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Resumen Ejecutivo

La corrupción y la falta de transparencia en la gestión pública: una propuesta de cambio. Este documento focaliza sus propósitos en el conocimiento de la situación que atraviesa actualmente la institucionalidad creada en Honduras para combatir la corrupción pública y asegurar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión gubernamental, que constituye un punto de partida indispensable para proponer los lineamientos básicos de una política pública anticorrupción que responda a necesidades y demandas sociales concretas, entre estas el fortalecimiento del Estado de derecho garantizando la independencia judicial y la democratización de los órganos de justicia. Con tal finalidad, este documento se divide en tres partes en las que se describen los rasgos fundamentales de los temas y problemas que caracterizan actualmente la corrupción pública, la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión gubernativa, identificando sus carencias y obstáculos, los actores principales, las articulaciones que se producen en la dinámica política y social, así como las respuestas que emergen de las organizaciones de la sociedad civil. Desde el inicio de la década anterior se reconoce que en Honduras la corrupción pública es “estructural, trasversal, sistémica, conductual y globalizante”, promoviéndose desde entonces la necesidad de “diseñar e implementar una estrategia anticorrupción integral”, como lo hizo el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA). La misma entidad distinguió tres grupos de actores participantes en la corrupción pública: 1) los operadores privados; 2) los políticos; y, 3) los funcionarios no electivos, incluyendo los empleados de la administración pública y la judicatura. Los avances formales en la lucha contra la corrupción, concretados en el reconocimiento del problema, la legislación y la creación de una institucionalidad destinada a tal fin, no han sido garantía de éxito o un freno significativo para contener el crecimiento de la corrupción pública y sus consecuencias políticas y sociales. Por el contrario, en 2008 el FOSDEH y otras organizaciones de la sociedad civil reconocían que los conflictos de interés más agudos en la cúpula gubernamental se producían alrededor de los rubros económicos más rentables, dependientes de concesiones estatales. En julio de 2011, el informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) reconoció que “en la crisis del 28 de junio existieron elementos de corrupción que influyeron y agravaron directamente el conflicto. (…) Asimismo, hemos encontrado que existen una serie de vacíos legales y procesales, como debilidades en las instituciones encargadas del control de la corrupción en el país”, por lo que su principal recomendación en esta materia se orientó a facilitar la suma de esfuerzos, la coordinación y acción común en el combate a la corrupción

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pública, fomentando la participación y el fortalecimiento de las capacidades de control de la ciudadanía organizada. Los informes de la Comisión Multinacional de seguimiento a las reformas en el sector justicia revelaron, en 2012 y 2013, mecanismos específicos utilizados por altos funcionarios gubernamentales para mediatizar los procesos o inhabilitar las propuestas que buscan redefinir la reforma institucional iniciada para llenar los vacíos identificados en el Estado de derecho. En tal contexto concluyó que ante los altísimos niveles de impunidad que se viven en Honduras, “No basta señalar que la justicia no funciona porque la policía y los fiscales no producen resultados. La necesidad de contar con jueces profesionalmente idóneos, honestos, motivados y valientes no puede ser soslayada”. La propuesta con lineamientos básicos para una política pública anticorrupción, expuesta en este documento, constituye un intento para responder a las carencias identificadas, que en este caso actúan como ejes articuladores de soluciones y alternativas específicas para enfrentar los problemas presentes. Estos ejes no solo expresan las carencias y vacíos institucionales existentes, sino también demandas sociales y políticas concretas, cuyas alternativas de solución reúnen las propuestas y esfuerzos de diversas organizaciones civiles vinculadas a esta problemática, destacándose los siguientes ejes articuladores:

I. Asegurar la independencia judicial. II. Juzgar y sancionar los delitos para erradicar la corrupción y la impunidad. III. Reconstituir la institucionalidad del Ministerio Público. IV. Promover la participación ciudadana en las instituciones anticorrupción. V. Crear el sistema integrado de erradicación de la corrupción pública.

