proyecto adolescencia

CONGRESO DE LOS DIPUTADOSX LEGISLATURA

Serie A: PROYECTOS DE LEY 27 de febrero de 2015 Nm. 130-1 Pg. 1

BOLETN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

PROYECTO DE LEY

121/000130 Proyecto de Ley Orgnica de modificacin del sistema de proteccin a la infancia y a la adolescencia.

La Mesa de la Cmara, en su reunin del da de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(121) Proyecto de Ley.

Autor: Gobierno.

Proyecto de Ley Orgnica de modificacin del sistema de proteccin a la infancia y a la adolescencia.

Acuerdo:

Encomendar Dictamen, conforme al artculo 109 del Reglamento, a la Comisin de Sanidad y Servicios Sociales. Asimismo, publicar en el Boletn Oficial de las Cortes Generales, estableciendo plazo de enmiendas, por un periodo de quince das hbiles, que finaliza el da 17 de marzo de 2015.

En ejecucin de dicho acuerdo se ordena la publicacin de conformidad con el artculo 97 del Reglamento de la Cmara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2015.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutirrez Vicn.

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CONGRESO DE LOS DIPUTADOSSerie A Nm. 130-1 27 de febrero de 2015 Pg. 2

PROYECTO DE LEY ORGNICA DE MODIFICACIN DEL SISTEMA DE PROTECCIN A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA

Prembulo

I

El artculo 39 de la Constitucin establece la obligacin de los poderes pblicos de asegurar la proteccin social, econmica y jurdica de la familia, en especial de los menores de edad, de conformidad con los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.

En cumplimiento de este mandato, el legislador estatal, en el marco de sus competencias, ha regulado las instituciones jurdico-pblicas y privadas sobre las que se asienta la proteccin del menor.

El resultado, cuyo mximo exponente es la Ley Orgnica 1/1996, de 15 de enero, de Proteccin Jurdica del Menor, de modificacin parcial del Cdigo Civil y de Enjuiciamiento Civil, en adelante Ley Orgnica de Proteccin Jurdica del Menor, es un marco regulador que garantiza a los menores una proteccin uniforme en todo el territorio del Estado, y que ha servido de referencia a la legislacin que las Comunidades Autnomas han ido aprobando de acuerdo con su competencia en materia de asistencia social, servicios sociales y proteccin pblica de menores.

Sin embargo, transcurridos casi veinte aos desde la aprobacin de la citada norma, se han producido importantes cambios sociales que inciden en la situacin de los menores y que demandan una mejora de sus instrumentos de proteccin jurdica en aras del cumplimiento efectivo del citado artculo 39 de la Constitucin.

As se constata en las Recomendaciones contenidas en el Informe sobre Centros de Proteccin de Menores con Trastornos de Conducta y en situacin de Dificultad Social del ao 2009 y en el Estudio sobre la escucha y el inters superior del menor, revisin judicial de medidas de proteccin y procesos de familia del ao 2014 del Defensor del Pueblo. En el mismo sentido se pronunci la Fiscala General del Estado en las Recomendaciones contenidas en su Memoria del ao 2010, el Comit de los Derechos del Nio en las Observaciones finales a Espaa de 3 de noviembre de 2010, y la Comisin Especial del Senado de estudio de la problemtica de la adopcin nacional y otros temas afines, cuyo informe fue publicado en el Boletn Oficial de las Cortes Generales, Senado, el da 17 de noviembre de 2010. Adems, son varios los convenios internacionales que han entrado en vigor en nuestro pas en este periodo y que exigen una adaptacin normativa.

De conformidad con las propuestas y recomendaciones referidas, esta ley tiene como objeto introducir los cambios jurdicos-procesales y sustantivos necesarios en aquellos mbitos considerados como materia orgnica, al incidir en los derechos fundamentales y libertades pblicas establecidos en los artculos 14, 15, 16, 17.1, 18.2 y 24 de la Constitucin. Se busca con ello la mejora de los citados instrumentos de proteccin, a los efectos de continuar garantizando a los menores una proteccin uniforme en todo el territorio del Estado, que sirva de marco a las Comunidades Autnomas en el desarrollo de su respectiva legislacin de proteccin de menores, con independencia de su situacin administrativa, en caso de extranjeros. Para ello, mediante dos artculos y dos disposiciones finales, se procede a la modificacin de las principales leyes que regulan las instituciones para la proteccin de los menores.

En el artculo primero se establecen las modificaciones de la Ley Orgnica de Proteccin Jurdica del Menor; en el artculo segundo se determinan las modificaciones que afectan a la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en lo sucesivo Ley de Enjuiciamiento Civil; en la disposicin final primera se recogen las modificaciones correspondientes a la Ley Orgnica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en adelante Ley Orgnica del Poder Judicial; y, en la disposicin final segunda se modifica la Ley Orgnica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Proteccin Integral contra la Violencia de Gnero.

II

Los cambios introducidos en la Ley Orgnica de Proteccin Jurdica del Menor desarrollan y refuerzan el derecho del menor a que su inters superior sea prioritario, principio fundamental en esta materia, pero concepto jurdico indeterminado que ha sido objeto, a lo largo de estos aos, de diversas interpretaciones. Por ello, para dotar de contenido al concepto mencionado, se modifica el artculo 2 incorporando tanto la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los ltimos aos como los criterios de la Observacin general nm. 14, de 29 de mayo de 2013, del Comit de Naciones Unidas de Derechos del Nio, sobre el derecho

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del nio a que su inters superior sea una consideracin primordial. Este concepto se define desde un contenido triple. Por una parte, es un derecho sustantivo en el sentido de que el menor tiene derecho a que, cuando se adopte una medida que le concierna, sus mejores intereses hayan sido evaluados y, en el caso de que haya otros intereses en presencia, se hayan ponderado a la hora de llegar a una solucin. Por otra, es un principio general de carcter interpretativo, de manera que si una disposicin jurdica puede ser interpretada en ms de una forma se debe optar por la interpretacin que mejor responda a los intereses del menor. Pero adems, en ltimo lugar, este principio es una norma de procedimiento. En estas tres dimensiones, el inters superior del menor tiene una misma finalidad: asegurar el respeto completo y efectivo de todos los derechos del menor, as como su desarrollo integral.

A la luz de estas consideraciones, es claro que la determinacin del inters superior del menor en cada caso debe basarse en una serie de criterios aceptados y valores universalmente reconocidos por el legislador que deben ser tenidos en cuenta y ponderados en funcin de diversos elementos y de las circunstancias del caso, y que deben explicitarse en la motivacin de la decisin adoptada, a fin de conocer si ha sido correcta o no la aplicacin del principio.

Se modifica el artculo 3 para incluir la referencia oportuna a la Convencin de Derechos de las personas con discapacidad de 13 de diciembre de 2006, firmada por Espaa el 30 de marzo de 2007 y cuyo instrumento de ratificacin fue publicado en el Boletn Oficial del Estado de 21 de abril de 2008; y adaptar el lenguaje en consecuencia, sustituyendo el trmino deficiencia por el de discapacidad.

