Porque Son Perros

8/13/2019 Porque Son Perros

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Porque son perrosProtestas, discursos autoritarios e industrias extractivas: el caso Conga

Roco Silva Santisteban1

publicado en Hoetmer, Raphael, Castro, Miguel, Daza, Mar, De Echave, Jos y Ruiz, Clara. Minera y Movimientos Sociales en el Per. Instrumentos y propuestas para la defensa de la vida y los territorios.Lima, PTDG y otros, setiembre 2013 (435-456).

1Roco Silva Santisteban Manrique es doctora en Literatura por la Universidad de Boston, especialista en temas de cultura y poder. Actualmente trabaja como Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. El dibujo de esta falsa

cartula es de Markus Ronjam.


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Desde que a comienzos de la primera dcada del

milenio se estabilizaran las industrias extractivas

como una de las locomotoras del desarrollo en el

Per, las leyes, la poltica, la polica y las FuerzasArmadas, junto con la gestin del Gobierno Central,

han consentido y alentado que se fortalezcan y

conviertan en la primera actividad econmica del

pas, de tal suerte que el mantra de la Sociedad

Peruana de Minera e Hidrocarburos se convirti

en un caballito de batalla: Per pas minero. Sin

embargo, una creciente ola de protestas sociales

liderada por campesinos, indgenas, ronderos,

autoridades locales, lderes ambientales, religiosos,

estudiantes, profesores, entre otros, ha puesto una

barrera a la utopa minera reclamando por el

derecho al agua, a la biodiversidad y a la pluralidad

de actividades para generar un desarrollo

sostenible.

El encuentro ente estas dos maneras de entender

las posibilidades del Per ha generado una lucha

similar a la de David y Goliat con la diferencia de

que el Estado peruano ha tomado partido por laminera, por su canon, por sus recursos, por sus

discursos. Por lo mismo, se han flexibilizado las

normas, se permiten contratos privados entre la

Polica Nacional del Per y las empresas

extractivas, se consiente el uso letal de la fuerza

para apagar protestas y a pesar de los convenios

internacionales y los organismos como la CIDH, la

OEA y la ONU, que exigen respeto por la consulta a

los pueblos indgenas, se ha incorporado esta

institucin a la normativa con una Ley de Consulta

aprobada por unanimidad en el Congreso, pero se

le ha reducido a travs de un reglamento

rechazado casi por unanimidad por los pueblos

indgenas.


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Esta lucha se sostiene, adems, sobre la creacin

de un discurso que nuevamente (como en el caso

del perrodel hortelanode Alan Garca) reduce a

los pobladores rurales a meros autmatas quesiguen a lderes radicales cuyo nico propsito es

posicionarse polticamente a nivel nacional. Este

discurso, a su vez, se asienta sobre los reportes de

los diferentes organismos de inteligencia

comandados y asesorados por personas cercanas

al que fuera Comandante de las FFAA Ollanta

Humala Tasso, as como por reportes de los

organismos de seguridad de las propias empresas

extractivas. Este discurso conspirativo-paranoico

se imbrica con un discurso autoritario suprstite

que, de alguna manera, sigue manteniendo el

mismo desprecio por la gente del Ande y por los

pobladores rurales en las mismas ciudades

andinas. Se trata de un discurso discriminador y

excluyente similar al de los aos del conflicto

armado interno peruano, pero esta vez tildando a

los pobladores como rebeldes, violentistas y

terroristas en suma, pero sobre todo, ignorantes y

rmoras del desarrollo del pas.

La situacin a la fecha, enero de 2013, augura para

los prximos aos escenarios complejos entre el

Estado, las empresas extractivas y sus gerentes,

siempre distantes de los lugares donde operan sus

compaas, organismos de defensa del

medioambiente y de los derechos humanos,

campesinos y lderes medioambientales,

pobladores aledaos a los campamentos mineros y

una poblacin hastiada de la prepotencia de las

empresas extractivas. Estos actores, adems, son

consistentemente ninguneados, subalternizados y

estereotipados por los ojos de la poblacin que

goza del crecimiento econmico, bsicamente

limea, pero tambin andina urbana. Lo

preocupante es que se trata de una situacin muy

similar a la que antes produjo el caldo de cultivo


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perfecto para una asonada de violencia, muerte y

desprecio por la vida.

Este trabajo pretende dar una muestra de un casoconcreto: el caso de las protestas contra el

Proyecto Minero Conga, y as poder entender las

lgicas discursivas autoritarias y los sentimientos

de repulsa y asco que sienten los beneficios del

modelo econmico frente al poblador que se opone

a la minera en tanto que apuesta por la

biodiversidad y una manera an no formulada de

buen vivir que rescata un entendimiento diverso

del desarrollo del Per.

CELENDN: HORA CERO

Era un soleado 3 de julio en la ciudad nortea de

Celendn, Cajamarca. Csar Medina lleg al local de

las cabinas de Internet, a unas cuadras de la Plaza

de Armas, pero lo encontr cerrado. No era da de

escuela porque el paro del Sutep2, as como las

movilizaciones contra el Proyecto Minero Conga,

seguan firmes. Escuch ruido y un movimiento de

gente que se acercaba, pero percibi que vena delejos. Su ciudad segua con la misma tranquilidad

de siempre. Confiado, carg su mochila y se dio

media vuelta para regresar, pero de pronto hubo

una confusin y ruidos como de metralla. Escuch

a la gente enardecida y las aspas de los

helicpteros. Al correr hacia su casa, asustado, una

bala de un fusil Galil le estalla en el crneo. Muri a

los pocos minutos cuando un grupo de gente lo

recoga para llevarlo a la posta mdica. Tena 16

aos.

La muerte de Csar Medina Aguilar, junto con la de

Joselito Snchez Huamn, Jos Faustino Silva y

Paulino Garca, ese mismo fatdico 3 de julio de

2012, ensangrentaron una movilizacin contra el

2Sindicato nico de Trabajadores de la Educacin Peruana.


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Proyecto Minero Conga que se haba iniciado un

ao antes y que se mantuvo generalmente pacfica

durante todo ese tiempo. Ese da estaba a punto de

reiniciarse un segundo periodo de Estado deEmergencia bajo el mandato del premier Oscar

Valds, el mismo que en noviembre de 2011 haba

presionado para que los dirigentes de las

movilizaciones aceptaran un acuerdo sin consultar

a sus bases, motivo por el cual se haba cerrado un

precario dilogo entre el Gobierno central y los

dirigentes de miles de ronderos, campesinos,

profesores y trabajadores de distintas reas

quienes consideran que el Proyecto Minero Conga

va a perjudicarlos gravemente en tanto que

destruira cuatro lagunas en la cabecera de una

cuenca, pero sobre todo, porque sera la

ampliacin de la mina Yanacocha. Es cierto que la

Minera Yanacocha ha producido riqueza en

Cajamarca, pero para un sector de la poblacin

muy reducido y bsicamente forneo; para el

sector ms amplio, sobre todo del rea rural,

Yanacocha es sinnimo de humillaciones y

contaminacin3.

Ese fue el da en que se termin para siempre la

Gran Transformacin que haba propuesto el

candidato Ollanta Humala en su campaa de 2011.

Es cierto que haba reculado durante la segunda

vuelta descartando el plan de gobierno original y

proponiendo una hoja de ruta ms adecuada a la

necesidad de acomodarse a los intereses de los

sectores que podran votar por l y no por Keiko

Fujimori. Sin embargo, uno de los grandes

problemas del pas, que es la espiral de violencia

3Incluso un reciente estudio de la Universidad de Queensland en Australia, encoordinacin con CCPM - Grupo consultor (peruano), realizado para Minera

Yanacocha y titulado Escuchando a la ciudad de Cajamarca: un estudio

solicitado por Minera Yanacocha (noviembre de 2012), da cuenta del profundorechazo, tanto urbano como rural, a la empresa: Hallazgo N 1: Desde el puntode vista de los entrevistados, la entrada de la empresa, su presencia y su

interaccin con los habitantes de la ciudad de Cajamarca han contribuido acrear desigualdades econmicas y un legado emocional profundamentenegativo. En un periodo corto de tiempo, el equipo de investigacin recolecthistorias, narraciones y recuentos de exclusin y explotacin por la empresa.Estos relatos provienen de una muestra amplia de entrevistados (p . 6).


