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VI Jornadas de Historia de la Industria y los Servicios Buenos Aires, 2 al 4 de agosto de 2017

Políticas tecnológicas y democracia. Análisis de las políticas

de informática durante el gobierno de Alfonsín (1984-1989).

Autores:

Gastón Blasquiz, Centro de Estudios en Ciencia, Tecnología, Cultura y Desarrollo

(CITECDE) de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), Becario del Consejo

Interuniversitario Nacional (CIN). Mail: gablanda@unrn.edu.ar

Diego Aguiar, Centro de Estudios en Ciencia, Tecnología, Cultura y Desarrollo

(CITECDE) de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), Investigador Ajunto del

CONICET; Profesor Asociado Regular de la UNRN. Mail: daguiar.arg@gmail.com

Eje: Políticas tecnológicas e innovación en la empresa.

Resumen

Este trabajo se propone analizar los procesos sociales de concepción, negociación y

construcción de consenso en el que participaron diversos actores y que resultó en la

elaboración de las políticas aplicadas al campo de la informática en Argentina durante

segunda mitad de la década de 1980. Políticas llevadas adelante durante el gobierno de

Alfonsín (Unión Cívica Radical) con el objetivo de fomentar el desarrollo del Complejo

Informático-Electrónico. El abordaje teórico incluye categorías del análisis de políticas

públicas y de las políticas de ciencia y tecnología en particular. El caso se abordó a partir del

análisis de documentos oficiales. Se trata, en consecuencia, de una investigación orientada a

reflexionar críticamente sobre la conformación de las políticas de informática en Argentina.

1. Introducción

Basado en un amplio consenso sobre la importancia que reviste la ciencia y la

tecnología para el desarrollo tanto social como económico de una sociedad es que el

análisis en particular de la informática en una sociedad y de las políticas para promoverla

toma vital importancia. En esa tónica es que diversos autores afirman que el esfuerzo que

los países dedicaban a las actividades de investigación e innovación y una fuerte capacidad

de innovación tecnológica se reconocen como elementos que condicionan el crecimiento

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económico. Asimismo, la teoría económica parece confirmar que los esfuerzos en I+D y

en tecnología son determinantes de los niveles de competitivas de las economías (Nelson y

Romer, 1996).

En este sentido, la comprensión sobre las políticas, instrumentos e instituciones

que impulsan el crecimiento de la informática en Argentina es fundamental.

En el periodo comprendido entre 1984-1989 la informática vivió un proceso de

transformación clave para su desarrollo durante el gobierno de Raúl Alfonsín y con Carlos

María Correa a cargo de la Subsecretaría de Informática y Desarrollo, que fuera rediseñada

en 1984.

Para comenzar a realizar este análisis, es importante reconocer los actores que

participaron tanto de la creación como en la evolución de las políticas públicas llevadas

adelante en el periodo comprendido entre 1984-1989. Entre los actores participantes se

incluyen organismos gubernamentales (que se reconocen como los actores dominantes en

la creación de las mismas), instituciones (tanto nacionales como extranjeras) no

gubernamentales vinculadas a la informática, empresas vinculadas al campo de la

informática (tanto nacionales como extranjeras), organismos internacionales de

cooperación para el desarrollo de la informática que tuvieron influencia en Argentina y la

comunidad científica.

Para cumplir con este objetivo resulta imprescindible analizar los cambios tanto

políticos, sociales, económicos, institucionales y tecnológicos que favorecieron o

perjudicaron el proceso de consolidación y avance de la informática durante la segunda

parte de la década de 1980.

Para el análisis de las políticas públicas de informática se conformó un abordaje

teórico-metodológico. Si bien la política pública puede entenderse como un proceso lineal y

secuencial en términos analíticos, en la realidad aparece como un accionar dinámico sujeto

a acciones y reacciones, a consensos y conflictos entre los diversos actores que intervienen

(Martínez Nogueira, 1997). Las principales técnicas de recolección de información fueron

la entrevista semi-estructurada y el análisis de documentos.

