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PROCESOS DE CIUDADANÍA ACTIVA ANTE LOS DESAHUCIOS
RESUMEN
Este trabajo trata de acercarnos a las consecuencias que tiene para las personas
participar de forma activa en la sociedad como ciudadanos, para reivindicar que se
materialice el derecho a una vivienda digna, presente en las diferentes leyes locales,
autonómicas, nacionales, europeas y mundiales, centrándonos en la localidad de
Salamanca.
Para ello contaremos con la participación de miembros de la plataforma de Stop
Desahucios, comprobando parte de su trayectoria vital: desde el aviso de desahucio hasta
el momento actual, siendo conscientes de todos los cambios en su contexto que han ido
vivenciando, tanto ellos como sus familiares. También contaremos con la participación
de ciudadanía en general y de trabajadores del sector bancario.
Por último, también se cuenta con diferentes opiniones de personas relevantes o
influyentes en esta temática en la ciudad de Salamanca, desde los organismos públicos
hasta organizaciones del Tercer Sector, agentes activos que deben dar respuesta a esta
necesidad de la población, finalizando con propuestas de intervención tras el análisis en
conjunto del trabajo.
JUSTIFICACIÓN
Debido a la dura situación socioeconómica que tenemos presente en nuestro
contexto más cercano, unido a la especulación bancaria e inmobiliaria que se ha venido
produciendo durante los años anteriores en el sector de la vivienda, el acceso a este bien,
que nos permite cubrir innumerables necesidades básicas, se ha convertido en un lujo que
muchas personas y familias no pueden cubrir por sí mismas.
La cantidad de viviendas sociales y de protección oficial es insuficiente para cubrir las
necesidades básicas de la población, algo que se suma a que muchas personas y familias
no pueden acceder a estas viviendas porque no cumplen los requisitos que se piden.
Ante la casi inexistente intervención pública para combatir esta problemática, el aumento
gradual de los desahucios en el año 2014 (incumpliendo legislación desde un nivel
internacional hasta local) y la realidad de que está situación continuará creciendo,
diferentes personas que se encontraban afectadas, directa o indirectamente por estas
situaciones, se han organizado para formar movimientos populares y sociales por todo el
país como forma de protesta y participación ciudadana, representadas en su mayoría bajo
la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) para exigir que se cumplan las leyes
vigentes que establecen el derecho a una vivienda digna para las personas y otros tantos
derechos en juego.
Es por ello que resulta necesaria esta investigación, ya que pretende visibilizar que los
procesos de ciudadanía activa ejemplificados en este caso en la PAH, suponen un impulso
en la consecución práctica de la declaración teórica de los Derechos Humanos y de los
fines principales que busca la disciplina del Trabajo Social.
INTRODUCCIÓN
La vivienda es un factor de integración pero también de exclusión social,
destacándose que la causa esencial de la imposibilidad de acceder a una vivienda digna
es, casi siempre, económica (falta de recursos y/o dificultades de acceder a los préstamos
hipotecarios). En estos tiempos existe un número creciente de población excluida de la
participación en la riqueza y en el bienestar, que a su vez carece de vivienda digna. En la
lucha contra la exclusión social, la vivienda se convierte en un área principal pero no
única, ya que para conseguir bienestar una persona y/o familia también debe tener
cubiertos aspectos como educación, sanidad, empleo, acceso a servicios sociales... La
vivienda permite cubrir necesidades de abrigo, refugio, pertenencia, intimidad, seguridad
física... convirtiéndose en el espacio principal en el que se dan la mayoría de las
interacciones entre los miembros del núcleo familiar, es decir, con una vivienda una
persona tiene gran parte de sus necesidades básicas cubiertas (Aguerri, 2002).
La necesidad de tener un hogar digno se fundamenta en que la vivienda condiciona la
totalidad de la vida de las personas, es decir, el tipo de entorno que nos rodea afecta a los
comportamientos diarios, a las emociones, a las personas con las que nos relacionamos,
al bienestar... Asimismo, el hecho de poder disfrutar de una vivienda digna proporciona
estabilidad en cualquier núcleo familiar (Aguerri, 2002).
Centrándonos en la situación actual de España, la EPA certifica que en el año 2013 se
destruyeron casi 200.000 puestos de trabajo, y la tasa de paro subió por encima del 26%.
Vivimos en los años de la devaluación salarial, el crédito no llega a las familias, las clases
populares pagan más impuestos y reciben menos servicios (López, 2014), y así podríamos
continuar con un largo etcétera. Si se van destruyendo puestos de empleo y los que
quedan están mal remunerados sin que el Estado tome cartas en el asunto será
prácticamente imposible que las personas de a pie puedan comprar pisos o mantener los
que tienen, por lo que aumentarán los desahucios y las consecuencias sociales negativas
que repercuten en las personas y familias.
Para evidenciar este hecho contamos con los datos de que durante los 6 primeros meses
de 2013 se produjeron un total de 19.567 desahucios, casi tantos como en todo 2012,
periodo en el que se llevaron a cabo 23.774. A finales de 2012, según la PAH, el número
de desahucios llegaría a los 171.110 desde el comienzo de la crisis socioeconómica sobre
julio de 2008. Personas de todas las edades y todos los perfiles se han visto echados a la
fuerza de sus casas por culpa de créditos hipotecarios que no podían asumir (Lopez,
2014). Familias desahuciadas condenadas por la ley, que son el rostro humano de la
negación absoluta del reconocimiento del derecho a una vivienda digna por parte del
Estado. Respecto a esto, es importante destacar que el 14 de marzo de 2013 el Tribunal
de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó que las leyes españolas sobre
desahucios no garantizaban a los ciudadanos una protección suficiente frente a cláusulas
abusivas en las hipotecas y vulnera, por tanto, la normativa comunitaria. A pesar de esto,
poco o nada ha cambiado.