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por la falta de tratamiento adecuado de conflictos

sociales, fue un tema sobreviviente de la primera y

decisivo en la segunda vuelta electoral, porque

definitivamente es uno de los puntos cruciales detoda agenda poltica y de cualquier sector. Ollanta

Humala haba jurado el 5 de mayo de 2011 en la

Casona de San Marcos defender la Constitucin y

los derechos, uno de los 11 puntos de su

compromiso pblico fue hacerle frente a los

conflictos sociales con dilogo respetando los

estndares medioambientales internacionales.

Pero el 3 de julio de 2012, con las cuatro personas

muertas en Celendn, ms aquel que se vendra al

da siguiente en Bambamarca, y los anteriores de

Sechura, Espinar, Caete y Paita4, Ollanta Humala

se alineaba al sector de los poderosos mineros y

petroleros. Quienes haban votado por l,

4Informacin especfica sobre los 19 muertos durante el primer ao degobierno de Ollanta Humala se puede encontrar en el Informe 2012 de laCoordinadora Nacional de Derechos Humanos, tambin accesible onlinehttp://derechoshumanos.pe/informe_anual_2011_12/,pp.35-36.

incluyendo a la madre de Csar Medina, Maximila

Aguilar Vsquez, fueron una vez ms en la historia

de nuestro pas, ninguneados, tildados de radicales

y violentistas opuestos al desarrollo y a lainversin.

Impelido por la indignacin, al da siguiente 4 de

julio en la ciudad de Cajamarca, el ex sacerdote y

lder ambientalista Marco Arana, sac un par de

cartones de su casa, les amarr una pita y les puso

un slogan que ya se haba convertido en un grito de

esperanza: Vidas, oro no. Con esos dos cartones

en su pecho y espalda, sali a las calles para

demostrar que la libertad de expresin y la

resistencia pacfica son posibles incluso con estado

de emergencia, aunque formalmente este no haba

comenzado. Arana, quien camina poco por

Cajamarca debido a las constantes amenazas y

agresiones gratuitas que recibe, se dirigi a la
http://derechoshumanos.pe/informe_anual_2011_12/http://derechoshumanos.pe/informe_anual_2011_12/


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Plaza de Armas junto con su custodio5, un joven

polica que apenas supera los veinte aos. Ah

visit a los ltimos ronderos que se encontraban

en la Iglesia de San Francisco y saliendo del atriose encontr con un antiguo profesor de primaria.

Los tres se sentaron en una banca de la plaza bajo

el cielo rotundo del medioda.

De pronto fueron intervenidos por treinta policas

y Arana, incluso sin ser notificado de las razones

del inminente arresto, fue golpeado brutalmente

por la espalda a la altura de los riones. De

inmediato, entre varios policas lo levantan, lo

cogotean, le estrujan los brazos, le fracturan la

mandbula superior de dos varazos, lo tiran al

suelo, lo vuelven a levantar para finalmente,

5Marco Arana Zegarra y Mirtha Vsquez, ambos de Grufides, tienen medidascautelares decretadas por la Comisin Interamericana de Derechos Humanos -

CIDH el 23 de abril de 2007 debido al reglaje y espionaje que sufrieron de partede la empresa de seguridad de la Minera Yanacocha. Como garanta decumplimiento de estas medidas, el Estado peruano les proporciona un custodiopolicial a ambos (ver en Medidas cautelares otorgadas por la CIDH durante2007http://www.cidh.org/medidas/2007.sp.htm).

mientras l gritaba no me peguen levantando los

dos brazos en seal de paz, sin mediar orden

judicial ni delito flagrante, fue arrestado y

conducido en una camioneta sin logotipos de lapolica hacia la 1 Comisara de Cajamarca, donde

lo siguieron golpeando durante media hora ms

hasta que lleg su abogada. Los efectos de la

detencin fueron: fractura de maxilar superior,

fisura de esternn, dao severo en el nervio

trigmino, problemas en dentadura y

policontusiones en riones, espalda, pecho y cara6.

Toda esta situacin fue grabada por varios canales

de televisin y fotografiada por diversos

reporteros grficos que, al da siguiente, dieron

cuenta de la arbitraria detencin en varios diarios

a nivel nacional. El 5 de julio La Repblica, El

Comercio, La Primera y otros diarios sacaron la

foto de Marco Arana siendo capturado por la

6Tuvimos acceso al diagnstico del Hospital Regional de Cajamarca.
http://www.cidh.org/medidas/2007.sp.htmhttp://www.cidh.org/medidas/2007.sp.htmhttp://www.cidh.org/medidas/2007.sp.htmhttp://www.cidh.org/medidas/2007.sp.htm


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polica; la noche anterior diversos medios de

comunicacin haban pasado los innumerables

videos de la agresin desde diferentes ngulos. La

pregunta ingenua que esgrimo, en la necesidad deentender la lgica de esta absurda detencin

dentro del contexto de criminalizacin y paranoia

conspirativa del gobierno de Ollanta Humala y de

las empresas extractivas es: por qu se detiene a

un ex sacerdote pacfico delante de tantos medios

de comunicacin que, inmediatamente, iran a

regar la noticia incluso globalmente en tanto que

Arana ha recibido diferentes premios

internacionales? No se necesita ser muy perspicaz

para darse cuenta de inmediato que fue un

tremendo error poltico.

Sin embargo, me atrevo a plantear dos hipotticas

respuestas: 1) la maquiavlica y, por lo tanto,

menos posible, no por falta de maldad sino por

impericia: se quiso dar una leccin a los dirigentes

de las protestas deteniendo, aparatosamente y

frente a los periodistas, al ms visible de los

dirigentes ambientalistas del Per para que quede

marcado y as poder dejar constancia de unaaccin para desarticular la conspiracin

violentista y bajarle la moral a las bases

campesinas y estudiantiles; 2) la torpe y, por lo

tanto, ms plausible: directores de la Polica

Nacional del Per7, ministros y otros comandos

deciden tomar las acciones en sus manos, con o sin

consulta de las ms altas autoridades (me refiero a

la ahora llamada pareja presidencial) y darle una

leccin al cura rojo con una golpiza pblica, otra

privada, y torturas. Todo esto enmarcado dentro

de la irascibilidad de la polica, de los

cajamarquinos partidarios del Proyecto Conga y de

las fuerzas de seguridad que ocho aos antes

haban espiado a Arana y a otros activistas

7El mayor Miguel Pasos Prez, jefe de la UCE y del GIR, probablemente autordirecto de la orden de detencin arbitraria, ha pasado a retiro en diciembre de2012.


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ambientales de Grufides8, as como de la irritacin

de la empresa ante la inoperatividad del Estado

frente a un proyecto aprobado9.

Los hechos fcticos abonan a la segunda hiptesis:

cuando Marco Arana se encontraba detenido en la

1 Comisara de Cajamarca en la noche del 4 de

julio de 2012, ni la fiscal de Cajamarca ni la de

Chiclayo adonde se haban derivado todos los

juicios10, tomaban una decisin firme sobre su

8Grufides es el Grupo de Formacin e Intervencin para el DesarrolloSostenible, una ONG cajamarquina, con diez aos de trabajo en el tema debiodiversidad e impactos de la gran minera. Forma parte de la Red Muqui y dela Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Durante el ao 2007, tantoMarco Arana como Mirtha Vsquez y otros integrantes de la institucin,sufrieron reglajes de la empresa de seguridad de la Minera Yanacocha, llamadaantes Forza y hoy rebautizada como Securitas. Estos incidentes fueronreportados a la Comisin Interamericana de Derechos Humanos. Ver nota a pie5.9

El Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Minero Conga fue aprobadodurante el gobierno de Alan Garca.10Por decisin del presidente del Poder Judicial, Csar San Martn, el 31 demayo de 2012 se emite la Resolucin Administrativa N 096-2012-CE-PJ por

intermedio del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que dispone ampliar laCompetencia Territorial de Juzgados de Chiclayo e Ica para que se avoquen alos casos ocurridos en las provincias de Cajamarca y Espinar, respectivamente.En una entrevista que nos concediera el Presidente del Poder Judicial, este nosadvierte que la decisin se tom por pedido expreso de los jueces de ambaszonas, quienes se sienten amenazados (Csar San Martn, entrevista personal,viernes 8 de junio de 2012). Desde la perspectiva legal, esto es posible con elnuevo Cdigo de Procedimientos Penales que permite los juzgados supra

captura. Se postergaba y alargaba una situacin

que, ante la presin del hbeas corpus que tanto

Mirtha Vsquez como quien escribe habamos

interpuesto ante el juez de turno de Cajamarca,tendra que haberse clarificado de inmediato11. No

obstante, ni Chiclayo ni Cajamarca permitan que

provinciales. Sin embargo, este cambio jurisdiccional, segn han comentadodiferentes constitucionalistas, como Carlos Landa, exige la combinacin dedelitos graves y comisin de los mismos va organizacin criminal. Doscondiciones que no se dan (Carlos Landa, reunin de trabajo en CNDDHH, 14

junio de 2012).11El 4 de julio a las 4:30 pm, Mirtha Vsquez y yo, como representante de laCoordinadora Nacional de Derechos Humanos, presentamos un hbeas corpusoral que fue declarado fundado por el juez penal unipersonal de Cajamarca,Daniel Holgun, el 5 de julio. Posteriormente, la Sala Superior de Cajamarca(conformada por Senz Pascual, Zavalaga Vargas y Bazn Cerdn) falldeclarando fundado el hbeas corpus por las consideraciones siguientes: que ala fecha de la detencin no exista el Estado de Emergencia, en razn que la

publicacin de la norma fue el da 4 de julio, por lo que la referida rega a partirdel da siguiente (5 de julio); que incluso en caso de que hubiera estado vigente

el Estado de Emergencia, tampoco la detencin era legal, pues la polica nopuede detener sin orden judicial y adems seal que en funcin del principiode proporcionalidad, la intervencin policial para la detencin del beneficiariociudadano Marco Antonio Arana Zegarra result manifiestamente injustificada

y refrendada en el numeral 42 al sealar que de lo evaluado no queda lamenor duda que la detencin resulta ilegal y arbitraria. (Pronunciamiento de

la CNDDHH, 24 de agosto de 2012). El constitucionalista Juan Carlos Ruiztambin se ha pronunciado sobre la importancia de la resolucin de la SalaSuperior de Cajamarca, su texto se puede leer en Justicia Vivahttp://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=879(visitadoel 13 de enero de 2013).
http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=879http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=879http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=879


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se llevara a cabo la pericia mdica ordenada por el

mdico legista para realizarle una radiografa en el

Hospital Regional por la fractura de la cara. Nadie

se quera responsabilizar por la posibilidad dellevar a Marco Arana fuera de Seguridad del Estado

donde se encontraba detenido. Por lo tanto, Arana

ira a pasar la noche en comps de espera

encerrado, junto con otros diez jvenes que se

acercaron a auxiliarlo y tambin fueron detenidos.

Hasta que a la 1:30 am del da 5 de julio se le liber

luego de que se realizara una llamada directa al

Jefe de la Polica Nacional, general Ral Salazar,

quien a los cinco minutos orden la

excarcelacin12. Finalmente, Marco Arana,

arrestado, golpeado, luego torturado en la

comisara y avasallado por un contingente policial

de la Dinoes (Operaciones Especiales) fue el

smbolo de la estulticia de las estrategias de una

12La llamada la realic yo misma.

criminalizacin de la protesta cada vez ms

escabrosa.

PRCTICAS AUTORITARIAS Y DISCURSOSPARANOICOS

Tanto la muerte de Csar Medina como el arresto

de Marco Arana ejemplifican las prcticas en torno

a los conflictos sociales y a las movilizaciones de

protesta legtimas que ha venido desarrollando el

gobierno de Humala durante el premierato de

Oscar Valds: disparar a mansalva produciendo

bajas en una poblacin que, generalmente, no est

involucrada directamente en el conflicto y agredir

a los lderes ms pacficos para, aparentemente,

polarizar la situacin y crear un contexto en que se

radicalicen algunos dirigentes e imponer la razn

por la fuerza, y de esta manera neutralizarlos

alejndolos de la poblacin.


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En realidad, las dos estrategias responden a los

que se vena proponiendo desde el Servicio de

Inteligencia Nacional, asesorado por el exteniente

coronel Adrin Villafuerte y desde la fenecidaoficina de Conflictos Sociales de la PCM dirigida

por el socilogo Vctor Caballero: que muchos de

los conflictos en el Per estn articulados por un

grupo de recalcitrantes violentistas interesados en

desestabilizar la democracia y en debilitar el

estado de Derecho. Hiptesis que debera ser

descartada por cualquier analista poltico serio y,

por supuesto, por el nuevo gabinete conducido por

el abogado Juan Jimnez Mayor, tanto como por la

flamante Oficina Nacional de Dilogo y

Sostenibilidad (ONDS) dirigida por el expresidente

de la regin Junn, Vladimiro Huaroc. Sin embargo,

es muy difcil que se descarte esta hiptesis

conspirativa considerando las declaraciones que

ha dado el actual Premier:

Jimnez afirm que los que estn

dirigiendo las protestas son dirigentes

radicales, personas altamente

ideologizadas, gentes de formacincomunista, de ultraizquierda. Y no es

casualidad. Se articula la protesta en

muchas zonas del pas para que la

autoridad est en muchos puntos al

mismo tiempo, resguardando la

seguridad y libertad de las personas. Es

evidente la participacin de sectores

muy radicales en el Gobierno regional

(Marco Arana: en la mira del gobierno,

Revista Caretas 2235, junio 2012, el

subrayado es mo).

Esta percepcin de que las protestas sociales estn

vinculadas unas a otras por intereses subalternos

de ultraizquierdistas que, incluso, han purgado


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condenas por terrorismo, es una de las lecturas

ms comunes en el gobierno de Ollanta Humala13.

Pero lo que queramos plantear en este texto, conestos dos ejemplos de actuacin del Estado

durante la crisis de conflictos sociales, es el errado

anlisis de situacin de conflictos generalmente

centrado en tesis conspiracionistas y otras que

responden a propuestas militaristas para controlar

a la poblacin. Sin duda, alimentados por los

reportes del Servicio de Inteligencia Nacional y de

las empresas privadas de seguridad de las mineras,

que juegan en pared con los primeros, estas

lecturas proponen que los conflictos de Cajamarca

y Espinar el segundo tambin dentro del

contexto de industrias extractivas estaban

13Es cierto que, en el caso del Proyecto Conga, uno de los dirigentes de lasprotestas sociales, Wilfredo Saavedra, presidente del Frente de Defensa

Ambiental de Cajamarca, estuvo diez aos en prisin por pertenecer al MRTA.Sin embargo, quienes movilizan a los grupos de campesinos y ronderos de todala zona de protestas, son los tres miembros del Comando Unitario de Lucha:Ydelso Hernndez, adscrito a Patria Roja; Milton Snchez, militante de Tierra yLibertad, y Edy Benavides, exmilitante del Partido Nacionalista.

articulados entre s maquiavlicamente, en tanto

que Marco Arana, dirigente de Tierra y Libertad,

haba estado algunos meses atrs en Espinar (ver

reporte de Servicio de Inteligencia en Caretas2235, ibdem). Asimismo, consideran que para

apaciguar a la poblacin recalcitrante, que sigue

ciega a los violentistas, se debe acudir a las Fuerzas

Armadas, motivo por el cual, contingentes de

soldados se asentaron en el Estadio Municipal de la

ciudad de Celendn y en la Penitenciara de

Bambamarca durante varios meses seguidos,

incluso a la fecha de la escritura de estas lneas los

de Celendn siguen all14. Estos soldados fueron

quienes precisamente tomaron las armas y

entraron a la ciudad el 3 de julio abriendo fuego

desde los techos, cerros y helicpteros. Por lo

tanto, no se trat en esa ocasin de un apoyo de

los soldados a los policas como lo sugiere en

14No hay informacin confirmada al respecto, pero diferentes noticias en lasredes sociales y en peridicos locales sostienen que se asentara una BaseMilitar en Celendn para el ao 2013.


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Decreto Legislativo N 1095 promulgado por Alan

Garca, an en vigor, que permite el uso de las

Fuerzas Armadas para el control de conflictos, sino

de una actuacin en paralelo que produjo, al finaldel da, numerosos heridos, viudas, hurfanos y

cuatro muertos15. Las Fuerzas Armadas, adems,

usaron y usan armamento de guerra para repeler

las protestas como consta de los casquillos que

fueron recogidos posteriormente tanto en

Bambamarca como en Celendn, algunos de FAL de

7 mm y otros de Galil de fabricacin israel de 5

mm16. Tambin se encontraron perdigones y balas

15En el prrafo 4 del Informe N 097-2012-DIRTEPOL_CAJ/CS-PNP-CEL-Sec sesostiene que luego de 40 minutos de enfrentamientos entre la PNP y losmanifestantes, durante los cuales los policas emplearon los medios de leypermitidos dentro del respeto y aplicacin del Manual de Derechos Humanos

de la Funcin Policial que consta de material lacrimgeno y varas de ley, sesolicit a las Fuerzas Armadas apoyo, los mismos que se encontraban a doscuadras de distancia en el Coliseo Cerrado. Sin embargo, de los testimoniosrecogidos por m durante la visita in sitoque realic el 14 y 15 de julio aCelendn y Bambamarca, junto con personal de Human Rights Watch, sedesprende que la participacin de las Fuerzas Armadas fue al mismo tiempoque la PNP (testimonios de Santos Huamn Solano, Josu Pastor Rodrguez,entre otros).16Personalmente tuve los casquillos en las manos luego de la visita in sitoel 14y 15 de julio de 2012 a Celendn y Bambamarca. Fotografas de los mismosfueron enviadas al periodista experto en cubrir conflictos armados, GustavoGorriti, quien asinti sobre el calibre y la procedencia.

de bajo calibre. Versiones de la poblacin sealan

que hubo francotiradores disparando a

determinadas personas desde diversos techos y

desde los helicpteros17

.