Mediante la modificacin del artculo 9, se desarrolla, de forma ms detallada, el derecho fundamental del menor a ser odo y escuchado de acuerdo con lo establecido en el Convenio del Consejo de Europa para la proteccin de los nios contra la explotacin y el abuso sexual, hecho en Lanzarote el 25 de octubre de 2007, firmado por Espaa el 12 de marzo de 2009 y cuyo instrumento de ratificacin fue publicado en el Boletn Oficial del Estado de 12 de noviembre de 2010; y con los criterios recogidos en la Observacin nm. 12, de 12 de junio de 2009, del Comit de Naciones Unidas de Derechos del Nio, sobre el derecho del nio a ser escuchado. Se sustituye el trmino juicio por el de madurez, tanto en la presente ley orgnica como en la ley ordinaria de modificacin del sistema de proteccin a la infancia y a la adolescencia, por ser un trmino ms ajustado al lenguaje jurdico y forense que ya se incorpor en su momento en la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopcin Internacional, y que es generalmente utilizado en los diversos convenios internacionales en la materia, tales como el Convenio de Naciones Unidas de Derechos del Nio, el Convenio relativo a la proteccin del nio y a la cooperacin en materia de adopcin internacional, hecho en La Haya el 29 de mayo de 1993, o el Protocolo facultativo de la Convencin sobre los Derechos del Nio relativo a un procedimiento de comunicaciones, hecho en Nueva York el 19 de diciembre de 2011, entre otros. Se establece expresamente que no puede existir ningn tipo de discriminacin en el ejercicio de este derecho por razn de su discapacidad, tanto en el mbito familiar como en cualquier procedimiento administrativo, judicial o de mediacin en que est directamente implicado, en lnea con la Convencin de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad de 13 de diciembre de 2006. Adems, se detallan las especiales necesidades que el menor tiene para poder ejercer adecuadamente este derecho y los correspondientes medios para satisfacerlas. Se toma, adems, en cuenta en esta regulacin la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (casos SN contra Suecia de 2 de octubre de 2002, Magnusson contra Suecia de 16 de diciembre de 2003 y Bellern contra Espaa de 4 de noviembre de 2003) y del Tribunal Supremo (sentencia nm. 96/2009, de 10 marzo).

Se modifica tambin el apartado 2 del artculo 10 aadiendo la posibilidad de facilitar a los menores el acceso a mecanismos adecuados y adaptados a sus necesidades para plantear sus quejas ante la figura del Defensor del Pueblo o instituciones autonmicas homlogas. Adems se refuerza la tutela judicial efectiva de los menores introduciendo la posibilidad de solicitar asistencia legal y nombramiento de un defensor judicial.

Se regula, como novedad importante, en el nuevo captulo IV del ttulo II, el ingreso de menores en centros de proteccin especficos para menores con problemas de conducta en los que est prevista, como ltimo recurso, la utilizacin de medidas de seguridad y de restriccin de libertades o derechos fundamentales, as como las actuaciones e intervenciones que pueden realizarse en los mismos. Su regulacin especfica atiende a las peticiones planteadas por instituciones relevantes como el Defensor del Pueblo, la Fiscala General del Estado y el Comit de los Derechos del Nio, entre otras, y cuya situacin tambin fue abordada por la Comisin Especial del Senado de estudio de la problemtica de la adopcin nacional y otros temas afines; as como con lo indicado por el Tribunal Constitucional en sus Sentencias 131 y 132/2010, de 2 de diciembre de 2010, por las que se resolvieron sendas cuestiones de

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inconstitucionalidad interpuestas, respectivamente, en relacin con el artculo 211 del Cdigo Civil y con la disposicin final vigsima tercera de la Ley Orgnica de Proteccin Jurdica del Menor y con el artculo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Estos centros de proteccin a la infancia tienen en cuenta las especiales caractersticas, complejidad, condiciones y necesidades de estos menores, que requieren de una intervencin especializada, cuando se encuentren bajo la proteccin de la Entidad Pblica.

La sociedad espaola ha sufrido un proceso de cambios acelerados en los ltimos aos que ha tenido su manifestacin en la aparicin de un nuevo perfil de los usuarios de los servicios sociales y de los servicios de proteccin a la infancia y a las familias. Es el caso de los menores que ingresan en los centros de proteccin, en un nmero cada vez ms elevado, a peticin de sus propias familias, ante situaciones muy conflictivas derivadas de problemas de comportamiento agresivo, inadaptacin familiar y graves dificultades para ejercer la responsabilidad parental. Su situacin psicolgica y social demanda soluciones diferentes a las que ofrecen los centros de proteccin ordinarios o sus familias y requieren de un ingreso en centros especializados, previo informe sobre su situacin social y sobre su estado psquico.

Su regulacin puede, en ocasiones, incidir en los derechos fundamentales de los menores, lo cual exige una normativa en la que se determinen los lmites de la intervencin y se regulen, entre otras cuestiones, las medidas de seguridad como la contencin, el aislamiento o los registros personales y materiales, as como otras medidas como la administracin de medicamentos, el rgimen de visitas, los permisos de salida o sus comunicaciones, en cada caso.

En todo caso, estos centros nunca podrn concebirse como instrumentos de defensa social frente a menores conflictivos, teniendo en cuenta, adems, que la intervencin no deriva de la previa acreditacin de la comisin de delitos. Estos centros deben proporcionar a los menores con problemas de conducta, cuando las instancias familiares y educativas ordinarias no existen o han fracasado, un marco adecuado para la educacin, la normalizacin de su conducta y el libre y armnico desarrollo de su personalidad. La justificacin de recursos especficos destinados a atender graves problemas del comportamiento, as como situaciones de crisis, radica en la necesidad de proporcionar a estos menores un contexto ms estructurado socio-educativo y psicoteraputico, que solo un programa especfico pueda ofrecerles, tratando el problema desde un enfoque positivo y de oportunidades, adems desde los principios y proyectos educativos diseados con carcter general.

III

En el artculo segundo se modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil para introducir las reformas procesales que garanticen la efectividad de las novedades sustantivas que se han expuesto, as como para obtener de los Tribunales la tutela ms efectiva posible de los derechos e intereses de los menores.

Con la introduccin del nuevo artculo 778 bis se incorpora un procedimiento gil, sencillo y detallado para la obtencin de la autorizacin judicial del ingreso de un menor en un centro de proteccin especfico de menores con problemas de conducta, a fin de legitimar las restricciones a su libertad y derechos fundamentales que la medida pueda comportar. El ingreso de un menor en estos centros, a solicitud de la Entidad Pblica o del Ministerio Fiscal, requiere del debido control judicial que se efectuar al exigir que se realice previa autorizacin del Juez de Primera Instancia del domicilio de la Entidad Pblica, salvo en los supuestos de urgencia, en los que el ingreso ser ratificado con posterioridad, con intervencin del Ministerio Fiscal y del menor.

Por otra parte, se introducen modificaciones en la regulacin de las autorizaciones para la entrada en domicilios y restantes lugares cuyo acceso requiera el consentimiento de su titular para la ejecucin forzosa de medidas de proteccin de un menor. La necesaria garanta de los derechos fundamentales en juego conduce a la introduccin, mediante el nuevo artculo 778 ter de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de un procedimiento especial para conocer de las solicitudes para entrar en un domicilio en ejecucin de las resoluciones administrativas de proteccin de menores.

