Proyecto Alternativo De Nacion

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1.- ¿En qué sería distinto su gobierno?

Mi gobierno será distinto porque combatirá a fondo los dos principales problemas nacionales: la pobreza y la corrupción.

En primer término, sostengo que la regeneración de la vida pública de México no puede hacerse efectiva mientras no se detenga el empobrecimiento de la gente y se inicie un proceso profundo para el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes del campo y de la ciudad. Nada se logra sin justicia social. Sin justicia no hay

tranquilidad, seguridad ni paz social. Además, progreso sin justicia es retroceso.

En consecuencia, el combate a la pobreza debe ser la principal preocupación y la tarea más apremiante de un gobierno democrático de izquierda y verdaderamente responsable.

La actual situación de pobreza de millones de mexicanos es injusta y vergonzosa. Nadie, ni siquiera los más prósperos, por la lógica más elemental, podrían dejar de considerar que la superación de la pobreza es la principal garantía para vivir en

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una sociedad mejor.

Hoy en día son más profundas las diferencias económicas y sociales entre los mexicanos que cuando Morelos pidió que se moderara la indigencia y la opulencia.

Según cifras del INEGI, el ingreso de las 25 familias más acaudaladas del país es equivalente a lo que perciben 25 millones de mexicanos. También la información oficial revela que, el ingreso de las personas más ricas, llega a ser hasta 7 mil veces superior al de los más pobres. Es decir, lo que junta un mexicano en un día a otro le llevaría hasta 20 años. 1

Abro un paréntesis para reiterar que no tengo nada en contra de quienes, con esfuerzo y trabajo, y de conformidad con la ley, crean riqueza y generan empleos. Estamos en contra de la riqueza mal habida, de aquellos que amasan grandes fortunas en la ilegalidad y a la sombra del presupuesto y del poder público.

Al mismo tiempo, sostenemos que nada aqueja y atormenta tanto a la Nación como la deshonestidad de sus gobernantes. Ningún otro mal ha dañado más a nuestro país que la

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corrupción política. Ello ha dado al traste con todo y ha sido la causa principal de la desigualdad social y económica.

Ya desde la Colonia los puestos públicos deparaban jugosas ganancias ilícitas. En el siglo XIX, con las excepciones respetables de algunos liberales, la política era el sendero más corto hacia la riqueza. Porfirio Díaz basó gran parte de su política en la eliminación o compra de sus potenciales adversarios. No en vano solía decir: "Si aceptan cooperar, hay que aprovisionarlos del tesoro público; si no, hay que exterminarlos".

Durante la Revolución prevalecieron las mismas conductas. En 1916, el general Francisco J. Múgica, desde Tabasco, se quejaba de las "funestas camarillas" que obtenían contratos cultivando la amistad de los hombres del jefe Carranza. En 1923, en los tiempos de los "cañonazos de 50 mil pesos", un revolucionario llegó a decir que de los 28 gobernadores que tenía México, sólo dos eran honrados y razonaba de la siguiente manera: "lo mejor que puede esperarse, en general, no es un gobernador que no se enriquezca con el puesto, pues casi todos lo hacen, sino uno que mientras roba haga algo por

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su estado. La mayoría toma todo lo que puede y no deja nada" (citado por Roger D. Hansen).

En 1943, don Jesús Silva Herzog, el grande, sostuvo que la política es la profesión más sencilla y más lucrativa de México. La inmoralidad, decía, "es de lo más alarmante en la administración pública federal. En los estados y los municipios, la gangrena se ha extendido, no sabemos si de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Son muchos los funcionarios gubernamentales que han hecho su fortuna en unos cuantos meses sin

perder públicamente su respetabilidad y este es el mayor de los males."

2 Sobre el mismo tema, tres años después don Daniel Cosío Villegas, en un extraordinario ensayo titulado La crisis de México, sostenía: "ha sido la deshonestidad de los gobernantes revolucionarios, más que ninguna otra causa, la que ha tronchado la vida de la Revolución Mexicana."

En 1953, el ex presidente Emilio Portes Gil admitió públicamente que la corrupción administrativa había

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producido un clima de virtual asfixia y que la política había degenerado, hasta llegar a ser "una industria de las más lucrativas". Poco más tarde, don Jesús Silva Herzog, vuelve al tema y dibuja con precisión la ruta de la inmoralidad gubernamental partiendo de "una línea oscilante que permanece más o menos estacionaria hasta 1940; se eleva con lentitud de 1941 a 1946; acelera su ascenso hasta 1952 para iniciar después el descenso a partir de 1953".

Un descenso, podríamos añadir, que

lamentablemente duró poco tiempo. En los sexenios posteriores, recordemos, los gobernantes contribuyeron con su actuación a prostituir el sentido moral y humano de la política mexicana. Pocos cumplieron con su deber. La mayoría se alejó de la moral republicana. Unos se enfermaron de ostentación y derroche y otros, de plano, se dedicaron al saqueo del erario para hacerse grandes con la riqueza mal habida.

Pero, aunque parezca increíble, lo sucedido en materia de deshonestidad durante el actual periodo neoliberal no tiene

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comparación. Los tecnócratas convirtieron al gobierno en un comité al servicio de un puñado de especuladores y traficantes de influencias.

En este marco de complicidades y componendas entre el poder económico y el poder político, se llevaron a cabo las privatizaciones durante el gobierno de Salinas. Nunca hemos sabido a ciencia cierta qué criterios prevalecieron en su sexenio para la venta de una institución bancaria o de un bien público. Se desconoce aún quiénes son los verdaderos dueños de las

empresas privatizadas. Todo se decidió sin transparencia alguna, en pequeños corrillos, casi en sigilo y bajo la exclusiva dirección de Salinas y sus hombres. 3 En este contexto debe verse también el asunto del FOBAPROA: un rescate financiero de 102 mil millones de dólares que se produjo no sólo debido al agravamiento de la crisis económica, a partir de 1995, sino también y, de modo fundamental, por el uso patrimonial del poder público que derivó en la realización de operaciones

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fraudulentas, cometidas por funcionarios públicos, banqueros y un grupo muy selecto de hombres de negocios.

En suma: pobreza y corrupción se han nutrido y alimentado mutuamente y México sólo podrá salir adelante si enfrentamos estos males con urgencia, responsabilidad y firmeza.

2.- ¿En qué áreas concretas podría la población corroborar que su gobierno sería eficiente?

Mi gobierno liberará fondos para el desarrollo que, desde hace muchos años, se van

al caño de la corrupción o se derrochan en privilegios para la alta burocracia.

La corrupción, sostenemos, no sólo debe combatirse por razones de índole moral sino porque es mucho el dinero que deja de invertirse para el crecimiento económico, la generación de empleos y el bienestar de la gente.

Según organismos internacionales, la estimación de los ingresos de asociados a la corrupción gubernamental representa el 2 por ciento

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del Producto Interno Bruto; es decir, alrededor de 160 mil millones de pesos.

También lograremos, mediante la aplicación de una política de austeridad de Estado, reducir en beneficio de la sociedad el costo del gobierno. Desde el primer año, disminuiremos el gasto corriente en 100 mil millones de pesos. Esta cantidad se obtendrá de la reducción de salarios de altos funcionarios públicos, comenzando con el Presidente de la República que recibirá la mitad del sueldo que actualmente tiene asignado y ningún otro funcionario del Poder

Ejecutivo recibirá una percepción mayor; se ajustarán y evitarán duplicidades de mando en las estructuras gubernamentales; desaparecerán bonos, seguros médicos privados y fondos 4 especiales de ahorro de la alta burocracia, y se eliminarán las pensiones millonarias de los ex presidentes de México.

En adición, se limitará el número de asesores por Secretaría; no habrá secretarios particulares desde las Direcciones Generales hacia abajo; se eliminarán los puestos de

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secretario privado, ayudante y guardaespaldas, salvo en los casos de aquellos servidores públicos que, por sus funciones, requieran seguridad. Se reducirá el gasto de publicidad; no se adquirirán vehículos nuevos para funcionarios ni se permitirá la remodelación de oficinas; se limitarán los viajes al extranjero y disminuirá el consumo de los servicios de telefonía, energía eléctrica, fotocopiado, gasolina, rentas, viáticos y otras erogaciones.

En los 100 mil millones de pesos no están contemplados los ahorros

que podrían alcanzarse si se aprueba la iniciativa de Ley que enviaremos al Congreso de la Unión para reformar la Constitución y aplicar la política de austeridad de Estado en el Poder Judicial, el Poder Legislativo y en los gobiernos estatales y municipales.

En suma: ante la insistencia de una reforma fiscal de carácter regresivo, ─cuyo elemento central es el cobro del IVA a medicamentos y alimentos─ o ante la intención de privatizar la industria eléctrica y del petróleo, con el pretexto de obtener fondos

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privados para su modernización, nosotros proponemos: austeridad; combate a la corrupción y a la evasión fiscal; reordenamiento de la deuda pública y reorganización del sistema tributario. Todo ello, sumado a una estricta disciplina fiscal y a la convergencia de inversión pública y privada, permitirá el financiamiento del desarrollo del país.

3.- Mencione un compromiso mesurable que, a su juicio, podría ser el sello de su gobierno.

Los dos rasgos distintivos de nuestro gobierno serán: la

disminución de la desigualdad social y el establecimiento de una nueva forma de hacer política.

En primer lugar, postulamos que el Estado, en cualquier parte del mundo, es fundamental para el bienestar de la población; y, en un

5 país como el nuestro, con tantas desigualdades, resulta indispensable para la supervivencia.

Por eso dejaremos de

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lado la hipocresía neoliberal: el Estado no puede incumplir con su responsabilidad social. No es jugar limpio el utilizar al Estado para defender intereses particulares y procurar desvanecerlo cuando se trata del beneficio de las mayorías. No se vale defender las facultades del Estado para rescatar, por ejemplo, instituciones financieras en quiebra, y considerarlo una carga cuando se trata de promover el bienestar de los desposeídos.

Toda la retórica neoliberal y las acciones para desaparecer las funciones sociales del

Estado, sólo nos ha conducido a la profundización de las desigualdades sociales y a un proceso de degradación progresiva.

Es falso que el Estado deba diluirse en beneficio del mercado; entre otras cosas, porque el mercado tiene un papel distinto al del Estado. El mercado se hizo para intercambiar mercancías en función de la oferta y la demanda; en cambio, una de las obligaciones del Estado es establecer equilibrios entre los pocos que tienen mucho y los muchos que tienen poco. En otras palabras: el mercado es eficaz para la creación de la

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riqueza pero no sirve para gobernar ni para distribuir los beneficios, como tampoco para impartir justicia o establecer equilibrios entre desiguales.

En consecuencia, nuestra propuesta consiste en que el Estado aliente con decisión el desarrollo social en dos vertientes: una, impulsar el crecimiento económico y la creación de empleos para mejorar los ingresos de la gente; ello redundará en mejor educación, salud y calidad de vida en general. Por otro lado, en tanto se logra alcanzar ese nivel de desarrollo y, dada la situación de pobreza en

que vive la mayoría de los mexicanos, el Estado debe garantizar satisfactores básicos de bienestar. La propuesta consiste en auspiciar un Estado igualitario y fraterno en el que los pobres, los débiles y los olvidados encuentren protección ante incertidumbres económicas, desigualdades sociales, desventajas y otras calamidades, y donde se pueda vivir sin angustias ni temores. 6 Acerca de la nueva forma de hacer política, expreso: haremos un gobierno de trascendencia histórica. No sólo se trata de mejorar las

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condiciones materiales de la gente; mucho menos de frivolidades o ambiciones personales. Se trata de emprender una renovación tajante, una verdadera purificación de la vida pública.

En contraste con el político tradicional ─prepotente, fantoche, mediocre y ladrón─, el nuevo servidor público deberá guiarse por valores más elevados que sus aspiraciones personales y deberá ser capaz de entender que el poder sólo adquiere sentido y se convierte en virtud, cuando se ejerce para el beneficio de los demás.

Justo en 2006 se conmemorarán 200

años del natalicio del Presidente Juárez. Uno, entre los muchos homenajes que debiéramos rendir a ese extraordinario hombre de Estado, es emular su ejemplo de austeridad y su convicción de la justa medianía en que deben vivir los servidores públicos.

La enseñanza mayor del Presidente Juárez, es que los servidores públicos no deben contar con privilegios ni disponer del erario en forma irresponsable. Los que gobiernan están obligados a conducirse sin ostentación ni derroche. El servidor público debe ser sencillo y actuar con

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sobriedad y sin presunciones.

En ninguna circunstancia, menos aun en una situación de estancamiento económico, desempleo y empobrecimiento, los servidores públicos deben disponer del presupuesto para obtener altos salarios, prestaciones, beneficios y comodidades. Por el contrario, esos recursos deben canalizarse a la atención de las necesidades apremiantes de la gente.

La austeridad no sólo es un asunto administrativo sino de principios.

La austeridad significa rigor y eficiencia pero también justicia. No es concebible un gobierno rico con un pueblo pobre.

En suma, vamos a combatir con decisión el influyentismo y no se permitirán componendas de servidores públicos con particulares, contratistas, proveedores, gestores, líderes charros, coyotes y toda esa caterva acostumbrada a vivir del erario y a medrar en detrimento del interés general y del patrimonio público.

7 Al mismo tiempo, el ejemplo de honestidad

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y austeridad en el gobierno ayudará a fortalecer nuestros valores como pueblo. Aspiramos a vivir en una sociedad mejor donde el dinero no triunfe sobre la moral y el ser humano valga por su trabajo, su rectitud y su generosidad. El RETO DE LA ECONOMÍA MEXICANA

I Crecimiento económico

1.- ¿Cuál considera usted el principal problema económico del país?

El principal problema del modelo neoliberal ha sido, precisamente, la falta de crecimiento de la economía: en dos décadas, de 1983 a 2003, el crecimiento

del PIB promedio anual fue de 2.2 por ciento pero, si consideramos el aumento de la población, el Producto Per Cápita (PPC) creció en apenas 0.3 por ciento; es decir, la política económica aplicada en las dos últimas décadas que no considera, entre otros factores, la distribución del ingreso, ni siquiera en el enfoque cuantitativo, ha demostrado eficacia y progreso para el país.

Ahora bien, para ubicar correctamente este magro resultado, conviene explicar cómo se ha comportado históricamente la economía nacional, y cómo le fue a otros

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países durante el periodo 1983-2003, con la misma política económica.

En México, antes del periodo neoliberal, hubo dos épocas bien diferenciadas: una, la del Desarrollo Estabilizador (1954-1970) y otra, de Desarrollo Compartido (1970-1982). En la primera, la economía creció a una tasa anual promedio de 6.7 y el PPC en 3.3 por ciento; y, en la segunda, el crecimiento de la economía fue de 6.2 y el PPC de 3.1 por ciento.

Los defensores del modelo neoliberal aseguran que este crecimiento se logró con malos

resultados macroeconómicos que, a la postre, provocaron las crisis económicas recientes. 8 En efecto, durante los gobiernos de Echeverría y López Portillo hubo excesos en gasto público, déficit fiscal, desequilibrio en la balanza comercial, devaluaciones, inflación y crecimiento excesivo de la deuda externa. Pero, en el periodo anterior, conocido como del Desarrollo Estabilizador, aunque se padeció del mal endémico de la desigualdad, México creció a una tasa de casi 7 por ciento anual en forma constante, y con

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estabilidad macroeconómica en precios y finanzas públicas.

Lo cierto es que la conducción de la política económica, a partir de 1983, ha sido un rotundo fracaso. Aun aceptando que el periodo del llamado Desarrollo Compartido produjo graves desequilibrios, es inaceptable que, luego de más de dos décadas del llamado "cambio estructural", estemos todavía padeciendo el estancamiento de la economía.

Inclusive, podría justificarse la "década perdida" de los ochenta, pero no la recesión de

1995, cuando el PIB cayó en 6.2 por ciento y, menos aun, el estancamiento de los años 2001-2003, cuando el PIB apenas creció a una tasa del 0.6 por ciento anual y el PPC cayó a menos 0.7 por ciento.

Tampoco es válido argumentar que el mal desempeño de la política económica del país se debe a factores externos porque otros países, con las mismas circunstancias internacionales, han podido crecer más que México.

Por ejemplo, en el periodo 1983-2003, el PIB de España y Portugal

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aumentaron a una tasa promedio anual de 2.7; en Brasil el incremento fue de 2.4; en Corea del Sur de 7.2; en Tailandia de 5.7; en la India de 5.6 y, en China, de 9.4 por ciento anual. Es decir, el desempeño de la economía mexicana en este periodo ha sido notoriamente inferior a todos estos países. Es más, México se ha quedado rezagado en comparación con naciones que hace dos décadas tenían menos desarrollo y ahora son países industrializados, como Corea del Sur. 9 Las razones del fracaso del crecimiento

Ahora bien, si la economía de estos países ha podido crecer, ¿por qué en México el modelo neoliberal ha sido inviable? ¿Cómo se explica la diferencia?

La clave radica, precisamente, en los estilos distintos de inserción en la globalidad. En otros países, este proceso se dio con un diseño propio, a partir de sus realidades, con gradualismo y aprovechando los márgenes de negociación para proteger sus intereses estratégicos. En México, por el contrario, los

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tecnócratas se adhirieron a la globalidad sin ninguna reserva o condición.

Por eso, más allá de los defectos estructurales del modelo neoliberal, el escaso crecimiento de la economía en el país debe localizarse en el mal manejo de la política económica y en la corrupción gubernamental.

Los tecnócratas han actuado como fundamentalistas. No sólo acataron la ortodoxia de los organismos financieros internacionales, sino que convirtieron en ideología sus recomendaciones.

Sólo así se explica que hayan optado por una estrategia extremista en todos sentidos: una apertura comercial unilateral, abrupta y prácticamente indiscriminada; la supresión de las políticas de fomento económico; la drástica reducción de la inversión pública (del 10.4 del PIB, en 1983, al 2.5 por ciento en 2003); la desaforada venta de activos o privatizaciones del orden de 30 mil millones de dólares; y la pérdida del 70 por ciento del poder adquisitivo del salario mínimo. Todo ello sin que esta absurda política se tradujera en crecimiento económico y, mucho menos, en

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bienestar para la población; es decir, dos décadas perdidas para el país.

Pero no sólo eso ha hecho la diferencia. También la inviabilidad del modelo neoliberal aplicado en México tiene que ver con la extravagante corrupción gubernamental, que se ha producido durante este periodo. Baste decir, que ningún modelo económico por más perfecto que sea puede resistir la corrupción imperante en México. Ningún modelo económico aguanta un fraude como el del Fobaproa de 110 mil millones de dólares.

10 Por eso, la nueva estrategia económica que proponemos debe considerar ante todo el manejo técnico, no ideológico de la política económica y el combate a fondo de la corrupción.

2.- ¿Qué tasa de crecimiento promedio anual podríamos esperar los mexicanos en caso de que usted llegara a la Presidencia de la República?

No pronosticamos el crecimiento de la economía. Nos proponemos maximizar las condiciones para estimular la inversión pública y

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privada, combatir la corrupción, evitar el desperdicio de recursos públicos y fomentar la confianza de las empresas y de los ciudadanos. Estas acciones harán que la economía crezca y aumente su potencial.

La esencia de nuestra propuesta consiste en sacar a la economía del estancamiento de 22 años, situación que nunca se había presentado.

Nuestra observación crítica es que el gobierno desde 1983 no se ha preocupado del crecimiento. Si bien es cierto que en 1983 tenía que estabilizar la economía,

no se explica cómo hasta 2005 sigue con lo mismo: la reducción del déficit fiscal y la reducción de la inflación. Pero en ningún lugar de su agenda aparece el crecimiento económico. La Secretaría de Hacienda se ha encargado de reducir el déficit fiscal y el Banco de México de reducir la inflación. Y nadie se ha responsabilizado del crecimiento, mucho menos del empleo.

3.- ¿Cuáles son cinco medidas económicas fundamentales que su gobierno impulsaría para lograrlo?

1.- Reactivación de la economía y del empleo

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mediante el impulso a la construcción de vivienda e infraestructura.

2.- Sin privatizar el sector energético, utilizar al petróleo como palanca de crecimiento mediante su mejor desempeño y modernización con nuestros propios recursos, para que

11 seamos nosotros como país los que aprovechemos sus beneficios y tomemos las decisiones estratégicas en esta materia tan importante para el desarrollo

3.- Proyectos de desarrollo con la convergencia de la inversión pública y privada generadores de actividad económica.

4.- El rescate del campo.

5.- Reducir el gasto del gobierno para liberar recursos para el desarrollo

1. Reactivación de la economía y del empleo mediante el impulso a la construcción de vivienda e infraestructura.

La convocatoria para la generación de empleos se dará a partir de una premisa generalmente aceptada: la forma más rápida de

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crear fuentes de trabajo radica en impulsar la industria de la construcción.

Tomemos en cuenta que el país tiene muchas ventajas para reactivar pronto la industria de la construcción. Contamos con las materias primas y los productos que se requieren (gas, petrolíferos, acero, cemento); hay tecnología y mucha experiencia acumulada en ingeniería civil; los obreros de la construcción son de los mejores del mundo y contamos con importantes pequeñas y grandes empresas constructoras.

Pero además, detonar la industria de la construcción no implica un alto grado de importaciones y sí produce un efecto multiplicador: se reactiva la economía, se realizan la infraestructura y las obras públicas que necesita el país y se generan muchos empleos.

De modo que puede convenirse y aplicarse, conjuntamente con la participación del sector público, privado y social, un programa de construcción de infraestructura para el desarrollo y el bienestar (caminos, agua,

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drenaje, escuelas, hospitales, viviendas, ferrocarriles, puertos y aeropuertos). 12 Específicamente, proponemos convertir a la construcción de vivienda en un factor de impulso a la actividad económica del país. La vivienda, como activo social, funge como un elemento fundamental del bienestar de la familia, al proporcionar seguridad, sentido de pertenencia e identidad. Asimismo, es un detonante de la actividad económica ya que estimula varias ramas del sector industrial y de servicios, lo que se traduce en la generación

de empleos directos e indirectos; permite el uso de insumos nacionales, y promueve el desarrollo regional.

En los próximos diez años, las estimaciones demográficas indican que habrá cada día más jóvenes en edad de formar familias nuevas. Este inminente crecimiento de la demanda de vivienda requerirá de un enorme esfuerzo para satisfacerla, particularmente, en cuanto a las necesidades de la población de menores ingresos.

Según cálculos del Consejo Nacional de Población (CONAPO),

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para el año 2007 se tendrá, a nivel nacional, un parque habitacional de 27 millones de viviendas y, al 2012, se habrán constituido 31.1 millones de nuevos hogares, lo que hará necesario la construcción de millones de nuevas viviendas. A esta demanda se suman 4.2 millones de casas existentes que requieren ser sustituidas o mejoradas lo que, en conjunto, demandaría 1.5 millones de empleos al año.

La reserva territorial necesaria para soportar un programa amplio, requeriría la intervención de los organismos estatales

de vivienda con políticas unificadas y reglas claras, para aplicar criterios de ordenación del territorio, que desalienten la especulación del suelo, desincentiven la formación de asentamientos irregulares y promuevan una oferta suficiente, ordenada y legal del suelo urbano.

Una de las tareas prioritarias, en los próximos años, tendría que ser redefinir el papel de los organismos nacionales de vivienda, para hacer frente al déficit habitacional existente y a las nuevas demandas.

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Para lograrlo, se debiera requerir el establecimiento de una Política Nacional de Vivienda con visión de mediano y largo plazo, que considerara la homologación de criterios para actuar, de forma

13 coordinada, con las entidades estatales de vivienda y las instituciones financieras, poniendo especial énfasis en la atención de las necesidades de familias con menores ingresos.

El fortalecimiento institucional de este sector debería profundizar en

la reforma estructural de los organismos, preservando su sentido social, ampliando su cobertura de atención y propiciando una mayor coordinación.

A la vez, es necesario mejorar y ampliar los servicios de financiamiento, para promover un mayor flujo de recursos a largo plazo, con costos competitivos y diversificación de esquemas de crédito, de acuerdo con el nivel de ingreso de población.

De manera complementaria, se podría desarrollar un esquema de

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apoyo para que la población de mayor pobreza pueda adquirir una vivienda a precios accesibles. Estos subsidios deberían considerar la capacidad económica y el esfuerzo de ahorro previo, de tal manera que combine equidad, el ingreso y el ahorro, con la magnitud de la ayuda.

La demanda de la población de bajos ingresos que no tiene acceso a las instituciones nacionales de vivienda, se debe atender desde una política coordinada de gobierno, con lineamientos y reglas uniformes

y debe aplicarse por los organismos estatales de vivienda, que deberán ser fortalecidos en sus presupuestos, en sus metas y con procedimientos unificados de operación.

Particular atención tendría que darse al mejoramiento y pie de casa de la vivienda rural, tomando en cuenta no sólo la cultura, las tradiciones y el medio ambiente, sino además, un enfoque integral de necesidades y servicios básicos comunitarios. La instancia municipal sería la más adecuada para llevar a cabo este programa.

Se requiere, también,

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un esfuerzo adicional de simplificación administrativa, para disminuir los costos indirectos mediante la profundización de medidas relacionadas con la desregulación de trámites, permisos y licencias. Esto implicaría la homologación de reglamentos de construcción en los estados, para uniformar los 14 criterios de operación y la modernización de los Registros Públicos de la Propiedad.

Por último, la industria de la construcción y el sector inmobiliario debieran llevar a cabo un

programa de investigación y desarrollo de tecnologías, para bajar costos directos mediante la utilización de nuevas técnicas y materiales de construcción. Por ello, resultaría indispensable una vinculación más estrecha con las universidades y centros de investigación del país.

2. Modernización el Sector Energético

Una de las medidas que habremos de aplicar para impulsar el crecimiento económico, consiste en utilizar la energía como palanca de impulso a las demás actividades productivas.

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El sector energético demanda atención equivalente a una reforma estructural, aunque no requiera de cambios a nuestra Constitución, sino al contrario: resulta indispensable cumplirla a cabalidad.

El objetivo general consiste en modernizar el sector energético, sin privatizar la industria eléctrica ni la de los hidrocarburos, agregándoles valor y generando empleos. En tres años, dejaremos de importar gas y gasolina. Estos productos, al igual que la energía eléctrica, se venderán a precios justos en el país, para

competitivos en el mercado internacional. ser Para lograr este objetivo, a continuación se expone en qué consistirán las estrategias generales.

a) Aumento de reservas y mantenimiento de la producción de hidrocarburos

Las reservas de petróleo crudo equivalente (incluyen gas), oficialmente reportadas como probadas al 1 de enero de 1996 eran de 42 mil millones de barriles y al 1 de enero de 2005, se redujeron a 12 mil 882 millones, debido, entre otras causas, al incremento en

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la extracción y falta de inversión en la exploración. Al ritmo de producción actual, las reservas se agotarían en sólo 11 años más. 15 En consecuencia, para aumentar las reservas de crudo y gas natural, vamos a reponer el 100% del monto de las reservas que se extraiga cada año, poniendo en práctica, entre otras, las siguientes acciones: 1. Incrementar y acelerar los estudios de geología y geofísica, para localizar a corto plazo, sitios de exploración en las áreas de mayor potencial de reservas. Tales actividades serán desarrolladas,

tanto en las cuencas actualmente en explotación, como en áreas nuevas donde se identifique posibilidad de incorporación de reservas, incluyendo aguas profundas en el Golfo de México.

2. Incrementar las actividades de la perforación exploratoria a más de 100 pozos por año, para aumentar las reservas.

3. Continuar los estudios geofísicos en las cuencas gaseras de Burgos, Veracruz, Macuspana y del Golfo de México, y reorientando el Programa Estratégico de

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Gas, especialmente en áreas donde se tiene confirmada su existencia.

4. Concluir el desarrollo de los campos marinos descubiertos, excluidos del proyecto de Crudo Ligero Marino.

5. Reactivar los estudios exploratorios en el Mar de Cortés, a lo largo del sistema de fallas geológicas, por los indicios de la existencia de gas en el área. Aunque posiblemente no existan grandes yacimientos, esta acción resulta estratégica, porque el consumo de gas en la región noroeste de nuestro país, depende 100% de las importaciones, ya

que no existen ductos que la comuniquen con el sistema nacional. Adicionalmente, buscaremos aprovechar la geotermia de la región, para generar energía eléctrica.

Para mantener la plataforma de producción de petróleo crudo, así como elevar la producción de gas, realizaremos las siguientes acciones: En crudo pesado,

1. Racionalizaremos la explotación del campo Cantarell. 16 2. Aceleraremos el desarrollo y la construcción de

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infraestructura para la explotación del campo Ku-Maloob-Zaap y Sihil. En crudo ligero,

3. Aceleraremos el desarrollo de campos y construcción de infraestructura, para el manejo de la producción del proyecto Crudo Ligero Marino.

4. Incorporaremos al desarrollo del proyecto Crudo Ligero Marino, todos los campos descubiertos no desarrollados en la costa del Golfo de México.

5. Optimizaremos la explotación de los campos A. J. Bermudez, Jujo, Tecominoacán y Bellota Chinchorro.

6. Desarrollaremos los campos descubiertos en el Proyecto Coatzacoalcos. Por ejemplo, podemos mencionar el pozo Tabscob-1 perforado en 1998, que resultó productor y a la fecha no cuenta con infraestructura para su explotación. En gas no asociado,

7. Optimizaremos el proyecto de la Cuenca de Burgos.

8. Aceleraremos y optimizaremos la explotación del campo Lankahuasa y el proyecto Veracruz (Córdoba - Veracruz - Cosamaloapan).

9. Reactivaremos el

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desarrollo y la explotación de la Cuenca Macuspana. b) Sustitución de gas natural en la generación de energía eléctrica.

En el año 2003, el consumo de gas natural para la generación de energía eléctrica en el país, representó el 37% del total. Esta proporción aumenta cada año, pues casi todas las plantas que se han incorporado consumen este combustible. El resto de la energía del sistema, provino de combustóleo (35%), 17 diesel (2%), carbón (8%), nuclear (5%),

hidroelectricidad (9%), más geotermia y viento (3% en conjunto). Hay también una pequeña cantidad de energía importada y arrendada, de menos del 1%. Las plantas pertenecientes a la CFE y LyFC consumieron el equivalente al 88% de las importaciones de gas del año 2004. Buena parte de este gas, pudo haberse sustituido con combustóleo y diesel. Esta equivalencia nos brinda una idea de órdenes de magnitud y de las posibilidades de atacar el problema. Para reducir la dependencia en relación con el gas natural y suprimir

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las importaciones, proponemos: 1. La sustitución de ese gas por productos de la refinación del petróleo crudo. Un primer paso sería privilegiar la generación con refinados en las plantas existentes. 2. El desarrollo de la generación con fuentes de energía renovables. La geotermia, la hidroelectricidad y la energía del viento tienen la ventaja de no consumir ningún combustible - entre otras. Además del cambio de combustible en plantas actuales, existen opciones en el caso de plantas nuevas. Debe tomarse en cuenta la necesidad de usar

procesos y/o equipos anticontaminantes. En virtud de los altos niveles del precio del gas importado, habremos de trabajar junto con los llamados productores externos que generan electricidad para venderla a CFE, a fin de encontrar alternativas más convenientes. Aunque el margen de reserva en la capacidad instalada de generación de electricidad, según estimación de la propia CFE, debe ser de 27% (necesaria para no interrumpir el suministro), al final del

18 2005 este margen será

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de 42%. Sin embargo, este margen no es igual en todo el país. En la zona central prácticamente no se ha instalado nuevas plantas, en 20 años por lo menos, a pesar del aumento de la demanda. En consecuencia, al traer electricidad de distancias muy alejadas, se reduce la calidad de la energía y se aumenta el riesgo de apagones, sin contar con reservas en las cercanías. En el extremo opuesto, en la región oriental del país el margen de reserva es de 78 por ciento. Dentro de esta región, en el noreste, a pesar de que la demanda aumentó, en un promedio de 3 por ciento

de 1998 a 2003, la capacidad instalada se elevó, anualmente y en el mismo período, en un 12 por ciento. Estos excesos están relacionados con el interés de crearle un mercado a la planta regasificadora de Altamira en construcción. Con ésta y otras plantas similares se pretende perpetuar la dependencia del gas natural importado.

c) Nuevas refinerías para el abasto nacional de combustibles

En los últimos 14 años (a partir del cierre de la refinería de Atzcapotzalco) la producción de

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gasolinas por parte del Sistema Nacional de Refinación (SNR) no ha sido suficiente para satisfacer la creciente demanda por este combustible, lo que ha motivado la importación de gasolinas por casi una tercera parte de la demanda total.

