PROCESOS EXITOSOS DE LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS …

PROCESOS EXITOSOS DE LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS BIENES NATURALES EN GUATEMALA

Avanzando en la defensa de las aguas, los bosques y los territorios indígenas

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PROCESOS EXITOSOS DE LA GESTIÓN

SOSTENIBLE DE LOS BIENES NATURALES

EN GUATEMALA

Guatemala, diciembre 2020

ACTuando Juntas Jotay es el programa conjunto en Guatemala de cinco organizaciones ecuménicas europeas: Ayuda de la Iglesia Noruega, Christian Aid, Act Iglesia Sueca, Pan para el Mundo y la Federación Luterana Mundial. Jotay significa “retoño” en Maya Kaqchiquel. Acompañamos a organizaciones, grupos y movimientos de la sociedad civil en Guatemala, entre ellas pueblos indígenas, mujeres, y organizaciones basadas en la fe, en sus esfuerzos por establecer una sociedad incluyente y sostenible, con políticas que garanticen el respeto a los derechos humanos. Las organizaciones miembros del Programa Jotay pertenecemos a ACT Alianza, coalición de más de 140 iglesias y organizaciones vinculadas a iglesias, que trabajan por la justicia y la erradicación de la pobreza, el respeto a los derechos humanos y la gestión del riesgo de desastres en favor de las comunidades.

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ÍNDICE

Siglas 4

Prefacio 5

Prólogo 7 I. AGUA Y BOSQUES – FUENTES DE VIDA Y GUARDIANES DE LA BIODIVERSIDAD 12

Asociación de Comunidades Forestales de Petén -ACOFOP- Estrategias exitosas para la conservación de bosques y el desarrollo comunitario local en la Reserva de la Biosfera Maya 13

Asociación de Forestería Comunitaria de Guatemala Utz Che’Experiencias de la forestería comunitaria y del manejo de las zonas de recarga hídrica en Totonicapán 15

Colectivo Ecologista MadreSelvaSoberanía energética comunitaria en la Zona Reina dinamizando la articulación de las luchas por el acceso justo a la electricidad para los pueblos de Guatemala 19

II. AGROECOLOGÍA – PRODUCIR ALIMENTOS EN ARMONÍA CON LA MADRE TIERRA 22

ADICI WakliiqoFortaleciendo las comunidades Q’eqchi’ y Poqomchí a través de la recuperación de

prácticas ancestrales y procesos de sanación en Alta Verapaz 23Asociación Comunitaria para el Desarrollo SERJUS -ASERJUS-

Procesos alternativos de desarrollo desde la construcción colectiva en el territorio Mam 25Asociación Santiago Jocotán, ONG -ASSAJO, ONG-

Las reservas de granos en el área Chortí como contribución efectiva para garantizar el derecho humano a la alimentación 29

Fundación para el Desarrollo y el Fortalecimiento de las Organizaciones de Base -FUNDEBASE-

Alternativas agroecológicas impulsando la defensa del territorio Xinka 31Plataforma de la Economía Solidaria, Capítulo Guatemala -PECOSOL GT-

Iniciativas de la economía social y solidaria fortaleciendo la resiliencia y el desarrollo sostenible en dos ecorregiones de Guatemala 35

III. DEFENSA DE LOS TERRITORIOS – RUMBO A LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 38

Asociación Comisión Paz y Ecología -COPAE-Hacia un modelo energético que potencie el buen vivir de los pueblos 39Diócesis de QuichéFortaleciendo el tejido social y la defensa del territorio a través de acciones comunitarias 43Iglesia Luterana de Guatemala -ILUGUA-La revitalización del pueblo Maya Chortí en el Oriente de Guatemala 45

Lista de contactos 47

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SIGLAS

ACOFOP Asociación de Comunidades Forestales de PeténACT Action by Churches TogetherADICI Asociación de Desarrollo Integral Comunitario IndígenaAMM Administrador del Mercado MayoristaASSA Agricultura Sostenible para la Soberanía AlimentariaASERJUS Asociación Comunitaria para el Desarrollo SERJUSASSAJO, ONG Asociación Santiago Jocotán, ONGCACIF Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y FinancierasCNEE Comisión Nacional de Energía EléctricaCOMUDE Consejos Municipales de Desarrollo Urbano y RuralCONAP Consejo Nacional de Áreas ProtegidasCOPAE Asociación Comisión Paz y EcologíaCPO Consejo del Pueblo MayaCPR Comunidades de Población en ResistenciaESS Economía Social SolidariaFAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la AgriculturaFUNDEBASE Fundación para el Desarrollo y el Fortalecimiento de las Organizaciones de BaseILUGUA Iglesia Luterana GuatemaltecaINAB Instituto Nacional de BosquesINDE Instituto Nacional de ElectrificaciónINE Instituto Nacional de Estadísticakm2 kilómetro(s) cuadrado(s)MAGA Ministerio de Agricultura, Ganadería y AlimentaciónMARN Ministerio de Ambiente y Recursos NaturalesMEM Ministerio de Energía y MinasMW MegavatioONG Organización No GubernamentalPECOSOL GT Plataforma de Economía Solidaria, Capítulo GuatemalaPNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio AmbienteQ Quetzal(es) – Moneda oficial guatemaltecaRBM Reserva de la Biosfera MayaREDSAG Red por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en GuatemalaTRECSA Transportadora de Energía de CentroaméricaUNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura TRECSA Transportadora de Energía de Centroamérica UDEFEGUA Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de GuatemalaUNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

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PREFACIO

El Programa ACTuando Juntas Jotay reconoce la importancia de la población indígena y campesina como actora protagonista de un desarrollo sostenible y asume el firme compromiso de contribuir a reducir su vulnerabilidad socioeconómica, ambiental y cultural. Nos esforzamos por poner el poder en manos de las personas, familias y comunidades indígenas y campesinas, para que hombres, mujeres, jóvenes, niñas y niños desarrollen una voz fuerte en las decisiones que les afectan, y vivan con bienestar y mayor capacidad de resistir y adaptarse ante la variabilidad del clima, así como de recuperarse en ejercicio de todos sus derechos.

Especial prioridad es contribuir a crear condiciones para que florezcan la soberanía alimentaria y la soberanía energética de estas poblaciones. Tales condiciones están asociadas a la expansión de áreas para la protección y el cuidado comunitario sobre los bienes naturales, especialmente los bosques y las fuentes de agua. También son indispensables aquellas estrategias que buscan nuevos acuerdos para dar vida al derecho a la libre determinación de los pueblos. Deseamos situar a estas poblaciones en el centro de las políticas económicas para que impulsen expansivamente la producción y el mercado comunitario agroecológico y energético, construyendo garantías normativas y en derechos humanos como fuentes de protección frente a intereses privados corporativos o a lógicas de criminalización de la lucha social.

Durante los primeros dos años de vigencia del Plan Estratégico de Jotay 2019-2022, bajo la cobertura del Objetivo Estratégico (OE) 2, Gestión Sostenible de los Bienes Naturales, han sido estimulados procesos de cambio en estrecha colaboración y protagonismo de once iniciativas de organizaciones sociales de Guatemala vinculadas con la gestión del agua y bosques como fuentes de vida y de biodiversidad, con la agroecología y la producción de alimentos en armonía con la Madre Tierra, y con la defensa de los territorios y los derechos de los pueblos indígenas.

Jotay valora altamente la colaboración que está construyendo con estas iniciativas. El presente documento compendia brevemente las experiencias que han resultado de esta colaboración mutua. En este folleto se sintetizan los primeros logros alcanzados, con lo cual se perfilan las rutas que se están abriendo y permitiéndonos pensar en colectivo cómo potenciarlas y encauzarlas hacia impactos sostenibles. Este es un primer ejercicio de sistematización conjunta de las mejores prácticas y propuestas. El documento invita a socializar las experiencias estimulando el reconocimiento y la valoración de lo que cada quien ha hecho. Es de gran importancia para Jotay fortalecer visiones, actitudes y capacidades para cambiar paradigmas productivos, al mismo tiempo que se estimula la producción de información, la divulgación de nuevos paradigmas y, ante todo, el diálogo como factor clave para articular en escala los cambios a los que conjuntamente aspiramos. Deseamos que estas páginas alienten nuevos intercambios y aprendizajes.

Programa ACTuando Juntas Jotay

Petén

Huehuetenango

Baja Verapaz

Quiché

Zacapa

El Progreso

Chiquimula

Jutiapa

Jalapa

Santa RosaEscuintla

Guatemala

Totonicapán

Chimaltenango

San Marcos

Quetzaltenango

Retalhuleu

Sololá

Suchitepéquez

Alta VerapazIzabal

Sacatepéquez

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PRÓLOGO

Las once experiencias que se relatan en esta sistematización son testimonios de luchas comunitarias para detener los ataques a los cimientos de la vida. Constituyen para Guatemala una importante e irrenunciable contribución local, regional y nacional a favor de regenerar el mundo, precisamente a pesar de que, en este mundo, nuestro planeta, domina un contexto que les cierra el paso con una lógica de economía política devastadora, responsable de destruir la biodiversidad a un ritmo acelerado de cambios nunca visto en la historia de la Humanidad.

En los relatos que aquí nos comparten las once organizaciones sociales que son contrapartes del Programa ACTuando Juntas Jotay, poco se habla del contexto en el que actúan, pero el carácter agresivo de ese contexto está subsumido en sus narraciones porque en todos los territorios donde trabajan es sabido que existen dinámicas productivas, mercantiles, consumistas y financieras que articulan un paradigma internacional de desarrollo insostenible. Allí están ubicadas las causas del cambio climático y desde allí es notoria la enorme responsabilidad de los países del Norte, especialmente debido a que el bienestar de sus sociedades arrastra una brecha ecológica y social situada en el dominio territorial, la explotación laboral y el empobrecimiento de los países del Sur.

Estudiar y comprometerse con cambiar ese contexto mundial es clave para abrir rutas y liberar relaciones internacionales de renovación de la biodiversidad y

de eliminación de las exclusiones sociales. Implica madurar estrategias de colaboración Norte-Sur para anular definitivamente los sistemas que están destruyendo la vida. Bien señala el científico y naturalista inglés, David Attenborough, que entre 1937 y 2010 este sistema económico ha provocado la extinción de la mitad de animales salvajes, la reducción de 66% a 35% de las zonas naturales remanentes, la disminución en más del 80% del tamaño de las poblaciones de agua fresca, mientras la mitad de los bosques lluviosos han desaparecido cediendo espacio en gran escala a monocultivos, ganadería y a un promedio de tala anual de 15 mil millones de árboles.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura -FAO- y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente -PNUMA- reconocen en su estudio titulado “El estado de los bosques del mundo 2020. Los bosques, la biodiversidad y las personas”, la estrecha relación que existe entre la deforestación y el aumento de riesgos a la salud, especialmente con la expansión de enfermedades infecciosas zoonóticas, incluido el virus SARS-CoV2 que causó la pandemia actual de COVID-19. Ambas organizaciones señalan la urgencia de cambiar a la brevedad y radicalmente los patrones de alimentación basados en modelos de negocios que degradan la naturaleza, hacen uso insostenible de la tierra, el agua y los bosques, y estimulan hábitos de consumo alimentario no saludable.

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Cada vez son más numerosas, potentes y articuladas, las voces en el mundo que exigen un cambio en ese modelo de desarrollo. Se está llamando a impulsar tendencias que bajen el crecimiento demográfico, eleven exponencialmente el estándar de vida y los índices de salud y educación, cambien el modelo petrolero dominante de producción de energía, retiren las pensiones como inversión en los megaproyectos extractivos (grandes hidroeléctricas y minería a cielo abierto), frenen los monocultivos, sanen el océano y los ríos y expandan la agroecología para regenerar la tierra y sus ecosistemas. Por tanto, siendo tan grave la crisis mundial de la biodiversidad y tan justas las alertas de cambio, es de esperarse un mínimo de sentido común en las políticas nacionales del Estado de Guatemala.

Pero no es así. Las once iniciativas descritas en este folleto están amenazadas no solo por el adverso contexto internacional, que orienta el despojo territorial para la extranjerización de la tierra y la acumulación trasnacional de ganancias, sino por el contexto nacional marcado por un sistema estatal y empresarial sustentado militarmente para destruir y someter la economía indígena y campesina. En Guatemala la economía indígena y campesina es gestionada por el Estado única y estrictamente bajo dos perspectivas hostiles: como un estorbo para el agronegocio, el que tiene luz verde en su expansión, o como población enemiga y cuyo estatus solo puede ser el de población sobreexplotada y sometida.

