Guillaume Fontaine e Iván Narváez,editores.Yasuní en el siglo XXI. El Estadoecuatoriano y la conservación de la Amazonía FLACSO-Ecuador, IFEA, Abya-Yala,Petrobrás, CEDA,WCS, Quito, 2007,341 págs.

Los editores y autores de este libro analizan elrol del Estado en la gestión ambiental delParque Nacional Yasuní (PNY). Como puntode partida sostienen que el modelo de gestiónconservacionista, que prevalece desde 1976en nuestras áreas protegidas, ya no respondeadecuadamente a las presiones socioambien-tales que este recibe. Sugieren entonces consi-derar una forma de gobernanza ambientalque convoque a la diversidad de actores invo-lucrados en su manejo. En este sentido, ven almodelo de Reservas de la Biosfera como unaherramienta que podría viabilizar la gestiónambiental en el PNY, una de las “joyas de lacorona” de las áreas protegidas de uno de los12 países megadiversos del mundo.

En el primer capítulo del libro, IvánNarváez afirma que el colapso del modelo deconservación en el PNY deriva del rol contra-

dictorio que cumple allí el Estado. Por unlado, generando un marco legal coherentecon la conservación y el desarrollo humano(incluido el derecho a la autodeterminaciónde los clanes Tagaeri y Taromenane) y, porotro, privilegiando la explotación petrolera.Analiza luego la pobreza endémica que exa-cerba esta crisis de gobernanza ambiental enel PNY. Las petroleras, al atender a estas po-blaciones vulnerables, generan una relaciónde mutualismo indígena-empresa, que lespermite alcanzar a la vez sus objetivos corpo-rativos. Advierte entonces sobre la transfor-mación de los territorios en espacios de eco-nomía internacional, es decir en “no lugares”(pueblos sin control sobre sus territorios).

Como recomendaciones para la gestióndel área, el autor propone adoptar un sistemade responsabilidad extracontractual objetivo(common law) en la legislación ecuatoriana.Este marco legal permitiría la reparación dedaños ambientales aplicando herramientaseconómicas de internalización de externalida-des. Pero por sobre todo, sostiene la necesi-dad de reconocer al pueblo Huaorani (prácti-cas, cosmovisiones, vida) y la de aliviar la po-breza en la zona mediante la redistribución dela renta petrolera. En definitiva, sugiere la ur-gente suscripción de un “contrato natural”que considere estas realidades holísticamentey que viabilice el manejo del PNY.

En el capítulo 2, Guillaume Fontaine ana-liza la cooperación institucional en la gestiónde la Reserva de la Biosfera Yasuní. Defineigualmente al PNY como un espacio de go-bernanza ambiental deficiente (de “esquizo-frenia estatal”), donde se busca conciliar ex-plotación petrolera con conservación y desa-rrollo sostenible. En este sentido, examina elintento del Estado por establecer un modelode gobernanza ambiental participativa me-diante la creación del Comité de Gestión dela Reserva de la Biosfera Yasuní y del GrupoAsesor Técnico (GAT). Al documentar su fra-caso, llama la atención sobre cómo se sustitu-

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yó al enfoque participativo que se quería esta-blecer, por una gestión tecnocrática financia-da privadamente que terminó perdiendo legi-timidad (la creación del fondo ambiental parala conservación del PNY coincidió con el in-terés por obtener la licencia ambiental paraexplotar el bloque 31). Esta situación originóademás un conflicto con el ala radical del mo-vimiento ecologista ecuatoriano, aliado en elmomento de la dirigencia indígena amazóni-ca, lo que debilitó aún más el proceso.

Fontaine identifica luego cuatro tipos deproblemas en el proceso de cooperación insti-tucional para la gestión de la Reserva. A nivelpolítico resalta la debilidad institucional delMAE. A nivel económico contrasta el exiguofinanciamiento para la gestión del PNY, conlas gigantescas inversiones y utilidades de laspetroleras (plantea un interrogante para elEstado: ¿Deberían estos recursos contribuir ala gestión del área?). A nivel social destaca laescasa participación en la conservación.Mientras que a nivel ético, llama la atenciónsobre la ineficacia de los mecanismos de ren-dición de cuentas del MAE y de la radicaliza-ción ecologista. Finalmente, plantea dos con-sideraciones para viabilizar la gobernanza dela Reserva de la Biosfera Yasuní. Primero, re-tomar su zonificación considerando a la zonaintangible como su núcleo y ampliando suzona de amortiguamiento a la parte solapadapor los bloques petroleros. Segundo, reforzarla capacidad del Estado para controlar y me-jorar la actividad petrolera.

En el capítulo tres, Paúl Cisneros evalúa lagestión del territorio en el PNY. Ante el limi-tado control territorial ejercido por quichuasy huaoranis, que tolera usos extractivistas enél, el autor enfatiza el mutualismo “indígena-petrolera” presentado anteriormente. Indica,además, cómo el Estado cogestionó este terri-torio con las comunidades indígenas yONG’s, con el objetivo de afianzar la propie-dad de la tierra. Sin embargo, al “delegar” estaobligación se privilegiaron criterios “técnicos”

sobre la ancestralidad de la propiedad. En elcapítulo cuatro, Rommel Lara reseña la evo-lución de la política indigenista del Estado enlo que es hoy el PNY. Se impulsó primera-mente la “reducción” territorial no siemprepacífica de los Huaorani por parte del Insti-tuto Lingüístico de Verano (ILV). Esto “coin-cidió” con la realización de actividades petro-leras en los territorios desocupados. Con lacreación del Parque, tanto este como el terri-torio Huao quedaron solapados por bloquespetroleros. Es decir que el Estado privatizó eldesarrollo del pueblo huaorani y la “conserva-ción extractivista” del PNY, generando resis-tencia tanto en pueblos indígenas como enambientalistas.