Esta insuficiente oferta de gasolinas, durante dicho periodo, se debió principalmente a que no se aumentó significativamente la capacidad de refinación del SNR. En los últimos 25 años (desde 1979, cuando se terminó la refinería en Salina Cruz) no se ha construido más refinerías en el país.

La inversión de los últimos años sirvió para reconfigurar cuatro de las seis refinerías existentes, aumentando marginalmente la capacidad de refinación. En marcado contraste, Petróleos Mexicanos, se asoció en 1993 con Shell Oil Company, invirtiendo mil millones de dólares,

19 para ampliar la capacidad de refinación de una instalación de Shell en Deer Park, Texas, donde ahora se procesa un gran volumen de crudo mexicano.

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Resulta paradójico que siendo poseedores de una gran cantidad de crudo, únicamente seamos exportadores de este producto como materia prima, en lugar de procesarlo para darle valor agregado y lograr la autosuficiencia.

Por lo anterior, nuestra propuesta consiste en eliminar las importaciones de gasolinas y de gas natural, para lo cual se llevarán a cabo acciones que permitan aumentar considerablemente la oferta de gasolinas.

La primera de estas acciones consiste en aumentar al máximo la

utilización de la capacidad instalada del SNR. Durante 2004, la capacidad de refinación del SNR se utilizó al 82%, debido principalmente a los bajos porcentajes de operación de las refinerías de Madero (66) y Salamanca (68), que contrastaron con Minatitlán (95), Salina Cruz (94), Tula (89) y Cadereyta (83).

La segunda acción radica en la construcción de nuevas refinerías que aumenten el proceso eficiente de crudo pesado. Esto incrementaría en forma considerable la oferta de

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petrolíferos.

En la construcción de estas nuevas refinerías se buscará utilizar preferentemente mano de obra nacional por lo que la oferta de empleo, en las zonas seleccionadas para su construcción, aumentará considerablemente durante el periodo. Se pretende también involucrar en este proyecto a la industria nacional para aprovechar el efecto multiplicador de este tipo de inversiones.

Asimismo, continuaremos el programa de reconfiguración de refinerías, pero a un ritmo mucho más

acelerado, como lo demanda el desarrollo del País.

d) Desarrollo de la industria petroquímica mexicana

La industria petroquímica en México en los últimos quince años, ha sufrido un gran deterioro. Ante este panorama, es urgente aplicar un

20 esquema de desarrollo basado en las siguientes ventajas comparativas que tiene nuestro país, tales como:

1. Disponibilidad de materias primas provenientes de los hidrocarburos.

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2. Ubicación geográfica privilegiada respecto a los principales mercados internacionales.

3. Mercado interno creciente.

4. Recursos humanos altamente calificados y con experiencia.

5. Un sector privado interesado en llevar a cabo nuevos proyectos de inversión.

Lo anterior implica diseñar una política que permita la reactivación de esta industria siguientes: en el corto y mediano plazos con los objetivos

1. Creación de una industria integrada y rentable que ofrezca productos a precios competitivos.

2. Integración de cadenas productivas con base en la disponibilidad de materias primas y precios justos.

3. Impulso al desarrollo regional mediante la instalación de nuevas plantas productivas en zonas con vocación para esta industria.

4. Disminución del déficit comercial en materia de productos petroquímicos, mismo que ha venido creciendo en los últimos años, hasta alcanzar en

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2004 un monto de cercano a 11,000 millones de dólares.

5. Contribución al crecimiento de la economía nacional y a la oferta de empleos bien remunerados. 21 El logro de estos objetivos depende de dos factores básicos que son fundamentales para el desarrollo de la industria petroquímica nacional:

1. Precios competitivos de las materias primas (petroquímicos básicos), congruentes con la disponibilidad de recursos del país y con el propósito

de consolidar una industria integrada.

2. Abasto suficiente y de largo plazo de las principales materias primas (etano, naftas y gasolinas naturales) necesarias para el desarrollo de las cadenas petroquímicas.

e) Nuevo esquema de financiamiento

El régimen fiscal de Petróleos Mexicanos ha convertido a esta paraestatal, de un negocio altamente productivo y redituable, en una empresa excesivamente endeudada. Adicionalmente, el Gobierno Federal solamente le permite utilizar recursos

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propios para gasto corriente, por lo que PEMEX realiza inversiones exclusivamente con más endeudamiento aún. Este círculo vicioso arriesga y paraliza a nuestra Industria Petrolera y adicionalmente, constituye una verdadera trampa financiera, que ya se refleja en todo tipo de problemas operativos, de seguridad, mantenimiento y otros.

Por otra parte, PEMEX no cuenta con fondos reales para previsión de su cuantioso pasivo laboral, lo que constituye una carga financiera adicional, que le causa problemas administrativos mayores.

Durante los últimos años, los pasivos adquiridos son efectuados bajo la modalidad conocida como Pidiregas, que permite evitar su registro inmediato, mas no su impacto, en la deuda pública.

En consecuencia y con el objeto de capitalizar la principal empresa paraestatal de México, habremos de sustituir el actual mecanismo de endeudamiento, con una fórmula integral de financiamiento.

Las necesidades financieras de PEMEX y CFE -así como de todo el sector público federal- habrán de ser complementadas de

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manera muy importante, con los ahorros que permitirán las medidas de racionalidad y austeridad en el gasto público.

22 La carga impositiva de PEMEX se reducirá mediante un régimen fiscal adecuado y su impacto sobre los ingresos del Gobierno Federal será compensado con ahorros del mismo gobierno en otros rubros y con la mejora en la recaudación.

Para completar el financiamiento de nuestras paraestatales, se recurrirá a los

mercados de crédito, según los lineamientos del Programa Nacional de Financiamiento para el Desarrollo.

F) Reintegrar PEMEX en una sola empresa

Hasta la década de los ochenta, PEMEX funcionó como una organización que tenía procesos claros y unificados, los objetivos de sus áreas eran consistentes, puesto que las subdirecciones que integraban la organización dependían y se coordinaban con una sola línea directiva.

Sin embargo, a principios

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de la década de los años noventa, PEMEX se transformó en un corporativo complejo, separando los procesos de Exploración y Producción, de Refinación, de Explotación del Gas y Petroquímica Básica, y el de la Petroquímica.

El argumento para esta segmentación fue que la operación más rentable, bajo una perspectiva de mercado a corto plazo, es la exportación de petróleo crudo. Incluso en una mala visión, hubo quienes propusieron rematar y privatizar las plantas petroquímicas, supuestamente porque convenía más importar que producir.

En concordancia con esta visión, se fundó la empresa estatal de participación mayoritaria "PMI Comercio Internacional" con autonomía patrimonial, técnica y administrativa, cuyo propósito es encargarse de las ventas de primera mano del petróleo y sus derivados en el mercado internacional.

Bajo este esquema, Petróleos Mexicanos se transformó en una organización con muchas cabezas, dejó la actividad comercial más grande del país fuera de su control, separando sus procesos sustantivos.

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23 Cada uno de los organismos subsidiarios tiene su propio Consejo de Administración, con sus objetivos y prioridades.

Operaremos Petróleos Mexicanos como una sola empresa con un rumbo definido y objetivos consistentes en cada una de sus áreas de gestión.

Con la reintegración del aparato administrativo, lograremos que las actividades sean racionales, evitando el dispendio debido a la dispersión existente en las tareas de apoyo.

Reduciremos los

costos de administración para liberar fondos destinados a la operación y la inversión productiva.

Fortaleceremos al Instituto Mexicano del Petróleo y destinaremos fondos para contar con tecnología avanzada; reforzaremos la investigación y la formación de recursos humanos nacionales. g) Integrar el sector energético nacional

Vamos a integrar las distintas tareas del Estado Mexicano en materia de energía, en un marco de planeación conjunta, coordinación

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y conjunción de esfuerzos, así como de cooperación productiva.

Exploración, producción, transformación, distribución y abasto, investigación, regulación, supervisión y control, estarán actuando en una sola línea y con el propósito superior del interés público. Con lo anterior, evitaremos que cada institución aplique sus criterios unilaterales y opere, sin sumar esfuerzos con las demás.

Estableceremos un marco de coordinación, para orientar los esfuerzos públicos, hacia las necesidades

de la sociedad y particularmente, de los agentes productivos. legisladores, consumidores, afectados, nuevos Productores, inversionistas, cámaras empresariales, gobiernos estatales y municipales, gremios profesionales y investigadores académicos entre otros, contarán con un marco para exponer, analizar y decidir, junto con el sector público, lo que convengan a sus intereses y al interés público. 24 3. Proyectos de desarrollo con la convergencia de la inversión pública y

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privada.

La tercera acción consiste en dar Impulso a grandes proyectos con inversión pública y privada.

Estamos a favor de la convergencia entre la inversión pública y privada en grandes proyectos de infraestructura. Proponemos proyectos conjuntos de asociación en los cuales es indispensable el liderazgo del gobierno, pero también la participación de la inversión privada. Más aun, según nuestra experiencia en la ciudad de México, es la inversión privada la que mayor participación tiene en el monto

de la inversión y es una inversión de alta rentabilidad que a la larga anima que haya nuevos proyectos y mejora el clima de negocios.

A continuación, tres ejemplos de grandes proyectos en los que estamos trabajando.

• Proyectos conjuntos de asociación en puertos • Proyectos conjuntos de asociación en aeropuertos • Proyectos conjuntos de asociación en ferrocarriles

Puertos.- Medida fundamental será la generación de bienestar social, fomentar el crecimiento en especial

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en el sector transporte e industria y esto se impulsara vía la construcción de infraestructura en diferentes puntos de la república, entre esta destaca la que vinculará al Pacífico con el Atlántico, en el Istmo de Tehuantepec, mediante la construcción de ampliaciones y mejoramiento de los puertos comerciales de Salina Cruz, Oaxaca y otro en Coatzacoalcos, Veracruz, así como ferrocarriles de carga de contenedores, la ampliación de la carretera existente y el fomento de la industria.

Esta infraestructura y la construcción de la

misma, permitirá mejorar el acceso a los servicios, educación, salud y bienes, vía la inserción en la producción y la generación de valor agregado y de muy amplias oportunidades laborales y empresariales entre la población.

Uno de los sectores en los que la participación del gobierno por medio de empresas tanto publicas como mixtas, será en el desarrollo industrial de la zona del Istmo de Tehuantepec, vía la co-inversión en

25 proyectos como fabricación y mantenimiento de

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contenedores o el de los servicios de apoyo a los puertos comerciales y de manejo de la carga. Esta co-inversión buscará que la tecnología pernee en la población, vía la capacitación y el empleo, y que permanezca en el país.

Para iniciar y poder fomentar el crecimiento, se contempla el aprovechamiento de la industria marítima y del transporte de carga, con el cual mediante concesiones y esquemas de co-inversión, de capitales tanto nacionales como internacionales, que permitan obtener recursos para detonar la

infraestructura portuaria, de transporte e industrial, dando garantías y seguridades a ambas partes.

Con estos recursos y con metas claras, se orientará el desarrollo, la obtención y aprovechamiento de la tecnología de nivel mundial, para promover su implementación y adaptación acorde con las diferentes regiones del país y así detonar el desarrollo.

Podemos bajar costos en la producción, no teniendo que impulsar la competitividad vía la baja en los salarios, las prestaciones y la calidad de los mismos

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trabajos.

Aeropuertos.-Al estimular y conducir el desarrollo de las actividades económicas de carácter multidisciplinario, por ser de gran visión, el Gobierno se convierte en una bujía detonadora que le garantiza la equidad a la población directamente beneficiada sujeta a desarrollo y a los empresarios, que sus inversiones sean productivas y que tendrían un sentido social.

El Aeropuerto de Tizayuca es un proyecto de gran visión y de fomento, por su potencial en el proceso de la globalización de la

actividad económica, ya que resuelve la demanda futura de los flujos internacionales y nacionales de pasajeros y de carga aérea en el Área Metropolitana de la Ciudad de México y simultáneamente plantea un desarrollo regional en su zona inmediata de influencia.

Su impacto directo en dicho proceso se da mediante el impulso para el establecimiento de diversa actividades económicas que estén ligadas a la industria de la exportación y a un ordenamiento racional

26 y equilibrado del uso del suelo, por lo que

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la participación del gobierno para este proyecto, debe tener flexibilidad para operar de diversas formas: a). ser exclusiva, b). en participación compartida con empresas publicas o c). estimulando y orientando la participación directa del sector social y privado.

La participación del Estado en este tipo de programas solo seria exclusiva, en el establecimiento de un marco jurídico administrativo simplificado, claro y eficiente buscando intervenir en forma directa en lograr los acuerdos para el desarrollo

mediante, entre otros, los siguientes enunciados:

• La integración de los distintos niveles de gobierno en las distintas áreas de su competencia, para asegurar la coparticipación y la corresponsabilidad sectorial, para establecer mecanismos que den el acceso a la tierra cualquiera que sea su régimen de propiedad, y para lograr acuerdos asegurando la transparencia de las operaciones inmobiliarias.

• La regulación y control del espacio aéreo por la cercanía

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del valle de Tizayuca con los Aeropuertos Internacional de la Ciudad de México y el militar de Santa Lucia, que estarían operando simultáneamente.

• La generación de proyectos para la estructuración del mercado de tierra y del correspondiente desarrollo urbano en los centros de población existentes o por incorporar, para los desarrollos inmobiliarios, para actividades industriales y agropecuarias.

• La sensibilización de los pobladores con acuerdos para su desarrollo y la

inclusión del binomio educación - empleo, para asegurar que el adiestramiento que otorgue el gobierno o los particulares, en forma independiente a otros programas educativos, que sea dirigido a la satisfacción de la correspondiente oferta sectorial del empleo que se va generar durante todo el tiempo de la implantación del proyecto aeroportuario y sus proyectos 27 asociados, en las actividades primarias, las secundarias y las de servicios.

• En la estructuración

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urbana y regional del territorio mediante la inclusión y aprobación de los Programas de Desarrollo Urbano del Área Conurbada (usos y destinos del suelo).

• En la incorporación de las obras de cabeza y líneas primarias de las infraestructuras de transporte regionales y urbanos, las del agua potable y alcantarillado, las de los energéticos, gas y electricidad y las de comunicaciones.

• En el estimulo para el desarrollo de las actividades agropecuarias de alta productividad, y las de

servicios de alta tecnología.

• En el máximo aprovechamiento de la infraestructura del transporte existente (carretera y ferroviaria, terminales de intercambio), en ofrecer los mecanismos para la aplicación de las mas avanzadas tecnologías, que tienden a lograr el uso racional de los vehículos.

• En la planeación, normatividad y control, para el manejo racional de los energéticos, de los acuíferos y el de las aguas residuales, dentro del manejo ambiental adecuado.

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• La organización y la estructuración de los diversos mecanismos orientados a la obtención de los recursos financieros que sean requeridos en los distintos programas asociados al desarrollo regional y a los proyectos estratégicos.

La participación del gobierno en asociación o como impulsor de la iniciativa privada en empresas publicas como pueden ser:

• Las terminales aéreas incluido el recinto fiscal, las terminales inter modales, los parques industriales, equipamientos para los

desarrollos agropecuarios, para 28 la construcción de los equipamientos urbanos como son las clínicas, hospitales y otras instituciones de salud las instituciones educativas de todo nivel, una central de acopio y distribución de perecederos, parques industriales.

La participación del Gobierno como impulsor de la iniciativa privada en empresas privadas como puede ser:

• Equipamientos para el turismo, la construcción de vivienda, centros de

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entretenimiento, tecnopolos, instalaciones industriales.

Ferrocarriles.- En México, la transportación del ferrocarril fue abandonada por décadas y se descuidó la necesidad de transporte de pasajeros y de mercancías y se desatendió la demanda de transporte de pasajeros y de mercancías. Por ello, vamos a construir un tren bala o rápido desde la Ciudad de México hasta las fronteras con los Estados Unidos de Norteamérica en Nuevo Laredo y Mexicali.

"El Águila" será un medio de transporte de pasajeros moderno y cómodo. Generará un impacto en la industria de fabricación de partes.

La construcción de este sistema transporte también generará muchas fuentes de empleo, durante la construcción y su etapa de funcionamiento.

Con independencia de los efectos positivos que un sistema de trenes de alta velocidad tendría para México, la importancia de este proyecto, trasciende el ámbito regional nacional, para convertirse en parte de una nueva

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alternativa de política nacional, por tres razones:

• Integración de las regiones centro y norte del país • Detonador del desarrollo de varias de estas regiones • Papel estratégico en la implementación de una red de comunicación de México. 29 "El Águila" se convertirá en una piedra angular de la comunicación de pasajeros de México, si se sigue una implantación por fases similar a los modelos europeos, que tan buenos resultados han dado. Considerando el papel estratégico de las

comunicaciones en el crecimiento económico, y de la integración de los sistemas productivos regionales en la generación de efectos sinérgicos, es indudable que "El Águila" constituye una pieza clave en la futura movilización dentro del potencial de desarrollo nacional. Siendo su valor mayor, al entender el rol de integración de la comunidad del tratado de libre comercio con los EUA y Canadá.

El efecto que sobre el desarrollo de estas regiones Mexicanas (Norte y Centro del país), se entiende seria de manera directa y se

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comprende el beneficio adicional que el resto del país tendría con el mismo nivel de importancia, estos efectos se multiplicaran en la combinación con los otros proyectos presentados específicamente para la región del sureste del país.

Si bien es importante en los efectos de reactivación económica de los centros de población mayores (Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara), el efecto será superior en las economías menores a lo largo de los dos corredores que el sistema de ALTA

VELOCIDAD EL AGUILA recorrerá.

Por otro lado este sistema ferroviario al igual que ocurre con el sistema de comunicación aérea y el sistema carretero, favorecerá el grado de competitividad de estas regiones en los diferentes sectores económicos del desarrollo dinámico futuro. La educación los servicios, el turismo, la industria ligera y pesada, la alta tecnología, el desarrollo urbano sustentado, el transito seguro y eficiente.

Para este proyecto nos aseguraremos que haya convergencia entre la inversión pública y la privada, nacional e

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internacional. Esta convergencia se basa en un nuevo esquema que desarrollaremos dando plenas garantías a la inversión privada y creando los paquetes financieros para asegurar su ejecución. 30 4. El rescate del campo

El proyecto nacional de crecimiento con equidad no sería viable sin rescatar del abandono al campo y a sus pobladores.

Promover el desarrollo rural implica mejorar las condiciones de vida de los campesinos y fortalecer las actividades productivas, como parte de la solución de

los grandes problemas nacionales.

Es obvio que primero tiene que atenderse a la gente, evitar su empobrecimiento; detener la emigración masiva y mejorar las condiciones de vida en rancherías, ejidos, comunidades y pueblos. Pero, también, hay que considerar que la producción del campo es fundamental para el desarrollo nacional.

Un sector agropecuario económicamente fuerte, significa: alimentos y materias primas que satisfagan la demanda interna y contribuyan al equilibrio de la balanza comercial; exportación de cultivos de alta densidad económica;

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generación de empleos agrícolas para reducir presiones sobre los mercados de trabajo urbanos y generar efectos multiplicadores sobre el empleo en otras ramas de la economía.

El abandono del campo

Esta tarea de reivindicación y de impulso a las actividades productivas del campo, en mi opinión, requiere de un cambio profundo en las políticas implantadas durante varias décadas y, sobre todo, exige hacer a un lado la concepción neoliberal, según la cual, el campo no tiene viabilidad económica y

sus pobladores deben aceptar, resignadamente, las condiciones impuestas por el mercado.

La concepción neoliberal partió de una premisa simplista e ineficaz: se suponía que sólo era cuestión de dejar en libertad a los agentes privados y a las fuerzas espontáneas del mercado, para incrementar las inversiones de capital en el sector agropecuario, así como elevar la eficiencia y la producción de alimentos y materias primas. Todo ello, en el marco de una apertura comercial que se realizó a marchas forzadas a partir de los años ochenta, y que

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fue amarrada con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (TLCAN).

31 A partir de esta visión neoliberal, los tecnócratas redujeron subsidios, eliminaron aranceles y permisos previos de importación y dejaron de considerar necesaria la inversión pública destinada al sector agropecuario.

La aplicación de una política de apertura comercial, apresurada y sin límites estratégicos, pronto originó que los productores nacionales quedaran en abierta

desventaja para competir con los del extranjero. Esto favoreció principalmente a los productores de Estados Unidos, que pueden vender más barato en el mercado mundial porque poseen mejor tecnología y reciben subsidios, compensaciones y créditos blandos de su gobierno, mientras en México los productores no gozan de los mismos beneficios y más bien están abandonados a su suerte.

Los efectos de la apertura comercial se agravaron con la estrepitosa disminución de la inversión pública

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destinada al sector agropecuario. En el trienio 1980-1982 fue de 1.48 por ciento del PIB y, para el 1 trienio 2001-2003, apenas representó el 0.68 por ciento .

Además, comparando los mismos periodos, el gasto público global en fomento agropecuario, que incluye inversión, apoyos a la comercialización, extensionismo, sanidad vegetal y animal y otros, cayó del 2.93 al 0.58 por ciento del PIB.

Entre las partidas afectadas figura el gasto en ciencia y tecnología para el sector

agropecuario, forestal y pesquero. Aquí es menester señalar que aún cuando organizaciones internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) recomiendan que el gasto de los países en ciencia y tecnología alcance por lo menos el uno por ciento del PIB (los países desarrollados gastan alrededor del 3 por ciento), México sólo destinó a este rubro el 0.42 por ciento en 2003 y al sector agropecuario, forestal y pesquero correspondió, apenas, el 0.3 por ciento del PIB. 1 En este apartado se utilizan promedios trianuales en diversos

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indicadores, a fin de reducir el efecto de factores climáticos en el análisis de los resultados del neoliberalismo en el campo mexicano. 32 En materia de crédito, el destinado al sector agropecuario presentó también una espectacular caída. En específico, la banca nacional de desarrollo disminuyó sus créditos agropecuarios de 18 mil 643 millones de pesos por año, durante el trienio 1980-1982, a 3 mil 815 millones de pesos por año, durante el trienio 2001-2003 (a precios de 1994); y la banca comercial redujo el crédito agropecuario de

15,782 millones de pesos anuales a 7 mil 492 millones anuales en el mismo lapso.

Es más: aunque la escasez de crédito durante la época neoliberal ha perjudicado a todos los sectores de la economía del país, los créditos de la banca comercial y de desarrollo, destinados a la industria y los servicios no financieros pasaron, en los mismos trienios comparados, de 66.1 por ciento del crédito total destinado a empresas y particulares, al 58.8 Mientras, los créditos destinados al campo bajaron del 14.7 al 5.4

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por ciento.

Los más afectados, en todos sentidos, han sido los campesinos. La superficie de cultivo habilitada por la banca de desarrollo se redujo de 6 millones 563 mil hectáreas por año, en el trienio 1980-1982, a sólo 1 millón 424 mil hectáreas por año, en el periodo 2001-2003.

Por si fuera poco, el sistema de precios de garantía para las cosechas básicas, instituido durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas, fue eliminado por la tecnocracia neoliberal con el pretexto de que era una política agrícola anticuada. Sin embargo, este

instrumento sigue siendo utilizado en otros países para otorgar certidumbre a la producción agropecuaria. Por ejemplo, en Estados Unidos, la Ley Agrícola 2002-2007 lo establece bajo la forma de "ingreso objetivo", para garantizar los precios del maíz, trigo, soya, arroz, sorgo y otros.

El conjunto de políticas neoliberales aplicadas al campo ha originado un grave rezago productivo del sector agropecuario en relación con el crecimiento de la población. Del trienio 1980-1982 al trienio 2001- 2003, el PIB agropecuario forestal y

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pesquero por habitante se redujo 11.1 por ciento. En otras palabras: mientras la producción total de alimentos avanzó a un ritmo anual de 1.4 por ciento, la población del 33 país creció, en el periodo de referencia, a una tasa del 1.9 por ciento anual.

Entre los productos afectados se encuentran los principales granos (maíz, fríjol, trigo, arroz, soya, sorgo, cártamo y ajonjolí), cuya cosecha disminuyó de 341.2 kilogramos por habitante, a 304.5 kilogramos, es decir se redujo 10.8 por ciento durante el mismo

lapso.

La producción de carnes rojas (bovina, porcina, ovina y caprina) disminuyó de 36.5 kilogramos por habitante a 25.5 kilogramos, una reducción de 30.2 por ciento; la producción de leche bajó de 103.9 litros por habitante, a 95.8 litros, una reducción del 7.9 por ciento; y la producción de maderas disminuyó de 131.6 decímetros cúbicos por habitante, a 73.2 decímetros cúbicos; una caída de 44.2 por ciento.

En contrapartida, las importaciones agroalimentarias crecieron de 2 mil 756 millones de dólares anuales, en el

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periodo 1980-82, a 5 mil 562 millones en el trienio 1991-93, antes de la entrada en vigor del TLCAN; y a 11 mil 881 millones de dólares por año, en 2001-2003, con la particularidad de que en 2003 alcanzaron los 12 mil 833 millones de dólares, cifra superior al ingreso de inversión extranjera directa que ascendió a 10 mil 731 millones de dólares en ese año.

Es cierto que la agricultura de exportación ha crecido pero se ha descuidado la producción para el mercado interno, al grado de que el incremento en las exportaciones no ha

contrarrestado el crecimiento de las importaciones de alimentos y materias primas. De manera que el déficit en la balanza comercial agroalimentaria pasó de 694 millones de dólares anuales, en el periodo 1980-1982, a 3 mil 55 millones de dólares por año, en el trienio 2001-2003.

Hay que recordar que, por cada dólar en alimentos que México importa, no sólo transfiere al exterior divisas escasas que podrían utilizarse para otros fines, sino que estamos perdiendo empleos rurales, subutilizando

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nuestros recursos naturales, reduciendo los ingresos campesinos y aumentando la pobreza rural. Perdemos, además, efectos multiplicadores de la actividad agropecuaria sobre la producción, el empleo y la inversión en otras ramas de la economía.

34 Pérdida de empleos rurales

Debemos subrayar que, a causa del deterioro agropecuario, hemos perdido empleos rurales. En 1993, la población ocupada en el sector agropecuario era de 8 millones 842 mil 774

personas y, en el 2003, se redujo a 6 millones 813 mil 644; es decir, se perdieron dos millones de empleos en el campo, tan sólo en este periodo. En consecuencia, se ha incrementado la emigración del campo hacia las grandes ciudades y hacia el extranjero.

Quizá lo más grave de todo es la creciente emigración de mexicanos a los Estados Unidos de Norteamérica. El abandono al campo no ha dejado otra alternativa. Millones de mexicanos, por necesidad, se han visto obligados a abandonar sus comunidades de origen.

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Según cifras del CONAPO, durante los primeros tres años del gobierno de Vicente Fox, el flujo de emigrantes mexicanos a Estados Unidos de América aumentó a un nivel histórico de 410 mil personas por año. En los últimos tiempos, México se ha convertido en el país que más mano de obra expulsa al extranjero.

Flujo neto anual (entradas menos salidas) por periodo PERIODO

De 1960 a 1970 De 1970 a 1980 De 1980 a 1990 De 1990 a 1995 De 1996 a 1999 De 2000 a 2003

FLUJO EN EL PERIODO 290 000 1 550 000 2 600 000 1 575 000 1 182 000 1 230 000 FLUJO PROMEDIO ANUAL 29 000 155 000 260 000 315 000 295 000 410 000 FUENTE

1 1 1 1 2 3 1/ SRE. Estudio Binacional México-Estados Unidos. México, 1997.

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2/ Estimaciones del Consejo Nacional de Población. 3/ Estimación de Milenio Semanal, con base en los datos más reciente de CONAPO.

Este fenómeno socioeconómico ha venido sobreponiéndose, incluso, al profundo arraigo cultural que existe en comunidades indígenas y campesinas del sur del país. Antes, la emigración era, fundamentalmente, de los estados del norte y centro del país. Ahora, los campesinos de estados como Veracruz, Chiapas, y Tabasco, sobre todo los jóvenes, están optando por

emigrar; y, en muchas comunidades, como sucede también en otras entidades, sólo están quedando los niños, las mujeres y los ancianos. 35 Todo ello, insistimos, a pesar de que existen recursos naturales en abundancia, que hay un profundo amor por la tierra y una vocación productiva, como en pocos países del mundo. Pero quienes dirigen la política vigente no piensan ni miran hacia el campo. contrario: cada vez se escucha más, en las Por el esferas gubernamentales, la conveniencia de aceptar que la gente deba irse

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trabajar a los Estados Unidos: llegan a plantear que el gobierno debe llevar a cabo un programa de capacitación para jardineros, enfermeros y especialistas en atender a adultos mayores. Porque, según los neoliberales, en Estados Unidos cada vez habrá más demanda de este tipo de trabajadores, debido al envejecimiento de la población.

Las acciones

Obviamente, no puede aceptarse semejante opción. Sería como rendirnos o renunciar a nuestra capacidad de desarrollo soberano. Desde luego, estamos

conscientes de que no sería fácil revertir el profundo deterioro del campo mexicano: es mucho el atraso, el abandono y la miseria. Pero también creemos que, con una acción gubernamental decidida y eficaz a favor del campo y sus pobladores, es posible revertir la devastación y dar paso al progreso productivo y al bienestar social.

Puntualmente proponemos:

1. Un programa integral de fomento agropecuario, instrumentado de manera concertada con los productores rurales y bajo un criterio incluyente en las tareas y los beneficios

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del desarrollo. Se trata de armonizar y apoyar, al mismo tiempo, la producción de autoconsumo, la producción para el mercado interno y la producción para exportar.

Una agricultura de exportación dinámica no se contrapone a una agricultura fuerte para el mercado interno. Nuestra experiencia histórica así lo indica: desde los años 40 hasta los 60, las exportaciones agropecuarias generaron más de la mitad de las divisas que ingresaron a México por exportación de mercancías; y, al mismo tiempo, el campo mexicano satisfizo la

36 demanda interna de alimentos y materias primas agropecuarias.

2. Habría que promover el fortalecimiento de la economía de autoconsumo en las comunidades. El propósito es que, con pequeños apoyos, se fomenten las actividades productivas tradicionales. El rescate del campo supone revalorar la importancia que tiene la unidad de producción campesina. Tomemos en cuenta

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que hay comunidades y pueblos con actividades productivas integradas o complementarias que han permitido el sustento, por muchas generaciones, de sus pobladores.

Es básico revalorar cultivos y tecnologías tradicionales que hemos venido olvidando, debido a una mal entendida modernidad. Un caso concreto es el manejo de solares o patios para el cultivo de hortalizas, árboles frutales, maderables y plantas medicinales que, en combinación con la crianza de gallinas y cerdos, puede significar un

importante apoyo a la economía familiar.

Hay casos excepcionales en comunidades indígenas donde, todavía, se produce prácticamente todo lo que se consume. Está también, por ejemplo, lo que históricamente se ha venido dando en pueblos como los de Tlaxcala donde los campesinos, en pequeñas porciones de tierra, cultivan maíz, con buena productividad, y tienen en sus patios borregos, chivos, vacas y el telar dentro de la casa.

Hoy, en vez de alentar estas formas propias de producción, se

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ha venido optando por instalar granjas avícolas y porcinas, con animales de "raza" que son menos resistentes a las enfermedades y dependen de insumos y alimentación especial o balanceada, producida por empresas comerciales de afuera de la comunidad, con poca o nula utilidad y beneficio para los campesinos.

Es lamentable que, en algunas comunidades, los campesinos tengan que comprar rejas de huevos de granja y gallinas de 37 desecho, cuando ellos mismos pueden producir y comercializar

estos alimentos.

La acción gubernamental que proponemos debe orientarse al otorgamiento de créditos a la palabra, para la compra de animales, granos y semillas; materiales de trabajo, insumos y todo aquello destinado a fortalecer las actividades productivas y las tecnologías tradicionales.

