a22. el comercio

Opinión

lunes 16 de abril del 2012

E n el transcurso de la VI Cumbre delas Américas, el presidente Humalahizounpronunciamientobastantepositivo. Ante todo, resaltó la im-portancia de la inversión privada

como medida para generar desarrollo e inclu-sión social en nuestro país.

Luego, concentrándose en la cuestión de laminería y de la explotación de recursos natura-les, subrayó que esta clase de actividades debebeneficiar a los ciudadanos de las zonas en lasque se extraen los recursos, en lugar de “llevarsela carne y dejar el hueso”.

Hoy, más de 1’800.000 peruanos dependeneconómicamente de ella. El 50% de los ingresosque obtienen las mineras es pagado al Estado enformadetributos.

Y los recursos que llegaron a las regionespor concepto de canon, regalías y derecho devigencia solo en el 2011 ascendieron a más de5 mil millones de soles. Esto sin mencionar laimportancia de las obras sociales que muchasmineras realizan.

Pero, como el Estado brilla por su ausencia(excepto cuando hay algo que cobrar), es natural

que la gente sienta lo que bien graficó el presi-dente Humala: que se le deja solo el hueso.

Lo que, quizá, le faltó aclarar al presidente esque la carne yace congelada en un gran refrige-radorestatal.

A pesar de que el canon existe hace más de30 años, el mapa de la pobreza en el Perú esgeográficamente muy similar al de la minería, loque demuestra que muy poco ha sabido hacer elEstado con esta riqueza. Y es que,año a año, nos sorprende con suincapacidad de gestión.

Las regiones cuyos ingresos hanaumentado a mayor ritmo en losúltimos años son las que menoshan llegado a gastar.

Por ejemplo, Pasco y Áncash han ejecutadocada una poco más del 65% de este presupuestoy Cajamarca alrededor del 75%.

Y no faltan ejemplos de inversiones absurdas,como los tropicales monumentos al árbitro, allagarto o a la maca que han sido financiadospor gobiernos locales en zonas donde la miseriaimpera. Monumentos que, si para algo debe-rían servir, es para recordarnos que el actual

sistema de repartición de la riqueza que generala minería es la institucionalización de la ca-chetada a la pobreza.

En este Diario ya hemos hablado de una formade terminar con este problema: los dueños delsuelodeberíansertambiénpropietariosdelosminerales que se encuentran debajo de este.

Así, en los futuros proyectos mineros, lasempresas privadas ya no le pagarían al Estado

por los minerales (más allá de lostributos que la ley exija), sino a lasmismas comunidades que vivensobre ellos, permitiendo que losbeneficiosfinalmentelleguenamuchos de quienes hoy se sienten,con razón, olvidados.

La regla que proponemos no es una inven-ción nuestra. Es la que, por ejemplo, existe enEstados Unidos y que es responsable de queuno de los mayores sueños de un norteameri-cano sea encontrar minerales debajo de su casa(curiosamente la peor pesadilla de muchosperuanos).

Estapropuesta,además,colaboraríaconresolver otra de las preocupaciones expresadas

por el presidente Humala: combatir a la mine-ría ilegal.

Con el régimen actual, donde las gananciasde la minería formal llegan tarde, mal o nunca,a muchas comunidades les conviene impedir elingreso de una gran empresa para luego ellasdedicarse a explotar el recurso fuera de la ley odejar que algún otro las explote.

Si, en cambio, pudieran vender los yacimien-tos a una empresa que los vuelva inmediatamen-te millonarios, tendrían menos razones paraexplotarlosinformalmente.

Y con esto, sufriríamos menos contaminación,daños a la salud de poblaciones vecinas y trabajoinfantil, que son los vagones que arrastra tras desílaexplotaciónilegal.

Convertir a los propietarios del suelo endueños también del subsuelo es la reforma quebusca el presidente Humala.

Es la manera de que muchas comunidades, envez de esperar a que les toque su ración de carne,puedan ir y servírsela directamente.

Sería la reforma social y económica másimportante de los últimos años. Sería, a todasluces, una Gran Transformación.

