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Sánchez Muñohierro, Lourdes “Programa para contribuir al ejercicio de los derechos de niñas y niños, hijos de jornaleros agrícolas...”

Foro Invisibilidad y conciencia: Migración interna de niñas y niños jornaleros agrícolas en México 26 y 27 de septiembre del 2002

PROGRAMA PARA CONTRIBUIR AL EJERCICIO DE LOS

DERECHOS DE NIÑAS Y NIÑOS, HIJOS DE JORNALEROS

AGRÍCOLAS, Y DESALENTAR EL TRABAJO INFANTIL

(PROCEDER)

Lic. Lourdes Sánchez Muñohierro

SEDESOL–PRONJAG

L

a problemática en torno a la migración interna de niñas y niños, hijos de

familias jornaleras agrícolas, en México, es un tema que hasta hace pocos

años se incluye en las agendas de los encuentros y foros de discusión

entre instituciones públicas, académicas, de investigación y de la sociedad civil en

general.

En efecto, durante mucho tiempo la problemática que ahora abordamos ha

permanecido invisible, como invisibles han sido algunos derechos fundamentales

para miles de niñas y niños que laboran en los campos agrícolas.

Por lo anterior, es sumamente importante el compromiso que la Universidad

Autónoma Metropolitana (UAM) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

(UNICEF) han adquirido al organizar este foro, donde la “visibilidad” y la

“conciencia” serán los dos ejes fundamentales que nos permitirán generar un

espacio de análisis, así como avanzar en el desarrollo de propuestas viables que

contribuyan a solucionar la problemática de este sector de la población infantil de

nuestro país.

1



Por mi parte, agradezco a los organizadores la oportunidad que me han

dado de participar en este evento. Para realizar mi exposición, tendré como gran

marco de referencia las experiencias de trabajo que, desde 1990 y hasta la fecha,

ha desarrollado el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PRONJAG) con

esta población, y en particular con niñas y niños.

Con el propósito de organizar mi exposición y ofrecer un contexto

suficientemente amplio que permita dimensionar el tema que hoy nos ocupa, me

permitiré dividirla de la siguiente manera:

En la primera parte, considero imprescindible ofrecerles información

general sobre algunas de las características más relevantes de la población

jornalera agrícola y de los mercados laborales en los cuales se inserta; de

esta manera, podremos contar con elementos básicos que nos permitirán ir

contextualizando y explicando la situación que enfrentan niñas y niños

migrantes.

En la segunda parte, me centraré en la problemática sobre el

ejercicio de los derechos de niñas y niños, y en el tema del trabajo infantil;

al mismo tiempo, introduciré algunos aspectos fundamentales que definen

nuestra postura al respecto y el enfoque que hemos asumido para

contribuir a solucionar esta problemática.

Posteriormente, les haré una breve presentación del PROCEDER, como

una experiencia piloto de atención a la población infantil, misma que se ha

venido enriqueciendo en cinco entidades federativas con la participación de

las propias comunidades jornaleras.

Para finalizar, me permitiré expresar algunos comentarios que,

desde la experiencia de trabajo del PRONJAG, considero importantes para

enriquecer el análisis de este tema, que a todos nos preocupa.

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Aunque la heterogeneidad de la población jornalera agrícola, aunada a su

gran movilidad y dispersión, dificultan el estudio sistemático de su problemática y

el conocimiento puntual de su magnitud, de sus características y de su ubicación,

temporal y permanente, a lo largo y ancho del territorio nacional, el acercamiento

cotidiano del PRONJAG con las comunidades jornaleras –a través de una red de

promotores sociales que conviven cotidianamente con éstas– nos ha permitido

realizar tareas de investigación sobre sus características y problemática, así como

sobre el comportamiento de los flujos migratorios y de los mercados laborales en

que los jornaleros participan.

Nuestras fuentes de información se derivan de estas experiencias de

trabajo. En particular, a lo largo de esta ponencia me apoyaré, salvo mención en

contrario, en algunas referencias cuantitativas derivadas de dos ejercicios de

investigación que realizó el PRONJAG –uno en el año de 1994 y otro en el período

1998-1999– en entidades que cuentan con una importante presencia de

población jornalera agrícola.1

¿Quiénes son los jornaleros agrícolas?

Se estima que, en el país, existen alrededor de 3.2 millones de jornaleros

agrícolas, de los cuales 1.2 millones son migrantes. Aunque no conforman un

grupo homogéneo –en términos sociales, económicos y culturales– los jornaleros

agrícolas migrantes integran familias enteras del medio rural que, debido a su

precaria situación económica y social, se ven obligadas a dejar sus comunidades

1 1994: Encuesta levantada por el PRONJAG a 1,276 familias en: Valle de San Quintín, Baja California; Culiacán, Sinaloa; Costa de Hermosillo, Sonora; Canatlán, Durango, y Sierra Norte de Puebla, durante los ciclos agrícolas de 1994.

1998-1999: La Encuesta Nacional a Jornaleros Migrantes (ENJOMI) fue diseñada para captar información de las características particulares de los jornaleros agrícolas migrantes y sus grupos familiares. Se determinó como el universo de aplicación a los albergues y asentamientos de población migrante atendidos por el PRONJAG. El diseño muestral fue el estratificado combinado con conglomerados. Los estratos fueron los albergues y asentamientos, y las familias y migrantes solos, que es la forma de agrupación de la población, son los conglomerados. Se tomaron 23 muestras independientes en 10 estados (Baja California, Baja California Sur, Durango, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora) con una cobertura de 324 unidades de trabajo, en las cuales se levantaron 5,716 cuestionarios. La población total encuestada fue de 128,084 personas, con un margen de error del 5 por ciento.

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de origen. Migran hacia las zonas de desarrollo agrícola localizadas en diferentes

regiones y estados de la República Mexicana, en busca de mejores alternativas de

vida y de trabajo.

Se considera como jornaleros agrícolas a aquellos trabajadores eventuales

del campo que se emplean, a cambio de un salario, en labores que van desde la

preparación del terreno, hasta el cuidado y cosecha de los cultivos.