Las expresiones más claras de que son un estorbo para la política económica dominante es el repunte de la desnutrición, el desempleo y las migraciones de todo tipo, a pesar de los riesgos de la pandemia, y la alarmante persecución que existe en contra de las alternativas agroecológicas, de soberanía alimentaria y de soberanía energética. Es indudable que existe un contexto de disputa y tensión entre el modelo extractivista y las lógicas productivas de vida campesinas e indígenas, con lo cual se intensifica la violencia territorial. La gente, las y los líderes, organizadores(as), activistas y pensadores(as) de estas alternativas están siendo amenazados, asesinados, encarcelados, enterrados y sus propuestas o dificultades no son noticia, nadie se entera de la persecución que viven, y más bien se genera en su contra una amplia difamación que los descalifica y criminaliza.

El director editorial del segundo periódico de mayor circulación del país volvió a estigmatizar al Colectivo Ecologista MadreSelva, durante la segunda semana de diciembre de este año, para soportar el imaginario alimentado por la cúpula del CACIF (Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras), acerca de que las comunidades campesinas e indígenas son incapaces de gestionar con éxito y gran cuidado ecológico sus propias microcentrales hidroeléctricas. Según datos publicados por la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA), en 2020 aumentaron los desalojos campesinos y las agresiones contra las y los líderes que defienden los bienes naturales en sus territorios, llegándose a contabilizar 1,004 agresiones de todo tipo, la cifra más alta del último quinquenio. En 2020 fueron asesinadas 15 personas y hubo 22 intentos de asesinato, la mayoría contra colectivos y dirigentes que demandaban la nacionalización de la energía eléctrica, expresaban sus desacuerdos a los megaproyectos hidroeléctricos o integraban comités ambientalistas y agroecológicos.

Lo que sucede es que las poblaciones donde trabajan estas once iniciativas, que son parte a su vez de la mayoría de la población guatemalteca, no son sujetas de desarrollo, viven en un estado de constante despojo de su ciudadanía. Son incluidos socialmente como mano de obra barata para políticas neocampesinas conservadoras, lideradas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Mundial -FMI-, instituciones que, llamando a un “capitalismo verde”, y maridando dos términos que se niegan mutuamente, buscan privatizar ecosistemas, integrar sus funciones a los mercados financieros y transformarlos en economías de servicios para el mercado trasnacional. De modo que esta disputa y tensión muestra que la palabra desarrollo no es inocente y, más exactamente, motiva a que ubiquemos con objetividad esa realidad que muestra la existencia de modelos de economía y desarrollo en tensión y en disputa.

Con ese horizonte crítico frente a las condiciones en que se abren paso las alternativas autonómicas ecologistas es posible observar profundas coincidencias en los métodos e impactos provocados por estas once organizaciones sociales, aunque cada una se especialice en diferentes ámbitos tecnológicos. Todas impulsan, aprenden,

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Procesos exitosos de la gestión sostenible de los bienes naturales en Guatemala

recrean y potencian prácticas económicas colectivas que, explícita y conscientemente, no adoptan ni interiorizan la lógica de mercado como la racionalidad dominante en su reproducción. La economía cuenta, pero no manda; no es el lucro, sino el alimento y el bienestar de la familia y de la comunidad, lo que cuenta y vale en última instancia. Su huella, por tanto, radica en resignificar prácticas ancestrales de reproducción de la vida territorial y, por otro lado, en resistir a un contexto que literalmente las quiere eliminar.

Reconozcamos brevemente algunos de los impactos virtuosos en los que coinciden estas iniciativas:

1º. Construyen un vínculo estrecho entre la vida del territorio y la vida de la comunidad. Están generando en las personas cambios de conductas, percepciones y prácticas que revaloran y resignifican a la Madre Tierra como fuente de “toda la vida”. Potencian así el cuidado responsable de los bosques, el agua y la biodiversidad, dando alto protagonismo a la historia y al interés de la comunidad, reconociendo que la acción comunitaria tiene un sentido que no se reduce a atender el predio familiar, sino a cuidar el territorio colectivo, especialmente las cuencas hídricas, la fauna y flora nativa y los bosques. El derecho a la propiedad colectiva recobra dignidad e interés en su defensa como expresión de la interconexión y la vitalidad de un territorio.

2º. Relevantan la identidad y la libre determinación de los pueblos indígenas. Se vive una reconstrucción del concepto y la historia de pueblos originarios y se expande la apropiación del significado de ciudadanía colectiva y del derecho internacional en materia de pueblos indígenas, articulando el derecho (lo político) con la vida doméstica (lo económico y social). Considerando las graves heridas que el conflicto armado interno provocó en la mayoría de territorios indígenas y campesinos, esta reconstrucción del tejido social, desde lo personal, familiar y comunitario, es un impacto de trascendental importancia

para este país mesoamericano que tiene el más alto porcentaje de población indígena. La gente deja de llamarse etnia y comienza a revalorarse como pueblo ancestral. Estas restauraciones abren nuevos espacios para la participación y el liderazgo de las mujeres indígenas. Vale destacar en este contexto el valioso trabajo de COPAE junto con el Consejo del Pueblo Maya -CPO- para poner las bases teóricas y políticas hacia un Estado Plurinacional.

3º. Crean prácticas de gobernanza

comunitaria y nuevos espacios públicos no estatales. La gestión de las microcentrales hidroeléctricas, de los bosques, viveros, reservas de agua, bancos de semillas, graneros y otros proyectos agroecológicos, se sostiene mediante la creación, aceptación y cumplimiento de decisiones asamblearias, normas y mandatos colectivos, que generan organización e instituciones comunitarias de servicio público, funcionales para operar y cuidar exitosamente bienes que a su vez son posesión colectiva. Existen nuevos reglamentos comunitarios para atender procesos antes dejados a la mera emergencia, como la escasez de alimentos, el tratamiento de aguas servidas, de la basura o la deforestación. Se han creado otros conceptos de autoridad y se institucionaliza la práctica de la rendición de cuentas. Las y los líderes tienen mayor certeza de que la conducta de uno influye y es influida por los demás, mientras que la participación organizada de las mujeres les permite mayor autonomía, especialmente en las decisiones que ellas toman en sus parcelas diversificadas. Es notorio el impacto de una reapropiación de los territorios a través del control social y comunitario del espacio.

4º. Se forman bienes naturales y sociales como contrapeso al capital privado expropiador. Rompiendo con la tradición conceptual acerca de que solo se genera valor en las mercancías, estas iniciativas orientan el trabajo organizado comunitario para estimular procesos que están regenerando bienes naturales,

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como cuencas hídricas, bosques, plantas y semillas, con lo cual cobra sentido la cosmovisión acerca de que la naturaleza tiene derechos y genera vida, el más preciado valor. Son experiencias que desechan la valorización rentista de la riqueza natural. También tienen en común estas iniciativas el que todas apuntan a instalar nuevas capacidades, a calificar oficios, a inventar tecnologías innovadoras adecuadas a las realidades territoriales, a expandir conocimientos, información y métodos que instalan nuevas prácticas de producción y consumo de energía y de alimentos. Tal generación de conocimientos no sujetos a la explotación laboral o al despojo crea, desde adentro de las comunidades, un capital social que de otra manera no existiría, dada la ausencia de políticas que valoren el trabajo y la economía campesina y que desalienten las migraciones. Se tiene la voluntad común de resignificar la resiliencia porque estas iniciativas no aspiran a adaptarse al cambio climático, sino a regenerar los ecosistemas.

5º. Restauran, conservan y potencian los ecosistemas redundando en salud de la tierra y aumento de ingresos. La reforestación y la biodiversidad constituyen estrategias fundamentales que producen prácticas y círculos virtuosos para sanar los ecosistemas y crear las condiciones para pequeños emprendimientos, ya sea agropecuarios o energéticos. Se fomentan sinergias dando así sentido a la agroecología, con lo cual se integra la diversificación y rotación de cultivos, con el rescate de semillas criollas y nativas, con el uso de abonos e insecticidas orgánicos, con el impulso de sistemas agroforestales, con mejores consumos alimentarios, con técnicas de policultivos, reciclaje de agua, conservación de suelos y con la comercialización de cultivos. También se mejoran las prácticas para la crianza de aves y otras especies de animales, aprovechando los subproductos animales y vegetales para la elaboración de aboneras. El impulso de los emprendimientos económicos requiere

de mejores condiciones en el contexto, pero es evidente que, aunque con lentitud, aumenta el número de familias y de rutas impulsando circuitos cortos de comercialización, ya sea vendiendo en su propia parcela o en mercados locales y municipales.

6º. Estimulan sistemas de cooperación, especialmente alimentaria y energética. Es un logro común la creación de capacidades para potenciar el sistema milpa y las parcelas diversificadas, para producir y crear mercados de alimentos o de energía desde la soberanía comunitaria y desde la solidaridad. Al igual que ocurre con las nuevas formas de gobernanza comunitaria, la agroecología estimula formas de organización con elementos interdependientes, articulando tierra, bosque, agua, familia, alimento, comunidad, mercado e ingresos.

Estamos frente a procesos que asignan a las poblaciones y a las comunidades el rol de ser sujetos y sujetas de su propio desarrollo territorial. Encarnan un modelo de economía diversificada que da vida a un paradigma plausible en lo alimentario, en lo ecológico y resiliente, como pocos, a las fluctuaciones tanto del clima como del mercado. Resisten al mercado y, a la vez, están insertas en el mercado, pero trabajan al mismo tiempo por “desfosilizar, desprivatizar, desconcentrar, descentralizar, desmercantilizar, democratizar y despatriarcalizar”. Tienen propuestas de economía y ecología política que configuran un modelo en tensión y conflicto con respecto al modelo dominante. Ofrecen, por tanto, una propuesta de economía ética que sintetiza una de las formas milenarias de la economía indígena y campesina, como es ese juego de espejos entre la cooperación e interdependencia existente entre las plantas en el sistema milpa y la cooperación solidaria al interior de las comunidades. Curiosamente estas prácticas virtuosas, que son a su vez resistencias valientes y legítimas, tienen dificultades para hacer alianzas y cuentan con poca articulación territorial o regional entre sí; no hacen milpa social, tienden a encaminarse en acciones colectivas de carácter sectorial, particulares e inmediatistas, perdiendo la oportunidad y no viendo

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la necesidad de sistematizar las experiencias como una cooperación de alternativas integradoras de un modelo de desarrollo ético y viable para potenciar el mercado interno de Guatemala. Así se pierde también la ocasión de potenciarse mutuamente en la búsqueda de un entorno que no las denigre, las persiga y las mate y en la búsqueda de una propuesta de modelo económico que resuene en la opinión pública y atraiga y convenza al conjunto de la mayoría ciudadana.

El inmediatismo, el particularismo y la no sistematización de las experiencias llevan siempre a negociaciones débiles y, en el mejor de los casos, a regateos con un Estado que busca ganar, a la larga, situando a la gente como mano de obra barata, lo cual termina cansando y desgastando a las comunidades. Una clave para salir de tal desgaste es aliarse en una visión de nuevo modelo económico y cambiar el terreno de la confrontación, ubicando las justas demandas particulares en contextos más globales que reposicionen la salud de los

ecosistemas, la soberanía energética, la soberanía alimentaria y la libre determinación de los pueblos indígenas.

Poner a discusión una visión ética de desarrollo, que compendie los mejores logros y prácticas virtuosas de estas y otras iniciativas sociales, es un aporte pendiente que bien motiva a encauzar nuevos encuentros, debates, diálogos, alianzas y complicidades, especialmente porque si observamos bien, en Guatemala es un tabú hablar de modelo o de sistema económico. Nuevos estímulos comunitarios y territoriales podrían surgir articulando ideas fuerza para una economía ética para la vida, para el buen vivir, si se impulsan acciones para desmontar el insostenible modelo de depredación de la naturaleza y explotación de los pueblos.

Guatemala, diciembre 2020

AGUA Y BOSQUESFuentes de Vida y Guardianes de la Biodiversidad

I.