En el capítulo 5, Ricardo Crespo estudiala contradicción existente entre crecimientoeconómico y conservación. Documenta pri-meramente la creación del PNY y la normati-va ambiental en él vigente. Concluye que elprincipio de inalterabilidad de las áreas prote-gidas (no extracción de petróleo) así como elde precaución, deberían ser aplicados en élpor el Estado. Sin embargo, cuando “el inte-rés nacional” implique ejecutar estas activida-des, la rigurosidad al realizar los estudios deimpacto ambiental y al ejecutar los Planes deManejo Ambiental debería ser mayor. Final-mente, Karen Andrade, en el capítulo 6, ana-liza la incidencia de la opinión pública en elsistema de gobernanza ambiental que enmar-ca las actividades petroleras en el PNY. La so-ciedad ha reaccionado ante la desmembra-ción que ha sufrido el parque por el avance dela actividad petrolera. Esta reacción va desdela moderación (aceptando cierto grado de ac-tividad enmarcada en los principios del desa-rrollo sostenible) hasta el radicalismo que li-mita la posibilidad de diálogo. A nivel local,los actores se habrían alejado del movimientoconservacionista ante la escasa generación deestrategias que impliquen paralelamente eldesarrollo. Mientras que para la ciudadaníanacional, el PNY es percibido como un foco

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de atención discontinuo en el marco de lasdiscusiones sobre la conservación del SNAP.

En su conjunto, esta obra analiza solida-mente las deficiencias de la gobernanza am-biental en el PNY. Presenta al mismo tiemporecomendaciones pragmáticas para su conso-lidación. Quedarían por explorarse, en un ne-cesario segundo volumen, inquietudes comolas siguientes: ¿Qué importancia da el Estadoal cumplimiento de sus compromisos inter-nacionales ambientales (reservas de biosfera,CITES, categorías de amenaza de especies,etc.)? ¿Cómo se evalúa el aporte de la tecno-cracia conservacionista corporativa a la pre-servación y desarrollo del PNY? ¿Cuál es el es-tado de su biodiversidad? ¿Cuál ha sido y cuáles su relación con sus habitantes ancestrales?¿Cómo se ve esta afectada por las actividadesno ancestrales allí realizadas? ¿Cómo fue ycómo es la economía ecológica y la ecologíahumana de sus habitantes? Se espera que elcreciente aporte interdisciplinario delObservatorio Socioambiental de FLACSOcontinúe aportando a la conservación y el de-sarrollo sostenible del país.

Francisco Neira B.

Lisa Hisa HilbinkJudges Beyond politics in democracyand dictatorship. Lessons from ChileNew York, Cambrigde Studies in Law andSociety, Cambrigde University Press, 2007,304 págs.

¿Por qué los jueces chilenos, adiestrados y de-signados por gobiernos democráticos, facili-taron, condonaron y legitimaron las prácticasilegales y antidemocráticas durante el régi-men de Pinochet? Lisa Hilbink responde aesta pregunta de investigación evidenciandola importancia del diseño institucional y susefectos sobre la conformación de la judicatu-ra como instancia de control y garante de laslibertades públicas. Para ello, aborda el estu-dio del desempeño judicial en Chile desde1964 (cuando el país alcanza los más altos ni-veles de respeto a las garantías democráticasen la región) hasta el año 2000, demostrandoque las preferencias políticas personales, la fi-losofía legal imperante, los intereses de clase yvariables propias del régimen (miedo y con-trol del Ejecutivo), no son suficientes para ex-plicar el comportamiento colaboracionista ylegitimador en este trascendental período dela historia de Chile. Hilbink elabora una sóli-da hipótesis en favor del argumento institu-cional como factor explicativo del conserva-durismo y conformismo que han caracteriza-do la conducta judicial a lo largo del tiempo,y destaca el efecto significativo tanto de lapropia estructura, como de lo que denomina“ideología institucional”.

Este complejo entramado de ingenieríainstitucional tiene sus raíces en la tradiciónlegalista positivista decimonónica, donde elapoliticismo se exhibía como garantía de in-dependencia y férrea línea divisoria entre leyy política. Sin embargo, lejos de la neutrali-dad, los jueces chilenos “trabajaron” a favordel régimen (la mayoría de forma pasiva yotros activamente), no invocando el respeto ala ley y los derechos fundamentales frente a

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los abusos de la dictadura. En esta identifica-ción de los patrones de la conducta judicial seobserva una regularidad en el comportamien-to, que arranca en este estudio con el manda-to de Eduardo Frei y se extenderá más allá delrégimen de Pinochet. Una suerte de inerciainstitucional que corrobora el poder explica-tivo de la historia en la orientación de las po-líticas a lo largo del tiempo y la especial im-portancia del período formativo de las insti-tuciones.

El análisis teórico del rol de la judicaturaen los procesos de democratización en gene-ral (Capítulo I) y la conformación institucio-nal del activismo conservador chileno en par-ticular (Capítulos II-V), se acompaña de unexhaustivo trabajo cuantitativo consistente enel examen del contenido político y razona-miento legal de las sentencias recogidas en losRepertorios de Jurisprudencia y Revistas es-pecializadas del país (1964-2000). Se prestaespecial atención a las decisiones, declaracio-nes y actos públicos de la Corte Suprema, porsu especial relevancia en cuanto órgano de di-rección judicial con funciones de control ydisciplinarias sobre las instancias judicialesinferiores.

Judges beyond Politics… muestra cómo du-rante la etapa anterior al Golpe de Estado(1964-1973), el conservadurismo fue la res-puesta reaccionaria de unos jueces que, sinataduras institucionales, combatían desde lostribunales los logros democráticos de Frei yAllende. En el período autoritario, la autoradistingue dos etapas (1973-1980) y (1981-1990), con el propósito de advertir los efectosen el comportamiento judicial del diseño queemerge tras la derogación de la Constituciónde 1925. El nuevo orden pinochetista no ne-cesitará rodearse de jueces afectos al régimeno interferir en la toma de decisiones violen-tando la separación de poderes. Todo lo con-trario, la judicatura le brindará un manto delegitimidad (e impunidad) por más de dieci-siete años y permanecerá al servicio del régi-

men militar incluso cuando nuevos actores,como el Tribunal Constitucional o miembrosaislados de la carrera judicial, intentaron li-mitar las extraordinarias prerrogativas del go-bierno. Es en esta etapa cuando se manifies-tan claramente los efectos perversos del apoli-ticismo institucionalizado: una estructura bu-rocrática autónoma y una ideología apartidis-ta dieron el sesgo conservador a esta institu-ción que se convirtió así en perfecta aliada delrégimen militar. La vigilancia constante de laCorte Suprema sobre las instancias judicialesinferiores y la re-interpretación e imposicióndel concepto de independencia judicial como“intervención política” no permitida, asegu-raron que, salvo unos pocos y excepcionalesjueces, se abstuvieran de defender y hacer va-ler los más elementales principios democráti-cos. Este comportamiento persistirá en la eta-pa siguiente de transición formal a la demo-cracia (1990-2000) y no se atisbará rupturahasta la detención de Pinochet en Londres ylos esfuerzos reformistas en la década de losnoventa.

