JUICIO AGRARIO 146/2010 POB: TENENEXPAN MPIO: MANLIO F. ALTAMIRANO EDO: VERACRUZ

MAGISTRADO DEL TRIBUNAL UNITARIOAGRARIO DEL TRIGÉSIMO PRIMER DISTRITO.P R E S E N T E

La que suscribe Licenciada LISSETTE LOPEZ ARCOS, abogado agrario de la Procuraduría Agraria, con la personalidad que tengo reconocida en el juicio agrario 146/2010, como asesor legal de JOSE LUIS ALMANZA MEJIA, señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones, en términos de lo previsto por el artículo 27 de la Ley de Amparo, en esta Ciudad de Jalapa, Veracruz, el ubicado en Palacio Federal en la esquina que forman las calles de Zamora y Diego Leño de la zona centro, donde se localiza la Delegación de la Procuraduría Agraria en el Estado, ante Usted con el debido respeto comparezco para exponer lo siguiente:

Que por medio del presente ocurso y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 198 de la Ley Agraria en vigor, vengo a interponer en tiempo y forma ante ese H: Tribunal Unitario Agrario, RECURSO DE REVISION, con ocho copias, en contra de la Resolución emitida por esa Autoridad dentro del Juicio Agrario Número 146/2010, emitida con fecha 29 de noviembre del año de 2010, misma que me fuera notificada el día 24 de enero del presente año.

Por lo antes expuesto a Usted C: Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Trigésimo Primer Distrito respetuosamente pido:

PRIMERO: Tenerme por presentada en tiempo y forma, interponiendo RECURSO DE REVISION, a nombre de mi representado, en contra de las Autoridades señaladas como responsables.

SEGUNDO: Conforme a lo dispuesto por el artículo 200 de la ley de la materia, dé admisión al presente en el término legal de tres días, notificándome de su admisión, así como a los terceros, para que en el término legal que dispone el precepto aludido expresen lo que a su interés convenga, y hecho lo anterior de inmediato remita el expediente original con el escrito de agravios al Tribunal Superior Agrario.

A T E N T A M E N T EJalapa, Enríquez, Ver., a 8 de Febrero del 2011.

LIC. LISSETTE LOPEZ ARCOS

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JUICIO AGRARIO 146/2010 POB: TENENEXPAN MPIO: MANLIO F. ALTAMIRANO EDO: VERACRUZ

H. TRIBUNAL SUPERIO AGRARIOP R E S E N T E

La que suscribe Licenciada LISSETTE LOPEZ ARCOS, abogada agraria de la Procuraduría Agraria, con la personalidad que tengo reconocida en el juicio agrario 146/2010, como asesor legal de JOSE LUIS ALMANZA MEJIA, señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones, el número 2549 de la calle de Jiménez, entre las calles de Cortés y Canal de la colonia centro en Veracruz; Ver., en donde se encuentran las oficinas de la residencia de la Procuraduría Agraria, ante Usted con el debido respeto comparezco para exponer lo siguiente:

Que por medio del presente escrito y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 198 de la Ley Agraria, vengo en tiempo y forma a interponer RECURSO DE REVISION, en contra de la sentencia recaída dentro del juicio agrario número 146/2010, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Trigésimo Primer Distrito.

NOMBRE Y DOMICILIO DEL RECURRENTE: Ya quedó precisado en líneas anteriores.

NOMBRE Y DOMICILIO DE LOS TERCEROS PERJUDICADOS: Tiene éste carácter los CC. GUILLERMO LOPEZ TORRES, RODOLFO VIVEROS ZURITA y ALONZO CAPISTRAN RONZON, presidente, secretario y tesorero del comisariado ejidal del ejido TENENEXPAN del municipio de MANLIO F. ALTAMIRANO, Veracruz, domicilio en el cual pueden ser debidamente emplazados y notificados; así como REYNA ALMANZA BAIZABAL con domicilio conocido en el ejido TENENEXPAN del municipio de MANLIO F. ALTAMIRANO, Veracruz, domicilio en el que se le puede notificar y corrérsele traslado.

TRIBUNAL QUE DICTO LA SENTENCIA: Tribunal Unitario Agrario del Trigésimo Primer Distrito, con domicilio en Avenida Culturas Veracruzanas numero 348, colonia Reserva Territorial de la ciudad de Xalapa, Veracruz.

SENTENCIA RECURRIDA: Lo es la Sentencia emitida por el Tribunal Unitario Agrario del Trigésimo Primer Distrito, de fecha 29 de octubre año 2010, en sus considerandos primero, segundo, cuarto, quinto y sexto; así como en los resolutivos del primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo: En principio porque omitió resolver prestaciones reclamadas en reconvención, así mismo interpreta

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incorrectamente el articulo 17 de la Ley Agraria y por la indebida valoración de pruebas sin que fueran analizadas debidamente, lo que con llevo a dictar una sentencia carente de fundamentación y motivación que causa agravio a mi representado.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.- Manifiesto que los hechos y abstenciones que a continuación menciono me constan y constituyen la fuente de los agravios.

A N T E C E D E N T E S

1.- Por escrito recibido el 23 de marzo del año 2010, REYNA ALMANZA BAIZABAL , demandó a JOSE LUIS ALMANZA MEJIA, el mejor derecho a poseer las parcelas marcadas con los números 314 y 359 que corresponden a los derechos ejidales que fueron de su finado padre los cuales adquirió en vía sucesoria , la entrega material y legal de dichas parcelas y de la asamblea general de ejidatarios demando la nulidad del acuerdo que dejo en conflicto las referidas parcelas, la asignación de las mismas en consecuencia la expedición de los certificados correspondientes ; el 23 de marzo del año 2010 el Tribunal Unitario Agrario del distrito 31 admitió a tramite la demanda donde ordeno emplazar a juicio a los demandados y en las diversas audiencias de fecha 10 de agosto y 7 de septiembre de 2010 JOSE LUIS ALMANZA MEJIA dio contestación a su demanda, reconvino y amplio su reconvención, dando contestación a la misma REYNA ALMANZA BAIZABAL, así como los integrantes del comisariado ejidal, contestaron su demanda, procediendo a fijarse la litis y se admitieron las pruebas a los comparecientes; una vez desahogadas las pruebas admitidas se concedió termino para alegatos los que se formularon por lo que se turna el expediente para sentencia misma que fue dictada el dia 29 de noviembre del año 2010 y la que me fue notifica el 24 de enero del presente año.