Por otro lado, podemos comprobar como en la Constitución de 1978 se explicita
que España es un Estado Social, además de un Estado democrático de Derecho,
reconociendo entre otras cosas el derecho que todas las personas tienen a una vivienda
digna. Como tal tiene una responsabilidad pública por la que debe trabajar para que el
mercado no tenga la oferta principal y exclusiva en la regulación del acceso a la vivienda.
Con leer periódicos, buscar noticias en Internet o simplemente salir a la calle, cualquier
persona puede comprobar que lo que debería ser no está siendo. Por ejemplo, para adquirir
una Vivienda de Protección Oficial se necesita contar con una renta mínima y una
seguridad laboral, requisitos que constituyen un lujo imposible de cumplir para las
personas realmente necesitadas de este recurso. Los colectivos sociales más
desfavorecidos de nuestro territorio han ido salvando el día a día bajo las prestaciones
económicas, el trabajo temporal, la economía sumergida… pero teniendo un hogar en el
que refugiarse, hogar que el contexto socioeconómico actual les ha robado,
condenándoles a una situación todavía más precaria que la que ya tenían.
En un país con más de 3,4 millones de viviendas vacías (un 10,8% más de las que había
hace una década), unas 23.000 personas sin hogar que utilizan albergues y servicios de
protección social (López, 2014) con un perfil muy distinto al que estaba estandarizado
hace unos años (más todas las personas que forman parte de este colectivo pero que no
utilizan estos servicios) y un número de desahucios (comentado anteriormente) que
resulta intolerable, nos encontramos con que la democracia como tal, está extinguida bajo
el poder de los mercados del sistema capitalista, por lo que muchos ciudadanos y
asociaciones han buscado respuestas alternativas a la intervención del Estado en materia
de vivienda.
Es en este contexto como aparecen las diferentes PAHs y plataformas de Stop
Desahucios, creadas tras la crisis socioeconómica por personas afectadas por la situación
de vulnerabilidad en cuanto a la vivienda, luchan a través de acciones no violentas para
que se respeten los derechos que defienden que las personas se merecen una vivienda
digna, e intentan acabar con las cláusulas abusivas de entidades bancarias que desahucian
a miles de ciudadanos dejándoles sin hogar, mientras que éstos deberán seguir pagando
una deuda económica de por vida con tales entidades, lo que les impedirá mejorar su
situación. Además, vemos como el desahucio se ha convertido en la primera causa de
muerte no natural en España (Gene, 2013) y es que por ejemplo a finales de 2012 se
habían suicidado 119 personas en todo el año con motivo de un desahucio (Delgado,
2012) Ante estas injusticias en materia de vivienda, estas plataformas proponen (ente
otras acciones) junto a otros organismos sociales la recuperación de viviendas vacías de
bancos para los desahuciados y la reclamación de alquiler social en función de las rentas
para las familias.
MARCO TEÓRICO
1. EXCLUSIÓN Y VIVIENDA
La vivienda resuelve distintos tipos de necesidades básicas como son la salud, la
conformación de procesos sociales o el desarrollo de la autonomía, repercutiendo
íntegramente en la organización de la vida social. La carencia de vivienda tiene
importantes consecuencias en la vida y desarrollo de las personas. La vivienda se
convierte así en una pieza clave del proceso de integración social, ya que en su interior
las personas manifiestan fenómenos sociales como la socialización, la adquisición de
hábitos sociales, desarrollo de la conciencia… (Carbonero, 2013).
Por otro lado vemos como la exclusión es un concepto multidimensional que hace
referencia a un proceso de pérdida de integración y/o participación de las personas que la
sufren en su realidad, en uno o varios de estos espacios (Plataforma de ONG, 2012):
• Económico (en la producción o el consumo). Ingresos insuficientes, inseguridad
en el empleo, desempleo, falta de acceso a los recursos.
• Político-legal. Carencia de poder, falta de participación en las decisiones que
afectan a su vida cotidiana, ausencia de participación política y escasa
representatividad.
• Social-relacional. Ruptura de los lazos sociales y familiares (fuente de mecanismo
de solidaridad comunitaria), marginación social, alteración de los
comportamientos sociales, falta de participación en actividades sociales y
políticas, deterioro de la salud.
La exclusión no es estática y en un contexto como el de nuestros días cualquier
persona puede ser vulnerable en determinados momentos de su vida, ya que los factores
de riesgo cambian a lo largo del tiempo. La parte económica-laboral, la educación, las
características demográficas, los prejuicios sociales, las prácticas empresariales y las
políticas públicas son otros de los elementos a considerar (Martin, 2011).
La exclusión viene provocada por elementos estructurales que afectan de diferentes
modos a las personas que la sufren suponiendo, entre otras cosas, una privación del
ejercicio de derechos sociales básicos, limitando la condición de ciudadano y pudiendo
convertirse en un estado permanente de la trayectoria vital de una persona (Martin, 2011).
Los factores que convergen en el origen de los procesos de exclusión (Martin, 2011) se
dividen en:
• Factores estructurales: Política laboral, de vivienda, educativa, fiscal, de
distribución de la renta, pensiones, política de inmigración, de bienestar social, de
integración de sectores vulnerables y grupos excluidos.