La teora de la conspiracin, es decir, de que son

tres o cuatro lderes quienes movilizan a las

mayoras de campesinos que los siguen, ha sido

alimentada por los reportes del Servicio de

Inteligencia, tanto del Estado como de las

empresas mineras, y organizada como narrativa

por la Oficina de Resolucin de Conflictos Sociales

que estuvo liderada por Vctor Caballero. Es as

que todos los conflictos, segn Caballero, estn

enlazados por sinuosas relaciones subterrneas

vinculadas a grupos violentistas, extremistas y

radicales. A su vez, algunos analistas oficiosos,

como Jaime Antezana, sostuvieron que los

campesinos y ronderos que participaban de las

17Ver nota 14.


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marchas Conga no va estaban financiados por el

narcotrfico18. Esta ltima acusacin fue motivo de

gran repudio e indignacin entre los campesinos,

ronderos, religiosas y religiosos que losacompaaban, as como de lderes ambientalistas,

que estuvieron pernoctando en la Iglesia de San

Francisco durante los 60 das que dur el paro en

Cajamarca, Celendn, Hualgayoc y Bambamarca,

pues frente a la precariedad de sus aparejos para

pasar esos das y la necesidad de colectas

permanentes para las ollas comunes, la afrenta de

que sean financiados por el narcotrfico fue

percibida como una injuria19 y como un factor

18En el programa La Hora N de Jaime de Althaus difundido el 10 de abril de2012 por Canal N, Jaime Antezana declar que haba una relacin directa entrelos narcotraficantes y los protestantes contra el Proyecto Conga (ver enYoutubehttp://www.youtube.com/watch?v=ZN50-TUXP_E). El diario ElCajacholo recoge as: En una entrevista con La Hora N, Antezana manifestque no cabe duda de que en las provincias de Celendn y Bambamarca epicentro de las protestas contra la inversin minera en Cajamarcalas mafias

de "narcoempresarios", por clculo y conveniencia propia, apoyandecididamente a los radicales contra Conga (Narcotrfico tambin financiaparo contra Conga, El Cajacho, 18 de junio de 2012).

19Noticias SER recogi testimonios de varios dirigentes ronderos como las del

dirigente de rondas rurales de la provincia de Chota, Demstenes Irigondijo

adicional contra la seguridad de los propios

protestantes frente a un Estado que ya no

combata a dirigentes sino a narcotraficantes. Esta

noticia tuvo una gran resonancia meditica enLima y entre los medios a favor del Proyecto

Conga.

Siguiendo la lgica del complot y del

financiamiento externo, es decir, la organizacin de

una protesta por intereses subalternos y no

legtimos, el premier Oscar Valds, Vctor Caballero

y el ministro del Interior, Wilber Calle Girn,

jugaron en pared (usando una cita del propio

presidente Humala) para construir no solo un

discurso paranoico, sino acciones concretas que

que no se puede hablar as de su provincia porque no hay pruebas de lo que seafirma. Seal que lo que est haciendo el socilogo Antezana es para favorecerlos intereses del proyecto Conga desprestigiando as a los pueblos que han

venido luchando.Arribasplata, Juan. Rondas Campesinas rechazanacusaciones de Jaime Antezana. En Noticias SER, 17 de agosto de 2012,

http://www.noticiasser.pe/17/08/2012/cajamarca/cajamarca-rondas-campesinas-rechazan-acusaciones-de-jaime-antezana(visitado el 25 dediciembre de 2012).
http://www.youtube.com/watch?v=ZN50-TUXP_Ehttp://www.youtube.com/watch?v=ZN50-TUXP_Ehttp://www.youtube.com/watch?v=ZN50-TUXP_Ehttp://www.noticiasser.pe/17/08/2012/cajamarca/cajamarca-rondas-campesinas-rechazan-acusaciones-de-jaime-antezanahttp://www.noticiasser.pe/17/08/2012/cajamarca/cajamarca-rondas-campesinas-rechazan-acusaciones-de-jaime-antezanahttp://www.noticiasser.pe/17/08/2012/cajamarca/cajamarca-rondas-campesinas-rechazan-acusaciones-de-jaime-antezanahttp://www.noticiasser.pe/17/08/2012/cajamarca/cajamarca-rondas-campesinas-rechazan-acusaciones-de-jaime-antezanahttp://www.noticiasser.pe/17/08/2012/cajamarca/cajamarca-rondas-campesinas-rechazan-acusaciones-de-jaime-antezanahttp://www.youtube.com/watch?v=ZN50-TUXP_E


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pusieron en riesgo la vida de las personas. Estas

acciones estn dirigidas a establecer relaciones

directas entre los conflictos sociales y posibles

grupos subversivos como el MRTA y tambin elMovadef20. Esta propuesta de vincular a los grupos

subversivos del conflicto armado con las protestas

por conflictos sociales ha sido tan disuasiva, que

incluso el padre Gastn Garatea, excomisionado de

la CVR y uno de los facilitadores del dilogo en

Conga nombrado por el Estado peruano, sostuvo

que haba una relacin entre los protestantes y

cierto sector de Pukallacta, cuando en realidad este

grupo nunca ha penetrado en Cajamarca ni

durante los aos 80 ni en la actualidad21.

Para justificar el vnculo entre dirigentes y

terroristas se encontraron municiones en la

20Movadef - Movimiento por la Amnista y los Derechos Fundamentales,organismo que apoya abiertamente una amnista a todos los violadores dederechos humanos y sentenciados por terrorismo como Abimael Guzmn.

21Revisar video entrevista de ATV enhttp://www.youtube.com/watch?v=PTe6-IBokYY.

camioneta del obispo de Sicuani, utilizada en el da

de la crisis del conflicto de Espinar con Xtrata

Tintaya para rescatar a un fiscal que se encontraba

intervenido por los pobladores, o el motivo deldescubrimiento de bombas molotov en el

aeropuerto de Cajamarca que deban ser

desactivadas por los policas de la Dinoes,

aunque casualmente ese era el da en que llegaba

el padre del Presidente de la Repblica, Isaac

Humala, a Cajamarca para apoyar la marcha

Conga no va. En otras palabras, y como lo

sostiene un pronunciamiento pblico del IDL22,

hubo un sembrado de pruebas incluso en la

camioneta de una institucin de la Iglesia Catlica

como la Vicara de Sicuani. Precisamente esa

institucin que, consecuentemente con los

principios de la doctrina social de la Iglesia, ha

22Pronunciamiento Sobre los recientes sucesos de Espinar y el cambio decompetencia para juzgar los casos de Cusco y Cajamarca. En Ideele, pgina web

oficialhttp://www.idl.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=274(visitado el10 de enero de 2013).
http://www.youtube.com/watch?v=PTe6-IBokYYhttp://www.youtube.com/watch?v=PTe6-IBokYYhttp://www.idl.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=274http://www.idl.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=274http://www.idl.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=274http://www.idl.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=274http://www.youtube.com/watch?v=PTe6-IBokYY


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trabajado desde hace aos por los derechos

humanos de las provincias altas del Cusco.

Tambin es importante sealar que el discurso dela Oficina de Conflictos Sociales, liderada por Vctor

Caballero, responda en su accionar a una serie de

entendimientos sobre conflicto que el propio

socilogo lo ha manifestado pblicamente.

Caballero, en un documento del Instituto del Per

de la Universidad San Martn de Porres, sostiene

que la esencia de un conflicto social son:

las disputas por un bien escaso,

material o inmaterial, pero que, en

esencia, tiene a la base una disputa de

poder, el mando o el prestigio, que las

personas pertenecientes a cualquier

grupo tratan, por todos los medios, de

incrementar su parte de los recursos

escasos, a expensas de los dems si es

necesario. El bien escaso es entendido

como el control de la toma de

decisiones (Caballero 2009).

