UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES

ESCUELA DE POST GRADO

MAESTRÍA EN DERECHO PENAL, PROCESAL PENAL Y LITIGACIÓN

ORAL

CURSO: TESIS I

ALUMNO:

DENY RUBY AGUACONDO CERDAN

TUMBES - PERÚ

2012

MAESTRIA EN MENCION EN DERECHO PENAL PROCESAL PENAL Y

LITIGACION ORAL

LOS MANDATOS DE PRISIÓN PREVENTIVA DICTADOS EN LOS DELITOS DE

ROBO AGRAVADO Y LA DEBIDA APLICACIÓN DE ESTA MEDIDA DE

COERCIÓN PROCESAL

Aguacondo Cerdán, Deny Ruby

1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

1.1. SITUACION PROBLEMÁTICA.

La legislación peruana busca garantizar que las resoluciones

judiciales que realicen los jueces y magistrados , estén acorde al derecho y

que existan en ellos una coherencia y conexión lógica con los hechos y el

derecho; como se refleja en el artículo 135 de la Constitución Política del

Perú, que consagra como Principio de la función jurisdiccional el derecho a la

debida motivación de las resoluciones judiciales, el que está destinado a

garantizar a los justiciables la obtención de una respuesta razonada motivada

y congruente con las pretensiones oportunamente formuladas ,en cualquier

tipo de proceso , de tal manera que puedan conocer cuál ha sido el proceso

mental, es decir la deliberación que ha seguido internamente, para arribar a

una decisión que resuelva la controversia, decisión que no puede estar

sustentada en le libre albedrio del juez sino en datos objetivos tanto de los

hechos, como del ordenamiento jurídico.

Así mismo el Tribunal Constitucional ha ratificado esta posición en

Exp. N° 05401-2006-PA/TC, FJ. 3 señalando que “toda decisión que carezca

de una motivación adecuada, suficiente y congruente, constituirá una decisión

arbitraria y, en consecuencia, será inconstitucional”, de igual forma en el Exp.

N.º 03283-2007-PA/TC, FJ.3 reitera su criterio jurisprudencial al determinar

que “la motivación de una decisión no solo consiste en expresar la norma legal

en la que se ampara, sino fundamentalmente en exponer suficientemente las

razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada”.

Por lo tanto este criterio constitucional debe ser garantizado en todos

los procesos jurisdiccionales que se desarrollen, pero en el presente proyecto

de investigación será objeto de estudio los procesos penales, que han tenido

recientemente una modificación con el Nuevo Código Procesal Penal

promulgado el 28 de julio del 2004, el cual ha sido puesto en práctica de

manera progresiva hasta su aplicación total, mediante este proceso penal se i

delimitado tanto las funciones de los abogados de ambas partes , el fiscal, el

efectivo policial, y sobre todo la función jurisdiccional que desarrollara el juez

penal el cual se dedicara solo al juzgamiento y no a la investigación, por lo

que, a efectos de la probanza de los hechos, únicamente se pronuncia sobre

las medidas limitativas de derechos o medidas de coerción procesal que

requieren orden judicial.

De igual forma el artículo 253° del Código Procesal Penal establece

que las medidas que limiten los derechos fundamentales reconocidos por la

Constitución Política del Perú y los Tratados de Derechos Humanos

ratificados por el Perú, solo podrán ser aplicadas, en el marco del proceso

penal, si la ley lo permite y con las garantías previstas.

Por lo que el Juez encargado de la Investigación Preparatoria esta

facultado de otorgar o denegar cualquier requerimiento del fiscal o de la parte

civil para limitar o restringir los derechos del imputado, con la finalidad que no

se afecte la actividad procesal que se realiza para descubrir la verdad

concreta y aplicar la ley penal sustantiva que puede verse obstaculizada por

actos del imputado o de terceros que pretenden rehuir el juicio o distorsionar la

actividad probatoria, ante este peligro procesal el Estado con la finalidad de

garantizar la actividad procesal pone en movimiento la actividad cautelar.

Por lo tanto estas medidas de coercitivas son medios de naturaleza

provisional y excepcional para asegurar los fines del proceso penal, su

duración esta en función del peligro procesal y para concretarlas se puede

recurrir al empleo de la fuerza pública; para la adopción de estas medidas

tendrán que respetarse estrictamente los siguientes principios:

Principio de legalidad

Principio de proporcionalidad

Principio de prueba suficiente

Principio de necesidad

Principio de provisionalidad

Principio de judicialidad

Se dará énfasis en el presente proyecto de investigación a la prisión

preventiva que es una de las medidas de coerción procesal, que esta

dispuesta en el artículo 268 del Código de Procedimientos Penales, la cual

prescribe que será dispuesta por el Juez de la Investigación Preparatoria,

previo requerimiento del fundamentado y formulado por el Ministerio Publico;

para su imposición.

Por ser la libertad uno de los mas importantes derechos de las

persona, ya que solo puede ser restringida por disposición judicial, por ello el

mandato debe ser escrito y motivado, es decir, una resolución judicial con

exposición de los fundamentos de hecho y de derecho que justifiquen la

detención. Esta orden indubitable la cumplirá la Policía Nacional que esta

obligado a poner al detenido a disposición del Juez.

La aplicación de esta medida de coerción es ampliamente cuestionada

por estar en contradicción con el principio constitucional de la presunción de

inocencia.

Es por ello que el objeto de la investigación se orientará a identificar

el criterio real de los Jueces Penales de Tumbes por ser la debida motivación

un requisito ineludible en la imposición de la prisión preventiva, debido a que

limita uno de los derechos fundamentales del ser humano, como es el derecho

de la libertad; con referencia especifica en los delitos de robo agravado

durante el periodo del 2010 -2011, ya que al no contemplarse los requisitos

que exige este tipo de medida de coerción procesal se vulnera el sistema

jurídico peruano, por ende dichos mandatos de prisión preventiva vendrían

hacer inconstitucionales.