Como demuestra este trabajo, la indepen-dencia judicial no es suficiente para produciruna defensa comprometida de los derechos ylibertades públicas por parte de la judicatura.El entramado institucional no sólo modelaactitudes preexistentes sino las metas y laidentidad profesional del cuerpo judicial, y esresponsable de la continuidad y/o ruptura enla asignación de roles. Cuando los jueces es-tán limitados institucional e ideológicamentepara comprometerse con la política (en elsentido más amplio del término), son incapa-ces de cultivar los atributos profesionales ne-cesarios para defender y promover los princi-pios del constitucionalismo democrático libe-ral. De esta manera concluye, una judicatura“apolítica” es el traje más conveniente e idó-neo de los regímenes autoritarios.

Una de las aportaciones del libro es sinduda la identificación de los patrones querigen la conducta judicial a lo largo del tiem-

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po y los distintos regímenes y que transcien-den el caso chileno (Capítulo VI). El argu-mento institucional de Hilbink puede verifi-carse en otros países que comparten un pro-ceso de transición a la democracia en su his-toria reciente. La estructura institucional y laideología profesional basada en el apoliticis-mo son variables significativas cuya ausenciapuede explicar jueces más combativos comolos de Argentina y Brasil. Por el contrario, elrol de la judicatura en España, Italia, Japón oSudáfrica presenta pautas institucionales simi-lares que confirman la valiosa contribución deeste trabajo y abre nuevas perspectivas de aná-lisis en el ámbito de la política comparada.

Ana Belén BenitoAnthony Bebbington, editor.Minería, movimientos sociales y respuestas campesinas.Una ecología política de transformaciones territorialesIEP-CEPES, Lima, 2007, 349 págs.

La actividad extractivas en los países del he-misferio empieza a tomar fuerza en unos paí-ses más que en otros. Tal es el caso del Perú,donde la minería ha venido adquiriendosuma importancia para el gobierno peruano,al punto de promover un Proyecto de Ley queestablece declarar de interés nacional 20 pro-yectos de inversión minera, en un contextoen el que los conflictos entre empresas y co-munidades andinas han ido en escalada.

En el caso del Ecuador, el tema está tam-bién adquiriendo importancia tanto para elgobierno actual como para los inversores, queven con expectativa la posibilidad de iniciarexploraciones mineras a mayor escala. Cabeconsiderar que en el Ecuador, el sector hidro-carburos es desde hace más de cuarenta añosuna de las principales actividades primariasdel país.

En el campo normativo, las señales sonmás o menos claras. En 1991 el marco legal

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vigente fue modificado para facilitar la inver-sión extranjera en el sector minero. Luego, en1996 se elaboró el reglamento ambiental paraactividades mineras y un reglamento comple-mentario para permitir actividades en bos-ques protectores. Actualmente el área destina-da para la actividad minera cubre casi el 20%del territorio nacional, con una proporciónde más o menos 5.629.751 hectáreas de sue-los dispuestos para la exploración. La ley vi-gente en el sector del año 2000 es la Ley parala Promoción de la Inversión y de la Partici-pación Ciudadana, la misma que permite laactividad extractiva en áreas naturales prote-gidas, bosques protectores privados y patri-monio forestal estatal. Otro tema singular esla eliminación de las regalías para incentivarla competitividad del sector.

Es en este contexto en el que el libro edi-tado por Anthony Bebbington se hace im-portante. Una de las ideas fuerza del texto esque la expansión minera implica la activaciónde nuevos encuentros entre distintas geografí-as, distintas territorialidades, actores socialesque antes no se conocían y entre distintosmodelos de desarrollo y de vida. Como lodice su editor, el libro explora las relacionesentre la gran minería, las respuestas campesi-nas y el surgimiento de movimientos socialesque esta induce (p. 14).

El libro está organizado en cuatro seccio-nes. En la primera, el mismo Bebbington pre-senta el sustento teórico del conjunto de en-sayos que componen el libro, que es el de laecología política, asumida esta como una“suerte de paraguas bajo el cual conviven va-rias tradiciones y líneas de investigación polí-tica y ecológica que comparten ciertas preo-cupaciones ético-políticas” (p. 26): una ecolo-gía política de la transformación territorial enáreas afectadas por la minería.

En la segunda sección, titulada “Econo-mía política y transformación territorial”, en-contramos dos ensayos. Uno de Jeffrey Bury,sobre “Neoliberalismo y cambios rurales en

Cajamarca”. El otro, un trabajo de Eric Holt-Giménez, sobre “La reestructuración territo-rial y las bases de la frontera agraria: comuni-dades indígenas, minería aurífera y el BancoMundial”. Bury hace un sintético recuento decómo las reformas neoliberales (económicas ypolíticas), durante el gobierno de Fujimori,integraron al Perú de manera rápida en el sis-tema de los mercados globales y el flujo de in-versión extranjera. Sustenta la importancia deanalizar cómo el modelo neoliberal ha idotransformando los lugares locales y a partir deello poder dar cuenta de los “porvenires” delneoliberalismo en América Latina (p. 66).Luego, el autor pasa a analizar la presencia dela Minera Yanacocha (MYSA) en Cajamarca,y cómo esta operación se constituyó, de facto,en agente de transformación de la tenencia dela tierra y los medios de subsistencia enCajamarca (p. 79). De otro lado, Holt-Gime-néz analiza el caso de Guatemala para dar lu-ces del por qué de la aparente inconsistenciaen la misión del Banco Mundial, entre suapuesta por aliviar la pobreza rural y la natu-raleza regresiva de sus programas de reformaagraria. Su respuesta apunta hacia que los pro-yectos impulsados por el Banco favorecen pri-mariamente los intereses mineros extranjeros,desencadenando complejas transformacionesen el plano social y ambiental (p. 82). Para elautor, a pesar de su discurso de desarrollo hu-mano, el Banco trata la relación entre la tierray los recursos no desde el punto de vista de losmedios de vida indígena, sino desde la lógicadel capital y el territorio (p. 111).