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Estrategias exitosas para la conservación de

bosques y el desarrollo comunitario local en la Reserva de la Biosfera Maya

La Reserva de la Biosfera Maya, ubicada en el norteño departamento de Petén, es el espacio natural protegido más grande de Guatemala. Su área, de 21,602 km², fue designada como Reserva de la Biosfera en 1990 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura -UNESCO-, con el objetivo de encontrar un equilibrio entre los seres humanos, sus actividades y el entorno. La reserva ocupa el 20% de la superficie total de Guatemala y está compuesta por parques nacionales, biotopos y gran diversidad de paisajes. Es un refugio de jaguares, tapires y guacamayas, mientras que sus inmensos bosques protegen cientos de sitios arqueológicos de incalculable valor, que son patrimonio natural y cultural de la nación.

Es aquí donde viven y trabajan organizadamente 24 comunidades dedicadas al cuidado forestal de la Biosfera. Estas comunidades se asentaron en Petén desde antes de la creación de la reserva y ahora gestionan y conservan 5,000 km² de bosque, como parte de los contratos de concesión otorgados por el Estado en 1997. La Reserva de la Biosfera Maya se creó como una solución al conflicto social luego de la firma de los Acuerdos de Paz, que pusieron fin a 36 años de guerra civil en Guatemala. El Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP- está a cargo de su administración.

En la Reserva de la Biosfera Maya hay lugares aptos para la conservación, la investigación científica y la aplicación de modelos de desarrollo sostenible en los que la población local es la protagonista. Las comunidades forestales conservan el bosque trabajando en el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, como la cosecha de caoba, la recolección de palma de xate, semilla de ramón, pimienta y más recientemente en el turismo comunitario. Las organizaciones comunitarias han trabajado desde el inicio del proceso agremiadas en la Asociación de Comunidades Forestales de Petén -ACOFOP-. La decisión de las comunidades de trabajar conjuntamente por medio de una organización de segunda base, ha probado ser un método efectivo para generar grandes avances en temas de liderazgo y gerencia, desarrollo de nuevos productos y mercados, administración, comercialización e incidencia política.

El fortalecimiento de las capacidades de su gente ha sido una de las estrategias más exitosas que las comunidades han aplicado, porque garantiza la sostenibilidad económica y ambiental de los proyectos emprendidos. Las actividades turísticas y de recolección de productos del bosque les permiten a las comunidades, en especial a las mujeres y jóvenes, desarrollar negocios propios que generan ingresos para cubrir las necesidades familiares.

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Con el acompañamiento técnico de ACOFOP y el apoyo de múltiples instituciones, tanto nacionales como internacionales, las comunidades han fomentado el desarrollo de capacidades administrativas y han creado empresas comunitarias que generan empleos y bienestar socioeconómico, reinvirtiendo cerca de una tercera parte de sus ingresos en capacitación, adquisición de equipos tecnológicos para monitoreo forestal del territorio, acciones para la prevención de incendios y la protección del bosque, así como proporcionando apoyos vitales en infraestructura y servicios en educación y salud.

Brigadas de bomberos comunitarios voluntarios apoyan al gobierno en el combate y control de los incendios forestales que afectan cada año grandes extensiones en Petén, mientras mantienen un índice de incendios de 0.1% en sus propios bosques. Otro gran logro ambiental de las comunidades es la tasa de deforestación de 0.4%, que contrasta con la devastadora pérdida del bosque en los Parques Nacionales al oeste de la Reserva, donde múltiples amenazas, incluyendo la narcoganadería, el avance de la frontera agrícola y la tala ilegal, han provocado algunas de las tasas de deforestación más rápidas del mundo. Al reinvertir recursos en la conservación del bosque las comunidades aseguran no solo su futuro,

sino el de esta inmensa zona, que en conjunto con los bosques adyacentes en Belice y México conforman la Selva Maya, la mayor área boscosa al Norte de la Amazonia.

A pesar de estos logros ambientales, sociales y económicos conseguidos con la implementación del modelo forestal comunitario, existen dos grandes amenazas: 1º. La cercanía del vencimiento de los contratos de concesión otorgados a las comunidades por 25 años, y 2º. Las presiones de proyectos y planes de corte extractivista y neoliberal impulsados en torno a las grandes riquezas ambientales y arqueológicas de la Reserva de la Biosfera Maya. Sin embargo, ACOFOP y las comunidades continúan su trabajo, preparando a la vez los documentos necesarios para la aprobación de las prórrogas de contrato, que extenderían por 25 años más el modelo y sus beneficios.

En su más reciente informe sobre “El estado de los bosques del mundo 2020”, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura -FAO-, por sus siglas en inglés-, reconoce a las concesiones forestales comunitarias del Petén como un caso de éxito que recomienda replicar en otras regiones, como una solución integral para detener la pérdida de superficie forestal y la biodiversidad, asegurando a la vez los medios de vida de las comunidades locales.

Para el monitoreo de las áreas de conservación se utilizan drones. © ACOFOP

Mujeres de Uaxactán preparando xate para su comercialización. © ACOFOP

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Experiencias de la forestería comunitaria y el manejo de zonas de recarga hídrica en

Totonicapán

La Asociación de Forestería Comunitaria de Guatemala Utz Che’ se encuentra conformada por organizaciones comunitarias que tienen en común la tenencia colectiva de sus territorios y una cohesión sobre sus propias formas de organización. Utz Che’ significa buen árbol en idioma K’iche’. Es una organización sombrilla que integra 41 agrupaciones comunitarias, indígenas, campesinas y pesqueras.

En el territorio del departamento de Totonicapán, las acciones del proyecto se han desarrollado con 6 parcialidades, que son organizaciones ancestrales del pueblo Maya K´iche´, y poseen una relación muy estrecha con su territorio, lo cual implica una identificación con todos los bienes naturales que allí se encuentran. Dentro de estas organizaciones se encuentran las parcialidades de Chuamazán, Caxaj, Vásquez, Quiacquix y Baquiax, del municipio de Totonicapán y la parcialidad Vicentes, del municipio de Momostenango. De manera colectiva protegen un aproximado de 1,900 hectáreas de bosque natural y más de dos centenares de fuentes de agua.

Uno de los principales aportes socioeconómicos de estas parcialidades a Guatemala es su modelo de trabajo, en el cual las y los miembros de dichas comunidades realizan un servicio colectivo denominado K’axko’l, en idioma K’iche’. El K’axko’l consiste en aportar al desarrollo de su comunidad mediante la adopción de cargos o funciones que

tienen un enfoque de responsabilidad en la protección y conservación de sus bienes naturales. Este modelo de gestión evidencia ser funcional, eficiente y con resultados positivos para la permanencia de los bosques en el altiplano occidental, que se ubican en zonas de alta y muy alta recarga hídrica.

La gestión prioriza acciones puntuales de protección y conservación, como la realización de monitoreos forestales enfocados al control de daños dentro del bosque por las diferentes presiones que estos enfrentan. Entre las presiones más peligrosas se encuentran: talas ilícitas, incendios forestales, plagas, enfermedades y extracciones ilegales de especies en peligro de extinción, como el pinabete (Abies Guatemalensis). Además de las medidas y estructuras de prevención de incendios forestales, se desarrolla un proceso de actividades de reforestación que tiene como objetivo el recuperar de áreas degradadas y asegurar a largo plazo la cobertura forestal dentro de su territorio. El proceso de reforestación se basa en la producción de plantas forestales dentro de los viveros comunitarios, priorizando la recolección y el uso de las semillas de especies nativas, desarrollando a la vez estrategias de fortalecimiento de capacidades.

El aprovechamiento y uso de los árboles en las parcialidades de Totonicapán se regula mediante normas y principios en los que se considera

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excepcional el otorgamiento de un árbol para su aprovechamiento, priorizando los árboles enfermos, secos o los que se han derribado por causas de la naturaleza misma. Eso va de la mano con que las personas beneficiadas deben de estar al día en el ejercicio de sus faenas (trabajos comunitarios colectivos). Tal sistema de control muestra la importancia que tiene el cuidado de los bosques en el autogobierno comunitario.

Todo lo anterior integra un modelo de gestión denominado “Forestería Comunitaria”, que no es reconocido en la normativa y políticas públicas en materia forestal y ambiental del país. Por eso, el acceder a los programas de incentivos forestales ha sido cada vez más difícil por parte de las comunidades. Sin embargo, en el año 2015, hubo un avance fundamental. Con la recién creada Ley PROBOSQUE se reconoció la tenencia histórica o ancestral de las tierras de las comunidades y pueblos indígenas, abriéndoles el acceso al incentivo forestal.

Por ello, en 2018, se presentó una solicitud para acceder al programa PROBOSQUE por parte de la Parcialidad Chuamazán de Totonicapán, mediante

la acreditación histórica de la propiedad de su bosque, tal como lo regula la ley. Sin embargo, el Instituto Nacional de Bosque -INAB- denegó esta solicitud, por lo que fue necesario que en ese mismo año se presentara una acción constitucional de amparo para que un tribunal pudiera resolver el caso. La sentencia del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Totonicapán constituido en Tribunal de Amparo fue un logro histórico porque no solo permitió acceder a este programa, sino reconoció las formas históricas y ancestrales de acreditación de la propiedad de la tierra, lo que sentó un precedente importante para todo el país y en el sector forestal comunitario.

El rol de las mujeres dentro de la forestería comunitaria es esencial, aunque muchas veces poco visibilizado. Hoy día, gracias a las actividades de distintas asociaciones de mujeres, son protagonistas en la defensa de sus derechos, abriendo espacios para su participación y accediendo a proyectos productivos. A través de este trabajo de emancipación, las mujeres lograron demostrar que también cuidan los bienes naturales y aportan

Comunidades en Totonicapán aplican el modelo de la forestería comunitaria. © Utz Che’

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a la forestería comunitaria, manteniendo una participación activa a nivel local y nacional.

Así, en el año 2018, desarrollaron una auditoría social relacionada con su participación dentro de los programas de incentivos forestales, evidenciando una brecha significativa de los beneficios que daban y recibían en comparación con los proyectos en favor de hombres. La diferencia se origina especialmente en que la propiedad de la tierra se encuentra, en su mayoría, a nombre de los hombres. Por lo tanto, se propuso que dichos programas consideraran mecanismos para propiciar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres.

Todas estas experiencias comunitarias ejemplifican la necesidad de impulsar cambios en la normativa vigente, así como en el actuar de las instituciones forestales y ambientales del Estado como el INAB, Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN- y Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-, para incorporar los conocimientos y prácticas de los pueblos originarios y comunidades campesinas que producen beneficios importantes para la ciudadanía y hacia el desarrollo sostenible. Entre estos conocimientos y prácticas destaca la forestería comunitaria.

Hemos fortalecido los procesos comunitarios mediante la incorporación de acciones como las campañas de reforestación. De igual manera, se han respaldado procesos de incidencia y de fortalecimiento organizacional que promovieron las características de la gobernanza comunitaria de estas parcialidades, desarrollando procesos de auditoría social ligados a la búsqueda de mecanismos de compensación por los servicios ambientales prestados en un panorama de presión.

También se han obtenido importantes logros de reconocimiento de la forestería comunitaria por

parte de la academia y de las entidades rectoras en materia forestal del país. Las acciones de incidencia dieron lugar a procesos formativos, en los cuales se involucraron actores de diferentes organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, comunitarias y de academia, enfocados en el reconocimiento de la propiedad ancestral de las tierras comunales y en el intercambio de experiencias a nivel nacional y a partir de las apreciaciones de las mismas comunidades sobre la relación entre .la forestería comunitaria y la conservación y protección de los bienes naturales.

El rol de las mujeres en la forestería comunitaria es esencial. © Utz Che’

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La Zona Reina es rica en bosques y ríos, fuentes de agua y electricidad. © Jotay

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Soberanía energética comunitaria en la Zona Reina

dinamizando la articulación de las luchas por el acceso justo a la electricidad

El Colectivo MadreSelva ha acompañado por más de diez años a comunidades indígenas en sus luchas por la protección ambiental, la soberanía energética y la promoción de sus derechos en la región de la Zona Reina, al Norte del departamento de Quiché, una región históricamente abandonada por el Estado de Guatemala. Hay 86 comunidades con una población de cerca de 50 mil habitantes, de la cual el 51% son mujeres. Es mayoritaria la población Maya Q’eqchi’, habiendo algunos Ixiles y K’iche’s.