2.- La sentencia emitida por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito XXXI, a que hago referencia en el antecedente anterior causa agravio a mi representado, al fijar la litis en los siguientes términos; “La litis en este asunto consiste en el juicio principal al mejor derecho a poseer las parcelas 314 y 359, ubicadas en el ejido TENENEXPAN, municipio de Malio Fabio Altamirano, Veracruz, así como la entrega legal y material de las mismas a la parte actora, igualmente reclama la nulidad del acuerdo de la asamblea celebrada el 9 de diciembre de 2005, en el ejido de que se trata, en que se acordó dejar en conflicto las parcelas 314 y 359 , que se ordene , a la asamblea realizar la asignación de tales parcelas a favor de REYNA ALMANZA BAIZABAL, y que el Registro Agrario Nacional le expida las correspondientes certificados parcelarios. EN EL JUICIO RECONVENCIONAL, consiste en determinar el reclamo de JOSE LUIS ALMANZA MEJIA, respecto de que se declare la nulidad absoluta de Resoluciones del tres de junio de dos mil tres, dictada en el expediente 628/2002, así como la cancelación en el Registro Agrario Nacional de la inscripción de esa Resolución, y de cualquier acto en el que REYNA ALMAZA BAIZABAL se ostente como sucesora y ejidataria de los derechos ejidales que correspondieron a ELISEO ALMANZA o ELISE

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ALMANZA MORALES, y que se declare que esta impedida para heredar los derechos agrarios y las parcelas ejidales de ELISEO ALMANNZA o ELISEO ALMANZA MORALES, interviniendo también en la reconvención los integrantes del comisariado ejidal del ejido que nos ocupa”. Procede a variar la litis omitiendo resolver prestaciones reclamadas toda vez que la nulidad que se reclama no solo tenía como fundamento la renuncia de derechos agrarios del finado, sino que dejo revocada cualquier lista de sucesión realizada con anterioridad, por lo que no existían sucesores ya que en el acta en la que renuncia a sus derechos se pide la cancelación de los sucesores registrados con anterioridad, prestación reclamada con el inciso A de la demanda reconvencional, lo que omitió analizar el Tribunal Unitario Agrario del distrito 31, y únicamente procede a analizar solo el aspecto de la renuncia y no la voluntad de dejar sin efecto cualquier lista de sucesión realizada con anterioridad, como se observa del siguiente razonamiento que textualmente dice en su considerando cuarto: el Tribunal Unitario Agrario del distrito 31 establece que “habrá que analizar la excepción de falta de acción y derecho que opone el demandado en contra de REYNA ALMANZA BAIZABAL, quien reclama el mejor derecho a poseer las parcelas en conflicto, basándose en una resolución emitida el tres de junio de dos mil tres, en el juicio agrario 628/2002, sobre una sucesión de unos derechos ejidales inexistentes, ya que en acta de asamblea el finado ELISEO ALAMANZA MORALES , ya había renunciado a sus derechos, por lo que considera que el derecho que adquirió la actora fue mediante una resolución emitida con fraude procesal. Lo anterior es improcedente ya que si bien obra a la foja 116 de autos, el escrito de fecha 22 de agosto de 1995, donde se advierte que Eliseo Almanza renuncia a la titularidad de ejidatario y cede sus derechos agrarios a favor de ANASTACIO ALMANZA BAIZABAL, sin que conste que se hubiera realizado el tramite ante el Registro Agrario nacional para la cancelación de su certificado de derechos agrarios y la expedición del certificado correspondiente”. Este razonamiento denota la falta de conocimientos agrarios por parte de el Tribunal Unitario Agrario del distrito 31 realizando una indebida valoración del documento que obra a foja 116 de autos en copia debidamente certificada documento en el cual el señor Eliseo Almanza, renuncia a la titularidad de derechos de ejidatario ante fedatario público, acto que es válido y permitido por la ley de la materia, resultando intrascendente el hecho de que ceda sus derechos a favor de ANASTACIO ALMANZA BAIZABAL, ya que toda renuncia de derechos agrarios debe entenderse a favor del núcleo de población ejidal, y atendiendo a ello tales derechos quedaban extintos, por lo que si existieran sucesores registrados por parte del ejidatario que renuncio a los mismos, resultaba improcedentes que tales derechos se trasmitieran a su sucesor, toda vez que los mismos ya no existían con motivo de la renuncia efectuada, asimismo, en su tercer párrafo, dicho documento va mas allá, toda vez que el ejidatario titular solicita en el mismo acto que los sucesores registrados con anterioridad en el certificado de derechos agrarios queden cancelados en forma definitiva y que es su última voluntad, de tal manera que el ejidatario dejo claro y plasmado en el acta lo que en ese momento fue su deseo, acto que paso por alto el Tribunal Unitario Agrario del distrito 31 y el cual es valido realizarlo ante notario publico ya que el art. 17 de la ley agraria establece que la ultima voluntad del ejidatario se puede realizar ante notario

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publico o ante el Registro Agrario Nacional por lo que resulta valido la voluntad del ejidatario de dejar sin efecto cualquier lista de sucesión señalada con anterioridad, lo que deja nulo el nombramiento de lista de sucesión bajo el cual se llevo acabo la transmisión de derechos sucesorios en el juicio agrario 628/2002 del índice de el Tribunal Unitario Agrario del distrito 31, debiendo declarar nulo dicho juicio al ostentarse C. REYNA ALMANZA BAIZABAL como sucesora de ELISEO ALMANZA o ELISEO ALMANZA MORALES , siendo que la ultima voluntad del ejidatario fue la de dejar sin efectos cualquier lista realizada con anterioridad, aunado a ello el Tribunal Unitario Agrario del distrito 31 procede a declarar improcedentes las prestaciones reclamadas en vía reconvencional fundamentándose únicamente en que la señalada REYNA ALMANZA BAIZABAL estaba nombrada como sucesora preferente ante el Registro Agrario Nacional, sin que requiriera en términos del articulo 185 de la Ley Agraria como prueba para mejor proveer el documento en el que el finado ejidatario ELISEO ALMANZA o ELISEO ALMANZA MORALES la haya nombrado para definir cual fue la ultima voluntad del ejidatario, acto que causa agravio a mi representado ya que el Tribunal Unitario Agrario del distrito 31 dicta una sentencia a ciegas sin verificar cual fue la ultima voluntad del ejidatario y basa su sentencia en un informe del Registro Agrario Nacional en el que se informa que la sentencia dictada el 3 de junio del año 2003 en el expediente 628/2002 se encuentra debidamente inscrita en la cual fue reconocida REYNA ALMANZA BAIZABAL como sucesora del ejidatario fallecido ELISEO ALMANZA transmitiéndole los derechos ejidales amparados con el certificado agrario numero 99674, lo que resulta inaudito por que el Tribunal Unitario Agrario del distrito 31 no entra al análisis de los vicios que llevaron a dictar esa sentencia en el expediente 628/2002 del índice de el Tribunal Unitario Agrario del distrito 31 si no que únicamente se basa en dicha sentencia como fundamento para acreditar que la ejidataria es REYNA ALMANZA BAIZABAL, acto que ofende a cualquier conocedor de la materia agraria ya que resulta un análisis infantil que denota el desconocimiento de la materia agraria por parte de el Tribunal Unitario Agrario del distrito 31.