En la tercera sección, “Resistencias, movi-mientos sociales y desarrollo territorial enzonas mineras”, encontramos tres ensayos. Elde Gerardo Damonte, titulado “Minería ypolítica: la recreación de las luchas campesi-nas en dos comunidades andinas”. A este sesuma el trabajo “Movimientos sociales, lazostransnacionales y desarrollo territorial ruralen zonas de influencia minera: Cajamarca-Perú y Cotacachi-Ecuador”, escrito a varias

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manos por Anthony Bebbington, JeffreyBury, Denise Humphreys, Jannet Lingán,Juan Pablo Muñoz y Martin Scurrah. Un ter-cer trabajo es el de Jeffrey Bury, sobre “Mine-ría, migración y transformaciones en los me-dios de subsistencia en Cajamarca-Perú”. Elestudio de Damonte, a través del análisis decasos (Angoraju y Carhuayoc, en Perú, yChuquiña, en Bolivia), busca dar cuenta decómo los nuevos modos de producción y lasnuevas políticas implantadas por los proyec-tos mineros multinacionales han afectado alas comunidades de manera contradictoria,transformando las economías domésticas delas familias campesinas, las formas cultural-mente significativas de aprender el paisaje ylos liderazgos político comunales (p. 159).

La sección cuarta es la de conclusiones,donde Anthony Bebbington y Leonith Hino-josa buscan darle articulación general al con-junto de hipótesis y propuestas desarrolladosa lo largo de los ensayos anteriores, a travésdel trabajo “Minería, neoliberalización y rete-rritorialización en el desarrollo rural”. Unaidea central es que a partir de los noventa, enlas zonas estudiadas (Bolivia, Ecuador, Gua-temala y Perú) se ha generado una serie decomplejos cambios no solamente en el planoterritorial, sino también en el campo de laconstelación de relaciones al interior de lascomunidades y estas con su entorno local, re-gional, nacional y global. Los campos de aná-lisis en los que pueden rastrearse dichos cam-bios tienen que ver con la neoliberalización,transnacionalización, movilización, desinte-gración y reterritorialización (p. 282-283).Sintéticamente, es preciso considerar, segúnlos autores, que la minería está transforman-do las economías políticas de territorios tantonacionales como subnacionales y que en esteproceso de transformación se encuentranoperando actores de distintas escalas y desdediferentes posiciones en el mundo (Bebbing-ton 2007:306).

El libro constituye un destacable aportepues nos alcanza otra mirada sobre los esce-narios en los que se despliegan los conflictosentre comunidades y actividad minera, lla-mando la atención sobre los profundos ycomplejos cambios que se producen en el en-cuentro entre dos lógicas distintas de apro-piación y gestión del espacio, del territorio ycuyo correlato no solamente es geográfico yambiental, sino económico, social y político.Lograr tener una lectura que atienda la com-plejidad de los procesos en marcha, deberátener como correlato práctico la identifica-ción de medidas, tanto a nivel de profundiza-ción de la investigación, como de acciones depolítica que logren generar oportunidadespara impulsar un desarrollo más equitativo,incluyente y sostenido.

César Bedoya G.

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Manuel Alcántara, Ludolfo Paramio, FlaviaFreidenberg y José Déniz.Reformas económicas y consolidación democrática.Historia contemporánea de AméricaLatina,Volumen VI, 1980-2006España, Editorial Síntesis, 2006, 490 págs.

Reformas económicas y consolidación democráti-ca es una obra colectiva que abarca el análisisde los procesos de cambio, consecuencias yperspectivas de América Latina y el Caribedesde 1980 hasta el 2006. Este exhaustivo es-tudio comparado tiene como punto de parti-da la década de los ochenta, la cual representóun punto de inflexión para la región por doscircunstancias que afectaron a todos los paísesdirecta o indirectamente: la primera de ellasvinculada a la crisis de la deuda y los sucesivosavatares económicos que se presentaron tras elquiebre del modelo de desarrollo de la pos-guerra, y la segunda, vinculada al plano polí-tico, es el fin de los gobiernos autoritarios y suconsecuente retorno a la vida democrática.

Sin lugar a dudas los estudios vinculados alos procesos de transición democrática y con-solidación han sido muy amplios y diversos,lo que evidencia la trascendencia de esta te-mática no sólo para los estudiosos de la re-gión sino para los interesados en los procesosdemocráticos, en su instauración y en la con-servación de los mismos. Lo destacable deeste volumen es la perspectiva comparada y elprofundo trabajo empírico que permiteahondar en los casos particulares que sonmencionados en cada uno de los capítulos amodo de ejemplo.

Ludolfo Paramio es quien da inicio a estetrabajo abordando la crisis y cambio del mo-delo económico, y tomando como punto departida la crisis de la deuda y las distintas re-formas estructurales que se fueron llevando acabo. Es notorio el conocimiento profundodel autor sobre los casos abordados en este ca-pítulo, lo cual facilita al lector la comprensión

y análisis de estas reformas que afectaron a laregión bajo condiciones autoritarias y demo-cráticas, algunas de ellas prosperando y otrasquedando empantanadas en el camino.

En el segundo capítulo, Paramio hace hin-capié en la emergencia de distintos actores enla arena política latinoamericana en el con-texto de una década en la que la crisis de ladeuda y los programas de ajuste habían teni-do consecuencias sociales devastadoras.Destaca en particular el protagonismo adqui-rido por los sectores indígenas tras la insu-rrección de Chiapas en 1994, en el marco deun cambio del contexto ideológico que dejaatrás la mitología de la revolución para darpaso a la resistencia a la globalización. Así, lacuestión étnica aparece combinada con laprotesta social de las organizaciones popula-res, a problemas vinculados a la emigración,la inseguridad, el delito y la pobreza que seextienden a lo largo de la región generandoprofundos cambios en los sistemas políticos.