En la región se encuentran dos grandes empresas hidroeléctricas: Una, de propiedad privada, llamada Palo Viejo, que desvía cinco ríos a un embalse de regulación diaria que genera 80MW. La otra, llamada Chixoy, sobre el río del mismo nombre y propiedad del estatal Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, es la mayor generadora del país, con 300MW. A pesar de la cercanía, la población de la Zona Reina nunca ha tenido servicio de energía eléctrica. Otros servicios esenciales, como la educación y la salud, son escasos y de baja calidad.

Ante el olvido estatal, resultante de la exclusión social y el racismo institucionalizados, las comunidades se han organizado para proteger bosques y áreas de recarga hídrica, aprovechándolas para impulsar proyectos de luz comunitaria y agroecología. El impacto de esta organización comunitaria es que están funcionando cuatro pequeñas hidroeléctricas,

las cuales, sin desviar los ríos, dan energía a 1,250 familias en 9 comunidades.

Las pequeñas hidroeléctricas son propiedad legal de asociaciones comunitarias cuyas juntas directivas las administran, operando de manera voluntaria, y respondiendo a mandatos y decisiones asamblearias de las comunidades. Esas juntas directivas y sus comités de vigilancia informan de su gestión y rinden cuentas anualmente en concurridas asambleas donde participan hombres y mujeres de la comunidad. Equipos de electricistas locales que han sido capacitados por MadreSelva, realizan los trabajos de operación y mantenimiento, por lo cual reciben un salario.

Este exitoso proceso tuvo su arranque gracias a la iniciativa de las Comunidades de Población en Resistencia -CPR- que fueron reasentadas en la Zona Reina después de la firma de los Acuerdo de Paz, en 1996. Las CPR sobrevivieron por más de una década en las montañas aledañas, protegiéndose de los ataques y la persecución por parte del ejército, durante los durísimos años del conflicto armado interno. Al ser reasentadas, formaron la comunidad Unión 31 de Mayo y se propusieron aprovechar los recursos hídricos para construir un pequeño proyecto hidroeléctrico que les diera la luz de manera autónoma.

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La turbina comunitaria fue construida con gran esfuerzo y la ayuda de un grupo de acompañantes internacionales del colectivo Siembra de las Islas Canarias, iniciando operaciones en el año 2006. Posteriormente, el Colectivo MadreSelva fue invitado a dar acompañamiento a las comunidades, impulsando mejoras técnicas y apoyando la organización y legalización de la Asociación Héroes y Mártires de la Resistencia. De tal modo que, en el año 2012, fue reinaugurada la turbina comunitaria y construido el sistema de distribución que llevó la energía a todas las viviendas de cuatro comunidades de las CPR en Zona Reina. Con el ejemplo de este proyecto pionero, hoy son cuatro las turbinas que están operando en comunidades vecinas a la 31 de Mayo. El ejemplo de las CPR fue adoptado por las comunidades de Lirio-Putul, La Taña y La Gloria. Las tarifas base mensuales pagadas por los asociados son de Q30 o Q40 al mes, sensiblemente inferiores al precio promedio comercial.

Actualmente, MadreSelva apoya la construcción de dos nuevas pequeñas hidroeléctricas, una en la región de Los Copones, también en la Zona Reina, y otra, en Copalaá, en el municipio de Cobán, Alta Verapaz. En medio de una intensa dinámica social, MadreSelva también ha acompañado la formación de una asociación regional que se propone articular a todas las comunidades de la Zona Reina y de las vertientes aledañas de los municipios de Chajul e Ixcán para construir un proyecto mediano que genere en total 2MW para dotar de energía a

unas 110 comunidades de Zona Reina, el Oriente de Chajul y el Sur de Ixcán.

Después de dos años de intercambios entre representaciones y autoridades ancestrales de estas comunidades, en octubre del 2019, se reunió una asamblea general que decidió crear la Asociación Luz Comunitaria de la Zona Reina en Defensa del Territorio. Fueron aprobados sus estatutos y electa la junta directiva, integrada por siete hombres y dos mujeres. El Concejo Municipal de Uspantán registró la inscripción de la asociación en enero del 2020. El proyecto Xolá-Cabá diseñado para generar la energía necesaria para la población organizada está en proceso de gestión financiera. Otro sueño ha comenzado a andar.

La luz comunitaria se ha convertido en una meta para el resto de comunidades de la Zona Reina y una inspiración para pueblos de otros países vecinos que han visitado estos proyectos de luz comunitaria. La experiencia se ha convertido en un modelo que está funcionando exitosamente, demostrando que la soberanía energética comunitaria es una realidad y un camino a seguir por los pueblos que defienden sus territorios ante los intentos de despojo orquestados por el gobierno a favor de las corporaciones privadas. Ha motivado intercambios y reflexiones con otros actores sociales, ha permitido identificar las lecciones aprendidas y es ejemplo de buenas prácticas para promover procesos que generan círculos virtuosos de desarrollo.

Reparación de la turbina en Unión 31 de Mayo. © Jotay

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Paso a paso, hemos avanzado en el fortaleciendo de sistemas de administración transparente, en prácticas organizadas de operación y mantenimiento con participación de técnicos locales, con la participación organizada de mujeres y hombres. Ha sido impulsada la soberanía alimentaria a través de cultivos agroecológicos. Se identifican y se cuidan las áreas de recarga hídrica de los ríos que están siendo aprovechados, sin desviar sus caudales y tomando una proporción que garantiza el caudal ecológico, como parte de una política comunitaria de protección de los bienes naturales. El esfuerzo comunitario está haciendo realidad la idea de la transición energética con justicia.

Fue en este sentido que, en noviembre del 2019, se realizó un encuentro nacional, con una amplia participación de comunidades, asociaciones, autoridades ancestrales y organizaciones no gubernamentales, con el objetivo de plantear los

retos de este modelo en Guatemala. A partir de marzo 2020, MadreSelva dio seguimiento a este encuentro con los Diálogos por la Justicia Energética, una dinámica para la articulación de los diferentes tipos de actores que luchan por el acceso justo a la energía eléctrica, incluyendo a: a) Las comunidades que defienden sus ríos y territorios ante las amenazas planteadas por los megaproyectos hidroeléctricos; b) Los pueblos que se oponen a la depredación de bosques y territorios por los megaproyectos de transporte eléctrico de alta tensión; c) Las poblaciones que se han organizado para resistir a los elevados precios que cobran los monopolios de comercialización de luz en sus domicilios; y d) Las comunidades que han resuelto transitar el camino de la soberanía energética comunitaria junto a sus autoridades ancestrales. Este variado y rico movimiento transita por diversas rutas y escenarios, a partir de propuestas políticas que iremos haciendo converger para fortalecer la soberanía comunitaria y la justicia en el acceso a la energía.

Las turbinas comunitarias cobran mucha relevancia como alternativa sostenible a nivel nacional e internacional. © Jotay

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AGROECOLOGÍAProducir Alimentos en Armonía con la Madre Tierra

II.

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Fortaleciendo las comunidades Q’eqchi’ y Poqomchí a través de la recuperación de

prácticas ancestrales y procesos de sanación en Alta Verapaz

La Asociación de Desarrollo Integral Comunitario Indígena Wakliiqo -ADICI-, significa “levantémonos” en idioma Maya Q’eqchi’. ADICI ha venido facilitando procesos de desarrollo en comunidades originarias mayas del Norte de Guatemala desde el año 1997. Desde el proyecto denominado “Fortalecimiento de comunidades indígenas, a través de la recuperación de prácticas ancestrales y procesos de sanación en Alta Verapaz”, ADICI acompaña a familias rurales que viven en los municipios de Cobán y San Cristóbal, ambos del departamento de Alta Verapaz. Este acompañamiento articula conocimientos ancestrales de las comunidades con las técnicas y herramientas que ofrece la agroecología.

La definición que ADICI promueve sobre la agroecología se empata con las ideas que refieren Restrepo y Prager (2000), acerca de que es una forma de hacer agricultura en armonía con el medio ambiente. Para ADICI es muy importante que su acompañamiento comunitario en agroecología visualice que la sociedad y la producción van más allá de los predios agrícolas, es decir, construyen o alimentan un ecosistema donde el ser humano es parte de la Madre Naturaleza. Con esa visión se busca empoderar a las comunidades materializando prácticas de diversificación, consumo, conservación y comercialización de cultivos nativos y criollos, provenientes de los patios o unidades productivas familiares.

La propuesta de ADICI nace a partir de la realidad de las comunidades rurales de Guatemala, específicamente de la región Norte, donde se reporta un alto porcentaje de pobreza extrema y donde los indicadores de Desarrollo Humano están por debajo de la media del país. Según datos del Instituto Nacional de Estadística -INE- (2018), la población rural del departamento de Alta Verapaz abarca más del 68% del total de sus habitantes. Aquí la desigualdad ha sido histórica, desde los comienzos de la colonización y de los modelos de producción de agroexportación que sometieron a las familias indígenas a una condición de mozos/colonos. Esto conllevó a practicar una forma de vida basada en el trabajo forzado en fincas cafetaleras y de cardamomo, lo que ocasionó que se diera una erosión paulatina de los conocimientos sobre sistemas de producción agrícola que los pueblos anteriormente dominaban y que enlazaban con su espiritualidad indígena.

De esta realidad, ADICI ha concretado una propuesta de acompañamiento a 9 comunidades pertenecientes al pueblo Q’eqchi’ y 3 comunidades del pueblo Poqomchí. Este proceso está basado en la reconstrucción del tejido social desde lo personal, familiar y comunitario, establecido en un enfoque holístico, donde se han promovido metodologías de sanación de la opresión en la persona. Esto con la finalidad de que las y los beneficiarios(as) asuman plenamente su responsabilidad con su entorno y

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puedan re-encontrarse con su ser, tomando como referencia la espiritualidad de los pueblos Q’eqchi’ y Poqomchí.

ADICI complementa acciones con procesos de formación en temas de sanación dirigidos a mujeres, desde la atención psicológica y psicosocial, que ayudan a fortalecer su autoestima, sus capacidades para una vida productiva, incluyendo la recuperación de saberes y conocimientos ancestrales, intercambios de experiencias, la producción de alimentos orgánicos y de plantas que sirven para medicina natural, así como de las artes propias (tejidos, bordados, etc.), hacia la transformación de productos que les garanticen su autosostenibilidad. La experiencia ha demostrado que las mujeres generan cambios positivos para su vida, su familia y la comunidad en armonía con la Madre Naturaleza. Aparte, ADICI también trabaja con niñas y niños con enfoque de sanación, la superación de traumas y de recuperación de la sabiduría ancestral de los abuelos y las abuelas para generar cambios en su vida.

Dentro de las metodologías implementadas para fomentar la agroecología destaca la de “campesino a campesino”, propiciando espacios de escucha y diálogo con los y las beneficiarias, en su mayoría mujeres en situación de vulnerabilidad alimentaria y condición de pobreza. Con el proyecto antes mencionado, se han beneficiado 420 mujeres y 285 hombres. Son las mujeres las actoras clave en el proceso de recuperación del conocimiento para la diversificación agrícola, así como las protagonistas en hacer las nuevas prácticas culturales de cosecha con lo cual viven una valiosa transformación. Con la formación recibida existe ahora un grupo de promotoras que acompañan a otras mujeres en estos procesos de autoestima, terapia y medicina natural.

Se han creado oportunidades y capacidades para replicar los aprendizajes agroecológicos hacia otros espacios en el ámbito comunitario. Más familias han aprendido y puesto en práctica técnicas de producción y aprovechamiento de sus parcelas, valorando y potencializando los recursos locales. Se está construyendo una mayor autonomía, especialmente de las mujeres, en las decisiones que toman en sus parcelas diversificadas. Las mujeres aprenden a darle un valor agregado a sus cultivos, elaborando platillos nutritivos y otros productos libres de agroquímicos, con lo cual se fortalece la cultura alimentaria, especialmente en los y las niñas y jóvenes.

