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Relator Anaya efectúa declaración al finalizar visita oficial al Perú Published on Servindi - Servicios de Comunicación Intercultural (https://www.servindi.org) Imprimir articulo Exportar a PDF Volver Relator Anaya efectúa declaración al finalizar visita oficial al Perú Servindi, 13 de diciembre, 2013.- Compartimos el texto oficial y actualizado de la declaración de James Anaya, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas al concluir su visita al Perú, y que fue ofrecido el viernes 13 de diciembre a los medios de prensa. Declaración del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, al concluir su visita al Perú 13 de diciembre de 2013 Estoy concluyendo mi visita oficial al Perú, la cual comenzó el pasado 6 de diciembre. El propósito de esta visita fue conocer la situación de los pueblos indígenas en el país, incluyendo temas relacionados a la consulta, el consentimiento libre, previo e informado, y los efectos de las actividades de las industrias extractivas sobre los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial. Durante esta visita, he mantenido una serie de reuniones con varios representantes de Gobierno, a nivel nacional y regional, representantes de los pueblos indígenas, de la sociedad civil, y de empresas privadas. Estas reuniones tuvieron lugar en la ciudad de Lima, así como en diversas ciudades, localidades y comunidades indígenas en los departamentos de Puno, Cusco y Loreto. Quisiera agradecer al Gobierno del Perú por su cooperación ejemplar durante la visita y por la Page 1 of 5

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Relator Anaya efectúa declaración al finalizar visita oficial alPerú

Servindi, 13 de diciembre, 2013.- Compartimos el texto oficial y actualizado de la declaración deJames Anaya, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas alconcluir su visita al Perú, y que fue ofrecido el viernes 13 de diciembre a los medios de prensa.

Declaración del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechosde los pueblos indígenas, James Anaya, al concluir su visita al Perú

13 de diciembre de 2013

Estoy concluyendo mi visita oficial al Perú, la cual comenzó el pasado 6 de diciembre. El propósito deesta visita fue conocer la situación de los pueblos indígenas en el país, incluyendo temasrelacionados a la consulta, el consentimiento libre, previo e informado, y los efectos de lasactividades de las industrias extractivas sobre los pueblos indígenas en aislamiento y en contactoinicial. Durante esta visita, he mantenido una serie de reuniones con varios representantes deGobierno, a nivel nacional y regional, representantes de los pueblos indígenas, de la sociedad civil, yde empresas privadas. Estas reuniones tuvieron lugar en la ciudad de Lima, así como en diversasciudades, localidades y comunidades indígenas en los departamentos de Puno, Cusco y Loreto.

Quisiera agradecer al Gobierno del Perú por su cooperación ejemplar durante la visita y por la

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información que me brindó con respecto a sus leyes, políticas y programas en materia indígena.También quisiera agradecer la colaboración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollopor su ayuda imprescindible para esta visita. A la vez, expreso mi agradecimiento a la empresaPluspetrol por haber facilitado mi visita a sus instalaciones en Cusco y Loreto, y por la informaciónque proporcionó sobre sus proyectos en estos departamentos. Finalmente, quisiera expresar migratitud a los pueblos indígenas, en particular a sus autoridades y organizaciones representativas,por invitarme a sus territorios, por la hospitalidad que me brindaron y por compartir conmigo sushistorias, sus preocupaciones y sus aspiraciones.

En los últimos días, he recogido una gran cantidad de información de los pueblos indígenas,representantes gubernamentales y otras fuentes en el país. En las semanas siguientes, revisaré laextensa información recibida con el fin de elaborar un informe sobre los temas estudiados y parahacer una serie de recomendaciones. Este informe se hará público y será presentado al Consejo deDerechos Humanos de las Naciones Unidas en 2014. Con anticipación de este informe, quisieraofrecer ahora algunas observaciones y recomendaciones preliminares con base en lo que he podidoapreciar durante mi visita. Estas observaciones no reflejan toda la gama de cuestiones ypreocupaciones que fueron llevadas a mi atención, ni tampoco reflejan todas las iniciativas por partedel Gobierno relacionadas con las cuestiones indígenas.

En julio del año 2009 visité Perú en mi calidad de Relator Especial sobre los derechos de los pueblosindígenas, para examinar la situación en los días posteriores a los enfrentamientos en Bagua, en losque resultaron muertas y heridas varias personas indígenas y no indígenas. La situación de Baguasurgió, en gran medida, a raíz de los problemas relacionados con el aprovechamiento de los recursosnaturales y la falta de participación de los pueblos indígenas en el desarrollo de decretos legislativossobre esta temática. Era evidente en esa época que existía un alto nivel de descontento y dedesconfianza entre los pueblos indígenas y el Estado peruano.