• Factores culturales: Individualismo, insolidaridad, competitividad.
• Factores familiares y relacionales: Debilidad y/o ausencia de vínculos familiares,
conflictos y rupturas familiares, pérdidas (viudedad, orfandad…), pérdida de las
redes de amigos, desarraigo social, aislamiento.
• Factores individuales: de personalidad, género, estado civil, estatus, raza,
nacionalidad, alcoholismo, drogadicción, ludopatías, salud física y mental,
antecedentes penales, experiencia de violencia y malos tratos.
La exclusión social es el desarrollo de la desintegración social que afecta a una
persona, desembocando en la progresiva ruptura de relaciones entre el individuo y el
contexto y/o medio que le rodea, siendo un proceso dinámico. Implica la insatisfacción
de necesidades humanas, de derechos sociales, políticos, civiles y culturales. La exclusión
social deriva de distintas disfuncionalidades en los principales sistemas que constituyen
una sociedad: un sistema legal y democrático que promueve la integración cívica, un
mercado de trabajo que promueve la integración económica, un sistema de protección
social que promueve la integración social… por lo que los errores en uno de estos
sistemas, el mercado laboral, repercuten en la falta de integración económica,
transformándose con el tiempo en un problema de exclusión social multidimensional,
produciéndose así un resultado de pobreza entre las clases populares de la ciudadanía
(Vergara, 2014).
La exclusión en vivienda es de naturaleza persistente, dándose primordialmente en
hogares con sustentadores principales parados, jubilados o en otra situación de
inactividad, mujeres, no tienen estudios, con bajos niveles de renta, viven en régimen de
alquiler, su fuente principal de ingresos son las prestaciones sociales y están compuestos
por adultos mayores de 65 años o son familias monoparentales. Además, encontrarse en
exclusión en vivienda incrementa un 22,4% la probabilidad de estar privado de salud
(Navarro, 2006).
En el acceso a ésta hemos de tener presente que tiene más importancia la evolución del
mercado de la misma y de las condiciones macroeconómicas que se den en el contexto,
que la capacidad y características de las personas y/o familias, por lo que la intervención
de los organismos públicos puede garantizar un mínimo de bienestar para todos los
ciudadanos. A través del Enfoque de Capacidades y Funcionamientos de Amartya Sen
extraemos la conclusión de que el bienestar de las personas se refleja a través de lo que
pueden conseguir como seres humanos (sus capacidades propias) y las oportunidades que
la realidad con la que interactúa le ofrece para su bienestar (Navarro, 2006).
2. LA VIVIENDA, SIGNIFICADO EN LA VIDA DE LAS PERSONAS
En la lucha contra la exclusión social la vivienda constituye un punto referencial
pero no único, ya que para que una persona o familia pueda conseguir bienestar debe tener
cubiertos otros aspectos como sanidad, educación, empleo, acceso a servicios sociales…
y es que la vivienda permite cubrir necesidades de refugio, abrigo, pertenencia, seguridad
física… siendo el escenario principal en el que se dan la mayoría de las interacciones de
los miembros de la familia (Aguerri, 2002). La vivienda es junto al trabajo uno de los
principales escenarios desde los que se inician procesos de exclusión social.
No solo acceder a una vivienda digna se convierte en un derecho que debe ser defendido
por los organismos públicos, sino también poder mantenerla para desarrollar otros
derechos como el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la intimidad
y el derecho a la libertad. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos en su Observación General nº4 marca que la vivienda digna es en
la que las personas pueden vivir en seguridad, paz y dignidad. Cuando no se cumplen
unos requisitos mínimos en la vivienda, como en el acceso o en la habitabilidad, las
personas se encontrarán en exclusión residencial, fenómeno muy frecuente en nuestro
país.
Mejorar la calidad de la vivienda y favorecer el acceso a los colectivos que sufren
exclusión es uno de los fines del Trabajo Social, y es que la vivienda aporta (Barranco,
Delgado, Mellin y Quintana, 2010):
• Bienestar emocional
• Relaciones interpersonales
• Bienestar material
• Desarrollo personal
• Bienestar físico
• Autodeterminación
• Integración social
• Derechos
Entrando de lleno en la función social de la vivienda, vemos como ésta no se limita a
ser un tipo particular de refugio. Guarda connotaciones económicas, culturales,
funcionales, y por lo tanto sociales que guían los aspectos del vivir. La vivienda se
convierte conjuntamente en el espacio que contiene la privacidad y seguridad de los que
la habitan y en el punto desde el que las personas aprenden a integrarse en la sociedad y
comunidad. A través de habilitar la vivienda, la unidad de convivencia (individual o
colectiva) la transforman en su hogar, logrando un sentimiento de pertenencia e identidad
que es parte esencial de nuestro sustento de privacidad, llevando a cabo las actividades
básicas de la vida que nos hace desarrollarnos como personas. La vivienda se rodea de un
entorno social, en el que la participación de las personas repercutirá en su socialización y
en el acceso a instituciones educativas (Aguerri, 2002).
La necesidad de tener un hogar digno se basa en que la vivienda condiciona la totalidad
de la vida de las personas, ya que el entorno que nos rodea afecta a nuestros
comportamientos diarios, a las emociones, a las personas con las que nos relacionamos…
proporcionando estabilidad al núcleo familiar y poniéndose en marcha el proceso de
socialización primaria de los menores. En el caso de no contar con una vivienda adecuada,
el proceso de socialización se producirá de forma disfuncional, lo que acarreará futuros
problemas para esos menores (Aguerri, 2002).