Con estos procesos de diversificación, como el establecimiento de plantas frutales, medicinales, comestibles, aromáticas, etcétera, se contribuye a la restauración de los paisajes comunitarios y, por ende, a la conservación de las microcuencas. Un logro alcanzado es que se replantea la forma de ver a la tierra. Para la cosmovisión indígena, el concepto de Madre Tierra considera al medio ambiente como “toda la vida”, incluyendo los bosques y la biodiversidad en sí, con lo cual se vuelve a valores que sustentan la solidaridad y el sentido de pertenencia a una comunidad solidaria y con libertad. Es evidente el aporte en la conservación de los recursos naturales en estos procesos, tales como la conservación de los suelos de ladera, la conservación y regulación del agua, el establecimiento de semillas in situ y la reducción de la presión de reservorios de bosque natural al no generar avance de la frontera agrícola en zonas altas de recarga hídrica.

Entre los principales retos está la necesidad de ampliar estas experiencias a otros territorios con el fin de arraigar un modelo de producción sostenible. La reflexión sobre la experiencia de gestión de las unidades productivas lleva al reconocimiento de algunos logros y potenciales, así como a fortalecer el interés y compromiso comunitario de continuar con el establecimiento y mantenimiento de las parcelas diversificadas con especies criollas y nativas, visualizando oportunidades de comercialización.

Finalmente, se planea la sistematización de las experiencias de sanación y su vinculación con la agroecología para el buen vivir, esto con el fin de evidenciar los resultados del modelo que se ha impulsado como institución. Como organización se reconoce la importancia de continuar con el aporte hacia las comunidades, a través de un proceso de comunicación más allá de la extensión y el asistencialismo, para generar la emancipación. Mujeres cuidando de semillas criollas. © ADICI

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Procesos alternativos de desarrollo desde la construcción colectiva en el territorio Mam

Desde que la Asociación Comunitaria para el Desarrollo SERJUS -ASERJUS- inició acciones puntuales de apoyo en San Martín Sacatepéquez, departamento de Quetzaltenango, en la década de los años noventa, hasta la fecha, sigue confirmando su compromiso por trabajar en la construcción de un mundo mejor. Para eso, acompaña a las organizaciones de comunidades empobrecidas en su organización y articulación con el fin de que recuperen la decisión y el control sobre los procesos de desarrollo y mejoren sus condiciones de vida, sumándose a otros esfuerzos y luchas, principalmente de las mujeres y de los pueblos Maya.

ASERJUS, en la actualidad, ha contribuido en el Occidente de Guatemala, con procesos de construcción colectiva desde las organizaciones comunitarias de cinco municipios ubicados en el Norte del departamento de Quetzaltenango (San Juan Ostuncalco, Concepción Chiquirichapa, San Martín Sacatepéquez, Huitán y Cabricán), y donde un 88% de la población que allí habita se auto identifica como Maya Mam. Es un territorio rural que pertenece a la cuenca del río Cuilco y que cuenta con bosques húmedos montanos y subtropicales, a una altitud de entre 2300 a 2600 metros sobre el nivel del mar.

Para el pueblo Maya Mam, el núcleo familiar es la primera base de organización. A partir de

ahí desarrollan iniciativas económicas para su subsistencia, entre ellas, el cultivo agrícola de papa, maíz y hortalizas, la venta de mano de obra en fincas cafetaleras del Sur de México, además de otras actividades como albañilería, transporte y artesanía de tejido, siendo esta última actividad muy desarrollada por las mujeres. Cabe mencionar que las mujeres han sido actoras relevantes, quienes han ido asumiendo protagonismo, lo que permite una mirada que complementa las múltiples dimensiones de la realidad, así como el conocimiento ancestral que se mantiene en las comunidades indígenas de generación en generación.

En la cosmovisión del pueblo Maya Mam no existe “desarrollo” si no se reconoce el respeto a la vida y a la comunidad, lo cual se traduce en el respeto a los derechos humanos, al territorio, la gobernanza sobre los bienes naturales y a la posibilidad de buscar otras formas de producir y organizarse. En la historia colectiva de estas comunidades, las prácticas agroecológicas son saberes que están presentes en lo cotidiano, por lo tanto, la agroecología no es un concepto desconocido u olvidado. La propuesta de ASERJUS parte desde estos saberes, desde estos saberes arraigados, iniciándose con la formación de un grupo de productores y productoras de pequeña escala, que en forma voluntaria y sin remuneración económica, decidieron participar en la Escuela Local de Agroecología.

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Se trata de un espacio de formación, donde los procesos de aprendizaje se plantean en ciclos de tres años, abordando temas políticos, técnicos y metodológicos, que van potenciando y formando un perfil de salida como promotor(a) de la agroecología. Se analiza el sistema agrícola, se definen sus componentes y se planifican los cambios conforme su formación avanza. El objetivo de la formación es desarrollar un proceso de transición hacia un sistema agrícola sostenible que les permita a las familias alimentarse y generar excedentes para cubrir sus necesidades básicas, teniendo su propia parcela como el medio principal para la aplicación de conocimientos.

Los y las promotoras van implementando las prácticas agroecológicas paulatinamente, construyendo la “parcela integral agroecológica” como alternativa sostenible. Priorizan los conocimientos y recursos locales, apoyándose apenas en algunos elementos

externos. La diversificación del sistema agrícola incrementa la biodiversidad y refuerza la capacidad de resiliencia de la familia, utilizando la siembra de policultivos, la rotación de cultivos y los sistemas agroforestales. El reciclaje de agua contribuye para que el sistema sea más eficiente: la técnica más utilizada es el eco filtro de aguas grises. También se promueve la conservación y el uso de las semillas criollas y nativas, implementando técnicas para la selección de las “plantas madres” que serán reservadas para semilla y almacenadas en lugares especiales con mejor control, a las que llamamos “reservas de semillas”. Lo mismo se hace con las aves criollas, donde la crianza y el escalonamiento de estos animales son utilizados para conservar y reproducirlos.

Por otra parte, se crean relaciones entre los diferentes componentes, donde las prácticas potencian las funciones ecológicas o de interconexión natural. Insumos externos son reducidos y substituidos por productos agroecológicos; por ejemplo, a través de la elaboración de abonos por medio de lombricompost, aboneras, microorganismos de montaña, concentrados caseros para animales, cultivos y utilización de plantas que poseen cualidades naturales para prevenir o curar enfermedades en los animales o plagas en los cultivos. Se produce, entonces, un intercambio dinámico de conocimientos, donde la misma parcela se convierte en un medio de aprendizaje y el o la promotora cumple con su compromiso de replicar sus conocimientos por medio de charlas y visitas a familias en sus comunidades.

Las familias que logran generar excedentes productivos, los comercializan a través de iniciativas económicas, generando así pilotajes de emprendimientos económicos con enfoque solidario a nivel familiar e implementando para ello circuitos cortos de comercialización. Lo mismo acontece en dos modalidades: la venta en su propia parcela o la venta en mercados locales campesinos, los cuales se desarrollan periódicamente. Para ello, han tenido que organizarse en pequeños comités de mercados y gestionar los permisos ante las municipalidades. Una vez logrado el permiso, ponen a la disposición de la población del municipio el acceso a productos más naturales, frescos y locales. En los tiempos de la crisis sanitaria por el COVID-19, son estos espacios los que han brindado alimentos de calidad a la comunidad. En promedio, por día de venta, una familia logra un ingreso de Q200. Don Victor Vail © ASERJUS

“Este es nuestro alimento, nuestra identidad, nuestro derecho y lo vamos a defender.”

Víctor VailPromotor de agroecología en Huitán,

Quetzaltenango

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Estos actos de resistencia a la lógica mercantil y neoliberal vigentes son propuestas concretas que están llevando a cabo 100 promotoras y promotores junto con sus familias, distribuidos en 20 comunidades. Las familias están organizadas en grupos comunitarios que conforman las “Comisiones Comunitarias de Seguridad Alimentaria”, las cuales se articulan en redes a nivel municipal y, a su vez, forman parte de un espacio más diverso denominado “Coordinadora Municipal”. También se van desencadenando otros procesos como la gestión de proyectos ante los Consejos Municipales de Desarrollo Urbano y Rural -COMUDE-, incidencia en política pública y auditoria social. Por lo mismo, los y las promotoras participan en las

acciones que promueve la Red por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala -REDSAG-, principalmente en contra de la aprobación de leyes o normativas a favor de la introducción de semillas transgénicas en el territorio.

Estos procesos organizativos, técnicos y de incidencia han aumentado considerablemente los conocimientos y su aplicación a nivel familiar y comunitario, reconociendo el papel importante que tienen las mujeres en todos estos ámbitos del desarrollo. Al mismo tiempo, los procesos han contribuido considerablemente para fortalecer la identidad con el territorio y reconstituir la identidad como pueblo Maya Mam.

Parcela agroecológica, León Cochojil, Cantel, Quetzaltenango. © ASERJUS

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Repartiendo semillas en la reserva de El Rodeo. © ASSAJO, ONG

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Las reservas de granos en el área Chortí como

contribución efectiva para garantizar el Derecho Humano a la Alimentación

La Asociación Santiago Jocotán, ONG -ASSAJO, ONG- tiene como objetivos favorecer el beneficio social, promover políticas de desarrollo de carácter social, económico, cultural y ambiental y el desarrollo integral de las y los asociados de los municipios de Jocotán, San Juan Ermita y Camotán, en la zona del pueblo Maya Chortí, aparte de todas aquellas personas de otros municipios que compartan fines similares.

Desde que ASSAJO comenzó a trabajar el tema de la seguridad alimentaria, luego soberanía alimentaria y, finalmente, el Derecho Humano a la Alimentación, se ha incluido en todos los procesos el factor educativo. Tal situación ha generado ser el blanco de fuertes críticas por el hecho de “capacitar cuando la gente tiene carencia de alimentos”, opinando que “se deberían de enfocar los esfuerzos en la producción de alimentos.” Sin embargo, ASSAJO se enfoca en la premisa que, antes de producir están las personas, y que, si se dirigen los esfuerzos sólo en producir, se cae en la misma lógica del modelo económico actual, desvirtuando, desvalorizando y quitándoles protagonismo a los verdaderos actores del cambio y de la transformación, que son las personas de las comunidades. Si se quiere lograr el Derecho Humano a la Alimentación, este no se puede obtener sin instrucción, formación y capacitación.

En el área Chortí, donde ASSAJO actúa, la principal y única actividad laboral es la agricultura, una agricultura dependiente de la lluvia. El área se caracteriza por sus altas temperaturas, que en verano pueden llegar a los 44 grados centígrados. Las tierras son áridas. Últimamente, como resultado del cambio climático, han ocurrido sequías prolongadas, provocando cambios en las prácticas agrícolas. Hace diez años, se sembraba en los primeros días de mayo, mientras que ahora con los cambios y la variabilidad del clima, se siembra a mediados de junio, aunado que la tierra en propiedad es muy escasa.

Lo que más se cultiva y cosecha es maíz, principalmente para el consumo propio. En promedio, una familia campesina obtiene entre 8 y 10 quintales de maíz por año. De igual manera, se cultiva y cosecha frijol, obteniendo entre 1 y 2 quintales anuales por familia. Son cantidades insuficientes para abastecer a toda una familia, ya que, según datos que se conocen por las familias beneficiadas de los proyectos, para una familia de promedio 8 personas, se debe de contar con un mínimo de 20 a 25 quintales de maíz y de 3 a 4 quintales de frijol por año.

Las actividades agrícolas se realizan en los meses de junio a septiembre. El resto de meses, mucha gente

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del área Chortí se dedica a lo que llaman “jornalear”, que consiste en trabajar en tierras vecinas, por lo cual obtienen un ingreso de entre Q25 y Q30 al día. En los meses de noviembre a febrero, las familias migran a las fincas de café donde pueden obtener un buen ingreso si el precio del café en el mercado internacional es favorable. Sin embargo, en los dos últimos años, el precio ha bajado de manera considerable. Además de esta baja, el cultivo de café fue afectado por la roya, una enfermedad causada por hongos. Hubo lugares donde se perdió hasta el 90% de la plantación, lo que originó la disminución de la fuente de trabajo y, los que lograron ser contratados, fueron mal pagados.

Por lo mismo, ASSAJO ha iniciado procesos de formación, tales como incidencia y aspectos políticos de la soberanía alimentaria, los Derechos Humanos a la Alimentación y al Agua, defensa del territorio y cambio climático. Se ha logrado que la población conozca sus derechos y que se apropie de los procesos, para exigir a las autoridades el apoyo y el acompañamiento para mejorar sus condiciones de vida.