A continuación Manuel Alcántara y FlaviaFreidenberg abordan los procesos políticos la-tinoamericanos en el período comprendidoentre 1978 y 1990. Estos capítulos indaganlos procesos de transición a la democracia en15 países de la región y los desafíos que de-bieron enfrentar en su momento y en la ac-tualidad, quedando pendientes en muchoslugares la efectiva democratización de las dis-tintas instancias políticas. Si bien su análisises portador de una visión positiva respecto aestos procesos de transición, lo que supone laestabilidad de un marco competitivo y unasreglas de juego durante más de dos décadasen una región históricamente inestable y con-flictiva, destacan una serie de retos que debenafrontar de cara a mejorar su calidad y satis-facer las expectativas ciudadanas.

En los capítulos 4 y 5 Manuel Alcántara yFlavia Freidenberg abordan el desarrollo na-cional, cambios de gobierno y procesos elec-torales en los distintos países latinoamerica-nos. El capítulo 4 está dividido en dos apar-

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tados, el primero de ellos esta abocado a lospaíses del Cono Sur (Argentina, Brasil, Chile,Paraguay y Uruguay) y el segundo a los paísesandinos (Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia yVenezuela). El capítulo 5 se ocupa de México,América Central y el Caribe. En ambos capí-tulos se consideran la transición a la demo-cracia y la instauración del régimen político,aspectos institucionales, la dinámica políticay el sistema de partidos como aspectos funda-mentales para el análisis comparado en cadauno de los países.

Por último, José Déniz cierra este volu-men con un análisis de los procesos de inte-gración económicos en América Latina y elCaribe. El autor realiza una detallada descrip-ción de los procesos que se desarrollaron en laregión y finaliza destacando la situación ac-tual de los mismos y los desafíos futuros quedeben afrontar para poder garantizar la evo-lución y consolidación de estos procesos. Así,afirma que la brecha existente entre la retóri-ca y la práctica es elevada y la región no mues-tra avances sólidos; sobre todo menciona elhecho de que no se hayan realizado correc-ciones a los mecanismos de integración res-pecto de sus tradicionales falencias.

Los distintos textos aquí presentados secaracterizan por la profundidad analítica, elnotorio conocimiento de sus autores sobre latemática abordada y la precisión del lenguajeutilizado. A su vez, es pertinente destacar lanotable sistematización de la información encuadros y tablas de datos de gran utilidad. Porello, este libro constituye una aportación ricay útil al estudio de la política latinoamerica-na, y a su vez permite acercar al lector una vi-sión de los procesos de transición democráti-ca y consolidación en perspectiva comparada,destacando casos puntuales y aportando in-formación actualizada sobre la región.

Cecilia RodríguezInstituto Interuniversitario de Iberoamérica

Universidad de Salamanca

Carlos Vladimir Zambrano, editor.Etnopolíticas y racismo:conflictividad y desafíos interculturales en América LatinaUniversidad Nacional de Colombia, Bogotá,2002, 348 págs.

En este libro se reúnen quince escritos queabordan el problema de la diversidad étnica ycultural en varios países de la América Latinade nuestros días, a través de la mirada de in-vestigadores procedentes de diversas discipli-nas sociales y distintas regiones de Iberoamé-rica. El eje común de los trabajos es la mira-da sobre la conflictividad social que se desa-rrolla en medio del campo de las relacionesinterétnicas, con relación a dos nociones fun-damentales: la etnopolítica y el racismo. Poretnopolítica se entienden las acciones depoder producidas dentro del campo étnico, ypor racismo, toda política fundada en la ra-cialización de las relaciones sociales.

El libro está dividido en cuatro capítulos:racismo, etnopolíticas, conflictividad interét-nica, políticas sociales y diversidad. Todo elescrito apunta, finalmente, a la problematiza-ción de la relación cultura-política, indagan-do por los efectos simbólicos de las configu-raciones subjetivas de los grupos socialmentediversos. Para ello se pone especial atención alefecto que tanto el empoderamiento de estadiversidad como la acción de los estados tie-nen sobre el proceso de conformación de so-ciedades multiculturales en la era globalizada.

El primer capítulo, Racismo, da una mira-da a la relación que en la era moderna se es-tablece entre el racismo, los estados y las cla-ses dominantes, atendiendo al discurso inte-gracionista inherente a la teoría liberal y plas-mado en la consideración universal de los in-dividuos. Se observa esto desde cinco ámbi-tos: en primer lugar, la consideración teóricadel binomio racismo-modernidad (Sierra y

1 María Teresa Sierra y María Victoria Chenaut, “Racismoy derecho en sociedades multiculturales”, pp. 3-28.

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Chenaut, 2002)1 y su conexión con las cons-trucciones simbólicas de los grupos sociales,indagando por la convergencia y divergenciaentre las nociones de racismo y culturalismo(Zambrano 2002)2. En segundo lugar, el as-pecto práctico, o mejor, jurídico del recono-cimiento de los derechos de la diversidad cul-tural y étnica en América Latina, la forma enque la exclusión y la marginalidad operan. Encuarto lugar, se pregunta por el carácter racis-ta del antirracismo, en la medida de su rela-ción lejana con el cuestionamiento del carác-ter estructural de las diferencias sociales. Porúltimo, se aborda el debate sobre la relaciónentre derechos humanos y derechos colecti-vos, atendiendo específicamente a la discu-sión de distintos enfoques de la autodetermi-nación de la diversidad, que problematizan larelación individuo-colectividad, en paísescomo Chile, México, Brasil y Canadá (Castro2002, Gall 2002, Silva 2002, Grant 2002)3.

El segundo capítulo, Etnopolíticas, da unamirada a los proyectos contrahegemónicos ysu inserción en las propuestas de cambio so-cial del nivel nacional (Díaz Polanco 2002).4

Igualmente, se indaga por la transformación yemergencia de los actores étnicos (Zambrano2002, Stavenhagen 2002)5. De ahí que se pre-

gunte por las dinámicas políticas internas delos grupos diversidad, atendiendo específica-mente a la relación individuo-colectividad,desde la mirada de la diversidad, así comodesde los estados que deben asumirla (DíazPolanco 2002). Por último, se plantea elasunto de la inserción de la diversidad en lasdinámicas de transformación social en la eraglobalizada.