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.

¿Cómo incidió, la motivación que efectuaron los jueces penales al momento

de dictar el mandato de prisión preventiva por el delito de robo agravado,

en la debida aplicación de esta medida de coerción procesal, en el distrito

judicial de Tumbes durante el período 2010- 2011?

1.3. JUSTIFICACIÓN.

La presente investigación se justifica jurídicamente debido a la

complejidad del ente dañado, que puede verse vulnerado por una falta de

motivación y respeto a los requisitos señalados en el articulo 268º, del código

procesal penal, que en este caso es la persona que será limitada en su

libertad individual y ambulatoria, para asegurar los fines del proceso penal por

consiguiente los mandatos de prisión preventiva que no se encuentren

debidamente motivados estarían violando derechos constitucionales y

agravando así los problemas penitenciarios

Desde el punto de vista académico y metodológico el trabajo de

investigación sobre la motivación de los jueces penales al momento de dictar

el mandato de prisión preventiva por el delito de robo agravado, buscara

aclarar la motivación que debe existir en lo mandatos de prisión preventiva, en

tanto será necesario precisar la doctrina aplicable tanto nacional y comparada

y de igual forma se identificara las deficiencias que presenta el sistema

jurisdiccional penal de tumbes.

La realización de este trabajo en el ámbito social, se justifica porque

se podrá precisar cómo garantizar la integridad de la libertad de los

procesados que serian afectados por una falta de motivación en los mandatos

de prisión preventiva y de esta manera evitar limitar arbitraria e

irracionalmente la libertad ambulatoria del inculpado mediante el ingreso en un

centro penitenciario, durante la substanciación de un proceso penal sin mediar

una sentencia penal firme que la justifique.

2.- BASES DE REFERENCIA DEL PROBLEMA

2.1. ANTECEDENTES

De la indagación previa a la información científica sobre estudios

realizados al tema de investigación encontramos:

Se encontró el articulo en la Revista Peruana de Derecho Procesal VI,

sobre “LA NECESARIA REFORMA DE LA PRISION PROVISIONAL” del

español Gimeno V. (1990), infiere la necesidad de proteger el derecho a la

tutela se convierta en un bien constitucionalmente relevante a fin de que, en

una futura reforma de la prisión provisional, se consagre por delitos graves

expresamente determinados.

De igual forma, se encontró con el Informe Practico Procesal Penal de

Actualidad Jurídica de Febrero del 2007, sobre la “Prisión preventiva en el

nuevo Código Procesal Penal” autor Gonzalo Del Rio Labarthe, en este

articulo se expresa que la motivación es un requisito ineludible en la

imposición de la prisión preventiva, precisamente por que condiciona la validez

del presupuesto de proporcionalidad, por que la ausencia o insuficiencia de

dicha motivación convierte a la medida en ilegitima prima facie impidiendo que

el juicio se pueda analizar la razonabilidad de la decisión.

Sin embargo en el presente trabajo de investigación se hará una

profundización a nivel legal, jurisprudencial y doctrinario no solo en el ámbito

del derecho nacional si no también en el comparado siguiendo las pautas del

método científico- jurídico que permitan identificar la real motivación de los

Jueces Penal de Tumbes.

2.2. BASES TEÓRICO-CIENTÍFICAS

Para aclarar los conceptos que inspiran el presente trabajo de

investigación es necesario que se señale algunos conceptos que permitan

comprender la magnitud del problema.

I. Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y

de las Libertades Fundamentales

Roma, 4 de noviembre de 1950

Artículo 6

1. Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa,

públicamente y dentro de un plazo razonable, por un tribunal independiente

e imparcial, establecido por la ley, que decidirá los litigios sobre sus

derechos y obligaciones de carácter civil (…)”.

II. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea

General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Para

el Perú: aprobado por Decreto Ley N° 22128 de 28 de marzo de 1978.

Instrumento de adhesión de 12 de abril de 1978. Depositado el 28 de abril

de 1978. Fecha de entrada en vigencia el 28 de julio de 1978.

Artículo 9

1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal.

Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser

privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al

procedimiento establecido en ésta.

Artículo 10

Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el

respeto debida a la dignidad inherente al ser humano.

Artículo 14

Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia.

Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas

garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial,

establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de

carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus

derechos u obligaciones de carácter civil.

2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su

inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley.

Artículo 26

Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin

discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá

toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y

efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo,

idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o

social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

III. Convención Americana sobre Derechos Humanos - Conferencia

especializada interamericana  sobre derechos humanos

San José, Costa Rica  7 al 22 de noviembre de 1969

Artículo 5.  Derecho a la Integridad Personal

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física,

psíquica y moral.

Artículo 7.  Derecho a la Libertad Personal

2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en

las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los

Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.

 Artículo 8.  Garantías Judiciales

 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y

dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente,

independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la

sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la

determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal

o de cualquier otro carácter.

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su

inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.  Durante

el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes

garantías mínimas:

f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal

y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas

que puedan arrojar luz sobre los hechos;

Artículo 11.  Protección de la Honra y de la Dignidad

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento

de su dignidad.

Artículo 24.  Igualdad ante la Ley

Todas las personas son iguales ante la ley.  En consecuencia, tienen

derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.

Artículo 25.  Protección Judicial

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier

otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la

ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos

por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal

violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus

funciones oficiales.