Las preguntas de investigación que motivan este trabajo son: ¿Cuáles fueron los

fundamentos teóricos que sustentaron las políticas de informática? ¿Qué actores

participaron en la formulación de esas políticas? ¿Cuáles fueron los objetivos planteados y

los instrumentos de política pública utilizados? ¿Cuáles fueron los factores que

condicionaron el éxito de este proyecto?

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En el segundo apartado se presenta el abordaje teórico desde el cual se efectúa el

análisis de las políticas públicas de informática en Argentina entre 1984-1989. En el tercer

apartado se presenta una breve reseña histórica de la historia de la informática en

Argentina. En la cuarta sección se aplica el marco teórico planteado para la analizar el

proceso de formulación de las políticas de informática en el periodo estudiando.

Finalmente, en el quinto apartado se presentan las primeras reflexiones sobre el análisis del

caso.

2. Abordaje teórico.

Dado que el objetivo principal de este trabajo es el análisis de la política de

informática en Argentina es necesario presentar el marco de análisis de los procesos de las

políticas públicas que se ha utilizado.

Cabe destacar que no existe una definición única del concepto de política pública.

Las diversas interpretaciones existentes dependen, en gran medida, de los distintos

abordajes analíticos que se lleven adelante (Zeller, 2000).

La definición proveniente del enfoque conocido como “policy analysis”, entiende a

las políticas públicas como acción o inacción por parte de un gobierno ante un problema.

Gerston (1997) coincide con autores clásicos como Dye (1976), Bachrach y Baratz (1963) y

Guerrero (1993) en definir a la política pública como el “curso de acción” escogido por

aquellas autoridades que ostentan el poder público, sin embargo, resalta la participación de

múltiples actores en su gestación.

El análisis de los procesos de dichas políticas se puede definir, en una primera

aproximación, como: la investigación sistemática sobre las actuaciones de los gobiernos, sus

motivos y las consecuencias que derivan de ellos (Dye, 2010).

Por su parte, al intentar comprender las etapas que conforman el proceso o el ciclo

de acción de las políticas públicas se retoma el planteo realizado por Roth Deubel (2006)

que identifica cinco etapas o momentos principales: definición del problema o la cuestión,

conformación de agendas, formulación, implementación y evaluación.

Este trabajo se concentrará en las etapas iniciales, en particular la de formulación.

Dicha etapa se entiende como la traducción de los problemas o cuestiones que lograron

imponerse en la agenda en acciones concretas. Según Roth Deubel (2006) los modelos

analíticos que permiten comprender los procesos de formulación de políticas públicas

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pueden distinguirse entre aquellos que destacan el rol de los actores sociales (society centered),

aquellos que por el contrario ponen el énfasis en el aparato burocrático estatal (state centered),

y finalmente, aquellos que buscan un punto intermedio entre estas dos posturas.

Si bien la división de la política pública en distintos momentos es utilizada como

una herramienta teórico-metodológica útil para comprender las distintas tareas y acciones

que se llevan adelante en toda política pública, no debe ser entendida de manera lineal y

estática. Muy por el contrario, cada uno de estos momentos implica una fuerte relación con

el resto y los mismos permaneces abiertos mientras las cuestiones que enmarcan y dan vida

a toda política sigan en el seno del debate político (Oszlak & Donnell, 1995).

En particular, las políticas públicas de ciencia y tecnología (CyT) son definidas

como “medidas colectivas tomadas por un gobierno, con el propósito de, por un lado,

impulsar el desarrollo de la investigación científica y tecnológica, y por el otro, emplear los

resultados de estas investigaciones para alcanzar objetivos específicos” (Salomon, 1977,

págs. 45-46).

Un aspecto importante que no puede dejarse de lado al momento del análisis de la

construcción de las políticas públicas de CyT es la dimensión política que ésta adopta

(Oteiza, 1996). En esta misma línea es que Elzinga y Jamison (1995) caracterizan a los

diferentes actores influyentes en la construcción de dichas políticas al identificar las

distintas culturas políticas. Dentro de los distintos tipos de culturas reconocidas se

encuentra la cultura académica, o científica, compuesta por los mismos científicos y

comprometida con sus intereses corporativos (fomento de la ciencia por la ciencia misma,

basado en la autonomía, integridad y objetividad). Otro tipo, la cultura burocrática

independiente, se basa en la estructura institucional del Estado y su poder de

financiamiento. Se preocupa por la administración eficiente de los recursos volcados a la

ciencia, y por desarrollar una ciencia que tenga un uso social, económico, político o militar.