En el tercer capítulo, Conflictividad inte-rétnica, se hace referencia al desarrollo tantolegislativo como en términos prácticos delpluralismo en América Latina, así como de laincidencia del capital privado, nacional ytransnacional en el avance o retroceso de po-líticas de reconocimiento de la participaciónlegítima de los grupos étnicos en la vida na-cional de nuestros países (Kuppe 2002)6.También se indaga por la conformación deunos tipos específicos de resistencia, por unlado, desde un pueblo indígena colombianoante un fenómeno de desplazamiento internoocasionado por el conflicto armado que se de-sarrolla en el país (Cortes 2002)7, y por elotro, desde los pueblos ROM, mediante la vi-sibilidad, ante la inoperancia de formas de in-visibilidad utilizadas anteriormente comoforma de pervivencia (Gamboa 2002)8.

Finalmente, en el cuarto capítulo, Políticassociales y diversidad, se indaga en la configura-ción de identidades étnicas dentro de contex-tos de construcción intercultural específicos,así como las respuestas de la institucionalidadestatal ante los estos de la multiculturalidad:

2 Carlos Vladimir Zambrano, “Racismo y viceversa.Apuntes para una crítica cultural del racialismo en elantirracismo”, pp. 73-98.

3 Milka Castro, “Fortalecimiento de la identidad indí-gena. Una paradoja del racismo en Chile”, pp. 29-46;Olivia Gall, “Estado federal y grupos de poder regio-nales frente al indigenismo, el mestizaje y el discursomulticulturista. Pasado y presente del racismo enMéxico”, pp. 47-72.; Paula Cristina da Silva, “Percep-ciones del racismo y preferencias en términos de polí-ticas antirracistas. Investigación entre estudiantes uni-versitarios de Sao Paulo”, pp. 99-114; Stephen Grant,“Estilos de etnología indígena del Brasil y delCanadá”, pp. 115-134.

4 Héctor Díaz Polanco, “Cuestión étnica y cambio so-cial en América Latina”, pp. 135-150.

5 Carlos Vladimir Zambrano, “Nación y pueblos indí-genas en transición. Etnopolítica radical y fenómenospolítico-culturales emergentes en América Latina”,pp. 173-198; Rodolfo Stavenhagen, “Los derechos in-

dígenas. Algunos problemas conceptuales”, pp. 151-172.

6 Rene Kuppe, “Los derechos de los pueblos indígenasen la época de la transnacionalización. El ejemplo delproyecto camisea en la Amazonía Peruana”, pp. 199-220.

7 Pedro Cortes Lombana, “Relación del conflicto arma-do en Colombia con el desplazamiento y la resisten-cia indígena”, pp. 221-252.

8 Juan Carlos Gamboa, Venecer Gómez, HugoAlejandro Paternita, “Los gitanos en Colombia.Límites y posibilidades de la invisibilidad como estra-tegia de resistencia étnica”, pp. 253-288.

procesos inmigratorios en Cancún (Castella-nos y Paris 2002)9, la construcción de un dis-curso sobre el desarrollo y la diversidad desdela perspectiva de género (Lorente 2002)10, yuna mirada particular al enfoque que sobre eldesarrollo y la pobreza tienen organismosmultilaterales y sus efectos en la construcciónde sociedades multiculturales que materiali-zan una concepción particular de desarrollo,el individuo, la nación y la diversidad (Álva-rez y Sacchi 2002)11.

A lo largo del texto, los autores proponenun análisis situado respecto de los valores uni-versales predominantes en los sistemas políti-cos modernos. Ello se aborda bien sea desdeel punto de vista del mestizaje (Gall 2002),con relación al caso mexicano, que hace refe-rencia al punto de vista de las sociedades na-cionales, o desde el antirracismo (Zambrano2002), con relación al caso colombiano, queprofundiza en el ámbito racializante del mul-ticulturalismo (Lorente 2002) o punto de vis-ta de la diferencia cultural de nuestros días. Sedevela la exclusión y marginalización, y en síla diferenciación de lo diverso, que bien po-dría llamarse negativa. Ello constituye, segúnlos autores, un obstáculo para la tan anheladay justa democracia efectivamente pluralista.

En respuesta a este tipo de procesos,Zambrano propone la desrracialización radi-cal de las diferencias culturales. Consiste en eldesarrollo de procesos de ruptura tajante conla recomposición de hegemonías que dancontinuidad a dinámicas de injusticia y ex-clusión. Ello sería posible mediante la cons-trucción de proyectos contrahegemónicosque estén inmersos en dinámicas de construc-ción nacional, no erigidos como reductos de

un pasado primitivo por integrar, como ocu-rre en la actualidad con algunos fenómenospolítico cultural emergente. Tales fenómenosson asumidos por los gobiernos mediante po-líticas que emergen de renovadas de políticasasimilacionistas -neo racistas según Zambra-no- ya conocidas y aparentemente, en la eramoderna, dejadas en el olvido (Polanco 2002,Sierra 2002).

Carolina Borda

Mauro Cerbino, editor Violencia en los medios de comunicación. Generación noticiosay percepción ciudadanaEditorial FLACSO-Ecuador, Quito, 2005,172 págs.

La importancia social del tema es indubitable:hoy el miedo al delito violento ocupa un lugarcentral en las percepciones de los latinoameri-canos. Ha aumentado en la mayoría de los pa-íses la tasa de delitos (lo cual responde tam-bién a un aumento general de la población, es-pecialmente la urbana), a la vez se que ha in-crementado -generalmente en mayor medida-

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9 Alicia Castellanos y Maria Dolores París Pombo,“Emigración, identidad y exclusión socioétnica y re-gional en la ciudad de Cancún”, pp. 289-308.

10 Belén Lorente Molina, “Desarrollo, calidad de vida yderechos humanos. Apuntes para una discusión sobreel trabajo social”, pp. 309-322.