La protección y la seguridad en la vivienda favorecen el descanso, la alimentación, el
trabajo y las relaciones de solidaridad en el hogar. Los criterios de producción,
reproducción, transmisión cultural y la autoridad permiten dar figura a diferentes
mecanismos adecuados a las necesidades y procesos sociales de las personas que habitan
la vivienda. Las condiciones de transmisión cultual permiten asegurar los valores entre
las generaciones venideras. Además, las experiencias subjetivas y afectivas que conlleva
la vida en el hogar son imprescindibles para el desarrollo de la madurez personal, teniendo
la oportunidad de desarrollar actividades sociales comunes y sentimientos humanos como
la intimidad y participación social con el grupo de pertenencia, lo que favorece que las
personas puedan formar su propia identidad y su forma de pensar (Carbonero, 2013).
En el interior de la vivienda se desarrollan actividades relacionadas con la producción de
aspectos materiales, pero también se realizan ritos sociales, aspectos relacionados con el
ocio y alimentación, descanso y formación familiar que estrecha los vínculos entre los
miembros del hogar y afecta a su relación con el exterior. El proceso socializador que se
da en su interior contribuye a la adquisición de habilidades cognitivas y al aprendizaje de
símbolos, valores y costumbres para desenvolverse de forma adecuada en la sociedad
(Carbonero, 2013), que de no contar con estabilidad en la vivienda se irán produciendo
valores relacionados con el desarraigo y la inestabilidad. Vivienda y familia son
inseparables, desarrollándose en esta primera las estructuras familiares en las que los
individuos se organizan dentro de sistemas esenciales de la estructura social (Cortés,
1995).
Por otro lado, hay que tener muy presentes los principios básicos de actuación sobre
vivienda y marginación de José M. Meisegeeier (Ander-Egg, 1985):
• La carencia de vivienda es parte de un problema estructural de marginación, que
parte de una marginalización social de las personas que se ha ido acumulando a
lo largo de los años, dejando ver como ciertas estructuras sociales las excluyen.
• Un programa de vivienda no puede ser paternalista ni asistencialista sin luchar de
lleno contra el sistema de marginación. Si el programa está fundamentado en
prestar la vivienda sin más se potenciará su dependencia hacia las instituciones.
No hay que dejar de lado el empoderamiento de las personas que desarrollará sus
mecanismos personales que les servirán para afrontar futuras complicaciones.
Por último queremos terminar enfatizando que la perspectiva del Trabajo Social ve la
vivienda como el espacio en el que se desarrollan diversas relaciones, redes informales,
diferentes momentos del ciclo vital… perteneciendo al barrio y al contexto en el que se
establecen relaciones con los demás, creando una forma de vida adecuada a su cultura y
experiencia, produciéndose un feed-back con el entorno (Malagón, 2008).
3. NORMATIVA LEGAL SOBRE VIVIENDA
Una vivienda digna implica algo más que disponer de un techo bajo el que
resguardarse, ya que significa disponer de un lugar de privacidad, con espacio suficiente,
accesibilidad física, seguridad adecuada y de tenencia, estabilidad y durabilidad
estructurales, infraestructura que garantice el acceso a servicios básicos de la ciudadanía,
y un emplazamiento adecuado con acceso al mundo laboral, la cual se pueda obtener por
un precio razonable (Mira, 2001).
Esta vivienda digna está protegida por diferentes normativas y tratados, entre los que
encontramos el Párrafo 1 del Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos en el que se especifica que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida
adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales
necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad,
invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por
circunstancias independientes de su voluntad."
Además de esto, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que ha sido
ratificado por 108 estados, entre ellos España, contiene el que quizás sea el fundamento
más importante del derecho a la vivienda enunciado en todos los principios jurídicos que
integran las normas internacionales sobre derechos humanos, ya que en este se reconoce
el papel del Estado como garante de este derecho "Los Estados Partes en el presente Pacto
reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia,
incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las
condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar
la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la
cooperación internacional fundada en el libre consentimiento." En particular en la
Observación General Nº 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
sobre el derecho a una vivienda adecuada se define este derecho como integrado por
diversos aspectos concretos, entre ellos van a estar la seguridad jurídica, gastos de
vivienda soportables o la disponibilidad de servicios básicos.
Dentro de los tratados internacionales, el derecho a la vivienda se considera uno de
los derechos humanos fundamentales. Se reconoce de distintas maneras en varias
Declaraciones, pactos, Convenciones y Cartas Internacionales de Derechos:
• Declaración Universal de los Derechos Humanos. El artículo 25 (1) reconoce:
“toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como
a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la
vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios…”
• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El artículo
11 (1) recoge “el derecho de toda persona a un nivel adecuado para sí y su familia,
incluyendo alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua
de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas
para asegurar la efectividad de este derecho…
• Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial. El artículo 5(e) (iii) prohíbe la discriminación basada en
motivos de raza, color u origen nacional o étnico, y reconoce el derecho de toda
persona a la igualdad ante la ley en el goce del derecho a la vivienda.
• Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer. El articulo 14 (2)(h) obliga a los Estados Parte a eliminar la discriminación
contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar su derecho a gozar de
condiciones de vida adecuadas, particularmente con respecto a la vivienda.
• Convención sobre los Derechos del Niño. El artículo 27 (3) obliga a los Estados
Parte a proporcionar, en caso necesario, asistencia material y programas de apoyo
para el niño, particularmente con respecto a la vivienda.
• Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. El artículo 21 estipula que se
conceda a los refugiados el trato más favorable posible en materia de vivienda.
• Convención sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios.
El artículo 43 (1)(d) dispone que “los trabajadores migratorios gozarán de
igualdad de trato respecto de los nacionales del Estado de empleo en relación
con… el acceso a al vivienda, con inclusión de los planes sociales de vivienda, y
la protección contra la explotación en materia de alquileres”.
• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El artículo 17 (1) protege a
las personas de injerencias arbitrarias o ilegales en su domicilio.
• Carta Social Europea Revisada. Artículo 31 que con miras a lograr el ejercicio
efectivo del derecho a la vivienda, las Partes Contratantes se comprometen a
adoptar medidas encaminadas a: promover el acceso a vivienda de calidad
adecuada; prevenir y reducir el sinhogarismo con miras a su eliminación gradual;
asegurar que el precio de la vivienda sea asequible para aquellos que no posean
recursos suficientes.
• Artículo 16 que con miras a lograr las condiciones de vida indispensables para un
pleno desarrollo de la familia, célula fundamental de la sociedad, las Partes
Contratantes se comprometen a fomentar la protección económica, jurídica y
social de la familia, especialmente mediante… el apoyo a la construcción de
viviendas adaptadas a las necesidades de las familias.
• Artículo 30 que con miras a lograr el ejercicio efectivo del derecho a la protección
contra la pobreza y la exclusión social, las Partes Contratantes se comprometen a
adoptar medidas encaminadas a… promover el acceso efectivo de toda persona
que esté en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo, así como de su
familia, a la vivienda.
• Organización Internacional del Trabajo. El derecho a la vivienda se recoge en
varios convenios, como los referentes a Pueblos indígenas y Tribales, Servicios
de Salud Ocupacional, Plantaciones y Garantías de Política Social.
• Carta de los derechos fundamentales de la UE. Artículo 34 (3) con el fin de
combatir la exclusión social y la pobreza, la Unión reconoce y respeta el derecho
a una ayuda social y a una ayuda de vivienda para garantizar una existencia digna
a todos aquellos que no dispongan de recursos suficientes, según las modalidades
establecidas por el Derecho comunitario y las legislaciones y prácticas nacionales.
Asimismo en las legislaciones nacionales de la UE, la mayoría de los países europeos
(entre los que se encuentra España) incluye el derecho a la vivienda en sus Constituciones
o Leyes aceptándolo como principio y ratificando su compromiso con tratados
internacionales. No obstante, en los compromisos adquiridos por las distintas naciones se
evita hacer referencias concretas al sinhogarismo como tal, y a menudo no se especifica
si una persona puede invocar su derecho a una vivienda en caso de que no pueda obtener
una por sus propios medios, aunque la mayoría de las legislaciones contienen los
siguientes obstáculos:
• No se especifica claramente de quién es competencia
• No se especifica claramente cómo se puede invocar este derecho
• No se especifica claramente a quiénes ampara la ley
• No se da una definición clara de alojamiento
• La estrategia no se centra en conseguir unos resultados concretos
• Periodos de tramitación largos
Por último, en lo que se refiere a España, el artículo 47 de la Constitución establece
que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas
pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo
con el interés general para impedir la especulación”. Los desahucios se convierten en una
negación absoluta al reconocimiento de este derecho por parte del estado. El 14 de marzo
de 2013 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó que las leyes
españolas sobre desahucios no garantizaba a los ciudadanos una protección suficiente
frente a cláusulas abusivas en las hipotecas y vulnera, por tanto, la normativa comunitaria.
4. POLÍTICAS DE VIVIENDA, UNA MIRADA SOCIAL
El Trabajo Social tiene mucho que decir en las políticas de vivienda (Juan, 2011):
• Puede conjugar la visión micro y macro a partir del análisis de la realidad e
interrelacionando los riesgos de procesos de exclusión residencial, favoreciendo
el conocimiento de los procesos vitales para descubrir las necesidades que se dan
en cada uno.
• Contribuir al significado de lo que se considera una vivienda digna y adecuada
que repercuta en las condiciones de vida de sus habitantes.
• Proyectar una visión transversal de la vivienda a través de la diversidad material
y simbólica que conlleva.
• Colaborar en el diseño de las condiciones y requisitos de acceso a los diferentes
recursos y ayudas públicas en relación al conocimiento de la realidad que tienen.
• Incorporar intervenciones de carácter técnico
• Trabajar desde la red
Tras ésto vemos como las políticas del Ministerio de Fomento en materia vivienda y
suelo se inspiran en tres principios básicos: la cohesión social y territorial, la
competitividad económica y la sostenibilidad. La vivienda se constituye como una
necesidad social de primer orden y exige acciones y decisiones políticas conforme a los
principios anteriores, en la que se aseguren como mínimo los siguientes aspectos:
seguridad en la tenencia; disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e
infraestructura; gastos soportables; habitabilidad; accesibilidad/asequibilidad; ubicación;
y adecuación cultural. Hay que tener en cuenta que los problemas estructurales principales
son la disponibilidad de vivienda, su calidad, la incidencia de hacinamiento y las
normativas que regulan el desahucio (Feantsa, 2008).