- Irma montes patIño -Consultora en conflictos sociales

editorial

humor profano

“Detrás de la mayor parte de los conflictos sociales [...] hay una ley injusta. La ley que separa la propiedad del suelo de los bienes del subsuelo, haciendo que las mineras paguen al Estado y no a las comunidadesdueñas de la tierra por el mineral y convirtiendo a estas últimas en las más grandes expropiadas de nuestra historia”. Editorial de El Comercio / 24 de enero del 2012

Q.E.P.D.

el tÁBano

- telésfora-- marIo molIna -

U napropuesta–bastanteinnovado-ra por lo demás– ronda estos díaspor el Congreso: la restauracióndel servicio militar obligatorio. Yes que nada mejor para aprender

valores que obligar a la gente a hacer algo queno quieren. (Al menos aquellos que no tenganun amigo médico o un tío general que les dé unaayudadita y más bien les recuerde el valor perua-no que ya conocían: la criollada).

Hay un problema, sin embargo, con la iniciati-va. Y no me refiero aquí a la libertad de concien-cia ni a esa serie de ideas new age. Tampoco creoque sea un problema que en las filas de la obliga-toriedad se encuentren personas con algunoskilos de más y poco físico, que eso se arregla en lamarcha.

El problema es que se trata de una propuestaincompleta. Si el Estado ya se dio cuenta de queno es suficiente que cada mes nos mande a ponernuestro granito de arena a la causa de la defensa

Haciendopatria

externa a través de una latita de la Sunat, y creemás bien que le debemos dar una manito unpoco más comprometida, debería aplicar estamisma lógica a sus otras dos actividades funda-mentales. Por qué quedarnos pues en serviciomilitar obligatorio, cuando lo que en realidadnecesitamos es que haya un servicio de profeso-res obligatorio, cuyas filas podemos llenar conpreuniversitarios ansiosos de dar su granito dearena por el país. O un servicio obligatorio deenfermeros. Así, todos los peruanos podremoselegir (o alguien elegirá por nosotros, eso es lo demenos) entre estas tres labores en las que hare-mos algo de patria.

N unca he sido fumador: nome gusta y sé que hace da-ño. Sugiero a mis amigosno hacerlo. Pero respeto sulibertad de elegir. Y pienso

que todos deberíamos hacerlo, empe-zando por las autoridades encargadas dehacer cumplir la ley.

No solo porque es una muestra de respeto ytolerancia hacia los consumidores de tabaco,sino porque el Congreso descartó prohibir elconsumo en exteriores de lugares de trabajo oespaciosabiertosdecentrosdeentretenimiento(terrazas, balcones y similares).

Con las últimas modificaciones realizadas a laLey General para la Prevención y Control de losRiesgos del Consumo del Tabaco (28705), que-dó absolutamente prohibido fumar en cualquierespacio interior o cerrado de lugares de trabajoycentrosdeentretenimiento.Entendiendo“espacio interior o cerrado”, según la ley, como“cubierto por un techo y cerrado entre paredes”.En los exteriores o espacios abiertos (terrazas,azoteas, balcones, etc.) la ley es clara en señalarque sí se puede fumar. Ello porque se parte dela premisa de que en los exteriores el humo deltabaco se diluye y no es respirado por terceros.

Parecía, en ese sentido, que se había llegado aun “consenso social” razonable, y que, más bien,el reto consistía en hacer cumplir la ley frente aciudadanos acostumbrados a hacer “lo que lesda la gana”.

Pero las ONG antitabaco no estaban interesa-das en respetar ese consenso ni menos aun eninvertir sus recursos en realizar campañas paradifundirlo y promover su cumplimiento.

Aparentemente, estas quieren llegar alpunto de dejar a los fumadores sin espa-cio alguno.

Con dicha finalidad, lograron que elMinisterio de Salud (Minsa) apruebe elDecreto Supremo 001-2011-SA (el “re-glamento”) que, lejos de limitarse a desa-

rrollar algunos aspectos de la ley para facilitarsu aplicación, como corresponde a una normade este nivel, introdujo una nueva definición de“espacios públicos cerrados” en virtud de la cualserá considerado como tal todo espacio cubiertopor un techo y que tenga más de una pared.

De esta manera, el reglamento extiende la pro-hibición de no fumar a espacios como las terra-zas y azoteas de restaurantes, cafeterías, bares odiscotecas, pese a tratarse de espacios abiertosque cuentan con una adecuada ventilación.

Del mismo modo, el reglamento redefine losconceptos de “lugar de trabajo” e “interioresde los lugares de trabajo”, señalando que esteúltimo incluye todos los espacios que se encuen-tren dentro del perímetro del lugar de trabajo,incluyendo tanto los espacios cerrados como losabiertos(¿?).