11 Sonia Álvarez y Mónica Sacchi, “Pobreza y desafíosmulticulturales. Relaciones y paradojas”, pp.

la impresión de inseguridad de los habitantes.Es cierto: la población no se ocupa de los

delitos de cuello blanco, aquellos que indirec-tamente han llevado a que los delitos violen-tos se hagan más habituales. Las condicionespolítico-estructurales que han dado lugar a lamarginalidad social generalizada (ligada alaumento de los delitos contra las personas ycontra la propiedad) no suelen ser percibidaspor esa población, entre otras causas porquelos medios masivos se encargan de obturartoda percepción suficientemente inteligiblede los hechos de violencia.

Estamos en tiempos de miedo generaliza-do, ha señalado Z. Bauman. Y tal miedo, quedepende de factores tales como la posible pér-dida del trabajo, la posibilidad creciente deaccidentes viales, los desórdenes económicoso la incertidumbre sobre el futuro a través deuna jubilación, se condensa y metaforiza amenudo en el miedo a la delincuencia. Variosde los textos del libro recopilado por Cerbinoseñalan explícitamente esta situación por lacual el miedo es desplazado, encontrando enlas representaciones ligadas a la violencia ur-bana -la ligada al atraco y el robo- su puntode anclaje.

Es destacable en la recopilación que anali-zamos, la apelación a bases empíricas precisasy suficientemente explicitadas. Los autores -provenientes de diversos países de Lati-noamérica- han realizado seguimientos siste-máticos de la prensa o de fuentes policiales, yofrecen un material que permite detallar con-diciones del delito en algunos casos, y enotros, de la forma en que la prensa o la TVconstruyen la noticia a su respecto.

Por supuesto, la existencia de esa necesariabase empírica (que no siempre se encuentraen trabajos sobre el tema) no garantiza la in-ferencia de conclusiones que sean autoevi-dentes. La epistemología bachelardianamuestra con suficiente claridad que puedehaber más de una interpretación plausible

sobre la misma información empírica, lo queel lógico Quine llamó “diferentes verdades”sobre iguales hechos. A su vez, los hechospueden haber sido construidos metodológica-mente de manera diferente por distintas in-vestigaciones: esto es lo que lleva a la no con-sistencia mutua de las conclusiones de los tra-bajos sobre el caso chileno (el de ChiaraSánchez Baeza y el de Lucía Dammert), don-de el primero de ellos entiende que la impre-sión de inseguridad ciudadana es producidaprincipalmente por los medios, cuando en elsegundo se señala que no es clara una correla-ción precisable entre aumento de la violenciao del miedo, con la presentación que de ellahacen los medios.

Es interesante que en el segundo artículode los nombrados se advierte cómo la pobla-ción en general considera sensacionalista elformato que los medios dan a los temas deviolencia ciudadana; es decir, existe concien-cia de que el tratamiento realizado no es elmejor, y por ello se descree en parte de lo quelos medios presentan.

Por cierto, un aspecto central en que coin-ciden ambos trabajos es el modo en que laviolencia presentada por TV ocupa un altísi-mo porcentaje del espacio de emisión en no-ticieros (27% para el caso de Chile), y en que-para la población- se produce por esa víaalgún margen de efectos de acostumbramien-to, tendencia a la repetición de la violencia, ytemor creciente hacia ésta.

Otro aspecto destacable del libro publica-do por FLACSO-Ecuador es que los autores,en las investigaciones que han servido de baseal texto, han apelado a la conformación deinstrumentos de captación empírica suma-mente meticulosos. Artículos como los yaprecitados, así como el del compilador Cer-bino, sirven a presentar en acto a una serie deherramientas de análisis sobre datos de gráfi-ca o de televisión que de ninguna manera re-sultan obvios, y sobre los cuales no se hace

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ningún subrayamiento en los textos, dadoque ellos no son el objeto de análisis, sino losprocedimientos en base a los cuales dichoanálisis puede llevarse a cabo.

Los trabajos -el libro consta de siete artí-culos con enfoques en cada caso diferencia-dos, más la introducción del compilador-coinciden mayoritariamente en que hay algu-na incidencia de los medios en la produccióndel miedo ciudadano, dado la tendencia a es-pectacularizar la noticia, y a presentar perma-nentemente hechos de violencia, sin ningunaexplicación ni atenuante a nivel de simboliza-ción por vía del lenguaje. Lo que se afirmatambién, es que no hay medida clara de cuáles esa incidencia, y de que en todo caso ella esun factor entre otros, sólo un factor más. Cul-pabilizar sólo a los medios de la violencia ur-bana –en este caso referida sólo a la delic-tual-, sería una enorme reducción, e impedi-ría advertir la densidad de las fuentes socialesde las que se nutre dicha violencia.

El trabajo del colombiano Fabio de laRoche apela menos a base empírica que los yacitados, pero es sumamente enriquecedor encuanto a señalar las bases político-estructura-les desde las cuales la violencia urbana se haceposible. Mostrando los diversos momentospolíticos en la alcaldía de Bogotá, este autornos permite adentrarnos en la importancia delos factores simbólicos para que esa ciudadfuera gradualmente recuperada por sus habi-tantes, a la vez que insiste en las insuficienciasde aquellas políticas que han mejorado el am-biente urbano, pero no han logrado bajar lastasas de pobreza extrema de que dan lugar ala marginalidad como fuente de violencias re-novadas.

En algunas partes del texto aparece -nosiempre explícita- una polémica que divide aautores que trabajan estos temas: algunos se-ñalan que se producen estereotipos que mues-tran a la pobreza extrema como productorasupuesta de violencia; otros, insisten en que

tal pobreza es la efectiva antesala causal de po-sibles delitos. Ambas afirmaciones son váli-das, según entendemos. Sería torpe pensarque el mero hecho de ser pobre, hace a unapersona sospechosa de ser portadora de vio-lencia. Pero la insistencia en pensar que essólo un estereotipo, llevaría a contrario sensu,a suponer que no hay correlación alguna en-tre marginalidad social y delito violento a ni-vel social estructural, lo cual es también uncontrasentido.