Las situaciones de independencia del hogar de origen, de cohabitación en pareja, de
formalización del matrimonio, de crianza de los hijos, de divorcio o de viudedad originan
distintos tipos de hogares como jóvenes solos, parejas jóvenes, familias con hijos
pequeños dependientes, parejas maduras o parejas mayores solas, estableciendo
necesidades dinámicas y cambiantes que tienen que estar presentes en dichas políticas
(Carbonero, 2013).
Las políticas de vivienda, al margen del color político que gobierne, deben
conjugarse con actuaciones sobre el empleo que contribuyan a que el derecho del acceso
a una vivienda digna persista a lo largo del tiempo. Será de vital importancia tener en
cuenta las particularidades de cada caso en los colectivos en situación de exclusión, unido
esto a una oferta segmentada que considere los diferentes estados de ciclo vital por los
que pasamos todas las personas. El detrimento del derecho a una vivienda adecuada
recogido en las políticas públicas recae con mayor presión sobre algunos colectivos
especialmente vulnerables de la sociedad como pueden ser: jóvenes, mujeres, personas
adultas mayores y con discapacidad, colectivos no familiares… (Carbonero, 2013).
Las políticas públicas que promueven y facilitan el acceso a la vivienda se presentan como
instrumentos básicos para favorecer la cohesión y la integración social. Estos aspectos
adquieren un especial atractivo en situaciones como la actual, de profunda crisis
socioeconómica, de deterioro del empleo, de caída de salarios y derechos laborales… en
la que la ausencia de una política coherente en materia de vivienda y regulación del suelo
ha conllevado a una grave dificultad de acceso a la vivienda de un buen contingente de
ciudadanos. El Estado español ha desintegrado la vivienda del Estado de Bienestar,
segregándola de la política social para convertirla en un eslabón más de materia
económica, siendo incapaz de adaptar la oferta efectiva a las necesidades de las nuevas
familias españolas. Además, en el caso de nuestro país, el papel atribuido a las familias
en el sistema mediterráneo ha repercutido negativamente en el papel de las políticas
públicas en materia de vivienda. La movilización de recursos y redes familiares, junto a
las ayudas públicas destinadas a la compra de vivienda, han permitido que en España
existan altos porcentajes de propiedad privada dejando de lado las viviendas en alquiler
y sobre todo la modalidad que más debería estar protegida para garantizar la igualdad de
oportunidades en este bien, la vivienda de alquiler social (Carbonero, 2013).
En los momentos actuales existen dos posibilidades de provisión residencial: una
basada en el mercado y otra basada en los sistemas públicos de vivienda.
La primera presenta dos grandes alternativas: el mercado de viviendas nuevas y el
mercado de viviendas usadas, con un predominio de acceso en propiedad. Los sistemas
de protección pública se caracterizan por estar organizados de manera mayoritaria sobre
la edificación de nuevas viviendas protegidas, las cuales supuestamente tienen precios
más asequibles para que puedan acceder determinados sectores sociales que tienen
escasos recursos económicos. Vemos que el mercado se ha convertido en el mecanismo
dominante de provisión de viviendas, mientras que el sistema público ha quedado
relegado a un papel secundario y subordinado. Se ha contribuido a la especulación en el
mercado, reduciendo la proporción de viviendas protegidas, dejando a los lobbys
económicos la regulación y provisión de este bien. La propiedad privada se ha convertido
en el sistema dominante consiguiendo la incorporación de agentes individuales que
defienden este sistema argumentando a través de la lógica de su propio beneficio, a pesar
de que la situación que vivimos aconseja un reforzamiento estructural del sistema de
alquiler junto a la intervención pública en esta materia ajustando el precio de la vivienda
a la renta individual y/o familiar. El cumplimiento de la condición económica que impone
el modelo dominante excluye a los colectivos que no pueden afrontar los requisitos por
falta de solvencia económica o, en el caso de que la tengan, por falta de poder garantizar
ésta a lo largo del tiempo ya que no poseen economías normalizadas, dando lugar a que
algunas personas sufran la primera manifestación del proceso de exclusión residencial
(Juan, 2012).
Contemplar la vivienda como un servicio social de interés general, superar la
visión segregada de la vivienda, dar cabida a la creciente demanda de viviendas sociales
y resolver modelos de gestión obsoletos y fracasados son algunos de los puntos que la
política de vivienda de nuestro Estado de Bienestar y nuestra democracia europea han de
resolver. Las situaciones que están concurriendo en las calles, nacidas del sistema
estructural, demandan la vivienda social como un servicio básico para los ciudadanos a
través de actuaciones que tengan en cuenta la visión de las plataformas y organizaciones
que forman el tercer sector así como las de los profesionales del Estado que más cerca
están de los ciudadanos, ya que son los que tienen contacto con los sucesos que provocan
la exclusión y segregación social en plena realidad (Juan, 2012).
Como se ha comentado anteriormente, la capacidad para alcanzar una vivienda
adecuada está íntimamente relacionada con el nivel de ingresos del hogar y con la
posición laboral del sustentador/a principal de la familia, y viviendo en esta España con
una tasa de desempleo superior al 25%, la única forma de poder asegurar que todos los
ciudadanos puedan acceder en condiciones de igualdad a una vivienda digna es
favoreciendo desde los organismos públicos la creación e intervención de verdaderas
viviendas sociales, o en su lugar la presión ciudadana a través de los diferentes
movimientos sociales para conseguir que sus necesidades básicas sean cubiertas.
Las políticas públicas deben aumentar la oportunidad de las personas para poder acceder
a una vivienda digna a través de diferentes actuaciones según el territorio en el que actúen.