II. LA TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA La institucionalidad vinculada con la transparencia y la rendición de cuentas data en su mayoría del primer decenio del siglo actual. A pesar de los avances puntuales que se le reconocen, sufre estancamientos y retrocesos que facilitan la acumulación de problemas sin resolver. Algunos avances fueron reseñados en los Informes Nacionales de Transparencia (2007, 2009), que vincularon la corrupción pública, la falta de transparencia y las debilidades de los procedimientos de rendición de cuentas con la gobernabilidad, el desarrollo y la reducción de la pobreza. No obstante, un factor clave a tener en cuenta es el escaso grado de legitimidad de dicha institucionalidad en la ciudadanía.

Los principales problemas en este ámbito son los siguientes:

a) Los procesos de contratación del Estado; b) El financiamiento dudoso de las campañas de los partidos políticos; c) El desvío de fondos de proyectos del Estado; d) El soborno a funcionarios públicos para adjudicarse compras del Estado;

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e) La entrega de la dirección de entes claves a personas ligadas a grupos económicos y políticos, que toman sus decisiones con un amplio rango de discrecionalidad, por lo general favoreciendo intereses corporativos o personales.

f) Una alta concentración en ciertos proveedores estatales en áreas como la adquisición de bienes y servicios para el sistema de salud, educación, construcción de infraestructura, otorgamiento de licencias para el trasporte, entre otros rubros.

III. LA RENDICIÓN DE CUENTAS La presencia de mecanismos de rendición de cuentas sólidos y efectivos es crucial para generar confianza social en la democracia, como lo reconoce el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), que aboga por una “cultura de la legalidad, la transparencia y la honestidad”. No obstante, en 2012 la misma institución reconoció que la situación de la rendición de cuentas en las instituciones estatales manifiesta avances y retrocesos, manteniendo su institucionalidad en pie pero sin lograr plenamente los objetivos y resultados esperados. Un reconocimiento similar fue hecho en mayo de 2013 por la comisión gubernamental nombrada para revisar las exoneraciones fiscales otorgadas por el Estado a organismos privados, civiles, estatales, religiosos y extranjeros, cuyo Informe Final reveló la falta de transparencia y control sobre los derechos de exoneración concedidos por el Estado. Tal situación genera un ambiente propicio para la comisión de actos de corrupción por parte de los beneficiarios, que no están obligados a rendir cuentas ante el Estado y la ciudadanía. Sin embargo, como lo reconoce dicha Comisión, “… el impacto económico y social de las exoneraciones fiscales es evidente, el actual sistema de incentivos ha servido para favorecer a determinados grupos y sectores económicos en menoscabo de otros sectores y grupos que han tenido que competir en condiciones desiguales”. Ante la precariedad en que se encuentran actualmente los tres temas principales de la institucionalidad considerada en este documento, la propuesta de política pública que se esboza al final se orienta no solo a enfrentar los problemas inherentes a la corrupción, la transparencia y la rendición de cuentas, sino la globalidad del sistema judicial y los operadores de justicia cuya reforma es indispensable para fortalecer el Estado de derecho, asegurar el acceso de la ciudadanía a la justicia y consolidar la institucionalidad anticorrupción. Todo lo cual se concreta en los objetivos siguientes: 1. Promover una reforma integral del sistema de justicia en correspondencia con sus necesidades y vulnerabilidades actuales, para erradicar las prácticas corruptas en la administración gubernamental a través de medidas de política pública que fortalezcan la transparencia y la rendición de cuentas en las instituciones estatales. 2. Asegurar una amplia participación ciudadana en la definición, implementación, seguimiento y control de los resultados en todos los planes, proyectos y

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estrategias orientados a una reforma integral de los operadores de justicia y la institucionalidad vinculada a la transparencia y la rendición de cuentas. 3. Promover consensos políticos y sociales que conduzcan a un proceso ordenado de reforma integral del sistema de justicia que fortalezca el acceso de la ciudadanía a la justicia y su aplicación imparcial, potenciando por esta vía el combate a la corrupción, la impunidad y la desigualdad de oportunidades que generan inequidad y desintegración social. Estos objetivos, sumados a los ejes articuladores y los lineamientos estratégicos que los concretan, buscan constituirse en un conjunto satisfactorio y coherente de iniciativas para darle cumplimiento a los propósitos y contenidos de esta propuesta. Esperando, además, concretar los fines de Honduras Debate en cuanto a aportar insumos específicos que contribuyan a fortalecer el Estado de derecho y la democratización política y social de Honduras.