Hasta la fecha, la competencia se ha atribuido a la jurisdiccin contencioso-administrativa, no existiendo un procedimiento especfico que garantice plenamente el equilibrio de los intereses en juego: de una parte, el superior inters del menor afectado por la resolucin administrativa cuya ejecucin exige la entrada en un domicilio; y de otra, el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio consagrado en el artculo 18.2 de la Constitucin. Frente a la situacin existente, se ha optado por atribuir la competencia para la autorizacin de entrada en domicilio al Juzgado de Primera Instancia, pues es al que le corresponde

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el conocimiento de los recursos contra las resoluciones dictadas por las Entidades Pblicas competentes en la materia, debiendo realizar una ponderacin de los intereses en juego, competencia alejada de la funcin esencial del Juzgado de lo Contencioso-administrativo, que se centra en el control de la correccin de la actividad administrativa sometida a su conocimiento.

Se regula un procedimiento sumario, gil y detallado. Es cierto que estas autorizaciones son solicitadas normalmente en circunstancias en las que las medidas de proteccin deben ser ejecutadas con urgencia, exigiendo celeridad en su resolucin, lo que queda garantizado con la posibilidad de que el Juez adopte de forma inmediata tal resolucin, siempre que se justifique esa necesidad.

El fuero de competencia territorial se atribuye atendiendo al criterio generalizado para los procesos de proteccin de menores, con el fin de favorecer la unidad de criterio de los Juzgados que intervengan, y evitando la dispersin que se derivara de adoptar cualquier otro fuero competencial. El procedimiento garantiza tanto la intervencin del Ministerio Fiscal, como la audiencia del titular del domicilio interesado, sin que este trmite pueda constituir un obstculo o dilacin indebida para la resolucin judicial, atendida la urgencia de cada caso.

IV

Igualmente y de manera complementaria con las modificaciones operadas en la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la disposicin final primera se modifica la Ley Orgnica del Poder Judicial en relacin con la competencia para otorgar la autorizacin judicial para la entrada en el domicilio para la ejecucin forzosa de medidas de proteccin de menores acordadas por la Entidad Pblica competente en la materia.

V

Mediante la disposicin final segunda se lleva a cabo la modificacin de la Ley Orgnica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Proteccin Integral contra la Violencia de Gnero.

Cualquier forma de violencia ejercida sobre un menor es injustificable. Entre ellas, es singularmente atroz la violencia que sufren quienes viven y crecen en un entorno familiar donde est presente la violencia de gnero. Esta forma de violencia afecta a los menores de muchas formas. En primer lugar, condicionando su bienestar y su desarrollo. En segundo lugar, causndoles serios problemas de salud. En tercer lugar, convirtindolos en instrumento para ejercer dominio y violencia sobre la mujer. Y, finalmente, favoreciendo la transmisin intergeneracional de estas conductas violentas sobre la mujer por parte de sus parejas o ex parejas. La exposicin de los menores a esta forma de violencia en el hogar, lugar en el que precisamente deberan estar ms protegidos, los convierte tambin en vctimas de la misma.

Por todo ello, resulta necesario, en primer lugar, reconocer a los menores vctimas de la violencia de gnero mediante su consideracin en el artculo 1, con el objeto de visibilizar esta forma de violencia que se puede ejercer sobre ellos.

Su reconocimiento como vctimas de la violencia de gnero conlleva la modificacin del artculo 61, para lograr una mayor claridad y hacer hincapi en la obligacin de los Jueces de pronunciarse sobre las medidas cautelares y de aseguramiento, en particular, sobre las medidas civiles que afectan a los menores que dependen de la mujer sobre la que se ejerce violencia.

Asimismo, se modifica el artculo 65 con la finalidad de ampliar las situaciones objeto de proteccin en las que los menores pueden encontrarse a cargo de la mujer vctima de la violencia de gnero.

Por ltimo, se mejora la redaccin del artculo 66 superando la concepcin del rgimen de visitas y entendindolo de una forma global como estancias o formas de relacionarse o comunicarse con los menores.

VI

Se introduce una disposicin adicional nica que establece la utilizacin de la expresin Entidad Pblica, y en la disposicin transitoria se regula la normativa que, en funcin de las modificaciones realizadas, se ha de aplicar a los procedimientos judiciales ya iniciados.

Mediante la inclusin de una disposicin derogatoria se establece una clusula general derogatoria. En la disposicin final tercera se regulan los ttulos competenciales en virtud de los cuales se realiza

la presente reforma, teniendo el carcter de orgnico todos sus artculos y las disposiciones finales primera

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y segunda; en la disposicin final cuarta se regula el no incremento del gasto presupuestario; en la disposicin quinta se habilita al Gobierno para el desarrollo reglamentario; y, finalmente, en la disposicin final sexta se dispone la entrada en vigor de la ley a los veinte das de su publicacin en el Boletn Oficial del Estado, tiempo suficientemente amplio para que pueda conocerse adecuadamente el contenido de las novedades que supone.

Artculo primero. Modificacin de la Ley Orgnica 1/1996, de 15 de enero, de Proteccin Jurdica del Menor, de modificacin parcial del Cdigo Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

La Ley Orgnica 1/1996, de 15 de enero, de Proteccin Jurdica del Menor, de modificacin parcial del Cdigo Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, queda modificada en los siguientes trminos:

Uno. Se modifica la rbrica del captulo I del ttulo I, que queda redactada como sigue:

CAPTULO I

mbito e inters superior del menor

Dos. Se modifica el artculo 2, que queda redactado como sigue:

Artculo 2. Inters superior del menor.

1. Todo menor tiene derecho a que su inters superior sea valorado y considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernan, tanto en el mbito pblico como privado. En la aplicacin de la presente ley y dems normas que le afecten, as como en todas las medidas concernientes a los menores que adopten las instituciones, pblicas o privadas, o los Tribunales, primar el inters superior de los mismos sobre cualquier otro inters legtimo que pudiera concurrir.

Las limitaciones a la capacidad de obrar de los menores se interpretarn de forma restrictiva y, en todo caso, siempre en inters superior del menor.

2. A efectos de la interpretacin y aplicacin en cada caso del inters superior del menor, se tendrn en cuenta los siguientes criterios generales, sin perjuicio de los establecidos en la legislacin especfica aplicable, as como de aquellos otros que puedan estimarse adecuados atendiendo a las circunstancias concretas del supuesto:

a) La proteccin del derecho a la vida, supervivencia y desarrollo del menor y la satisfaccin de sus necesidades bsicas, tanto materiales, fsicas y educativas como emocionales y afectivas.

b) La consideracin de los deseos, sentimientos y opiniones del menor, as como su derecho a participar progresivamente, en funcin de su edad, madurez, desarrollo y evolucin personal, en el proceso de determinacin de su inters superior.

c) La conveniencia de que su vida y desarrollo tenga lugar en un entorno familiar adecuado y libre de violencia. Se priorizar la permanencia en su familia de origen y se preservar el mantenimiento de sus relaciones familiares, siempre que sea posible y positivo para el menor. Cuando el menor hubiera sido separado de su ncleo familiar, se valorarn las posibilidades y conveniencia de su retorno, teniendo en cuenta la evolucin de la familia desde que se adopt la medida protectora y primando siempre el inters y las necesidades del menor sobre las de la familia.

d) La preservacin de la identidad, cultura, religin, convicciones, sexualidad o idioma del menor, as como la no discriminacin del mismo por stas o cualesquiera otras condiciones, incluida la discapacidad, garantizando el desarrollo armnico de su personalidad.