IV. Jurisprudencia Tribunal Constitucional

EXP. N.° 00728-2008-PHC/TC

LIMA

GIULIANA FLOR DE MARIA

LLAMOJA HILARES

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 13 días del mes de octubre de 2008, el Pleno del Tribunal

Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Vergara Gotelli,

Landa Arroyo Beamount Callirgos, Calle Hayen, Eto Cruz y Álvarez Miranda,

pronuncia la siguiente sentencia y con el fundamento de voto del magistrado

Álvarez Miranda, que se adjunta

ASUNTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Giuliana Flor de María

Llamoja Hilares contra la sentencia expedida por la Primera Sala Penal para

Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 2488, su

fecha 23 de noviembre de 2007, que declaró improcedente la demanda de

autos.

FUNDAMENTOS

Delimitación del petitorio

Según la demanda de hábeas corpus de autos, el objeto es que este Alto

Tribunal declare: i) la nulidad de la sentencia condenatoria de fecha 26 de julio

de 2006, y su confirmatoria mediante ejecutoria suprema de fecha 22 de enero

de 2007, ambas recaídas en el proceso penal seguido contra la accionante por

el delito de parricidio (Exp. N.º 3651-2006), así como ii) se ordene su inmediata

libertad, por cuanto, según aduce, vulneran su derecho a la tutela procesal

efectiva, derecho que comprende el acceso a la justicia y el debido proceso,

específicamente los derechos a la defensa y a la debida motivación de las

resoluciones judiciales, así como los principios de presunción de inocencia e

indubio pro reo, relacionados con la libertad personal.

Sin embargo, del análisis de lo expuesto en dicho acto postulatorio, así como

de la instrumental que corre en estos autos, se advierte que lo que en puridad

denuncia la accionante es la afectación de su derecho a la debida motivación

de las resoluciones judiciales, y ello es así, porque, además de lo señalado en

los puntos iii) y iv) de los Antecedentes, en su extenso escrito de demanda de

más de cien (100) páginas, enfáticamente señala que, tanto la sentencia

condenatoria como su confirmatoria mediante ejecutoria suprema se basan

principalmente en: a) criterios abiertamente desproporcionados, irracionales e

ilógicos (razonamientos absurdos), ilegales, sostenidos en falacias, hechos

falsos, falsa motivación (sesgada, subjetiva, falaz, etc.); que asimismo

presentan b) manipulación de pruebas y alteración del orden de los hechos en

su perjuicio. Por tanto, siendo de fácil constatación la alegada denuncia de

vulneración de su derecho constitucional a la debida motivación de las

resoluciones judiciales, sobre ella incidirá el análisis y control constitucional de

este Colegiado.

El hábeas corpus contra resoluciones judiciales

La Constitución establece expresamente en su artículo 200º, inciso 1, que el

hábeas corpus procede ante el hecho u omisión, por parte de cualquier

autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza la libertad individual o

los derechos conexos a ella. A su vez, el Código Procesal Constitucional

establece en su artículo 4º, segundo párrafo, que el hábeas corpus procede

cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad

individual y la tutela procesal efectiva.

En efecto, cabe precisar que no todas las resoluciones judiciales pueden ser

objeto de control por el proceso constitucional de hábeas corpus; antes bien y

en línea de principio, solo aquellas resoluciones judiciales firmes que vulneren

en forma manifiesta la libertad individual y los derechos conexos a ella, lo que

implica que el actor, frente al acto procesal alegado de lesivo previamente

haya hecho uso de los recursos necesarios que le otorga la ley. Y es que, si

luego de obtener una resolución judicial firme no ha sido posible conseguir en

vía judicial la tutela del derecho fundamental presuntamente vulnerado

(libertad individual y conexos a ella), quien dice ser agredido en su derecho

podrá acudir al proceso constitucional, a efectos de buscar su tutela.

En el caso constitucional de autos, dado que en el proceso penal seguido a la

actora (Exp. N.º 3651-2006) se han establecido restricciones al pleno ejercicio

de su derecho a la libertad individual tras el dictado en forma definitiva de una

sentencia condenatoria a pena privativa de la libertad, según se alega

ilegítima, este Colegiado tiene competencia, ratione materiae, para evaluar la

legitimidad o no de tales actos judiciales invocados como lesivos. Esto es, para

verificar si se presenta o no la inconstitucionalidad que aduce la accionante.

El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales

Ya en sentencia anterior, este Tribunal Constitucional (Exp. N.º 1480-2006-

AA/TC. FJ 2) ha tenido la oportunidad de precisar que

“el derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los jueces,

al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que los

llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones, (...) deben provenir no

sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios

hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso. Sin embargo, la

tutela del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no debe ni

puede servir de pretexto para someter a un nuevo examen las cuestiones de

fondo ya decididas por los jueces ordinarios.

En tal sentido, (...) el análisis de si en una determinada resolución judicial se

ha violado o no el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales

debe realizarse a partir de los propios fundamentos expuestos en la resolución

cuestionada, de modo que las demás piezas procesales o medios probatorios

del proceso en cuestión sólo pueden ser evaluados para contrastar las razones

expuestas, mas no pueden ser objeto de una nueva evaluación o análisis.

Esto, porque en este tipo de procesos al juez constitucional no le incumbe el

mérito de la causa, sino el análisis externo de la resolución, a efectos de

constatar si ésta es el resultado de un juicio racional y objetivo donde el juez

ha puesto en evidencia su independencia e imparcialidad en la solución de un

determinado conflicto, sin caer ni en arbitrariedad en la interpretación y

aplicación del derecho, ni en subjetividades o inconsistencias en la valoración

de los hechos”.

El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una

garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las

resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los

magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico

o los que se derivan del caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el

que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente

la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la

motivación de las resoluciones judiciales.

Así, en el Exp. N.º 3943-2006-PA/TC y antes en el voto singular de los

magistrados Gonzales Ojeda y Alva Orlandini (Exp. N.º 1744-2005-PA/TC),

este Colegiado Constitucional ha precisado que el contenido

constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado, entre

otros, en los siguientes supuestos:

- Inexistencia de motivación o motivación aparente . Está fuera de toda

duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada

cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo

aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas

que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de

las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal

al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o

jurídico.