Específicamente, podríamos fortalecer desde abajo y con la gente, la economía de las familias campesinas. Para ello, se convocaría a una gran cruzada nacional a favor del campo, incorporando a la

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actividad promotora a más de 20 mil agrónomos desempleados o subocupados fuera de su profesión, con criterio de servicio social y sensibilidad a las realidades agropecuarias y culturales de nuestras comunidades rurales.

Apoyar estas actividades debe significar una mejoría en la alimentación, el ingreso, la autosuficiencia, el bienestar y fortalecer la identidad cultural.

No basta crear empleos en el sector moderno, que siempre

serán insuficientes. La absorción de la población rural por otros sectores de la actividad económica requeriría tasas de crecimiento superiores al diez por ciento. Hace falta, pues, allegar al campo, a las pequeñas comunidades, medios de producción baratos y hay que recuperar la economía de subsistencia, que permite producir para las necesidades familiares y propiciar una inserción, por modesta que sea, en el mercado.

3. Para fomentar la producción del mercado interno es necesario pasar a un nuevo sistema de precios de

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garantía o generalizar el sistema de "ingreso-objetivo" que fue introducido en México a raíz de las movilizaciones campesinas de 2003, pero haciéndolo extensivo a todas las regiones del país y a productos básicos que hoy están excluidos, de manera que el sistema de precios o ingresos garantizados abarque todos los 38 granos básicos (maíz, fríjol, trigo y arroz), las principales oleaginosas y fibras textiles (algodón, soya, cártamo, ajonjolí), así como el sorgo y la cebada. El programa tendría un carácter

multianual con horizonte de diez años.

De esta manera, podría darse certidumbre a la producción agropecuaria, corrigiendo el carácter discriminatorio del actual sistema de apoyos a la comercialización, que tiene un fuerte sesgo a favor de pocas regiones productivas, de modo que la mayoría de los productores del país, incluidos los campesinos de subsistencia que, también generan excedentes para el mercado, quedan excluidos de estos apoyos y tienen que vender barato lo que producen.

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4. Es fundamental apoyar las actividades agropecuarias de alta densidad económica para su exportación. México tiene, desde hace décadas, un lugar ganado en el mercado mundial, en cuanto a la exportación de café, aguacate, jitomate, melón, garbanzo, mango y otros numerosos productos hortícolas y frutícolas. En todos estos casos, debe mejorarse la tecnología, la calidad y facilitar todos los procesos de comercialización hacia el extranjero.

5. En cuanto a los actuales programas gubernamentales como Procampo, Alianza para el Campo y otros,

proponemos una revisión de fondo, para que se conviertan, verdaderamente, en un instrumento de fomento al sector agropecuario.

Además, este subsidio debiera vincularse a programas de asistencia técnica, capitalización integral, redes de comercialización y a esquemas de financiamiento a cambio de compromisos de desempeño de los productores.

A su vez, los recursos de Alianza para el Campo tendrían que ser federalizados, a fin de apoyar el desarrollo agropecuario

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desde las regiones.

6. Debemos invertir en infraestructura rural a fin de aprovechar nuestro potencial de superficie irrigada; mejorar la utilización

39 del agua en los actuales distritos y unidades de riego; construir y rehabilitar los caminos rurales y las carreteras, para facilitar y abaratar el desplazamiento de las cosechas; multiplicar y ampliar los centros de investigación y transferencia de tecnología y rehabilitar y ampliar las bodegas rurales.

Además de los

beneficios para el sector agropecuario, estas inversiones permitirían generar empleos directos en la construcción y serán factor de arrastre del crecimiento económico nacional.

7. Se debe incrementar el crédito al sector agropecuario a través de la banca nacional de desarrollo, pero también de la banca comercial con redescuentos de FIRA; y apoyar el desarrollo de nuevos intermediarios financieros en el medio rural, promoviendo la organización de los propios productores.

Asimismo, se tendría

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que fortalecer el sistema de seguro agropecuario otorgando apoyos fiscales.

Para asegurar la continuidad de las acciones de fomento, el presupuesto agropecuario debería elevarse, por lo menos, a 65 mil millones de pesos (a valor presente en el 2004) y mantenerlo constante, en términos reales, hasta el 2012.

8. Una prioridad tendría que ser la investigación científica destinada al campo. Para ello, se deben fortalecer los centros de investigación agropecuaria del país

(INIFAP, CINVESTAV y otros), así como las universidades agropecuarias, dando atención a las diversas opciones tecnológicas. La innovación productiva en los predios agrícolas sería estimulada a través de incentivos y de un eficiente sistema de extensionismo agropecuario y forestal.

De manera particular, debe darse mayor atención al conocimiento, la conservación y la explotación racional y sustentable de los bosques. Es lamentable que, habiendo condiciones favorables para el desarrollo de la silvicultura, se haya permitido la

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deforestación de grandes extensiones del

40 territorio nacional. Se ha llegado al extremo de importar el 50 por ciento de la madera y derivados que consumimos en el país.

9. Es necesario impedir una mayor degradación de nuestro territorio. Se debe luchar por la conservación y el mejoramiento del medio ambiente, fomentando en la sociedad una conciencia ecológica que reconcilie a las personas con la naturaleza; se ha de promover el cuidado

de nuestra biodiversidad, atendiendo especialmente la flora y la fauna, que se encuentran en vías de extinción e introducir incentivos para el aprovechamiento racional de los recursos naturales y el desarrollo ambiental.

En este aspecto, es menester dar mucho impulso a los cultivos orgánicos e inducir, en la medida de lo posible, la reducción del uso de agroquímicos. Un punto central no sólo para el desarrollo agropecuario sino para la conservación del medio ambiente es la definición de una política para el acopio, manejo y

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distribución del agua.

10. Con los países integrantes del TLCAN, debemos buscar negociar diversos esquemas de cooperación, a través de acuerdos complementarios que coadyuven a superar las asimetrías existentes en tecnología, productividad y apoyos al campo.

Considerando la atención especial que debe darse a la producción y comercialización de maíz y fríjolde cuyo cultivo dependen alrededor de tres millones de familias campesinases indispensable

instrumentar un mecanismo permanente de administración de las importaciones, utilizando los márgenes de maniobra que aún tenemos en el TLCAN en materia de cupos, aranceles y normas técnicas. Además, con nuestros socios comerciales debe negociarseconforme a las disposiciones del propio tratado la exclusión de estos granos, de los acuerdos de liberalización para el 2008. 41 Independientemente de estas negociaciones, es necesario hacer valer todos los

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instrumentos (aranceles, salvaguardas, normas técnicas y otras disposiciones) que México tiene en el TLCAN y en otros acuerdos comerciales, para salvaguardar también otras importantes ramas de nuestra producción interna de alimentos y para evitar prácticas desleales de comercio internacional.

En resumen, las políticas de desarrollo que proponemos permitirían al campo cumplir sus funciones en el desarrollo de la Nación, revirtiendo el profundo deterioro del sector agropecuario y dando paso al progreso

productivo y al bienestar social.

5. Reducción del gasto del gobierno

Reduciremos el gasto improductivo eliminando estructuras innecesarias, reduciendo los sueldos de altos funcionarios y combatiendo frontalmente la corrupción, el tráfico de influencias y los contratos públicos de precios inflados.

Los ahorros que se generen con esta reducción de gasto improductivo serán suficientes para financiar los programas sociales que deseamos poner en marcha, así como parte

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de la inversión en apoyo a las actividades económicas. En el primer año nos proponemos realizar ahorros por 100 mil millones de pesos.

El Programa de austeridad en la práctica

Durante nuestra administración en el Gobierno del Distrito Federal, pusimos en marcha desde el primer día un programa de austeridad con el objeto de reducir de manera significativa el gasto corriente burocrático y liberar recursos para el desarrollo social y la obra pública.

De no haber liberado estos recursos, no hubiera sido posible poner en marcha los programas sociales, ni las obras públicas como el Distribuidor Vial de San Antonio, el Segundo Piso del Periférico, los Puentes de la Av. de los Poetas en Santa Fe, el Metrobus y la 42 compra de 500 vagones para el Metro de la ciudad así como 16 escuelas preparatorias y una universidad, entre otras.

El Programa de Austeridad será un eje fundamental con tres

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propósitos:

a) Revertir el aumento desmedido que ha tenido el gasto burocrático de los años recientes.

b) Generar ahorros para ser utilizados de manera más eficiente en programas sociales e inversiones que la economía necesita para generar mayor empleo y bienestar.

c) Implantar un nuevo modelo de la gestión pública: no puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre ni el gobierno puede ser la vía para que los empleados lleguen a ser ricos y a escalar hacia los estratos de ingreso más altos.

La meta de reducción de gastos burocráticos por 100 mil millones en el primer año se fundamenta en nuestro análisis de excesiva burocracia y categorías salariales que han permitido la incorporación de más puestos altos en estructuras que ya son de por sí pesadas y redundantes. Éstas últimas van desde subsecretarías de Estado, así como unidades, direcciones generales y direcciones que han proliferado en las últimas tres administraciones.

Adicionalmente, apoyamos nuestro plan en la

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experiencia que acumulamos haciendo recortes significativos en el gasto del Distrito Federal. Esta experiencia nos da criterios para proponer la eliminación de partidas completas de gasto y reducciones muy fuertes en las erogaciones referentes a Servicios Generales y Materiales y Suministros. Igualmente afectaremos el renglón de Inversión Física en lo que se refiere a compras y a programas que con frecuencia han disfrazado gastos poco útiles como gasto de inversión. 43

Criterios que vamos a seguir para eliminar gastos redundantes

Se eliminarán las erogaciones relacionadas con el seguro de gastos médicos mayores destinados al personal civil de la Administración Pública.

Los Servidores Públicos no se valdrán del erario para hacerse operaciones costosas en el extranjero ni en el país. El Estado promoverá que las instituciones de salud pública brinden la atención médica oportuna a los servidores públicos al igual que a la población en general.

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• No habrá percepciones extraordinarias ni gastos de representación.

Los servidores públicos recibirán únicamente los ingresos previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Se acabará con la práctica discrecional de la entrega en bonos de salarios adicionales.

• Gastos como los de alimentación y tarjetas de presentación no se harán a cuenta del erario.

• Sólo tendrán escolta los servidores públicos vinculados a la procuración de la

justicia, seguridad pública, aduanas y migración. Es decir, los servidores públicos que estén expuestos a riesgo por la función que tengan encomendada.

• Se fomentará el esquema de adquisiciones consolidadas por sector hasta donde esto sea factible y eficiente en función de las necesidades de cada dependencia, por ejemplo, en el abasto de materiales y útiles de oficina, contratación de la telefonía celular, suministro de combustible, y en algún grado en la adquisición de vestuario y calzado para

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áreas operativas afines, para garantizar las mejores condiciones en precio, calidad y oportunidad que beneficien a la Administración Pública. 44 • Se transparentarán al interior de toda la administración los precios de compra de materiales y otros bienes como medida preventiva para identificar con prontitud cualquier desvío.

En este sentido se elaborarán fichas técnicas de bienes y artículos de uso generalizado para evitar despilfarros y gastos superfluos.

• Solo se autorizarán, por año, dos viajes al extranjero por Dependencia.

Se exceptuarán de esta medida, el servicio exterior y aquellas áreas que por sus atribuciones requieran tener presencia en foros y organismos internacionales. En esos casos no habrá derroche ni promoción del turismo político.

Criterios para eliminar estructuras completas

El crecimiento de las estructuras orgánicas en las tres últimas administraciones ha provocado un aumento excesivo del gasto corriente. Más que beneficios, la sociedad

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ha resentido la creciente la carga burocrática.

Actualmente existe un desequilibrio acumulado entre las áreas operativas y las administrativas que agrava la ineficiencia de los procesos de gestión pública. Esto ha generado la formación de estructuras rígidas, agigantadas e inoperantes; excesivos tramos de control, oficinas paralelas, duplicidad de funciones y una escasa coordinación entre las áreas que intervienen en los procesos tanto operativos como administrativos.

Para acabar con esas

deficiencias se establecerán mecanismos de revisión periódica de las estructuras orgánicas en todo el Gobierno Federal, se promoverá el mejoramiento continuo en la organización y su funcionamiento, para dotarlas de capacidad de cambio para enfrentar las necesidades de transformación, modificando estructuras deficientes por estructuras planas y organizadas en torno a procesos sustantivos. 45 Se utilizarán los siguientes criterios de reorganización: Eliminar el desequilibrio entre áreas operativas y

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administrativas que magnifica la ineficacia de los procesos de la gestión pública, la duplicidad de funciones, los cuellos de botella en el flujo de información y la intervención de múltiples unidades administrativas en tareas que no las requieren y que generan desperdicio de recursos e inseguridad jurídica. Cancelaremos procesos administrativos paralelos y con ello el encarecimiento del costo de operación. Asimismo, se eliminarán los puestos de Secretario Particular para las Direcciones Generales, solamente los Secretarios y Subsecretarios contarán con este apoyo. Los puestos de

Secretario Privado se cancelarán; ninguna Unidad Administrativa podrá disponer de recursos para crear o mantener este tipo de plazas. El cuerpo de asesores también será disminuido a un máximo de 5 por Secretaría. Se cancelarán todas las Direcciones Generales Adjuntas El personal de apoyo será el mínimo indispensable para el desempeño del cargo de Secretario. No habrá dispendios en la creación o mantenimiento de este tipo de plazas. Se redimensionarán las áreas administrativas con la finalidad de convertirlas en eficientes y de apoyo para las

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áreas sustantivas; la proporción de ésta no podrá ser mayor al 20% del total de la estructura orgánica.

Se participará en el gobierno por convicción y en defensa de principios y nadie podrá hacer de su cargo un medio de enriquecimiento.

Como parte de la nueva cultura de la administración, en el primer año de gobierno se reducirán en un 50% las percepciones de los altos funcionarios.

46 Se reaprovecharán y redistribuirán los bienes y artículos excedentes

que se encuentren en almacenes para evitar nuevas adquisiciones.

Se establecerán mecanismos para mantener inventarios racionales que garanticen la operación de las áreas.

Se redimensionarán los almacenes con el fin de obtener ahorros en mantenimiento y arrendamientos de inmuebles.

La asignación de vehículos será estrictamente los que se requieran para el cumplimiento de programas y metas y no se adquirirán vehículos nuevos para funcionarios.

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Se tendrá control estricto en la contratación y asignación del servicio telefónico, así como en el de fotocopiado y en el de suministro de combustible.

Resistencias a enfrentar por este programa

Las resistencias que este programa enfrentará están en la alta burocracia que durante décadas ha hecho del ejercicio público un campo propio de alta discrecionalidad, dispendio y malos controles administrativos. Sin embargo, para los ciudadanos comunes y corrientes que no dejan de observar la obesidad

del gobierno y sus gastos excesivos, este programa estará más justificado y nos proponemos lograr su apoyo para poderlo aplicar a cabalidad.

Nuestro Proyecto Alternativo de Nación tiene como valor fundamental la austeridad en el uso y destino de los recursos federales, la eficaz administración del erario público, con un eficiente y mínimo aparato de gobierno, que permita destinar mayores recursos al gasto social y de inversión, para elevar la calidad de vida de los mexicanos, utilizar mejor nuestros recursos primarios y secundarios, fortalecer la industrialización del

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país, hacer más competitivas a las empresas privadas y propiciar mejores servicios; todo ello en beneficio de la sociedad y de nuestra Nación. 47 II Estabilidad Macroeconómica

1.- ¿Cuál es el objetivo máximo de inflación que usted aceptaría?

Al Poder Ejecutivo no le corresponde definir este objetivo, pues el mismo es responsabilidad del Banco de México y el Banco tiene autonomía para cumplir con su mandato de mantener la inflación

bajo control. A continuación los artículos más importantes de la Ley Orgánica del Banco de México:

Capítulo I

De la naturaleza, las finalidades y las funciones

"ARTICULO 1o.- El banco central será persona de derecho público con carácter autónomo y se denominará Banco de México. En el ejercicio de sus funciones y en su administración se regirá por las disposiciones de esta Ley, reglamentaria de los párrafos sexto y séptimo del artículo 28 de la Constitución

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Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ARTICULO 2o.- El Banco de México tendrá por finalidad proveer a la economía del país de moneda nacional. En la consecución de esta finalidad tendrá como objetivo prioritario procurar la estabilidad del poder adquisitivo de dicha moneda. Serán también finalidades del Banco promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos".

Obviamente, el comportamiento del Banco de México, deberá

apegarse estrictamente al manejo técnico de la política monetaria. Es decir, la autonomía no implica, de ninguna manera, manipular estos instrumentos en beneficio de grupos de intereses creados y en detrimento del desarrollo nacional.

2.- Algunos economistas piensan que es posible y deseable alcanzar una inflación similar a la de nuestros socios comerciales -Estados Unidos y Canadá-. Sin embargo, otros piensan que sería deseable tolerar una inflación superior al 4%

48

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con tal de lograr un mayor crecimiento. Si ésta fuera la disyuntiva, ¿cuál de las dos posiciones sería más aceptable para usted?

De nuevo, esto corresponde definirlo al Banco de México. Sin embargo, es deseable buscar el equilibrio entre la inflación y el crecimiento.

3.- Para usted, ¿qué importancia tiene la disciplina fiscal? ¿cuál es el máximo déficit público, medido como porcentaje del PIB, que usted aceptaría anualmente durante el próximo sexenio?

Para nosotros es de gran importancia mantener la

disciplina fiscal, para así evitar zozobras y endeudamiento fuera de control. Este objetivo implica que el déficit fiscal del sector público tenga que ubicarse dentro de rangos manejables, de acuerdo con la capacidad de crecimiento de la economía y su capacidad de financiamiento.

Después de los lamentables errores de conducción en el Banco de México que vulneraron la política monetaria y cambiaria en 1993-94, por cierto, apenas poco después de aprobada por el Congreso su nueva ley orgánica,

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quedó una gran lección tanto para el Banco como para el Gobierno Federal.

Esta lección es que la mejor garantía para una política monetaria sana es no permitir que intereses individuales o de grupos influyan en las instituciones encargadas de velar por la estabilidad, en especial cuando el mandato de la ley y los intereses nacionales son suficientemente claros.

Nuestra propuesta

Nuestra propuesta es coadyuvar de manera armoniosa con la continua modernización operativa de la política monetaria para facilitar la incorporación

de metas de control de la inflación así como de mantenimiento del crecimiento económico sustentable, como lo tiene la política monetaria de nuestro principal socio, los Estados Unidos, plasmada en el mandato de la Reserva Federal. 49 Equilibrios macroeconómicos

Nos proponemos mantener los equilibrios macroeconómicos y para ello tener un manejo responsable de la política fiscal y del déficit público con una visión no sólo de corto plazo, sino de mediano plazo. Esto nos permitirá

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visualizar oportunamente tanto los riesgos como las oportunidades y consecuentemente las políticas que deben adoptarse en el corto plazo para asegurar el cumplimiento de metas en el tiempo.

La definición estrecha de la estabilidad macroeconómica

México ha seguido desde principios de los 80's una definición estrecha del concepto de estabilidad macroeconómica. Por ésta se ha entendido la obtención de una baja tasa de inflación y un bajo déficit fiscal. Éste último se ha sujetado, incluso, a una meta de

menos de medio punto del PIB, mucho más baja que el de otros países emergentes y de la mayoría de los países avanzados.

El marco anterior se basa en la noción de que el logro de baja inflación y bajo déficit traerá en sí mismo la reanudación de la inversión privada y eventualmente el crecimiento y el empleo.

Sin embargo, la evidencia ha mostrado que ni el crecimiento sostenible ni mucho menos el empleo se han materializado a pesar de haber puesto en ejecución cuatro grandes programas de estabilización (1983, 1985-86, 1988 y 1995) y

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otro más basado en medidas restrictivas del crecimiento de la demanda en 2001. Más bien la evidencia sugiere que cuando hemos abusado de las políticas restrictivas creamos tales distorsiones (como tasas de interés demasiado altas y sobrevaluación cambiaria) que a la larga han acabado en crisis peores que las que inicialmente se intentaban remontar con el agravante de aumentar los problemas de la economía a futuro -de ahí el aumento vertiginoso de la deuda pública en tres

décadas caracterizadas por numerosos intentos de estabilización-.

Así, el crecimiento promedio del PIB por habitante resultó ser cero entre 1983 y 2003. Hubo crisis a partir de políticas de estabilización en 1985-86, 1988 y 1994 con grandes devaluaciones y una secuela

50 de mayor endeudamiento público, incluido el Fobaproa, el rescate carretero, las pérdidas de la banca de desarrollo y muchos otros problemas fiscales. En el periodo 2001-2003 el

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estancamiento de la economía se reflejó en un crecimiento anual de sólo el 0.7% en el PIB.

En contra de las mejores prácticas de manejo macroeconómico, el gobierno ha mantenido el costo de estos quebrantos fiscales fuera de la contabilidad presupuestal. Por esa razón, la medición oficial del déficit fiscal está muy por debajo de la cifra real. Ello explica que haya introducido el concepto de "Requerimientos Financieros del Sector Público" (RFSP) como la magnitud que cada año requiere el sector público para cubrir

sus operaciones, que asciende a casi 3% del PIB.

México tiene entonces dos contabilidades fiscales; una que representa el déficit fiscal que llega a menos de medio punto del PIB pero que a estas alturas es una ficción; y la otra que representa los RFSP. En cualquier país del mundo estas dos categorías se igualan, pues el déficit es exactamente lo que el sector público debe financiar en el mercado. Sin embargo, en México, los dos últimos gobiernos han tolerado esta anomalía, misma que es nuestro propósito corregir, haciendo transparente

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todas las deudas que no están incluidas en el monto oficial, y cuyo servicio no está incluido en las cifras presupuestales.

Por otra parte, el actual modelo económico ha privilegiado la búsqueda de la estabilidad, pero al hacerlo no ha podido mantener el crecimiento. Esto es porque al querer reducir sus RFSP en el corto plazo, generalmente causa que la demanda agregada se debilite, pues ello causa una reducción de las utilidades del sector privado.

Las empresas deben entonces obtener más

créditos para suplir sus menores recursos y mantener así sus programas de inversión, pero eventualmente se desaniman ante la caída del mercado sin visos de mejoría y ante el aumento en el costo del crédito. El modelo actual no ha prestado suficiente atención a los efectos negativos que tienen sus políticas estabilizadoras sobre el sector privado y de ahí la falta de dinamismo de la inversión y del crecimiento. 51 Nuestra propuesta de estabilidad

En nuestra propuesta es esencial controlar la

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inflación y tener bajo déficit, pero también mantener el crecimiento y no generar desaliento o pesimismo en el sector privado con la aplicación de políticas de estabilización. Para ello debemos ser mucho más cuidadosos con la aplicación de la política fiscal como instrumento de ajuste. En particular, procuraremos que cualquier reducción del déficit fiscal se haga preferentemente con reducción de gasto corriente y no de la inversión pública, mucho menos por periodos tan prologados como los que ha sufrido ésta en los últimos veinte años.

Al reducir el gasto

burocrático, como nos lo proponemos y, al mismo tiempo, aumentar el gasto social y de inversión, la nueva asignación de recursos mejorará significativamente los fundamentos económicos. Ello dará impulso tangible y mejorará las expectativas.

La reasignación del gasto también encierra una mejora en la calidad del crecimiento, pues se reducirá el costo de la administración. Con la reasignación se cancelarán gastos que no resultan ni en mayores bienes físicos ni en mayor bienestar social y aumentarán otros que

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generarán producción de bienes y bienestar social. El aumento del gasto social mejorará la cohesión social y el bienestar familiar.

La política económica mantendrá entonces los equilibrios macroeconómicos y afianzará el sustento del crecimiento en el mediano y largo plazos. Eso hará a México de nuevo un lugar atractivo para invertir tanto para el mercado interno como para el mercado de exportación.

4.- ¿Qué acciones realizaría para pagar la deuda correspondiente al sistema de pensiones,

PIDIREGAS y FOBAPROA?

A ) Promoveremos un acuerdo con todas las partes interesadas para asegurarnos que la deuda de pensiones esté solventada y garantizaremos su cumplimiento, al mismo tiempo que impulsaremos un nuevo consenso para lograr una reforma sustentable en el tiempo. 52 Hace falta fortalecer el sistema de seguridad social. Pero debemos hacerlo con respeto a las relaciones que establece el Contrato Colectivo de Trabajo, con criterios de equidad y en común acuerdo con los sindicatos y con

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los representantes empresariales. El asunto estriba, como en otros casos, en la orientación que debe darse a la reforma a la seguridad social. Por ejemplo, en 1995, los cambios en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sólo significaron la implantación de un sistema costoso de administración privada de las pensiones, con poco rendimiento y beneficio para los trabajadores. Baste decir que las actuales Afores-Siefores se quedan, por concepto de comisión, hasta con el 20 por ciento del rendimiento bruto de las aportaciones de los trabajadores.

Es cierto que, ante los cambios en la pirámide de edades de la población y la reducción en las cuotas obrero-patronales, por la falta de crecimiento económico y empleo, deben revisarse las reglas para obtener la jubilación y evitar una crisis financiera que limite la posibilidad, en el futuro, de garantizar este derecho. Pero la reforma que se necesita debe cumplir, cuando menos, los siguientes criterios: a) El monto de la pensión debe ser suficiente para un retiro digno.

b) Deben revisarse las pensiones de privilegio que, con poco tiempo de trabajo,

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obtuvieron para sí altos funcionarios públicos, empezando por suprimir las pensiones millonarias de los ex presidentes de México.

c) Deben definirse, puntualmente, las aportaciones de trabajadores, empresarios y gobierno y llegar a un acuerdo sobre la edad de la jubilación, sin afectar los derechos adquiridos y proyectando estos cambios hacia delante.

d) Es necesario redimensionar las estructuras burocrático administrativas del IMSS y del Instituto del Seguro Social al 53

Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y aplicar un programa de austeridad republicana y de combate a la corrupción, sobre todo, en lo relacionado con la compra de medicamentos y otros insumos médicos.

e) Es preciso analizar el funcionamiento y el costo de administración de las actuales Afores-Siefores. Particularmente, debe evitarse la especulación financiera y asegurar, con garantías efectivas y ante cualquier f) circunstancia, el futuro de los fondos de

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jubilación y su aplicación para el desarrollo del país.

Debe ser prioritario mejorar, sustancialmente, la calidad de los servicios médicos y el abasto de medicamentos e insumos, tanto en las clínicas del IMSS como en las del ISSSTE. g) Y reitero, ninguna reforma al sistema de seguridad social podría realizarse sin la participación y el acuerdo entre trabajadores, empresarios y gobierno.

B) En cuanto a la deuda de Fobaproa, proponemos las siguientes

medidas:

a) Creación de la Comisión de la Verdad sobre el Rescate Bancario.

b) Examinar qué adeudos son posibles de revertir a los deudores o los bancos, dentro del marco de la ley, y qué responsabilidades se pueden fincar, si existen elementos y si procede legalmente.

c) Auditar al IPAB para examinar las subastas de bienes bajo su administración. 54 d) Una vez consolidada la deuda con el resto de la deuda nacional, procurar los

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mejores términos en su refinanciamiento, en plazos y tasas de interés.

Empezaremos por transparentar el monto real de la deuda haciendo a un lado la doble contabilidad; oficialmente sólo se reconocen 150 mil millones de dólares cuando, en realidad, la deuda asciende a 273 mil millones de dólares. Además, la simulación implica pagar intereses más altos.

Al primer trimestre del 2005, la deuda neta del sector público ascendió a 3 billones 260 mil 322 millones de pesos o 43.3% del PIB, de acuerdo con el

informe sobre la Situación de las Finanzas Públicas, de la Secretaría de Hacienda y Crédito público.

La deuda neta total se ha incrementado durante la presente administración en 940 mil 641 millones de pesos. En el año 2000 cada mexicano debía al nacer 23 mil 058 pesos y para el primer trimestre del 2005 cada mexicano debe 30 mil 312 pesos. La deuda per cápita de los mexicanos se ha incrementado en 7 mil 254 pesos en lo que va de esta administración.

La Constitución Política de los Estados Unidos

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Mexicanos, en su articulo 73 fracción VIII, establece como una facultad exclusiva del Congreso sentar las bases sobre las cuales el Ejecutivo Federal puede celebrar empréstitos sobre el crédito de la Nación.

El mismo ordenamiento establece que es el Congreso de la Unión el único Poder facultado para aprobar la deuda pública, para reconocerla y por lo tanto para mandarla pagar.

Para regular la aplicación de este mandato constitucional, el 31 de diciembre de 1976 se publicó la Ley General de Deuda Pública. Entre otros señalamientos queda

claramente definido el papel que jugarán el Congreso y el Ejecutivo Federal en materia de deuda pública.

Sin embargo, el 21 de diciembre de 1995 se hicieron enmiendas a la Ley General de Deuda Pública estableciendo un nuevo concepto denominado "deuda contingente" o "pasivos indirectos". Ésta sutil,

55 pero significativa modificación, tiene por resultado que el Ejecutivo Federal salve el requisito de la aprobación del Congreso para varias categorías de endeudamiento.

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Bajo la modalidad de los "pasivos contingentes" se han llevado a cabo operaciones de endeudamiento de la economía sin apego riguroso al espíritu del mandato constitucional.

Infortunadamente, la mayor parte de este endeudamiento fue incurrido con el objeto de rescatar empresas fallidas, es decir proyectos de capital de riesgo asumido en principio por inversionistas privados. En última instancia, sin embargo, estos inversionistas recurrieron al apoyo del gobierno para compensar pérdidas de sus

empresas y evitar la bancarrota. El gobierno ejecutó así el rescate de los bancos comerciales y las empresas concesionarias de carreteras. La deuda contingente también incluye la cartera vencida de la banca de desarrollo que también representa créditos a empresas y la deuda incurrida por el sector energético para financiar proyectos de inversión.

Estos últimos empréstitos han sido bajo la forma de Proyectos de Inversión con Impacto Diferido en el Registro del Gasto Público (Pidiregas).

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La aplicación de la categoría de deuda "contingente" ha facilitado así la acumulación con cargo a la Nación de deudas de múltiples orígenes y tipos de manera poco cuidadosa, cuando en realidad dicha deuda encierra graves conflictos. Éstos pueden ser de orden moral, por ejemplo la socialización de las pérdidas y la privatización de las ganancias en el caso de los bancos que luego de ser rescatados fueron vendidos a extranjeros a precios más altos que lo que costaron a sus accionistas. Los conflictos también

pueden ser de orden técnico, es decir pagar más en intereses por una deuda que al final de cuentas es deuda pública y que sin embargo representa una carga en intereses superior a las carga de la deuda soberana.

La deuda "contingente" ha adquirido tal peso en los pasivos de la Nación que no es concebible que se clasifique aparte de las obligaciones soberanas cuando ésta clasificación entraña mayores costos en intereses. Es entonces imprescindible desentrañar las

56 razones por las cuales

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no ha estado consolidada hasta ahora y explicarlo así a la opinión pública y al Congreso. Asimismo, debe consolidarse con el resto de la deuda pública para procurar un ahorro en el costo de los intereses.

De la deuda pública total al cierre de marzo de 2005 por 3 billones 260 mil 322 millones de pesos, el 47% son (1 billón 536 mil 236 millones de pesos) son "pasivos contingentes", mismos que no han contado con la aprobación explícita del Congreso.

La deuda interna presupuestaria, es

decir la deuda directa "oficialmente reconocida", según la Secretaría de Hacienda, es de 942 mil 185.3 millones de pesos. La deuda interna no presupuestaria o "contingente" (Rescate Carretero, IPAB, Pidiregas y Banca de Desarrollo) ascendió a 1 billón 724 mil 086 millones de pesos.

En el caso de la deuda contingente interna, destacan los pasivos del IPAB que ascendieron a 675 mil 733.4 millones de pesos y los derivados del rescate carretero (FARAC—Fideicomiso de Apoyo al

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Rescate Carretero), que ascendieron a 157 mil 892 millones de pesos.

La deuda externa "contingente" fue de 451 mil 714.2 millones de pesos en adición a la deuda externa presupuestaria de 781 mil 900.8 millones de pesos. En esta categoría destacan los pasivos externos derivados de los Pidiregas, por 392 mil 897 millones de pesos. Puede apreciarse la magnitud de estos pasivos, es decir el 50% de la deuda externa presupuestal.