La definicin no queda del todo clara, pero si sepercibe la centralidad sobre el tema control de

decisiones que, en los diversos casos de conflictos

sociales, en realidad estn centrados en el Estado y

su representante, el gobierno de turno.

Sin embargo, alentados por esta percepcin de lo

que son los conflictos sociales, los canales de

televisin, ciertos peridicos como el diario El

Comercio, la emisora Radio Programas del Per -

RPP y algunos oficiosos del gobierno y de la

llamada derecha bruta y achorada - DBA

coinciden en sostener que tanto en Espinar, como

en Puno, en Chumbivilcas y, por supuesto, en

Cajamarca, el lado oscuro de la fuerza se organiza

de manera soterrada. Es as que se sigue

percibiendo a indgenas o ronderos como


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subalternos proclives a ser manipulados o

convertidos en pasto de las maniobras de los

lderes polticos con agendas ocultas en pos del

bien escaso, esto es, la toma de decisiones. Deninguna manera se pensar que se trata de

reclamos embalsados porque el gobierno de

Ollanta Humala no cumpli con las promesas de

sus electores, sobre todo, frente a ese 78% en

Espinar que apost por la gran transformacin.

Esta situacin, a su vez, alimenta la animadversin

contra el presidente del Gobierno Regional de

Cajamarca, Gregorio Santos, por ser un militante

del partido poltico Patria Roja, as como contra

Oscar Mollohuanca, alcalde de Espinar y dirigente

de Tierra y Libertad.

Pero es preciso sealar ac que, contrario sensu a

este sentido comn inoculado en tndem por el

SIN y la ex Oficina de Conflictos y amplificado por

la caja de resonancia de los medios, es la poblacin

quien le pone la agenda a sus dirigentes avanzando

mucho ms all de lo que algunas veces ellos

quieren ir. En Cajamarca, por ejemplo, como se ha

mencionado supra, la movilizacin est dirigidapor el Comando Unitario de Lucha, pero quienes la

promueven y estimulan son los dirigentes

ronderos de Sorochuco, Huasmn, La Encaada,

Llaucn, Hualgayoc, Chugur, El Tambo, Llanguat,

entre otros, por rondas urbanas, asociaciones de

mercados, frentes de defensa ambiental,

federaciones de estudiantes de universidades

pblicas y privadas, gremios locales de la CGTP, la

CUT, colegios profesionales, dirigentes y

autoridades universitarias23, las diferentes iglesias

(catlica, evanglica), as como profesores del

Sutep de las trece provincias de Cajamarca.

23La Universidad Nacional de Cajamarca se ha pronunciado oficialmente encontra del Proyecto Minero Conga en un documento titulado Por qu la

Universidad Nacional de Cajamarca no quiere el Proyecto Conga?,http://www.unc.edu.pe/noticias-y-eventos/4-pronunciamiento(visitado el 13de enero de 2013).
http://www.unc.edu.pe/noticias-y-eventos/4-pronunciamientohttp://www.unc.edu.pe/noticias-y-eventos/4-pronunciamientohttp://www.unc.edu.pe/noticias-y-eventos/4-pronunciamiento


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La teora de la gran conspiracin y la

institucionalidad autoritaria estn tan imbricadas,

tan poderosamente amarradas, que forman un

nudo compacto cuyo componente aceitoso parapermitir el suave deslizamiento del nudo sobre los

cuellos de los criminalizados es el marco legal que

permite el uso de armas letales por la Polica

Nacional, el ingreso de las Fuerzas Armadas para

aplacar conflictos, el recojo de cadveres por los

propios miembros de la polica sin presencia de

fiscal, la creacin de puestos policiales dentro de

los campamentos mineros a travs de convenios

entre la PNP y las empresas extractivas24, y toda

24El 19 de abril de 2012, a travs de una carta, solicitamos desde laCoordinadora Nacional de Derechos Humanos al Ministerio del Interior una

copia del convenio entre la PNP y la Empresa Minera Antamina, localizada enAncash, debido a una serie de hechos violentos realizados en Chicta, zona deinfluencia del proyecto. La PNP nos remiti un documento titulado Conveniode Prestacin de Servicios extraordinarios y complementarios a la funcinpolicial firmado entre la Polica Nacional del Per y la Compaa MineraAntamina S.A., suscrito el 22 de junio de 2012 por el general Ral Salazar, departe de la PNP y por los gerentes de Antamina David Splett y Antonio PinillaCisneros. El convenio organiza los objetivos, prestaciones de ambas partes ymontos de pago de la empresa Antamina a los policas que, siempre en unmnimo de 20 efectivos, deben de detectar y neutralizar riesgos que atentencontra el personal, material, equipos e instalaciones de Antamina. Se exige un

espacio fsico para oficinas de la PNP dentro del campamento minero, as comohabitaciones y alimentacin, separadas entre la tropa y los oficiales. Los pagos

una suerte de flexibilizacin de las normas que

protegen la vida de los ciudadanos durante

conflictos sociales.

Csar Medina Aguilar, por ejemplo, fue asesinado

por un proyectil que vena dirigido desde una zona

alta (un techo, un helicptero) y que muy

probablemente estuvo percutado por un

francotirador del Ejrcito peruano (ver nota 16).

Los primeros comunicados de prensa del

Ministerio de Salud sostienen que el adolescente

haba muerto de golpe producido por un objeto

contundente25, probablemente con la intencin de

eludir la responsabilidad de las Fuerzas Armadas y

culpar a los propios manifestantes. Sin embargo,

segn el protocolo de autopsia N 032-2012

ascienden 0.53% de una Unidad Impositiva Tributaria - UIT para oficiales(aproximadamente S/.19.34 diarios) y 0.35% para suboficiales (S/.12.46diarios).25Segn investigacin del blog Hotel de pasodel periodista cajamarquino AlanEle en La Mula. Ver aquhttp://lamula.pe/2012/07/07/declaraciones-y-pruebas-sobre-la-muerte-cesar-medina-16-anos-en-celendin/AlanEle
http://lamula.pe/2012/07/07/declaraciones-y-pruebas-sobre-la-muerte-cesar-medina-16-anos-en-celendin/AlanElehttp://lamula.pe/2012/07/07/declaraciones-y-pruebas-sobre-la-muerte-cesar-medina-16-anos-en-celendin/AlanElehttp://lamula.pe/2012/07/07/declaraciones-y-pruebas-sobre-la-muerte-cesar-medina-16-anos-en-celendin/AlanElehttp://lamula.pe/2012/07/07/declaraciones-y-pruebas-sobre-la-muerte-cesar-medina-16-anos-en-celendin/AlanElehttp://lamula.pe/2012/07/07/declaraciones-y-pruebas-sobre-la-muerte-cesar-medina-16-anos-en-celendin/AlanElehttp://lamula.pe/2012/07/07/declaraciones-y-pruebas-sobre-la-muerte-cesar-medina-16-anos-en-celendin/AlanEle


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firmada por los doctores Carlos Enrique Salazar y

Luis Fernando Calua, el adolescente muri debido

a una bala cuyo orificio de entrada se sita en la

regin fronto-temporal derecha. El documentosostiene claramente que se encontr adentro del

crneo la presencia de proyectil deformado, color

dorado, aproximadamente de 2.5 cm ubicado en

lbulo temporal. Ms adelante agregan que

presenta caractersticas de responder a disparo

de larga distancia (ver anexo 2, Protocolo de

Autopsia). Esta informacin rotunda que se

consigna en un documento pblico contradice las

versiones de la prensa limea y de las autoridades

regionales que trataron de minimizar la muerte del

adolescente shilico exculpando a los agentes del

orden.

La pretensin de exculpar de responsabilidades a

los policas y soldados es comn para afrontar las

muertes o los heridos durante conflictos sociales

de este gobierno siguiendo las mismas estrategias

del gobierno anterior de Alan Garca: el Estado y

sus organismos adscritos a los diversos ministerios

salen ante la prensa para deslindarresponsabilidades de policas o militares, en lugar

de exigir una investigacin prolija y sancin para

los responsables. De inmediato, se criminaliza a los

muertos, vinculndolos con los violentistas as

sean personas que solo estuvieron caminando en

las cercanas de una movilizacin.