3. Estos criterios se ponderarn teniendo en cuenta los siguientes elementos generales:

a) La edad y madurez del menor.b) Su especial vulnerabilidad provocada por la carencia de entorno familiar, sufrir maltrato, su

discapacidad, su condicin de refugiado, solicitante de asilo o proteccin subsidiaria, su pertenencia a una minora tnica, o cualquier otra caracterstica o circunstancia relevante.

c) El irreversible efecto del transcurso del tiempo en su desarrollo.d) La necesidad de estabilidad de las soluciones que se adopten para promover la efectiva

integracin y desarrollo del menor en la sociedad, as como de minimizar los riesgos que cualquier cambio de situacin material o emocional pueda ocasionar en su personalidad y desarrollo futuro. cv

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e) La preparacin del trnsito a la edad adulta e independiente, de acuerdo con sus capacidades y circunstancias personales.

f) Aquellos otros elementos de ponderacin que, en el supuesto concreto, sean considerados pertinentes y respeten los derechos de los menores.

Los anteriores elementos debern ser valorados conjuntamente, conforme a los principios de necesidad y proporcionalidad, de forma que la medida que se adopte en el inters superior del menor no restrinja o limite ms derechos que los que ampara.

4. En caso de concurrir cualquier otro inters legtimo junto al inters superior del menor debern priorizarse las medidas que, respondiendo a este inters, respeten tambin los otros intereses legtimos presentes.

En caso de que no puedan respetarse todos los intereses legtimos concurrentes, deber primar el inters superior del menor sobre cualquier otro inters legtimo que pudiera concurrir.

Las decisiones y medidas adoptadas en inters superior del menor debern valorar en todo caso los derechos fundamentales de otras personas que pudieran verse afectados.

5. Toda medida en inters superior del menor deber ser adoptada respetando las debidas garantas del proceso y, en particular:

a) Los derechos del menor a ser informado, odo y escuchado, y a participar en el proceso de acuerdo con la normativa vigente.

b) La intervencin en el proceso de profesionales cualificados o expertos. En caso necesario, estos profesionales han de contar con la formacin suficiente para determinar las especficas necesidades de los nios con discapacidad. En las decisiones especialmente relevantes que afecten al menor se contar con el informe colegiado de un grupo tcnico y multidisciplinar.

c) La participacin de progenitores, tutores o representantes legales del menor o de un defensor judicial si hubiera conflicto o discrepancia con ellos y del Ministerio Fiscal en el proceso en defensa de sus intereses.

d) La adopcin de una decisin que incluya en su motivacin los criterios utilizados, los elementos aplicados al ponderar los criterios entre s y con otros intereses presentes y futuros, y las garantas procesales respetadas.

e) La existencia de recursos que permitan revisar la decisin adoptada que no haya considerado el inters superior del menor como primordial. Los menores gozarn del derecho a la asistencia jurdica gratuita en los casos legalmente previstos.

Tres. Se modifica el artculo 3, que queda redactado como sigue:

Artculo 3. Referencia a Instrumentos Internacionales.

Los menores gozarn de los derechos que les reconoce la Constitucin y los Tratados Internacionales de los que Espaa sea parte, especialmente la Convencin de Derechos del Nio de Naciones Unidas y la Convencin de Derechos de las Personas con Discapacidad, y de los dems derechos garantizados en el ordenamiento jurdico, sin discriminacin alguna por razn de nacimiento, nacionalidad, raza, sexo, discapacidad o enfermedad, religin, lengua, cultura, opinin o cualquier otra circunstancia personal, familiar o social.

La presente ley, sus normas de desarrollo y dems disposiciones legales relativas a las personas menores de edad, se interpretarn de conformidad con los Tratados Internacionales de los que Espaa sea parte y, especialmente, de acuerdo con la Convencin de los Derechos del Nio de Naciones Unidas y la Convencin de Derechos de las Personas con Discapacidad.

Los poderes pblicos garantizarn el respeto de los derechos de los menores y adecuarn sus actuaciones a la presente ley y a la mencionada normativa internacional.

Cuatro. Se modifica el artculo 9, que queda redactado como sigue:

Artculo 9. Derecho a ser odo y escuchado.

1. El menor tiene derecho a ser odo y escuchado sin discriminacin alguna por discapacidad o cualquier otra circunstancia, tanto en el mbito familiar como en cualquier procedimiento

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administrativo, judicial o de mediacin en que est afectado y que conduzca a una decisin que incida en su esfera personal, familiar o social, aunque sus opiniones deban ser valoradas en funcin de su edad y madurez. Para ello, el menor deber recibir la informacin que le permita el ejercicio de este derecho en un lenguaje comprensible, accesible y adaptado a sus circunstancias.

En los procedimientos judiciales o administrativos, las comparecencias o audiencias del menor tendrn carcter preferente, y se realizarn de forma adecuada a su situacin y desarrollo evolutivo, con la asistencia, si fuera necesario, de profesionales cualificados o expertos, cuidando preservar su intimidad y utilizando un lenguaje que sea comprensible para l, informndole tanto de lo que se le pregunta como de las consecuencias de su opinin, con pleno respeto a todas las garantas del procedimiento.

2. Se garantizar que el menor, cuando tenga suficiente madurez, pueda ejercitar este derecho por s mismo o a travs de la persona que designe para que le represente. Se considera, en todo caso, que tiene suficiente madurez cuando tenga doce aos cumplidos.

Para garantizar que el menor pueda ejercitar este derecho por s mismo ser asistido, en su caso, por intrpretes. El menor podr expresar su opinin verbalmente o a travs de formas no verbales de comunicacin.

No obstante, cuando ello no sea posible o no convenga al inters del menor se podr conocer la opinin del menor por medio de sus representantes legales, siempre que no tengan intereses contrapuestos a los suyos, o a travs de otras personas que, por su profesin o relacin de especial confianza con l, puedan transmitirla objetivamente.

3. Siempre que en va administrativa o judicial se deniegue la comparecencia o audiencia de los menores directamente o por medio de persona que le represente, la resolucin ser motivada y comunicada al Ministerio Fiscal, al menor y, en su caso, a su representante, indicando explcitamente los recursos existentes contra tal decisin. En las resoluciones sobre el fondo habr de hacerse constar, en su caso, el resultado de la audiencia al menor, as como su valoracin.