Más de cuatro años desde los sucesos de Bagua, no cabe duda de que han habido avancesimportantes en materia indígena en el país, incluyendo en relación con las industrias extractivas. Unenfoque principal en estos años ha sido el desarrollo de un marco legal sobre la consulta con lospueblos indígenas en relación con las medidas legislativas o administrativas, así como de los planes,programas y proyectos de desarrollo que afectan sus derechos. Hoy en día, Perú es uno de los pocospaíses en el mundo que cuenta con una ley sobre la consulta con los pueblos indígenas. Cabe notarque existen todavía preocupaciones entre algunos representantes indígenas sobre varios aspectosde la ley y su reglamento de 2012.

En todo caso, tal como he enfatizado en el pasado, el reto ahora consiste en asegurar laimplementación de la consulta previa de una manera conforme a los estándares internacionalesrelevantes. Durante esta visita, he constatado que se han dado pasos hacia la implementación de laconsulta previa en el país, incluyendo en el contexto de proyectos de industrias extractivas. Sinembargo, estos pasos se encuentran todavía en sus fases incipientes y según lo expresado tanto porrepresentantes del Estado como por parte de los pueblos indígenas, el Gobierno todavía seencuentra en un proceso de construcción de su capacidad para implementar la consulta previa entérminos metodológicos, logísticos y presupuestarios. Voy a continuar monitoreando y analizando lospasos dados por el Gobierno con el fin de proporcionar observaciones al respecto más detalladas enmi informe final.

Una condición necesaria para el desarrollo de la consulta previa es la creación de un ambiente deconfianza mutua. Los pueblos indígenas en el Perú han sufrido a lo largo de los años lasconsecuencias devastadoras de proyectos extractivos en sus territorios, una historia que haresultado en una deterioración de las relaciones entre los pueblos indígenas y el Estado, que todavíafalta mucho por superar. Observo que el trabajo de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad dela Presidencia del Consejo de Ministros juega un papel importante en este sentido.

Cabe notar que durante mi visita, dirigentes indígenas manifestaron reiteradamente que ellos no seoponen al desarrollo, pero que ese desarrollo debe tener consonancia con sus derechos, incluyendosus derechos sobre sus tierras, recursos naturales y sus propias aspiraciones y prioridades para eldesarrollo.

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Un ejemplo de las varias experiencias negativas con la extracción de recursos naturales en el Perúes la situación de los pueblos indígenas en las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes yMarañón. Estos pueblos, por más de cuatro décadas, han sido afectados por la explotación petroleraen el Lote 1-AB en el departamento de Loreto. He podido constatar personalmente los seriosproblemas ambientales que existen en esta zona a raíz de la actividad petrolera. Esto incluye lacontaminación de los cuerpos de agua y suelos utilizados por los pueblos indígenas de esa región loque ha afectado sus fuentes de alimentación y su salud. Cabe notar que la empresa OccidentalPetroleum operó el proyecto hasta el 2000, cuando la empresa Pluspetrol asumió la posicióncontractual de operador. Desde este entonces, las prácticas del proyecto han mejorado en términosambientales, dentro de un contexto del desarrollo de estándares progresivamente más fuertes decontroles ambientales al nivel nacional para la extracción de los recursos naturales. Sin embargo,recientemente, la empresa Pluspetrol fue multada en relación con la laguna de Shanshococha porhaber realizado actividades de remediación sin contar con el permiso correspondiente.

La presencia de contaminación ambiental producto de la actividad petrolera durante las últimascuatro décadas representa una situación crítica que debe ser atendida con la urgencia que merece.Esta situación de urgencia fue resaltada por el Ministerio del Ambiente al declarar este año "estadosde emergencia" en las cuencas de los ríos Pastaza y Corrientes debido a la situación decontaminación en esas cuencas. Noto que la empresa ha expresado su disposición de asegurar quesus operaciones dentro de este lote cumplan con la normativa y estándares estatales. No obstante,es necesario que el Gobierno y la empresa realicen mayores esfuerzos para asegurar la remediaciónambiental en el Lote 1-AB sin dilatación por razones de una falta de claridad sobre la responsabilidadempresarial especifica en este contexto.