La lgica detrs de estas acciones est

estrechamente vinculada con la misma lgica de

permitir que las empresas extractivas tengan

puestos policiales dentro de sus campamentos a

travs de los convenios entre la Polica Nacional y

las diversas empresas mineras ya mencionados

(ver nota 23). Si bien en la nota nos referimos al

convenio suscrito entre la PNP y la Empresa

Minera Antamina S.A. convenio al cual la


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Coordinadora Nacional de Derechos Humanos tuvo

acceso, sabemos que existen contratos tanto

entre Xtrata Tintaya, Minera Yanacocha26y muchas

otras empresas. Estos convenios soninconstitucionales en tanto que privatizan el

accionar de las Fuerzas Policiales convirtindolas

en guachimanes de las empresas extractivas y

cercando a la poblacin en general que se

encontrar, siempre, en desventaja frente a la

empresa que contrata, paga, da alimentacin y

habitacin a los efectivos de la polica.

Frente a estos convenios, cabe preguntarse cul es

el rol del Estado en estos tiempos de megaminera

y polica privatizada sino el de seguir siendo

funcional, hiperflexible y promotor de una

propuesta de desarrollo que implica regresar a los

tiempos en que los pases latinoamericanos solo

26En una pgina oficial de la PNP se consigna un convenio entre la misma yMinera Yanacocha vigente durante el ao 2007http://www.pnp.gob.pe/direcciones/diroes/convenios.html(visitado el 13 deenero del 2013).

eran canteras de exportaciones tradicionales o

repblicas bananeras, totalmente complacientes

ante los capitales que puedan poner en

movimiento esa propuesta, y ajenos a los interesesno solo de una poblacin empobrecida de sus

recursos (agua) gracias a la minera, sino del

futuro de un pas que apuesta por la depredacin

en amplias zonas de abundante biodiversidad.

A su vez, estos convenios y el acercamiento entre

las diversas empresas extractivas, la polica y las

Fuerzas Armadas, y los discursos conspirativos

contra la poblacin que protesta, por otro lado,

configuran un primer momento de lo que se ha

denominado la criminalizacin de la protesta

social como una estrategia para permitir que la

labor de las empresas no tenga obstculos de

ningn tipo en aras del crecimiento del pas.
http://www.pnp.gob.pe/direcciones/diroes/convenios.htmlhttp://www.pnp.gob.pe/direcciones/diroes/convenios.htmlhttp://www.pnp.gob.pe/direcciones/diroes/convenios.html


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Pero por otro lado, tanto la lectura inadecuada de

la situacin como el planteamiento de estrategias

represivas estn enmarcados dentro de una

normativa flexible al creciente autoritarismo de lasFuerzas Policiales (ver artculo de Mirtha Vsquez

en este mismo libro) y la permisividad de ingreso

de las Fuerzas Armadas, con alto nivel de

armamento letal, para controlar los conflictos en

casos de crisis. Junto con esta flexibilizacin,

tenemos a los procuradores de los distintos

ministerios denunciando en las fiscalas

provinciales o provisionales a los dirigentes de las

protestas por los mismos hechos, contra las

mismas personas, pero presentadas en cuatro o

cinco distritos judiciales diferentes al mismo

tiempo, de tal suerte que en lugar de tener cuatro

denuncias contra un individuo por un motivo,

tenemos 16 denuncias contra esa misma persona.

Esto es, llanamente, un acoso judicial.

Estamos hablando entonces de un segundo

momentoen la criminalizacin de la protesta, es

decir, de una profundizacin y sofisticacin de la

persecucin contra lderes ambientalistas ydefensores de derechos humanos organizando

marcos legales que a la larga permiten la

impunidad de policas y soldados; pero sobre todo

creando argumentos discursivos para justificar la

violencia represiva cercanas a las mismas

explicaciones blandidas durante los aos ms

duros del conflicto armado interno peruano. Por

eso mismo, siguiendo esta lgica, una pregunta que

cae de madura sera la siguiente: despus de

veinte aos acaso no hemos aprendido, como

peruanos, que la peor estrategia para controlar los

brotes violentos es seguir usando la violencia

represiva?, existe algn vnculo entra la violencia

desatada durante el conflicto armado interno

peruano de la dcada del 80 y 90 y la violencia de


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los conflictos sociales?, existe un continuum

represivo?

NI OLVIDO NI PERDN

Ni el presidente Ollanta Humala ni ningn

miembro del Poder Ejecutivo pidieron perdn por

los muertos. Un da antes de los sucesos, Humala

declar en diversos medios que los manifestantes

tendran que atenerse a las consecuencias si es

que tomaban el campamento minero pues el

Gobierno haba tomado las protestas y las haba

convertido en propuestas, generando confianza y

priorizando el agua. Nosotros somos los primeros

defensores del agua27. Los protestantes ni siquiera

se acercaron al campamento minero, sin embargo,

se atuvieron a las consecuencias mortales. Junto

con estas declaraciones, apenas pas la detencin

27Humala advierte a los manifestantes anti-Conga, Diario El Trome, 2 de juliode 2012http://trome.pe/actualidad/1436247/noticia-humala-advierte-manifestantes-anti-conga(visitado el 13 de enero de 2013).

de Marco Arana, el general Ral Salazar sali a los

medios desde la misma Cajamarca a decir que no

habido la intencin dolosa de maltratarlo (), en

ningn momento, ese no es el propsito de laPolica Nacional (La Repblica, 5 de julio de 2012).

El mismo da de la detencin, el entonces Ministro

de Justicia, y ahora Premier, Juan Jimnez Mayor,

declar ante los medios que no hubo ninguna

orden del Poder Ejecutivo y que se trataba de una

decisin del Ministerio Pblico, aunque el Fiscal de

la Nacin tambin neg la orden (La Repblica, 4

de julio de 2012).

Ambas declaraciones confirman que no existe

voluntad poltica para investigar los excesos de la

PNP y de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, de

alguna manera nos acercamos a una poltica

premeditada de represin singular y, por cierto, no

a una serie de excesos casuales de los grupos de

policas y soldados. Esta situacin es muy parecida
http://trome.pe/actualidad/1436247/noticia-humala-advierte-manifestantes-anti-congahttp://trome.pe/actualidad/1436247/noticia-humala-advierte-manifestantes-anti-congahttp://trome.pe/actualidad/1436247/noticia-humala-advierte-manifestantes-anti-congahttp://trome.pe/actualidad/1436247/noticia-humala-advierte-manifestantes-anti-congahttp://trome.pe/actualidad/1436247/noticia-humala-advierte-manifestantes-anti-congahttp://trome.pe/actualidad/1436247/noticia-humala-advierte-manifestantes-anti-conga


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a la que el Informe Final de la CVR describe para

sealar la poltica de represin indiscriminada de

las Fuerzas Armadas durante el conflicto armado

en los lugares ms calientes del mismo, donde seasentaban las bases militares, y que por cierto no

estaba configurada por situaciones excepcionales

sino por directivas militares. Esta poltica

represiva que acta con fuego letal contra los

protestantes se ha acentuado desde que

sucedieron los hechos de Bagua en el ao 2009,

debido al temor que tienen los policas porque se

vuelva a repetir una situacin de indefensin de

los mismos, en tanto que en aquella ocasin

murieron 25 efectivos de la PNP en una situacin

an no esclarecida protagonizada por indgenas

awajn.

Hoy, a ms de seis meses de los hechos del 3 y 4 de

julio, prcticamente no se permite que las

denuncias de las viudas y familiares sean

procesadas por los fiscales en el mismo Celendn

sino en Chiclayo adonde se desplazan

precariamente debido a su falta de recursosy a

su vez se contina arremetiendo contra todos losdirigentes con el mismo mtodo de las denuncias

carrusel, es decir, diversas denuncias por los

mismos hechos, contra los mismos agentes,

presentadas en diversas jurisdicciones. Por otro

lado, a pesar de que la Corte Superior de Cajamarca

ha declarado infundada la apelacin contra el

hbeas corpus presentado para liberar a Marco

Arana, la situacin judicial del mismo sigue siendo

delicada en la medida que se acumulan las

denuncias en su contra por sedicin, rebelda,

delitos contra la autoridad e incluso por el nuevo

tipo penal de extorsin agravada y an no se

admite la denuncia en contra de los oficiales y

efectivos policiales que lo detuvieron

arbitrariamente y lo torturaron.


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Otro asunto fundamental es preguntarse por la

increble violencia que se desat esos dos das,

pero tambin los das anteriores durante el paro

regional en Cajamarca. Por ejemplo, en ms decinco ocasiones, los policas golpearon y botaron la

olla comn de la Plaza Bolognesi, donde se reunan

muchos campesinos, haciendo un uso excesivo de

la fuerza en los momentos ms pacficos de las

movilizaciones y generalmente contra las mujeres

que se encontraban cocinando. Botar la comida

comunitaria, adems, es una gran afrenta que no

tiene explicacin alguna excepto la prepotencia de

los uniformados. Lamentablemente no se trata de

un rapto de clera de un uniformado, sino de una

costumbre o, en todo caso, de una directiva,

puesto que este mismo hecho se ha repetido en

idnticas circunstancias en diversos espacios del

conflicto como Celendn y Bambamarca, adems de

la misma ciudad de Cajamarca.