De acuerdo con los datos de la encuesta realizada en el período 1998-

1999, del total de personas encuestadas (128,084), el 57.43% eran hombres y el

42.57%, mujeres.

Por grupos de edad, la población se dividió de la siguiente manera: 39.50%

tenía entre 0 y 14 años; 37.36%, entre 15 y 29; 15.17%, entre 30 y 44,

mientras que el 7.42% contaba con 45 años de edad o más. El 0.55% de los

individuos no registró su edad.

Del total de población jornalera encuestada, los mestizos representaron el

59.01%, mientras que los hablantes de lengua indígena significaron el 40.99%.

Según su grupo étnico, los hablantes de lengua indígena registrados en este

rubro (un total de 48,430 personas), se distribuyeron de la siguiente manera:

mixteco, 42.78%; náhuatl, 23.66%, y zapoteco, 12.36%. Como puede observarse,

estas tres etnias conjuntaron al 78.8% de los hablantes de lengua indígena. En

menor medida, también destacaron los grupos: totonaco, con 4.74%; triqui,

3.75%; mazateco, 3.35%; tlapaneco, 2.55%, y tepehuano, 1.66%.

En cuanto a la situación de analfabetismo y alfabetismo de la población de

15 años de edad y más, se observó que, de un total de 76,722 personas

registradas, el 28.74% no sabía leer y escribir. Por grupos de edad, sin embargo,

se detectaron diferencias marcadas; así, en el rango de 15 a 29 años, el 21.94%

era analfabeta, en tanto que en los grupos de 30 a 44 y de 45 y más años, los

niveles de analfabetismo se elevaron hasta 34.83% y 50.56%, respectivamente.

En términos generales, la población jornalera migrante se caracteriza por

contar con bajos o nulos niveles educativos. La gran movilidad de las familias

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jornaleras genera un alto grado de deserción escolar y dificulta el acceso y la

continuidad de niñas y niños en los procesos educativos formales.

En 1998-1999, el 50.46% de la población indígena no contaba con ningún

grado de estudios; entre la población mestiza, este indicador fue del 25.27%. Así,

entre ambos grupos existió una diferencia ligeramente superior a los 25 puntos

porcentuales.

Los niveles de escolaridad entre quienes afirmaron tener algún grado de

estudios variaron según el origen indígena o mestizo y el sexo:

Los hombres indígenas tenían un promedio de cuarto de primaria y

las mujeres, de tercero.

Los hombres mestizos tenían un promedio de quinto año de primaria

y las mujeres, de cuarto.

Del total de niños indígenas de seis a 14 años de edad encuestados, el 61.06%

declaró no asistir a la escuela; este porcentaje fue superior al registrado por los

niños mestizos: 49.55%.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, de un total de 11,067

niñas y niños atendidos en el nivel primaria durante el ciclo escolar 2000-2001, el

54.10% de estos menores cursaba el primer grado; el 18.50% estaba en

segundo, mientras que el 27.40% restante se encontraba, con una tendencia

decreciente, entre el tercero y sexto grados.2

Por otra parte, las enfermedades que padecen los jornaleros indígenas son

aquéllas que se encuentran asociadas a la pobreza y a la poca seguridad en el

trabajo.

En el período 1998-1999, de los jornaleros indígenas que declararon

haberse enfermado durante el último mes anterior al levantamiento de la

encuesta, el 74.88% padeció enfermedades de vías respiratorias, infecciones

2 Secretaría de Educación Pública. Programa de Educación Primaria para Niñas y Niños Migrantes. 2001.

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gastrointestinales y dermatológicas, mientras que el restante 25.12% señaló

haber tenido problemas musculares, como dolores en la espalda, brazos y

piernas, la mayoría de estos relacionados con el desgaste en el trabajo.

Por otra parte, el 82.04% de los jornaleros mestizos encuestados declaró

haber recibido atención médica en unidades del Sistema Nacional de Salud. En

contraste, el 71.25% de los indígenas, señaló haber recibido atención en dicho

Sistema, mientras que el 28.75% restante debió acudir a otro tipo de servicios.

Dentro de la población jornalera, las mujeres embarazadas y los niños son

quienes más padecen por la carencia de servicios médicos:

Un 53.09% de las mujeres indígenas embarazadas no llevaba ningún

control médico, mientras que, en el caso de las mestizas, dicho porcentaje

se reducía al 35.00%.

El 34.49% de los niños mestizos no contaba con cartilla de

vacunación; en tanto que el 43.38% de los menores indígenas carecía de

este documento. Por lo anterior, se deduce que estos pequeños no son

vacunados.

Por otro lado, en las actividades laborales que se realizan en los campos agrícolas

se pueden apreciar diferencias entre los jornaleros indígenas y mestizos.

Los indígenas se incorporan al trabajo a una edad más temprana que los

mestizos. En 1998-1999, mientras que el 46.45% de los trabajadores indígenas

señaló haber comenzado a trabajar entre los cinco y los 14 años de edad, el

44.47% de los mestizos declaró haber iniciado su participación en actividades

productivas entre estas edades.

Entre la población indígena el trabajo infantil y el de las mujeres es más

acentuado que entre la población mestiza. El porcentaje de niños indígenas

mayores de seis años que se incorporaron al empleo fue de 85.93%, por 75.85%

de los niños mestizos. En el caso de las mujeres, la proporción de indígenas que

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trabaja fue superior que el de las mestizas, con un 77.98% y un 59.71%,

respectivamente.

En los niveles salariales también se observan diferencias aun cuando los

trabajos realizados sean similares. Mientras los jornaleros indígenas encuestados

declararon haber percibido un salario promedio diario de $48.18 pesos, los

trabajadores mestizos obtuvieron $60.26.