3.- De lo antes expuesto se puede concluir que el Tribunal Unitario Agrario del distrito 31 realizo una indebida valoración de la prueba documental publica que obra a foja 116 de autos que es el documento realizado en términos del articulo 17 de la ley agraria en el que el ejidatario expreso su ultima voluntad ya que esta fue posterior a la lista de sucesión que realizo el ejidatario y en el que deja a la C. REYNA ALMANZA BAIZABAL como sucesora preferente, acto que no valoro el Tribunal Unitario Agrario del distrito 31 en conciencia y únicamente basa su sentencia dando por hecho el juicio materia de la nulidad para analizar los aspectos de la procedencia de la acción restitutoria que demanda la actora, por lo que debió en principio analizar las prestaciones reclamadas en reconvención, ya que la nulidad que se invoca sobre el juicio agrario 628/2002 del índice de el Tribunal Unitario Agrario del distrito 31 es el que le reconoce derechos agrarios a la actora y con el que funda sus prestaciones, lo que conduce a el Tribunal Unitario Agrario del distrito 31 a dictar una sentencia incongruente, al omitir analizar una causa de nulidad de dicho juicio y concederle la legalidad al mismo, reconociendo y

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concediendo las prestaciones reclamadas en lo principal y condenando a mi representado a hacer entrega de dos parcelas que en principio ya no eran parte del acervo hereditario y que por otra parte, ya no existía herederos designados por la voluntad expresa del ejidatario expresada ante notario publico, de esta manera considero que el Tribunal Unitario Agrario del distrito 31 dicto una sentencia a priori sin analizar todas las causales invocadas y todavía comete una arbitrariedad mas al condenar a la asamblea general de ejidatarios a asignar las parcelas 314 y 359 a favor de REYNA ALMANZA BAIZABAL por lo que resultaba procedente dejar en conflicto dichas parcelas.

Por estos y demás agravios que de autos se desprende es que la sentencia que se dicta resulta totalmente infundada y carente de toda motivación, y bajo protesta de decir verdad a continuación se transcriben los agravios de que hemos sido objeto.

AGRAVIOS

PRIMERO.- Me causa agravio la resolución que se impugna en su considerando primero y segundo, así como en los puntos resolutivos; toda vez que el Tribunal Unitario Agrario del distrito 31 fija la litis de manera genérica en los siguientes términos “La litis en este asunto consiste en el juicio principal al mejor derecho a poseer las parcelas 314 y 359, ubicadas en el ejidoTENENEXPAN, municipio de Malio Fabio Altamirano, Veracruz, asi como la entrega legal y material de las mismas a la parte actora, igualmente reclama la nulidad del acuerdo de la asamblea celebrada el 9 de diciembre de 2005, en el ejido de que se trata, en que se acordó dejar en conflicto las parcelas 314 y 359 , que se ordene , a la asamblea realizar la asignación de tales parcelas a favor de REYNA ALMANZA BAIZABAL, y que el Registro Agrario Nacional le expida las correspondientes certificados parcelarios. EN EL JUICIO RECONVENCIONAL, consiste en determinar el reclamo de JOSE LUIS ALMANZA MEJIA, respecto de que se declare la nulidad absoluta de Resoluciones del tres de junio de dos mil tres, dictada en el expediente 628/2002, así como la cancelación en el Registro Agrario Nacional de la inscripción de esa Resolución, y de cualquier acto en el que REYNA ALMAZA BAIZABAL se ostente como sucesora y ejidataria de los derechos ejidales que correspondieron a ELISEO ALMANZA o ELISE ALMANZA MORALES, y que se declare que esta impedida para heredar los derechos agrarios y las parcelas ejidales de ELISEO ALMANNZA o ELISEO ALMANZA MORALES, interviniendo también en la reconvención los integrantes del comisariado ejidal del ejido que nos ocupa”. Procede a variar la litis omitiendo resolver prestaciones reclamadas toda vez que la nulidad que se reclama no solo tenía como fundamento la renuncia de derechos agrarios del finado, sino que dejo revocada cualquier lista de sucesión realizada con anterioridad, por lo que no existían sucesores ya que en el acta en

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la que renuncia a sus derechos se pide la cancelación de los sucesores registrados con anterioridad, prestación reclamada con el inciso A de la demanda reconvencional, lo que omitió analizar el Tribunal Unitario Agrario del distrito 31, sirve de fundamento las siguientes tesis de jurisprudencia:

Novena EpocaInstancia: SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaTomo: IX, Abril de 1999Tesis: I.6o.T.13 K Página: 565

LITIS, SU DELIMITACIÓN PUEDE CAUSAR AGRAVIO CUANDO DA LUGAR A UN LAUDO O RESOLUCIÓN INCONGRUENTE. Si bien es cierto que la H. Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis del rubro: "LITIS. SU SOLA DELIMITACIÓN NO CAUSA AGRAVIO.", que aparece publicada en el Informe de 1986, Cuarta Sala, página 33, sostiene que "La sola delimitación de la litis que las Juntas hacen en sus laudos, por ser un punto de carácter exclusivamente enunciativo, no agravia a las partes, ya que lo que les puede causar agravios son los razonamientos que rigen dichos laudos.", este tribunal considera que cuando una Junta o tribunal, no sólo omitan fijar la controversia planteada, sino que lo hagan incorrectamente al tomar en consideración u omitir hechos constitutivos de las acciones, excepciones y defensas de las partes, y cuando los razonamientos que se expresan en el laudo o resolución respecto de las pruebas ofrecidas por las partes giran en torno de hechos que no son constitutivos de tales acciones, excepciones y defensas, la omisión en el estudio de la controversia planteada o la incorrecta fijación que de la misma haga la autoridad responsable, causa agravio al recurrente al ser incongruente la resolución o laudo reclamados, con los hechos en que las partes basaron sus acciones y excepciones.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 136/99. Enrique González Núñez. 19 de febrero de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: María del Rosario Mota Cienfuegos. Secretaria: Alma Leal Treviño.