A su vez, el 28 de julio de 2012, fue detenido y

golpeado el joven periodista de Celendn, Jorge

Chvez Ortiz, quien fue trasladado desde su ciudad

a Seguridad del Estado en la ciudad de Cajamarca,adems de confiscarle su material de trabajo. Las

razones de la detencin, como en otras ocasiones,

no son claras puesto que no hubo orden fiscal ni

delito infraganti.

Por otro lado, la manera como los policas y los

soldados se movilizan por la ciudad usualmente es

tapndose la cara, sacndose los gafetes para no

ser identificados, y en camionetas y carros de

Minera Yanacocha. Como lo hemos sealado,

algunos de ellos reciben un estipendio de S/.12.96

extra diarios por el convenio entre el Estado

peruano y la empresa para proteccin y seguridad

de la misma (ver nota 24). Los policas que estn

adentro del campamento de la empresa tienen

condiciones de alojamiento y alimentacin, pero la


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polica que no est dentro del campamento ni

dentro del convenio, tienen incluso que asumir los

costos de su alimentacin. Esta situacin logra

impacientar y crear mucha ansiedad entre lospolicas y tambin entre los soldados con quienes

no hay convenios28.

Das posteriores a las muertes, en un intento

absurdo por congraciarse con la poblacin, la PNP

asentada en Celendn llev a cabo una campaa

de servicio civil ofreciendo cortes de cabello

gratuitos a los pobladores, quienes se sintieron

profundamente indignados por ese ofrecimiento.

Es decir, en lugar de tratar de entender los

sentimientos, razonamientos y situacin de la

propia ciudad de Celendn y de una poblacin que

no se acostumbra a sentirse en rgimen

28En la visita in sitodel 14 y 15 de julio que realizamos a Celendn yBambamarca se nos present un video en el cual un grupo de ronderosamonestaban, delante de su superior, a varios soldados rasos muy jvenes, queal parecer haban seducido a varias adolescentes de Celendn. La convivenciaentre soldados, policas y poblacin durante todos los meses del conflicto noest exenta de tensiones, agresividades, pequeas venganzas y situaciones queahondan las brechas entre unos y otros.

militarizado, se pretende imponer un accionar

basado en una lgica militar que no se vincula para

nada con las necesidades especficas de la

poblacin. Esta situacin revela, por supuesto, laincreble distancia y falta de estrategias de

contacto de los propios policas asentados en la

ciudad. Aunque, como veremos, tambin revela las

lgicas autoritarias y los discursos

subalternizadores.

PORQUE SON PERROS

Para poder sacar adelante los diversos proyectos

de megaminera, que generan pocas posibilidades

de empleo de la poblacin local, los diversos pases

en Amrica Latina han tenido que imponer una

mirada del desarrollo que sea funcional a estas

propuestas, avasallando a los pobladores y lderes

sociales que optan por otras fuentes de ingresos

para el pas. Como lo sostiene Hctor Alimonta: A


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pesar de los prolijos catlogos de buenas prcticas

para la gobernanza ambiental y de las

prescripciones para la responsabilidad social

ambiental de las empresas, la resistenciageneralmente tiene como respuesta la

criminalizacin, la represin, los asesinatos por

encargo: en el siglo XXI latinoamericano, la disputa

por el control de los recursos, es un tema lgido de

derechos humanos (12). Sin duda, las empresas

extractivas no solo han utilizado estos mtodos,sino tambin la presin tributaria, los lobbysen los

ms altos niveles del Poder Ejecutivo y Legislativo,

la financiacin directa de campaas de

congresistas a travs de ONG para el

fortalecimiento de la gobernanza, as como la

compra de publicidad en medios de comunicacin

de la capital como de las provincias e incluso, la

compra de espacios mediticos concretos as

como la financiacin de periodistas y

comunicadores para penetrar con su discurso y

su slogan (Per pas minero). Pero tambin las

empresas, incluso la misma Newmont, han

utilizado mtodos ilegales como sobornos,

chantajes o presiones en los fueros judiciales alms alto nivel29.

Sin embargo, lo que ms preocupa es que, pagando,

alimentando y conviviendo con la Polica Nacional,

as como suministrndoles informes de

inteligencia privada sobre los lderes de lasprotestas, estn coadyuvando a solidificar un

discurso que niega la alteridad de los peruanos que

se oponen a los proyectos mineros. Eso es mucho

ms visible cuando, por diversos motivos, nos

enteramos que hay personal de la empresa

Yanacocha capaz de ser agresivos gratuitamente

en las calles de Cajamarca contra los lderes de las

29En el reportaje The curse of Inca Gold, realizado por el periodista LowellBergman de New York Times se puede ver como uno de los altos dirigentes deNewmont acepta que fue a conversar con Vladimiro Montesinos, el asesormafioso de Alberto Fujimori, para pedirle que interceda ante del Poder Judicialpor un litigio en contra de uno de los socios minoritarios de Minera Yanacocha.Verhttp://youtu.be/5OdJ9eRv_LY(visitado el 14 de enero de 2013).
http://youtu.be/5OdJ9eRv_LYhttp://youtu.be/5OdJ9eRv_LYhttp://youtu.be/5OdJ9eRv_LYhttp://youtu.be/5OdJ9eRv_LY


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protestas o sus asesores tcnicos30. Las redes

sociales estn plagadas de trolles que

permanentemente insultan, agreden y descalifican

sin argumentos cualquier informacin alternativasobre Conga y las protestas. Se sabe que como

parte del entrenamiento de los nuevos

trabajadores de la empresa se les exige

identificar a los enemigos de la minera azuzando

a sus propios trabajadores muchos de ellos

cajamarquinos o que viven en la ciudad deCajamarca en contra de lderes y participantes

de las diversas manifestaciones31. Todo esto al lado

de una nueva gerencia en Derechos Humanos de la

Minera Yanacocha que, al parecer, est interesada

en cumplir con los estndares internacionales y en

seguir los Principios Voluntarios de Seguridad y

Derechos Humanos de Naciones Unidas, olvidando

30Durante el mes de diciembre de 2012, tanto Marco Arana, como MirthaVsquez y Sergio Snchez, de Grufides, fueron reglados, agredidos, vulneradosen sus domicilios y fotografiados en las calles mientras eran insultados.31La fuente de esta informacin es un ex trabajador de Minera Yanacocha queha pedido no ser identificado.

que a travs de los convenios con la polica se

producen situaciones que llevan a una brecha ms

profunda entre los mismos cajamarquinos.

Esta situacin se condens durante los das del

estado de emergencia en Cajamarca. En un video32

que apenas dura 15 segundos, captado luego de la

brutal detencin de Marco Arana, una joven mujer

cajamarquina, indignada, se acerca a uno de los

policas del Grupo de Intervenciones Especiales-GIE y le pregunta, casi llorando y con voz

lastimera: Por qu nos tratan as?, por qu nos

tratan as? El polica voltea para espetarle la

siguiente frase: Porque son perros

conchatumadre.

Este insulto, lanzado en ese momento, contra una

mujer que solo implora por justicia a los que deben

defender la justicia y la democracia, como es la

32Se puede ver en YouTubehttp://youtu.be/V9IxOm3IrpU(visitado el 15 deenero de 2013).
http://youtu.be/V9IxOm3IrpUhttp://youtu.be/V9IxOm3IrpUhttp://youtu.be/V9IxOm3IrpUhttp://youtu.be/V9IxOm3IrpU


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Polica Nacional, es un insulto simblico contra la

alteridad radical de la nacin. Esa alteridad que

hoy en da est constituida por aquellos que se

oponen a mirar el crecimiento del Per con eloptimismo eglatra de los beneficiados por el

mismo y que plantean otras formas de desarrollo

basadas en un pas megadiverso. El asunto es que

no solo somos diversos en recursos biolgicos y

extractivos, sino tambin en recursos humanos.

Como sostiene Marco Arana: Junto a lamegadiversidad biolgica, hay que tratar de

comprender y entender la megadiversidad poltica

y social(p. 221).