Cinco. Se modifica el prrafo c) y se introduce un nuevo prrafo e) en el apartado 2 del artculo 10, que quedan redactados como sigue:

c) Plantear sus quejas ante el Defensor del Pueblo o ante las instituciones autonmicas homlogas. A tal fin, uno de los Adjuntos del Defensor del Pueblo se har cargo de modo permanente de los asuntos relacionados con los menores facilitndoles el acceso a mecanismos adecuados y adaptados a sus necesidades y garantizndoles la confidencialidad.

e) Solicitar asistencia legal y el nombramiento de un defensor judicial, en su caso, para emprender las acciones judiciales y administrativas necesarias encaminadas a la proteccin y defensa de sus derechos e intereses.

Seis. Se introduce un captulo IV, en el ttulo II, comprensivo de los artculos 25 a 35, ambos inclusive, que queda redactado como sigue:

CAPTULO IV

Centros de proteccin especficos de menores con problemas de conducta

Artculo 25. Acogimiento residencial en centros de proteccin especficos de menores con problemas de conducta.

1. Se sometern a las disposiciones previstas en este captulo, los ingresos, actuaciones e intervenciones en centros de proteccin especficos de menores con problemas de conducta dependientes de las Entidades Pblicas o de entidades privadas colaboradoras de aquellas, en los que est prevista la utilizacin de medidas de seguridad y de restriccin de libertades o derechos fundamentales.

Estos centros, sometidos a estndares internacionales y a control de calidad, estarn destinados al acogimiento residencial de menores que estn en situacin de guarda o tutela de la Entidad Pblica, diagnosticados con problemas de conducta, que presenten conductas disruptivas o di-sociales recurrentes, transgresoras de las normas sociales y los derechos de terceros, cuando adems as est justificado por sus necesidades de proteccin y determinado por una valoracin psicosocial especializada.

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2. El acogimiento residencial en estos centros se realizar cuando no sea posible la intervencin a travs de otras medidas de proteccin, y tendr como finalidad proporcionar al menor un marco adecuado para su educacin, la normalizacin de su conducta, su reintegracin familiar cuando sea posible, y el libre y armnico desarrollo de su personalidad, en un contexto estructurado y con programas especficos en el marco de un proyecto educativo. As pues, el ingreso del menor en estos centros y las medidas de seguridad que se apliquen en el mismo se utilizarn como ltimo recurso y tendrn siempre carcter educativo.

3. En los supuestos de guarda voluntaria prevista en el artculo 19, ser necesario el compromiso de la familia a someterse a la intervencin profesional.

4. Estos centros dispondrn de una ratio adecuada entre el nmero de menores y el personal destinado a su atencin para garantizar un tratamiento individualizado a cada menor.

Artculo 26. Ingreso en centros de proteccin especficos de menores con problemas de conducta.

1. La Entidad Pblica que ostente la tutela o guarda de un menor, y el Ministerio Fiscal, estarn legitimados para solicitar la autorizacin judicial para el ingreso del menor en los centros de proteccin especficos de menores con problemas de conducta. En el caso de la Entidad Pblica, la solicitud de ingreso de un menor en estos centros se acordar por resolucin administrativa que estar motivada y fundamentada en informes psicosociales emitidos previamente por personal especializado en proteccin de menores.

2. No podrn ser ingresados en estos centros los menores que sufrieren enfermedades o trastornos mentales que requieran un tratamiento especfico por parte de los servicios competentes en materia de salud mental o de atencin a las personas con discapacidad.

3. Para el ingreso de un menor en estos centros ser necesario que la Entidad Pblica o el Ministerio Fiscal recaben previamente la correspondiente autorizacin judicial, garantizando, en todo caso, el derecho del menor a ser odo segn lo establecido en el artculo 9. Dicha autorizacin se otorgar tras la tramitacin del procedimiento regulado en el artculo 778 bis de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil y deber pronunciarse sobre la posibilidad de aplicarles medidas de seguridad as como de limitarles temporalmente el rgimen de visitas, de comunicaciones y de salidas que pudieran adoptarse.

No obstante, si razones de urgencia, convenientemente motivadas, hicieren necesaria la inmediata adopcin del ingreso, la Entidad Pblica o el Ministerio Fiscal podr acordarlo previamente a la autorizacin judicial, debiendo comunicarlo al Juzgado competente lo antes posible y, en todo caso, dentro del plazo de veinticuatro horas, a los efectos de que se proceda a la preceptiva ratificacin del mismo para lo que deber aportar la informacin de que disponga y justificante del ingreso inmediato. El Juzgado resolver en el plazo mximo de setenta y dos horas desde que reciba la comunicacin, dejndose de inmediato sin efecto el ingreso en caso de que no lo autorice.

4. Los menores no permanecern en el centro ms tiempo del estrictamente necesario para atender a sus necesidades especficas.

El cese ser acordado por el rgano judicial que conoci del ingreso, de oficio o a propuesta de la Entidad Pblica o del Ministerio Fiscal. Esta propuesta estar fundamentada en un informe psicosocial.

Artculo 27. Medidas de seguridad.

1. Las medidas de seguridad podrn consistir en la contencin mecnica o en la contencin fsica del menor, en su aislamiento o en registros personales y materiales.

Estas medidas tendrn una finalidad educativa y debern responder a los principios de excepcionalidad, necesidad, proporcionalidad, provisionalidad y prohibicin del exceso, aplicndose con la mnima intensidad posible y por el tiempo estrictamente necesario, y se llevarn a cabo con el respeto debido a la dignidad, privacidad y a los derechos del menor.

2. El personal encargado de ejecutar las medidas de seguridad deber contar con una titulacin especfica y formacin en materia de proteccin de menores. Este personal slo podr usar medidas de seguridad con los menores como ltimo recurso, en defensa propia o en casos de intentos de fuga, resistencia fsica a una orden o riesgo directo de autolesin, de lesiones a otros o daos graves a la propiedad.

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3. Corresponde al Director del Centro o persona que le sustituya, la adopcin de decisiones sobre las medidas de seguridad, que debern ser motivadas y habrn de notificarse con carcter inmediato a la Entidad Pblica y al Ministerio Fiscal y podrn ser recurridas ante el rgano jurisdiccional que autoriz el ingreso, el cual resolver tras recabar informe del centro y previa audiencia del menor y del Ministerio Fiscal.

4. Las medidas de seguridad aplicadas debern registrarse en el Libro Registro de Incidencias, que ser supervisado por parte de la direccin del centro.

Artculo 28. Medidas de contencin.

1. Las medidas de contencin podrn ser de tipo verbal y emocional, de tipo fsico y de tipo mecnico, en atencin a las circunstancias en presencia.

2. El personal de los centros nicamente podr utilizar medidas de contencin fsica o mecnica, previo intento de contencin verbal y emocional, sin uso de la fuerza fsica, si la situacin lo permite.

3. La contencin fsica solo podr consistir en la interposicin entre el menor y la persona o el objeto que se encuentra en peligro, la restriccin fsica de espacios y movimientos y, en ltima instancia, bajo un estricto protocolo, la inmovilizacin fsica.

4. La contencin mecnica solo ser admisible para evitar grave riesgo para la vida o la integridad fsica del menor o de terceros, y en el caso de que no sea posible reducir el nivel de estrs o de trastorno del menor por otros medios. Deber realizarse con equipos de contencin mecnica con homologacin sanitaria y bajo un estricto protocolo y supervisin mdica.