Otro aspecto es garantizar los alimentos en los hogares y en las comunidades, lo cual incluye todo el tema de conservación de suelos y las buenas prácticas agrícolas, así como el inicio y acompañamiento de las reservas de granos básicos. Dichas reservas se organizan a través de las familias beneficiadas por los proyectos. ASSAJO cuenta con diez reservas de granos básicos en diferentes comunidades y, por medio de los proyectos, se suministra capital semilla a cada una. Los granos básicos son administrados por las juntas directivas, las cuales son integradas y electas por los socios y socias de cada proyecto. Además, el dinero producto de las ventas es depositado en una cuenta bancaria con firmas mancomunadas para hacer los retiros y las respectivas compras de granos y, así, mantener granos disponibles para las familias de cada comunidad. Al final de cada año, los comités brindan un informe a las socias y socios, sobre la administración de los granos básicos, así como del dinero producto de las ventas realizadas.

Por medio de las reservas existe disponibilidad y acceso de alimentos para las socias y socios, así como también para algunas familias vecinas de la misma comunidad. Es así como las reservas han sido una opción de compra a nivel comunitario. Para favorecer esta actividad se establecieron dos

modalidades: Préstamos a familias con población vulnerable: ancianos y ancianas y niños y niñas menores de cinco años. Dichos préstamos pueden ser cancelados en los meses de diciembre del año en curso y febrero del año 2021, cuando puedan migrar en la búsqueda de ingresos económicos. La otra modalidad ha sido la venta directa, tomando en cuenta el peso, así como el precio justo, ya que, en general, en la región se vende a un precio bajo, que se dicta en los mercados de la cabecera municipal. En total son 614 familias las que han sido beneficiadas con ventas a precios justos o préstamos de las diferentes reservas comunitarias de granos básicos.

En los tiempos de la pandemia del COVID-19, el dinero que anteriormente se acumuló por las ventas de granos, ha servido para garantizar la seguridad alimentaria de la población de la zona. En la reserva de granos básicos de la comunidad de La Marimba, por ejemplo, la junta directiva anteriormente realizaba una compra de 200 quintales de maíz al año, ya que la demanda era menor. Pero, actualmente, a raíz de la carencia de alimentos por la emergencia nacional provocada por el COVID-19, la demanda ha aumentado considerablemente. Por lo mismo, a la fecha, se han realizado dos compras de 250 quintales cada una, beneficiando a 280 familias solo de la comunidad de La Marimba, de las cuales 37 son socias, y 225 familias que no son socias ni grupo meta del proyecto. Actualmente, esta reserva cuenta con un capital que asciende a Q47,500. Fue implementada como un piloto de estrategia comunitaria en el año 2014, con apoyo de Christian Aid y fortalecida por Jotay y Manos Unidas de España.

En las otras reservas, la situación es parecida, por ejemplo, en las reservas de Muyurcó y El Rodeo, las cuales fueron implementadas en el año 2015. Actualmente, ambas cuentan con una parcela agroecológica propia, donde se cultivan granos básicos para las reservas y así aumentar dichos granos. Los trabajos que demandan estas cosechas son realizados con los diferentes socios y socias de cada una de las reservas. Las tres reservas cuentan también con un espacio físico propio, donde los granos cosechados y los adquiridos por medio de las compras realizadas se almacenan en silos de metal.

Esta es, en resumen, una de las estrategias comunitarias que impulsa la ASSAJO en la búsqueda del Derecho Humano a la Alimentación.

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Alternativas agroecológicas impulsando

la defensa del territorio Xinka

El Sur Oriente de Guatemala comprende los departamentos de Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa, los cuales han alterado sus dinámicas territoriales a partir de 2011 debido a la deforestación, escasez de agua, conflictividad social, carencias de propuestas de desarrollo integral y, fuertemente, por la instalación del proyecto minero El Escobal, de la minera San Rafael S.A., situado en zonas de recarga hídricas.

El movimiento étnico-territorial Xinka se ha posicionado políticamente frente al megaproyecto minero, generando dinámicas organizativas que han cohesionado a la población alrededor de la identidad Xinka. Las dinámicas organizativas de los municipios en resistencia giran alrededor de una reapropiación del territorio a través del control social del espacio. El movimiento Xinka ha utilizado los distintos recursos políticos, desde lo judicial, las consultas municipales de vecinos y vecinas, el control físico del territorio a través de la resistencia permanente y la articulación con actores a nivel nacional y regional. El movimiento en sí es un espacio de generación de conocimientos y de propuestas político-administrativas.

Al movimiento étnico-territorial y a sus acciones colectivas se les ha etiquetado a través del discurso mediático como focos de conflictividad social. De la misma forma, el sector empresarial e industrial del

país ha contribuido a descalificar estigmatizando y deslegitimando las demandas de la población Xinka. Sin embargo, el discurso de la población Xinka no ha sido confrontativo, sino que ha girado en torno a la defensa del territorio, la naturaleza y la vida en sí misma, mostrando una visión de la tierra y el territorio basada en su historia y cultura. Bajo esta concepción de la tierra y el territorio, la Fundación para el Desarrollo y el Fortalecimiento de las Organizaciones de Base -FUNDEBASE- ha apoyado la cohesión y el fortalecimiento de la identidad del pueblo Xinka a través de diferentes acciones con base en las comunidades.

Este apoyo incluye desde el fortalecimiento de la agricultura familiar con un enfoque agroecológico, campañas de reforestación y conservación de la naturaleza hasta la consolidación de las estructuras comunitarias y locales. En este sentido, FUNDEBASE ha brindado acompañamiento a las iniciativas locales y regionales para la protección de los bienes naturales, frente a las amenazas, principalmente de proyectos extractivos, algunos que ya se han instalado y otros que pretenden implantarse en la región. En 2016, en conjunto con organizaciones comunitarias y articulando esfuerzos con otras organizaciones se realizó una consulta comunitaria en el municipio de San Carlos Alzatate, que arrojó como resultado que un 98.8% de la población expresara su rechazo a la operación de proyectos

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mineros, enviando un fuerte mensaje. También se ha iniciado la construcción de un espacio de unión entre comunidades, organizaciones y pueblos indígenas, promovido por las autoridades ancestrales del territorio Xinka.

En la comunidad indígena de San Carlos Alzatate, FUNDEBASE ha apoyado la creación de la comisión defensora de los bienes naturales. Además, se ha puesto en marcha el plan y reglamento para la protección de los bosques y fuentes de agua, avalados por los líderes y lideresas locales. Para elaboración de dicho plan, se han recorrido las áreas de recarga hídrica con la finalidad de mapear los manantiales de agua que están en riesgo, así como las áreas comunales que han sido dañadas por los incendios forestales y tala inmoderada de árboles. El plan prevé la realización de jornadas de reforestación con árboles nativos para la protección de dichos manantiales durante la época de lluvia. Aparte, se le ha dado seguimiento al proceso de la certeza jurídica de las tierras comunales.

En los municipios de Quezada, Casillas y Santa María Xalapán, un grupo de 60 líderes y lideresas comunitarias ha fortalecido su articulación para

la puesta en marcha del plan de protección de bienes naturales y defensa del territorio Xinka. La iniciativa cuenta con el apoyo de autoridades ancestrales, resistencias pacíficas, mujeres y jóvenes, que participan en actividades de formación e intercambios de experiencias. Se fortalecen sus conocimientos en derechos y se incentiva su participación en la protección de las cuencas y microcuencas, las jornadas de reforestación e la implementación de los viveros forestales. Campañas de información ayudan para sensibilizar y educar a la población sobre la protección de las aguas y los bosques. Estos materiales comunicativos son elaborados por un grupo de 25 jóvenes participantes dentro de los procesos formativos de FUNDEBASE.

Un proceso que ha contribuido mucho a fortalecer la identidad del pueblo Xinka es el impulso de acciones sobre agricultura familiar, la principal actividad de la región. Actualmente, FUNDEBASE trabaja con 400 familias campesinas, participando en el programa de formación. Se llevan a cabo talleres, intercambios de experiencias y giras para conocer experiencias exitosas. Las familias aprenden a implementar el sistema milpa y a diversificar los

La conservación de semillas criollas y nativas es un importante avance. © FUNDEBASE

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cultivos de sus parcelas, obteniendo además del maíz y frijol, una diversidad de hortalizas, frutas, tubérculos y plantas medicinales. Las unidades se manejan de forma agroecológica mediante técnicas de conservación de suelo, incorporación de abonos orgánicos, producción de biofertilizantes y extractos repelentes para plagas, con lo cual se logra que las familias estén realizando un uso eficiente de los recursos locales en la producción agropecuaria. También se mejoran las prácticas para la crianza de aves y otras especies de animales, aprovechando los subproductos animales y vegetales para la elaboración de aboneras. Especial importancia se ha brindado al rescate y conservación de semillas criollas y nativas. Para este fin se han implementado diez bancos de semillas.

Las acciones anteriores se encadenan con actividades de formación sobre la nutrición, para que lo que se produce en la parcela sea consumido en la familia, mejorando su alimentación y salud. En eso, las mujeres tienen un papel clave, ya que son las principales responsables de proveer alimentos a la familia, gracias a su estrecha relación con la agricultura de subsistencia. Ellas tienen conocimientos tradicionales sobre semillas, técnicas de cosecha y almacenamiento. Sin embargo, la mayoría de mujeres no tiene derechos de acceso a la tierra y al agua, tiene muy poco

poder de decisión, no tiene acceso a alternativas económicas, además de que existe un alto índice de violencias diversas en su contra y es muy baja su participación en espacios comunitarios y en la toma de decisiones. Por tal realidad, se ha implementado un programa de formación para promover y discutir temas como la equidad de género, relaciones de poder y la promoción de cambios de actitud que mejoren la calidad de vida de las mujeres y sus familias.

Otro proceso de alta importancia que se acompaña es la economía campesina. A través de un enfoque solidario, se implementan acciones para que las familias campesinas puedan obtener ingresos económicos a partir de los excedentes de su producción. En este sentido, se brinda acompañamiento a cooperativas de productores en las jornadas de “mercado campesino”, en el municipio de Casillas. En los días de mercado, realizados cada dos semanas, se pone a disposición de la población de este municipio una variedad de productos orgánicos como hortalizas, hierbas, frutas y tubérculos, comida preparada como panes, atoles y dulces y productos envasados por los productores como champú, miel, jarabes y tinturas. Nos sentimos satisfechos de esta transformación concreta directamente vinculada con la vida cotidiana.

Ya se han implementado diez bancos de semillas. © FUNDEBASE

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Iniciativas de la economía social y solidaria

fortaleciendo la resiliencia y el desarrollo sostenible en dos ecorregiones de Guatemala

La Plataforma de la Economía Solidaria, Capítulo Guatemala -PECOSOL GT-, conformada por organizaciones comprometidas con el desarrollo social, económico y sostenible, trabaja principalmente con productores de pequeña escala y productores de infrasubsistencia, de los departamentos de Petén, Quetzaltenango y San Marcos, quienes especialmente cultivan tomate, miel de abeja y chocolate, productos que no logran acceder a los mercados y a inversión productiva, debido a su débil gestión colectiva en los eslabones de las cadenas de valor que conforman estos cultivos. La mayoría de productores son jóvenes menores de 35 años, indígenas y con un alto porcentaje de participación de mujeres.

De acuerdo a la estadística nacional, esta población pertenece a los más pobres del país. Las desigualdades sociales tienen sus raíces profundas en la distribución, control y aprovechamiento de los recursos naturales con el fin de acumular riqueza y poder sobre los demás. Desde la colonización española, Guatemala ha vivido y sigue viviendo una lucha de clases por la reivindicación de los derechos sociales y económicos. Los gobiernos de turno, históricamente no han puesto interés en estas acciones de resistencia y defensa de los pueblos.

De esta lucha social, PECOSOL GT ha surgido como plataforma civil, conformada por organizaciones de

base sociales, económicas, civiles y sindicales, que juntas promueven una economía social y solidaria (ESS). Este concepto integra las intenciones de un proceso de desarrollo económico comprometido con el bienestar de las personas en sus dimensiones sociales, económicas y sobre todo en el desarrollo de sus capacidades de adaptabilidad y resiliencia al cambio climático. Nuestra innovación conceptual al término resiliencia incluye todas las dimensiones: social, económica, cultural y ecológica de las familias y comunidades.