Por supuesto que los países del capitalismoopulento también producen sus violencias ur-banas, con modos que les son casi exclusivos,como los de los asesinos seriales. Pero es evi-dente (y el caso argentino lo muestra de ma-nera sobrada) que la caída de amplios sectoressociales hacia la miseria extrema y la margi-nalidad social, conlleva un aumento expo-nencial de las tasas de delito que incluyen vio-lencia. Por lo anterior, cabría discutir la cues-tión del estereotipo: es cierto que no todos losmarginados promueven delitos violentos -enrealidad quienes los cometen son ínfimas mi-norías-, pero sí lo es que la mayoría de los de-litos violentos son actuados por quienes pro-vienen de esos sectores sociales. Siendo así, laprevención de muchos habitantes no resultasimplemente irracional: ellos también sabenque la gran mayoría de esas personas queestán arrastradas a la marginalidad son ino-fensivas, pero no pueden saber cuáles de ellas–aunque sea unas pocas- no lo son.

En todo caso, los artículos recopilados porCerbino resultan muy ilustrativos en cuanto ala necesidad de modificar la modalidad depropalar noticias sobre hechos violentos, dis-minuyendo su frecuencia y su espectaculari-dad. Y, además, insisten en un punto central:hay que poner palabra, hay que poner símbo-lo y estructuración racional a la cuestión de laviolencia urbana. La apelación a intelectualesque discutan por TV o en la gráfica las causasde la violencia y los programas para dismi-

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nuirla o erradicarla, sería imprescindible porparte de los medios, si es que se quiere supe-rar la crónica roja a que se entregan éstos dia-riamente.

Muy enriquecedores son también los artí-culos de Alvaro Sierra y César Ricaurte. Elprimero, porque hace un cuidadoso recorridopor la cuestión de cuál es la influencia queejercen los medios, por fuera del lugar comúnde que estos carecerían de efectividad propia,que fuera impuesto por los estudios culturalesen la Comunicología latinoamericana. Losmedios no sólo imponen los temas de que sehabla en la sociedad, sino que tienen algúnefecto en cuanto al modo en que se los com-prende; y por ello, una cuota de responsabili-dad en el tratamiento de la cuestión de la vio-lencia. Ricaurte muestra casos de intromisiónen la privacidad de las personas y de uso dis-cutible de cámaras ocultas, mecanismos quela televisión actual emprende de manera casipermanente, como si no tuviese restriccionesni límites a su cobertura.

Una excepción a la calidad de los artículoses el último (del periodista Lenin Artieda),cúmulo desordenado de lugares comunes, in-vocaciones a un primario populismo antiinte-lectual, y defensa acrítica del periodismo y lacrónica anestesiante. Su ataque a la media-ción argumentativa en nombre de lo que “lellega a la gente” es una defensa nada eleganteni sutil del statu quo mediático, co-responsa-ble de la carencia de formación que los me-dios prohíjan en la población sobre temáticastan sensibles como la de la inseguridad. Pue-de conjeturarse que este texto no se ha inclui-do en la compilación como clave de interpre-tación, sino más bien como objeto a ser in-terpretado desde los artículos previos.

El libro en conjunto es una sana invita-ción a ir enfrentando la cuestión de la violen-cia ciudadana, que hoy aparece en diversospaíses como la primera demanda que la socie-dad hace al Estado (al punto de que empiezan

a aparecer políticos cuyo prestigio se basa enla sola promesa represiva de reinstalar la“tranquilidad” social). Es importantísimopromover políticas activas alternativas a las delas derechas autoritarias, las que suelen acapa-rar para sí el repertorio de respuestas posiblesante este creciente fenómeno.

A la hora del qué hacer, las propuestas deexigir mayor peso en la explicación y el argu-mento por parte de los medios al informar,resultan plenamente plausibles. Sin embargo,dejan sin respuesta el interrogante que inme-diatamente aparece: ¿quiénes son los actoresde ese cambio que se solicita? ¿se espera quelos medios, espontáneamente, produzcan unamodificación de su agenda hacia modalidadesmenos inmediatistas de construir la noticia?

En el nivel de análisis de lo político que seabre con esa interrogación, se debiera seguirindagando. Qué posibilidad hay de que leyesdeterminadas obliguen a los medios privadosa restringir su propalación de cierta informa-ción, o a exigir de su parte algún formato quevaya más allá de la exposición de sangre ymuertos. Ello no es nada fácil, las leyes inma-nentes del mercado se rigen por el rating, yéste último por la espectacularidad: los aditi-vos de explicación, de argumento, de razonesy causas, no son considerados útiles dentro dedicha racionalidad. Por tanto, si no hay inter-vención del Estado y/o de agrupaciones so-ciales relevantes: ¿de qué modo podría viabi-lizarse un cambio?

Se trata de una cuestión nada menor, queroza la jurisprudencia y la política. Es sabidoque la libertad de prensa debe respetarse,pero también que el acceso a ser dueño demedios es absolutamente privilegiante y eli-tista. Pues bien, son los dueños de los mediosquienes, ante el menor asomo de alguna li-mitación a su ejercicio casi impune de la li-bertad de informar, ponen el grito en el cielohablando de “censura”, ataque a sus derechosinalienables, etc.

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Ello hace nada fácil la tarea de presiónsobre los medios privados para modificar suforma de presentar las noticias. Plantea tam-bién la cuestión de la propiedad de mediospor parte del Estado como una posibilidad deofrecer versiones diferentes (a menudo noexitosa, pero posible), a la vez que la de losmedios alternativos y populares, los cualesfuncionan en gráfica y radio, pero son casiinexistentes en la televisión, dado el nivel deinversión que ésta implica.

Finalmente, algo que por obvio no debié-ramos dejar de señalar: dado que, como biense nos indica en el libro, la influencia mediá-tica no es la única –y acaso no la principal- enla emergencia de la violencia delictual, es dedestacar que el tema de la seguridad no pasasólo por su exposición mediática. No es sólouna producción imaginaria que los medioshubieran arbitrariamente impuesto. Siendoasí, junto a las medidas de modificación delos modos de información, deberá haber otrasen el plano de las políticas sociales, jurídicas,preventivas, policiales y penitenciarias. Lomulticausal de esta problemática lo exige, demodo de ir produciendo un gradual abati-miento de un fenómeno que empobrece lavida de la mayoría de los habitantes: tanto delos que ejercen violencia, como de aquellosque la padecen.

Roberto Follari

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