Artculo 29. Aislamiento del menor.

1. El aislamiento de un menor mediante su permanencia en un espacio adecuado del que se impida su salida solo podr utilizarse en prevencin de actos violentos, autolesiones, lesiones a otros menores residentes en el centro, al personal del mismo o a terceros, as como de daos graves a sus instalaciones. Se aplicar puntualmente en el momento en el que sea preciso y en ningn caso como medida disciplinaria y se cumplir preferentemente en la propia habitacin del menor, y en caso de que esto no sea posible, se cumplir en otro espacio de similar habitabilidad y dimensiones.

2. El aislamiento no podr exceder de seis horas consecutivas sin perjuicio del derecho al descanso del menor. Durante el periodo de tiempo en que el menor permanezca en aislamiento estar acompaado o supervisado por un educador.

Artculo 30. Registros personales y materiales.

1. Los registros personales y materiales se llevarn a cabo con el respeto debido a la dignidad, privacidad y a los derechos fundamentales de la persona.

2. El registro personal y cacheo del menor se efectuar por personal del centro del mismo sexo. Cuando implique alguna exposicin corporal, se realizar en lugar adecuado, sin la presencia de otros menores y preservando en todo lo posible la intimidad del menor.

Se utilizarn preferentemente medios electrnicos.3. El personal del centro podr realizar el registro de las pertenencias del menor, pudiendo

retirarle aquellos objetos que se encuentren en su posesin que pudieran ser de ilcita procedencia, resultar dainos para s, para otros o para las instalaciones del centro o que no estn autorizados para menores de edad. Los registros materiales se debern comunicar previamente al menor siempre que no pudieran efectuarse en su presencia.

Artculo 31. Rgimen disciplinario.

1. El rgimen disciplinario en estos centros se fundar siempre en el proyecto socio-educativo del centro y en el individualizado de cada menor, al cual se informar del mismo.

2. El procedimiento disciplinario ser el ltimo recurso a utilizar, dando prioridad a los sistemas restaurativos de resolucin de conflictos e interaccin educativa. No podrn establecerse restricciones de igual o mayor entidad que las previstas en la legislacin reguladora de la responsabilidad penal de los menores.

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3. En ningn caso podrn utilizarse las medidas contenidas en los artculos 27 a 30 con fines disciplinarios.

4. La regulacin autonmica sobre rgimen disciplinario deber ser suficiente y adecuada a los principios de la Constitucin, de esta ley y del ttulo IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, respetando en todo momento la dignidad de los menores y sin que en ningn caso se les pueda privar de sus derechos de alimentacin, enseanza obligatoria y comunicaciones y visitas.

Artculo 32. Supervisin y control.

Con independencia de las inspecciones de los centros que puedan efectuar el Defensor del Pueblo, las instituciones autonmicas equivalentes y el Ministerio Fiscal, la medida de ingreso del menor en el centro de proteccin especfico deber revisarse al menos trimestralmente por la Entidad Pblica, debiendo remitir al rgano judicial que autoriz el ingreso y al Ministerio Fiscal, con esa periodicidad, el oportuno informe motivado de seguimiento que incluya las entradas del Libro de Registro de Incidencias.

A los efectos de las inspecciones e informes a los que se refiere el prrafo anterior, el Libro de Registro de Incidencias deber respetar, respecto a los cesionarios de datos, la adopcin de las medidas de seguridad de nivel medio establecidas en la legislacin vigente en materia de proteccin de datos de carcter personal.

Artculo 33. Administracin de medicamentos.

1. La administracin de medicamentos a los menores, cuando sea necesario para su salud, deber tener lugar de acuerdo con la praxis profesional sanitaria, respetando las disposiciones sobre consentimiento informado, y en los trminos y condiciones previstas en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, bsica reguladora de la autonoma del paciente y de derechos y obligaciones en materia de informacin y documentacin clnica.

2. En todo caso, deber ser un facultativo mdico autorizado quien recete medicamentos sujetos a prescripcin mdica y realice el seguimiento de su correcta administracin y de la evolucin del tratamiento. A estos efectos se llevar un registro con la historia mdica de cada uno de los menores.

Artculo 34. Rgimen de visitas y permisos de salida.

1. Las visitas de familiares y otras personas allegadas slo podrn ser restringidas o suspendidas en inters del menor por el Director del centro, de manera motivada, cuando su tratamiento educativo lo aconseje y conforme a los trminos recogidos en la autorizacin judicial de ingreso.

El derecho de visitas no podr ser restringido por la aplicacin de medidas disciplinarias.2. El Director del centro de proteccin especfico de menores con problemas de conducta

podr restringir o suprimir las salidas de las personas ingresadas en el mismo, siempre en inters del menor y de manera motivada, cuando su tratamiento educativo lo aconseje, conforme a los trminos recogidos en la autorizacin judicial de ingreso.

3. Las medidas limitativas del rgimen de visitas y de los permisos de salida debern ser notificadas a las personas interesadas, al menor y al Ministerio Fiscal de acuerdo con la legislacin aplicable.

Podrn ser recurridas ante el rgano jurisdiccional que autoriz el ingreso, el cual resolver tras recabar informe del centro y previa audiencia de las personas interesadas, del menor y del Ministerio Fiscal.

Artculo 35. Rgimen de comunicaciones del menor.

1. Los menores ingresados en los centros tendrn derecho a remitir quejas de forma confidencial al Ministerio Fiscal, a la autoridad judicial competente y al Defensor del Pueblo. Este derecho no podr ser restringido por la aplicacin de medidas disciplinarias.

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2. Las comunicaciones del menor con familiares y otras personas allegadas sern libres y secretas.

Slo podrn ser restringidas o suspendidas por el Director del centro en inters del menor, de manera motivada, cuando su tratamiento educativo lo aconseje y conforme a los trminos recogidos en la autorizacin judicial de ingreso. La restriccin o suspensin del derecho a mantener comunicaciones o del secreto de las mismas deber ser adoptada de acuerdo con la legislacin aplicable y notificada a las personas interesadas, al menor y al Ministerio Fiscal, quienes podrn recurrirla ante el rgano jurisdiccional que autoriz el ingreso, el cual resolver tras recabar informe del centro y previa audiencia de las personas interesadas, del menor y del Ministerio Fiscal.

Siete. Se modifica la disposicin final vigesimotercera, que queda redactada como sigue:

Disposicin final vigesimotercera.

Tienen carcter de ley ordinaria los artculos 1; 5, apartados 3 y 4; 7, apartado 1; 8, apartado 2, prrafo c; 9 bis; 9 ter; 9 quter; 9 quinquies; 10, apartados 1, 2, prrafos a, b y d, 3, 4 y 5; 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 bis, 20, 20 bis, 20 ter, 21, 22, 22 bis, 22 ter, 22 quter, 22 quinquies, 23 y 24; las disposiciones adicionales primera, segunda y tercera; la disposicin transitoria; la disposicin derogatoria, y las disposiciones finales primera a vigesimosegunda y vigesimocuarta.

Los preceptos relacionados en el prrafo anterior se aplicarn segn lo previsto en la disposicin final vigesimoprimera.