La remediación ambiental de las áreas contaminadas ha sido identificada por las comunidadesindígenas de las cuatro cuencas como una precondición para entrar en el proceso de la consultaprevia que se contempla llevar a cabo en el contexto de la licitación de la concesión del lote queestá prevista para el año 2015. Otras condiciones de las comunidades incluyen la titulación de sustierras, una mayor presencia del Estado en la zona, indemnizaciones por 40 años de explotaciónpetrolera, y la compensación por el uso de sus tierras para actividades petroleras. Coincido en queestas condiciones son justas y conducentes para un proceso de consulta productivo en relación conuna posible nueva concesión petrolera en el área. En lo que representa un paso importante, enoctubre de este año el Estado se ha comprometido a establecer una "mesa de desarrollo" con laparticipación del Gobierno, la empresa y las comunidades para buscar una solución consensuadapara resolver estas demandas. Seguiré monitoreando con interés el trabajo de la mesa de desarrolloy espero, el proceso de consulta eventual. Animo a las partes a que aprovechen de esta oportunidadde acercamiento para buscar soluciones a los problemas planteados.

También he visto que en Perú se están desarrollando prácticas para la extracción de recursosnaturales que son altamente superiores a las que dieron lugar a la contaminación del Lote 1-AB, deacuerdo a la normativa ambiental que ha sido fortalecida en los últimos años. La misma empresaPluspetrol opera el proyecto de extracción de gas Camisea dentro del Lote 88, en el departamentode Cusco. Este proyecto ha empleado una metodología novedosa que hasta la fecha ha resultado enuna incursión relativamente mínima en el área de explotación. Las instalaciones del proyecto dentrodel Lote fueron construidas y se acceden utilizando helicópteros, así evitándose la construcción decarreteras dentro del área. Estas instalaciones incluyen cinco plataformas con pozos de extracción,que son operados de forma remota desde la planta principal del proyecto fuera del Lote, y en suconjunto no ocupan mas de 21 hectáreas de los 143,500 hectáreas del Lote. Según la empresa y elGobierno, en sus 12 años de operación el proyecto no ha resultado en una degradación de labiodiversidad ni en la contaminación de las aguas o del suelo en el área.

Se puede deducir que el actual proyecto Camisea en el Lote 88 es una buena práctica desde elpunto de vista de la preservación de la naturaleza y biodiversidad. Sin embargo, otro asunto es elimpacto social y humano que pueda tener el proyecto, lo que ha sido sujeto de un amplio debate,especialmente en vista de que aproximadamente el 75% del Lote 88 está dentro de una reservaestablecida para proteger los pueblos indígenas Machiguenga, Nahua, Nanti y otros que están encondición de aislamiento voluntario o contacto inicial.

La empresa operadora del proyecto Camisea ha propuesto la ampliación de sus operaciones dentro

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del Lote 88, lo que implicaría nuevos trabajos intensivos de exploración y la construcción de nuevasinstalaciones dentro del Lote. En su evaluación del Estudio de Impacto Ambiental elaborado por laempresa para la propuesta ampliación de sus operaciones, el Vice-Ministerio de Interculturalidad delMinisterio de Cultura ha resaltado varias preocupaciones acerca del potencial impacto de laampliación del proyecto sobre la salud y bienestar de las agrupaciones indígenas no contactadas yen contacto inicial dentro y fuera del Lote 88. Es evidente que estas agrupaciones sonextremadamente vulnerables, por lo que el Gobierno y la empresa deben de actuar con la máximacautela y no proceder con la propuesta ampliación sin asegurar previamente y de manera conclusivala no vulneración de sus derechos humanos.

Para ese fin, recomiendo que, entre otras medidas, el Gobierno haga un estudio exhaustivo, con laparticipación de todos los interesados y expertos competentes acerca de la presencia y lascondiciones de los pueblos o agrupaciones indígenas no contactados en el área del Lote 88. Además,considero que, de acuerdo con las obligaciones internacionales del Perú bajo el Convenio No. 169 dela OIT sobre pueblos indígenas y tribales y otras fuentes, el Gobierno debe realizar un proceso deconsulta con los pueblos indígenas en el área del Lote 88, antes de tomar una decisión sobre lapropuesta de ampliación del proyecto de explotación. Esta consulta debería incluir las comunidadesindígenas en contacto inicial que se encuentran dentro de la reserva y que pudieran ver susderechos afectados por la ampliación del proyecto, tomando debidamente en cuenta susparticularidades y condiciones de vulnerabilidad.