Por las características del mercado de trabajo agrícola se distinguen tres

tipos de entidades federativas y regiones: las de expulsión, en donde se localizan

las comunidades de origen de la mano de obra jornalera; las de atracción, que

demandan importantes cantidades de fuerza de trabajo jornalera, y las

intermedias, que presentan zonas de oferta y demanda de estos trabajadores.3

Los mercados laborales en los que se inserta la población jornalera agrícola

no son estáticos. De acuerdo con información recabada por el PRONJAG,

sobresalen los cambios referidos a los cinco estados que cuentan con la mayor

cantidad de jornaleros migrantes.

En 1994, Oaxaca registró el 25.73% de los trabajadores agrícolas

migrantes; Guerrero, el 16.20%; San Luis Potosí, el 15.26%; Sinaloa, el

8.80% y Morelos, el 7.60%. En suma, estos cinco estados aportaron el

73.59% de los jornaleros captados.

En el período 1998-1999, el orden de importancia de los estados

cambió y se incorporaron unos nuevos: Guerrero ocupó el primer sitio, con

27.86% de los jornaleros migrantes; Sinaloa, registró el 21.43%; Oaxaca,

3 Las entidades de atracción, como Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur, Tamaulipas y Nuevo León, y la región de la Comarca Lagunera (parte de Chihuahua, Durango y Coahuila), se caracterizan por contar con un sector agrícola moderno y exportador, que requiere cantidades significativas de jornaleros, particularmente indígenas, por períodos que van de los cuatro a los seis meses, sobre todo en la etapa de cosecha, ya que la oferta local de trabajadores agrícolas no puede satisfacer esta demanda. Oaxaca y Guerrero, que presentan un sector agrícola tradicional y de subsistencia, son los estados de donde emigra la mayor cantidad de jornaleros agrícolas, muchos de ellos indígenas, hacia las regiones de agricultura comercial del noroeste del país. Los estados intermedios, como Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco y Veracruz, están constituidos por mercados regionales y locales de trabajo donde coexisten zonas de atracción y de expulsión.

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se ubicó hasta el tercer lugar, con 17.94%. Asimismo, Veracruz y Durango,

con el 7.19% y el 4.45%, respectivamente, se ubicaron dentro de los cinco

primeros estados que registraron mano de obra jornalera agrícola

migrante.

En este período, las cinco entidades más importantes aportaron el

78.87% del total de jornaleros migrantes; esto es, 5.28 puntos

porcentuales más que en 1994. Por otra parte, también destaca el hecho

de que los estados de Puebla e Hidalgo, mostraron un significativo

incremento en su aportación de mano de obra a los mercados laborales

agrícolas.

Es preciso reiterar que, en la actualidad, necesitamos generar más información

que precise las características y la magnitud de los flujos migratorios en los que

se inserta la población jornalera agrícola y, en particular, la de origen indígena.

Sin embargo, sí tenemos evidencias de un incremento en el número de estados y

municipios expulsores.

Con base en la información del PRONJAG, les puedo decir que, en los

últimos años, se ha registrado un crecimiento en la cantidad de municipios en los

que se ubican las localidades de origen de la mano de obra jornalera.

En el año de 1994, en 672 municipios (el 27.85% del total nacional)

se registró la salida de población jornalera hacia diferentes zonas de

trabajo agrícola.

En el período 1998-1999, el número de municipios expulsores se

elevó a 929, mismos que representaron el 38.50% del total, lo que implicó

un aumento de 10.65 puntos porcentuales.

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Esta dinámica de crecimiento se ha acentuado en las regiones indígenas.

En 1994, de los 803 municipios considerados por el Instituto

Nacional Indigenista (INI) como indígenas, el 25.40% (204) expulsó

jornaleros.

En el período 1998-1999, los municipios expulsores constituyeron el

37.98% (305) del total.

Como pueden observar, en tan sólo cuatro años se detectó un incremento de 12.58

puntos porcentuales en la cantidad de municipios de donde sale fuerza de trabajo

indígena, para alimentar las necesidades del capital agroindustrial que se desarrolla

en los valles más fértiles del país.

Sin duda, estas cifras son conservadoras dado que en ellas no se incluyen

los procesos migratorios que se presentan en los estados del sureste del país ni

los que se registran entre regiones de una misma entidad federativa. No

obstante, nos ofrecen elementos que nos permiten acercarnos a una visión más

global del problema.

En síntesis, podríamos decir que ser jornalero o jornalera agrícola migrante

significa saber trabajar, luchar y esforzarse por salir adelante; ser portador de una

gran riqueza cultural; ser productivo y participar activamente en el desarrollo

económico de nuestro país. No obstante, ser jornalero o jornalera también significa

dejar de manera temporal o, a veces, definitiva, el lugar de origen; realizar largos

recorridos sin tener lo mínimo necesario; llegar al lugar de trabajo y habitar en un

espacio reducido para sobrevivir con carencias, comer mal y trabajar mucho bajo

condiciones extremas de frío o de calor; realizar largas y extenuantes jornadas

para hacer dos “tareas” de tomate, cortar un par de toneladas de caña o sacar 80

arpillas de cebolla que, cuando mucho, significarán $100.00 de paga.

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Significa llegar al término del día con un gran cansancio y tener que

levantarse antes de que salga el sol, todavía con el cuerpo adolorido por el

esfuerzo cotidiano; ver a los hijos trabajando desde pequeños y sufrir por sus

enfermedades y problemas de desnutrición, que se presentan de manera

recurrente, en cada viaje.

En efecto, ser jornalero representa enfrentar abusos, discriminación y la

violación de sus derechos humanos.

Los derechos de niñas y niños

En este contexto, la situación de las niñas y los niños que migran con sus padres es

más vulnerable. Comienzan a padecer desde la salida de sus comunidades de origen

–donde dejan escuela, amigos y parientes– y el traslado a los lugares de enganche.

Al llegar a estos, deben esperar durante muchas horas, e incluso dormir a la

intemperie, hasta el arribo de los camiones que los conducirán a las zonas agrícolas

donde se emplearán sus padres. Durante el recorrido, enfrentan condiciones de

hacinamiento, presencia de enfermedades y mala alimentación. De igual manera, no

son pocas las ocasiones que reciben maltratos verbales por parte de los

transportistas.

