Por una ley en defensa de los inquilinos

Por Andrea Rodríguez

Desde PATRIA GRANDE, junto con el Movimiento Popular La Dignidad y el Movimiento de Trabajadores Excluidos, formamos parte y promovemos la Red de Inquilinos en la Ciudad de Buenos Aires. Consideramos que la única forma de conquistar y ejercer el derecho a una vivienda digna es encontrándonos con otros para dar la pelea en conjunto.

La vivienda como negocio

El acceso a una vivienda digna es uno de los derechos más apremiantes para millones de personas en todo el país. La Ciudad de Buenos Aires no es una excepción, sino más bien todo lo contrario. Las reglas son impuestas por el mercado inmobiliario, quien determina cuánto, cómo, dónde, para quién y para qué se construye. El llamado “boom inmobiliario” es resultado de esta situación, por la cual cada vez hay más construcciones lujosas -que no son utilizadas por nadie para vivir- y una creciente masa de ciudadanos de los sectores populares son expulsados de la ciudad.

Los beneficiados en este negocio son las grandes constructoras, los pulpos inmobiliarios y los especuladores financieros que promocionan el “ahorro en ladrillo”, en un marco de total falta de regulación por parte del Estado, no por incapacidad o falta de interés del gobierno local en intervenir sobre estos asuntos, sino porque tiene sus intereses puestos en función del lucro de las grandes empresas. Un ejemplo de ello es el reciente desalojo que se realizó en forma violenta en el Barrio Papa Francisco en Villa Lugano (ver aparte).

Si tuviésemos que resumir la gestión macrista de vivienda en 3 fotos, sin dudas estas serían: la sucesiva venta de terrenos fiscales a grandes empresas constructoras; el aumento de desalojos (se calcula que hay unas 4 mil familias desalojadas por año en CABA) y la falta de políticas públicas orientadas a garantizar el acceso a la vivienda, expresado sin ir más lejos tanto en el constante vaciamiento y parálisis del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), como en el pobrísimo alcance del plan “Primera casa BA”, que hasta hoy solo ha dado respuesta a aproximadamente 500 de los más de 200 mil solicitantes.

El fenómeno de los alquileres

El conflicto evidente radica en que mientras existe una política de expulsión de los sectores populares de la ciudad, la actividad laboral demanda diariamente la mano de obra de millones de personas. Por una cuestión de practicidad, y ante un pésimo y costoso transporte público, residir en la Ciudad se vuelve una necesidad. Sin embargo, como acceder a una vivienda propia es casi

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imposible, tanto para los sectores más populares como para los sectores medios, la forma de resolver esta contradicción en la mayoría de los casos es alquilar.

Es así que la proporción de inquilinos en la Ciudad ha crecido en los últimos diez años un 40%. Este crecimiento afecta a una amplia franja de la población, desde los sectores más populares hasta los estratos medios, y no es porque existan mejores condiciones para alquilar, sino todo lo contrario.

Dentro del mercado formal los abusos por parte de las inmobiliarias hacia quienes desean alquilar son moneda corriente. Desde los valores altísimos de los inmuebles, pasando por las exigencias de contar con un importante monto inicial para cubrir el importe del depósito, el adelanto y la comisión inmobiliaria, hasta los requisitos excluyentes totalmente arbitrarios, como el pedido de una y hasta dos garantías de Capital, recibos de sueldo, y otros, que hacen que alquilar sea un verdadero padecimiento, y que cientos de miles de personas queden por fuera de este mercado, dando lugar al circuito informal.

El mercado informal comprende el alquiler en pensiones, inquilinatos, “hoteles de pasajeros”, “hoteles familiares”, conventillos, etc. El valor del alquiler en estos casos no es necesariamente menor. Se trata de un negocio que también resulta altamente redituable, y está enfocado a la clase trabajadora que puede pagar por su vivienda, pero que no cumple con los requisitos detallados previamente para ingresar al mercado oficial.

Esta situación de informalidad representa un nivel de vulnerabilidad mucho mayor, ya que cuenta con menos herramientas a la hora de defenderse de los recurrentes abusos: desalojos sin previo aviso, aumentos que no son preestablecidos, ausencia de constancias de pago, hacinamiento, condiciones injustas para las familias con niños pequeños, etc.

Es importante tener en cuenta que este fenómeno no se da necesariamente por la falta de un marco legislativo, sino por una falta de voluntad política. En Argentina, los contratos de alquiler son regulados por la Ley de Locaciones Urbanas (Ley 23.091) que fue sancionada en 1984. Esta Ley contiene dos partes. En la primera se encuentran aquellas disposiciones generales que todos conocemos: duración del contrato por dos años, pagos mensuales, aumentos preestablecidos por contrato, obligación de hacer una intimación de pago previo a un desalojo por morosidad, etc. La segunda parte es mucho más progresiva ya que define a la vivienda desde un enfoque social, dispone expresamente la creación de un sistema con medidas de promoción para locaciones destinadas a la residencia, incluye la posibilidad de beneficios impositivos, y es mucho más amplia en relación a los derechos de los inquilinos. Sin embargo, esta segunda parte de la Ley nunca fue reglamentada ni implementada.

En lo que refiere al mercado informal, reconoce la existencia de contratos “verbales”, a los que denomina “locaciones encubiertas”, y deja en claro expresamente que los inquilinos deben tener los mismos derechos que si tuvieran un contrato regular. En la actualidad, sean formales o

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informales, no existen organismos específicos a los cuales los inquilinos puedan recurrir frente a los abusos.

Cuatro propuestas en defensa de los inquilinos

La Red de Inquilinos es un espacio conformado por inquilinos e inquilinas de la Ciudad de Buenos Aires. Es una Red de contención y asesoramiento, donde se trabaja con un grupo de abogados, que brindan orientación legal y técnica de manera gratuita. El objetivo es organizarnos para frenar los abusos de quienes lucran con nuestras necesidades.

Al mismo tiempo, estamos impulsando una campaña por una Ley en Defensa de los Inquilinos, que tiene como objetivo instalar la necesidad de que existan y se implementen políticas públicas orientadas a garantizar el acceso a la vivienda.

Para ello proponemos:

1. Regulación de precios y condiciones de los alquileres. A través de la fijación de precios máximos, creación de un fondo de garantías, extensión de la duración de los contratos y la limitación del monto de depósito y comisiones a inmobiliarias.2. Impuesto a la Vivienda Ociosa. Aplicable a las viviendas deshabitadas, objeto del “ahorro en ladrillos”. Con este tributo se busca ampliar la oferta, y conformar un fondo para garantías y construcción de viviendas sociales.3. Creación de la Defensoría de los Inquilinos. Para la promoción, asesoramiento y defensa de los derechos de los locatarios de inmuebles destinados a vivienda.4. Creación del Ministerio de la Vivienda. Con el fin de concentrar tareas para: urbanizar las villas, a través de la construcción de viviendas sociales y provisión de servicios básicos; entregar títulos de propiedad con cláusula de no venta/alquiler; recaudar y administrar los fondos provenientes del Impuesto a la vivienda Ociosa; regular los valores y condiciones de alquiler.

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