- Falta de motivación interna del razonamiento . La falta de motivación

interna del razonamiento (defectos internos de la motivación), se

presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez

de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el

Juez en su decisión; y, por otro lado, cuando existe incoherencia

narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente

confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las

que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de identificar el

ámbito constitucional de la debida motivación mediante el control de los

argumentos utilizados en la decisión asumida por el Juez o Tribunal;

sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su coherencia

narrativa.

- Deficiencias en la motivación externa ; justificación de las premisas. El

control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez

constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido

confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. Esto

ocurre por lo general en los casos difíciles, como los identifica Dworkin,

es decir, en aquellos casos donde suele presentarse problemas de

pruebas o de interpretación de disposiciones normativas. La motivación

se presenta en este caso como una garantía para validar las premisas

de las que parte el Juez o Tribunal en sus decisiones. Si un Juez, al

fundamentar su decisión: 1) ha establecido la existencia de un daño; 2)

luego, ha llegado a la conclusión de que el daño ha sido causado por

“X”, pero no ha dado razones sobre la vinculación del hecho con la

participación de “X” en tal supuesto, entonces estaremos ante una

carencia de justificación de la premisa fáctica y, en consecuencia, la

aparente corrección formal del razonamiento y de la decisión podrán ser

enjuiciadas por el juez [constitucional] por una deficiencia en la

justificación externa del razonamiento del juez.

V. Proceso penal

El proceso penal es la única vía legitimada para qué el Estado pueda

imponer su pretensión punitiva, que solo puede materializarse a través de un

procedimiento con todas las garantías establecidas en la Constitución y las

leyes. La justicia material para lograr su consolidación debe imponer las

sanciones conforme al ordenamiento jurídico-punitivo caso contrario se

constituiría en un mero simbolismo que en nada coadyuvaría al fortalecimiento

de un Estado de Derecho Constitucional.

El proceso penal se orienta a la concretización de la pena y a la

satisfacción de la exigencia económica de reparar los daños causados en los

bienes jurídicos de la victima. De tal manera que el proceso penal realmente

garantista debe orientar su funcionalidad para acoger ambas pretensiones con

celeridad y eficacia a efecto de lograr la tutela jurisdiccional.

En este contexto la legislación procesal penal, prevé una serie de

medidas cautelares que tienen por objetivo esencial garantizar la

materialización efectiva de la condena y de la reparación civil; lo que

constituye un fenómeno de ejecución anticipada para obtener los medios de

prueba necesarios para reconstruir los hechos acaecidos en la realidad. En

efecto, la persecución penal amerita la imposición de ciertas medidas, que

tienden a cautelar sus fines esenciales, esto es, la imposición de la condena y

la satisfacción económica del agraviado (reparación civil) Peña, R. (2007,

p.680). Es difícil que el imputado acepte libremente someterse a una

persecución que afectara sus intereses particulares, puesto que conocido el

requerimiento por parte de la justicia tratara de sustraerse de aquella

eludiendo su llamamiento. Antes que beneficiar al proceso, la inasistencia del

procesado provoca graves perjuicios a la actividad probatoria, no por constituir

fuente de prueba sino por que su presencia condiciona la validez de las

diligencias de conformidad con un sistema adversarial-acusatorio, así como la

prohibición constitucional de condena en ausencia. Por otro lado es muy

probable que trate de enajenar sus bienes con el consiguiente perjuicio a la

víctima.

La tutela cautelar puede tener carácter personal (restricción de la

libertad del imputado) o carácter real (sujeción de bienes patrimoniales).

Durante el proceso penal la coerción penal estatal recae exclusivamente sobre

el imputado; y respecto a la reparación civil puede incidir tanto sobre el

imputado como en los bienes del tercero civilmente responsable.

VI. Medida de coerción procesal.

Las medidas de coerción como manifiesta Cubas V. (2009: pág. 370)

“son medios de naturaleza provisional y excepcional para asegurar los fines

del proceso penal, su duración esta en función del peligro procesal y para

concretarlas se puede recurrir al empleo de la fuerza publica, en forma directa

como en los casos de detención o en forma de apercibimiento” las que están

contenidas en los códigos procesales y diferentes leyes especiales, al tiempo

que se adaptan los fundamentos constitucionales conforme el artículo 2°

apartado 24 parágrafo b) de la Constitución Política del Perú prescribe “No se

permite forma alguna de restricción de la libertad personal, salvo en los casos

previstos por la ley”, concordante con ello el artículo VI del Título Preliminar

del Código Procesal Penal Peruano dispone:

“Las medidas que limitan derechos fundamentales, salvo las

excepciones previstas en la Constitución, solo podrán dictarse por la

autoridad judicial, en el modo, forma y con las garantías previstas por

la Ley. Se impondrán mediante resolución motivada, a instancia de la

parte procesal legitimada. La orden judicial debe sustentarse en

suficientes elementos de convicción, en atención a la naturaleza y

finalidad de la medida y al derecho fundamental objeto de limitación,

asi como respetar el principio de proporcionalidad”.

Gimeno V. (1990: pág. 354) sostiene que “por tales medidas cabe

entender las resoluciones motivadas del órgano jurisdiccional, que pueden

adoptarse contra el presunto responsable de la acción delictuosa, como

consecuencia, de un lado, del surgimiento de su cualidad de imputado, y de

otro, de su ocultación personal o patrimonial en el curso de un procedimiento

penal, por las que se limita provisionalmente la libertad o la libre disposición de

sus bienes con el fin de garantiza los efectos penales y civiles de la

sentencia”.