Durante mi visita, llegué a la comunidad de Santa Rosa Serjalí, una comunidad Nahua que seencuentra dentro de la reserva y que se considera como una agrupación indígena en contacto inicial.Durante una asamblea de la comunidad, varios dirigentes y miembros de la comunidad, inclusivemujeres, jóvenes y ancianos, enfatizaron su deseo de ser partícipes en todas las decisiones que lespueden afectar y de hablar por si mismos. Además, reclamaron la falta de servicios básicos de salud,educación, agua potable y otros del Estado.

Considero que se debe ajustar la normativa que regula el contacto estatal con los integrantes de lareserva, en la medida necesaria para facilitar el suministro de servicios estatales a ésta y otrascomunidades en condiciones semejantes de contacto inicial, y para la realización de consultas conellas con respecto a las decisiones estatales que les puedan afectar. Asimismo, las institucionesestatales competentes deben de actuar de inmediato para asegurar el acceso efectivo de serviciosde salud y los otros servicios básicos para estas comunidades.

Además de las actividades de extracción de hidrocarburos y de petróleo en la Amazonía, existe enPerú una gran cantidad de actividades mineras en la región andina del país. Las comunidadesindígenas con las cuales me reuní me informaron que no han sido consultadas con el fin de obtenersu consentimiento libre, previo e informado en relación con las actividades mineras, situación que hallevado en los últimos años a la oposición a estos proyectos entre varios sectores indígenas, asícomo en conflictos y protestas que han llegado en algunos casos a la violencia. A la vez, tomo notode la posición del Ministerio de Energía y Minas de que sí se han llevado a cabo consultas en elcontexto de estos proyectos, y por lo tanto continuaré examinando estas posiciones divergentes. Lospueblos indígenas también han expresado su preocupación por la contaminación que han dejado losproyectos mineros, que según ellos todavía no ha sido remediada.

Lo que podría ser una consecuencia de la falta de oportunidades de los pueblos indígenas paraparticipar en las actividades mineras y en los beneficios derivados de las mismas, es la existencia através de la región andina de personas y grupos indígenas que se dedican a la minería de pequeñaescala de manera informal o ilegal. Estas actividades están siendo desarrolladas con consecuenciasdevastadoras para el medioambiente, y sin regulación. Ante esta situación preocupante, el Gobiernodebe renovar esfuerzos para ofrecer a estos mineros un camino hacia la formalización por medio desu registro y a la vez crear incentivos para asegurar su registro. Tomo nota que como parte de esteproceso, es esencial una mayor presencia del Estado en las zonas donde se desarrolla la mineríainformal e ilegal y el fortalecimiento del marco regulatorio minero. Asimismo, es necesario asegurarque los pueblos indígenas sean consultados con el fin de obtener su consentimiento libre, previo einformado en relación con los proyectos mineros existentes y futuros, así como alentar las iniciativaslegítimas propias de los pueblos indígenas con respecto a actividades mineras.

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Finalmente, durante mis conversaciones con representantes de los pueblos indígenas esta últimasemana, se ha expresado reiteradamente su percepción de que son reprimidos por haberse opuestoa proyectos extractivos, a través de represalias o de imputaciones penales indebidas. Noto que envirtud del derecho a la libertad de expresión y a la participación, las personas y los pueblosindígenas pueden oponerse y expresar activamente su oposición a los proyectos extractivos.Además, el enjuiciamiento de indígenas por sus actos de protesta no debe emplearse como métodopara reprimir su libertad de expresión, y debe realizarse únicamente en los casos en que hayanclaros indicios de criminalidad. Asimismo, el Perú debería fortalecer sus esfuerzos para proporcionara los pueblos indígenas los medios necesarios para que las autoridades competentes del Estadoescuchen y atiendan sus preocupaciones.

En los próximos meses, estaré desarrollando observaciones y recomendaciones detalladas más alláde estos comentarios iniciales, las cuales serán reflejadas en mi informe al Consejo de DerechosHumanos. Mis observaciones y recomendaciones irán dirigidas a la identificación de buenasprácticas y de las reformas necesarias en consonancia con el Convenio 169 de la OrganizaciónInternacional de Trabajo, la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y otrosinstrumentos internacionales que marcan las obligaciones internacionales de derechos humanos delPerú. Espero que este informe sea de utilidad para los pueblos indígenas, el Estado y empresasprivadas operando en el Perú, y que ayude en la búsqueda de soluciones a los desafíos actuales entemas de industrias extractivas y los pueblos indígenas.

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