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En contexto Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública
17 diciembre 2012 Nº 30
El 10 de diciembre el titular del Ejecutivo
Federal presentó ante la Cámara de Diputados
una iniciativa de reforma a la Constitución en
materia educativa, con énfasis en el
mejoramiento del bien público de la educación.
La reforma mandata la creación de un servicio
profesional de carrera para los maestros y
directivos en el Sistema Educativo y un nuevo
órgano de Estado con la responsabilidad de
evaluar el Sistema. De igual manera plantea
lineamientos que deben ser seguidos en las leyes
reglamentarias, que de ser aprobada la reforma
deberán ser legisladas.
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Antecedentes
En cuanto a la calidad
educativa, el diagnóstico
realizado por la academia e
instituciones relevantes
refiere un panorama
desalentador en todos los
niveles y tipos de educación.
Comparando los resultados
agregados de los estudiantes
mexicanos con los resultados
a escala internacional en
pruebas estandarizadas, el
país se encuentra en los
últimos lugares entre las
economías medias. Los
resultados son aún peores al
analizarlos por región y entre
escuelas públicas y privadas:
se reportan grandes
desigualdades y poco interés
en el proceso educativo por
parte de los estudiantes.
Los hechos clave de que las
economías requieran
aumentar su productividad
de manera constante para
competir internacionalmente
y que el valor agregado sólo
pueda ser otorgado por la
innovación, investigación
aplicada y desarrollo, hacen
que México se encuentre en
una encrucijada. Requiere
que el bono demográfico
juvenil –que durará pocos
años– se convierta en el
motor de un México más
democrático, con una
población joven con valores
republicanos, solidarios y con
habilidades científicas que les
permita innovar. Para
lograrlo se requiere que el
Sistema Educativo les
otorgue oportunidades reales
en cada etapa de sus vidas
para mejorar su formación.
El reciente diagnóstico de la
UNAM al Sistema Educativo
resalta que para lograr
transformarlo, mejorar su
calidad y alcanzar los fines
Reforma del 3° Constitucional
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buscados por la Constitución y
deseados por la sociedad, es
necesario concentrarse en 10
grandes problemas, con sus
respectivas propuestas: abatir el
analfabetismo; abatir el rezago
educativo; hacer efectivo el derecho
y la obligatoriedad de la educación;
recrear el proyecto educativo
mexicano; fundar un nuevo modelo
escolar y de gestión educativa;
fortalecer la función social de la
educación superior; revalorar y
renovar la profesión docente;
reorientar la evaluación educativa,
la certificación y la acreditación;
asegurar el financiamiento que
requiere el desarrollo pleno de la
educación, la ciencia, la tecnología,
la innovación y la cultura; y hacer
de México un país en formación
permanente. (1)
En su exposición de motivos, la
iniciativa presentada por el
Ejecutivo reconoce muchos de estos
problemas y se centra en promover
cambios en dos ámbitos con efectos
en todo el Sistema: la creación del
servicio profesional docente y del
Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación.
Esta propuesta requiere que las
leyes reglamentarias establezcan los
incentivos, equilibrios y límites
entre los diversos actores del
Sistema. Ambas instituciones y sus
nuevos funcionarios tendrán ante sí
un reto enorme por la importancia y
el tamaño del sistema educativo. La
experiencia reciente en la creación
de un sistema de servicio civil de
carrera para la administración
federal, con los problemas que ha
enfrentado y su lenta consolidación,
así como la evolución de los más
recientes organismos autónomos de
Estado creados, IFE e IFAI, dan una
idea de los retos que enfrentarán
ambas instituciones.
(1) Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), Transformar el Sistema Educativo Na-cional, Diez Propuestas para diez años, México, UNAM, 2012, pp. 443-462
http://www.facebook.com/?ref=home#!/cesophttp://cesop.blogspot.com/http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/006_centros_de_estudio/04_centro_de_estudios_sociales_y_de_opinion_publica/003_accesos_directos/003_informacion_electronica
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Página 4 En contexto
Historia de las reformas al
artículo 3° constitucional
La educación pública tiene una
larga historia constitucional en
nuestro país; su evolución
muestra el equilibrio
institucional resultante en cada
momento histórico. En la
Constitución de Cádiz se
propone como una de las
facultades de las cortes –el
Congreso en ese momento-
establecer el plan de enseñanza
pública. De igual modo se
propone que en cada pueblo se
establezcan escuelas de
primeras letras y se cree un
“número competente de
universidades […] para la
enseñanza de todas las ciencias,
literatura y bellas artes”.
Propone de igual modo que el
plan general de enseñanza sea
uniforme para todo el reino y
que exista una dirección de
inspección. En la Constitución
de 1824 se establece como una
de las facultades del Congreso
“promover la ilustración… sin
perjudicar la libertad que tienen
las legislaturas para el arreglo
de la educación pública en sus
respectivos Estados.” La
Constitución de 1857 en su
artículo 3° declaraba que la
enseñanza es libre.