Así, de los 30 mil 312 pesos que cada

mexicano adeudaba en marzo; 6 mil 353.5 pesos son por concepto del rescate bancario, 4 mil 107.6 pesos por Pidiregas, mil 748.6 pesos por el quebranto de la banca de desarrollo, mil 491 por el rescate carretero y 354.1 pesos por los programas de apoyo a deudores que forman parte del paquete del rescate bancario, pero que siempre se han clasificado como una partida aparte.

En suma, de los 30 mil 312 pesos que cada mexicano debe, 16 mil 656.6 pesos son deuda presupuestal contraída directamente previa aprobación del Congreso, y 14 mil 455.4

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son deuda contingente.

57 Cada mexicano debe 18 mil 925.7 pesos de obligaciones internas y 11 mil 386.3 pesos de obligaciones externas. Como se ilustra en el Cuadro I abajo DEUDA NETA TOTAL DEL SECTOR PUBLICO: INTERNA Y EXTERNA (Millones de Pesos) % DEL PIB 2002

2,741,508.9

1,773,141.1 759,514.8 1,013,626.3 111,585.8 139,948.4 709,336.0 0.0

52,756.1 968,367.8 662,101.2 306,266.6 63,976.5 242,290.1 2003

3,066,873.0

1,931,035.3 856,730.0 1,074,305.3 131,049.8 141,219.5 721,769.3 28,036.6 52,230.1 1,135,837.7 752,093.1 383,744.6 63,478.2 320,266.4 2004

3,182,762.8

1,987,196.9

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939,274.9 1,047,922.0 111,912.7 156,618.1 667,116.1 75,098.0 37,177.1 1,195,565.9 767,669.2 427,896.7 71,692.5 356,204.2 2005-Marzo

3,260,322.6

2,026,707.6 942,185.3 1,084,522.3 114,654.0 157,892.0 675,733.4 96,878.0 39,364.9 1,233,615.0 781,900.8 451,714.2 58,817.2

392,897.0 2000

42.20

27.57 10.20 17.38 2.68 1.87 11.80 0.00 1.03 14.63 10.86 3.77 1.01 2.76 2004

43.30

29.28 12.99 16.29 1.99 2.14 10.94

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0.43 0.79 17.22 11.40 5.82 0.96 4.86 Per Capita 2000

23,058.4

15,066.7 5,572.3 9,494.4 1,466.6 1,020.7 6,447.0 0.0 560.1 7,991.6 5,933.9 2,057.7 551.3 1,506.4 2004

30,312.0

18,925.7 8,945.5 9,980.2 1,065.8 1,491.6 6,353.5 715.2 354.1 11,386.3 7,311.1 4,075.2 682.8 3,392.4 Estruc. Porcent. 2000

100.0

65.3 24.2 41.2 6.4 4.4 28.0 0.0 2.4 34.7

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25.7 8.9 2.4 6.5 2004

100.0

62.4 29.5 32.9 3.5 4.9 21.0 2.4 1.2 37.6 24.1 13.4 2.3 11.2 2000 2001 Deuda Neta Total

Interna Presupuestaria No Presupuestaria

Bca de Desarrollo FARAC IPAB PIDIREGAS Apoyo a Deudores Externos Presupuestaria No Presupuestaria Bca de Desarrollo PIDIREGAS Partida Informativa

Deuda Neta Total Presupuestaria No Presupuestaria o Contingente 2,319,671.0 2,421,599.3

1,515,713.4 1,636,528.0 560,573.5 955,139.9 147,538.5 102,682.9 648,569.8 0.0 56,348.7

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803,957.6 596,950.7 207,006.9 55,458.9 151,548.0 652,382.0 984,146.0 117,454.7 111,046.8 697,697.0 0.0 57,947.5 785,071.3 570,277.7 214,793.6 56,322.8 158,470.8 2,319,671.0 2,421,599.3 1,157,524.2 1,222,659.7 1,162,146.8 1,198,939.6 2,741,508.9 1,421,616.0 1,319,892.9 3,066,873.0 1,608,823.1

1,458,049.9 3,182,762.8 1,706,944.1 1,475,818.7 3,260,322.6 1,724,086.1 1,536,236.5 42.20 21.06 21.14 46.50 24.39 22.11 23,058.4 11,506.2 11,552.2 30,312.0 16,256.6 14,055.4 100.0 49.9 50.1 100.0 53.6 46.4 Así, el nuevo

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gobierno heredará una deuda total de aproximadamente 3 billones 600 mil millones de pesos. Sus programas de desarrollo y gasto de inversión serán altamente vulnerables al comportamiento de las tasas de interés nacionales e internacionales, dada la fuerte presión que una deuda tan grande ejerce sobre las finanzas públicas.

La necesidad de transparentar la deuda

Es necesario

transparentar, el monto, el origen, la estructura y la composición de la deuda contingente como requisito indispensable para reconstituir la confianza pública y para conocer y enfrentar la verdadera carga fiscal de su servicio.

En la actual definición de las autoridades sobre el balance fiscal tal y como se muestra en los Criterios Generales de Política Económica cada año, dicho balance es la diferencia entre el Ingreso Presupuestal y el Gasto Presupuestal. Como parte de este último

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están los intereses de la deuda presupuestal, pero no los de la deuda no presupuestal o contingente. 58 Por ello, la Secretaria de Hacienda desde el año 2000, utilizó el término Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), para incluir el cálculo de los costos del servicio de toda la deuda, incluyendo la contingente, pero distinguiendo la suma resultante de la del déficit fiscal presupuestal. En realidad en cualquier otro país del mundo los RFSP siempre se igualan con la suma del déficit fiscal.

Así, en el año 2000, el balance fiscal proyectado en el Presupuesto de Egresos fue de 77 mil 400 millones de pesos, pero los RFSP fueron de 264 mil millones de pesos. Al no estar esta suma explícita en el Presupuesto, no hay ninguna claridad sobre el origen de los recursos que financian estos costos. Es un hecho, sin embargo, que dichos recursos no pueden más que provenir de las contribuciones de los mexicanos, pero éstos no saben cómo ni en dónde se han aplicado.

Cuadro II INDICADORES DE FINANZAS PÚBLICAS (PEF 2005- Millones de

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pesos de 2005) 2000 MP

-77.40

-264.00 2004 MP

-20.80

-237.00 2005 MP

-11.10

-177.60 Balance Económico

RFSP (-) = Déficit % PIB

-1.10

-3.70

% PIB

-0.30

-3.10 % PIB

-0.10

-2.20 La Carga Fiscal de la Deuda:

De acuerdo con los últimos Presupuestos de Egresos de la Federación el costo financiero de la deuda representa 3.0% del gasto neto total e incluye los intereses que genera la deuda interna y externa presupuestal, incluidos los Organismos y Empresas del Estado (principalmente

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Pemex). Desde el rescate bancario, el Presupuesto incluye el componente real de los intereses de la deuda causada por el rescate bancario y los pagos de Pidiregas. Se excluyen del Presupuesto, sin embargo, los costos del servicio de la deuda por el Rescate Carretero, y por la Banca de Desarrollo. 59 Cuadro III INDICADORES DE FINANZAS PÚBLICAS (PEF 2005- Millones de pesos de 2005) 2000 MP

1,626.2

263.9

16.23 2004 MP

1,826.4

217.4

11.90 % PIB

22.5

3.7

n.a. 2005 MP

1,744.4

227.6

13.05 Gasto Neto Total

Costo Financiero de la

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Deuda

(%) % PIB

23.9

2.8

n.a. % PIB

22.0

2.9

n.a. La carga fiscal de la deuda pública ha obligado a las finanzas gubernamentales a sacrificar gasto en inversión productiva para hacer frente al servicio de la deuda.

Cuadro IV

INDICADORES DE FINANZAS PUBLICAS (PEF-Miles de Millones de pesos de 2005 2004 MP

1,826.4

1,318.2

182.8

217.3

31.7 5.7 8.1 18.0

146.6 88.3 58.3

39.1 25.6 13.5 2005

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MP

1,744.4

1,238.2

135.3

227.6

31.8 3.9 6.9 21.0

158.1 96.9 61.2

37.8 28.0 9.8 Gasto Neto Total

Gasto Programable

Inversión Fisica Presupuestaria

Costo Financiero de la Deuda

Organismos y Empresas internos externos PIDIREGAS

Gobierno Federal internos externos

Rescate Bancario IPAB Apoyo a deudores % PIB

23.9

17.2

2.1

2.9

0.4 0.1

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0.1 0.2

2.0 1.2 0.8

0.5 0.3 0.2 % PIB

22.0

15.6

1.9

2.9

0.4 0.0 0.1 0.3

2.0 1.2 0.8

0.5 0.4 0.1 La deuda Contingente:

Una deuda contingente es en todo momento un pasivo que está sujeto a la ocurrencia de un suceso eventual, por lo cual su cumplimiento es incierto. 60 En virtud de su indeterminación, los pasivos de esa naturaleza no se contabilizan propiamente como deuda, aunque siempre se debe informar sobre ellos en las cuentas de orden de un balance general o en notas a los estados financieros.

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Esta deuda, como ya lo señalamos arriba, esta conformada principalmente por:

1.- Pidiregas;

2.- Obligaciones del Rescate Carretero (FARAC)

3.- Deuda incurrida en el rescate bancario (FOBAPROA-IPAB);

4.- Pasivos de la Banca de Desarrollo y

5.- Programa de Apoyo a Deudores, que fue una variante del rescate bancario, ofreciendo apoyo directo a deudores a condición de que cumplieran sus obligaciones con la banca, de tal manera

que este concepto podría incluirse como parte del cuadro II.

Con frecuencia se menciona a la deuda de los sistemas estatales de pensiones como deuda contingente. Esto es correcto, pero no así que su monto se estime únicamente a partir de las obligaciones proyectadas a futuro, sin calcular también el flujo de ingresos de contribuciones, el cual requeriría de una proyección del empleo.

La operación de transparentar la deuda y tratar de reducir el costo de su servicio

Como principio, en el

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Proyecto Alternativo nos proponemos transparentar la deuda contingente, sumarla a la deuda presupuestal y luego proceder a examinar formas para reducir su costo, ya sea alargando los plazos de vencimiento, reemplazando deuda en pesos por deuda en dólares o refinanciándola mediante otros pasivos.

Para transparentarla cada tramo de deuda debe tratarse por separado, pues el origen de estas obligaciones es distinto según se trate de la deuda de Fobaproa-IPAB o de los otros conceptos de 61 pasivo. La operación

de transparentarla será compleja y deberá satisfacer las normas legales.

5.- ¿Por cuál régimen de tipo de cambio se inclina usted: por un tipo de cambio flotante, como el actual, o por un tipo de cambio fijo o semifijo, como el que tuvimos hasta mediados de la década pasada?

El régimen cambiario más conveniente para México es el tipo de cambio flexible que puede flotar y ajustarse a cambios en las condiciones internas y externas. Nuestra preferencia es un tipo de cambio que no sufra manipulación ni

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interferencia de ninguna autoridad y que pueda sostenerse con tasas de interés bajas, consistentes con el crecimiento de la economía.

En varias instancias la libre flotación puede ser impedida de funcionar como debe, por la interferencia del banco central, quien considera que debe evitar una depreciación para así poder cumplir con su meta de inflación. También impiden el funcionamiento normal de la libre flotación, lo que no es deseable, otras formas de interferencias más directas consistentes en la venta de dólares de las

reservas internacionales para fortalecer la moneda.

6.- ¿Considera usted que el nivel de tipo de cambio actual es el adecuado? ¿Por qué? si no lo es, ¿cómo lo movería?

La respuesta a esta pregunta la deben dar los mercados y los movimientos de las tasas de interés. En el largo plazo, el tipo de cambio adecuado es aquel que permita la competitividad de la economía y el crecimiento del empleo.

Ejemplo: si para mantener la inflación baja se fortalece la moneda mediante altas tasas de

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interés, a la larga este intento fracasa, ya que las altas tasas debilitan la actividad económica. Los especuladores se dan cuenta de esto y cuando concluyen que el estancamiento económico resta confianza en el futuro, deciden sacar sus capitales y causan una devaluación que era lo que en primera instancia se quería evitar. Es preferible, entonces, dejar que el peso flote con libertad 62 III Intervención del Gobierno en la Economía

1.- Para usted, ¿cuánto

debería representar la recaudación fiscal como proporción del PIB? En caso de ser mayor al 9 por ciento, ¿cuáles serían cinco medidas que adoptaría para lograrlo? Por favor especifique si usted se inclinaría por aumentar tasas de impuestos, eliminar regímenes especiales -como la tasa cero del IVA a alimentos y medicinas- o por crear nuevos impuestos.

La recaudación debería aumentar de su nivel actual de 11% del PIB, pues la evasión fiscal representa 50%; este grado de evasión debe reducirse progresivamente para que haya recursos suficientes para

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fomentar el desarrollo.

Las cinco medidas que adoptaríamos serían:

a) Impedir casos como el de la venta de Banamex que se realizó sin el pago de impuestos y con el otorgamiento de subsidios del Fobaproa, con un costo para el erario de 3 mil millones de dólares de impuestos no cobrados, más 5 mil millones de dólares de apoyo del Fobaproa que le costó a todos los contribuyentes.

b) Reducir la evasión, elevándola a la categoría de delito grave.

c) Simplificar el régimen fiscal para

empresas y para personas físicas. Sin aumentar las tasas de impuestos.

d) Facilitar el registro de contribuyentes al padrón.

e) Revisar a fondo los regímenes especiales para evitar el abuso de los mismos. 63 Aumentaremos los ingresos con mejores técnicas de cobro de impuestos y fiscalización, y no mediante el IVA en alimentos y medicinas.

Mejoraremos la recaudación fiscal. No aumentarán los impuestos en

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términos reales ni habrá nuevas contribuciones. No se cobrará el IVA en medicamentos y alimentos. Enfrentaremos la evasión fiscal que alcanza más del 50%.

El origen de este alto nivel de evasión reside en tres causas principales: 1. La creciente complejidad del sistema de registro y cumplimiento, mismo que rebasa la capacidad de la gran mayoría de los contribuyentes para comprenderlo y consecuentemente les aumenta sus costos de cumplimiento, lo que es un desincentivo para

registrarse y cumplir con sus obligaciones fiscales.

La ausencia de penas graves para los evasores y los numerosos recursos legales con los que cuentan para contrarrestar la acción de las autoridades.

La existencia de numerosos renglones en la ley y los códigos correspondientes que facilitan la elusión y la evasión con argumentos técnicos; en particular la existencia de numerosos regímenes especiales, los cuales además representan una gran distorsión.

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2. 3. No podemos concebir una buena administración hacendaria sin corregir estos defectos. De entrada sabemos que las tasas máximas de los impuestos son suficientemente altas, en particular para los pequeños contribuyentes cautivos de este sistema. Por lo mismo, no proponemos un incremento en la tasa máxima del ISR ni del IVA, pues es innecesario e incluso podría ser contraproducente y, en vez de aumentar, podría causar una reducción en la recaudación, en particular, con la economía informal tan

extendida, entre 30% y 40% del producto total. El aumento de tasas y el cobro de IVA sobre alimentos y medicinas crearía un incentivo para la evasión. 64 El agotamiento del actual sistema es más que evidente. El sistema parece ser como un coche antiguo, pesado y maltratado al que todo le falla sin que se puedan encontrar las piezas de repuesto. Intentar arreglar este vehículo sería como meterse en una tarea sin fin que al resultaría mucho más costosa que comprar un coche nuevo. Si el sistema captara 20% del PIB es claro que su

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fortalecimiento por la misma vía, que hasta ahora se ha seguido, representaría una alternativa viable. Este, sin embargo, no es el caso, pues la captación de ingresos tributarios ha fluctuado en el largo plazo entre 10.5% y 11% del PIB, cuando en contraste era 12.8% en 1980.

Parte del problema ha sido la creciente complejidad del sistema por la adición de numerosos regímenes especiales y exenciones o créditos fiscales. La recaudación federal en el último año (2004) fue de 770 mil millones. La Secretaría de Hacienda ha indicado que el

costo de las exenciones y regímenes especiales, incluyendo subsidios e incentivos asciende a 529 mil millones o el 6.7% del PIB para el ejercicio fiscal de 2005.

La misma Secretaría denomina esta suma con el término eufemístico "gasto fiscal", como si fuera un gasto necesario de incurrir al efectuar la recaudación. El problema con este análisis es que la suma del llamado "gasto" representa 69% de lo que se recauda. Así es como habría que entender el hecho de que en México pasamos tanto

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tiempo afinando leyes, códigos y misceláneas para que acabemos por no recaudar más de dos terceras partes del flujo potencial de impuestos según las reglas generales. Si hay algo que atestigua lo poco útil de este sistema es precisamente esta gran filtración, como la de una tubería que deja escapar dos terceras partes del agua que debería transportar.

Destacan por su importancia las exenciones correspondientes al Impuesto sobre la Renta de Empresas (ISRE) y al Impuesto al Valor Agregado (IVA), los cuales representan el 63.7% del total. En el

Impuesto sobre la Renta Empresarial sobresalen por su importancia relativa las deducciones autorizadas, así como la aplicación del crédito al salario, conceptos que en conjunto significan poco más de 86% de las exenciones por ISR, es decir 185 mil millones de pesos. 65 La aplicación de tratamientos especiales y las facilidades administrativas representan 29 mil millones de pesos.

El gasto fiscal de mayor importancia en el ISR es el relativo al régimen de transición que se otorgó con motivo

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de la sustitución de la deducción de compras por el costo de lo vendido. Este régimen de transición implica que se difiera una parte importante de los impuestos que se deberían pagar bajo la nueva ley. En efecto, de la acumulación de inventarios al 31 de diciembre de 2004, los contribuyentes ya habían hecho la deducción total desde el momento de su compra.

Los regímenes especiales de tributación con todas sus modalidades son alrededor de cuarenta en la ley y en los reglamentos

Esta maraña ha hecho toda la administración tributaria en extremo compleja, por lo cual estimula la evasión. Por ejemplo, el sub-sistema para la agricultura, ganadería, pesca o silvicultura redunda en una debilidad intrínseca del sistema jurídico de impuestos por el gran número de litigios sobre impuestos.

Desde luego que hay sectores de la economía que en su momento justificaron la creación de regímenes especiales, por lo cual cada uno de ellos deberá juzgarse en sus propios méritos. Pero aun así el número de ellos es

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excesivo para el manejo eficiente por cualquier sistema.

La distorsión es de tal tamaño que ha transformado a este sistema impositivo en un sistema redistributivo, sin que ninguna autoridad le haya dado ese papel y estando lejos de ser el mejor vehículo para ello. Más aun la redistribución ha dañado el poder adquisitivo de la clase media.

El régimen especial que asigna una tasa cero en IVA a alimentos y medicinas representa menos de una quinta parte del conjunto de estos regímenes. No obstante, fue en la eliminación de este

régimen en donde se centraron los dos intentos de reforma fiscal de la actual administración, lo que demuestra que dicha reforma ni siquiera habría atacado el problema de la recaudación de manera frontal y, peor aun, golpeaba a la clase media una vez más. 66 Ahora bien, el hecho de que estas exenciones y regímenes vengan acompañadas de todo tipo de argumentos técnicos bajo el tema de las necesarias facilidades a la inversión o el fomento hace que todo esto represente una

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pieza de ficción y poca seriedad, ya que, por el tamaño tan grande de las exenciones, sugiere que las reglas generales y posiblemente las tasas no están adecuadas a una realidad.

El aparato de vigilancia del Sistema de Administración Tributaria (SAT) aporta más evidencia sobre el agotamiento de este modelo. El SAT administra hoy 147 mil juicios contra contribuyentes, de los cuales pierde la mayoría de los juicios importantes por su monto. Sus 2,000 abogados, siendo tan numerosos y representando un gran

problema de administración en todos sentidos, no logran cubrir todos los ángulos delicados en los juicios más importantes. Por su parte, los contribuyentes disponen de abogados mucho más calificados y mejor pagados.

Establecer mayores controles mediante nuevos y frecuentes requerimientos para el registro de los contribuyentes y para asegurar que estén al corriente de sus pagos simplemente entorpece el pago de los mismos para los contribuyentes cumplidos y encarece el cobro para todo el sistema. Peor aun, encarece la

Page 133: Proyecto Alternativo De Nacion

administración de los contribuyentes. Éstos deben incurrir en gastos excesivos de aparatos contables, deben mantener líneas bancarias con acceso al internet como único medio de pago, y deben procurar numerosos documentos de comprobación que luego tienen que ser procesados con recursos humanos que serían mejor utilizados si se dedicaran a producir o a vender más.

Esto es la mejor receta para exasperar e irritar a los contribuyentes y desincentivar el cumplimiento. A los contribuyentes los hemos visto

como posibles delincuentes evasores y no como contribuyentes a quienes les debemos facilitar su pago. Por la misma razón el aparato recaudador ha perdido el respeto y el aprecio de los contribuyentes y ha dado lugar a una cultura de no pago de impuestos.

A esto último también ha contribuido el dispendio del gobierno ante los ojos de la gente. Los altos sueldos, las grandes oficinas, los viajes de los altos funcionarios reseñados por la prensa, el gasto de

67 publicidad y el lujo ostensible que los rodea

Page 134: Proyecto Alternativo De Nacion

crean un sentimiento de resistencia entre la gente por el no pago. El contribuyente con frecuencia se pregunta porqué pagar cuando él necesita el dinero para resolver problemas básicos de su hogar o de su empresa si el gobierno en cambio derrocha lo que recibe.

Nuestra propuesta es aumentar la recaudación mediante varias medidas, excluyendo como ya se mencionó, el aumento de las tasas o la creación de nuevos impuestos. Este aumento se basaría en:

a) Simplificación del régimen de cumplimiento y de la forma de

cálculo y pago.

b) Propuestas para hacer más clara la legislación en la materia, elevando a categoría de grave el delito de evasión.

c) Mejoras en la administración a partir de métodos de trabajo y organización mucho más lineales entre recaudación e ingreso de contribuyente, más sencillos y menos costosos.

d) Reconsideración rigurosa de todos los esquemas especiales, mismos que deberán justificarse de conformidad con las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo.

Page 135: Proyecto Alternativo De Nacion

Sobre la simplificación fiscal

Simplificaremos el pago de impuestos. En el impuesto sobre la renta bastará con la automanifestación de ingresos y el pago de la tasa correspondiente. Bajo protesta de decir verdad, de manera sencilla, los ciudadanos podrán pagar sus contribuciones en centros comerciales y bancos o por internet y la fiscalización se llevará a cabo por sorteo

Nuestra propuesta es recobrar los principios básicos de la tributación y basar en la simplificación el punto de

partida del nuevo sistema. Para ello necesitamos el voto de la gente que nos facilite las decisiones en el Congreso a favor del nuevo esquema que proponemos y su apoyo en el cumplimiento, para llevarlo a buen fin y así aumentar la recaudación. 68 Los principios de nuestra propuesta de impuestos

1.- Siguiendo el mandato constitucional, nos proponemos un esquema de impuestos que sea justo y equitativo en el que los individuos y las empresas contribuyan, en la medida de lo posible, en proporción a

Page 136: Proyecto Alternativo De Nacion

los ingresos que reciben.

2.- Queremos un sistema que dé certidumbre; que el contribuyente tenga muy claro lo que tiene que pagar sabiendo que este monto no es arbitrario. El momento del pago, el monto del pago y la manera del mismo serán absolutamente claros tanto para el contribuyente como para otras personas, y esto evitará que sea víctima de notificadores o inspectores. La incertidumbre sólo estimula la corrupción.

3.- Las contribuciones serán pagadas en el nuevo sistema de la manera y en el momento que sea menos inconveniente para el

contribuyente, es decir, cuando éste recibe su ingreso o cuando tiene mejor disposición para el pago de obligaciones, con periodicidad regular.

4.- El nuevo sistema debe ser en tal medida rediseñado que no resulte en una gran diferencia entre lo que la gente contribuye y lo que verdaderamente ingresa al erario público. Debe evitar que los salarios de los funcionarios consuman más que una parte muy pequeña de las contribuciones pagadas. No debe destruir o dañar la capacidad económica de las empresas para realizar nuevos proyectos. El sistema y sus códigos no deben

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crear la tentación de evadir para luego castigar; el castigo debe ser severo, pero sobre la base de que el sistema sea justo y claro. Finalmente, el sistema no debe prestarse a continuas y odiosas presiones de la autoridad sobre los contribuyentes, sea a través de visitas de inspectores o a través de notificaciones enviadas requiriendo comprobaciones. No debe imponer en los contribuyentes cargas mayores que el beneficio que se refleja en su recaudación adicional.

Consideramos que parte de la herencia de un estado autoritario ha sido el actual sistema,

pues es injusto al descansar en exceso en los contribuyentes cautivos y los asalariados. En cambio, lo evaden los

69 que tienen recursos para pagar abogados y los que escapan a la opresión de una administración anquilosada refugiándose en la economía informal.

Nuestra propuesta de simplificación

Propondremos en su momento formatos simples para los individuos y para las empresas, pues debemos distinguir que el

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ingreso gravable de éstas es más complejo de definir, al incurrir en gastos para mantener sus operaciones que varían mucho de empresa a empresa y entre sectores económicos.

Para fortalecer la simplificación en el pago de los impuestos proponemos revisar a fondo con vistas a su posible eliminación todos los regimenes especiales del impuesto sobre la renta. En un esquema general nuevo, se tomará como base el ingreso gravable de las personas físicas y morales y a éste se aplicará una tasa progresiva de 3

escalones. Se fortalecerá la cultura de pago por la vía de la simplificación y de la solidaridad ciudadana.

Con el nuevo sistema los contribuyentes ya no tendrán que preocuparse en hacer gastos deducibles con el único fin de reducir el ingreso gravable, sabiendo que el concepto de ingreso será amplio y las tasas serán justas y a favor y no en detrimento de la actividad económica. Esto les permitirá mayor libertad y flexibilidad para sus negocios y a la larga permitirá una mayor tasa de reinversión en sus propios negocios.

Este esquema obliga a la

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promulgación de una nueva ley así como a la abrogación de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y de toda la legislación reglamentaria expedida al amparo de esta última.

La simplificación comenzará con formatos inteligentes, fáciles de entender para el contribuyente y sencillos en su llenado, en donde, bajo protesta de decir verdad, el contribuyente asiente sus datos más relevantes, su ingreso bruto, su flujo de efectivo y el monto a pagar. Dicho formato podrá ser llenado y pagado en múltiples medios, ya sea vía electrónica o bien en centros de pago como tiendas de

autoservicios, bancos, establecimientos comerciales y oficinas recaudadoras.

70 Para aquellos contribuyentes que informen sobre ingresos menores a los que realmente obtuvieron, las penas por simulación se harían más graves con los cambios legales que proponemos. La selección de las personas a ser y empresas auditadas se hará por sorteo, lo que al mismo tiempo combatirá la incertidumbre de los contribuyentes.

Para que todos los

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ciudadanos y empresas que tienen ingreso, incluyendo los que están en la economía informal, se incorporen al sistema, el sorteo incluirá a todo el universo, estén o no registrados como contribuyentes. Automáticamente se descartarán aquéllos que habiendo resultado sorteados, tengan ingresos bajos y se procederá a auditar al resto.

En los procesos de revisión y de fortalecimiento del sistema, se tomarán en cuenta tanto las declaraciones presentadas en ejercicios anteriores por aquéllos que sean causantes registrados, así como los

cambios en ingresos y flujos de efectivo observables en cuentas de cheques, inversiones u otros indicadores relevantes para los que no estén registrados.

Requisitos para el éxito de la simplificación

Estamos conscientes que un cambio de esta envergadura conlleva el riesgo de que por su sencillez los contribuyentes lo confundan con un sistema laxo y por lo tanto se vean tentados a no informar el flujo completo de sus ingresos. Sin embargo, las ventajas de un sistema así de sencillo serán tan

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grandes para los mismos contribuyentes y para la economía, que estaremos dispuestos a iniciar una gran tarea de concientización y al mismo tiempo promover la eliminación de las lagunas de la ley para aplicar a la evasión penalidades de delito grave. Debemos precisar, sin embargo, los requisitos básicos para su éxito.

a) Primero, el gobierno va a garantizar que no cometerá dispendios con los ingresos públicos y ofrecerá la evidencia de su propia austeridad y comportamiento digno como parte de este pacto. 71

b) Partiremos del principio de la buena fe entre el contribuyente y el gobierno recaudador. El gobierno no verá al contribuyente como un evasor potencial sino como un aliado en la construcción de un nuevo modelo de administración pública.

c) Buscaremos que el delito de evasión fiscal no admita la libertad bajo fianza, pero a la vez simplificaremos tanto el sistema como los códigos, a fin de que no haya tentación de defraudar por razones de ambigüedad o por excesiva complejidad.

d) Haremos una amplia

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campaña de difusión de las ventajas y simplificación del nuevo sistema entre todas las entidades, desde el Congreso hasta los organismos ciudadanos.

e) Lo más importante para el éxito de nuestro programa será el apoyo de los contribuyentes, bajo el entendimiento de que los recursos recaudados se utilizarán para fines auténticos de la sociedad, la reducción de la pobreza, las obras de infraestructura, la educación y el fortalecimiento de los bienes públicos.

f) Aun así, tomará años revertir las carencias sociales acumuladas. No se podrá cambiar la cultura de no pago ni la resistencia al cambio en la burocracia y en varios sectores privados, pero desde el comienzo habrá avances tangibles.

2.- Hay dos corrientes de pensamiento que parecen dominar el análisis económico: una sostiene que la política fiscal debe privilegiar el aliento a la economía y la redistribución del ingreso, mientras otra, argumenta que la política fiscal debe procurar la estabilidad macroeconómica y evitar extraer

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recursos productivos del sector privado. ¿Usted por cuál de estas dos posiciones se inclina más?

Los gobiernos responsables no deben inclinarse por ninguna corriente de pensamiento económico; éste es un problema para los libros de texto y las aulas universitarias. Al gobierno le corresponde adoptar las políticas adecuadas para asegurar el bienestar de la población. Ninguna corriente de pensamiento por sí misma garantiza que las decisiones del gobierno serán óptimas. La política fiscal para

72

nosotros será instrumento tanto para impulsar la economía como para también garantizar la estabilidad macroeconómica, dependiendo de si la economía sufre por alto desempleo o bien trabaja a plena capacidad y presenta riesgo inflacionario.

3.- Algunos analistas sostienen que actualmente el gobierno no cuenta con los recursos suficientes para atender las necesidades de la población. Sin embargo, otros piensan que el gobierno si tiene los recursos, pero el

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problema es que gasta mal. En caso de llegar a la Presidencia de la República, ¿en qué rubros realizaría usted recortes? ¿cuánto esperaría obtener de ahorros por esos recortes? Si su respuesta es que los ahorros los obtendría acabando con la corrupción del gobierno, por favor indique ¿cuánto esperaría obtener y en que áreas específicas?

El gobierno actual y los anteriores gobiernos tecnócratas no han podido superar ninguno de los dos problemas: ni se allegan suficientes recursos para satisfacer las

necesidades de la población, ni tampoco los gasta bien. Los rubros en los que realizaríamos recortes del gasto serían en las estructuras burocráticas, los altos sueldos de los altos funcionarios, las prestaciones excesivas, los gastos de representación y viajes de los altos funcionarios, el exceso de altos funcionarios y de aparato de apoyo con el que cuentan, mismos que no son necesarios para el cabal cumplimiento de sus funciones.

4. -¿En qué sectores debe participar el gobierno a través de

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empresas públicas y en cuáles de ellos debe hacerlo en forma exclusiva, sin permitir la participación privada?

El estado debe participar en aquellas actividades que la Constitución ordena. En aquellas en las que la Constitución permite participar en alguna proporción al sector privado, el gobierno debe estimular que esta participación se materialice. La energía, según la Constitución, debe estar bajo control exclusivo del Estado.

5.- Algunos especialistas sostienen que para promover el crecimiento, es suficiente que la política económica

esté encaminada a mejorar el ambiente de estabilidad y respeto a los

73 derechos de propiedad. Sin embargo, otros especialistas consideran que eso no es suficiente y proponen un papel más activo del gobierno a través de medidas específicas de fomento económico. Usted ¿con qué opinión coincide? En caso de estar de acuerdo con una participación más activa del gobierno, mencione cinco medidas que pondría en marcha para fomentar el crecimiento y hacia qué sectores

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económicos estarían dirigidas

Los derechos de propiedad son importantes para el desarrollo económico y el Estado debe garantizar que se respeten. En México es necesario, además de la estabilidad, tomar las siguientes medidas:

a) Reforma del sistema judicial como último garante de la aplicación de todos los derechos.

b) Combate a la corrupción y al tráfico de influencias, para que los ciudadanos no sean víctimas del contubernio entre traficantes de influencia y servidores

públicos de cualquier poder.

c) Desregulación y simplificación administrativa.

d) Modernización de leyes y códigos.

e) Una nueva cultura de comportamiento ético en el gobierno.