Nota: Este criterio ha integrado la jurisprudencia I.6o.T. J/38, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, junio de 2001, página 611, de rubro "LITIS SU DELIMITACIÓN PUEDE CAUSAR AGRAVIO CUANDO DA LUGAR A UN LAUDO O RESOLUCIÓN INCONGRUENTE.".

Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo V, Materia del Trabajo, página 548, tesis 800, de rubro: "LITIS. INCORRECTA FIJACIÓN DE LA. CAUSA AGRAVIOS CUANDO DA LUGAR A UN LAUDO INCONGRUENTE.".

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Octava EpocaInstancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.Fuente: Apéndice 2000Tomo: Tomo IV, Civil, P.R. TCCTesis: 1137Página: 821

LITIS EN EL JUICIO NATURAL. PARA LA FIJACIÓN DE ÉSTA, DEBE ATENDERSE A LAS ACCIONES COMPRENDIDAS EN EL AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA, SIN QUE SEA CORRECTO ABARCAR OTRAS, POR MÁS QUE EL DEMANDADO SE HAYA REFERIDO A ELLAS EN SU CONTESTACIÓN.- Si bien la litis se forma con la demanda y la contestación, suele presentarse una diversidad de acciones establecidas por la ley, algunas de las cuales, según el caso, pueden o deben ejercitarse simultáneamente; en cambio otras, por sus características especiales tienen que intentarse a través de juicios distintos, lo cual implica que en el auto admisorio el Juez se pronuncie respecto de la procedencia tanto de la acción como de la vía propuesta y una vez determinado el punto y analizadas las cuestiones de personalidad, competencia y requisitos formales, la demanda se admite bien en forma total, bien parcialmente o se desecha pero en cualquiera de los dos primeros casos la materia del juicio deberá ser siempre aquello por lo que se admitió, quedando a cargo del propio actor emplear los medios de defensa procedentes si el acuerdo de mérito le resulta adverso, ya sea porque expresamente la pretensión se negó o porque debido a una omisión no quedó incluido todo lo que pretendía; en consecuencia, si en su demanda el actor plantea diversidad de acciones pero en el auto inicial el Juez admite sólo una de ellas habiendo omitido resolver respecto de las demás y esa actuación quedó firme, debe entenderse que el juicio se seguirá sólo por lo que hace a lo admitido expresamente pues el demandado, al contestar, tiene obligación de suscitar controversia únicamente respecto a lo que quedó sujeto el juicio, resultando intrascendente la circunstancia de que en aquel momento se aborden íntegramente los planteamientos de la demanda toda vez que de permitirlo, la materia del procedimiento quedaría a voluntad de las partes cuando debe ser fijada por el Juez de acuerdo con la ley.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

Amparo directo 396/87.-Francisco Ismael Milacatl.-7 de junio de 1988.-Unanimidad de votos.-Ponente: Carlos Gerardo Ramos Córdova.-Secretario: Hugo Valderrábano Sánchez.

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV-II, febrero de 1995, página 400, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis VI.1o.60 C.

No. Registro: 195,778JurisprudenciaMateria(s): ComúnNovena ÉpocaInstancia: Segunda Sala

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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaTomo: VIII, Agosto de 1998Tesis: 2a./J. 18/98Página: 396

SENTENCIA INCONGRUENTE, POR HABER AMPARADO EN CONTRA DE TODOS LOS ACTOS RECLAMADOS CUANDO SÓLO SE ESTUDIARON ALGUNOS DE ELLOS, EL REVISOR DEBE CORREGIRLA Y ESTUDIARLOS, AUNQUE NO HAYA AGRAVIO.Es incongruente la sentencia que dicta un Juez de Distrito en la cual omite analizar todos y cada uno de los actos reclamados, pero en el punto resolutivo concede el amparo respecto de la totalidad de los mismos. En esas condiciones, la autoridad revisora, aunque el recurrente no haya señalado lo anterior como agravio, debe analizar los conceptos de violación que omitió estudiar el Juez Federal y, con mayor razón, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencia sobre los artículos impugnados.

Amparo en revisión 3133/96. Ángel Rafael Gali Malpica. 18 de abril de 1997. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: José Ángel Máttar Oliva.

Amparo en revisión 575/97. Luis Rodríguez Aguilar. 30 de mayo de 1997. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Enrique Zayas Roldán.

Amparo en revisión 602/97. Amador Salceda Rodríguez. 20 de junio de 1997. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Felipe Alfredo Fuentes Barrera.

Amparo en revisión 944/97. Banco del Atlántico, S.A., Institución de Banca Múltiple, integrante de Grupo Financiero GBM Atlántico, S.A. de C.V., antes Banco del Atlántico, S.A. 22 de agosto de 1997. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Enrique Zayas Roldán.

Amparo en revisión 606/97. Hilaturas Asociadas, S.A. de C.V. 27 de agosto de 1997. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ernesto Martínez Andreu.

Tesis de jurisprudencia 18/98. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veinte de marzo de mil novecientos noventa y ocho.

Octava ÉpocaInstancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.Fuente: Semanario Judicial de la FederaciónTomo: II, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1988Página: 274

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FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, SU SIGNIFICADO. Conforme lo dispone el artículo 16 constitucional, todo acto de autoridad debe ser fundado y motivado, entendiéndose por lo primero, la expresión, con precisión, del precepto o preceptos legales aplicables, y por lo segundo, el señalamiento, también con precisión, de las circunstancias especiales, razones particulares, o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, necesitándose además la existencia de adecuación entre los motivos argumentados y las normas aplicables, esto es, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.Amparo directo 6475/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 20 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gemma de la Llata Valenzuela. Secretario: Erubiel Arenas González.

Octava EpocaInstancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO.Fuente: Semanario Judicial de la FederaciónTomo: III, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1989Página: 358

FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. VIOLACION FORMAL Y MATERIAL. La violación a la garantía de fundamentación y motivación que establece el artículo 16 Constitucional; entraña dos aspectos: uno formal y otro material. El primero se da cuando hay omisión total de motivación y fundamentación, o sea, cuando no se señalan las normas aplicables ni los hechos que hacen que el caso se adecue a la hipótesis normativa, y el segundo, cuando existe una incorrecta fundamentación y motivación o, en otras palabras, cuando los hechos aducidos no encuadran en la hipótesis operativa, o bien, cuando el precepto legal invocado no es aplicable en el caso.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO.