Llegan a los lugares de trabajo, sin documentación que los identifique, a

vivir en condiciones sumamente difíciles. Por lo general, cuando sus padres

trabajan, los niños más pequeños se quedan al cuidado de algún hermano mayor,

con todos los riesgos que esto implica; en otros casos, son llevados a los campos

agrícolas donde, a las espaldas de sus madres o sentados en los surcos, se les

expone a cambios extremos de temperatura, picaduras o mordeduras de insectos

y animales, y al contacto con agroquímicos.

Por otra parte, los menores que están en edad escolar muchas veces se

ven obligados a abandonar la escuela para incorporarse al trabajo en los campos

agrícolas.

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Con sus cabezas cubiertas por paliacates, con sus camisas descoloridas por

los intensos rayos del sol o desgastadas por el uso de muchos años, con sus

cuerpos menudos y frágiles, se pierden en los surcos durante largas y agotadoras

jornadas de trabajo.

Para estos niños es tan común padecer enfermedades respiratorias,

diarreas, parasitosis, infecciones de la piel y desnutrición, como sufrir por la

discriminación, el abuso y el maltrato de que son objeto. En suma, la violación

permanente de sus derechos fundamentales.

Quienes se incorporan al trabajo desde los siete años de edad, pasan de

vivir una corta infancia –con serias limitaciones para su desarrollo– a una especie

de “edad adulta”, con la obligación de aportar ingresos a una deteriorada

economía familiar.

Sin duda, el hecho de que niñas y niños trabajen en los campos agrícolas

es alarmante; pero también es preocupante que coman mal, medio vistan,

duerman poco, se enfermen constantemente y estén expuestos al maltrato de los

adultos y a la discriminación. Además, es igual de grave que no tengan acceso a

servicios médicos y educativos, y mucho menos a opciones y espacios recreativos

y culturales.

En cualquier caso, la violación de un derecho se relaciona o produce la

violación de otros derechos. Al final, los niños son excluidos de vivir una infancia

digna.

La situación que viven los hijos de las familias jornaleras en nuestro país, y

en particular su incorporación temprana al mercado de trabajo, no sólo se explica

como resultado de sus carencias y necesidades inmediatas; es necesario relacionar

éstas con diversos factores sociales, económicos y políticos que han contribuido a

generarlas.

Se explica entonces desde el análisis de un modelo económico que, a

mediados de la década de los ochenta, pasa de una agricultura orientada al

mercado interno a una economía abierta que impulsa al sector

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agroexportador, y que agudiza el proceso de polarización en el campo

mexicano; así, mientras por un lado tenemos un sector productivo y

moderno, por otro se encuentra un sector agrícola tradicional de

subsistencia, que enfrenta cada vez mayor pobreza y marginación. Como

consecuencia de este proceso, se incrementa la incorporación al trabajo

asalariado de mujeres y niños, quienes se ven obligados a buscar nuevas

fuentes para complementar el ingreso familiar.

Se explica también por la valoración del contexto en el que subsisten

las familias jornaleras agrícolas, particularmente en sus regiones y

comunidades de origen, caracterizado por los graves rezagos sociales que,

por generaciones, han enfrentado; la explotación indiscriminada de los

recursos naturales de su entorno y la degradación de sus tierras, así como

la falta de opciones de desarrollo, de servicios básicos y de fuentes de

empleo e ingreso.

La problemática de niñas y niños, y su incorporación al trabajo, no

sólo se explica por lo que establece la legislación nacional e internacional

sobre el reconocimiento de sus derechos, así como la prohibición del

trabajo infantil; se explica además desde el análisis de su aplicación, que

permite constatar la carencia de recursos, estructuras y mecanismos

institucionales destinados a garantizar el ejercicio de los derechos de los

menores y de sus padres.

El trabajo infantil no se explica desde el argumento referido a la

insuficiencia de mano de obra adulta. En todo caso, se explica en el análisis

de un sistema productivo que, en muchas ocasiones, se apoya en una red

de explotación conformada por enganchadores y/o contratistas que, por

cubrir el número de trabajadores solicitado por los productores, lo mismo

reclutan familias con niños que menores solos para trasladarlos a las zonas

agrícolas, quedándose con una parte importante de los salarios de los

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jornaleros, quienes por el temor de no ser contratados en un próximo ciclo

evitan denunciar tales anomalías.

De igual manera, se explica por la existencia de un sistema

productivo que está más preocupado por satisfacer las demandas del

mercado agroexportador que por ofrecer condiciones laborales y

prestaciones más adecuadas para los trabajadores y sus familias. Situación

que se agrava por las limitadas acciones de supervisión por parte de las

autoridades laborales locales y las instituciones de procuración de justicia.

El trabajo infantil no sólo se explica porque existen pocos programas

de instituciones públicas y de organismos sociales orientados a su

desaliento y/o erradicación, sino además porque algunos de estos están

más preocupados por atacar los efectos que las causas de dicha práctica.

Al revisar estas experiencias, podemos darnos cuenta que las soluciones se

han reducido al otorgamiento de becas y despensas, condicionado a que

los menores asistan a la escuela y dejen de trabajar.

Además, el monto de las becas ha sido muy inferior al salario que

podrían obtener los niños, de tal manera que se opta porque éstos sigan

laborando. Lo mismo ha sucedido con la entrega de despensas familiares.

En el mejor de los casos, cuando se ha logrado “desincorporar” a los niños

del trabajo, la única opción que se les ha ofrecido es la atención educativa.

Desgraciadamente, no se proporcionan otras alternativas, espacios y

condiciones que les permitan desarrollarse y ejercer sus derechos

fundamentales.

El problema del trabajo infantil en los campos agrícolas está

enmarcado en una problemática más amplia, en la que se insertan otros

sectores de la población infantil nacional que también trabajan. Resulta

imposible superar con éxito cualquier forma de trabajo infantil si se le

enfrenta de manera aislada. Por el contrario, se requiere que, con el

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esfuerzo de todos, contribuyamos a generar las condiciones adecuadas

para ello.