6.- Para usted, ¿Qué tan importante es el problema de las pensiones de los sindicatos del gobierno y de empresas públicas como el IMSS, el ISSSTE, la CFE, Luz y Fuerza del Centro, entre otros? ¿Como resolvería este problema?

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Este problema es sumamente importante de resolver, pues de él depende la viabilidad financiera de muchas entidades del Estado y el buen clima entre empresa y sindicato.

Este problema se debe resolver con cuatro medidas simultáneas:

74 a) b) c) d) e) Por una parte, realizar cambios administrativos radicales que den como resultado el manejo óptimo de los recursos de los organismos responsables del pago

de pensiones.

Diálogo y negociación política entre todas las partes para llegar a un nuevo acuerdo.

Nuevos esquemas financieros para las pensiones, acordes con nuestra realidad social y capacidad económica.

A partir del Acuerdo y a cambio de garantizar que las pensiones están en buenas manos y de que se van a pagar en su totalidad, cambiar la edad de jubilación de los trabajadores.

Repito: cualquier cambio al sistema de pensiones

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debe de hacerse con el acuerdo de los trabajadores y sus representantes sindicales, y no de manera unilateral. IV Competitividad y Sector Externo

1.- ¿Cuáles son las causas de la baja competitividad de la economía mexicana y de su constante declive? a) b) El dogmatismo económico que ha obligado a Pemex a ser una máquina recaudadora en lugar de ser un oferente de insumos energéticos a precios competitivos. Por esta razón no hay posibilidades de que se instalen muchas

industrias aquí, pues no tendrían capacidad de competir.

Los fuertes recortes de inversión pública hechos desde 1983 hasta 2005 dictados por una política económica dogmática, con el resultado de cuellos de botella en la infraestructura e industrias básicas.

75 c) Excesiva regulación gubernamental causada por la d) e) f) explosión de la

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burocracia.

La petrolización de la economía, al hacer depender 36% del ingreso del gobierno de un recurso no renovable y luego gastarlo mal, reduciendo el gasto de inversión y ampliando el gasto corriente.

La falta de financiamiento de la banca comercial y al aniquilamiento de la banca de desarrollo.

Las altas tasas de interés causadas por la política monetaria enfocada exclusivamente en la reducción de la inflación sin más consideración. 2.- ¿Cuáles considera usted que deben ser las

cinco principales medidas para mejorar los niveles de competitividad de la economía mexicana? a) b) c) d) Recuperar el impulso del sector energético con el objetivo de hacerlo una palanca de apoyo de toda la economía, al garantizar suministros suficientes y precios competitivos bajo un enfoque totalmente diferente al que ha tenido desde 1983.

La reactivación de la inversión pública, en especial en infraestructura con convergencia de

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inversión pública y privada.

La simplificación de todo el sistema de regulaciones y en especial de la recaudación de impuestos.

El recorte de la estructura y del gasto burocrático con el objeto de reducir el costo del gobierno a la sociedad. 76 e) El rescate y fortalecimiento de la banca de desarrollo y la introducción de nuevos esquemas y agentes de financiamiento.

3.- Para algunos analistas es necesario implementar en forma sustancial el gasto del gobierno destinado a promover la ciencia y la tecnología. Sin embargo, para otros es cuestionable que el gobierno canalice recursos a este fin cuando lo prioritario es atender la pobreza y la desigualdad, y en todo caso, este esfuerzo debe ser encabezado por las empresas privadas. ¿Cuál de las dos posiciones es la que más se acerca a lo que usted piensa? ¿cree que hay forma de conciliar ambas posiciones? ¿cuál sería?

Apoyaremos la investigación científica

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para aminorar la dependencia que se tiene de conocimientos y asistencia del extranjero y como vía para el desarrollo de largo plazo

La problemática

En la actualidad es incuestionable que la competencia y búsqueda de soluciones a problemáticas sociales de diverso tipo en países y asociaciones supranacionales, como la Unión Europea, desde los ambientales, pasando por los de salud y hasta los de la configuración de las identidades nacionales, radica en el conocimiento y la

capacidad para transferirlo socialmente.

Empero, si bien México tuvo avances significativos en investigación y desarrollo (I+D) a partir de la década de los setenta del siglo pasado, en los años recientes ha perdido velocidad y se encuentra ante una ausencia de política de Estado en la materia, además de que se está alejando de los indicadores y de los niveles de desempeño de países líderes o de las economías emergentes. Algunas cifras dan cuenta de la situación.

Algunos indicadores 77

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El gasto en investigación y desarrollo experimental (GIDE) se duplicó entre 1990 y 1999 al haber pasado de .20% a 0.43% del PIB, para experimentar un descenso en los años siguientes de forma tal que en el año 2004 se situó en .38%; por el contrario, a nivel internacional las cifras son raquíticas si tomamos en cuenta que en Suecia se dedicaba el 4.27 en el año 2003, en Estados Unidos el 2.62, en Francia el 2.20 y en España el 1.03%.

GIDE/PIB por país 5.00 4.50

4.00

3.50

3.00

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00 Suecia Japón USA Alemania Francia Reino Unido Canadá España México 1995 1997 1999

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2000 2001 2002 2003 En lo que respecta al financiamiento de las actividades de GIDE ocurre algo parecido. Por una parte, la participación del Gobierno Federal experimentó una caída entre 1997 y 2003 al pasar de poco más del 70% a poco menos del 60. Por la otra, la participación del sector productivo sufrió una cuesta ascendente entre 1997 y el año 2001 al pasar del 18% al 30, para quedarse estancada en esta cifra en los siguientes años. Otros indicadores que dan cuenta del avance y estancamiento son los siguientes: la

participación de la producción científica mexicana a nivel mundial se duplicó entre 1992 y el año 2000 al pasar de .33 a .64, en tanto que para 2003 solo avanzó a .72, cifras que todavía sitúan al país en una posición muy lejana de los principales países de forma tal que entre los miembros de la OCDE México ocupa el lugar 21. 78 En la titulación de doctores se dio un avance significativo en diez años al haber pasado de 200 por año a cerca de 1300 en el año 2000, luego se tuvo una ligera baja en

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2001 y se recuperó la tendencia ascendente al situarse por arriba de los 1400; empero, en la medición internacional todavía se está muy lejos de parámetros internacionales, así tenemos que mientras en el año 2003 se graduaban más de cuarenta mil doctores en Estados Unidos, en Corea más de siete mil y en Brasil cerca de ocho mil, en México solamente fueron poco más de mil cuatrocientos. 1,600 45,000

40,000 1,400 35,000 30,000

25,000 1,000 20,000

15,000 800

10,000 600 5,000 400

200

0 0 16

14

12

10 8

6

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4

2

0 Número de doctores Graduados / PEA graduados de doctorado graduados por millón de habs. 0.45

0.40

0.35

0.30 0.20

0.15

0.10

0.05

0.00 USA

España Brasil Corea Canadá México 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Razones del estancamiento Todo esto ocurre a pesar de que, en la pasada década de los años setenta, se creó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) que posibilitó impulsar un ambicioso programa de becas para la formación en el postgrado que ha derivado en la preparación de más de cien mil estudiantes, la

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instrumentación de políticas y la canalización de recursos, en asociación con la Secretaría de Educación Pública, para el mejoramiento del postgrado nacional; la formulación y puesta en operación de diversos programas de apoyo presupuestal a proyectos de investigación, el estímulo y la búsqueda de la participación de los estados de la federación en el reconocimiento, financiamiento y promoción de la investigación; el 79 diseño y operación de programas para el mejoramiento de la infraestructura de la

investigación y el ensayo de modelos para la transferencia del conocimiento y el desarrollo tecnológico. En el mismo periodo se fundaron, reestructuraron y actualizaron diversos centros de investigación y de formación especializada, los cuales, junto con la creación de estímulos específicos como el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), ayudaron a la descentralización de la investigación y a la profesionalización y arraigo de los investigadores, así como a su interés para realizar sus trabajos en distintas

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regiones del país y permanecer. De manera parecida, en los años recientes se aprobaron dos leyes para la ciencia y la tecnología en las que se establecieron fondos para el fortalecimiento y fomento de la investigación y el desarrollo tecnológico, la creación de la figura de Centro Público de Investigación y el mejoramiento de su operación, un paquete de incentivos fiscales para que las empresas inviertan en investigación para la innovación y la creación de un ramo presupuestal para la ciencia y la tecnología, así como en los últimos cuatro años casi se

ha triplicado el presupuesto del CONACYT. A pesar de los avances realizados y de la puesta en marcha de diversas piezas que resultan importantes para el establecimiento de un sistema nacional integrado de ciencia y tecnología, y para la elaboración y lanzamiento de una política de largo plazo, con certidumbre, para la investigación y el desarrollo tecnológico, esto no ha sucedido por diversas razones. Seguramente en ello ha incidido la falta de percepción de los tomadores de decisión,

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tanto públicos como privados, sobre la función estratégica del conocimiento para mejorar los niveles de la competitividad, valorizar y aprovechar la riqueza de los recursos naturales y el capital humano, adiestrar a la población en el manejo de las nuevas tecnologías y para su desempeño con parámetros internacionales, enfrentar los rezagos históricos y sociales, renovar la planta productiva y reorientarla hacia nuevos nichos de oportunidad,

80 así como para enfrentar los dilemas, varios de ellos de índole

regional y mundial, que el país deberá asumir en el curso del siglo que recién inicia. También ha incidido en el freno a la vitalidad en la investigación y el desarrollo tecnológico, y en la baja o falta de avance de los principales indicadores, el tipo de gestión de la actual administración pública federal a cargo del CONACYT, en tanto cabeza de sector del Gobierno Federal para la coordinación y operación de la política de investigación y desarrollo tecnológico, su visión limitada de la problemática, la carencia de una política científica, el rompimiento que ha provocado en la

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relación entre conocimiento y su aplicación, su desconocimiento y desinterés en la generación de nuevo conocimiento, su menosprecio a las ciencias sociales y las humanidades, su incapacidad para integrar y estabilizar un equipo de dirección y su falta de profesionalismo, por no agregar una actitud de soberbia hacia lo comunidad científica, un desconocimiento de su cultura gremial y la ignorancia en materia de cooperación internacional.

La propuesta

Posicionar a la ciencia, las humanidades y el desarrollo tecnológico como uno de los ejes estratégicos para que México ingrese plenamente a la sociedad del conocimiento, enfrente en mejores condiciones los dilemas regionales, nacionales y mundiales del siglo XXI, mejore la competitividad de las empresas, posibilite la reconfiguración del aparato productivo con criterios de sustentabilidad y contribuya a una mejora sustantiva del bienestar de la población, así como única posibilidad para valorizar la riqueza cultural y la trayectoria histórica, y para

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desentrañar los mejores caminos que permitan transitar al país en el curso del presente siglo.

Es lógico que si queremos fortalecer al sector energético, debemos privilegiar la investigación técnica y científica en materia petrolera y en los diferentes cambios de la energía, en particular, a través del Instituto Mexicano del Petróleo. 81 Los objetivos I. Impulsar el desarrollo del conocimiento como estrategia para ingresar plenamente a la sociedad del conocimiento, facilitar a

la población el acceso y manejo de la revolución tecnológica en curso, mejorar la competitividad de las empresas, acelerar la reestructuración del aparato productivo con parámetros de sustentabilidad y mejorar el bienestar social. II. Fortalecer la generación del conocimiento, el desarrollo disciplinario y la innovación tecnológica. III. Crear las condiciones necesarias para una relación armónica entre generación de conocimiento y su aplicación, como requisito para facilitar la transferencia del conocimiento y

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enfrentar los problemas sociales, históricos y culturales que requieren el talento de los investigadores. IV. Propiciar un entorno social favorable para el adecuado desempeño de las actividades de investigación e innovación, entre las que se incluyen el predominio de criterios académicos o profesionales, el marco legislativo y normativo, y el financiamiento. V. Mejorar los indicadores de I+D con referentes internacionales, de búsqueda de la calidad, transparencia, evaluación y rendición de cuentas.

La estrategia

Para reencauzar las políticas públicas en dirección de los objetivos planteados, se sugieren acciones en puntos como los siguientes: ¾ Elaborar un diagnóstico cuidadoso con el propósito de registrar los haberes, detectar las tensiones, visualizar los 82 excedentes, dimensionar la temática e involucrar a los actores para un cambio de largo horizonte. ¾ Explorar la conveniencia de formular un Plan Nacional para la Ciencia, las Humanidades y el Desarrollo Tecnológico en

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que se contemplen, al menos, puntos como los siguientes: i. Metas para dieciocho años por lo menos. ii. Actualización de las agendas de investigación junto con la definición de proyectos nacionales estratégicos en temas que sean fundamentales para la problemática nacional, para la dimensión regional e internacional de México y para las potencialidades de la investigación y la innovación que pueda aportar México. Para el caso, se integrará una comisión de expertos del más alto nivel y de las instituciones de investigación líderes en

el país, para definir las prioridades nacionales. iii. Asignación de recursos públicos a instituciones y proyectos en función de metas, rendimiento, transparencia y resultados; sin olvidar la flexibilidad que requiere la indagación científica. iv. Fortalecer la federalización y descentralización de las actividades de investigación e innovación. En este sentido, procurar que el desarrollo de instituciones de investigación y desarrollo tecnológico formen parte de los indicadores de bienestar social en los

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estados y municipios, al igual que se debe buscar un mayor compromiso de los distintos niveles de gobierno para que tales actividades sean procuradas, fortalecidas y resguardadas para que priven los criterios sustantivos en el ejercicio de sus funciones. v. Revisar los modelos de gestión para el ejercicio de las actividades de I+D y la legislación en la materia, con el propósito de favorecer la creación de un entorno social favorable para su desempeño. 83

4 ¿Cómo debe México enfrentar la creciente competencia China?

La competencia China o de cualquier otro país no es invencible ni representa un problema que no podamos solucionar. Para enfrentarla necesitamos: a) b) c) d) Fortalecer nuestra ventaja competitiva en el sector energético.

Fortalecer nuestro sistema de comunicaciones y transportes internos e internacionales, como los

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que hemos propuesto con los trenes Bala hacia el norte, el Corredor del Istmo de Tehuantepec, y un nuevo aeropuerto internacional, entre otros.

Ampliar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) hacia un acuerdo de cooperación integral y desarrollo.

Combatir el contrabando con medidas contra la corrupción y con medidas de mercado.

Corregir numerosas incongruencias en la tarifa de importación. Por ejemplo, que se permita

importar calzado, pero que se sujete a un arancel la importación de suelas o piel, lo que penaliza al productor y premia al productor extranjero. e) Sobre precios de los energéticos y competitividad

Hasta principios de la década de 1990, existía un régimen llamado "precios administrados" de los bienes y servicios del sector público, en el que se enmarcaban los de la energía. 84 Para desechar este sistema de precios e implantar el actual, las críticas del discurso neoliberal fueron, entre

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otras:

1. Las distorsiones provocadas en precios relativos de combustibles. 2. Los subsidios generalizados. 3. La discrecionalidad en la compra y venta.

Paradójicamente, estas críticas pueden aplicarse al actual modelo de "Precios de Transferencia", ya que distorsiona las actividades internas que agregan valor, frente a importaciones con costos menores a los precios cotizados de referencia; fuerza a otorgar subsidios internos, ante fenómenos naturales en el extranjero; y

elimina criterios nacionales de fomento a nuestra industria y al empleo.

El régimen actual, se determina esencialmente con base en su referencia de un mercado abierto en Houston. De acuerdo con esta metodología, PEMEX Exploración y Producción (PEP) observa el precio al que podría vender su crudo en Houston y concluye que, a ese mismo precio (menos algunas reducciones debido a la cercanía y a la transportación por oleoducto, que es la menos costosa) se lo

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vende a PEMEX Refinación (P-R).

El régimen de precios de transferencia, además de prometer una supuesta 'racionalidad', basada en los costos de oportunidad de los bienes y servicios (que sería necesaria en una economía abierta propuesta en el Tratado de Libre Comercio, pero que en rigor excluyó explícitamente a nuestro sector energético) se constituyó como pieza determinante en la estrategia -aún no completamente consumada- de desintegrar el sector energético.

En la práctica, en el ámbito de los hidrocarburos esta normatividad se ha traducido en una política que privilegia casi exclusivamente los proyectos de PEP orientados a la exportación de crudo, y a la casi cancelación de proyectos de transformación industrial de refinación o de producción de petroquímicos, que se ven afectados por el alto costo del insumo principal: el crudo. 85 El actual régimen determina los precios en función de una referencia internacional, basada en condiciones regionales

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del exterior, que a su vez, ha favorecido fundamentalmente a los productores marginales de petróleo en Estados Unidos. Esta situación distorsiona los mercados periféricos, como el nuestro. Un caso de ejemplo sería el subsidio reciente al precio de gas natural, decretado por el Ejecutivo Federal.

El régimen de precios de transferencia no ha cumplido con las supuestas bondades que anunció, por lo que se está revisando a fondo. Su implantación en México borró el beneficio natural de ser productores, que debe aprovecharse para elevar la competitividad

de nuestra economía.

Puede concluirse que, como consecuencia palpable del actual régimen de precios, tenemos:

1. Altos precios del gas natural que han aniquilado a un gran número de empresas medianas y pequeñas del país.

2. Precios de combustibles en los que se respeta la referencia internacional, y otros, que se mueven fuera de este esquema de acuerdo con la conveniencia política.

3. Altos precios de la electricidad.

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4. Industria de refinación estancada e industria petroquímica en retroceso.

5. Dependencia de condiciones climáticas del exterior, como es el caso de los huracanes Rita y Katrina. Lo mismo sucede con el gas, si el invierno es muy inclemente en el Noreste de Estados Unidos.

Nuestra propuesta para un nuevo sistema de precios se funda en la premisa básica de fijar los precios de los bienes y servicios energéticos con base en criterios de aumento de la competitividad de nuestro sector productivo y atender las

necesidades de la población. 86 El sistema de precios justos y competitivos servirá de base para consolidar la operación, el desarrollo y las finanzas de nuestra industria petrolera nacional.

La base de la composición de los precios, serán los costos reales de producción, más los márgenes de operación y reposición de cada producto, lo que permitirá la viabilidad de PEMEX y el sector eléctrico en el largo plazo, como empresas de primer nivel en el orden

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mundial.

Continuaremos atendiendo la contribución de la renta petrolera a las grandes tareas que realice el Estado Mexicano, para el desarrollo nacional. También habrá de considerarse los costos ambientales que la producción genere, para mantener y mejorar nuestro entorno natural.

En consecuencia, brindaremos viabilidad a todos los procesos de la industria petrolera nacional, para poner en plena operación, todas las plantas productivas públicas y privadas, ahora cerradas por

criterios de oportunidad a corto plazo. Asimismo, se otorgará viabilidad a nuevas inversiones privadas para producir artículos de uso final, a partir de los bienes nacionales. intermedios que provean las empresas Se trata de una propuesta que deberá atender simultáneamente principios de equidad, transparencia y con el criterio verdaderamente económico de elevar el nivel de competitividad internacional de las empresas mexicanas. De ninguna manera puede confundirse con una vuelta al pasado; se trata de una propuesta novedosa,

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que conciliará los justos reclamos de la sociedad, con los criterios de eficiencia.

Contrabando

Los bajos precios internacionales de productos como calzado, juguetes, textiles y prendas confeccionadas, elevados niveles arancelarios (entre 15 y 35%) y cuotas compensatorias (entre 359 y 1,000 %), la excesiva regulación en materia de aduanas y comercio exterior, certificados de origen apócrifos, el IVA e ISR, han estimulado un creciente

problema.

87 El valor del contrabando y del mercado ilegal suma aproximadamente 20 mil millones de dólares anuales, de los cuales, los cuatro sectores mencionados representan alrededor del 90% de la problemática que al respecto enfrenta el país. De acuerdo con los datos directamente reportados por las Cámaras del Vestido, Textil, Calzado y la

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Asociación Mexicana de la Industria del Juguete, se estima que en el caso de las industrias textil-confección, el 60% de la demanda nacional de telas y prendas de vestir son contrabandeadas (5 mil y 10 mil millones de dólares respectivamente). En el caso de la industria del juguete, se estima que el valor del contrabando asciende a 1,500 millones de dólares aproximadamente, y representa el 70% del mercado nacional del juguete. Por último, en el sector calzado, se calculan importaciones por contrabando en 2,500 millones de dólares equivalente al 25% de la

demanda nacional.

¿Cómo resolver el contrabando y el mercado ilegal?

Se propone crear un Programa de Importaciones Especiales (PIE) mediante el cual se le permita importar de manera exclusiva a las empresas fabricantes establecidas en el país una cuota equivalente al mercado del contrabando de mercancías referentes a su ramo. Dichas importaciones deberán estar exentas del pago de aranceles, cuotas compensatorias y otorgarles un régimen especial en materia de ISR. El PIE combatirá al

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contrabando en razón a que las empresas beneficiadas con dicha cuota podrán importar de cualquier parte del mundo a los mejores precios y con los menores costos, inclusive que los propios contrabandistas, ya que a diferencia de éstos, no deberán realizar ningún tipo de pago ilegal a las autoridades o agentes económicos por concepto de las importaciones en comento.

A partir que las empresas que cuenten con un PIE y ofrezcan mercancías a mejores precios que los propios contrabandistas, el negocio del contrabando dejará de

ser atractivo por si mismo y tenderá a eliminarse, es decir, el propio mercado a través de una competencia de precios eliminaría el mercado del contrabando. De ser los fabricantes nacionales los perjudicados por el contrabando, pasarían a ser los principales beneficiados por el PIE. Es importante señalar, que la administración del PIE requiere de una administración sencilla por parte del Gobierno Federal, y a cambio, se podrían

88 eliminar casi todas la regulaciones existentes

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como padrones sectoriales, avisos automáticos previos de importación, aduanas especiales, etc.

¿Cómo resolver el problema de la subfacturación en las aduanas?

Actualmente, en el 99.99% de los casos, se aplican aranceles ad-valorem a las importaciones que se realizan a nuestro país. En estudios efectuados para algunas prendas de vestir, encontramos que alrededor del 50% de las importaciones se realizan presentando una factura "legal" con valores por debajo de un precio razonable. Se propone establecer un

nuevo esquema de aranceles específicos y/o mixtos. Dichos aranceles consisten en establecer un monto fijo de impuestos, independientemente del valor de factura presentado por el importador ante las aduanas.

Se requiere de un trabajo minucioso para cada producto candidato a ser revisado, a fin de crear las fracciones arancelarias necesarias y establecer el arancel correspondiente a cada una de ellas, requiriéndose para su implementación publicar un decreto presidencial en el Diario Oficial de la Federación.

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5.- ¿Cree usted que se requiere renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte? Si así lo estima usted, ¿en qué rubros debería hacerse la negociación y ofreciendo qué términos o condiciones de intercambio?

El TLCAN ha sido siempre sujeto de nuevos acuerdos, productos de la negociación entre los tres gobiernos. Por ejemplo, México obtuvo una ampliación en la cuota de exportación del azúcar y Estados Unidos canceló de hecho la posibilidad de que el transporte de carga mexicano transite en

su territorio. Esto ha ocurrido sin que se cancele o renegocie todo el Tratado.

Los rubros en los que deseamos iniciar negociaciones son:

a) Una excepción a la desgravación programada del maíz y fríjol en 2008, ya que eso sería pernicioso para la agricultura 89 mexicana y a la larga crearía mayores flujos migratorios hacia Estados Unidos.

b) La revisión de casos en los que ha habido enmiendas al Tratado original que no necesariamente

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benefician a México: transporte terrestre, cítricos, azúcar y escobas.

c) La inclusión de nuevos proyectos de desarrollo conjuntos en apoyo de regiones de menor desarrollo, con visión de largo plazo.

6.- ¿Considera usted necesaria una mayor protección para algunos sectores de la economía nacional? ¿Qué tipo de protección promovería y en qué sectores específicos?

Sí, en los casos en que la competencia externa es desleal o viene apoyada por subsidios de los países de

origen, en especial en el sector agropecuario.

Esta protección debe ser inteligente, basarse en fundamentos económicos de eficiencia y no debe representar subsidios indiscriminados, sino estar orientada por las necesidades específicas del Plan Nacional de Desarrollo.

7.- Algunos especialistas afirman que la política exterior mexicana debe estar basada exclusivamente en los principios establecidos en la Constitución General de la República. Otros estudiosos piensan que

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en el mundo globalizado, la política exterior debe orientarse a la promoción de nuestros intereses económicos y comerciales. ¿Cuál de esas posiciones se acerca más a lo que usted piensa?

Quizás este sea el espacio más adecuado para hacer un desmentido categórico a las interpretaciones de que nuestro programa en materia internacional pretende cerrar a México y apartarlo del mundo exterior, convirtiéndolo en una suerte de "aislacionismo espléndido". Hoy, más que nunca, es necesario subrayar que

la perspectiva de nuestra política exterior toma en cuenta en primerísimo lugar la 90 globalización y la inclusión de México en la historia del presente. Esto implica no sólo participar en todos los organismos multilaterales, cuya influencia en las Naciones Unidas ha sido decisiva, sino profundizar también todas y cada una de nuestras relaciones bilaterales, sobre todo y ante todo, nuestra relación bilateral con los Estados Unidos, ya que ningún otro país cuenta con 45 consulados en su frontera con el otro.

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La política exterior que proponemos se sustenta en el fortalecimiento de la política interior, la cautela diplomática y el apego a los principios de autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza entre países, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. EL COMBATE A LA POBREZA

I Programas

1.- ¿Cómo define usted la pobreza y de que tamaño considera que es el problema?

La pobreza no es producto de la fatalidad o del destino, la pobreza es el resultado de la opresión y de la desigualdad.

En países como el nuestro, la pobreza tiene mucho que ver con la desigualdad y la corrupción que se genera desde el Estado mismo; en otras palabras, en México, desde hace mucho tiempo, el Estado se ha convertido en un comité al servicio de una minoría en detrimento de los intereses y bienestar de la mayoría.

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Los rasgos distintivos de la pobreza en México son:

a) Grandes grupos sociales con ingresos que apenas les garantiza la sobrevivencia en condiciones precarias. Por ejemplo, veinte millones de mexicanos sobreviven con 25 pesos diarios. 91 b) En sentido estricto, el 50 por ciento de la población del país no forman parte del mercado.

c) No tienen representación en la agenda de los temas nacionales.

d) A pesar de que la mayoría de la población que vive en la pobreza contribuye al desarrollo nacional, están marginados de los beneficios.

e) A este amplio sector de la población, bajo las condiciones económicas y políticas imperantes, se les cancela el derecho a un mejor futuro en nuestro país.

2.- ¿Cuáles son 5 medidas principales que llevaría a cabo para abatir la pobreza?

El país no será viable si persiste la desigualdad. Combatir la pobreza es un imperativo ético,

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pero no sólo eso. Sin justicia, no hay garantía de seguridad, progreso ni de tranquilidad ni de paz social. La pobreza no sólo debe darnos vergüenza sino que debe comprometernos a todos, por eso volvemos a postular que "Por el Bien de Todos, Primero los Pobres".

En buena medida la pobreza se reproduce y se agrava ante la ausencia de una política de Estado con dimensión social.

Es obligación del Estado otorgar, protección a las personas a lo largo de su vida, garantizando los Derechos Constitucionales como

son la alimentación; el trabajo; la salud; la educación y la vivienda, de la cuna a la tumba.

La situación actual es tan grave que lo apremiante y urgente es detener el empobrecimiento de las familias; para ellos se aplicarán "programas integrados" para las zonas urbanas y rurales pobres. Algunas de las acciones que se implementarían de manera inmediata son:

1. Apoyo a los Adultos Mayores 92 Se elevará a rango de

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Ley, como se hizo en el Distrito Federal, el derecho a la pensión alimentaria para todos los adultos mayores de 70 años del país, garantizándoles una pensión alimenticia no menor a la mitad del salario mínimo vigente. Si bien es cierto que ha crecido la expectativa de vida; se debe de vivir mejor y sin la desazón de la carencia cotidiana, sobretodo en los últimos años de una larga vida de trabajo.

2. Becas para Discapacitados Pobres

Otro grupo de alta vulnerabilidad son las personas con discapacidad, especialmente aquellos

que viven en condiciones de pobreza, los que muchas veces carecen hasta de lo más indispensable, por lo que se propone el otorgamiento de becas equivalentes a la mitad del salario mínimo a todos los discapacitados pobres del país.

3. Atención Médica y Medicamentos Gratuitos

Un derecho constitucional de los mexicanos es el acceso a la atención médica y a los medicamentos gratuitos. De todos los beneficios que puede ofrecer el Estado, la salud es lo

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que produce una mayor sensación de seguridad y crea más expectativas de poder salir adelante en la vida.

Consideramos impostergable la puesta en marcha de un Programa de Servicios Médicos y Medicamentos Gratuitos en centros de salud y hospitales del gobierno en todo el país, para quienes no cuentan con seguridad social. Así, la gente humilde podrá ser atendida oportunamente; obtendrá las medicinas y dejará de recibir sólo la receta, como sucede en la actualidad.

4. Fortalecimiento de la economía popular urbana y rural

En la estrategia económica que proponemos es indispensable el fortalecimiento de la economía familiar, a partir de mecanismos adecuados que impulsen el autoempleo y la producción de manera sustentable y digna para los pobres, que les permita, por sí mismos, salir de la situación en que se encuentran. 93 En las zonas urbanas, se proponen esquemas masivos de crédito y acompañamiento para emprender un pequeño negocio familiar o

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como grupo solidario, otorgándolos mediante mecanismos sencillos, no usureros ni burocráticos

Para el medio rural se propone la reactivación productiva de las comunidades pobres, con apoyos integrales para la distribución de insumos productivos, asistencia técnica para la transformación y comercialización de productos, financiamiento, entre otros, impulsando proyectos alternativos viables y rentables en diversas modalidades productivas.

5. Política de Vivienda para los pobres

Otro derecho constitucional es la vivienda. La atención de la población de bajos ingresos, se dará reconociendo las características del ámbito geográfico donde habita. Para la vivienda urbana se consideran mecanismos flexibles de ahorro, subsidio y crédito para vivienda nueva en departamentos o en lote familiar, así como mejoramiento y ampliación de vivienda en propiedad. Para la vivienda rural se realizará un programa de mejoramiento de vivienda y construcción de vivienda progresiva (pie de casa), con créditos accesibles y flexibles;

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para las localidades rurales dispersas se proponen acciones de mejoramiento y autoconstrucción con el uso de materiales regionales y suministro de materiales a bajo costo.

Asimismo, se promoverá la dotación y el mejoramiento de los servicios básicos e infraestructura, tanto en las zonas urbanas como en las comunidades rurales.

3.- ¿Cuánto costarían estas medidas y de dónde obtendría dichos recursos?

Las medidas enunciadas implican el impulso de un nuevo

modelo económico y de políticas que privilegian el desarrollo social, lo que requerirá, principalmente, de una fuerte inversión del sector público. Específicamente, en materia del gasto social se está considerando un incremento de un punto porcentual del Producto Interno Bruto, sobre lo que actualmente ya se invierte. 94 Parte importante de estos recursos se generarán de las economías por la aplicación de una política de austeridad de Estado.

4.- De llegar a la Presidencia de la

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República, ¿en qué porcentaje cree usted que se podría reducir en número de pobres durante su sexenio?

La superación de la pobreza no es un proceso automático y evolucionará positivamente en la medida que el desarrollo económico y la distribución de la riqueza mejoren.

Desde el principio de la administración, las acciones que se pondrán en marcha se orientarán a superar la pobreza de la población que se encuentran en situaciones extremas, por medio de programas que

satisfagan sus necesidades esenciales en materia de salud y medicamentos; educación; nutrición; alimentación; agua potable, drenaje y alcantarillado, seguridad pública, energía eléctrica, infraestructura de caminos y equipamiento urbano, vivienda.