Las medidas coercitivas son medios de naturaleza provisional y

excepcional para asegurar los fines del proceso penal, su duración esta en

función del peligro procesal y para concretarlas se puede recurrir al empleo de

la fuerza pública, en forma directa como en los casos de detención o en forma

de apercibimiento. Al respecto, el articulo 253 del Código Procesal Penal

Peruano, establece que: “los derechos fundamentales reconocidos por la

Constitución y los Tratados relativos a Derechos Humanos ratificados por el

Perú, solo podrán ser restringidos, en el marco del proceso penal, si la Ley lo

permite y con las garantías previstas en ella” por lo que se realizaran con

expresa autorización legal, y se impondrá con respeto al principio de

proporcionalidad y siempre que existan suficientes elementos de convicción y

solo tendrán lugar cuando fuera absolutamente indispensable, en la medida y

por el tiempo estrictamente necesario. Por lo que las medidas coercitivas

deben respetar escrupulosamente los siguientes principios:

Principio de legalidad; solo serán aplicables las medidas

coercitivas establecidas expresamente en la ley, en la forma y

por el tiempo señalado en ella.

Principio de proporcionalidad; tienen que ceñirse a

determinadas reglas, sus efectos no deben exceder la finalidad

perseguida por la ley es decir debe ser proporcional con la

necesidad o interés principal de la finalidad del proceso.

Principio de prueba suficiente; para imponer dichas medidas se

debe exigir determinada base probatoria respecto a la

vinculación del imputado con el hecho punible y la necesidad

cautelar

Principio de necesidad; se impondrán cuando resulten

absolutamente indispensables para asegurar la averiguación de

la verdad, es decir imponerlas después de un riguroso examen.

Principio de provisionalidad; son por su naturaleza

provisionales, ninguna tiene carácter definitivo o duración

indeterminada es decir tiene su subsistencia mientras existan

las razones que le dieron lugar.

Principio de Judicialidad; surge del espíritu de la Constitución

Política y que además esta contenida en el articulo VI del Titulo

Preliminar y el articulo 254° del código procesal penal, las

medidas coercitivas solo pueden dictarse por orden judicial

impartida en resolución debidamente motivada, en el marco

procesal penal y en el modo y forma establecida por ley.

Tienen por finalidad las medidas de coerción procesal como lo señala

Peña, R. (2007, p.710) asegurar la eficacia de los fines del proceso, las que

no se pueden imponer de manera arbitraria, en vista de ello su imposición esta

condicionada a una serie de presupuestos con las garantías presentes en a

Constitución y las leyes. La adopción de las medidas de coerción del nuevo

código procesal penal se somete a dos presupuestos fundamentales:

El FUMUS BONI IURIS; que se refiere a la verisimilitud de

haberse cometido un delito mediante indicios manifestados

objetivamente

PERICULUM IN MORA que se refiere al peligro que se puede

producir con el paso ineludible del tiempo.

Para un reflejo de las medidas de coerción que son aplicables en el

proceso penal se clasifican de la siguiente manera:

a. La detención policial

b. El arresto en estado de flagrancia

c. La detención preliminar judicial

d. La prisión preventiva

e. Incomunicación

f. La comparecencia

g. La detención domiciliaria

h. La internación preventiva

i. Impedimento de salida

j. La suspensión preventiva de los derechos

k. Conducción compulsiva

l. El embargo

Para el desarrollo del tema de investigación se desarrollara con más

énfasis lo referido a la PRISIÓN PREVENTIVA.

VII. Prisión preventiva

La prisión preventiva es una medida coercitiva de carácter personal,

provisional y excepcional, que dicta el juez de la investigación preparatoria en

contra del imputado, para asegura los fines del proceso penal; de la misma

forma Cabanellas (2002: pág. 320) señala que “la prisión preventiva es la que

durante la tramitación de una causa penal se decreta por resolución de juez

competente, por existir sospechas en contra del detenido por un delito y por

razones de seguridad”.

De igual forma Monroy (2003: pág. 182) deriva a la conclusión “que la

prisión provisional o preventiva es fundamentalmente una medida cautelar

penal dirigida a obtener la comparecencia del acusado en el juicio oral (y a

posibilitar en ultimo termino, la ejecución de la sentencia penal)”

Su aplicación es ampliamente cuestionada por estar en contradicción

con el principio de constitucional de la presunción de inocencia. El español

Moreno Catena, citado por Gimeno V. (1990: pág. 382) refiere sobre este

punto que “….son admitidas como un mal necesario en todos los

ordenamientos jurídicos, representa hoy la mas grave intromisión que puede

ejercer en la esfera de la libertad del individuo, sin que medie todavía una

sentencia penal firme que la justifique”.

El antecedente legislativo de esta regulación la encontramos en el

Código Procesal Penal Peruano de 1991, su regulación actual es en el articulo

268° del Código Procesal Penal del cual se puede extraer las siguientes

características:

a) Es facultativa; por que deja al criterio del juez para que basado en la

ley y en los hechos determine su aplicación.

b) Deben concurrir los siguientes requisitos:

Prueba suficiente; solamente se podrán dictar cuando existan

fundados y graves elementos de convicción.

Prognosis de pena superior a 4 años; solamente se dicta

cuando la pena probable sea superior a cuatro años de

privación de libertad.

Peligro procesal; por las circunstancias del caso particular

permitirán colegir razonablemente que se tratara de eludir la

acción de la justicia.

c) Requiere una resolución fundamentada

d) Está sujeta a plazos; según el artículo 272° del Código Procesal

Penal, prescribe que no durara más de nueve meses, pero

tratándose de proceso complejos no durara mas de dieciocho meses.

VIII.Robo agravado

La real academia española define al robo como “Delito que se comete

apoderándose con ánimo de lucro de una cosa mueble ajena, empleándose

violencia o intimidación sobre las personas, o fuerza en las cosas”.