En síntesis, podemos decir que la problemática en torno a la migración interna de

niñas y niños, hijos de jornaleros agrícolas –que se encuentra estrechamente

vinculada al trabajo infantil y al no-ejercicio de los derechos de los menores–, es

parte de una problemática más global en la que convergen diferentes relaciones

sociales, económicas y políticas.

Estamos obligados a intervenir en todos los aspectos que forman parte de

esta problemática, particularmente en aquellos referidos a sus causas estructurales;

ofrecer medidas remediales no soluciona nada.

Reconocer la justa dimensión de este problema permite convocar la

participación corresponsable y comprometida de diferentes actores y grupos

sociales que, desde distintos frentes y posiciones estratégicas, podrán contribuir

en la aplicación efectiva de las leyes y en la generación de condiciones para que

los menores ejerzan sus derechos, incluido el de no trabajar. En todo caso,

debemos aceptar que estamos hablando de un proceso que podría brindar sus

mejores frutos en el largo plazo, pero que urge iniciar y darle continuidad.

El PROCEDER

Desde la perspectiva señalada con anterioridad, hemos desarrollado el Programa

para Contribuir al Ejercicio de los Derechos de Niñas y Niños, Hijos de Jornaleros

Agrícolas, y Desalentar el Trabajo Infantil (PROCEDER).

El enfoque del PROCEDER se basa en los derechos de niñas y niños,

situando en el centro el de “tener una vida digna”. Este derecho se traduce en la

satisfacción de las necesidades básicas, pero no sólo de aquéllas que se refieren a

la existencia o sobrevivencia biológica, sino además las que se relacionan con un

desarrollo físico, intelectual y social.

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Desde este enfoque, el objetivo del PROCEDER es ambicioso porque pretende

contribuir a la generación de condiciones físicas y ambientales para que los

menores ejerzan sus derechos fundamentales, entre ellos los que se relacionan con

la alimentación, la nutrición, la protección, la educación, el respeto, la salud, la

recreación y el juego, al mismo tiempo que se desalienta el trabajo infantil y se

propicia el desarrollo de sus capacidades.

Al igual que todos los proyectos y acciones del PRONJAG, el PROCEDER se

sustenta en estrategias de investigación, promoción social, coordinación

institucional y concertación social, formación y capacitación, y evaluación y

seguimiento:

Como se ha señalado, el ejercicio de los derechos de los niños es

nuestro objetivo o punto de llegada, pero al mismo tiempo es el punto de

partida; por ello, una estrategia fundamental es iniciar con un diagnóstico

sobre las necesidades básicas y la problemática sobre el ejercicio de los

derechos en los ámbitos donde niñas y niños se relacionan con otras

personas: el familiar, el comunitario, el escolar y, en su caso, el laboral.

La información que se recaba es cuantitativa y cualitativa –ésta

última recogida a través de relatos, testimonios e historias de vida– y su

propósito es contar con los elementos que permitan una rápida

intervención.

La promoción social es una estrategia que permite a un grupo de

profesionales, con diferentes perfiles, establecer un trabajo directo con las

distintas personas que conviven con los niños en estos cuatro ámbitos,

entre las que se encuentran: padres y madres, maestros, miembros de la

comunidad, productores agrícolas y agentes institucionales, con la finalidad

de sensibilizar y propiciar su participación y corresponsabilidad en este

programa.

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A partir de los resultados de los diagnósticos y del trabajo de la red de

promotores sociales, se desarrolla la estrategia de coordinación y concertación

con diversas instituciones y organismos públicos, privados y sociales para que

en sus respectivos ámbitos de competencia asuman el compromiso de

participar, de manera corresponsable, en acciones concretas que permitan

contribuir al ejercicio de los derechos de niñas y niños.

En materia de formación y capacitación, a fin de garantizar que cada

experiencia estatal del PROCEDER se sustente en un enfoque y una

metodología generales, se nombra un responsable en cada estado, quien

conforma equipos donde participan padres, maestros, miembros de la

comunidad, productores y agentes institucionales y de organismos sociales.

Estos equipos promueven y participan en el desarrollo de eventos

formativos –talleres, reuniones, cursos y asambleas, entre otros– que se

orientan hacia la sensibilización, participación y apropiación del programa,

así como a la difusión y construcción de una cultura sobre los derechos de

la infancia.

Con la finalidad de orientar y enriquecer cada una de las fases del

PROCEDER se realizan acciones de seguimiento y evaluación de cada uno de

los programas estatales. De igual manera, se busca que exista un

intercambio de experiencias entre los equipos conformados en cada

entidad federativa, lo que les permite compartir diversas alternativas de

atención a la problemática que enfrentan niñas y niños.

En el período que va de octubre de 2001 a junio de 2002, la experiencia piloto del

PROCEDER permitió atender a 8,610 niñas y niños, en cinco entidades federativas:

Baja California Sur, Morelos, Nayarit, San Luis Potosí y Sinaloa. Estos menores,

de hasta 14 años de edad, son hijos de jornaleros agrícolas que, por las

condiciones de pobreza en las que subsisten, representan una población

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susceptible de incorporarse o que ya se ha incorporado a las actividades

productivas.

Como se ha dicho, el PROCEDER se sustenta en un enfoque y una

metodología generales, lo que ha permitido que en cada estado su diseño y

operación se hayan diversificado según las particularidades y características de

los grupos jornaleros, así como las posibilidades de gestión y participación de las

instituciones públicas, de los organismos sociales y de las propias comunidades

jornaleras.

Dentro de los principales componentes bajo los que opera el PROCEDER,

están los siguientes:

Generación de condiciones físicas y materiales. Con la finalidad de

hacer posible el ejercicio de los derechos de niñas y niños, así como de contar

con opciones que les permitan desarrollar sus capacidades, con recursos del

PRONJAG, de los productores agrícolas y de los gobiernos estatales, se han

construido, rehabilitado y equipado centros de atención infantil, aulas,

canchas deportivas, comedores, consultorios médicos, parques infantiles y

ludotecas. Cabe destacar que, por lo general, los productores agrícolas

participan con el 50% de los recursos económicos necesarios para llevar a

cabo estas obras.