5. ¿Debe mantenerse la política actual de combate a la pobreza? ¿Mantendría usted algunos de los actuales programas gubernamentales de combate a la pobreza? ¿Son suficientes los recursos que actualmente se destinan a ese objetivo?

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Es necesario reestructurar los programas actuales para atender el problema de la pobreza; hay que eliminar la dispersión de recursos y la duplicidad de los programas. Actualmente existen 76 programas para este fin, operados por 11 Secretarías de Estado, el IMSS y los gobiernos estatales y municipales.

Además de la poca efectividad, gran parte los recursos actuales destinados a la pobreza, se quedan en los aparatos burocráticos.

En consecuencia, además de la aplicación racional de los recursos existentes, vamos a

incrementar en 75 mil millones de pesos (un punto porcentual del PIB), la inversión destinada al combate directo a la pobreza. 95 6.- ¿Cómo considera usted que deben ser los programas contra la pobreza: universales o focalizados? ¿Hacia quién deben dirigirse los apoyos?

Nuestro objetivo es la construcción del Estado de bienestar que por definición tiene un enfoque universal. Ante la situación de emergencia que nos presentan la pobreza y la desigualdad, es necesario atender sin burocratismo a sectores

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particulares y regiones específicas.

II Educación

1.- ¿Qué medidas adoptaría para elevar el acceso y la calidad de la educación en escuelas rurales e indígenas?

El primero de mis 50 compromisos, expresa: "Empezaremos a pagar la deuda histórica que tenemos con las comunidades indígenas. Se combatirá la discriminación y la pobreza. Reconoceremos los derechos de los pueblos indígenas y se cumplirán los acuerdos de San Andrés Larráinzar".

Según cifras oficiales, la

población indígena de México asciende a 12.7 millones de personas que pertenecen a 62 etnias ubicadas en los 271 municipios. Los estados con mayor población indígena son Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz e Hidalgo y son justo estas entidades las que registran el más alto índice de marginación del país.

Tan sólo en Chiapas, en el año 2000, el 23 por ciento de su población de 15 años o más era analfabeta y el 50 por ciento no había terminado la primaria.

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Nos proponemos lograr que el desarrollo a la educación se ejerza, sin cortapisas, en todo el país. Asimismo, vamos a luchar en contra de la desigualdad que, en el caso de las comunidades indígenas, se expresa en la falta de conocimiento y reconocimiento de las lenguas que en ellas se hablan, así como en otorgar servicios a comunidades aisladas. 96 Para abatir la desigualdad que afecta principalmente a los indígenas, nos hemos propuesto ampliar el programa de desayunos escolares en las comunidades más

pobres del país; buscar formas que faciliten el acceso a la educación de niños y jóvenes en estancias infantiles comunitarias, escuelas-granjas y con la creación de albergues; reconocer la diversidad cultural e implementar métodos de estudio para que los estudiantes indígenas se incorporen al sistema educativo en su propia lengua; impulsar la educación no escolarizada por medio de brigadas culturales en campañas de alfabetización y fomento a la lectura; entregar puntualmente en las escuelas libros de texto, guías de estudio, material didáctico y paquetes de útiles

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escolares; otorgar becas a miembros de familias humildes y estimular la permanencia de maestros en zonas de mayor rezago educativo.

2.- ¿Qué opciones educativas, por ejemplo de educación media o educación tecnológica, promovería para las zonas rurales e indígenas?

Es preciso incrementar la capacidad de los establecimientos educativos. Además, es necesario revisar los planes de estudio, mejorar la calidad de la enseñanza y ampliar el programa de

albergues en zonas indígenas. Obviamente, el Estado proporcionará libros, útiles escolares y becas en todas las regiones indígenas del país.

3.- Algunos especialistas piensan que es prioritario proporcionar a la población indígena los conocimientos necesarios para que puedan integrarse al resto de la sociedad. Sin embargo, hay quienes sostienen que la educación debe enfocarse a conservar las costumbres y tradiciones de esas comunidades. ¿Cuál de las dos posiciones se acerca más a lo que usted piensa?

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Reitero que todo lo que se haga para impulsar el desarrollo de los pueblos indígenas, partirá del respeto a sus culturas, costumbres, lenguas y a sus formas de organización. 97 No hay contradicción entre pertenecer con orgullo a una comunidad indígena y la adquisición del conocimiento y los avances tecnológicos actuales.

La conservación de tradiciones y costumbres, no tiene nada que ver con el mantenimiento del atraso o la negativa del Estado a reconocer los derechos de los

pueblos indígenas. III Acceso a la Salud y una Buena Nutrición

1.- ¿Qué medidas adoptaría para elevar el acceso a la salud y la calidad de la nutrición entre los niños pobres del país?

Es un hecho universalmente aceptado que la salud de los grupos poblacionales está determinada por sus condiciones de vida y trabajo. Por ello las medidas que propongo, van orientadas a combatir la pobreza y la desigualdad.

La mortalidad infantil es uno de los principales indicadores socioeconómicos de una

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población debido a que los niños son los más susceptibles a la mala nutrición (que se inicia desde la gestación). Las condiciones sanitarias de la vivienda, la salud y escolaridad de las madres y su acceso a los servicios de salud son parte importante de este indicador; por lo tanto, no es sólo la desnutrición la que se tiene que mejorar en los niños, sino la salud y en forma integral la pobreza en la que viven.

Si bien el derecho a la protección de la salud se estableció en nuestra Constitución desde hace más de dos décadas, todavía la

mitad de los mexicanos no tienen acceso a la seguridad social y se trata de los más pobres que son los que más se enferman y mueren debido a sus condiciones precarias de vida. Una de las manifestaciones más dolorosas de la desigualdad social que sufre el país es, precisamente, la falta de igualdad en el acceso a los servicios de salud.

En particular es necesario garantizar los servicios básicos de saneamiento, o sea, el agua potable y la disposición segura de 98 excretas. Así mismo es

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preciso consolidar las medidas específicas de salud pública dirigidas a la niñez como son: el esquema completo de vacunación; la prevención, detección y tratamiento oportuno de las infecciones respiratorias y gastrointestinales; así como la distribución masiva y segura de micro nutrientes durante los tres primeros años de vida.

Es indiscutible a nivel mundial que el éxito de las acciones de salud pública requiere de un sistema público de salud incluyente de cobertura universal. Mi propuesta para garantizar un sistema de

salud con estas características es instrumentar una Política de Servicios Médicos y Medicamentos Gratuitos para la población que carece de servicios médicos y de seguridad social. Esta política fortalece las acciones de salud pública y remueve, a la vez, el obstáculo económico al acceso oportuno a los servicios requeridos; obstáculo que es particularmente insuperable para la población pobre.

2.- ¿Qué modificaciones o innovaciones introduciría en los programas respectivos

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tanto para la población pobre en general, como para los niños en particular?

Las malas condiciones de nutrición en la población mexicana, ponen de manifiesto la insuficiencia de los programas y las políticas públicas destinadas al mejoramiento de la situación nutricional del país. Dados los recursos que se destinan, así como la disponibilidad nacional de alimentos, la desnutrición infantil debiera estar erradicada en México décadas atrás.

El esquema que nosotros proponemos para atención a la salud,

y de manera particular a la de los niños, partirá de dar más prioridad a la medicina preventiva. Es decir, mejor alimentación, agua potable, drenaje, mejoramiento de vivienda y educación para la salud. 99 EL RETO DE LA EDUCACIÓN

I Financiamiento de la Educación

1.- Habida cuenta de que el gasto que realiza el Estado -Federación, Estados y Municipios- en educación representa 5.6 por ciento del PIB ¿Qué porcentaje del PIB destinaría a su

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gobierno al gasto en educación? ¿De dónde obtendría los recursos adicionales a los que ya se erogan?

El Estado tiene la obligación de financiar la educación pública.

Mantengo la convicción de que la educación no debe convertirse en un privilegio.

Además, vamos a apostar al poder transformador de la educación.

De modo que no faltarán los recursos necesarios para garantizar el derecho a la educación.

Sin embargo, considero que el problema educativo no sólo tiene

que ver con la escasez de recursos. Primero tenemos que revisar la manera como se aplica actualmente el presupuesto, y a partir de un diagnóstico riguroso, decidiremos los montos y las prioridades.

2.- ¿Considera adecuada la actual distribución del financiamiento ala educación entre los estados y la Federación?

No existen hasta ahora criterios eficaces y equitativos para distribuir el gasto educativo. Debe, en nuestro concepto, reordenarse la distribución del financiamiento entre los

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estados y la Federación, sobre la base de las prioridades que se establezcan en el programa de gobierno. 3.- ¿Hasta qué nivel educativo considera usted que debe abarcar la gratuidad de la educación? 100 El Estado está obligado a mantener la educación pública, gratuita y de calidad en todos los niveles. Nadie que aspire a estudiar debe ser excluido de ese derecho.

4.- ¿Consideraría usted el establecimiento y/o la actualización de cuotas obligatorias o voluntarias en la

educación superior?

Los estudiantes del país y sus familias entregan al Estado los recursos que éste debe utilizar en su beneficio. No deben establecerse cuotas adicionales, sino una distribución adecuada, sin derroches ni carencias del presupuesto educativo, para que la educación que imparta el Estado sea efectivamente gratuita, universal y de calidad. II Asignación de Recursos Públicos en la Educación

1.- ¿Considera adecuada la distribución actual de los recursos públicos en la educación? Si no es así,

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¿Qué cambios haría en esta distribución?

No, lo cual se puede comprobar con el alto peso que tiene la estructura administrativa en el sistema. Es indispensable procurar una relación más equilibrada entre el pago de servicios personales (sin afectar los ingresos de los maestros) y el gasto de operación con el de la inversión. Insistimos en que es imprescindible desarrollar un programa de austeridad para evitar que la estructura burocrática de la SEP, constituida actualmente por 1,920 cargos medios y superiores a nivel central, y otros

tantos a nivel estatal y municipal, consuman excesivos recursos, pues éstos son necesarios para la educación tan necesarios para la educación.

En el año de 1992, bajo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se llevó a cabo un proceso de reforma del sistema educativo que agravó los problemas de desigualdad, baja calidad, pobre eficiencia terminal, alta deserción, grandes disparidades regionales, abandono de la educación pública y rigidez burocrática que caracterizan a la educación en nuestro país. 101

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El abandono de la educación pública media superior y superior fue una de las consecuencias más graves de dicha reforma. Se amplió la responsabilidad social del Estado a la secundaria, pero con relación a la educación media superior y superior sólo se impuso la obligación de "promoverlos y atenderlos".

Lo anterior se tradujo en la poca atención a dichos niveles de escolaridad. No se construyeron suficientes escuelas preparatorias y creció exponencialmente el número de estudiantes rechazados de las universidades

públicas. Asimismo, mientras la matrícula representó en las universidades privadas, un crecimiento de 183 por ciento de 1992 a 2004, en las universidades públicas el incremento fue sólo del 57 por ciento durante este mismo periodo.

Por eso, he afirmado que si la política educativa sigue poniendo la educación al servicio del mercado, continuará creciendo el número de rechazados y excluidos, porque en un país con las desigualdades del nuestro, cada vez será menor el número de estudiantes que tengan capacidad de pagar estudios

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universitarios.

Por eso, nuestro compromiso es la creación de 200 escuelas preparatorias y 30 universidades. La justificación es elemental: no queremos que la educación se convierta en un privilegio y en un elemento determinante en la perpetuación de una sociedad excluyente.

2.- ¿De incrementar los recursos en todos los niveles educativos, de dónde los obtendría?

Dichos recursos se obtendrían de los ahorros en el gasto;

producto del programa de austeridad, los recursos que resulten de la redistribución de los programas de la propia SEP y por la reprogramación de prioridades del presupuesto de la Federación.

3.- ¿Cómo piensa usted que se deben atender los requerimientos de infraestructura, equipamiento, modernización tecnológica; entre otros, en un contexto en que la gran parte del gasto educativo está dirigido a salarios y prestaciones? 102

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Insistimos en que es preciso lograr un mayor equilibrio entre el gasto de operación e inversión y el gasto en servicios personales, no docentes. Con la reducción de los costos administrativos, generaremos recursos para el equipamiento y modernización tecnológica.

4.- ¿Cree usted que en México se educan demasiados universitarios en áreas socio administrativas y pocos en ingenierías? Si así lo cree usted, ¿debería modificarse el énfasis de la educación superior?

No puede menospreciarse área

alguna de conocimiento. Los gobiernos no pueden suplantar, con decisiones burocráticas, las vocaciones de los estudiantes. Además, el principal problema en la educación superior, es la cobertura no la orientación. La matrícula en la universidad se redujo en un uno por ciento con relación a 1993. III Cobertura y Eficiencia

1.- ¿Cuáles considera usted que son los principales problemas de la educación en México y qué medidas llevaría a cabo para resolverlos?

Se ha demostrado que el

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problema fundamental de la educación se relaciona con la calidad, pero todavía es notorio el rezago en materia de cobertura.

Educación básica

El atraso se expresa con mayor gravedad en la educación básica; es decir, desde los cimientos de la pirámide educativa. Así lo demuestran los siguientes indicadores:

En 2003, había en México 2 millones 218 mil 22 niños de cinco años 2 de edad, de los cuales 411 mil 500 no asistían a preescolar (18.6 por ciento de la

población en ese rango de edad). En ese mismo año,

2 Informe de Labores 2003, SEP, Ciclo 2002-2003. Proyecciones de población a mitad de año, CONAPO 2002. Cifras estimadas.

103 3 2 millones 939 mil 957 niños, entre seis y once años, no asistían a la escuela (21.47 por ciento del total); y 147 mil 147 jóvenes, entre doce y catorce años, se encontraban en la misma situación (2.2 por ciento 4 del total) . En cuanto a la eficiencia

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terminal, en el mismo año 2003, de cada cien niños que ingresaron a la primaria, 22 no terminaron el sexto grado. Asimismo, el 9.45 por ciento de la población mayor de quince años no estaba alfabetizada (5 millones 942 mil 91 personas). Matrícula, analfabetismo y nivel de instrucción Principales competidores

Canadá Japón China Alemania Reino Unido Corea Italia Indonesia Francia Australia

Malasia Holanda México Nota: la Analfabetismo 2000 0.5 0.5 14.8 0.5 0.5 2.2 1.6 13.2 0.5 0.5 12.6 0.5 8.8 Años de escolaridad Promedio 2000 11.6 9.5 6.4 10.2 9.4 10.8

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7.2 5 7.9 10.9 6.8 9.4 7.2

sobre matrícula, información estadística analfabetismo, nivel de instrucción, cobertura y calidad, comparada con otros países, fue tomada de Andere, Eduardo, La Educación en México: Un fracaso monumental, Planeta, 1ª edición, México, 2003. En alfabetismo y en años de escolaridad promedio nos superan, con mucho, países competidores como Canadá, Estados

Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Corea, Italia, Francia, Australia y Holanda. Sólo estamos por encima de China, Indonesia y Malasia. 3 4 Se aplicó el mismo nivel de cobertura del 2000 (78.53%) a las cifras estimadas del CONAPO para 2003. Se aplicó el mismo nivel de cobertura del 2000 (97.8%) a las cifras estimadas del CONAPO para 2003. 104 Pero lo más lamentable es la baja calidad de la enseñanza: estamos por debajo de la media entre once países latinoamericanos. En evaluaciones

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practicadas en 1997, en lenguaje y matemáticas de tercer y cuarto grados de primaria, México ocupa el sexto lugar, por debajo de Cuba, Argentina, Chile, Brasil y Colombia. Tercero y cuarto grados Total lectura y matemática Honduras

República Dominicana

Venezuela

Bolivia

Paraguay

M éxico

Colombia

Brasil

Chile

Argentina

Cuba 903

911

937

950

960

968

1001

1049

1052

1065 1396 0 200 400

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600 800 1000 1200 1400 Fuente: UNESCO, Primer estudio internacional comparativo sobre lenguaje, matemática y factores asociados en tercero y cuarto grado (1998). Primer informe. Problemas específicos

El problema educativo depende, en mucho, de las condiciones socioeconómicas de la familia y del entorno social. La deserción escolar, por ejemplo, tiene entre sus causas los bajos niveles nutricionales, las enfermedades, la necesidad de trabajar a temprana

edad y la poca inclinación de la familia al estudio.

El bajo nivel de desarrollo educativo también tiene que ver con los siguientes problemas específicos: 105 • En el país existen 199 mil 391 localidades y de éstas, el 74 por 5 ciento (148 mil) son menores de cien habitantes . Esto ha obligado a la creación de una red de escuelas unitarias y bidocentes, en las que uno o dos maestros atienden varios grados a la vez, con alumnos de distintas edades y diferentes

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niveles de aprendizaje.

Actualmente, la tercera parte de las escuelas del país son de este tipo. En dichos centros educativos, por lo general, es muy deficiente la calidad de la educación. A ellos se envían maestros recién egresados de las normales, con poca experiencia, que terminan por enseñar en bloque y enfrentan serias dificultades para cumplir con el programa de estudio. 5 • Uno de los problemas que más afecta el rendimiento educativo es el ausentismo, la movilidad y la poca permanencia de los maestros en las

comunidades. El ausentismo se relaciona con la falta de vivienda adecuada, las salidas de los maestros el día de pago y con las constantes reuniones a que son convocados por autoridades educativas y sindicales. Existen regiones en que los maestros llegan a faltar dos días de la semana.

• Asimismo, a las zonas rurales marginadas se envían maestros del medio urbano y oriundos de otros estados que, a menudo, se sienten inadaptados y siempre están pensando en regresar a sus lugares de origen o, por lo menos, hacen todo lo posible

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por acercarse a las ciudades. Ambas motivaciones son comprensibles, sobre todo, en maestros jóvenes que desean estar más cerca de su familia y en las ciudades, entre otras cosas, para tener más oportunidades de continuar su formación profesional.

Por esta razón, un buen número de maestros no llega a rebasar los dos años de labores en una misma comunidad y esa constante movilidad ocasiona que los alumnos se queden sin clases por largos periodos, en tanto llega el maestro sustituto.

INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda (2000).

106 • Por otro lado, pese a la magnitud de los recursos económicos destinados a la construcción de aulas y espacios educativos, muchos se encuentran descuidados o en malas condiciones.

Por falta de mantenimiento, hay escuelas con techos, ventanas, puertas y sanitarios en situación deplorable. Lo mismo sucede con el mobiliario escolar: hay pupitres semidestruidos y pizarrones en los que apenas se distingue el

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trazo del gis.

• Otro problema es la ineficiente distribución de libros de texto para la primaria y guías de estudio para la secundaria. Un especialista en materia educativa ha señalado que "se puede dar clase bajo la sombra de un árbol o en una champa de guano, pero difícilmente podrá enseñar el maestro, a menos de que se trate de un sabio, si no tiene una guía o un libro de texto para organizar las actividades del aprendizaje".

El retraso en la entrega de este material se origina por el

centralismo y la burocracia: los libros y guías de estudio tardan mucho tiempo en llegar desde la Ciudad de México. Luego, son enviados a las supervisiones y de allí a las escuelas que, a veces, los reciben a mediados del ciclo escolar.

• Otra característica es la falta de correspondencia entre la realidad del mundo que vive el educando y los contenidos de los programas de estudio. Estos son uniformes para todo el país y están pensados para que los alumnos continúen en los niveles superiores. La realidad es que, debido a

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la desigualdad de oportunidades, la mayoría de los alumnos no accede a dichos niveles. De cada diez alumnos que ingresan a la 6 primaria, sólo seis terminan la secundaria .

De modo que los programas generales de estudio, desvinculados de las condiciones sociales y culturales de la comunidad o de la región en que se imparten, resultan de poca utilidad para quienes no

6 De cada cuatro alumnos que ingresan a la secundaria, sólo uno la termina. Reforma

integral de la Educación Secundaria, SEP, 2004.

107 pueden continuar sus estudios y necesitan en la vida práctica saber leer, escribir y contar; poseer ciertos conocimientos que les permitan mejorar sus condiciones de vida y hacer valer sus derechos ciudadanos.

Poca cobertura y calidad

Aun cuando en educación primaria el problema fundamental no es la cobertura sino la calidad de la enseñanza, en la secundaria y media

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superior faltan las dos cosas. Todos nuestros competidores económicos en el mundoexcepto China e Indonesia tienen niveles superiores al nuestro en cuanto a la cobertura de este grupo poblacional.

Sin embargo, la gran diferencia entre nuestros competidores y nosotros está en la atención del grupo poblacional en edad universitaria. Si el rezago de México en educación secundaria y media superior sería de aproximadamente un cuarto de distancia, en educación superior la brecha es del doble. La mayor parte de esos

países tiene entre el doble y el triple de cobertura por encima del país.

Cobertura Educativa Principales competidores Canadá Japón China Alemania Reino Unido Corea Italia Indonesia Francia Australia Malasia Holanda México Matrícula primaria 1999/2000 98.6 101.3 106.4

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105.4 99.2 98.6 101.4 107.9 105.2 101.2 101.4 107.9 113.5 Matrícula secundaria-media 1999/2000 102.6 102.1 62.8 99 157.2 97.4 92.8 54.9 108.7 156.4 98.8 124.1 73.4 Matrícula superior

1999/2000 59.99 46.05 7.45 ND 57.84 71.69 46.64 ND 52.53 63 23.26 ND 19.76 Nota: Secundaria, de acuerdo con las estadísticas de la UNESCO, comprende para México al grupo de edad entre 12-17 años. Es decir, lo que nosotros conocemos como secundaria (tres años de posprimaria) y educación media. 108

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Existe, también, una falta de correspondencia entre el mundo educativo y el mercado de trabajo. Evaluaciones recientes sobre la ocupación de los egresados del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) revelan un grado preocupante de subocupación y desempleo. Es decir, la educación técnica en su conjunto no ha sido la opción esperada para aminorar el desempleo entre los jóvenes, ni para lograr una mayor movilidad social.

La educación media superior, con creciente presencia en los Colegios de Bachilleres,

también necesita reformular sus programas de estudio. Actualmente, quienes desertan del bachillerato o egresan de él, pero no logran acceder a la educación superior, enfrentan graves problemas para ingresar al mercado ocupacional. Además, no existe coordinación efectiva entre la capacidad de absorción de la educación superior y el número de egresados por áreas del bachillerato. Tampoco hay en la educación media un adecuado sistema de orientación vocacional que, efectivamente, regule la matrícula de educación superior conforme a las

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necesidades del desarrollo de los estados.

En los últimos años la educación normal, en lugar de ser la palanca para elevar los niveles de calidad de la educación, ha resultado ser un factor más para el reforzamiento de los defectos y vicios del sistema en su conjunto.

Las escuelas normales están lejos de ser campos de creatividad y experimentación pedagógica. En ellas se reproducen los métodos tradicionales de enseñanza y las prácticas educativas más conservadoras. Dichas

escuelas se caracterizan por el predominio del influyentismo, los bajos salarios, la falta de actualización de los docentes, la nula infraestructura de investigación y la ausencia de mecanismos adecuados de evaluación.

Tanto en el nivel medio superior como en el superior se han agudizado los problemas de carácter cualitativo: la orientación y organización de los estudios no corresponden a los retos culturales, sociales, políticos y económicos de hoy; los métodos de enseñanza y aprendizaje son

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obsoletos; los sistemas de evaluación no

109 contribuyen al mejoramiento de los programas y las instituciones; las formas de gobierno internas son autoritarias y rígidas; todo el sistema está orientado a administrar restrictivamente la enseñanza y los certificados, mediante la implantación de estándares y controles propios del modelo industrial decimonónico.

Educación excluyente

Pero quizá lo más grave es el carácter excluyente de los niveles

medio superior y superior. En 1993, como ya dijimos, se dejaron de construir suficientes escuelas preparatorias. La matrícula de estudiantes de este nivel, en el periodo 1992-2003, creció en 7 promedio 4.24 por ciento anual , en tanto que no logró inscribirse un promedio de casi el 16 por ciento de la población potencialmente demandante de estos servicios; o sea, de los estudiantes recién egresados de secundaria. En los últimos 20 años, como consecuencia del abandono de la educación superior por parte del Estado, la

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participación de escuelas privadas en la matrícula nacional de ese nivel ha crecido del 16 al 33 8 participación de los particulares en la matrícula de educación superior, en el año 2012 tendríamos a la mitad de la educación superior en manos de las instituciones privadas.

Es preciso dejar claro que no estamos en contra de la educación privada: estamos en contra de la descalificación y el abandono de la educación pública. El mercado puede atender a quienes tienen para pagar una universidad privada, pero el Estado está obligado a garantizar el derecho de

todos a la educación. Si la política educativa sigue el mismo derrotero de los últimos años, de poner la educación al servicio del mercado, continuará creciendo el número de rechazados y excluidos, porque no sólo se trata del contenido y la calidad de la educación sino, en lo esencial, de la posibilidad económica de la gente.

7 El Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos. Principales Cifras, Ciclo 2002-2003, p. 15. 8 ANUIES, Anuario Estadístico 2003. Población Escolar de Licenciatura en Universidades e Institutos

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Tecnológicos. por ciento. Y, de mantenerse la tendencia de crecimiento de la 110 En la Ciudad de México, según una reciente investigación sobre las cuotas de 22 universidades privadas, se encontró que el promedio de las colegiaturas es de 4 mil 200 pesos mensuales, cantidad equivalente a 3.5 salarios mínimos. Y sólo el 22 por ciento de la Población Económicamente Activa de la Ciudad obtiene ingresos superiores a ese monto.

Es evidente que, detrás

de esta desatención por parte del Estado de la educación pública a nivel superior, hay toda una concepción y una estrategia excluyente. El propósito deliberado es que la educación deje de ser un factor de movilidad social, y se convierta en un simple instrumento para sostener y dar legitimidad a un proyecto basado en el afán de lucro y la desigualdad.

Nuestra propuesta

Los programas educativos deben fomentar la identidad nacional, la conciencia ciudadana, el espíritu creador, el desarrollo físico, la práctica de deportes y el

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conocimiento de los avances tecnológicos.

Para enfrentar los variados y complejos problemas de la educación en México proponemos, en términos generales, garantizar a la gente más humilde el acceso a la educación en todos los niveles de escolaridad; mejorar la calidad de la enseñanza; vincular la educación a la realidad productiva y social de los estados y las regiones y asumir la tarea educativa con la participación y el esfuerzo organizado de la sociedad en su conjunto.

Específicamente, se plantea:

1. Extender el programa de desayunos escolares, en las comunidades y colonias más pobres. El propósito es combatir la desnutrición infantil y lograr que los niños estén en mejores condiciones para asimilar los conocimientos.

2. Para las comunidades pequeñas y dispersas, buscar formas innovadoras que permitan el acceso a la educación de los niños y jóvenes en escuelas-granja, ubicadas en los Centros Integradores de Servicios Comunitarios, con maestros para

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111 cada grado; horarios adaptables; albergues, alimentación y transporte.

3. Otorgar becas a estudiantes destacados de todos los niveles escolares, que provengan de familias humildes, procurando que nadie se quede sin estudiar por la condición socioeconómica de los padres.

4. Estimular la permanencia de maestros que demuestren calidad en su desempeño en las zonas con mayor rezago educativo. Para ello, tendrían que mejorarse los salarios de

los maestros que trabajen en comunidades apartadas; garantizar una vivienda cómoda; procurar que los maestros sean de la misma zona y dar facilidades a los matrimonios.

5. Impulsar la educación no escolarizada a través de brigadas culturales; dar especial atención a la educación para adultos, procurando que realmente se alcance la alfabetización, la comprensión de lectura y algunos elementos de aritmética, aplicados a la solución de problemas cotidianos.

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6. Tomar las medidas necesarias para entregar a tiempo, a todas las escuelas, los libros de texto, las guías de estudio y el material didáctico necesario.

7. Entregar, de manera gratuita, como se hace en el Distrito Federal, un paquete de útiles escolares en todas las escuelas públicas del país, en los niveles de preescolar, primaria y secundaria.

8. Destinar recursos económicos para el mantenimiento y reconstrucción de planteles educativos, así como al mobiliario y al equipo básico.

9. Atender, de manera especial, a todas las personas con alguna discapacidad, en todos los niveles escolares.

10. La educación normal debe ser el punto de partida para mejorar la calidad de la enseñanza. Las normales deben garantizar una formación profesional sólida e imbuir a los

112 nuevos maestros en la mística de servicio que caracterizó al magisterio nacional en sus mejores tiempos. Con este propósito tiene que combatirse el arribismo, mejorar los salarios y poner en

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práctica una política de selección, formación y actualización de la planta de profesores. En las normales, se debe dar mayor énfasis a la preparación que demanda el trabajo en escuelas unitarias y bidocentes, y cuidar que la formación del maestro no sea preponderantemente urbana.

11. Aplicar programas permanentes de actualización del magisterio, para los diferentes niveles, y auspiciar reuniones de intercambio de experiencias, a nivel regional, fuera del horario escolar, con los

estímulos económicos especiales para los participantes.

12. Elevar la calidad obliga a establecer mecanismos adecuados de supervisión en primaria y secundaria. La supervisión no debe constituirse en un instrumento punitivo y, mucho menos, debe mantenerse como una práctica burocrática intranscendente. Ha de ser una vía para realizar la evolución metódica de lo que sucede en el aula, un medio para introducir correctivos e innovaciones en la enseñanza. Por lo mismo, la actividad de supervisión exigirá

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de quien la realice, determinadas cualidades y actitudes académicas.

13. En todos los planes de estudio se debe vincular la educación a las condiciones sociales y culturales de las regiones en que se imparte.

14. Pensamos que la educación tiene que ser propedéutica y debe preparar para la vida; es decir, dar elementos para estudios posteriores pero, también, para ingresar de una forma más preparada a las actividades productivas y al ejercicio pleno de los derechos ciudadanos. La verdadera educación es la que enseña a vivir.

Con esta concepción, debe valorarse la importancia de la educación física. En específico, se debe promover la práctica del deporte tanto en su vertiente de esparcimiento y salud, como en la de alto rendimiento. 113 15. Hay que revisar los planes de estudio de las escuelas tecnológicas, para adecuarlos a las necesidades productivas de los estados. La idea es formar cuadros técnicos para aumentar la productividad en las empresas de cada estado. La educación técnica deberá estar en

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estrecha conexión con el aparato productivo, de tal forma que los aprendizajes más relevantes se realicen en la producción misma.

16. Los alumnos de las escuelas tecnológicas deberán adquirir los conocimientos adecuados para organizar e impulsar la creación de empresas.

17. Articular el programa de estudios y la matrícula de los Colegios de Bachilleres y las oportunidades que brinde la educación superior. Se podría crear un programa vigoroso de orientación vocacional, que no sólo informe

sobre las ofertas de estudios superiores, sino que promueva activamente las carreras prioritarias para cada región.

18. Las universidades públicas tienen que estar a la altura de su momento histórico. Nuestra sociedad reclama una educación universitaria verdaderamente profesional, que se nutra de la inteligencia y de la realidad cotidiana; que se desarrolle armónicamente y extienda la investigación científica; que cuente con docentes bien remunerados y altamente capacitados y que dé

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acceso a todos los jóvenes que la demandan.

El esfuerzo que realiza la sociedad para preparar profesionales, tiene que ser recompensado con el compromiso que estos adquieran, para beneficio de quienes les proporcionan la educación de que gozan.

Se debe respetar, en todo tiempo y circunstancia, la autonomía universitaria.

19. La política de investigación científica debe colocar, entre los objetivos prioritarios de estudio, los temas relativos a la

satisfacción de las necesidades de la población. En este sentido, es menester que adquieran prioridad los temas de

114 investigación relacionados con la producción de alimentos, la salud, la ecología, la vivienda, la educación, el vestido, el transporte y las comunicaciones en general.

20. Al igual que en otras acciones, todas estas propuestas en el terreno educativo tienen que llevarse a cabo bajo el principio de la participación ciudadana. Esta tarea

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tiene que ser compartida con la sociedad civil. La idea es articular y sumar los esfuerzos de maestros, estudiantes, padres de familia, grupos organizados, sectores productivos. estudiosos del tema, autoridades y El problema educativo es complejo: hay rezagos, vicios, inercias, desánimo y poco dinero. Pero también hay un gran potencial y un enorme deseo de transformación en el pueblo. Se trata de desatar las iniciativas creadoras en la búsqueda de una educación más equitativa, eficiente y liberadora. La educación es el mejor

recurso para el desarrollo y uno de los pilares fundamentales para la democracia.