Amparo directo 219/89. Arrendadora Cofradía, S. A. de C. V. 19 de abril de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretaria: Julieta María Elena Anguas Carrasco.Novena EpocaInstancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaTomo: VIII, Julio de 1998Tesis: VI.2o. J/139 Página: 315

SENTENCIA INCONGRUENTE. Si el Tribunal Unitario Agrario, al pronunciar la sentencia respectiva, omite resolver sobre todos los puntos de la controversia, con ello falta al principio de congruencia, que exige el artículo 189 de la Ley Agraria, lo que se traduce en violación de las garantías individuales contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales.

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SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.Amparo directo 9/96. Rogelia Nolasco de Jesús. 31 de enero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz.Amparo directo 263/96. Delfino Sosa López. 11 de septiembre de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Meza Alarcón. Secretario: Enrique Baigts Muñoz.Amparo directo 762/97. Basilio Martínez Sánchez. 13 de noviembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Meza Alarcón. Secretario: Enrique Baigts Muñoz.Amparo directo 763/97. María Ascenciona Lugo Sánchez. 8 de enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Alfonso Gazca Cossío.Amparo directo 8/98. Francisco Hernández Flores. 4 de junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Meza Alarcón. Secretario: Enrique Baigts Muñoz.

SEGUNDO.- El segundo agravio lo constituye el hecho de que el Tribunal Unitario Agrario del distrito 31, realiza en su sentencia una indebida valoración del escrito de renuncia como se observa del siguiente razonamiento que textualmente dice en su considerando cuarto, que:

“habrá que analizar la excepción de falta de acción y derecho que opone el demandado en contra de REYNA ALMANZA BAIZABAL, quien reclama el mejor derecho a poseer las parcelas en conflicto, basándose en una resolución emitida el tres de junio de dos mil tres, en el juicio agrario 628/2002, sobre una sucesión de unos derechos ejidales inexistentes, ya que en acta de asamblea el finado ELISEO ALAMANZA MORALES , ya había renunciado a sus derechos, por lo que considera que el derecho que adquirió la actora fue mediante una resolución emitida con fraude procesal.

Lo anterior es improcedente ya que si bien obra a la foja 116 de autos, el escrito de fecha 22 de agosto de 1995, donde se advierte que Eliseo Almanza renuncia a la titularidad de ejidatario y cede sus derechos agrarios a favor de ANASTACIO ALMANZA BAIZABAL, sin que conste que se hubiera realizado el tramite ante el Registro Agrario nacional para la cancelación de su certificado de derechos agrarios y la expedición del certificado correspondiente”.

Este razonamiento denota la falta de conocimientos agrarios por parte de el Tribunal Unitario Agrario del distrito 31 realizando una indebida valoración del documento que obra a foja 116 de autos en copia debidamente certificada, documento en el cual el señor Eliseo Almanza, renuncia a la titularidad de derechos de ejidatario ante fedatario público, acto que es válido y permitido por la ley de la materia, resultando intrascendente el hecho de que ceda sus derechos a favor de ANASTACIO ALMANZA BAIZABAL, ya que toda renuncia de derechos agrarios debe entenderse a favor del núcleo de población ejidal, y atendiendo a ello tales derechos quedaban extintos, por lo que si existieran sucesores registrados por parte del ejidatario que renuncio a los mismos, resultaba improcedentes que tales derechos se trasmitieran a su sucesor, toda vez que los mismos ya no existían con

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motivo de la renuncia efectuada , lo que constituye un agravio manifiesto, en razón de que esta se encuentra obligada a efectuar el estudio y valoración de todas y cada una de las pruebas ofrecidas y admitidas en el juicio de su conocimiento, realizando una valoración en conciencia, razonando si es procedente otorgarles valor probatorio o no, en base al caudal probatorio articulado entre sí, lo que constituye un vicio que se reflejo en la violación de lo preceptuado por el articulo 14 y 16 Constitucionales, sirven de fundamente las siguientes tesis de jurisprudencia:

Sirve de fundamento la siguiente tesis jurisprudenciales :Novena ÉpocaRegistro: 173665Instancia: Segunda SalaJurisprudenciaFuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIV, Diciembre de 2006Materia(s): AdministrativaTesis: 2a./J. 182/2006Página: 223

SUCESIÓN LEGÍTIMA EN MATERIA AGRARIA. LA RENUNCIA A LOS DERECHOS HEREDITARIOS EFECTUADA ANTE FEDATARIO PÚBLICO PUEDE SER CONSIDERADA COMO PRUEBA POR EL TRIBUNAL QUE CONOZCA DEL JUICIO RELATIVO.Tratándose de la sucesión legítima de los derechos agrarios, el artículo 18 de la Ley Agraria reconoce el derecho a heredar, además de la esposa o concubina del ejidatario, a uno de sus hijos, a uno de sus ascendientes o a cualquier persona que dependa económicamente de él, en ese orden de preferencia. Igualmente prevé que en los supuestos aludidos, si resultan dos o más personas con derecho a heredar, éstas decidirán dentro de los tres meses a partir de la muerte del ejidatario, quién, de entre ellos, conservará los derechos ejidales. De ahí que la renuncia a esos derechos efectuada ante notario o fedatario público por los herederos, pueda tomarse en cuenta por el tribunal que conozca del juicio sucesorio correspondiente, considerando que el artículo 186 de la Ley Agraria señala que en ese procedimiento serán admisibles toda clase de pruebas, mientras no sean contrarias a la ley; y si ésta permite la renuncia de derechos sucesorios agrarios, la efectuada ante fedatario público debe admitirse, sin perjuicio de que el tribunal, de considerarlo necesario, ejerza las facultades que le otorga el propio artículo 186, así como los diversos 187, 188 y 189, para ampliar o perfeccionar dicha probanza, si lo estima pertinente, a efecto de dictar la resolución del asunto a verdad sabida y apreciando en conciencia los hechos y documentos que se le presenten.

Contradicción de tesis 164/2006-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegidos Primero y Segundo, ambos en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito. 10 de noviembre de 2006. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Blanca Lobo Domínguez.

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Tesis de jurisprudencia 182/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veinticuatro de noviembre de dos mil seis.

Séptima ÉpocaRegistro: 246505Instancia: Tribunales Colegiados de CircuitoTesis AisladaFuente: Semanario Judicial de la Federación 217-228 Sexta ParteMateria(s): AdministrativaTesis: Página: 42

Genealogía:Informe 1987, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 2, página 521.