Generación de condiciones ambientales. Si bien es cierto que las

condiciones físicas y materiales son esenciales para que los menores cuenten

con espacios adecuados para su sano desarrollo, también es importante

cuidar el modelo operativo; por ello, se han construido metodologías de

atención que cuentan con opciones atractivas, ágiles, incluyentes y flexibles,

mediante las cuales las personas o agentes que trabajan con los niños

generen ambientes favorables para el ejercicio de los derechos, a través de

diversas situaciones de aprendizaje. Actualmente, se han diseñado

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metodologías para centros de atención infantil y ludotecas, así como para la

realización de talleres lúdico-culturales.

Desarrollo de acciones articuladas por ámbito. Se busca desarrollar

acciones que favorezcan el ejercicio de los derechos de niñas y niños en los

ámbitos en que se desenvuelven: familiar, comunitario, escolar y, si fuera

el caso, laboral. Para promover y fortalecer el ejercicio de cada derecho, se

requiere llevar a cabo acciones en cada uno de estos ámbitos. Por ejemplo,

para contribuir al ejercicio del derecho a la salud, en cada experiencia

estatal se ha procurado efectuar acciones interrelacionadas que promuevan

este derecho en el hogar, en la escuela, en la comunidad y en el trabajo.

En este sentido, ha sido indispensable tener claridad sobre cómo se

relacionan las acciones en los diferentes ámbitos para hacer posible el

ejercicio de un derecho.

Asimismo, es importante subrayar que la promoción del ejercicio de

cualquier derecho no puede trabajarse a partir de acciones aisladas y

únicas; ni es recomendable trabajar sólo en uno de los ámbitos dejando a

los otros fuera.

Estímulos y apoyos. Los estímulos y apoyos que se otorgan están

ligados estrechamente con el ejercicio del derecho que se pretende apoyar.

Por ejemplo, por decisión de padres y madres jornaleros, las becas

educativas se han utilizado exclusivamente para la compra de productos

indispensables para la formación de sus hijos, como en el caso de útiles y

uniformes escolares.

Entre los estímulos otorgados se encuentran becas, libros, mochilas,

ropa, zapatos, así como la realización de paseos, excursiones y visitas a

lugares recreativos y culturales. La selección de estos estímulos se ha

llevado a cabo con la participación de las familias jornaleras y, en especial,

18



de niñas y niños, con quienes también se establecen los procedimientos

para otorgarlos de manera temporal.

Cabe destacar que el ofrecimiento de estímulos nunca se ha

manejado de manera aislada; por el contrario, dichos apoyos han sido

parte integral del programa y han estado articulados al resto de las

acciones.

Generación de una cultura de protección de los derechos. En cada

unidad de trabajo, región o entidad federativa donde se ha piloteado el

PROCEDER, para difundir los derechos de los menores se han definido y

puesto en marcha diferentes estrategias y mecanismos, entre los que se

encuentran la transmisión de mensajes por radio y la elaboración y

distribución de carteles, folletos y trípticos.

Asimismo, para contribuir a generar esta cultura se han realizado

pláticas y talleres, dirigidos y adecuados a los diferentes grupos de la

población jornalera (niñas y niños, padres y madres, comunidad en general).

En este mismo sentido, se han aprovechado reuniones y foros de diversa

índole –en los que participan representantes de diferentes instituciones y

organismos públicos, privados y sociales– para promover los derechos de la

infancia y convocar la participación corresponsable de las diversas instancias

en tan importante tarea.

En cada entidad federativa donde se ha instrumentado la experiencia piloto, ha

sido muy provechoso comenzar por el análisis de las condiciones existentes en

materia de infraestructura y/o equipamiento, así como de las experiencias

previas de atención dirigidas a niñas y niños, en caso de que se hubieran

presentado. Con base en este análisis se trabajó en la articulación, integralidad y

fortalecimiento de las diferentes acciones y se buscó la construcción de nuevas

opciones de desarrollo que contribuyeran al ejercicio de los derechos de los

menores y al desaliento del trabajo infantil.

19



En síntesis, puedo decirles que, con base en el enfoque y en la metodología

del PROCEDER, se definieron: los derechos que se contribuiría a ejercer; las

condiciones físicas, materiales y ambientales que se buscaría generar, así como los

apoyos y recursos, económicos, materiales y humanos necesarios para impulsar el

programa. Además, se visualizaron las acciones que se emprenderían; pero, sobre

todo, se identificaron las estrategias y mecanismos que permitirían articular dichas

acciones y, con ello, lograr el fortalecimiento de los derechos en los ámbitos donde

se relacionan niñas y niños. Todo esto fue posible con la participación de los

propios menores, de sus padres, de los agentes institucionales y de los productores

agrícolas.

Para quienes hemos participado en la construcción del PROCEDER, las

experiencias desarrolladas en los estados de Baja California Sur, Morelos,

Nayarit, San Luis Potosí y Sinaloa son, por sí mismas, sumamente valiosas.

Desgraciadamente, por razones de tiempo no podré describirles cada una de

ellas. Sin embargo, me gustaría presentarles algunos de los principales logros

alcanzados.

En Baja California Sur se atendió a 940 menores; en Morelos, a 470;

en Nayarit, a 1,200; en San Luis Potosí, a 1,300, y en Sinaloa, a 4,700.

Se cuenta con una gran variedad de material escrito, por medio del

cual se recogen testimonios, relatos, historias breves y anécdotas contadas

por niñas y niños. Este material ofrece la posibilidad de realizar un análisis

cualitativo sumamente valioso, pues son los propios menores quienes

hablan de su situación y sus necesidades.

Se diseñó y piloteó una metodología de planeación participativa con

niñas y niños. Por medio de la realización de dibujos, cuentos, manualidades

y juegos diversos, los menores participan en la identificación de su

problemática y en la definición de las acciones que permitan superarla.