PECOSOL GT ha logrado posicionar el desarrollo de tres cadenas de valor del sistema agroalimentario nacional, las cuales integran 3,000 unidades de producción de tomate, chocolate y miel de abeja ubicadas en dos regiones biogeográficas de Guatemala: las tierras bajas del Norte de Guatemala y el Altiplano Occidental. Estas unidades de producción no solo contribuyen a la resiliencia del suelo, agua, bosque y biodiversidad, sino que generan y consolidan empleos a más de 3,000 personas de forma permanente y de forma temporal a otras 3,000 personas, los cuales incluyen desde suministros, producción, transformación, hasta comercialización y consumo a nivel local, regional y transnacional. Con eso, una población estimada en 30,000 personas, compuesta en su mayoría por jóvenes y niños, tiene garantizado su acceso a alimentos.

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El impacto de las mejoras alimentarias redunda en otros beneficios a las y los productores porque adoptan prácticas productivas y organizativas resilientes que facilitan procesos administrativos de control sanitario e inocuidad de los productos, lo mismo que los procesos de registro y trazabilidad para la comercialización local y nacional y, por ende, el acceso a mercados todo el tiempo.

Un ejemplo concreto de estos logros lo muestran los productores que conforman el colectivo apícola de San Andrés, Petén, quienes han dejado atrás las prácticas tradicionales de tumba y quema de bosques (prácticas que se señalan como la principal fuente de incendios forestales en la Reserva de la Biosfera Maya), para impulsar prácticas apícolas que logran restaurar y proteger miles de hectáreas de bosques tropicales, a la vez que generan empleo e ingresos a sus familias. Hoy día, en tiempos de pandemia, el colectivo apícola de San Andrés ha logrado comercializar más de Q160,000 de miel de abeja a nivel regional.

El proyecto apoyado por Jotay tiene también como objetivo incidir en la agenda de gestión territorial. Así, se han creado alianzas con gobiernos locales, mancomunidades, ministerios como el de Agricultura y el de Economía, entre otros, y con diversas universidades; todo ello, con el fin de crear los escenarios necesarios para el desarrollo tecnológico e innovador para dinamizar la producción, el empleo, el mercado y la economía familiar; la adaptabilidad al cambio climático por parte de las poblaciones rurales vulnerables; y también como estrategia para contribuir a desalentar la migración y el comercio ilegal transfronterizo.

La estrategia de PECOSOL GT para la gestión y desarrollo de alianzas con diversos actores ha permitido que, en los procesos de implementación, en común con productores de pequeña escala se lleva una misma voz de sus demandas a los sectores involucrados, diferenciando sus peticiones por encima de los modelos tradicionales, y en busca de un futuro sostenible para los miles de familias rurales.

En Altiplano Occidental, PECOSOL apoya a los horticultores. © PECOSOL GT

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PECOSOL GT apuesta por ser un actor importante y de impacto en el desarrollo rural, especialmente el orientado a población vulnerable, así como a ser parte del motor de iniciativas económicas rurales que promueven el desarrollo económico desde lo local y una economía social y solidaria, que tenga como principios el trabajo, la sostenibilidad ambiental, la cooperación, con fines de distribución de la riqueza y compromiso con el entorno.

Por ello, la equidad, justicia, fraternidad económica, solidaridad social y democracia directa, son ejes transversales que permiten que una nueva forma de producir, de consumir y de distribuir surja como una alternativa viable y sostenible para la satisfacción de las necesidades individuales, nacionales y globales.

Ya se ofrece una amplia variedad de productos con base en miel. © PECOSOL GT

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DEFENSA DE LOS TERRITORIOS

Rumbo a la Garantía de los Derechos de los

Pueblos Indígenas

III.

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Hacia un modelo energético que potencie

el buen vivir de los pueblos

El modelo energético que se impone en Guatemala presenta condicionantes que lo convierten en insostenible. Bajo el discurso de “abaratar el costo de la electricidad mediante energía limpia y renovable”, las corporaciones nacionales y transnacionales han venido adueñándose de las principales cuencas hídricas del país para la construcción de proyectos hidroeléctricos, provocando despojo, represión y serias violaciones a los derechos fundamentales de los pueblos.

Los operadores de este modelo energético abiertamente consideran como un estorbo a las comunidades que históricamente han convivido con los ríos y ven a las autoridades comunitarias y a las y los defensores de derechos humanos como delincuentes y terroristas. La imposición de este modelo ha provocado la criminalización de las luchas legítimas de los pueblos que defienden los ríos y, en consecuencia, además de criminalizar, este modelo se convierte en un sistema violador de los derechos humanos, especialmente de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Por lo mismo, se generan luchas territoriales legítimas en defensa de los ríos, en reclamo de derechos violados como la consulta y el consentimiento libre, previo e informado, que están garantizados en convenios y declaraciones internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas. La Asociación Comisión Paz y Ecología -COPAE-, conformada en 2007 desde la Diócesis de

San Marcos, se encarga de brindar acompañamiento a las comunidades que se encuentran amenazadas o están en resistencia frente a los megaproyectos que el gobierno nacional impulsa.

El sector eléctrico está asociado y recibe toda la atención de los grandes medios de comunicación para manipular la realidad, implantar imaginarios mentirosos y acusar a las comunidades por el robo de electricidad, por lo que se esconden los descontentos de la población por el robo en los precios del servicio eléctrico y el robo de los ríos, creando imágenes del sistema de transporte de electricidad, comúnmente llamada proyecto TRECSA (Transportadora de Energía de Centroamérica) y del Instituto Nacional de Electrificación -INDE- como empresas benefactoras que valoran a la gente. Sin embargo, la implementación de hidroeléctricas ha generado una suma de impactos negativos en muchas comunidades, porque se manejan de forma extractivista e impositiva, mientras los estudios de impacto ambiental son objeto de corrupción y no toman en cuenta los daños ecológicos, sociales, culturales y espirituales que estas empresas provocan al capturar el agua sin respaldo comunitario.

Las comunidades se posicionan afirmando que el impacto de estos proyectos va más allá que la generación de energía, al transformar el territorio

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no solo porque se impone un control mercantil y privado de las cuencas hídricas, sino porque las empresas se instalan para extraer y no para actuar a favor de toda la vida del territorio. Tales son las razones por las que estos proyectos crean conflictividad social y rasgan el tejido social de las comunidades, entramando una propuesta de desarrollo que privilegia al capital y no al Buen Vivir de los pueblos. Gracias a las luchas comunitarias, a la fecha se han realizado más de cien consultas comunitarias que rechazan este tipo de proyectos y también se ha logrado cancelar los proyectos hidroeléctricos de Rocjá Pontilá y Santa Rita, ambos en Cobán, departamento de Alta Verapaz, pero a la vez las alianzas de las corporaciones con los jueces corruptos han provocado el crecimiento del número de presos políticos y de asesinatos de líderes y lideresas que dan a conocer los abusos y despojos.

COPAE comparte las ideas de Pablo Bertinat, en su libro “Transición energética justa. Pensando la democratización energética” (2016), cuando afirma que “El actual sistema energético no está diseñado para mejorar la calidad de vida de la gente como un servicio público que debería ser reconocido, al mismo tiempo, como un Derecho Humano, ya que de ello dependen las condiciones de una vida digna, al

contrario, la energía es vista como un negocio, es una maquinaria perversa de extracción de recursos.” Los procesos de formación que impulsa COPAE precisamente buscan recuperar la idea de la energía como una herramienta para satisfacer necesidades en un contexto finito de recursos y graves inequidades, bajo una lógica de derechos, llamando a “desfosilizar, desprivatizar, desconcentrar, descentralizar, desmercantilizar, democratizar para resolver los problemas económicos y sociales” (Bertinat, 2016, p. 15). Un término más se puede añadir a esta enumeración: despatriarcalizar.

Es necesario realizar mejoras para un acceso oportuno y transparente a la información por parte del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN-, del Ministerio de Energía y Minas -MEM-, de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica -CNEE- y del Administrador del Mercado Mayorista -AMM-. Es importante generalizar para toda Guatemala los procesos comunitarios que abogan por la autonomía energética, por el cuidado sostenible de las cuencas hídricas, por el fortalecimiento de las capacidades y los saberes ecológicos, a efecto de que la producción de energía sea gestionada de modo integral, que potencie a las comunidades y no sea vista como un mero negocio.

En varias regiones, más de 60% de la población no tiene acceso a la electricidad. En su mayoría son indígenas. © COPAE

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Resulta necesario fortalecer los sistemas organizativos comunitarios para expandir pensamiento ecologista energético, que integre la historia del despojo de energía en Guatemala y que tome en cuenta los problemas geopolíticos que se han desarrollado en el mundo a través de la extracción de las energías fósiles. Se necesita, entonces, potenciar una formación en pensamiento ecologista, en ecología política y en el conocimiento de las luchas ciudadanas y movimientos sociales que levantan temas como el antropocentrismo, despojo, extractivismo, desarrollo, consumismo, productivismo, competencia, obsolescencia programada en oposición al Buen Vivir, sabiduría ancestral, alimentación y vida sana, decrecimiento, economía del cuidado, justicia ambiental y social, bien común, derechos humanos y de la naturaleza, entre otros, para ir por más y no nos quedemos solo en la resistencia, sino emprendamos un cambio del modelo energético dominante.

COPAE respalda la propuesta sobre una nueva matriz energética que está contenida en el documento titulado “Hacia un modelo energético que potencie la vida”, la cual sugiere un trenzado de cambios simultáneos, de corto y mediano plazo. Se necesita que en ese trenzado de cambios se encuentren presentes, como fundamentos, las cuatro premisas siguientes que se asumen como estrategias fundamentales: 1º. El uso racional y solidario de la energía (las comunidades como protagonistas de la gestión de energía a partir de fuentes renovables, soberanía alimentaria, prohibir

la expansión de monocultivos, manejo sustentable de bosques y ríos, uso y cultivo racional para leña, reducir el consumo innecesario de energía, acceso al agua potable, potenciar la economía campesina, etc.); 2º. La energía eléctrica como bien común y de propiedad común (impulsar una reingeniería del Estado, crear un marco regulatorio e institucional robusto, transparente, democrático y eficaz e impulsar nuevas normas constituyentes del Estado que declaren la energía como un bien público y como un derecho humano); 3º. La construcción de una visión compartida y plurinacional del territorio (impulsar un re-ordenamiento territorial que ponga énfasis en la libre determinación de los pueblos, en la protección de las cuencas hidrográficas, en evaluaciones ambientales territoriales, y en la definición de prioridades de desarrollo decididas por las comunidades), y 4º. La resistencia ecológica y liberadora.

COPAE ha acompañado y facilitado la articulación estratégica de los pueblos indígenas mediante acciones jurídicas, políticas, formación, monitoreo ambiental, investigación y divulgación para su libre determinación dentro de la unidad nacional. Junto con el Consejo del Pueblo Maya -CPO-, promueve los cuatro puntos antes resumidos, los cuales no solo recogen la filosofía del Buen Vivir de los pueblos indígenas de Guatemala, sino recogen los mejores logros de las organizaciones y comunidades que están involucradas en construir sus microcentrales hidroeléctricas y en defender su soberanía energética.

Asamblea de autoridades indígenas. © COPAE

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Fortaleciendo el tejido social y la defensa del territorio a través de acciones comunitarias

Quiché es uno de los tres departamentos con mayor población a nivel nacional: 1,199,553 habitantes según el Instituto Nacional de Estadística -INE- (2018). El 90% de la población del departamento es indígena, en su mayoría de descendencia K’iche’, Ixil y Q’eqchi’. Es un departamento con larga historia de ser víctima del despojo, genocidio, discriminación, racismo y corrupción, con su población en situaciones de pobreza, analfabetismo, poco acceso a los servicios básicos, ruptura del tejido comunitario, machismo, violencia en sus múltiples formas, drogadicción, trabajo infantil y con fuerte presencia de transnacionales para la apropiación de los recursos naturales.

Varias organizaciones se han sumado para minimizar los efectos de estos problemas y, junto con ellas, participa e impulsa su labor la Diócesis de Quiché, en su tarea de ser Iglesia Profética y Samaritana. En los últimos cinco años, se han impulsado acciones en cooperación con el Programa ACTuando Juntas Jotay, con la finalidad de fortalecer el tejido social y la defensa del territorio, en armonía con la naturaleza.