El primer texto constitucional de
1917 establece en el artículo 3°
que la enseñanza será libre pero
laica, tanto en los establecimientos
públicos como privados y se
impartirá gratuitamente en
primaria. De igual manera,
prohibía la dirección de alguna
escuela primaria por parte de
corporaciones religiosas o
religiosos en lo particular. A partir
de esta redacción, el artículo 3° ha
sido reformado en ocho ocasiones.
La primera reforma en 1934
estableció la educación socialista y
el carácter obligatorio para la
educación primaria; de igual
manera, se reformó el artículo 73
con la finalidad de otorgar
atribuciones al Congreso para
dictar leyes que distribuyeran las
funciones educativas y las
aportaciones económicas entre la
federación, los estados y los
municipios, así como establecer
sanciones a los funcionarios
públicos que no respetaran las
disposiciones.
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La reforma de 1946 eliminó la
idea de educación socialista y
el concepto de laicismo; sin
embargo, estableció una
definición de educación
científica, alejada de doctrinas
religiosas, nacional,
humanista y universalista. La
reforma de 1980 precisó los
alcances de la autonomía
universitaria. La reforma de
1992 reintrodujo el concepto
de laicismo y mantuvo su
definición, proponiendo una
educación pública alejada de
las religiones, pero aceptó la
educación privada impartida
por religiosos y corporaciones
religiosas supervisadas por el
Estado. En 1993 se estableció
que todo individuo tiene
derecho a recibir educación y
se hizo obligatoria la
secundaria. En 2002 se
incorporó la educación
preescolar como obligatoria y
se involucró al Estado en la
atención de otros tipos de
educación, así como en la
promoción de la cultura. De
igual manera se reformó el
artículo 31 y se incorporó
como obligación de los
mexicanos hacer que sus
hijos o pupilos concurran a la
escuela. En 2011 se
incorporó la obligación de
que el Estado promueva el
respeto a los derechos
humanos, y en febrero de
2012 se incorporó la
educación media superior
como obligatoria.
Propuesta de reforma
En este contexto, la iniciativa
de reforma constitucional a
los artículos 3° y 73
presentada por el Ejecutivo el
pasado 10 de diciembre
propone reforzar una de las
facultades del Estado en
materia educativa:
determinar los contenidos de
los planes de estudio para
garantizar que los objetivos
educativos sean alcanzados.
http://www3.diputados.gob.mx/001_diputados/006_centros_de_estudio/04_centro_de_estudios_sociales_y_de_opinion_publica/004_canales_secundarios/005_opinion_publica/006_capsula_semanalhttp://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/006_centros_de_estudio/04_centro_de_estudios_sociales_y_de_opinion_publica/003_accesos_directos/001_estudios_e_investigaciones/004_documentos_de_trabajohttp://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/006_centros_de_estudio/04_centro_de_estudios_sociales_y_de_opinion_publica/004_canales_secundarios/005_opinion_publica/002_pulso_ciudadanohttp://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/006_centros_de_estudio/04_centro_de_estudios_sociales_y_de_opinion_publica/003_accesos_directos/002_publicaciones/007_reporte_cesop
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Página 6 En contexto
En la exposición de motivos se
considera que para lograr cumplir
con los fines que dispone el texto
constitucional se requiere reforzar
la calidad del proceso. Para
lograrlo, el Ejecutivo se propone
alcanzar los siguientes objetivos:
a) Garantizar que los profesores y
directivos involucrados en la
educación obligatoria sean
contratados por concurso de
oposición y que la ley
reglamentaria determine el
proceso de ingreso, promoción y
permanencia;
b) Crear un organismo público
autónomo de Estado con
responsabilidad nacional para
evaluar el desempeño y los
resultados del sistema educativo
nacional; y,
c) Otorgar al Congreso la facultad
en materia educativa de asegurar
el cumplimiento de los fines de la
educación.
En relación con los artículos
transitorios resalta el mandato de
crear un Sistema de Información y
Gestión Educativa –encargado al
INEGI–, que permita a la autoridad
y a los integrantes del sistema
educativo tener un conocimiento
preciso de las fortalezas y
debilidades de éste. De igual
manera, se propone adecuar el
marco jurídico para fortalecer la
autonomía de gestión de las
escuelas, ampliar el horario y
prohibir los alimentos poco
saludables.
La Comisión de Puntos
Constitucionales aprobó y modificó
algunos elementos de la propuesta
de reforma el 13 de diciembre de
2012. A continuación se enmarcan
los cambios propuestos a la
Constitución y las modificaciones
que realizó la Comisión.
http://www.diputados.gob.mx/cesop
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Cámara de Diputados
Av. Congreso de la Unión No. 66
Col. El Parque, Del. Venustiano Carranza
C.P. 15969 México, D.F.
Teléfono: 55-5036-0000
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Centro de Estudios Sociales
y de Opinión Pública
El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública a través de este documento, En contexto,
entrega a los legisladores federales información generada por instituciones y especialistas que,
por la importancia de su contenido, ponen en contexto los temas más relevantes de la agenda legislativa y de los problemas nacionales.
Responsable de la publicación:
Ernesto R. Cavero Pérez Subdirector de Análisis y Procesamiento de Datos