No contentos con ello, lograron además que elMinsa difunda un modelo de ordenanza entrelas municipalidades, a fin de que estas apruebenreglas similares a las incluidas en el ilegal regla-mento (y varios alcaldes ya les hicieron caso).

Respeto x Respeto, señores alcaldes y funcio-narios del Minsa. A los consumidores y contri-buyentes se nos exige respetar la ley, y lo míni-mo que se les exige a las autoridades es respetarla ley y el derecho a elegir de las personas. Eso sellama Estado de derecho.

Sel asunto es social, político y resultado de la asimetría - comercial y legal - existente entre el capital, las empresas extractivas y las comunidades indígenas. El reto del estado Peruano, con miras al bicentenario, es sentar las bases para que dichas comunidades asuman las ventajas de la modernidad y se inserten en el desarrollo económico del país.flamante ministra de Cultura, Diana Álvarez-Calderón, es decir, la "garante" de esa ley. Y es que, en su primera entrevista a un programa televisivo -concedida al periodista Jaime de Althaus-, la ministra entró en una serie de contradicciones que evidenciaron su falta de información sobre el tema. No es nuestra intención hacer notar las debilidades técnicas de la ministra Álvarez-Calderón ni su falta de información sobre los alcances de su cargo, pero sí la de su situación al mando de un ministerio que quizá sea el mas importante para destrabar la millonaria inversión paralizada para grandes proyectos extractivos y de infraestructura. Si bien su nombramiento fue muy criticado, siempre es fácil hacerlo desde el otro lado de la vereda y por eso, luego de analizar su posición, podemos contar con información mas certera, pues proviene de sus mismas declaraciones. La sorpresa se da mas por el lado de las personas que están a cargo de los temas técnicos, de las que la asesoran y de las que ya formaban los cuadros de expertos en el sector que ella ahora lidera. La ministra es la que lleva la voz cantante en el sector y hace eco de la línea trazada por el gobierno. Es decir, que lo que ella manifiesta no es sólo algo con lo que esta de acuerdo personalmente, sino que transmite la opinión de los que proponen las políticas de su sector.

Carne y huesoLos propietarios del suelo deben serlo también de los minerales

ProPietariosConvertir a los

propietarios del suelo endueños del subsuelo esla reforma que busca el

presidente Humala

-marIozúñIgapalomIno -Abogado - Director de Respeto x Respeto

Fumadores y terrazasordENaNzas qUE violaN El Estado dE dErEcho

Pues bien, el golpe del que hablamos al inicio se da a por fin aceptar lo que muchos quisieron esconder y no reconocer: que no existen lineamientos técnicos serios para determinar quiénes serán los pueblos a los que la ley de consulta debe consultar. Se ha escrito y debatido extensamente sobre el objeto a consultar.

Se ha escrito y debatido extensamente sobre el objeto a consultar, el contenido de lo consultado y demás aspectos, pero de nada serviría llegar a un acuerdo bajo esas condiciones si lo principal -el sujeto de la propia consulta- no se puede reconocer. Y es que si bien la ley se basa en los criterios que recoge el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (1989), ese mismo convenio es muy amplio, genérico y hasta poco claro en cuanto al criterio de la subjetividad, es decir, que los pueblos indígenas mismos deben autorreconocerse como tales. Queda pues en evidencia lo que hemos venido sosteniendo en esta columna del aspecto demagógico de dicha ley y que sólo fue usada como una ficha táctica en el nuevo tablero del entonces inaugurado gobierno. Donde las aclamaciones llegaron al extranjero, como si ello anunciara lo que sería un gobierno justo, inclusivo, tolerante, y eficiente en materia de pueblos indígenas, Dos años después, nada mas alejado de la realidad. En conclusión, con lo que manifestó la ministra Álvarez-Calderón, podemos considerar que se ha sepultado la ultima posibilidad de implementación adecuada de la ley, pues declaró que para saber a quienes se les consultará "se ha solicitado al Minagri [Ministerio de Agricultura y Riego] el poyo con un catastro que se hará en el siguiente censo", es decir, no se tendrá respuesta a esa pregunta crucial en este gobierno y, claro, ya será responsabilidad del próximo o de alguien más. Que en paz descanse, ley de consulta previa.

e acaba de propinar el golpe más fuerte contra la ley de consulta previa, desde su promulgación hace dos años. La responsable ha sido, lamentablemente, las autoridades interioricen que

LEY DE CONSULTA PREVIA