AGRARIO. DERECHOS HEREDITARIOS. SU RENUNCIA ANTE LA ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS ES VALIDA.La renuncia de los derechos agrarios individuales no está prohibida por la Ley Federal de Reforma Agraria, tan es así que su artículo 82, párrafo final, la autoriza expresamente al preceptuar: si dentro de los treinta días siguientes a la resolución de la comisión, el heredero renuncia formalmente a sus derechos, se procederá a hacer una nueva adjudicación, respetando siempre el orden de preferencia establecida en este artículo". Luego, la renuncia ante la asamblea general de ejidatarios es válida, y si el campesino renunciante objeta de falsa el acta respectiva, debe incoar el procedimiento de nulidad de actos y documentos, que regulan los artículos 406 al 413 del ordenamiento invocado, a fin de que esa acta sea nulificada.TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.

Amparo en revisión 128/87. Manuel Arvayo. 3 de noviembre de 1987. Unanimidad de votos. Ponente: Leandro Fernández Castillo. Secretaria: Sandra Luz Verdugo de Bayliss.

Nota: En el Informe de 1987, la tesis aparece bajo el rubro "DERECHOS AGRARIOS HEREDITARIOS. SU RENUNCIA ANTE LA ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS ES VALIDA.".

Octava ÉpocaRegistro: 220636Instancia: Tribunales Colegiados de CircuitoTesis AisladaFuente: Semanario Judicial de la Federación IX, Febrero de 1992Materia(s): AdministrativaTesis: Página: 253

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REGISTRO AGRARIO NACIONAL, ES INEXACTO QUE SEAN NULOS LOS TITULOS Y DOCUMENTOS QUE NO SE INSCRIBAN EN EL.Si bien es cierto que en términos del artículo 448, fracción I, de la Ley Federal de Reforma Agraria, se deben inscribir en el Registro Agrario Nacional los títulos y demás documentos que amparan la propiedad, también lo es que en ninguno de los preceptos de la Ley antes citada, se establece que la falta de ese registro produzca la nulidad de esos documentos, en razón de que el fin esencial del Registro es dar publicidad a los actos jurídicos pero no constituirlos.TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO CIRCUITO.

Amparo en revisión 179/91. Efraín Angel Gutiérrez. 15 de agosto de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Mariano Hernández Torres. Secretario: Jorge Farrera Villalobos.

Novena ÉpocaInstancia: TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIASADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO

CIRCUITO.Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaTomo: V, Enero de 1997Tesis: VII.A.T. J/13Página: 336

PRUEBAS, ESTUDIO DE LAS, POR EL TRIBUNAL AGRARIO. Si bien es verdad que el artículo 189 de la Ley Agraria establece que las sentencias de los Tribunales Agrarios se dictarán a verdad sabida sin necesidad de sujetarse a reglas sobre estimación de las pruebas, sino apreciando los hechos y los documentos en conciencia, fundando y motivando sus resoluciones, no menos cierto es que ello no los faculta a omitir el análisis de las pruebas que aporten las partes.

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL SEPTIMO CIRCUITO.

Amparo directo 116/94. Francisco Arias Rodríguez y coagraviados. 23 de marzo de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Eliel E. Fitta García. Secretario: Juan Sosa Jiménez.

Amparo directo 98/95. Crispín Antonio Guerra. 10 de mayo de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Eliel E. Fitta García. Secretario: Juan Sosa Jiménez.

Amparo directo 188/95. Félix Cabrera Ramírez. 21 de junio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Eliel E. Fitta García. Secretario: Jorge Arturo Galindo Murrieta.

Amparo directo 41/96. Comisariado Ejidal del poblado "El Callejón", Municipio de Tlalixcoyan, Veracruz y otro. 8 de agosto de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Eliel E. Fitta García. Secretaria: Nilvia Josefina Flota Ocampo.

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Amparo directo 363/96. Esteban Méndez López. 14 de noviembre de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Tomás Enrique Ochoa Moguel. Secretaria: Yolanda Guzmán Andrade.

TERCERO.- Causa Agravio la resolución que se impugna, en atención a que el Tribunal Unitario Agrario del distrito 31 pasa por alto el articulo 17 de la Ley Agraria que prevé que el ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba sustituirlo en sus derechos agrarios, designación que puede hacerla de dos formas: la primera, mediante el depósito ante el Registro Agrario Nacional de la lista que formule, en la que consten los nombres de las personas, así como el orden de preferencia conforme al cual deba hacerse la adjudicación de derechos a su fallecimiento; y, la segunda, que la lista sea legalizada ante fedatario público y, con las mismas formalidades, la relación podrá ser modificada por el propio ejidatario, si es su voluntad, en cuyo caso será válida la de fecha posterior. De la interpretación sistemática del aludido precepto legal, se colige que es facultad exclusiva del ejidatario elegir voluntariamente a la persona que ha de heredarlo en sus derechos agrarios a su muerte, sin ajustarse a un orden preferencial, bastando la sola circunstancia de que la lista de sucesión la deposite ante el Registro Agrario Nacional o, en su caso, la formalice ante fedatario público, confiriéndosele, además, el derecho de poder modificarla cuantas veces sea su voluntad, en cuyo caso, siempre será válida la última que elabore, quedando sin efecto las realizadas con anterioridad, y en el documento que obra a foja 116 de autos en su tercer párrafo, el ejidatario dejo claro y plasmado en el acta lo que en ese momento fue su deseo, acto que paso por alto el Tribunal Unitario Agrario del distrito 31 y el cual fue realizado ante notario publico en términos del art. 17 de la ley agraria, por lo que resulta valido la voluntad del ejidatario de dejar sin efecto cualquier lista de sucesión señalada con anterioridad, lo que deja nulo el nombramiento de lista de sucesión bajo el cual se llevo acabo la transmisión de derechos sucesorios en el juicio agrario 628/2002 del índice de el Tribunal Unitario Agrario del distrito 31, debiendo declarar nulo dicho juicio al ostentarse C. REYNA ALMANZA BAIZABAL como sucesora de ELISEO ALMANZA o ELISEO ALMANZA MORALES , siendo que la ultima voluntad del ejidatario fue la de dejar sin efectos cualquier lista realizada con anterioridad, aunado a ello el Tribunal Unitario Agrario del distrito 31 procede a declarar improcedentes las prestaciones reclamadas en vía reconvencional fundamentándose únicamente en que REYNA ALMANZA BAIZABAL estaba nombrada como sucesora preferente ante el Registro Agrario Nacional, sin que requiriera el documento en el que el finado ejidatario ELISEO ALMANZA o ELISEO ALMANZA MORALES la haya nombrado para definir cual fue la ultima voluntad del ejidatario acto que vulnera las garantías individuales de mi representado ya que el Tribunal Unitario Agrario del distrito 31 dicta una sentencia a ciegas sin verificar cual fue la ultima voluntad del ejidatario y basa su sentencia en un informe del Registro Agrario Nacional en el que se informa que la sentencia dictada el 3 de junio del año 2003 en el expediente 628/2002 se encuentra debidamente inscrita en la cual fue reconocida REYNA ALMANZA BAIZABAL como sucesora del ejidatario fallecido ELISEO ALMANZA transmitiéndole los