Artculo segundo. Modificacin de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, queda modificada en los siguientes trminos:

Uno. Se introduce un nuevo artculo 778 bis, que queda redactado como sigue:

Artculo 778 bis. Ingreso de menores con problemas de conducta en centros de proteccin especficos.

1. La Entidad Pblica, que ostente la tutela o guarda de un menor, y el Ministerio Fiscal estarn legitimados para solicitar la autorizacin judicial para el ingreso del menor en los centros de proteccin especficos de menores con problemas de conducta a los que se refiere el artculo 25 de la Ley Orgnica 1/1996, de 15 de enero, de Proteccin Jurdica del Menor, de modificacin parcial del Cdigo Civil y de Enjuiciamiento Civil, debiendo acompaar a la solicitud la valoracin psicosocial que lo justifique.

2. Sern competentes para autorizar el ingreso de un menor en dichos centros los Juzgados de Primera Instancia del domicilio de la Entidad Pblica.

3. La autorizacin judicial ser obligatoria y deber ser previa a dicho ingreso, salvo que razones de urgencia hicieren necesaria la inmediata adopcin de la medida. En este caso, la Entidad Pblica o el Ministerio Fiscal debern comunicarlo al Juzgado competente, dentro de las veinticuatro horas siguientes, a los efectos de que proceda a la preceptiva ratificacin de dicha medida, que deber efectuarse en el plazo mximo de setenta y dos horas desde que llegue el ingreso a conocimiento del Juzgado, dejndose de inmediato sin efecto el ingreso en caso de que no sea autorizado.

En los supuestos previstos en este apartado, la competencia para la ratificacin de la medida corresponder al Juzgado de Primera Instancia del lugar en que radique el centro del ingreso, quien deber inhibirse a continuacin a favor del Juzgado del domicilio de la Entidad Pblica.

4. El Juzgado, para conceder la autorizacin o ratificar el ingreso ya efectuado, deber examinar y or al menor, quien deber ser informado sobre el ingreso en trminos que le sean comprensibles y adaptados a su edad y circunstancias, a la Entidad Pblica, a los progenitores o tutores que ostentaran la patria potestad o tutela, y a cualquier persona cuya comparecencia estime conveniente o le sea solicitada, y se emitir informe por el Ministerio Fiscal. El Juzgado recabar, al menos, dictamen de un facultativo por l designado, sin perjuicio de que pueda practicar cualquier otra prueba que considere relevante para el caso o le sea instada. La autorizacin o ratificacin del ingreso nicamente proceder cuando no resulte posible atender, de forma adecuada, al menor en unas condiciones menos restrictivas.

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5. Frente a la resolucin que el Juzgado adopte en relacin con la autorizacin o ratificacin del ingreso podr interponerse recurso de apelacin por el menor afectado, la Entidad Pblica, el Ministerio Fiscal, o los progenitores o tutores que sigan teniendo legitimacin para oponerse a las resoluciones en materia de proteccin de menores. El recurso de apelacin no tendr efecto suspensivo.

6. En la misma resolucin en que se acuerde el ingreso se expresar la obligacin de la Entidad Pblica y del Director del centro de informar peridicamente al Juzgado y al Ministerio Fiscal sobre las circunstancias del menor y la necesidad de mantener la medida, sin perjuicio de los dems informes que el Juez pueda requerir cuando lo crea pertinente.

Los informes peridicos sern emitidos cada tres meses, a no ser que el Juez, atendida la naturaleza de la conducta que motiv el ingreso, seale un plazo inferior.

Transcurrido el plazo y recibidos los informes de la Entidad Pblica y del Director del centro, el Juzgado, previa la prctica de las actuaciones que estime imprescindibles, y odo el menor y el Ministerio Fiscal, acordar lo procedente sobre la continuacin o no del ingreso.

El control peridico de los ingresos corresponder al Juzgado de Primera Instancia del domicilio de la Entidad Pblica. En caso de que el menor fuera trasladado a otro centro de proteccin especfico de menores con problemas de conducta, no ser necesaria una nueva autorizacin judicial.

7. Los menores no permanecern en el centro ms tiempo del estrictamente necesario para atender a sus necesidades especficas.

El cese ser acordado por el rgano judicial que conoci del ingreso, de oficio o a propuesta de la Entidad Pblica o del Ministerio Fiscal. Esta propuesta estar fundamentada en un informe psicosocial.

8. El menor ser informado de las resoluciones que se adopten.

Dos. Se introduce un artculo 778 ter, que queda redactado como sigue:

Artculo 778 ter. Entrada en domicilios y restantes lugares para la ejecucin forzosa de las medidas de proteccin de menores.

1. La Entidad Pblica deber solicitar al Juzgado de Primera Instancia con competencia en el lugar donde radique su domicilio, autorizacin para la entrada en domicilios y restantes edificios y lugares cuyo acceso requiera el consentimiento de su titular u ocupante, cuando ello sea necesario para la ejecucin forzosa de las medidas adoptadas por ella para la proteccin de un menor. Cuando se trate de la ejecucin de un acto confirmado por una resolucin judicial, la solicitud se dirigir al rgano que la hubiera dictado.

2. La solicitud se iniciar por escrito en el que se harn constar, al menos, los siguientes extremos:

a) La resolucin administrativa o el expediente que haya dado lugar a la solicitud. b) El concreto domicilio o lugar al que se pretende acceder, y la identidad del titular u ocupante

del mismo y cuyo acceso requiera su consentimiento.c) La justificacin de que se ha intentado recabar dicho consentimiento sin resultado o con

resultado negativo. En el caso en el que ello no resulte procedente, se har constar dicha circunstancia de manera razonada en el escrito de solicitud, sin que sea necesaria la aportacin de la referida justificacin.

d) La necesidad de dicha entrada para la ejecucin de la resolucin de la Entidad Pblica.

3. Presentada por la Entidad Pblica la solicitud, el Secretario Judicial, en el mismo da, dar traslado de ella al titular u ocupante del domicilio o edificio para que en el plazo de las 24 horas siguientes alegue lo que a su derecho convenga exclusivamente sobre la procedencia de conceder la autorizacin.

No obstante, cuando la Entidad Pblica solicitante as lo pida de forma razonada y acredite que concurren razones de urgencia para acordar la entrada, bien porque la demora en la ejecucin de la resolucin administrativa pudiera provocar un riesgo para la seguridad del menor, o bien porque exista afectacin real e inmediata de sus derechos fundamentales, el Juez podr acordarla mediante

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auto dictado de forma inmediata y, en todo caso en el plazo mximo de las 24 horas siguientes a la recepcin de la solicitud, previo informe del Ministerio Fiscal. En el auto dictado se razonar por separado sobre la concurrencia de los requisitos de la medida y las razones que han aconsejado acordarla sin or al interesado.

4. Presentado el escrito de alegaciones por el interesado o transcurrido el plazo sin hacerlo, el Juez acordar o denegar la entrada por auto en el plazo mximo de las 24 horas siguientes, previo informe del Ministerio Fiscal, tras valorar la concurrencia de los extremos mencionados en el apartado 3 de este artculo, la competencia de la Entidad Pblica para dictar el acto que se pretende ejecutar y la legalidad, necesidad y proporcionalidad de la entrada solicitada para alcanzar el fin perseguido con la medida de proteccin.