2.- Por favor indique ¿qué acciones realizaría para reducir la desigualdad que existe en el acceso a la educación entre los grupos de mayores y menores ingresos?

Como ya se dijo, es necesario avanzar en la cobertura mediante el incremento de preparatorias y universidades, mejorar y ampliar los albergues y otorgar becas. 3.- ¿Cuáles son las medidas que tomaría para aumentar la

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eficiencia terminal en el nivel medio superior?

Para incrementar la eficiencia en el nivel medio superior es preciso dar coherencia al proceso de formación a nivel básico. Debe fortalecerse la secundaria, y para ello se requiere revalorar a los estudiantes como eje del proceso formativo, y otorgarles los elementos y la atención que requieren para que, al tiempo que superen sus rezagos, adquieran los conocimientos, destrezas y valores que requieran para realizar a plenitud sus capacidades.

Debe, asimismo, profesionalizarse la práctica docente, actualizarse

115 los conocimientos pedagógicos de los maestros y promoverse una vinculación entre la escuela y la comunidad.

Es también indispensable trabajar intensamente para impedir que la violencia, las adicciones y la desintegración familiar incidan en el abandono de los estudios, pero también que jóvenes a los que se ha excluido de toda posibilidad de desarrollo personal carezcan de

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otro futuro que no sea el que ofrecen pandillas delictivas. Un porcentaje elevado de quienes pueblan las cárceles de nuestro país son menores de treinta años, quienes han carecido de opciones de estudio y de trabajo, así como de la mínima opción de integración y reconocimiento de su comunidad.

4.- ¿Cómo evitar caer en lo que algunos analistas critican: el combate a la deserción aún a costa de la calidad?

Como lo hemos venido sosteniendo, en México se necesita mejorar la calidad de la

enseñanza y ampliar la cobertura; cada una tiene sus procesos y no hay contradicción entre una y otra. Por ejemplo, en el nivel básico, aunque hay una amplia cobertura, hay serios problemas de calidad, mientras que en la educación media y superior, el problema mayor es el de la cobertura. Hay que atender de manera integral ambas problemáticas.

5.- ¿Qué mecanismos se deben de establecer para lograr un adecuado balance entre el acceso y la permanencia de los estudiantes en las escuelas y un óptimo nivel de aprendizaje?

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Debe atenderse en equilibrio estos tres elementos: el acceso se garantiza con la cobertura; la permanencia con la mejoría en las condiciones de vida; y el nivel óptimo de aprendizaje, mejorando los contenidos y la calidad de enseñanza.

6.- ¿Cómo modificaría usted, en su caso, el programa de becas escolares?

El sistema de becas escolares debe partir, fundamentalmente, de la situación económica y social de las familias. También se debe poner el énfasis en los

niveles educativos en que se concentra la mayor deserción, así como de acuerdo con los rendimientos

116 educativos. El programa de becas tiene que atender a las zonas indígenas y a las regiones con mayor marginación y pobreza del país.

7.- Para usted, ¿fue correcta la decisión de hacer obligatoria la educación preescolar?

Sí. La educación preescolar es necesaria, porque tiende a garantizar que los niños maduren

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en sus habilidades cognitivas, se inicien en las prácticas de grupo, se formen en valores básicos de convivencia y potencien sus capacidades y habilidades, de acuerdo a su edad, lo que les favorecerá tener un adecuado desarrollo intelectual en los siguientes grados escolares. IV Calidad

1.- ¿Qué cambios propondría usted a los actuales programas y contenidos escolares?

Consideramos que es necesario hacer una revisión de los actuales programas educativos. Sin embargo, antes de plantear cualquier cambio a los planes y

programas de estudio, deberá haber un proceso de evaluación, donde participen tanto profesores como especialistas del campo de que se trate, de tal forma que sean los sujetos involucrados en los procesos de enseñanza y los expertos, los que, de forma organizada y a partir de consensos, puedan hacer propuestas de cambio, tanto en contenidos como en las diversas formas de enseñanza del mismo. A partir de ello se propondrían las reformas necesarias para optimizar los procesos educativos de los estudiantes y mejorar los niveles de

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aprovechamiento y calidad de la educación en cada uno de los niveles.

2.- ¿Apoyaría usted la obligación de presentar exámenes nacionales a final de la primaria y la secundaria? ¿Por qué?

El problema de la calidad académica de los estudiantes no se resuelve con la aplicación de un examen nacional. Lo que sería más conveniente, es aplicar una evaluación a los diferentes niveles del sistema educativo, con carácter regional, en donde participen los

117

directivos, docentes, padres de familia para identificar factores que están provocando las deficiencias educativas. A partir de los resultados de dicha evaluación será necesario elaborar un programa de intervención con metas a corto, mediano y a largo plazo, tendiente a resolver este problema a nivel nacional, pero siempre con enfoque regional.

3.- ¿Piensa usted que es adecuada la carrera magisterial en sus términos actuales? De no ser así, ¿qué cambios impulsaría? ¿Por qué cree que no se han hecho?

Son necesarias nuevas

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estrategias que permitan asegurar una adecuado desarrollo profesional. El punto de partida para mejorar la calidad de la enseñanza básica, debe ser la educación normal. Las normales deben garantizar una formación profesional sólida y dotar a los nuevos maestros de una mística de servicio.

4.- ¿Está usted de acuerdo con que el SNTE demande o ejerza atribuciones sobre programas de naturaleza educativa o docente, como la carrera magisterial y las reformas a los planes de estudio?

Hay que revisar el papel actual y las funciones del

sindicato, en los ámbitos académicos y establecer los alcances y limites de su papel en los procesos de reforma educativa. El criterio general debe ser el de convocar a los maestros a un pacto para mejorar la educación en México. Los maestros no pueden ser excluidos en ningún proceso que pretenda, auténticamente, mejorar la educación. Los maestros son actores fundamentales en esta materia. No obstante, debe evitarse que los asuntos educativos se mezclen con intereses personales o de grupo.

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Es decir, no debe haber una relación marcada por el influyentismo y las componendas. 118 5.- ¿Está de acuerdo en que haya evaluaciones independientes del desempeño de los maestros y de las escuelas, y que se premien a los mejores evaluados? En caso afirmativo, ¿cómo piensa usted ponerlo en práctica?

Sí, siempre y cuando las evaluaciones tomen en consideración las características de atraso de las distintas regiones del país, y de manera particular, la situación en que llevan a cabo su trabajo las

maestras y los maestros que se desempeñan en comunidades pobres y marginadas. EL RETO DE LA SALUD

I Cobertura y Calidad de los Servicios Públicos

1.- ¿Cuáles considera usted que son los tres principales problemas del sistema de salud en México?

El problema básico del sistema nacional de salud es que no cumple su responsabilidad sustantiva de garantizar el derecho constitucional a la protección de la salud a todos los mexicanos. Este derecho no es exigible por más de la mitad de los ciudadanos

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que no cuentan con servicios de seguridad social. Esto se expresa en una importante desigualdad en el acceso a los servicios requeridos ya que éste depende de la capacidad económica o de la condición laboral.

El segundo problema es la baja inversión en salud y dos décadas de financiamiento insuficiente de las instituciones públicas de salud. Esto ha conllevado a un creciente deterioro del sistema público de salud. Este problema tiene varias expresiones. Ha generado un rezago creciente en la infraestructura de salud y

su mala distribución ya que, por un lado, no se ha solucionado el déficit preexistente y, por el otro, no se ha ampliado la infraestructura para hacer frente a las necesidades en salud de una población que crece y envejece.

El tercer problema es la hipertrofia de las estructuras burocráticas de las instituciones que absorben recursos, particularmente en altos salarios (el director general del IMSS tiene un sueldo bruto de 119 213,000 pesos, un aguinaldo de 285 mil pesos, más otras

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prestaciones como gastos de alimentación, representación, 200 mil pesos para préstamos para autos, entre otros) y gastos suntuarios e innecesarios, sin ningún beneficio para la población usuaria. Aclaramos, que no nos referimos al personal que presta los servicios de salud que es indispensable. Estas estructuras burocráticas contribuyen además con la corrupción en todos los niveles de las instituciones.

2.- Mencione cinco medidas que usted promovería para mejorar la calidad de los servicios públicos de salud. Si sus respuestas implican canalizar

mayores recursos por favor indique de dónde los obtendría.

La calidad de los servicios de salud tiene dos grandes componentes: la técnico-científica y la humana. La calidad técnica consiste, sintéticamente, en la atención médica, basada en el conocimiento científico y las mejores prácticas, y ejercida éticamente sin otro interés que el bienestar del paciente. La calidad humana implica, el respeto a la dignidad de la persona y la comprensión del sufrimiento y de la inseguridad, causados por la

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enfermedad del paciente y su familia.

Garantizar el derecho constitucional a la salud

La salud es una necesidad humana básica y un derecho universal e irrenunciable. Es un bien preciado y un valor social básico porque atañe a la vida misma. Por ello, el derecho a la protección de la salud se inscribió en el artículo cuarto de nuestra Constitución hace dos décadas. Si bien el texto constitucional establece este derecho no especifica que el Estado tiene la

obligación de garantizarlo. Y un derecho sin un sujeto obligado no es en la realidad un derecho exigible. La consecuencia de ello es que cerca de la mitad de los mexicanos, no goza plenamente de este derecho ya que no cuenta con seguridad social.

Aunque se calcula que el 95 por ciento de la población tiene cobertura de servicios de salud, esto no quiere decir que tiene acceso oportuno a los servicios requeridos. Esta situación obedece a tres causas básicas:

120

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a) No cuenta con los recursos económicos para pagarlos

b) No existe la infraestructura y la organización suficiente y

c) La distribución territorial de los servicios es inadecuada con carencias graves en las zonas rurales y en los estados pobres. La gran desigualdad que caracteriza al país se refleja de esta forma en el ámbito de salud. Reproduce además el patrón de la desigualdad donde los pobres, los desempleados, la población rural y la marginal urbana son los excluidos.

Establecer como

prioridad, un enfoque de medicina preventiva que rija todos los planes, programas y presupuestos del sector para el corto, mediano y largo plazo

Es una medida de tipo estratégico y tal vez la mas importante, porque su éxito irá modificando positivamente la calidad de vida de la población. Deberá iniciarse desde el embarazo y continuar durante toda la vida productiva del individuo, incluyendo hasta la etapa de pensión o jubilación.

Al disminuir la ocurrencia de

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enfermedades crónico-degenerativas propias del perfil actual de la población, derivado de un decidido enfoque preventivo, se contribuirá a reducir costos y a ir liberando capacidad de atención de la infraestructura actual en instalaciones, equipos, médicos, enfermeras, personal técnico y administrativo. Más del 25 % de los costos de los tratamientos actuales, son generados por los pensionados y jubilados que no representan mas del 10% de los derechohabientes. La implantación exitosa de la prevención, disminuirá la necesidad de

grandes cantidades de equipos de diagnóstico y especialmente de tratamiento, así como el consumo permanente de medicamentos y materiales de curación.

La medicina comercial ha privilegiado la investigación en medicamentos y el desarrollo de equipos para el tratamiento de las enfermedades de tipo crónico-degenerativas típicas de la época actual, cuyo tratamiento debe ser de por vida, requiriendo un consumo constante de análisis, estudios, medicamentos y materiales de curación que son de los más caros y generan enormes

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121 gastos al sector salud y grandes y seguras utilidades a las empresas internacionales que los producen.

La construcción de infraestructura, la compra de equipos, de medicamentos, materiales de curación, incluso la especialización médica, ha sido influida en los últimos años por los intereses de los grandes laboratorios y compañías productoras de equipo médico para privilegiar el tratamiento por encima de la prevención de la enfermedad.

Es necesario que se revierta esta lógica por la de un enfoque preventivo, donde lo que importe es la salud y calidad de vida de los mexicanos y no las ganancias de las empresas.

Con el éxito de un enfoque preventivo, se podrán con pocas adiciones al equipamiento actual, ir atendiendo las demandas futuras de la población sin necesidad de realizar fuertes inversiones en infraestructura, equipos, insumos médicos y personal.

Garantizar la disponibilidad de medicamentos, materiales de

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curación, equipos e insumos de diagnóstico y tratamiento

Es necesario que se cuente con los insumos y el equipamiento para atender conforme la buena práctica médica. O sea, se debe garantizar la disponibilidad de medicamentos, otros insumos médicos e instrumental, tanto en los servicios hospitalarios como en la consulta externa. Se requiere simultáneamente procurar el adecuado funcionamiento del equipo médico y planear, con base en criterios objetivos, su

reemplazo y la adquisición estratégica de nueva tecnología que mejora, comprobadamente, la capacidad preventiva, diagnóstica y el tratamiento.

Mejorar la calidad de los servicios y lograr un trato amable a los pacientes

La calidad humana de la atención requiere impulsar una nueva cultura institucional basada en la conciencia de que el encargo de las instituciones públicas de salud es cumplir un derecho ciudadano que nada tiene que ver con la dádiva graciosa. Para ello es necesario 122

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que los servidores públicos asuman sus obligaciones y conozcan sus derechos y que los ciudadanos sepan exigir sus derechos y aceptar sus obligaciones. El respeto a la dignidad de la persona sin ninguna discriminación por condición socio-económica, étnica o de género por parte de los prestadores de la atención es clave en este contexto.

Es también esencial para lograr el buen trato, que los médicos y enfermeras, que son quienes conviven a diario con los pacientes, cuenten con los

medios adecuados para responder a las necesidades, porque la relación paciente-médico/enfermera se deteriora cuando los tratamientos prescritos no pueden hacerse por no estar los insumos disponibles.

La enfermedad genera sufrimiento y miedo; es para casi todos una condición cargada de incertidumbre por ausencia de información y conocimiento preciso. Es esencial para la calidad de la atención que el médico o la enfermera explique con claridad en qué consiste la enfermedad y cómo tratarla. Comunicarse con el paciente requiere

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reconocer en él a otro ser humano y comprender su particular situación sin discriminación alguna.

Poner en correspondencia a las instituciones del sector salud, con la atención a las nuevas enfermedades crónico-degenerativas

Las instituciones del sector salud, deben modificar sus tratamientos y enfoques para atender las nuevas condiciones que en relación al cambio del perfil epidemiológico que está ocurriendo en el país, entre otras razones, por el incremento de los

pacientes de la tercera edad, así como por los hábitos sedentarios y los de la alimentación, que especialmente en los ámbitos urbanos, han producido un incremento en las enfermedades crónico-degenerativas, como son la hipertensión y la diabetes mellitus.

3.- ¿Cuáles son los principales retos de la salud en México?

Mejorar las condiciones generales de salud de la población y disminuir la desigualdad ante la enfermedad y la muerte entre grupos sociales y regiones. 123 Orientar las acciones en

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salud hacia una medicina preventiva y no solamente curativa, con enfoque a largo plazo.

Incrementar el acceso oportuno al tratamiento requerido y disminuir la desigualdad en el acceso a servicios suficientes y de calidad.

Instrumentar mecanismos de financiamiento estable, suficiente, equitativo y solidario, en suma, garantizar el derecho a la protección de la salud a todos los mexicanos.

4.- ¿Está usted de acuerdo con las medidas establecidas en torno a un seguro popular? Si usted está

de acuerdo con esta medida, por favor indique ¿cuál debería ser su alcance en términos de población asegurada?

El Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), mejor conocido bajo el nombre de "Seguro Popular" opera en la lógica de un seguro privado con las consabidas exclusiones. Por ello tiene una serie de características que restringen el derecho a la protección de la salud: está condicionado al pago de una cuota familiar para el 80 por ciento de las familias y, en algunos casos, de una cuota reguladora (pago

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directo por la atención); se puede perder definitivamente; su eventual extensión universal no puede darse antes del 2010 y; no garantiza todos los servicios disponibles sino sólo el Catálogo de Servicios Esenciales (CASES), actualmente de 154 intervenciones, y algunos tratamientos de "Gasto Catastrófico", actualmente cuatro (Cáncer Cérvico-Uterino invasivo, Leucemia Linfoblástica en niños, cuidados Intensivos del recién nacido y atención ambulatoria con antirretrovirales para pacientes con VIH/SIDA).

Todos los demás

tratamientos -por ejemplo el embarazo complicado, la mayoría de los traumatismos, el infarto de corazón, las complicaciones agudas y crónicas de la diabetes y de la mayoría de las enfermedades crónico-degenerativas, etc.- tienen que ser pagados por el paciente y su familia. No es de esperarse que la cobertura médica se amplíe sustancialmente en el mediano plazo debido al tipo de cálculos actuariales que aplica. Adicionalmente el SPSS tiende a excluir a las entidades federativas pobres que difícilmente pueden pagar la cuota estatal

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obligatoria tal como lo han señalado los secretarios de finanzas de los estados.

124 Detrás del SPSS está la concepción de separar las funciones de regulación, financiamiento y prestación de servicios. Esto tiene la finalidad de subsidiar la demanda en lugar de fortalecer la oferta de los servicios públicos de salud. Un esquema similar fue implantado hace diez años en Colombia y ha generado tantos problemas -entre otros, el cierre masivo de hospitales, aumento en el costo de los

servicios, dificultades de acceso a ellos y el debilitamiento de las acciones de salud pública- que actualmente hay coincidencia en la urgencia de reformarlo.

A dos años de funcionamiento hay evidencias consistentes de que el Seguro Popular está generando una nueva segmentación en el acceso a los servicios para la población que no pertenece a una institución de seguridad social. Así se observa que la mayoría de los recursos, viejos y "frescos", se canalizan a las familias con Seguro Popular que son la minoría, en detrimento de la atención a las no- aseguradas. Además

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en algunos estados se ha recurrido a subrogación de distintos servicios sin previo acuerdo sobre las tarifas a pagar, contraviniendo el espíritu de la ley que sólo menciona acuerdos de prestación de servicios entre instituciones públicas. Estas situaciones ponen en duda que el incremento en el presupuesto de salud vía el Seguro Popular esté mejorando la cantidad y calidad de la atención.

El aspecto rescatable del Seguro Popular es el incremento en el presupuesto de salud, pero la aplicación de los nuevos recursos debe estar sujeta a una planeación estratégica

con prioridades bien definidas y encaminadas a corregir los principales rezagos del sistema de salud para la población no-asegurada. Para la discusión sobre un seguro popular es importante no confundirlo con los seguros nacionales de salud de países como Canadá donde es un mecanismo para garantizar a todos los ciudadanos la gratuidad al usar el servicio médico y transferir bajo ciertos condicionamientos recursos financieros a las entidades federativas, de acuerdo con las características específicas de los servicios de salud

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predominantemente públicos y con acuerdos globales con los médicos en la práctica privada. 125 5.- ¿Cómo piensa usted que se puede corregir la desigualdad en el acceso a los servicios públicos de salud de alta calidad?

La principal política para disminuir la desigualdad en el acceso de los servicios públicos de salud, probada en el Distrito Federal durante casi cinco años, es el Programa de Servicios Médicos y Medicamentos Gratuitos. Tiene como fundamento el artículo cuarto constitucional y se dirige

a hacer efectivo el derecho a la protección de la salud para toda la población. En principio la población asegurada por el IMSS y el ISSSTE goza de este derecho por lo que la tarea más urgente es extenderlo a la población no-asegurada.

Este Programa responde al análisis sobre los obstáculos de acceso a un tratamiento adecuado que reveló como elemento crucial las restricciones económicas de la población, particularmente para la compra de los medicamentos y el pago de los servicios de alto costo. A ello se añade

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evidencia empírica que, de forma consistente, indica que el cobro del servicio es elemento central de exclusión de los servicios de salud.

Con esta política se extenderá un beneficio del cual sólo ha disfrutado la población asegurada, que consiste en acceder sin costo alguno a los servicios al momento de requerir de ellos. Esto se traducirá en un sistema de salud crecientemente incluyente que tienda a la universalidad, a condición de que las instituciones de seguridad social asuman su obligación

de atender su población derechohabiente y mejoren la calidad de sus servicios. Este programa abrirá la posibilidad real de garantizar la equidad debido a que asegura que todos tienen igual acceso a los servicios existentes independientemente de su capacidad económica.

Se iniciará de inmediato el Programa de Servicios Médicos y Medicamentos Gratuitos para la población pobre que carece de seguridad social. Se destinarán los recursos requeridos para que funcione y se amplíe hasta abarcar a toda la población. Con ello todos podrán recibir los

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cuidados y medicamentos sin costo alguno en los centros de salud y hospitales de los gobiernos; con ello se incrementará la atención oportuna y la falta de dinero para pagar la atención médica dejará de ser una causa de muerte. 126 No basta con remover el obstáculo económico a la atención, es además necesario acercar los servicios de salud y los medicamentos a la gente. Para ello es necesario construir nuevos centros de salud, clínicas y hospitales, equiparlos y dotarlos de personal a lo largo de

los seis años. Esta actividad empezará en los estados y regiones donde la pobreza es mayor y donde hay menos servicios de salud. Por otra parte, se buscarán los mejores mecanismos para hacer un uso óptimo de los recursos de salud que existen.

Es innegable que el pilar más fuerte del sistema público de salud de México es el IMSS a pesar de sus actuales problemas, provocados por la reforma de 1995 que entró en vigor en 1997 y una concepción errónea de su papel como prestador de servicios. El mejoramiento de

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la calidad de sus servicios requiere un viraje en esta concepción que ha llevado a operaciones financieras precisamente con cargo a la calidad del servicio médico.

6. ¿Considera usted que es adecuado el nivel de gasto público en salud?

Como se señaló, el presupuesto público de salud es insuficiente y es uno de los más bajos en comparación con otros países con el mismo grado de desarrollo que México. Sin embargo es también necesario revisar a fondo la utilización de los recursos disponibles

para optimizarlos y canalizarlos al cumplimiento eficaz y eficiente del cometido sustantivo de las instituciones de salud: el de prestar oportunamente los servicios requeridos a la población. Existen márgenes amplios para recuperar recursos a través de la austeridad republicana, el combate a la corrupción y una administración adecuada con lineamientos para la adquisición de medicamentos, insumos y equipo.

Debe garantizarse un incremento en el gasto de salud, por lo menos equivalente al previsto

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para el Sistema de Protección Social en Salud, durante el próximo sexenio. Para la aplicación de este incremento deben fijarse prioridades que permitan disminuir el rezago en infraestructura e equipamiento, dando preferencia a las zonas más pobres. En este sentido se requiere de un plan estratégico de inversión sexenal. 127 7.- ¿Cómo atendería la transición epidemiológica del país que pasa de tener padecimientos infecciosos a cardiovasculares, diabetes, obesidad y

vejez?

Sin olvidar que todavía contendemos en las zonas pobres del país con la patología infeccioso-nutricional, la transición epidemiológica es un hecho. Su impacto sobre los servicios y en la salud poblacional debe y puede ser amortiguado. La medida más importante es ir construyendo una nueva cultura de la salud con los ciudadanos y actuar intersectorialmente (Secretarías de Salud, Educación, Medio Ambiente, Trabajo, Economía) para disminuir o remover los

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complejos riesgos sanitarios en el corto y mediano plazo. Varios países como el Reino Unido, Canadá y Suecia trabajan exitosamente en esta dirección.

En específico, el sector salud debe incrementar sustancialmente sus acciones de promoción de la salud, la prevención, la detección temprana y el control de los padecimientos crónico-degenerativos y de los llamados factores de riesgo (p.e. obesidad, sedentarismo, condiciones estresantes e hipertensión arterial). Estas acciones son estratégicas ya que permiten disminuir la frecuencia de estas enfermedades, abatir las

complicaciones y mejorar la calidad de vida. Esto pasa por cambiar el modelo pasivo de atención actual por uno anticipatorio en contacto activo con una población conocedora de cuáles son los riesgos y cómo disminuirlos.

En este contexto es clave la política de Servicios Médicos y Medicamentos Gratuitos porque incrementa el contacto de la población con los servicios de salud que dejan de ser un recurso de "última instancia". Esto impulsa y posibilita la promoción, la intervención preventiva y oportuna, lo que

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permite ahorrar tratamientos más costosos en una etapa más avanzada de la enfermedad y disminuir las complicaciones. Además de democratizar el acceso al tratamiento adecuado y reducir la desigualdad social, esta política es coincidentemente un instrumento poderoso para incrementar la eficacia y disminuir el costo global de los servicios, es decir para incrementar su eficiencia.

Adicionalmente es necesario remover los obstáculos de acceso a los servicios y prestar una atención especial a los adultos mayores y sus

128 cuidadores. En este contexto se tiene como recurso la visita médica a domicilio para conocer y precisar sus necesidades de salud.

8.- ¿Qué recursos adicionales se necesitan para este propósito? ¿Cómo se obtendrían?

La planeación estratégica debe incluir consideraciones sobre los efectos de la patología emergente y buscar medidas eficaces y eficientes de atenderla. Es en función de esta planeación que se debe reorientar, eficientar y planear el gasto. Es decir, no se

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trata de establecer un fondo especial para este propósito ya que es una parte de la problemática de salud. LA NECESIDAD DE SEGURIDAD PÚBLICA Y SEGURIDAD JURÍDICA

I Inseguridad Pública

Por lo que se refiere a las preguntas relativas a las razones de la inseguridad, la carrera policial, la corrupción en los cuerpos de seguridad así como a los problemas de coordinación entre los distintos niveles de gobierno, en esta materia y la creación de una policía nacional, nuestra

concepción y propuestas son las siguientes:

En un Estado social y democrático de Derecho la tarea de la seguridad pública debe propiciar un sentimiento generalizado de tranquilidad.

La inseguridad que se ha venido sufriendo afecta a todos los sectores. Tenemos claro que, sin atender esta demanda, resultará ociosa cualquier nueva propuesta de Nación.

Pero no es con criterios policíacos como debe resolverse el problema. Suponer que el deterioro de las relaciones sociales se

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combate únicamente a través del uso de la fuerza pública y de la violencia del Estado, es rotundamente falso y muy peligroso. La ley debe aplicarse, sin duda, pero no por ello disminuirá la delincuencia y cederá el nivel actual de violencia. Sin reformas sociales y sin el 129 fortalecimiento de valores no será posible detener el deterioro de la sociedad.

Claro está que, también, enfrentar a la delincuencia demanda un combate a la corrupción, trabajo coordinado,

profesionalismo, reconocimiento a los buenos servidores públicos y mucha firmeza y perseverancia.

Para la industria del crimen, nada es más benéfico que el terreno propicio de una autoridad corrupta: de ahí que procure incentivarla. La corrupción se convierte, así, en uno de los temas capitales de la seguridad pública y se vuelve un asunto de seguridad nacional, porque pone en riesgo la gobernabilidad y la fortaleza de las instituciones. La credibilidad de un gobierno puede venirse abajo, por deslealtades que suponen corrupción y

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es un hecho que muchos delitos no pueden explicarse sin el contubernio de servidores públicos.

Por eso, es fundamental cuidar la selección de los elementos que ingresan a las corporaciones policíacas; los sueldos; la capacitación y el establecimiento de controles efectivos y de supervisión. Es necesario adoptar un sistema articulado de controles internos y externos, en el que tenga cabida la auditoria ciudadana a los procesos de las corporaciones.

En materia de coordinación, el Gobierno Federal no debe desatender la responsabilidad de sumar los esfuerzos en todos los niveles de gobierno, con estricto respeto a las autonomías de los estados y municipios. Pero, el problema de la delincuencia organizada no se puede enfrentar con un sistema de seguridad pública nacional desorganizado. Si la seguridad pública abarca desde la Policía Preventiva, los Ministerios Públicos y los Tribunales hasta las prisiones, es urgente definir criterios

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uniformes en la actuación de todas las instancias involucradas.

La delincuencia organizada es el problema más complejo que se ha presentado en los últimos años en el terreno de la seguridad pública. Los factores que incidieron en su conformación fueron, fundamentalmente, la incorporación a las bandas delictivas, de 130 agentes del Estado que, desleales a principios, proveyeron de información y protección a células criminales.

Los delitos en que incurren estas organizaciones y que deben ser incluidos, por su gravedad, en una agenda diversa, son el narcotráfico, el contrabando y la privación ilegal de la libertad.

Ante este fenómeno, se debe tener en cuenta que lo más eficaz es el trabajo de inteligencia y la profesionalización de la investigación. En otras palabras, si hay voluntad, el combate al crimen organizado es más un problema de inteligencia que de fuerza.

Debemos resaltar que en los últimos años el

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desarrollo de las instancias federales encargadas de la seguridad pública ha sido casuístico. Una simple revisión del proceso de formación de la SSP nos muestra que se ha carecido de un plan integral y que, más bien ha respondido a circunstancias particulares o a respuestas "políticas" frente a presiones de la opinión pública. Primero, en 1998, ante el crecimiento acelerado del crimen se creo la Subsecretaría de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación. Su estructura absorbió a la anterior Subsecretaría de Prevención y

Readaptación Social, así como a los órganos desconcentrados: Consejo Tutelar de Menores, Policía Federal Preventiva (PFP), Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). Después, en enero de 1999, se promulgó la Ley de la Policía Federal Preventiva, un año antes de que existiera la Secretaría de Seguridad Pública. En su origen la PFP fue un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación y aglutinó a las policías fiscal, migratoria y federal de caminos, a miembros del CISEN y a elementos proporcionados por

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las fuerzas armadas.

Al iniciarse el gobierno panista fue creada la Secretaría de Seguridad Pública. La nueva Secretaría se integró con la estructura burocrática que tenía la Subsecretaría de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación y se le agregaron los órganos desconcentrados: Policía Federal Preventiva, Secretariado Ejecutivo del SNSP, Consejo de Menores, Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social. Fue hasta el 6 de enero de 2005 que se publicó el Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública, que

131 reorganiza a la dependencia en dos Subsecretarías: la de Prevención y Participación Ciudadana, responsabilizada del ámbito penitenciario, derechos humanos, participación ciudadana y prevención del delito, y la de Política Criminal, considerada la del ramo y encargada del diseño y formulación de políticas públicas y estrategias en materia de política criminal. Y, finalmente, a raíz del incremento acelerado de las ejecuciones entre narcotraficantes, se estableció el llamado gabinete de seguridad.

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Esta constante improvisación denota la falta de una política criminal definida, genera diversidad de criterios y carencia de unidad en las acciones dirigidas a conseguir la seguridad pública que reclama la ciudadanía. Lo cual se agrava aún más con la división de las responsabilidades de seguridad en los ámbitos municipal, estatal y federal que, si bien dificulta una adecuada coordinación entre todos los niveles de gobierno, más bien ha servido de pretexto para eludir responsabilidades de las autoridades.

Sobre cuáles son cinco

medidas principales que impulsaría para hacer frente a la delincuencia organizada, nuestra propuesta es la siguiente:

Impulsaremos la reorganización de las áreas vinculadas directamente a la seguridad pública y para ello consideramos indispensable:

a) Desparecer la figura del Comisionado de la Policía Federal Preventiva y dejar directamente en la SSP el Mando Operativo de la PFP.

b) Crear dentro de la SSP una dirección operativa, con capacidad

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ejecutiva, para que el Sistema Nacional de Seguridad Pública coordine eficazmente a todos los estados y municipios del país en esta materia.

c) Que exista una Dirección General de Información, donde se concentren todos los índices delictivos, con la obligación de proporcionar a todos los niveles de gobierno la información que permita una planeación estratégica adecuada. 132 d) La intervención de la PFP debe dirigirse fundamentalmente a las zonas de mayor incidencia delictiva tanto federal, como estatal y municipal,

actuando en conjunto y de manera coordinada, no solo con las policías preventivas de estados y municipios sino, particularmente con la Agencia Federal de Investigaciones. Consideramos que la estrecha coordinación entre la PFP y la AFI, como el primer paso necesario para la construcción de una policía nacional.

e) Vinculación con la Secretaría de Gobernación y con la Procuraduría General de la República a efecto de proporcionar información, dar seguimiento y apoyo técnico operativo en acciones encaminadas al combate a la

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delincuencia organizada.

Como ustedes pueden observar, estamos trabajando bajo la perspectiva de reorganizar para lograr eficiencia, y no en la lógica de destinar más dinero a lo que no funciona.

6.- ¿Estaría usted de acuerdo en involucrar a las Fuerzas Armadas en labores propias de la policía? ¿En qué labores?