De igual forma Peña, R. (2010:pág.282) Robo es un delito que atenta

contra el patrimonio, concretamente los derechos reales amparados en

el ordenamiento jurídico, cuya sustantividad radica en la forma, mejor

dicho los medios que emplea el agente para apoderarse del bien

mueble, esto es la violencia y la amenaza de peligro inminente para la

vida y integridad física del sujeto pasivo”. Y teniendo en consideración

el Art. 188° del Código Penal Peruano de 1991, el cual define al robo

como: “El que se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o

parcialmente ajeno, para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en

que se encuentra, empleando violencia contra la persona o

amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física

será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor

de ocho años”.

Es importante rescatar que el delito de robo es distinto al delito de

hurto por la mayor peligrosidad por el uso de intimidación y fuerza por

consiguiente la pena es mayor que la de delito de hurto.

El delito de robo simple, se agrava cuando se presentan las

siguientes circunstancias reguladas en el Artículo 189° del Código Penal

Peruano vigente:

La pena será no menor de diez ni mayor de veinte años, si el robo es

cometido:

1. En casa habitada.

2. Durante la noche o en lugar desolado.

3. A mano armada.

4. Con el concurso de dos o más personas.

5. En cualquier medio de locomoción de transporte público o privado

de pasajeros o de carga.

6. Fingiendo ser autoridad o servidor público o trabajador del sector

privado mostrando mandamiento falso de autoridad.

7. En agravio de menores de edad o ancianos.

La pena será no menor de veinte ni mayor de veinticinco años, si el

robo es cometido:

1. Cuando se cause lesiones a la integridad física o mental de la

víctima.

2. Con abuso de la incapacidad física o mental de la víctima o

mediante el empleo de drogas y/o insumos químicos o fármacos

contra la víctima.

3. Colocando a la víctima o a su familia en grave situación económica.

4. Sobre bienes de valor científico o que integren el patrimonio cultural

de la nación.

Por lo tanto el delito de robo agravado es como lo señala Rodríguez,

E. (2006: pág. 271) “El delito de robo agravado es el apoderamiento ilegitimo

de un bien mueble total o parcialmente ajeno, para aprovecharse de él,

sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, empleando para ello violencia o

amenazas contra la vida o integridad física de la víctima y concurriendo,

además, cualquiera de las circunstancias agravantes especificas establecidas

en el artículo 189° del Código Penal”.

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS

Delito.- Es toda acción u omisión voluntaria penada por la ley. (Delito

civil). Es el hecho ilícito cometido u omitido con la intención de dañar.

Inculpado.- Persona contra la que se dirige un determinado cargo.

Término utilizado para referirse a la persona a la que se dirige el

proceso penal o sancionador.

Mandato de detención.- Es la decisión que toma el juez penal de

instrucción, por el cual se recluye a un imputado de la comisión de un

delito, con el fin de garantizar que el proceso que se le sigue no se vea

obstaculizado, interrumpido o demorado de alguna forma.

Medida cautelar.- Medida que puede adoptar el juez durante la fase de

instrucción penal con el fin de proteger a la víctima, salvaguardar los

intereses de los posibles perjudicados, anular o aminorar los efectos del

delito, etc.

Medidas de coerción.- Es la intervención forzada del Estado en el

ámbito de libertad jurídica de una persona singular y concreta, atacando

los aspectos de su vida que constituyen un bien o valor jurídico.

Pena.- La pena es el medio con que cuenta el Estado para reaccionar

frente al delito, expresándose como la "restricción de derechos del

responsable".

Proceso Penal.- Es el conjunto de actividades, formas y formalidades de

carácter legal, que son previamente establecidas por el órgano

legislativo del Estado, y que llevan a cabo las personas que intervienen

en una relación jurídica de derecho penal, con la finalidad de que un

órgano del propio Estado, con facultades jurisdiccionales, determine la

aplicación de la ley penal a un caso concreto.

Robo.- El robo es un delito contra el patrimonio, consistente en el

apoderamiento de bienes ajenos, con intención de lucrarse, empleando

para ello fuerza en las cosas o bien violencia o intimidación en la

persona.

3.- HIPÓTESIS, VARIABLES Y OBJETIVOS

3.1. HIPÓTESIS

La motivación que efectuaron los jueces penales en el distrito judicial de

Tumbes, en el mandato de prisión preventiva por el delito de robo

agravado; incidió negativamente en la debida aplicación de esta medida

de coerción procesal, debido a que en su gran mayoría no demostraron la

concurrencia de los requisitos señalados en el artículo 268º, del código

procesal penal.

3.2. VARIABLES

3.2.1. VARIABLE DEPENDIENTE

La debida aplicación de la medida de coerción procesal denominada

mandato de prisión preventiva, en el distrito judicial de Tumbes y durante el

período 2010 al 2011.

3.2.2. VARIABLE INDEPENDIENTE.

La motivación que efectuaron los jueces penales al momento de dictar el

mandato de prisión preventiva por el delito de robo agravado, en el distrito

judicial de Tumbes durante el período 2010- 2011.

3.2.3. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

VARIABLE INDICADOR ITEM

La debida aplicación de la medida de coerción procesal denominada mandato de prisión

preventiva.

La motivación que efectuaron los jueces

penales al momento de dictar el mandato

Auto de Prisión Preventiva.

La motivación que efectuaron los jueces

penales al momento de dictar el mandato

.

Auto de Prisión Preventiva.

- La fundamentación de los elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe.

- La fundamentación de los elementos de convicción para estimar

razonablemente que la sanción a imponerse sea superior a cuatro años de pena privativa de libertad.

La motivación que efectuaron los jueces

penales al momento de dictar el mandato.

Auto de Prisión Preventiva.

- La fundamentación de los elementos de convicción para estimar razonablemente que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular, permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia (peligro de fuga).

- La fundamentación de los elementos de convicción para estimar razonablemente que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular, permita colegir razonablemente que tratará de obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de obstaculización).