5. En el auto en el que se autorice la entrada se harn constar los lmites materiales y temporales para la realizacin de la misma, que sern los estrictamente necesarios para la ejecucin de la medida de proteccin.

6. El testimonio del auto en el que se autorice la entrada ser entregado a la Entidad Pblica solicitante para que proceda a realizarla. El auto ser notificado sin dilacin a las partes que hubieran intervenido en el procedimiento y, de no haber intervenido o de no ser posible la notificacin antes de la realizacin de la diligencia de entrada, el Secretario Judicial proceder a su notificacin al practicar la diligencia.

7. Contra el auto en que se acuerde o deniegue la autorizacin, aun cuando se hubiera dictado sin previa audiencia del interesado, cabr recurso de apelacin, sin efecto suspensivo, que deber ser interpuesto en el plazo de los tres das siguientes, contados desde la notificacin del auto, al que se dar una tramitacin preferente.

Aun denegada la solicitud, la Entidad Pblica podr reproducir la misma si cambiaran las circunstancias existentes en el momento de la peticin.

8. La entrada en el domicilio ser practicada con el debido concurso de la comisin judicial, integrada por el Secretario Judicial u oficial en que delegue y, en su caso, de la correspondiente unidad de la Polica Judicial, siendo acompaada de la Entidad Pblica solicitante. Finalizada la diligencia, se decretar el archivo del procedimiento.

Disposicin adicional nica. Referencias en las normas de fecha anterior.

Las referencias que figuren en normas de fecha anterior a la presente ley a Entidad Pblica de proteccin de menores competente territorialmente se entendern hechas a Entidad Pblica, expresin que se utilizar en los sucesivos textos legales.

Disposicin transitoria nica. Normativa aplicable a los procedimientos judiciales ya iniciados.

Los procedimientos judiciales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley se regirn por la normativa vigente en el momento de su inicio.

Disposicin derogatoria nica. Derogacin de normas.

Se consideran derogadas cuantas normas se opongan o sean incompatibles con lo dispuesto en la presente ley.

Disposicin final primera. Modificacin de la Ley Orgnica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Se modifica el apartado 2 del artculo 91 de la Ley Orgnica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que queda redactado como sigue:

2. Corresponde tambin a los Juzgados de lo Contencioso-administrativo autorizar, mediante auto, la entrada en los domicilios y en los restantes edificios o lugares cuyo acceso requiera el consentimiento de su titular, cuando ello proceda para la ejecucin forzosa de actos de la Administracin, salvo que se trate de la ejecucin de medidas de proteccin de menores acordadas por la Entidad Pblica competente en la materia.

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Disposicin final segunda. Modificacin de la Ley Orgnica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Proteccin Integral contra la Violencia de Gnero.

La Ley Orgnica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Proteccin Integral contra la Violencia de Gnero, queda modificada en los siguientes trminos:

Uno. Se modifica el apartado 2 del artculo 1, que queda redactado como sigue:

2. Por esta ley se establecen medidas de proteccin integral cuya finalidad es prevenir, sancionar y erradicar esta violencia y prestar asistencia a las mujeres, a sus hijos menores y a los menores sujetos a su tutela, o guarda y custodia, vctimas de esta violencia.

Dos. Se modifica el apartado 2 del artculo 61, que queda redactado como sigue:

2. En todos los procedimientos relacionados con la violencia de gnero, el Juez competente deber pronunciarse en todo caso, de oficio o a instancia de las vctimas, de los hijos, de las personas que convivan con ellas o se hallen sujetas a su guarda o custodia, del Ministerio Fiscal o de la Administracin de la que dependan los servicios de atencin a las vctimas o su acogida, sobre la pertinencia de la adopcin de las medidas cautelares y de aseguramiento contempladas en este captulo, especialmente sobre las recogidas en los artculos 64, 65 y 66, determinando su plazo y su rgimen de cumplimiento y, si procediera, las medidas complementarias a ellas que fueran precisas.

Tres. Se modifica el artculo 65, que queda redactado como sigue:

Artculo 65. De las medidas de suspensin de la patria potestad o la custodia de menores.

El Juez podr suspender para el inculpado por violencia de gnero el ejercicio de la patria potestad, guarda y custodia, acogimiento, tutela, curatela o guarda de hecho, respecto de los menores que dependan de l.

Si no acordara la suspensin, el Juez deber pronunciarse en todo caso sobre la forma en la que se ejercer la patria potestad y, en su caso, la guarda y custodia, el acogimiento, la tutela, la curatela o la guarda de hecho de lo menores. Asimismo, adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad, integridad y recuperacin de los menores y de la mujer, y realizar un seguimiento peridico de su evolucin.

Cuatro. Se modifica el artculo 66, que queda redactado como sigue:

Artculo 66. De la medida de suspensin del rgimen de visitas, estancia, relacin o comunicacin con los menores.

El Juez podr ordenar la suspensin del rgimen de visitas, estancia, relacin o comunicacin del inculpado por violencia de gnero respecto de los menores que dependan de l.

Si no acordara la suspensin, el Juez deber pronunciarse en todo caso sobre la forma en que se ejercer el rgimen de estancia, relacin o comunicacin del inculpado por violencia de gnero respecto de los menores que dependan del mismo. Asimismo, adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad, integridad y recuperacin de los menores y de la mujer, y realizar un seguimiento peridico de su evolucin.

Disposicin final tercera. Carcter orgnico y ttulos competenciales.

1. La presente Ley Orgnica se dicta al amparo del artculo 81 de la Constitucin, teniendo el carcter de orgnico todos sus artculos y las disposiciones finales primera y segunda.

2. La presente Ley Orgnica se dicta al amparo de la competencia exclusiva para dictar la legislacin civil atribuida al Estado por el artculo 149.1.8. CE, salvo el artculo segundo, la disposicin transitoria nica, la disposicin final primera y la disposicin final segunda, que se dictan al amparo del artculo 149.1.6. CE que atribuye al Estado competencia exclusiva para dictar la legislacin procesal.

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Disposicin final cuarta. No incremento del gasto.

Las medidas incluidas en esta norma no podrn suponer incremento de gasto pblico.

Disposicin final quinta. Modificaciones y desarrollos reglamentarios.

1. El Gobierno llevar a cabo las modificaciones y desarrollos reglamentarios que sean precisos para la aplicacin de la presente ley.

2. El Estado y las Comunidades Autnomas adoptarn, en el mbito de sus respectivas competencias, las medidas necesarias para la efectividad de esta ley.

Disposicin final sexta. Entrada en vigor.

La presente Ley Orgnica entrar en vigor a los veinte das de su publicacin en el Boletn Oficial del Estado.

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http://www.congreso.es Calle Floridablanca, s/n. 28071 MadridD. L.: M-12.580/1961 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Telf.: 91 390 60 00Edicin electrnica preparada por la Agencia Estatal Boletn Oficial del Estado http://boe.es

2015-02-27T10:03:23+0100

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