una durísima represión de los liberales, lo que provocó que muchos de ellos optaran por el exilio. A su vez, el monarca absoluto intentó algunas tímidas reformas como la reorganización de la Hacienda, aunque España seguía sufriendo una profunda crisis económica y política. En 1830 el panorama era desolador, en Francia acababa de triunfar una revolución liberal y la esposa del rey acababa de dar a luz a una niña, Isabel. Un gran problema se cernía sobre el reinado de Fernando VII, los absolutistas, partidarios de Carlos Mª Isidro, hermano menor del rey, reclamaban el trono para éste en lugar de para Isabel. Es por ello que el monarca publica una Pragmática Sanción que derogaba la Ley Sálica, permitiendo reinar a las mujeres. Sin embargo, en 1832 aprovechando la enfermedad del rey ésta fue derogada. Una vez recuperado el rey, confirmó los derechos sucesorios de su hija Isabel. En 1833, al morir Fernando VII, su viuda heredó, en nombre de su hija la Corona de España, que a su vez reclamaba Carlos Mª Isidro en el Manifiesto de Abrantes. De esta forma, los llamados, a partir de este momento carlistas se preparaban para su primer levantamiento. El Carlismo era fuerte en Galicia, Navarra, las provincias vascas (salvo las capitales de las provincias, de tendencias liberales), algunas regiones de la antigua Corona de Aragón, como Cataluña y parte del propio Aragón y, ocasionalmente, en algunas zonas de Castilla y León. La guerra se desarrolló en tres fases. La primera, que abarca entre 1833 y 1835, fue una fase en la que los carlistas llevaron la iniciativa de la mano del brillante general Zumalacárregui. Sin embargo en este periodo comenzaron a producirse discrepancias en ambos bandos. Los Carlistas empezaron a dividirse entre pactistas e intransigentes y los Isabelinos, a su vez, entre moderados y radicales. Estas diferencias dentro de los dos bandos produjeron un estancamiento de la situación de la guerra. Los carlistas eran incapaces de extender la rebelión fuera de sus zonas y los isabelinos no podían sofocar la rebelión. En gran parte, el fracaso carlista se debió a la muerte de

Zumalacárregui durante el sitio de Bilbao en 1835.La tercera fase abarca de 1837 a 1840. En ella se produce un recrudecimiento de la influencia carlista en Aragón y Cataluña de la mano del general Cabrera, otro brillante militar. La guerra parecía no tener fin, pero dentro de cada bando comenzaron a tener preponderancia los elementos pactistas y moderados que lograron llegar a un acuerdo en el que se hacían mutuas concesiones, reconociendo los fueron sin perjuicio de la unidad constitucional. Con el denominado "Abrazo de Vergara" entre el General en Jefe carlista, Maroto, y el General liberal Espartero, se puso fin a la guerra en el norte pero la misma continuó en Cataluña hasta la definitiva derrota de Cabrera.