3.3. OBJETIVOS

3.3.1. OBJETIVO GENERAL.

Determinar cómo incidieron las motivaciones que efectuaron los jueces

penales al momento de dictar el mandato de prisión preventiva por el delito

de robo agravado, en la debida aplicación de la medida de coerción

procesal, en el distrito judicial de Tumbes durante el período 2010- 2011.

3.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

3.3.2.1. Identificar los fundamentos en la doctrina nacional y comparada del

mandato de prisión preventiva.

3.3.2.2. Destacar la importancia y trascendencia de motivar debidamente

las resoluciones que ordenan la aplicación del mandato de prisión

preventiva por el delito de robo agravado, en el distrito judicial de Tumbes.

4. DISEÑO METODOLÓGICO.

La presente investigación pretende determinar cómo incidieron las

motivaciones que efectuaron los jueces penales al momento de dictar el

mandato de Prisión Preventiva por el Delito de Robo Agravado, en la

debida aplicación de la medida de coerción procesal, en el Distrito Judicial

de Tumbes durante el período 2010- 2011.

Revisaremos los Autos de Prisión Preventiva para constatar si en la

motivación que efectuaron los jueces penales al momento de dictar el

mandato de Prisión Preventiva fundamentaron debidamente los elementos

de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que

vincule al imputado como autor o partícipe; seguidamente la

fundamentación de los elementos de convicción para estimar

razonablemente que la sanción a imponerse sea superior a cuatro años de

pena privativa de libertad; luego la fundamentación de los elementos de

convicción para estimar razonablemente que el imputado, en razón a sus

antecedentes y otras circunstancias del caso particular, permita colegir

razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia (peligro de

fuga); para terminar con La fundamentación de los elementos de convicción

para estimar razonablemente que el imputado, en razón a sus antecedentes

y otras circunstancias del caso particular, permita colegir razonablemente

que tratará de obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de

obstaculización).

4.1. TIPO DE ESTUDIO Y DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS

De acuerdo al fin que se persigue, nuestra investigación es Básica, por

cuanto está orientada a lograr un nuevo conocimiento de manera sistémica y

metódica, con el único objetivo de ampliar el conocimiento.

De acuerdo al enfoque de investigación es Cuantitativa Descriptiva, puesto

que pretende determinar cómo incidieron las motivaciones que efectuaron

los jueces penales al momento de dictar el mandato de Prisión Preventiva

por el Delito de Robo Agravado, en la debida aplicación de la medida de

coerción procesal, en el Distrito Judicial de Tumbes durante el período

2010- 2011.

4.2. POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO.

Nuestra población está constituida por los …X… procesos en los que se

dictó el mandato de Prisión Preventiva por el Delito de Robo Agravado, en

el Distrito Judicial de Tumbes durante el período 2010- 2011.

Nuestra muestra está conformada por ….X…. procesos en los que se dictó

el mandato de Prisión Preventiva por el Delito de Robo Agravado, en el

Distrito Judicial de Tumbes durante el período 2010- 2011.

n= P x Q

E2 + P x Q

Z2 N

n= 50 x 49

5%2 + 50 x 49

1.962 (N)

n = Tamaño de la muestra

Z = Desviación estándar (para intervalo de confianza de 95.55%) es

1.96

p = Proporción de la población que posee las características cuando “n”

se conoce tal proporción se asume que “p” es 50.

q = p – 1

E = Margen de error 5

N = Tamaño de la población

El muestreo utilizado, para establecer la muestra objeto de nuestro estudio

es el Probabilístico Aleatorio Simple.

4.3. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE

DATOS

4.3.1. MÉTODOS

4.3.1.1. MÉTODO ANALITICO

Método utilizado en la presente investigación, sobre todo al momento del

procesamiento de toda la información recopilada a través de una variada

documentación, durante la primera etapa del proyecto, la misma que una

vez seleccionada se catalogó y se extrajeron los temas más relevantes

respecto de nuestra formulación del problema, hipótesis y objetivos.

4.3.1.2. MÉTODO SINTÉTICO

Fue utilizado durante la elaboración de las conclusiones, las mismas que

permitieron elaborar recomendaciones para dar solución al problema

planteado en la investigación. También fue utilizado al momento de evaluar

los cuadros, las entrevistas y al momento de elaborar el resumen en el

marco teórico.

4.3.1.3. MÉTODO INDUCTIVO

Método utilizado tanto en la recolección de la información, así como en la

elaboración del marco teórico al establecerse las categorías jurídicas desde

lo general a lo particular tomando como esencia a la normatividad, y el

aspecto arbitral y de contrataciones del Estado. De igual manera, fue

empleado también para el diálogo de la entrevista.

4.3.1.4. MÉTODO DEDUCTIVO

Este método fue empleado en la elaboración de las conclusiones y

recomendaciones, respecto a las conclusiones, se empleó para determinar

de la manera más precisa los resultados de todo el proceso de

investigación y para ser coherente con lo estudiado, y respecto a las

recomendaciones a fin de proyectarse a futuro y que la propuesta

presentada sea aprovechada para enriquecer el conocimiento sobre el tema

bajo investigación.

4.3.1.5. MÉTODO ESTADÍSTICO

Método utilizado desde el momento en que se recogió la información

cuantitativa y cualitativa de la presente investigación, así como cuando se

trabajó con la población y la determinación de la muestra.

De igual manera se empleó en el desarrollo del Capítulo IV – Resultados y

Discusión, para la tabulación y elaboración de cuadros estadísticos, de los

datos recogidos como resultados de la presente investigación.

4.3.2. TÉCNICAS

Las técnicas que emplearemos en nuestra investigación son entre otras, la

observación, la recopilación y el análisis documental de: informes, pericias,

sentencias; así como la técnica de análisis de contenido basado en criterios.