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derechos ejidales amparados con el certificado agrario numero 99674, lo que resulta inaudito por que el Tribunal Unitario Agrario del distrito 31 no entra al análisis de los vicios que llevaron a dictar la ilegal sentencia en el expediente 628/2002 del índice de el Tribunal Unitario Agrario del distrito 31, si no que únicamente se basa en dicha sentencia como fundamento para acreditar que la ejidataria es REYNA ALMANZA BAIZABAL, lo que resulta un agravio manifiesto, sirven de fundamento las siguientes tesis de jurisprudencia:

Novena ÉpocaRegistro: 187683Instancia: Tribunales Colegiados de CircuitoTesis AisladaFuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XV, Febrero de 2002Materia(s): AdministrativaTesis: VII.3o.C.2 A Página: 931

SUCESIÓN EN MATERIA AGRARIA. El artículo 17 de la Ley Agraria prevé que el ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba sustituirlo en sus derechos agrarios, así como las reglas para que de manera ágil, sencilla y práctica designe sucesores, concediéndole el derecho de nombrar al cónyuge, concubina o concubinario, en su caso, o a cualquier otra persona que él considere, designación que puede hacerla de dos formas: la primera, mediante el depósito ante el Registro Agrario Nacional de la lista que formule, en la que consten los nombres de las personas, así como el orden de preferencia conforme al cual deba hacerse la adjudicación de derechos a su fallecimiento; y, la segunda, que la lista sea legalizada ante fedatario público y, con las mismas formalidades, la relación podrá ser modificada por el propio ejidatario, si es su voluntad, en cuyo caso será válida la de fecha posterior. De la interpretación sistemática del aludido precepto legal, se colige que es facultad exclusiva del ejidatario elegir voluntariamente a la persona que ha de heredarlo en sus derechos agrarios a su muerte, sin ajustarse a un orden preferencial, bastando la sola circunstancia de que la lista de sucesión la deposite ante el Registro Agrario Nacional o, en su caso, la formalice ante fedatario público, confiriéndosele, además, el derecho de poder modificarla cuantas veces sea su voluntad, en cuyo caso, siempre será válida la última que elabore, quedando sin efecto las realizadas con anterioridad.TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.

Amparo directo 305/2001. Marcelino Marín Hernández. 13 de julio de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Arnulfo Joachin Gómez, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: Israel Palestina Mendoza.

Novena ÉpocaRegistro: 192371

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Instancia: Segunda SalaJurisprudenciaFuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Febrero de 2000Materia(s): AdministrativaTesis: 2a./J. 11/2000 Página: 231

SUCESIÓN DE DERECHOS AGRARIOS. LA ÚLTIMA VOLUNTAD DEL EJIDATARIO FORMULADA EN TESTAMENTO NOTARIAL ES SUSCEPTIBLE DE REVOCAR O MODIFICAR LA LISTA DE SUCESIÓN INSCRITA EN EL REGISTRO AGRARIO NACIONAL HECHA CON ANTERIORIDAD.El artículo 17 de la Ley Agraria, que tiene por objeto proteger al ejidatario en sus derechos agrarios, establece, sin mayores formalismos, que tiene derecho de designar a quien o quienes deban sucederle en el goce de sus derechos sobre la parcela ejidal mediante un trámite ágil, práctico y sencillo, con la simple formulación de una lista de sucesión, que debe depositar en el Registro Agrario Nacional o formalizada ante fedatario público, pero nada impide que también exprese su última voluntad, a través de testamento en los términos de las leyes civiles, modificando o revocando aquella lista, pues si la misma Ley Agraria le concede derecho de revocar o modificar una lista anterior con las mismas formalidades con que se hubiera realizado, con mayor razón podrá hacerlo en un testamento notarial.

Contradicción de tesis 108/98. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito. 14 de enero del año 2000. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Aristeo Martínez Cruz.

Tesis de jurisprudencia 11/2000. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión pública del catorce de enero del año dos mil.

Novena ÉpocaRegistro: 911148Instancia: Segunda SalaJurisprudenciaFuente: Apéndice 2000 Tomo III, Administrativa, Jurisprudencia SCJNMateria(s): Agraria (ADM)Tesis: 215Página: 227

Genealogía:Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, febrero de 2000, página 231, Segunda Sala, tesis 2a./J. 11/2000;

SUCESIÓN DE DERECHOS AGRARIOS. LA ÚLTIMA VOLUNTAD DEL EJIDATARIO FORMULADA EN TESTAMENTO NOTARIAL ES SUSCEPTIBLE DE REVOCAR O MODIFICAR LA LISTA DE SUCESIÓN

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INSCRITA EN EL REGISTRO AGRARIO NACIONAL HECHA CON ANTERIORIDAD.-El artículo 17 de la Ley Agraria, que tiene por objeto proteger al ejidatario en sus derechos agrarios, establece, sin mayores formalismos, que tiene derecho de designar a quien o quienes deban sucederle en el goce de sus derechos sobre la parcela ejidal mediante un trámite ágil, práctico y sencillo, con la simple formulación de una lista de sucesión, que debe depositar en el Registro Agrario Nacional o formalizada ante fedatario público, pero nada impide que también exprese su última voluntad, a través de testamento en los términos de las leyes civiles, modificando o revocando aquella lista, pues si la misma Ley Agraria le concede derecho de revocar o modificar una lista anterior con las mismas formalidades con que se hubiera realizado, con mayor razón podrá hacerlo en un testamento notarial.

Novena Época:

Contradicción de tesis 108/98.-Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito.-14 de enero del año 2000.-Cinco votos.-Ponente: Juan Díaz Romero.-Secretario: Aristeo Martínez Cruz.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, febrero de 2000, página 231, Segunda Sala, tesis 2a./J. 11/2000; véase la ejecutoria en la página 232 de dicho tomo.