Mª Cristina es nombrada Regente con poder absoluto hasta que su hija Isabel alcanzase la mayoría de edad. Durante su Regencia (1833-1840) la viuda de Fernando VII, intentó una política de conciliación entre liberales y absolutistas aunque sin éxito, ya que desde 1833 hasta 1839 tiene lugar la 1ª Guerra Carlista. Este hecho obligó a la regente a buscar apoyo en los liberales, sustituyendo a Cea Bermúdez por el liberal doceañista Martínez de la Rosa. Durante el gobierno de éste, cabe destacar la promulgación del Estatuto Real (1834). Esta carta otorgada es una expresión de un sistema intermedio entre el absolutismo y el constitucionalismo, que establecía un parlamento formado por dos Cámaras: “Estamento de Próceres” que reuniría a la vieja aristocracia y el “Estamento de Procuradores” en la cual se agruparía la nueva aristocracia del dinero. A su vez establecía un sufragio censitario muy limitado. Sin embargo, el Estatuto Real no contenta ni a absolutistas ni a liberales, lo que dará lugar a una oleada revolucionaria en el verano de 1835 de marcado tinte anticlerical con algunos matices luditas provocado por el desarrollo de la guerra y por la crisis laboral que afecta a los sectores más populares. Tras la destitución de Martínez de la Rosa y más tarde del conde de Toreno, Mendizábal sube al poder en 1835. El gobierno del progresista se enfrentó pronto a la Regente debido a las medidas desamortizadoras iniciadas contra la Iglesia, a las que Mª Cristina se oponía totalmente. Mendizábal acabó dimitiendo en 1836, momento aprovechado por Mª Cristina para la convocatoria de nuevas Cortes. En 1836, antes de que se llegasen a reunir las nuevas Cortes, se produjo un levantamiento en el palacio de La Granja ante la ineficacia de soluciones políticas y con una petición clara, la reinstauración de la Constitución de 1812. Sin embargo, este pronunciamiento lo que traerá consigo es la promulgación de una nueva Constitución, la de 1837, en ella, la soberanía nacional aparece en el preámbulo, aunque después es matizada en el desarrollo del texto. Queda consagrada la división de poderes de la siguiente forma, el poder ejecutivo quedaba en manos del rey, al que se le concedía veto ilimitado, además de poder para elegir senadores y ministros y disolver las Cortes; mientras tanto, el poder legislativo esta formado por dos cámaras, el Congreso (elegida mediante sufragio) y el Senado (nombrado por el rey). La legislación debía ser aprobada por las dos cámaras y refrendada con la firma del rey. La ley electora, publicada aparte, ponía de manifiesto un sufragio censitario muy limitado al que sólo podía acceder la elite intelectual y económica. A la vez se tomaron las siguientes medidas, se restableció la libertad de imprenta y la Milicia Nacional, se inició la supresión de mayorazgos y diezmos y se continuó con la obra desamortizadora de Mendizábal de 1835. Una vez aprobada la Constitución, se disolvieron las Cortes y se convocaron nuevas elecciones que fueron ganadas por el Partido Moderado. Sin embargo, poco a poco, los moderados fueron dimitiendo por el prolongamiento de la guerra carlista. Se convocan nuevas elecciones que fueron ganadas por el Partido Progresista que controlará las Cortes pero no el Gobierno que sigue en manos moderadas. La firma de la Regente de la Ley de Ayuntamientos de 1840, que perjudicaba a los progresistas, unida a diversos problemas ligados a su vida privada, fueron el pretexto utilizado para provocar la renuncia de Mª Cristina y su marcha fuera del país. En su lugar, se nombró un nuevo Regente gracias al apoyo de los progresistas en las Cortes: el general Espartero (1841-1843), muy popular ya que había sido el artífice de la victoria del bando isabelino en la guerra carlista gracias a la firma del Pacto de Vergara en 1839. Espartero, inició una marcha firme hacia el liberalismo en todos los aspectos, sin embargo, ésta se vio frenada por un problema económico: a raíz del tratado librecambista con Inglaterra

que eliminaba todo tipo de aranceles, la burguesía catalana se vio claramente afectada. Ésta reclamaba un proteccionismo para su industria, por lo que inició una acción revolucionaria en Barcelona en la que participaron tanto empresarios como trabajadores. La solución emprendida por Espartero fue el bombardeo de la ciudad desde Monjuic y la posterior represión. Esta actitud desacreditó al Regente quien abandonó España después de un pronunciamiento militar de signo moderado protagonizado por Narváez.

La acción militar de Narváez frente a las tropas del Gobierno supuso el triunfo de los moderados, quienes, después de proclamar a la reina mayor de edad, gobernaron los diez primeros años del reinado personal de Isabel II (1844-1868). Entre las realizaciones más importantes de la Década Moderada (1844-1854) caben destacar la Constitución de 1845 y el Concordato de 1851, además de un importante proceso de centralización. La Constitución de 1845 expone claramente la mentalidad de los moderados y del liberalismo doctrinario. La soberanía es compartida entre las Cortes y el rey, lo cual fortalece el poder de la Corona. El poder ejecutivo está por encima del legislativo y reside también en el rey. Éste tiene competencias para gobernar por decretos y disolver las Cortes. El poder legislativo, a su vez, está compuesto por el Senado elegido por el rey, y por el Congreso elegido a través de un sufragio censitario muy restringido, sólo un 1% de la población tiene derecho al voto. El Estado se declara católico confesional y se instaura la libertad de prensa. El Concordato de 1851 es un documento firmado con la Santa Sede para solucionar el problema de las relaciones Iglesia-Estado deterioradas a raíz de la Desamortización eclesiástica de Mendizábal y de otras medidas de tipo liberal. Sus aspectos más relevantes eran el reconocimiento de la Religión Católica como única española, la aceptación del derecho de la Iglesia a adquirir y poseer bienes además de la dotación económica del culto y la reestructuración administrativa de la Iglesia. El proceso de centralización es un conjunto de medidas uniformadoras y racionalizadoras. Destacan la constitución de un orden jurídico unitario con la elaboración de un nuevo Código Civil y Penal, la consolidación del sistema provincial en el cuál la máxima autoridad era el Gobernador, la implantación de un nuevo sistema fiscal, la creación del Banco de España, la Ley Moyano de educación, la implantación del Sistema Métrico Decimal o la creación de la Guardia Civil, entre otras.