De acuerdo con la Constitución, las fuerzas armadas tienen como objetivo fundamental salvaguardar la integridad del territorio y la

preservación de la soberanía. En este marco se inscribe la labor de protección que realizan las Fuerzas Armadas en instalaciones estratégicas para el país. Asimismo, es necesario que una institución con la experiencia y la disciplina del Ejército, siga participando en el combate al narcotráfico. Además, el prestigio del Ejército se acrecienta con sus tareas de auxilio a la población en casos de desastres naturales y otras contingencias.

Sin embargo, el Ejército no debe intervenir para resolver conflictos de origen social. El Ejército

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mexicano, surgido de las luchas populares, no debe utilizarse para asumir funciones que competen al gobierno civil o para suplir las incapacidades políticas de los gobernantes. La opción de utilizar la fuerza, sin importar con qué palabras se disfrace, conduce a mayor represión y sufrimiento social y a más riesgos para 133 la paz y la estabilidad política de la Nación. Nunca más una masacre ante demandas de libertad y de justicia. El Ejército es una institución para la protección de los mexicanos. Aún tratándose de asuntos,

predominantemente, del ámbito internacional, la política de seguridad nacional debe ajustarse y subordinarse a la concepción de un Estado social y democrático de Derecho.

Ahora bien, los nuevos tiempos exigen una definición clara sobre la política de seguridad nacional. Hoy en día, los persistentes conflictos en diversas regiones del mundo demandan la atención de los estados nacionales. Adicionalmente, la globalidad ha profundizado problemas de seguridad como el narcotráfico, la migración y el contrabando.

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Particularmente, en lo que se refiere al combate al narcotráfico, dado que se ha convertido en una seria amenaza a la seguridad interior y exterior del país, consideramos necesario dar mejores instrumentos a las fuerzas armadas en esta misión que se les ha encomendado. En las actuales condiciones de emergencia, la discusión no es si el Ejército debe o no intervenir, sino cómo regular y transparentar su intervención para evitar las consecuencias negativas, en términos de corrupción y violación de derechos humanos, que su intervención puede tener.

II Impunidad e Injusticia

1.- ¿Cree usted que el Ministerio Público tiene la autonomía suficiente para el adecuado ejercicio de sus atribuciones? De no ser así, ¿qué medidas tomaría al respecto?

Como ya lo señalamos, los problemas de seguridad e impunidad abarcan a policías preventivas, ministerios públicos y a los tribunales.

El Ministerio Público está en una grave crisis que se manifiesta en la falta de confianza de la población respecto del desempeño de su tarea, en virtud de que desgraciadamente su

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actuación no da los resultados que se esperan y, actualmente, se le percibe como

134 debilitado, vulnerable e incapaz de dar la lucha en contra de la delincuencia organizada.

El problema no se puede simplificar, pues estamos conscientes de que se trata de un asunto multifactorial. Sin embargo de todas las causas que intervienen para generar esta situación, si se pueden advertir claramente algunas que cobran mayor relevancia y que exigen una nueva orientación.

a) La falta de control

centralizado respecto de las actuaciones del Ministerio Público Federal.

b) Carga innecesaria de funciones ajenas a la tarea originaria del Ministerio Público Federal. En particular, existen ambigüedades entre algunas tareas de la PGR y de la Consejería Jurídica de la Presidencia. Fortalecer a ésta última para que cumpla cabalmente con los objetivos que fue creada, permitiría despolitizar a la PGR y daría garantías de que el Ministerio Público Federal se concentrará de manera imparcial y efectiva en su función esencial: investigar y acusar.

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c) Reforzar el área de visitaduría para erradicar la simulación en la supervisión del trabajo de los agentes del Ministerio Público.

2.- ¿Cree usted que son adecuadas las atribuciones legales que tiene el Ministerio Público para el ejercicio de la acción penal. De no ser así, ¿qué cambios impulsaría?

En el tema de las atribuciones del Ministerio Público para el ejercicio de la acción penal convergen diferentes aspectos, tales como: la cuestión del monopolio del ejercicio de la acción penal; las relaciones

entre los ministerios públicos y los juzgadores; y, las limitadas atribuciones que en determinados campos tiene el Ministerio Público para poder ejercer acción penal.

a) Con respecto al monopolio de la acción penal, cabe aclarar que a partir de que es posible interponer un amparo frente al no ejercicio, se dió un primer matiz a dicho monopolio. Sin embargo, para avanzar con mayor determinación en esta dirección habrá que dar cabida en nuestro derecho procesal

135

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penal a que en los delitos que se persiguen de oficio, los particulares puedan acusar directamente y dar seguimiento a la actuación del Ministerio Público. Desde luego, haciendo las adecuaciones procesales que sean necesarias.

b) En cuanto al equilibrio en las relaciones entre los agentes del ministerio público y los jueces hemos tenido una historia pendular. Para corregir los abusos de los jueces instructores a finales del porfiriato y en el Congreso Constituyente de 1916 - 1917 se incorporó al Ministerio Público al Ejecutivo y se cayó

en el extremo opuesto, la dependencia total del Ministerio Público con respecto al Ejecutivo y la prepotencia de sus agentes. Para tratar de contrarrestar esto, las reformas penales de 1993 en adelante han venido añadiendo condiciones para el ejercicio de la acción penal, al grado de que hoy es posible afirmar que los ministerios públicos tienen que cumplir con un exceso de requisitos, los cuales retardan las investigaciones y, frecuentemente, son fuente de corrupción.

Es necesario revisar estos requisitos para simplificar y agilizar

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el ejercicio de la acción penal. Y, como en otros países, para evitar los abusos de los ministerios públicos hay que establecer la figura del juez de instrucción, que junto con el ,Ministerio Público actué en la investigación de los hechos, dejando en el juzgador la facultad de determinar la existencia o no del posible delito.

c) Al mismo tiempo, el Ministerio Público tiene una serie de limitaciones para el ejercicio de la acción penal en los delitos de "cuello blanco" que deben revisarse. Es necesario revisar y en su caso eliminar los excesivos requisitos de

procedencia a los que se enfrenta el Ministerio Público en delitos graves como: el contrabando que requiere de la querella de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; o en los diferentes delitos bancarios en los que para investigar se necesita la opinión de la Comisión Bancaria y de Valores, o inclusive la exigencia de la opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para poder ejercitar acción penal respecto del delito de lavado de dinero. 136 3.- ¿Que reformas impulsaría para asegurar el profesionalismo

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del Ministerio Público?

Los programas de capacitación y profesionalización son indispensables pero, como lo ha demostrado la experiencia, exigen constancia para dar resultados. Consideramos que lo realizado hasta ahora se puede mejorar sustancialmente poniendo énfasis en la especialización por áreas, en un modelo pedagógico enfocado sustancialmente a la práctica y en el seguimiento de las labores del personal capacitado. Para lograr estos objetivos es necesario que el Instituto Nacional de Ciencias Penales

coordine toda la formación de los ministerios públicos y evalué los perfiles de cada uno de los profesionistas.

Claro esta que un plan de especialización y la inversión en el personal, no puede ser un programa aislado, implica necesariamente la conjunción con otros factores como son la estabilidad en el empleo y la superación laboral, así como un efectivo sistema de estímulos y recompensas. Por todo ello, somos partidarios de los sistemas de clasificación de personal en los que los niveles no son tan distantes y rígidos, sino que permiten una escala programada a mediano

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plazo y soportada por la propia superación personal y la entrega de resultados con cumplimento de metas.

4.- ¿Propondría alguna reforma a las atribuciones y/o al desempeño de la Policía Judicial?

Esta función de auxiliar del Ministerio Público en la investigación de delitos se ha pervertido y ha dado lugar a un auténtico caldo de cultivo o refugio para delincuentes. Además de su depuración, se requiere:

a) Remarcar su carácter de auxiliar, para que sus investigaciones

se efectúen bajo la coordinación del Ministerio Público.

b) Como ya lo señalamos, establecer mecanismos de vinculación con la PFP, en virtud de que ésta policía preventiva sí cuenta con facultades de investigación. 137 c) Un programa sostenido de profesionalización de la investigación con base en especializaciones como secuestro, lavado de dinero, delitos fiscales, tráfico de armas, contra la

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salud y propiedad intelectual.

5.- ¿Que propuestas alentaría para hacer más imparcial y expedita la justicia en México?

La justicia en nuestro país simplemente no es expedita. Se requiere impulsar reformas tendientes a acortar los plazos para ofrecimiento de pruebas, dictado de trámites, dictado de resoluciones, etcétera, así mismo, se deberán eliminar todas aquellas exigencias procesales que devengan innecesarias y dilatorias. Pero también, con todo respeto al Poder Judicial, sin necesidad de reformas, con las

atribuciones con las que ya cuentan la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Federal se pueden mejorar lineamientos, distribución de cargas de trabajo y sistemas de evaluación con el objetivo de incentivar la calidad y la diligencia de los jueces.

Paralelamente, es indispensable, establecer un sistema de arbitraje para la solución de conflictos que por su naturaleza lo permitan, y dar mayor cabida e impulso a la justicia alternativa, es decir, a la mediación previa a las instancias judiciales, en materias como la familiar, la civil, la

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mercantil y la penal.

III Justicia Penal y Sistema Carcelario

1.- ¿Cuáles son cinco medidas fundamentales que usted promovería para mejorar la justicia penal en México?

La justicia penal debe ser entendida de forma integral y por tanto, para mejorarla, hay que ocuparse de todas y cada una de las esferas que la conforman, desde la creación de los tipos penales, hasta la ejecución de sentencia.

Primero. Para combatir la impunidad es indispensable establecer criterios de

profesionalización efectiva del Ministerio Público y de los agentes investigadores para tener mayores garantías de que las averiguaciones sean sólidas y que tengan el seguimiento adecuado durante el proceso penal.

138 Segundo. Revisión de los diferentes ordenamientos legales que regulan la intervención y los derechos de las víctimas del delito a fin de fortalecer su actuación en el proceso penal.

Tercero. Apegarse al principio de uso mínimo y no expansión del

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derecho penal. En un Estado democrático y social de Derecho, son obsoletos tipos penales como la difamación, la calumnia, la provocación o la apología. Consideramos que la penalización de estas conductas es un resabio del autoritarismo y que deben ser revisadas y reguladas en la legislación civil.

Cuarto. Búsqueda de las nuevas formas de solución de los conflictos penales mediante la implementación de los llamados medios alternativos de justicia.

Quinto. Revisar la ejecución de las penas, sin perder de vista que la

pena tiene por objetivo la readaptación social; así como tratamiento diferenciado en el caso de los delitos menores.

2.- ¿Apoyaría usted el establecimiento de los juicios orales?

Proponemos no sólo que se apruebe el establecimiento de los juicios orales, sino de los abreviados, que como se sabe son aquellos que pueden concluirse no en meses, ni en varios días sino en horas como sucede en España.

Es viable establecer los juicios orales para los casos de los delitos imprudenciales o culposos cuya pena no exceda de cinco años.

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Pero, para tener éxito y acercarnos a la justicia expedita habrá que adecuar las reglas procesales.

3.- Es evidente que en México el acceso a la justicia no es igual para todos. En general se percibe que el resultado de los procesos judiciales depende en buena medida de la capacidad económica del procesado. Para la gran mayoría de los procesados, una defensa profesional simplemente no está al alcance de sus posibilidades económicas. ¿Qué puede hacerse para corregir este problema, que no se haya intentado a la

fecha? Si la respuesta es que deben mejorar las defensorías de

139 oficio, cosa que se ha intentado en muchas ocasiones, por favor diga ¿Por qué cree usted que esto no se ha logrado y como garantizaría usted que se lograría?

La falta de equidad en el acceso a la justicia no puede reducirse a las deficiencias de la defensoría de oficio. Que la justicia no sea igual para todos, es una de las expresiones más graves de la desigualdad económica y social creciente que caracteriza a la sociedad

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mexicana. Por ello, un gobierno realmente comprometido con una mejor justicia debe poner en el centro de su actuación hacer frente a la desigualdad en todas sus expresiones.

Esta es la concepción de procuración y administración de justicia que sustentan nuestras propuestas de erradicación de la corrupción, profesionalización del Ministerio Público, simplificación y agilización de procesos, responsabilidad de los juzgadores, e instauración de mecanismos de mediación, así como apoyo decidido a la

justicia alternativa.

4.- ¿Cómo puede resolverse el problema de la lentitud con la que se resuelven los asuntos penales en los tribunales?

Como lo señalé en mis Cincuenta Compromisos, ahora que el Poder Judicial es realmente un poder, es indispensable una reforma para que de manera efectiva jueces, magistrados y ministros de la Corte rindan cuentas. Ya que el Consejo de la Judicatura, que fue establecido para ello, no ha funcionado y tiene, entre sus tareas, precisamente la de hacer frente a la lentitud.

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Adicionalmente, ya lo señalamos, entre otras cosas se requiere: reformas para acortar plazos innecesariamente extensos; avanzar hacia los juicios orales y los abreviados; y, que las autoridades que tienen que auxiliar en un proceso penal con la rendición de informes, lo hagan de forma inmediata y establecer sanciones en caso de incumplimiento. Sobre esto último, basta señalar que en la actualidad una información solicitada a la Comisión Bancaria y de Valores se puede dilatar de manera totalmente discrecional e irresponsable. 140

5.- ¿Apoyaría usted la pena de muerte y la cadena perpetua? ¿Por qué?

No. Ninguna de las dos debe tener cabida en el sistema penal de un Estado social y democrático de Derecho. Ambas formas de reacción son características de sistemas jurídicos represivos en los que el ser humano pierde toda consideración y en los que el Estado renuncia a la aceptación de sus responsabilidades respecto de las conductas criminales. Es un hecho comprobado que los países que aun conservan estas formas de castigo no han tenido

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con ello una notoria o siquiera favorable disminución de sus índices delictivos.

6.- ¿Qué propone usted para resolver el problema de la sobrepoblación en los centros penitenciarios del país? Al contestar esta pregunta por favor díganos si está usted a favor de medidas como las penas alternativas y/o las preliberaciones.

La sobrepoblación que prevalece en los diferentes penales del país no es sólo un problema que derive de la existencia o no de sustitutivos de prisión o preliberaciones. De

hecho, una de las causas, quizás la principal se debe a la gran cantidad de personas que se encuentran en prisión sujetos a la medida cautelar de la prisión preventiva, así como a los reos por delitos federales que están en cárceles locales.

Con respecto a las preliberaciones estamos de acuerdo siempre y cuando no se trate de delitos graves o de reincidentes.

7.- Con frecuencia vemos que ex convictos reinciden en la comisión de delitos graves, e incluso se ha mostrado a reos que

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siguen operando desde las cárceles. Este es un claro indicador de que los centros penitenciarios, lejos de promover la readaptación social, llegan a ser, como se dice comúnmente, "universidades del delito". ¿Qué medidas propone usted para corregir esta situación?

No hay que confundir la problemática de la readaptación social con la corrupción en los penales. En la gran mayoría de los casos de sujetos en reclusión que continúan operando bandas delictivas, se

141

advierte una grave relajación de la disciplina carcelaria. Y, en numerosas ocasiones, son los custodios o directivos de las prisiones los que lo han permitido, lo cual muestra que los procesos de revisión, selección y control de personal no existen o son muy deficientes. También es muy importante separar a quienes cometieron delitos federales, de quienes están en prisión solo por delitos del fuero común, ello en virtud de que los delincuentes federales, por poder

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económico, tienen mayor capacidad para generar corrupción en los centros penitenciarios.

Cabe enfatizar que un problema adicional es el hecho de que los sujetos que se encuentran en la cárcel, sólo bajo el efecto de la prisión preventiva, no pueden ser objeto de ningún tipo de tratamiento, pues no se puede readaptar socialmente a quien aún no se ha juzgado.

IV Derechos de Propiedad

1.- ¿Qué propondría usted para regularizar la propiedad

inmobiliaria en México?

La regularización de la tenencia de la tierra es una condición indispensable para ofrecer certidumbre jurídica al patrimonio familiar y, por tanto, a la inversión pública y privada, tanto en el ámbito rural como en el urbano.

Dado el rezago de la regularización en la tenencia de la tierra, es necesario coordinar los esfuerzos de todas las instancias que participan en estos procesos: Reforma Agraria, Procuraduría Agraria, CORETT, autoridades locales, ejidatarios,

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comuneros, ya que de continuar con el ritmo actual, programas como el de Suelo Libre (incorporación de tierras de origen social que perdieron su vocación agrícola, a la reserva territorial de los municipios) y la regularización misma de la propiedad, tomaría décadas el proceso de regularización, que finalmente terminaría en lo que se ha convertido en un círculo perverso de ocupación irregular-regularización.

En el ámbito urbano debe afrontarse bajo un Programa Especial que agilice los procedimientos administrativos, abata

los costos de 142 escrituración, de los avalúos y de los derechos de adquisición de la propiedad. Para ello, es indispensable la modernización de los registros públicos de la propiedad, de los sistemas catastrales locales y de una regulación del uso del suelo transparente en cada ciudad. Asimismo, deben promoverse convenios de colaboración con los colegios de notarios públicos, con los bancos y gremios profesionales de valuadores inmobiliarios y, en forma periódica, una mayor difusión pública

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de los beneficios de la regularización de la propiedad.

2.- ¿Considera usted que las reformas al artículo 27 de la Constitución, que otorgaron dominio pleno a los ejidatarios, han funcionado adecuadamente?

Es un tema que debe abordarse tanto en el ámbito rural, como en el urbano. Por lo que toca a lo rural, como lo afirmó el Banco Mundial, el campo es donde se efectuaron las "reformas estructurales" más drásticas, pero donde los resultados han sido más decepcionantes. Es cierto que en ello han influido los bajos precios

de los productos agrícolas y la ausencia de recursos para promover nuevas formas de asociación para la producción y comercialización. Pero, sobre todo, el propósito de liberar la tierra para ponerla en el mercado fue un intento de imposición desde las cúpulas y es totalmente ajeno a la cultura de las comunidades y núcleos ejidales que dependen de la agricultura para el autoconsumo. No se les ha dejado más opción que emigrar o la resistencia para sobrevivir y conservar la tierra.

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Por lo que respecta a la vivienda y la reserva territorial, de acuerdo con la distribución actual y las tendencias de crecimiento de la población en área urbanas y rurales, es indispensable buscar mecanismos ágiles y eficientes que permitan incorporar suelo ejidal o comunal al desarrollo urbano, lo que trae consigo la necesidad de revisar y fortalecer los esquemas de asociación pública-privada- social, de manera tal, que los ejidatarios y comuneros puedan participar de manera directa en el desarrollo de los proyectos y que se vean beneficiados con "la plusvalía" que genere

la incorporación de su suelo al ámbito urbano. Si lo único que prevalece es el interés de los especuladores, los proyectos solo generan conflicto, polarización y fracasan. 143 3.- ¿Qué tipo de reformas promovería para fortalecer el respeto a los derechos de propiedad industrial e intelectual?

Sin perder de vista que el verdadero problema consiste en que la diferencia de precios es el incentivo para la producción, comercialización y consumo de piratería, no desconocemos que nuestro marco jurídico

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vigente para enfrentar este fenómeno es absolutamente ineficiente. Por ello, propondríamos:

a) Revisar las normas de propiedad intelectual (derechos de autor) y de propiedad industrial (derecho de marca y de patentes) poniendo especial atención en agilizar los procedimientos de registro, consulta y sanción.

b ) Revisar los delitos que se cometen tanto en materia de derechos de autor como de derecho de marca a fin de establecer supuestos más claros y sencillos de acreditar, para

combatir con efectividad la delincuencia que obtiene grandes ganancias por la practica de la piratería.

c) Profesionalizar al Ministerio Público Federal, así como a las áreas de servicios periciales de la PGR a fin de unificar criterios.

d) Establecer mecanismos de consulta y respuesta ágil y rápida tanto de las autoridades encargadas de la protección de los derechos de autor como los derechos de propiedad industrial en su interrelación con el Ministerio Público Federal.

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4.- Para algunos estudiosos, el sector informal es el resultado de la incapacidad del sector formal de la economía para generar empleos suficientes, y además, da oportunidad a millones de personas en encontrar una forma de subsistencia. Para otros especialistas, ese sector representa una competencia desleal para las empresas formales, piratería e injusticia en el pago de impuestos. ¿Cuál de estas dos posiciones se acerca más a lo que usted piensa? 144 Es cierto que la economía informal

representa una solución y varios problemas. Pero la solución de ellos solo puede darse atendiendo las deficiencias de la economía formal. Es decir, por medio de una reforma fiscal radical y procesos de desregulación efectivos. En este sentido estamos trabajando nuestra propuesta de simplificación de impuestos.

V Incertidumbre Jurídica

1.- Los conflictos entre arrendadores y arrendatarios inmobiliarios ponen a prueba el respeto a los contratos, incluso

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el derecho de propiedad, ¿piensa usted que en la actualidad la legislación y los procesos que de ella se derivan para desalojar a un inquilino moroso, son los adecuados o deben cambiarse? Si deben cambiarse, ¿qué cambios impulsaría usted? Para responder esta pregunta, si desea, refiérase a la situación de una entidad federativa en forma específica.

Con apego a la certidumbre jurídica de ambas partes es necesario revisarlos para agilizarlos, pero consideramos que hay que establecer la mediación

obligatoria antes del inicio de un proceso legal. Sin embargo, es importante señalar que la legislación en esta materia, a excepción de los casos en los que una entidad del Gobierno Federal actúa como arrendador, es de orden local y corresponde a los órganos legislativos de las entidades federativas definirla.

2.- ¿Qué medidas promovería usted para facilitar el acceso de las personas de bajos recursos a la justicia en asuntos civiles y mercantiles?

Reitero que nuestra propuesta tiene como preocupación central la cuestión de la

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desigualdad creciente que priva en el país, y que los asuntos que hemos venido señalando en estos temas tienen como propósito no solo hacer mejor justicia, sino hacerla más accesible. Consideramos que los abogados de oficio que actualmente existen, y la autoridad en general, pueden jugar un papel muy importante en la prevención de los conflictos judiciales por diferentes medios, como: la revisión de contratos para evitar cláusulas abusivas; las campañas para testar y evitar juicios intestamentarios; la asistencia para el

145 llenado de formas y la

inscripción de documentos en los Registros Públicos; y, desde luego, la reducción al máximo de formalismos administrativos.

3.- ¿A usted le parece que es adecuada la forma en la que opera el juicio de amparo y el alcance de las decisiones que de él se derivan? De no ser así, identifique los cambios principales que usted propondría.

No podemos perder de vista que, a pesar de sus limitaciones y del abuso, el juicio de amparo es el único instrumento jurídico con el que cuentan en México las personas para

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defenderse de los abusos de las autoridades. Para adecuarlo a las exigencias actuales de la sociedad se requieren cambios en cuatro aspectos fundamentales:

1.- Ampliar su campo de acción, para garantizarle al ciudadano la posibilidad de reclamar ante los tribunales el pleno cumplimiento de la Constitución y no solo si se afectan sus garantías individuales. Para erradicar las herencias del autoritarismo, como mínimo, deben garantizarse los derechos contenidos en cinco de los instrumentos

internacionales que en materia de derechos humanos han sido ratificados por México: la Declaración Universal de Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

2.- Eliminar la relatividad de las sentencias en el amparo contra leyes, para garantizar que los órganos legislativos de nuestro

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país no sigan emitiendo impunemente leyes inconstitucionales y que los ejecutivos las sigan aplicando, a sabiendas de que los efectos del amparo solo benefician a una minoría.

3.- Con el objetivo de fortalecer y desarrollar la justicia local, es necesario revisar el amparo directo y establecer los casos en los que sea definitiva la sentencia del juzgador local.

4.- Y, con todo respeto al Poder Judicial, que se supere el rezago de homologación de criterios y resolución de contradicciones de

tesis 146 para agilizar los juicios y combatir los abusos que tanto han desprestigiado al amparo.

VI Funcionamiento del Sistema Presidencial en México

Finalmente, en lo que se refiere a la preocupación en torno al funcionamiento actual de nuestro sistema presidencial y sus posibles reformas, quiero fijar claramente cinco puntos que considero fundamentales para la gobernabilidad democrática.

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1.- División de poderes

Por mucho tiempo, México vivió un régimen de simulación, el sistema político funcionaba con reglas no escritas: la Constitución se respetaba en la forma pero se violaba en el fondo. La división de poderes era una farsa: el Ejecutivo era, realmente, el poder de los poderes; en lo esencial, tenía subordinado al Legislativo y al Judicial.

Poco a poco estas prácticas han ido desapareciendo y mal haríamos si intentáramos mantenerlas o recrearlas. Deben erradicarse por completo. Por propia

convicción, sostengo que los poderes deben funcionar con absoluta independencia y dentro de la órbita de sus atribuciones. En estos nuevos tiempos, todos debemos autolimitarnos y buscar más allá de las diferencias, inherentes a la vida democrática, puntos de coincidencia en beneficio del interés general.

La relación del Ejecutivo Federal con el Congreso de la Unión debe partir del respeto a la autonomía del Poder Legislativo, pero tratando de encontrar puntos de acuerdo en beneficio del desarrollo social, económico y político del

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país.

Hoy, el Congreso es un espacio de mucha incertidumbre, sin un rumbo definido por la diversidad de fuerzas que lo componen y el equilibrio que guardan entre sí, pero con capacidad, fundamentalmente, para oponerse, mediatizar o cambiar las iniciativas presidenciales.

En este contexto, aunque siempre existirán intereses encontrados, deben buscarse márgenes de negociación para definir políticas

147

comunes con el Poder Legislativo. El Ejecutivo debe procurar que las iniciativas de ley tengan un amplio respaldo social y, previamente, se alcancen los acuerdos básicos con diputados y senadores.

En el marco del pacto general, es fundamental lograr consensos en, cuando menos los siguientes temas: las reformas legales necesarias para el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar; el presupuesto para el desarrollo social; el combate a la corrupción, la impunidad y el influyentismo; y el programa para garantizar la

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seguridad pública.

2.- Autonomía del Poder Judicial La relación del Ejecutivo con el Poder Judicial debe darse apegada a la legalidad y al Derecho. La interacción entre ambos ha de fomentar el desarrollo del orden jurídico y la cultura de respeto a la ley. No puede haber equívocos en la conducta del Ejecutivo que debe ceñirse, esencialmente, a la fundamentación constitucional y la motivación sólida de sus actos y reglamentos; al litigio jurídico- político oportuno y al respeto a las resoluciones definitivas y, finalmente, de

conformidad con el artículo 97 constitucional, a la solicitud de averiguación para los casos de mayor complejidad político-jurídica. Respetuosamente, considero que debe llevarse a cabo una profunda reforma al Poder Judicial a favor de la transparencia y responsabilidad de sus decisiones. Este Poder debe contar con absoluta autonomía pero es urgente crear en su interior un sistema de control y vigilancia que evite la corrupción y garantice el recto proceder de jueces, magistrados y ministros. Sé muy bien que, con ese propósito, se creó

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el Consejo de la Judicatura Federal, pero la realidad nos advierte que no ha cumplido, cabalmente, con su encomienda de garantizar la imparcialidad e independencia de las decisiones judiciales. Baste decir que, desde que entró en funciones en 1995, sólo han destituido a siete jueces y no hay ningún miembro del Poder Judicial Federal en la cárcel. 148 3.- Nuevo Federalismo

Actualmente, en México se vive la distribución territorial del poder de decisión más amplia de toda la historia del país como Nación

independiente. Esta distribución ha sido generada tanto por el incremento de la pluralidad política de las autoridades, como por el proceso continuo de reformas que, durante las últimas dos décadas, han descentralizado facultades y recursos. Hoy los gobiernos estatales y los ayuntamientos son electos democráticamente, actúan con la autonomía política que les corresponde, tienen que responder a sus electores y reclaman recursos para cumplir con sus responsabilidades.

En este contexto, se han activado las instituciones del

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federalismo mexicano -la llamada división vertical de poderes- y los principales conflictos de competencia entre niveles de gobierno se están dirimiendo satisfactoriamente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la vía de controversias constitucionales.

De manera paralela, aunque la Secretaría de Gobernación es, formalmente, la encargada de las relaciones políticas con las entidades federativas, lo sustancial de las relaciones y conflictos políticos entre el

Ejecutivo Federal y los estados y municipios, se dirimen, más que en el área política tradicional, en el ámbito de la Secretaría de Hacienda.

Lo anterior tiene cierta lógica: la creciente desigualdad regional es el reto fundamental del federalismo mexicano. Y, en un contexto de pluralidad, cada nivel de gobierno reclama para sí recursos y ejercicio autónomo de sus competencias pero, a la vez, todos son interdependientes. Corresponde a la Federación velar por esta integración que la desigualdad pone en riesgo.

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Por ello, la tensión en las relaciones entre la Federación y los estados tiende a concentrarse en los ámbitos de la SHCP y en la instrumentación territorial de los programas federales. 149 Dada la concentración del proceso de recaudación establecida en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, la SHCP es la que suministra a las entidades federativas los ingresos que les corresponden. Basta señalar que el 90 por ciento de los ingresos de los estados, son transferencias federales

y, por lo que corresponde a los municipios, el 80 por ciento.

Así, la SHCP es la dependencia del Ejecutivo que mayor interlocución y poder de negociación tiene con los gobiernos de las entidades federativas. Esto se concreta en dos sentidos: por la vía de los mecanismos establecidos para el suministro de ingresos y, al mismo tiempo, porque también corresponde a Hacienda la autorización del ejercicio del gasto que las otras dependencias del Ejecutivo realizan en los estados y municipios.

Recordemos que las

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relaciones vigentes, en esta materia, se norman a partir de la Ley de Coordinación Fiscal que se promulgó en 1980 y es obvio que las condiciones económicas, sociales y políticas han cambiado. Por eso, debe llegarse a un acuerdo que permita redefinir, en lo esencial, quién tiene que cobrar los impuestos y cómo distribuir el presupuesto público para hacer frente a las desigualdades sociales y regionales crecientes que caracterizan a nuestro país.

Ante esta realidad, la Conferencia Nacional de Gobernadores puede ser el espacio de

confluencia entre intereses comunes a las entidades federativas y una instancia para la institucionalización de las nuevas relaciones entre el Ejecutivo Federal y los estados.

4.- Presidencia Republicana y Democrática

El Presidente debe ser el primero que respete su investidura actuando siempre de manera republicana y democrática. Nada puede dañar más a la institución presidencial que el comportamiento del Presidente. Las prácticas cortesanas y el dispendio deben ser erradicados, empezando por las

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estructuras que de manera inmediata dependen del Presidente de la República. Consideramos que el jefe del Ejecutivo no requiere de la parafernalia con la que lo han rodeado y, perfectamente, puede ejercer sus responsabilidades de manera eficiente si cuenta únicamente con las oficinas de la

150 secretaría particular y la de comunicación social, así como reduciendo a lo indispensable el personal de apoyo que le brindan el Estado Mayor Presidencial y Guardias

Presidenciales.

5.- Reforma Constitucional para Establecer la Revocación del Mandato en Nuestro Sistema Presidencial

La revocación es un método democrático que obliga a los representantes electos a someterse al refrendo del mandato que les otorgó el electorado. Consideramos que hacer la reforma constitucional necesaria para incorporar la revocación del mandato en nuestro sistema presidencial, contribuirá a la construcción de una gobernabilidad democrática más eficiente.

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En nuestra historia política contemporánea en diversas ocasiones se ha demostrado que el periodo presidencial de seis años puede resultar excesivamente largo. Hoy que tenemos elecciones federales competidas este problema se complica aún más. Ello, en virtud de que la elección intermedia de diputados federales puede dar por resultado que el partido político que postuló al Presidente de la República pierda esta elección y, en consecuencia, se reduzca la capacidad política que requiere el cargo para el cual fue electo tres años antes.

La posibilidad de que el electorado revoque el mandato presidencial una vez que se han cumplido tres años de gobierno, es una reforma que resolvería estas circunstancias. Al establecer esta institución democrática en nuestro sistema político, se reafirmaría el poder electoral como el origen de todos los poderes, los ciudadanos tendrían oportunidad de decidir directamente si prefieren que termine el mandato un Presidente interino, nombrado de acuerdo con nuestra Constitución por la coalición que domine en el Congreso; o sí

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el Presidente en funciones, no obstante estar en minoría, debe continuar en el cargo. En ambos casos evitaríamos el estancamiento y tendríamos, durante el último trienio, un Presidente de la República con respaldo político, capacidad de propuesta y de ejecución. 151