20



Se ofrecieron servicios de alimentación, nutrición, salud, higiene y

educación en los centros de atención infantil, lográndose además en casos

como el de Nayarit, el apoyo de transporte para trasladar a niñas y niños

de las parcelas a estos centros.

Se diseñó y piloteó una metodología para la instrumentación de

ludotecas para niñas y niños migrantes. En estos espacios, al mismo

tiempo que se favorecen el juego y el aprendizaje, se propicia el

intercambio de expresiones y manifestaciones culturales entre menores de

diversos grupos étnicos, en el marco del ejercicio de sus derechos.

Se logró, en San Luis Potosí, la operación de un museo móvil que

permitió acercar a niñas y niños –en diferentes campos agrícolas–

elementos representativos de diversas culturas y generar situaciones de

aprendizaje con los propios menores, con base en una metodología

participativa e interactiva.

Se diseñaron e instrumentaron talleres lúdicos, recreativos y

culturales dirigidos a niñas y niños, en lugares cercanos a los campos

agrícolas. En muchos casos, se rebasó el cupo establecido y se logró,

además, la aceptación y participación entusiasta de los padres y las

madres de los menores.

Se llevaron a cabo jornadas culturales con niños migrantes, las

cuales permitieron el intercambio, entre menores de diversos grupos

étnicos, sobre costumbres, tradiciones, bailes, cantos y juegos, entre otros.

Se realizaron visitas y excursiones con niñas y niños, con servicio de

transportación, a diferentes lugares culturales y recreativos.

21



Se organizaron torneos deportivos con niñas y niños. Estos eventos

representaron una fuente importante de participación, ya que los menores

reconocieron la importancia de pertenecer a un grupo, respetar reglas, ser

reconocidos y valorados, ser solidarios y tener objetivos comunes, todo lo

cual les permite organizarse y superar obstáculos.

Para cada una de las actividades realizadas y situaciones que se

generaron, fue condición fundamental fortalecer el ejercicio de diferentes

derechos, entre los que se encuentran: el respeto, la libre expresión, el

reconocimiento de logros, la participación, el acceso a información, y la

posibilidad de reunirse, decidir y proponer. Cada una de las acciones

también se orientó a generar ambientes favorables, en los que niñas y

niños fueron llamados por su nombre y se fortaleció su identidad y el

intercambio cultural, eliminando cualquier signo de discriminación por su

religión, creencias, sexo, color o lengua.

El piloteo del PROCEDER en las cinco entidades mencionadas concluyó en el mes

de junio del año en curso. Durante el mes de agosto, se realizó una reunión de

intercambio entre los equipos estatales en la que se presentaron los avances que

les acabo de comentar. Actualmente, se encuentran realizando acciones de

sistematización de sus respectivas experiencias.

Asimismo, se llevan a cabo tareas de preparación para extender el

programa hacia otros estados que cuentan con una importante presencia de

población jornalera agrícola; entre estos se encuentran: Baja California, Durango,

Michoacán, Oaxaca, Puebla y Veracruz.

Los avances del PROCEDER no están desvinculados del conjunto de

proyectos y acciones que promueve el PRONJAG para la atención de las familias

jornaleras –entre los que sobresalen aquellos referidos a: vivienda, comedores

comunitarios, cocinas populares, tiendas de abasto, tortillerías, bancos de alimentos,

consultorios médicos, servicios básicos, capacitación y obtención de documentos

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oficiales– con base en una metodología de promoción social que favorece la

organización y la participación corresponsable de las comunidades beneficiarias.

Enseguida, me permitiré presentarles algunos proyectos relevantes:

Desde principios de la década de los noventa, con la participación de

productores, instancias estatales y federales y la propia comunidad

jornalera, se inició la instalación de centros de atención infantil para niñas

y niños de 0 a 6 años de edad, en donde se ofrecen servicios de salud,

alimentación, juego y recreación.

En la actualidad existen 132 centros en diferentes estados con

presencia significativa de familias jornaleras; en su mayoría, son operados

por madres cuidadoras jornaleras, atendiendo a un promedio de 6,600

menores por temporada agrícola.

Desde hace un par de años, el PRONJAG pilotea en el estado de Baja

California un Programa de Atención a Menores en Circunstancias

Especialmente Difíciles en el Área Rural, del cual se deriva un modelo de

atención integral para hijas e hijos de jornaleros agrícolas. En el desarrollo

de este esfuerzo, la participación y el financiamiento del Banco

Interamericano de Desarrollo (BID) han sido sustanciales, así como el

interés y la preocupación de UNICEF, que se ha corresponsabilizado en la

realización de las acciones enmarcadas en este programa.

En el Valle de Mexicali, se opera mediante el empleo de módulos de

atención en unidades móviles con guarderías y espacios escolares,

instalados en las cercanías de los campos de cultivo. En el de San Quintín,

se encuentra en proceso la rehabilitación de guarderías ya existentes, así

como la construcción y el equipamiento de otras guarderías y de casas de

cuidado diario y aulas para nivel preescolar.

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El desarrollo de esta infraestructura nos permitirá impulsar centros

de atención y educación infantil, que constituyan espacios dignos y seguros

en los que se ofrezca a niñas y niños, de hasta 6 años de edad, una

educación de calidad y una alimentación adecuada, así como condiciones

básicas de salud.

En el mes de julio del año en curso, la SEDESOL firmó un convenio

con UNICEF para conjuntar esfuerzos y experiencias metodológicas a fin de

ofrecer atención a hijas e hijos de familias jornaleras agrícolas, en el marco

del enfoque sobre los derechos de niñas y niños, y el desaliento del trabajo

infantil. En este año desarrollamos acciones en Baja California; sin

embargo, nuestro propósito es seguir construyendo experiencias viables

para que los menores tengan una vida más digna.

Como una respuesta a los graves problemas de desnutrición que

presentan los menores, en el estado de Sinaloa el PRONJAG se coordina con

instituciones y productores para operar un módulo de recuperación

nutricional que, a la fecha, ofrece servicios de salud, alimentación y

estimulación física. Cada temporada agrícola se atiende a 50 niñas y niños,

en promedio.