Esa es la primera brecha que se interpreta de este

insulto: no hay posibilidad de entender que

existen, en la misma nacin, posiciones polticas

totalmente opuestas y que deben de convivir para

poder lograr llegar a lo que todos los tratados de

ciencias polticas y derecho siguen

conceptualizando como el bien comn. En el Per

el bien comn se impone segn la perspectiva de

quienes llevan la batuta del desarrollo, por eso no

funcionan las mesas de dilogo, porque sonpercibidas por los subalternos como estrategias

para desconflictivizar, sin interlocucin de la otra

parte. En ese sentido, el dilogo entre el Estado y

los subalternos es, como lo planteara Gayatri

Spivak, con voz de un solo lado pues desde la

subalternidad esa voz no se escucha, no se toma encuenta, no representa, es inaudible(Spivak 187 y

ss).

Este insulto lanzado de esa manera por el efectivo

de la Dinoes, nos retrotrae a los aos del conflicto

armado, en que policas y militares no entendan ni

queran entender a los hombres y mujeres que se

resistan tanto a Sendero Luminoso como a la

represin indiscriminada de las fuerzas del orden.

Lamentablemente, para poder entender estas


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lgicas debo echar mano de algunos conceptos que

pens solo eran marcos tericos para entender el

pasado del Per. Regreso pues a lo que, en un

trabajo anterior33

, plantee como basurizacinsimblica de la alteridad radical, es decir, a

considerar al sujeto de la otredad radical como un

desecho, alguien que debe de estar fuera del

sistema para que el sistema funcione.

Dentro de las coordenadas del filsofo italianoGiorgio Agamben, podramos decir que se trata de

considerar a los otros como a piojos, esto es, como

nuda vida. La dimensin en que el exterminio tuvo

lugar no es la religin ni el derecho, es la

biopoltica (p. 147). El polica, probablemente

costeo, en Cajamarca, aburrido y harto de su

situacin, separado de su familia, hastiado de

gastar de su bolsillo para rancho, viendo que sus

compaeros de la Dinoes son subsidiados por

33El Factor Asco. Basurizacin simblica y discursos autoritarios en el Percontemporneo.Lima, Red de Ciencias Sociales, 2007.

Yanacocha con pertrechos, comida y dinero en

efectivo, no puede contener el odio visceral y

profundo, el desprecio por aquel a quien debe de

servir, y lo dice con todas sus palabras: son perrosconchatumadre. El otro ser humano trastocado en

un animal. La relacin entre perros y piojos es de

matiz: el desprecio por el piojo al que se le mata

con las uas es menos aguerrido y violento que el

desprecio por el perro al que se debe de controlar,

dominar y amaestrar. Pero un perro del modocomo el polica lo menciona no es solo un perro: es

lo ms bajo en el escalafn de los seres vivientes,

es el que debe de regresar por la boca que vino al

mundo, por esa concha de la madre. En esa

expresin no solo hay desprecio, hay asco y temor,

pero sobre todo, odio.

En ese sentido, la polica, las Fuerzas Armadas y los

lderes del pas no han aprendido de los veinte

aos de guerra interna: de la creacin de una


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otredad radical y basurizada (el terruco), hemos

pasado al desprecio del campesino, del serrano, del

lder de las protestas, de la mujer que protesta, del

otro que difiere de nuestra manera de entender elmundo. El uso de estos discursos autoritarios sigue

teniendo un solo fin: considerar al otro como

desechable. Veinticuatro desechables murieron

en conflictos sociales durante el ao y medio de

gobierno de Ollanta Humala Tasso (2011-2012).

Lamentablemente este desconocimiento de lahumanidad del otro es lo que marca la represin

del conflicto. Una vez ms los discursos

autoritarios convierten al otro en desecho, en

homo sacer, en un cuerpo impregnado de

mandatos polticos como durante el conflicto

armado: someterlo o destruirlo implica salvar a la

nacin; permitir su extraccin del sistema supone

organizar a la democracia en su versin

militarizada y, en este caso concreto, en un Estado

minero-militar.

Obras citadas

Alimonta, Hctor. Presentacin. La NaturalezaColonizada. Ecologa poltica y minera en Amrica

Latina. CLACSO-CICCUS, Buenos Aires, 2011.

Agamben, Giorgio. Lo que queda de Auschwitz. Elarchivo y el testigo. Homo Sacer III. Valencia,Pretextos, 2000.

Arana, Marco. Minera y territorio en el Per.Conflictos, resistencias y propuestas en tiempos deglobalizacin. En: Alimonta, Hctor. La NaturalezaColonizada. Ecologa poltica y minera en Amrica

Latina. CLACSO-CICCUS, Buenos Aires, 2011.

Caballero, Vctor. El rayo que no cesa. Conflicto y

conflictividad social en el 2009. Instituto del Per,Universidad San Martn de Porres, PPT.

http://www.institutodelperu.org.pe/descargas/Eventos/Conferencias/2009_07_09_telecomunicaciones/el_rayo_que_no_cesa_-_exposicion_instituto_per.pdf (visitado el 27 dediciembre de 2012).

Center for Social Responsability in Mining,University of Queensland, Australia - CCPM
http://www.institutodelperu.org.pe/descargas/Eventos/Conferencias/2009_07_09_telecomunicaciones/el_rayo_que_no_cesa_-_exposicion_instituto_per.pdfhttp://www.institutodelperu.org.pe/descargas/Eventos/Conferencias/2009_07_09_telecomunicaciones/el_rayo_que_no_cesa_-_exposicion_instituto_per.pdfhttp://www.institutodelperu.org.pe/descargas/Eventos/Conferencias/2009_07_09_telecomunicaciones/el_rayo_que_no_cesa_-_exposicion_instituto_per.pdfhttp://www.institutodelperu.org.pe/descargas/Eventos/Conferencias/2009_07_09_telecomunicaciones/el_rayo_que_no_cesa_-_exposicion_instituto_per.pdfhttp://www.institutodelperu.org.pe/descargas/Eventos/Conferencias/2009_07_09_telecomunicaciones/el_rayo_que_no_cesa_-_exposicion_instituto_per.pdfhttp://www.institutodelperu.org.pe/descargas/Eventos/Conferencias/2009_07_09_telecomunicaciones/el_rayo_que_no_cesa_-_exposicion_instituto_per.pdfhttp://www.institutodelperu.org.pe/descargas/Eventos/Conferencias/2009_07_09_telecomunicaciones/el_rayo_que_no_cesa_-_exposicion_instituto_per.pdfhttp://www.institutodelperu.org.pe/descargas/Eventos/Conferencias/2009_07_09_telecomunicaciones/el_rayo_que_no_cesa_-_exposicion_instituto_per.pdfhttp://www.institutodelperu.org.pe/descargas/Eventos/Conferencias/2009_07_09_telecomunicaciones/el_rayo_que_no_cesa_-_exposicion_instituto_per.pdf


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GrupoConsultor. Escuchando a la ciudad deCajamarca: un estudio solicitado por MineraYanacocha, versin borrador, noviembre 2012.

Silva Santisteban, Roco. El Factor Asco.

Basurizacin simblica y discursos autoritarios en elPer contemporneo.Lima, Red de CienciasSociales, 2007.

Spivak, Gayatri. Puede el subalterno hablar?Orbis Tertius. N.32, Vol. II. 1999 (187-235)


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Anexo 1

Balance de violaciones de derechos

humanos y prdidas en conflicto por

Proyecto Minero Conga

Cinco personas fallecidas (cuatro en Celendn y una en

Bambamarca), todos por impacto de bala de FAL o GALIL

de origen israel.

21 personas heridas de bala en Bambamarca.

54 personas heridas de bala, perdigones y bombas

lacrimgenas en Celendn.

203 personas denunciadas por diversos delitos

(obstruccin de vas de trnsito, disturbios y extorsin

agravada con penas de 25 aos de prisin).

Las denuncias son por los mismos delitos, contra las

mismas personas en diferentes distritos judiciales (se

repiten).

Tres declaraciones de Estado de Emergencia en

Cajamarca, Bambamarca y Hualgayoc.

Dos gabinetes destituidos por incapacidad para resolver

el conflicto social (el primero dirigido por Salomn

Lerner Ghitis y el segundo por Oscar Valds Dancuart).

Ms de 30 das de prdidas de clases escolares.

Ms de cinco millones de soles en prdidas econmicas.

Se han movilizado en los ltimos 35 das del conflicto

aproximadamente 3 mil personas diarias que rotaban de

tres provincias cada tres das, a la semana las personas

encargadas de la olla comn preparaban dos milraciones diarias).


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Anexo 2

Protocolo de Autopsia del menor Csar Medina Aguilar.


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Porque Son Perros

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