El territorio constituye un agente activo y condiciona totalmente los procesos de
desarrollo de las capacidades humanas (Albina, 2007). Para no fomentar la exclusión hay
que construir viviendas de protección oficial en zonas que no estén alejadas del núcleo de
la ciudad y donde el suelo sea más barato, añadiendo que los requisitos para acceder a
estas viviendas deben revisarse inmediatamente, ya que entre ellos encontramos que es
necesario contar con una nómina mínima y una estabilidad laboral para poder disfrutar de
ellas, aspectos que quedan fuera de la cotidianeidad de la gran mayoría de los ciudadanos
que necesitan de la actuación pública en materia de vivienda para contar con una
verdadera igualdad de oportunidades de acceso a este bien. Y es que los avances en
materia de vivienda y otros como salud o nutrición, contribuyen a la estabilidad social, a
mejorar la productividad laboral, el estado social, y aumentar el crecimiento económico
del país en el que se fomenten dichos avances (Juan, 2012).
Para finalizar este apartado ponemos énfasis en que la libertad humana tiene
sentido y comienza a disfrutarse en el entorno personal y social con el que se interactúa.
El propio desarrollo de cada persona depende de los vínculos sociales en los que se
relacionan, del potencial productivo de las zonas en las que nacen y crecen, y de las
instituciones que les permiten conectar con su entorno, lo que resulta imposible de
conseguir sin una política acorde a las necesidades en vivienda de cada territorio (PNUD
México, 2004).
5. CIUDADANOS Y SU INTERACCIÓN EN LA PAH
Las personas que forman el movimiento social de la PAH son ciudadanos activos que
participan en la sociedad. El concepto de participación para el Trabajo Social se refiere
al acceso real de las personas a las decisiones que les afectan y son importantes para las
mismas. Las personas de una comunidad pueden influir en su medio asumiendo
responsabilidad (Raya, 2005), cuyos principios son:
• Conciencia sobre el problema
• Reconocer la posibilidad del cambio a través de determinadas acciones
participativas
• Búsqueda común de soluciones. Se suele necesitar una nueva forma de ver la
realidad, actuando a través de la solidaridad comunitaria.
• Dinamismo para trabajar con decisiones comunitarias. Suscitar nuevas
propuestas; conseguir relaciones de igualdad, afecto y pertenencia en la
comunidad; aceptación de las decisiones comunitarias…
La PAH como un movimiento horizontal, no violento, asambleario y apartidista,
que ante las situaciones de inexistente intervención estatal y asistencialismo
promovido en los Servicios Sociales en materia de vivienda, se encargan de
acompañar en los procesos de cambio a las personas, poniendo en común
problemáticas para conseguir apoyo mutuo y organizacional de los afectados. Esto
desencadena en movilizaciones populares para exigir que se cumplan sus derechos
como ciudadanos y mejorar la situación general de la población buscando una
verdadera equidad, ya que son conscientes de que todas las personas son iguales pero
no todas parten en condiciones de igualdad (Matea y Sánchez, 2014).
Solamente la movilización y la organización de la sociedad civil está siendo capaz de
afrontar los fallos del sistema, poniendo de manifiesto la existencia de una base
potencial para la creación de una forma de responder a los retos sociales a los que se
enfrenta la Humanidad en este periodo histórico, intentando construir un puente que
conecte las instituciones con la sociedad (Salinas, 2003). Así se fomentará esa
responsabilidad social de la ciudadanía para avanzar en la inteligencia compartida con
el fin de establecer una igualdad de posiciones, con la exigencia de restaurar la
redistribución progresiva de la renta como único medio de recuperar la cohesión
social, la confianza recíproca, la cooperación solidaria y la participación popular en
defensa del interés general (de la Red, 2014).
Los movimientos sociales promueven la visión de lo común, en la cual los ciudadanos
participan en el desarrollo de la protección social, clamando por la intervención del
Estado y pidiendo políticas participativas del tejido social como sujetos activos, en
las cuales el bienestar sea dominio de los ciudadanos (Della, 2013) haciendo
compatible el mecanismo del mercado con las exigencias de la justicia, ya que sin
justicia no hay libertad real.
Además, han favorecido un empoderamiento de las personas que forman parte de
ellos, impulsando la modificación de las políticas públicas en los procesos que Ander-
Egg (1985) denominaba como:
• Personalizador: los ciudadanos se han convertido en sujetos motores del
proceso de cambio.
• Concientizador: los ciudadanos han adquirido capacidades de ver todo lo que
pueden conseguir como personas y miembros de la comunidad, a través de la
unión, organización y movilización.
• Socializador: los ciudadanos colaboran entre todos para fomentar la igualdad
social.
Los integrantes de estos movimientos han pasado a ser actores y agentes de
cambio del medio que les rodea, dejando atrás visiones de inmovilismo y
conformismo que promueven la exclusión social, creando redes de apoyo y
movilizaciones auto-organizadas para intervenir sobre la situación actual. Las
acciones han contribuido a impulsar sentimientos de solidaridad entre los afectados,
rescatando principios colectivos y de comunidad con los que las personas dejan de
lado las características que los hacen diferentes para contribuir de una forma común
a la solución de sus propios problemas, lo que también influye en su capacidad
autónoma para tomar sus propias decisiones sobre problemáticas que afectan otras
áreas de su vida. Las personas que forman estos movimientos sociales son más críticas
con el mundo que les rodea, creando su propia opinión personal, desarrollando valores
de solidaridad, igualdad y justicia social, incidiendo en la capacidad de poner los
medios para transformar de forma positiva en la realidad (Matea y Sánchez, 2014).