Desde el año pasado convocamos, junto con la Oficina de

Representación para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de la

Presidencia de la República, a diversas instancias federales para trabajar

en la construcción del Programa Intersectorial de Atención a Jornaleros

Agrícolas. El PRONJAG funge como Secretariado Técnico de un grupo que se

conforma, actualmente, con 18 representantes institucionales.

El objetivo general del programa intersectorial es generar las

condiciones para que los jornaleros agrícolas y sus familias puedan ejercer

sus derechos fundamentales, mediante la acción coordinada y complementaria

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de las instituciones públicas, privadas y sociales competentes en la

materia, así como con el impulso de una política nacional de atención a

este sector. Cabe destacar que dentro de las principales líneas de acción de

este programa se encuentra el desaliento al trabajo infantil.

Ya se conformaron grupos con representantes de instancias

federales y locales en los estados donde se pilotea el programa: Baja

California, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca y Sinaloa, que están

desarrollando las propuestas de trabajo estatales, en las cuales se precisan

los mecanismos y esquemas operativos con los que, de manera integral, se

busca dar respuesta a las necesidades de la población jornalera agrícola.

De manera permanente, se han impulsado acciones de

sensibilización y concertación con productores agrícolas, a fin de que

asuman plenamente las obligaciones que la ley laboral les impone con

relación a sus trabajadores; se han logrado avances en el mejoramiento de

las condiciones de trabajo que ofrecen a los jornaleros agrícolas, así como

en su inscripción al régimen de la seguridad social.

En particular, se ha registrado una creciente disposición de algunos

productores por participar en diferentes acciones que contribuyan al

desaliento del trabajo infantil, especialmente en entidades del noroeste del

país, ya sea porque se han sensibilizado ante esta problemática o porque

existe el riesgo de que Estados Unidos de Norteamérica suspenda la

importación de productos agrícolas mexicanos en cuya producción se haya

utilizado la mano de obra de menores

Comentarios finales

Aun cuando se ha avanzado en la atención de las familias jornaleras y de sus

hijas e hijos, es necesario reconocer que falta mucho por hacer para contribuir al

mejoramiento de sus condiciones de vida.

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Por lo anterior, me permitiré expresar algunas reflexiones que considero

importantes para enriquecer el análisis del tema que ahora nos preocupa.

Si bien existen diferentes líneas de investigación en torno a la

problemática de la migración de niñas y niños, que deben trabajarse para

ofrecer una explicación amplia y rigurosa sobre el tema, no podemos ni

debemos esperar hasta que estos estudios culminen para participar, de

manera corresponsable y comprometida, en la solución de dicha

problemática. En efecto, la urgencia de la situación nos obliga a trabajar en

ambas vías, así como a dotar de un sentido más práctico a nuestros

ejercicios de investigación.

El reconocimiento de la problemática que viven niñas y niños, hijos

de familias jornaleras agrícolas migrantes, implica la necesidad de que ésta

sea considerada con un alto grado de prioridad entre los temas que

conforman la agenda de las políticas públicas. Esto debe reflejarse en el

desarrollo de diferentes programas y proyectos (en sus objetivos,

estrategias, normas y lineamientos), así como en la infraestructura y los

recursos materiales, financieros y humanos destinados para su operación.

Por la magnitud de la problemática abordada, es necesario reconocer

que no será con medidas asistenciales y aisladas como habrá de

solucionarse la problemática de referencia. Es necesario brindar respuestas

integrales en las que participen instituciones públicas de acuerdo con sus

respectivos ámbitos de competencia, organismos sociales, las propias

comunidades jornaleras y, especialmente, los productores agrícolas.

Es preciso visualizar el trabajo infantil, y particularmente el que se presenta en

los campos agrícolas, como un problema que se inserta en un contexto más

amplio en el que existen otros ámbitos laborales, formales e informales, a los que

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muchos menores se pueden incorporar. Es imposible enfrentar, de manera

aislada, cualquier forma de trabajo infantil y pretender disminuirlo si en el

conjunto de la sociedad no se han generado las condiciones indispensables para

ello y para garantizar el ejercicio de los derechos de niñas y niños.

Eliminar la idea de que la erradicación del trabajo infantil se logra

con la entrega de apoyos aislados, como becas o despensas. Es preciso

reconocer las necesidades de la población jornalera y construir, junto con

ella, programas con los que se identifiquen; sólo así lograremos que, más

tarde, se apropien de éstos.

No se trata entonces de ofrecer programas preestablecidos que, en

el mejor de los casos, incluyan algunas adaptaciones de acuerdo con las

circunstancias prevalecientes en las zonas o regiones en donde se

apliquen. Debemos construir programas nuevos con la participación, el

consenso y la validación de las propias comunidades beneficiarias.

Si bien es claro que, por decreto, no se logrará disminuir ninguna de

las formas en que se presenta el trabajo infantil, incluido el agrícola, es

necesario revisar la aplicación de nuestra legislación y fortalecer algunas

de las funciones de las instancias laborales y de procuración de justicia.

El análisis de las experiencias realizadas en materia de atención a niñas y niños

migrantes es esencial para tener una justa dimensión de lo que se ha avanzado y

de las dificultades que han enfrentado quienes desde sus prácticas de campo

trabajan con las comunidades jornaleras. Por eso, dicho análisis debe traducirse

en propuestas concretas que nos permitan construir alternativas conjuntas más

que descalificar y anular los esfuerzos realizados.

Finalmente, creo que es imprescindible construir una cultura sobre la

protección de los derechos de niñas y niños, y rescatar la importancia que tiene

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la educación como un proceso formativo que supone la posibilidad de que los

menores participen en su propia transformación y la de su comunidad.

Sin duda, ningún proceso transformador es sencillo, requiere del

compromiso y la corresponsabilidad social para lograr condiciones de vida más

equitativas y justas para la población jornalera agrícola, pero en particular para

sus hijas e hijos.

Muchas gracias.

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PROGRAMA PARA CONTRIBUIR AL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE … · Dentro de la población jornalera,...

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