Se acompaña a las comunidades para fortalecer sus estructuras organizativas con el fin de contribuir a la reconstrucción del tejido social. Como resultados significativos del acompañamiento de la Diócesis, se tiene una mayor conciencia en la promoción de los derechos humanos, desde el enfoque de pueblos

indígenas. Se han consolidado grupos colectivos comunitarios que trabajan en la administración de sus recursos naturales. Se elaboraron reglamentos comunitarios para el cuidado del medio ambiente con un contenido puntual sobre el tratamiento de aguas servidas, la basura y depósitos clandestinos, la reforestación y medidas locales para proteger los recursos naturales, específicamente en las comunidades de Pal y Chel. También se ha logrado conformar la “Red de comunidades de la reserva Visis Cabá”, en el municipio de Chajul. Para la incidencia política, hemos impulsado procesos de formación e información sobre la administración pública municipal y sobre la coyuntura nacional, departamental y local, dando como resultado una mayor participación de jóvenes en el municipio de Nebaj fiscalizando a las municipalidades, así como la creación de la “Plataforma de la Sociedad Civil”.

La Diócesis apoya y acompaña la organización de agricultores, donde mayormente se trabaja con mujeres del área Ixil, para implementar sistemas agrícolas que favorecen la diversificación de la alimentación familiar y el aprovechamiento de los bienes naturales para optimizar las cosechas de las hortalizas, empoderando a la mujer en ser gestora del hogar para garantizar la alimentación de sus hijos. También se ha logrado fortalecer las acciones de manejo de los cultivos para reducir el uso de fertilizantes sintéticos, plaguicidas e insecticidas con

Diócesis de Quiché

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el propósito de reducir la contaminación ambiental, y se implementan acciones que generan conciencia ecológica, como la fabricación de abonos orgánicos y el manejo técnico de los cultivos para eliminar plagas.

Es notorio que un impacto de la Diócesis es asegurar un mayor empoderamiento de personas y grupos comunitarios para defender y cuidar el medio ambiente. La Escuela Campesina es un logro en sí misma porque las capacidades que ha creado redundan en empoderar a líderes y lideresas, quienes están más motivados y son más conocedores en el cuidado del medio ambiente. Por ese interés se sostienen dos viveros forestales en el área Ixil generando plantillas para administrar a los diferentes grupos que deseen reforestar. También existe un vivero comunitario en el área urbana del municipio de Chajul. Las líderes mujeres y promotoras agrícolas fortalecen los procesos de reforestación, colaborando en la organización comunitaria desde el tema de la gestión local.

A través de la labor de la Diócesis también se busca promover la equidad de género, la construcción de estrategias de incidencia política, la promoción de derechos humanos individuales y colectivos, así como la construcción de mecanismos que provoquen autonomía local. En este sentido, se ha apoyado a grupos de mujeres del área Ixil, así como a otros grupos del área Centro y Sur del departamento

del Quiché, compuestos por líderes, lideresas y jóvenes, quienes estratégicamente aportan a nivel comunitario con réplicas adecuadas a sus realidades lingüísticas y culturales. Se cuenta con metodologías para el intercambio de experiencia y para la incidencia política, logrando influir en las autoridades, así como socializar pronunciamientos políticos a través de programas radiales, conferencias de prensa, asambleas y comunicados.

En estos procesos predominan actitudes poco incluyentes en todos los ámbitos (económicos, políticos, culturales, sociales, etc.), que estratifican la autonomía local y el apoyo colectivo, empezando con la familia, que es la base de la sociedad; por lo que la Diócesis siempre toma en cuenta la importancia de desplegar estrategias a favor de la inclusión, especialmente de mujeres. Por eso, el empoderamiento de la mujer es uno de los elementos claves del acompañamiento de la Diócesis, debido a que es necesario eliminar los estereotipos de discriminación de las mujeres. Se ha logrado concientizar a muchos hombres de las comunidades para que los roles sean vistos desde ambas perspectivas, tanto el rol de la mujer dentro de las estructuras organizativas, así como en los patrones de crianza desde los hogares. Destacamos los procesos generados con el equipo Claves de Uruguay, impulsando la campaña “Del Buen Trato”, dirigido a minimizar la violencia multiforme hacia las y los niños y adolescentes.

Asamblea de la red de comunidades. © Diócesis de Quiché

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La revitalización del pueblo Maya Chortí en el

Oriente de Guatemala

La Iglesia Luterana Guatemalteca -ILUGUA- es una organización cristiana, no lucrativa, y una de las 148 iglesias miembro de la comunión global de iglesias de la Federación Luterana Mundial en 99 países alrededor del mundo. La ILUGUA desarrolla su misión con una perspectiva ecuménica, enfocada en los derechos humanos económicos, sociales, culturales y ambientales y con el enfoque de justicia de género.

Desde el año 2001, la ILUGUA ha acompañado y apoyado a comunidades campesinas e indígenas del pueblo Maya Chortí, ubicadas en los municipios de La Unión, Gualán y Zacapa, en el departamento de Zacapa; y los municipios de Jocotán, Camotán, San Juan Ermita y Chiquimula, en el departamento de Chiquimula, con una población general de 700 mil habitantes aproximadamente. El apoyo a las comunidades se realiza mediante acciones políticas en el marco de los derechos humanos y en el ejercicio de la resistencia pacífica, en un contexto de conflictividad social por el derecho humano al agua, los bosques y la biodiversidad en las montañas del Merendón, en general, y en la montaña Las Granadillas, especialmente.

Hemos construido un movimiento colectivo y ecuménico que se organizó en sus inicios con la Asociación para la Protección de la Montaña de Las Granadillas (2003-2009), luego con la Coordinadora

Ecuménica y Social por la Defensa de la Vida (2010-2017) y en la actualidad con la Coordinadora de Autoridades Ancestrales del Pueblo Maya Chortí. Es, por tanto, una experiencia de construcción de autonomía desde el Pueblo Maya Chortí. Participan comunidades, organizaciones de derechos humanos, ambientalistas, ecuménicas y eclesiales. Este es un proceso organizativo estratégico porque responde a los diferentes escenarios de criminalización, amenazas de muerte, difamación, hostigamiento y persecución penal a los liderazgos. Los ataques en contra de los liderazgos persisten en la actualidad.

Entre los aportes de este proceso colectivo se puede mencionar el estudio técnico sobre la situación de los bienes naturales en la Montaña Las Granadillas y la importancia de su conservación, en el cual participaron instancias académicas y universitarias por medio de profesionales de las ciencias naturales y sociales, así como comunidades campesinas e indígenas y organizaciones ambientalistas y de derechos humanos. Este aporte trajo consigo la Iniciativa de Ley 5193, que dispone aprobar una ley para la creación de la “Reserva Protectora de Manantiales Montaña las Granadillas Uchoj B’ana’r Ejá”, presentada en el Congreso de Guatemala en 2016, la cual espera para su aprobación.

El acompañamiento y apoyo que la ILUGUA brinda a las comunidades se enfoca en el objetivo de

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contribuir a la revitalización del pueblo Maya Chortí y de los fundamentos de vida de este pueblo ancestral. En este sentido, se han desarrollado capacidades organizativas para la toma de decisiones que contribuyan a la defensa del territorio, al cuidado de la biodiversidad y el agua, a la promoción y defensa de los derechos humanos y a la búsqueda constante de la paz para el pueblo Maya Chortí.

La estrategia fundamental para fortalecer los fundamentos de vida es la “Agricultura Sostenible para la Soberanía Alimentaria” -ASSA-, la cual consiste en la implementación de parcelas diversificadas con árboles frutales, plantas alimenticias y medicinales y legumbres. Mediante sinergias que entrelazan técnicas agroecológicas modernas y conocimiento agroecológicos de la sabiduría agrícola ancestral, se está logrando generar capacidades que dominan técnicas y tecnologías sostenibles, activan el intercambio de experiencias, aseguran la conservación y recuperación de la fertilidad de los suelos, promueven la protección de las semillas nativas o criollas, la agroforestería, el uso sostenible de los bienes y servicios del entorno y la comercialización de los excedentes de la producción agrícola, todo lo cual contribuye significativamente a la economía familiar y comunitaria.

La organización comunitaria y la defensa del territorio están revitalizadas. Hoy día, el pueblo Maya Chortí cuenta con una “Agenda Estratégica”, con acciones diversas de incidencia política hacia los garantes de derechos sobre temas vitales, como la resistencia pacífica ante megaproyectos de empresas extractivas y de generación eléctrica que coloca en grave riesgo y amenaza a la vida de las comunidades, violentando sus derechos colectivos y ancestrales. En sus acciones, la ILUGUA ha puesto especial atención a la participación activa de las mujeres y hombres con metodologías y enfoques que privilegian la justicia de género y la cosmovisión Maya Chortí, creando espacios de diálogo e intercambio ecuménico e interreligioso, contribuyendo a fortalecer su identidad y la defensa de su territorio ancestral.

Acciones colectivas para el cuidado de la biodiversidad fortalecen la organización comunitaria del pueblo Maya Chortí. © ILUGUA

La participación activa de las mujeres es fundamental. © ILUGUA

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LISTA DE CONTACTOS

ACOFOP3ª Av., 4 calle, Zona 2Santa Elena, Flores, PeténTel: +(502) 7926-3571E-mail: [email protected]: facebook.com/ACOFOPTwitter: @acofopPágina web: acofop.org

ADICI Wakliiqo9ª Av., Casa #81, Periférico Norte, Lotificación Gualom, Zona 11Cobán, Alta VerapazTel: +(502) 7952-2257E-mail: [email protected]: facebook.com/ADICIPágina web: adicicoban.org

ASERJUS11ª Av. 12-62, Zona 2Ciudad de Guatemala, GuatemalaTel: + (502) 2254-7357E-mail: [email protected]: @serjuspopularPágina web: serjus.org.gt

ASSAJO, ONGBarrio San Sebastián Z.0Jocotán, ChiquimulaTel: +(502) 5767-3474, 7946-5182, 7946-5668E-mail: [email protected]: facebook.com/AssajoOng

Colectivo Ecologista MadreSelva7ª Av. 1-10, Zona 2Ciudad de Guatemala, GuatemalaTel: +(502) 2230-2578E-mail: [email protected]: facebook.com/ColectivoMadreselvaTwitter: @CMadreSelvaPágina web: madreselva.org.gt

COPAE12 Av. Lotificación la 12, casa #3, Zona 4 San Marcos, San MarcosTel: + (502) 7760-3701 E-mail: [email protected]: facebook.com/COPAETwitter: @copae_gtPágina web: copaeguatemala.org

Diócesis de Quiché4 Calle 3-12, Zona 5Santa Cruz del Quiché, QuichéTel: +(502) 7755-1111Fax: +(502) 7755-1962Email: [email protected]ágina web: diocesisdequiche.org

FUNDEBASE1 calle 4-12, Casa 1, Zona 3, Condominio Álamos de San BartoloMilpas Altas, SacatepéquezTel: + (502) 7831-2303E-mail: [email protected]: facebook.com/FundebaseTwitter: @fundebasePágina web: fundebase.org

Iglesia Luterana ILUGUACasa Campesina, Aldea La Trementina Zacapa, ZacapaTeléfono: +(502) 57886962Correo electrónico: [email protected]: facebook.com/IglesiaLuteranaGuatemalteca.ILUGUA

PECOSOL11 Calle 19-08 A, Zona 3Quetzaltenango, QuetzaltenangoTel: + (502) 7767 4672E-mail: [email protected]: facebook.com/PecosolGTPágina web: pecosol.org.gt

Programa ACTuando Juntas Jotay11 Calle 1-35, Zona 2, Interior Finca El ZapoteCiudad de Guatemala, GuatemalaTel: + (502) 2364-3087E-mail: [email protected]: facebook.com/JotayGuatemala Twitter: @JotayGuatemalaPágina web: jotayguatemala.org.gt

Utz Che’6ª calle 0-49, Zona 3, Barrio San AntonioPalín, EscuintlaTel: +(502) 7838-8938E-mail: [email protected]: facebook.com/UtzChe.orgTwitter: @UtzCheGTPágina web: asociacionutzche.org

Los contenidos de los relatos fueron elaborados por las referente copartes.

Organización y edición de los textos: Flory Yax Tiu y Jan Schikora

Redacción final y prólogo: Tania Palencia Prado

Diseño y diagramación: Diana de León

Impresión: Buró Digital

1ª edición: Diciembre de 2020

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