Posteriormente, realizaremos una selección de datos relevantes que nos

permitan desarrollar nuestros objetivos generales y específicos, para

confirmar o rechazar nuestra hipótesis. Efectuado este trabajo,

efectuaremos la estructuración de los datos, categorizándolo según

nuestros criterios de equivalencias determinados de antemano.

Nuestra técnica de observación será la sistemática u objetivamente

estructurada, que se aplicará a situaciones de diagnóstico y clasificación

en base a tipologías previamente establecidas y codificadas.

4.3.3. INSTRUMENTOS

Contaremos como instrumentos con listas de control cuyo objetivo básico

será recordarnos que se debe detectar la presencia o ausencia de

comportamientos relevantes para verificar nuestras variables, sin añadir

ninguna apreciación cualitativa; labor que se efectuará de manera

sistemática.

4.4. PLAN DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS.

4.4.1. VALIDACIÓN Y EDICIÓN

El instrumento que utilizaremos de manera predominante serán las listas de

control de las que utilizaremos en primer lugar para medir cómo incidieron

las motivaciones que efectuaron los jueces penales al momento de dictar el

mandato de prisión preventiva por el delito de robo agravado, en la debida

aplicación de la medida de coerción procesal, en el distrito judicial de

Tumbes durante el período 2010- 2011. Para tal fin, confrontaremos cada

uno de los autos de prisión preventiva respecto a motivación que efectuaron

los jueces penales al momento de dictar el mandato para estimar

razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como

autor o partícipe; también respecto a estimar razonablemente que la

sanción a imponerse sea superior a cuatro años de pena privativa de

libertad; luego que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras

circunstancias del caso particular, permita colegir razonablemente que

tratará de eludir la acción de la justicia (peligro de fuga).; concluyendo con

las razones que permitan colegir razonablemente que tratará de

obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de obstaculización).

Luego Identificar si las motivaciones respetan lo establecido en el Convenio

Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades,

Fundamentales Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

Convención Americana sobre Derechos Humanos, y la Jurisprudencia del

Tribunal Constitucional; para finalizar destacando la importancia y

trascendencia de motivar debidamente las resoluciones que ordenan la

aplicación del mandato de prisión preventiva por el delito de robo

agravado, en el distrito judicial de Tumbes.

4.4.2. CODIFICACIÓN

Asignaremos códigos numéricos a las varias respuestas de unas preguntas

determinadas. Esto requiere que sean asignados códigos numéricos a las

varias respuestas a una misma pregunta. En primer lugar haremos un

listado de las respuestas reales. Luego procederemos a consolidar las

respuestas, viendo que las respuestas sean interpretadas exclusivamente

en un solo sentido; así como de que no existan respuestas distintas pero

que en el fondo signifiquen esencialmente lo mismo, que las

consolidaremos en una sola categoría. Como tercer paso determinaremos

los códigos para cada una de las distintas categorías en la lista consolidada

final de respuesta, procediendo así esta manera a introducir luego los

códigos reales.

4.4.3. TABULACIÓN Y ANÁLISIS ESTADÍSTICOS

En nuestra tabulación detallaremos: 1. Total de entrevistados; 2. Número de

fiscales y jueces a quienes se les aplicaron las listas de control 3. Número

de respuestas afirmativas o negativas que se dieron a las distintas

categorías contenidas en los cuestionarios.

4.4.4. REPRESENTACIÓN GRAFICA DE LOS RESULTADOS

Las representaciones gráficas de los datos que se utilizarán en lugar de

tablas para presentar los resultados de la investigación serán:

Grafica de Líneas

Grafica de Torta o de Pay

Grafica de Barras

BIBLIOGRAFÍA

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Verguer, J. (1994). La defensa del imputado y el principio acusatorio. Barcelona:

Bosch.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

1. Cronograma de Actividades:

Etapas Fecha Inic. Fecha Térm. Dedic. Sem

(hrs.)

7.1. Recolección de datos 01/07/2012 30/09/2012 Veinte (20) hrs.

7.2. Análisis de datos 01/10/2012 02/01/2013 Veinte (20) hrs.

7.3.Elaboración de Informe 03/01/2013 30/03/2013 Veinte (20) hrs.

2. Recursos:

a) Personal:

. El investigador

. Un asesor en ciencias de la salud mental.

. Un asesor en metodología de la Investigación

b) Bienes:

. Cartuchos de tinta negra y color.

. Papel.

. Lapiceros, corrector, lápices.

c) Servicios:

. Tipeado, impresiones en Computadora.

. Internet.

. Adquisición de Bibliografía.

. Anillados.

. Empastado.

. Movilidad Local.

. Desplazamientos a la ciudad de Lima.

3. Presupuesto:

a) Bienes:

Naturaleza

del Gasto

Clasificador Cantidad Costo

(S/.)

5.3.11.30 Materiales de ConsumoMateriales de Consumo

USB 8 GB

Cartucho de Tinta Negra

01 Unidad

01 Unidad

45.00

50.00

Papel Bond A-4 80 Grs. 01 Millares 35.00

Lapiceros 05 Unidades 18.00

Corrector 02 Unidades 14.00

Lápices 05 Unidades 5.00

Otros 150.00

Subtotal S/. 317.00

b) Servicios:

Naturaleza del Gasto Clasificador Cantidad Costo

S/.

5.3.11.39 Servicios de Terceros Servicios de Terceros

Asesoría externa 02 personas 1600.00

Impresiones B/N 500 Hojas 100.00

Impresiones a Color 50 Hojas 15.00

Encuadernaciones 05 empastados 125.00

Internet 250 Horas 250.00

Fotocopias 500 Hojas 50.00

Anillados 05 Juegos 25.00

Subtotal S/. 2,165.00

TOTAL S/. 2,482.00