Entre 1854 y 1868 tiene lugar la segunda fase del reinado de Isabel II, en la primera fecha se inicia la revolución de 1854, que dará lugar al Bienio Progresista. Los últimos años de la Década Moderada se caracterizan por la corrupción administrativa y el retroceso de libertades. La oposición del gobierno partió esta vez de los mismos moderados, a los que O’Donnell prestó sus armas, provocando la “Vicalvarada”.

Cánovas del Castillo, a través del Manifiesto de Manzanares, suministró la base ideológica en la cual se pone de manifiesto la instauración de la Milicia Nacional, una mejora de la Ley Electoral y la descentralización administrativa.

Por otra parte, Isabel II acude a Espartero y le encarga la dirección del gobierno que compartirá con O’Donnell (Bienio Progresista). En este período el principal objetivo será la elaboración de una Constitución (1856, Non Nata) que recogiese los principios políticos de la burguesía progresista española. Sin embargo, no llegará a estar vigente. La obra política del gobierno se centra en las medidas desamortizadoras practicadas por Pascual Madoz (1855). Durante el Bienio Progresista, O’Donnell fundará la llamada Unión Liberal, considerada como el primer partido de centro, que aglutina a los menos radicales tanto del partido moderado como del progresista. Una serie de agitaciones sociales hacen que Espartero dimita, por lo que desde 1856 a 1868 se producirá la alternancia de dos fuerzas políticas, la Unión Liberal y el Partido Moderado. Este período se caracteriza por un creciente deterioro de la política española. Moderados y unionistas reinstauran la Constitución de 1845 como marco de la política interior, e inician una

serie de empresas en el exterior para recuperar el perdido prestigio internacional (expedición a Indochina, Marruecos o la intervención en México). Desde el punto de vista económico, se incrementaron las inversiones públicas y la realización de obras pública de enorme relevancia (tendido ferroviario o el Canal de Isabel II). Mientras tanto, la crisis moral, económica y política sacude a España: se formó un sistema parlamentario corrupto que prescindía del cuerpo electoral, la crisis económica de 1865-66 afectó gravemente a las compañías ferroviarias, textiles e instituciones financieras, incrementando el paro. Por otra parte, la muerte de O’Donnell y Narváez unida a la discordia entre moderados y unionistas dará lugar al pacto de Ostende, en el cual progresistas y demócratas unificaran sus fuerzas hostiles al trono de Isabel II, derrocándola finalmente (1868).

Durante el largo reinado de Isabel II, asistimos a una serie de cambios que consolidarán definitivamente el estado liberal y las bases de la España Contemporánea. Consolidación de la monarquía parlamentaria, se establece la división de poderes, el reconocimiento de los derechos individuales, la afirmación del principio de soberanía nacional, el sufragio, el pluralismo político… Todos estos principios son recogidos en las distintas Constituciones de 1837, 1845, y en el proyecto constitucional de 1856. Consolidación del pluralismo político: la división del liberalismo se consolida y se amplía. Al Partido Moderado y al Progresista, se les une el Demócrata, la Unión Liberal y las primeras formulaciones del republicanismo. Cambios económicos: éstos son llevados a cabo fundamentalmente por gobiernos progresistas a través de medidas desamortizadoras, supresión de regímenes señoriales y vinculaciones. Cambios administrativos: estas reformas son llevadas fundamentalmente con gobiernos moderados, destacando la centralización del Estado o la división provincial propuesta por Javier de Burgos siendo también importantes la reforma de la Hacienda, la firma del Concordato con la Santa Sede o la creación de la Guardia Civil además de una serie de leyes educativas importantes (Ley Moyano). En conclusión, la consolidación del Estado Liberal en España se lleva a cabo con muchas dificultades y obstáculos. Una de las características del reinado de Isabel II, es el protagonismo militar, no sólo porque los cambios de gobiernos se produjesen a raíz de pronunciamientos sino también por la presencia de militares como líderes de partidos políticos.