OBJETIVOS E HIPÓTESIS
•Objetivos Generales
• Identificar y analizar las consecuencias personales de la participación en la PAH de Salamanca.
• Conocer los motivos que han llevado a personas a participar en la PAH de Salamanca.
• Conocer la opinión de personas relacionadas con el tema de vivienda en la ciudad de Salamanca.
•Objetivos Específicos
• Conocer el funcionamiento de la PAH de Salamanca. • Conocer la situación de las personas que forman la PAH de Salamanca. • Conocer la situación socioeconómica de España actual.
•Hipótesis
• Los procesos de ciudadanía activa ejemplificados en este caso en la PAH, suponen un impulso en la consecución práctica de la declaración teórica de los Derechos Humanos y de los fines principales que busca la disciplina del Trabajo Social.
METODOLOGÍA
El tipo de investigación será descriptiva ya que poseemos información y se irá describiendo según la investigación lo requiera. El enfoque será cualitativo y la investigación se fundamentará a través de grupos de discusión y la entrevista semi-estructurada en profundidad, pudiendo conocer de esta forma qué aspectos pueden considerarse comunes en las personas investigadas y cuáles específicos de cada una, pudiendo los investigados realizar aportaciones con total libertad. Para los modelos y técnicas se utilizará la documentación bibliográfica, la entrevista en profundidad y el grupo de discusión.
Los entrevistados en profundidad serán las personas relacionadas directamente con la temática de la vivienda en Salamanca:
• Concejala de Participación Social y Voluntariado de Salamanca. • Trabajadora social del Patronato de Vivienda de Salamanca. • Trabajadora social Cáritas Diocesana Salamanca perteneciente a la campaña
“Operación Vivienda 2014” • Usuario de un programa de vivienda social de Cáritas Diocesana Orihuela-
Alicante en el barrio Tómbola • Miembros políticos y activistas sociales y sindicales de Salamanca
Por otra parte, se realizarán tres grupos de discusión: dos formados por miembros de la plataforma Stop Desahucios Salamanca y otro formado por profesionales del sector bancario. Las aportaciones de las personas protagonistas son las más valiosas, ya que además de informar aportan hechos sobre sus valoraciones, actitudes, percepciones, opiniones, niveles de implicación, potencialidades…
La metodología se basará en:
• Lectura, análisis y relación de la bibliografía de referencia. • Contacto con miembros de la plataforma PAH Salamanca para recabar
información sobre todo lo relacionado con la investigación. • Contacto con trabajadores del sector bancario. • Contacto telefónico con las personas indicadas que formarán el grupo de
discusión. • Desarrollo y resultados de la información recogida y redacción de
conclusiones y propuestas del trabajo
CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO
Nombre del recurso Tipo Unidad Abrev. Grupo Tasa mínima Tasa máxima
Investigador principal Trabajo horas I 1.- Personal 30,00 €Local Trabajo mes L 2.- Inmuebles 300,00 €Bibliografía Costo B 3.- InventariableOrdenador Trabajo año O 3.- Inventariable 500,00 €Software Trabajo año S 3.- Inventariable 20,00 € 5.000,00 €Grabadora Trabajo año Gr 3.- Inventariable 50,00Papelería Material paquete P 5.- Fungible 3,00 €Fotocopias Material copia F 5.- Fungible 0,03 €Impresiones Material hoja I 5.- Fungible 0,06 €Comunicaciones Costo C 5.- FungibleEntrevistados Material persona E 8.- Sujetos 23,60 €Participantes Material persona P 8.- Sujetos 23,60 €Entrevistas Material entrevista L-Ent 9.- Servicios 390,00 € 630,00 €Grupos de discusión Material grupo L-Gd 9.- Servicios 1.960,00 € 2.750,00 €Transcripción entrevistas Material minuto. L-TE 9.- Servicios 0,65 €Transcripción grupos Material minuto. L-TG 9.- Servicios 1,09 €Grabación Material hora. Gb 9.- Servicios 6,32 € 9,43 €Análisis entrevista Material entrevista L-Ae 9.- Servicios 118,00 € 200,00 €Análisis grupo Material grupo L-Ag 9.- Servicios 472,70 € 708,50 €Alquiler de sala Material día. A 9.- Servicios 170,00 € 250,00 €Otros Costo O 9.- Servicios
Actividad Comienzo Final Días 10
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30/07/2014PREPARACIÓN Lecturas previas 15/11/2014 20/12/2014 35 Redaccion del borrador 22/12/2014 30/12/2014 8 Redacción del proyecto 10/01/2015 25/01/2015 15CAMPO Participación en la plataforma Stop Desahucios Salamanca 10/10/2014 30/07/2015 293 Establecimiento de contactos 01/02/2015 05/02/2015 4 Elaboración de guiones 07/02/2015 10/02/2015 3 Realización de entrevistas 15/02/2015 01/03/2015 14 Realización de grupos de discusión 05/03/2015 23/03/2015 18ANALISIS De datos secundarios 21/12/2014 24/12/2014 3 De las entrevistas 02/03/2015 05/03/2015 3 Del grupo de discusión 24/03/2015 07/04/2015 14INFORMES Redacción de informes 10/04/2015 10/05/2015 30PRESENTACIONES Presentación al director 01/06/2015 06/06/2015 5 Presentación pública 02/07/2015 02/07/2015 0
Cronograma del desarrollo del Proyecto de Investigación
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