CUARTO.- Me causa agravio la resolución que se impugna en razón de que el Tribunal Unitario Agrario del distrito 31 realizo una indebida valoración de la prueba documental publica que obra a foja 116 de autos que es el documento realizado en términos del articulo 17 de la ley agraria en el que el ejidatario expreso su ultima voluntad ya que esta fue posterior a la lista de sucesión que realizo el ejidatario y en el que deja a la C. REYNA ALMANZA BAIZABAL como sucesora preferente, acto que no valoro el Tribunal Unitario Agrario del distrito 31 en conciencia y únicamente basa su sentencia dando por hecho el juicio materia de la nulidad para analizar los aspectos de la procedencia de la acción restitutoria que demanda la actora, por lo que debió en principio analizar las prestaciones reclamadas en reconvención, ya que la nulidad que se invoca sobre el juicio agrario 628/2002 del índice de el Tribunal Unitario Agrario del distrito 31 es el que le reconoce derechos agrarios a la actora y con el que funda sus prestaciones, lo que conduce a el Tribunal Unitario Agrario del distrito 31 a dictar una sentencia incongruente, al omitir analizar una causa de nulidad de dicho juicio y concederle la legalidad al mismo, reconociendo y concediendo las prestaciones reclamadas en lo principal y condenando a mi representado a hacer entrega de dos parcelas que en principio ya no eran parte del acervo hereditario y que por otra parte, ya no existía herederos designados por la voluntad expresa del ejidatario expresada ante notario publico, de esta manera considero que el Tribunal Unitario Agrario del distrito 31 dicto una sentencia a priori sin analizar todas las causales y pruebas invocadas, es por lo que considero que la sentencia que por este medio se recurre

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causa agravio a mi representada al omitir valorar en su conjunto dichas pruebas, Sirven de fundamento las siguientes tesis de jurisprudencia:

Octava ÉpocaInstancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO

QUINTO CIRCUITO.Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la FederaciónTomo: 84, Diciembre de 1994Tesis: XV.1o. J/4Página: 63

SENTENCIAS AGRARIAS, DEBEN CONTENER EL ESTUDIO DE TODAS LAS PRUEBAS RENDIDAS POR LAS PARTES. (ARTICULO 189 DE LA LEY AGRARIA). Si bien es cierto que conforme al artículo 189 de la Ley Agraria, las sentencias de los Tribunales Agrarios se dictarán a verdad sabida, sin necesidad de sujetarse a las reglas sobre estimación de pruebas, sino apreciando los hechos y los documentos según los tribunales lo estimaren debido en conciencia, fundando y motivando sus resoluciones, esto no los faculta a no examinar todas y cada una de las pruebas que aportan las partes, dando las razones en que se fundan para darles o no valor en el asunto sometido a su decisión, pues no basta que en una sentencia se diga que se ha hecho el estudio y la estimación de las pruebas que fueron rendidas, sino que debe consignarse en la misma ese estudio y esa estimación.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO QUINTO CIRCUITO.

Amparo directo 138/93. Mercedes Hortencia Troncoso Gómez. 13 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Pedro Fernando Reyes Colín. Secretario: Rubén David Aguilar Santibañez.

Amparo directo 139/93. Juan Jáuregui y coagraviados. 12 de agosto de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Pedro Fernando Reyes Colín. Secretario: Angel Rodríguez Rico.

Amparo directo 292/93. Ismael Núñez Hernández. 23 de septiembre de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Pedro Fernando Reyes Colín. Secretario: Rubén David Aguilar Santibañez.

Amparo directo 293/93. Francisco Javier Ramírez Amezcua y otros. 23 de septiembre de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Pedro Fernando Reyes Colín. Secretario: Rubén David Aguilar Santibáñez.

Amparo directo 434/93. Juan Elías Cervantes García. 2 de diciembre de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Pedro Fernando Reyes Colín. Secretario: Angel Rodríguez Rico.

No. Registro: 191,597Tesis aisladaMateria(s): ComúnNovena Época

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Instancia: Tribunales Colegiados de CircuitoFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaXII, Julio de 2000Tesis: XXII.1o.24 KPágina: 771

GARANTÍA DE AUDIENCIA, VIOLACIÓN A LA, CUANDO NO SE RESPETAN LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO POR DICTARSE UNA SENTENCIA INCONGRUENTE.

La fracción VIII del artículo 159 de la Ley de Amparo, tiene como finalidad que se acate una de las formalidades esenciales del procedimiento a que se refiere el artículo 14 constitucional, consistente en que a las partes se les muestren los documentos o piezas de autos, de manera que puedan alegar sobre ellos; y cuando dichas partes no tienen acceso a una sentencia en su integridad, porque ésta carece de ilación al faltarle alguna foja o párrafo, esa circunstancia la hace incongruente, actualizándose así la violación a una de esas formalidades y en consecuencia, al artículo 14 constitucional.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO.

Amparo directo 19/2000. Celedonio Mendoza Hernández. 1o. de junio de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Germán Briseño Sáinz.

Amparo directo 1240/99. José Luis Rodríguez Verdín. 8 de junio de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretaria: Leticia Morales García.

Resulta claro que el Tribunal Unitario Agrario del distrito 31 actuó en perjuicio de mis representados, en este caso concreto nos encontramos dentro de este supuesto, violando en contra nuestra lo tutelado por el articulo 14 constitucional, el cual en su parte conducente expresa lo siguiente:

“Nadie podrá ser privado de la vida, libertad o de sus posesiones o derechos, si no mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en le que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho”

De la exposición anterior resultan evidentes las agravios procesales a nuestras garantías constitucionales consagradas en el artículo 14 ya que nos priva de un proceso recto apegado a derecho en el que no se cumplieron las formalidades de ley, y también viola nuestras garantías consagradas en el articulo 16 Constitucional, ya que no funda ni motiva legalmente su resolución; así como tampoco hace la valoración de pruebas a conciencia y de buena fe guardada y por ello debe revocarse la

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sentencia recurrida, y emita una sentencia congruente y legal; que se valoren los aspectos legales en que fue omisa.

En merito de lo anterior que he dejado expuesto fundado y debidamente razonado ante Ese H. Tribunal Superior Agrario por los agravios de que fuimos objeto y por tal, atenta como respetuosamente pido:

PRIMERO.- Tenerme por presentada en tiempo y forma con la personalidad con que me ostento en este escrito, y copias simples para traslado, interponiendo el recurso de revisión, en contra de la sentencia emitida por el Tribunal Unitario Agrario del Trigésimo Primer Distrito dentro del juicio agrario 146/2010.

SEGUNDO.- Se admita el presente recurso de revisión y previo los trámites de ley se emita la resolución respectiva mediante la cual se deje insubsistente la sentencia recurrida por estar fundados y motivados los agravios restituyéndonos en el goce de los derechos vulnerados y en su lugar se ordene a la responsable emita otra con estricto apego a derecho.

PROTESTO LO NECESARIO.VERACRUZ, VER., A 8 DE FEBRERO DEL AÑO 2011.

LIC. LISSETTE LOPEZ ARCOS

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