Existe, también, una cultura relacionada principalmente con el sector empresarial,

reconocida como la cultura lucrativa, que busca en la ciencia y en los desarrollos

tecnológicos una maximización de las ganancias empresariales. Por último, se reconoce una

última cultura, la cultura cívica, integrada por movimientos populares que se enfocan

principalmente en las consecuencias que el desarrollo científico-tecnológico puede tener

sobre algunos aspectos particulares, como por ejemplo, el medio ambiente (Beck,

1998)(Bauer, 1997).

Un aspecto importante a analizar cuando se habla de políticas públicas de CTI es el

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papel que desempeñan los imaginarios y las expectativas. Los imaginarios socio-técnicos

codifican las versiones de una “buena sociedad (cualquiera que sea) en las redes socio-

técnicas y son fundamentales para movilizar recursos y fomentar una coordinación

orientada al futuro (Jasanoff, 2009). En particular, las promesas tecno-científicas son vistas

como conjuntos estabilizados de reglas y rutinas formales e informales, asociados a un

orden histórico generado por los conflictos entre elementos heterogéneos y antagónicos

que caracterizan el dominio económico y jurídico (Gaudilliére & Joly, 2009). A su vez, se

relacionan con la inversión y la movilización, la circulación y la acumulación de recursos.

Las promesas como tales, adquieren mucho más valor cuando la innovación o el cambio

tecnológico que proponen requieren de enormes cantidades de recursos para financiarse.

La movilización de recursos requiere, entonces, de que grandes públicos, con características

heterogéneas sean convencidos, de discursos y narraciones que enmarcan la tecnología y

definen tanto el buen futuro que trae, como así también, los futuros adversos que ayuda a

evitar (Joly, 2010).

Otro aspecto a destacar refiere a los paradigmas de incentivo a la CyT,

particularmente al concepto de Sistema Nacional de Innovación (SNI), circunscripto

dentro del enfoque sistémico. El concepto de SNI (Freeman, 1987); (Lundvall, 2009);

(Nelson, 1993) da cuenta de una red de actores, densa y compleja, dentro de un entorno

sistémico propiciado por el Estado que desemboca en una relación virtuosa entre la

investigación y la producción, la innovación en las firmas y el aumento de la competitividad

de los países (Dagnino, Brandao, & Novaes, 2004). El enfoque de SNI busca direccionar el

diseño, la articulación y gestión de políticas públicas a la elaboración de un contexto

institucional que favorezca la interrelación entre los esfuerzos de investigación y

producción de una economía (Lundvall, 2009).

En síntesis, el abordaje teórico utilizado en este trabajo integra los conceptos de

análisis de políticas públicas (Dye, 2010; Roth Deubel, 2006; Oszlak & Donnell, 1995)

políticas de CyT (Salomon, 1977; Oteiza, 1996; Elzinga & Jamison, 1995); los imaginarios

socio-técnicos (Jasanoff, 2009; Gaudilliére & Joly, 2009; Joly, 2010) y el Sistema Nacional

de Innovación como paradigma de incentivo a la ciencia y tecnología (Freeman, 1987;

Lundvall, 2009; Nelson, 1993; Dagnino, Brandao, & Novaes, 2004).

3. Breve reseña histórica de la historia de la informática en Argentina

La historia de la informática y de la ciencia argentina en su conjunto, se vio

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condicionada por los acontecimientos socio-políticos que marcaron la historia de la

Argentina y el consecuente daño que provocaron en su incipiente desarrollo (Jacovkis,

2004).

Para comenzar, vale destacar que el periodo conocido como “la era computacional”

se comienza a desarrollar en el mundo a mediados de la década de 1940. En Argentina, sin

embargo, sus orígenes son un tema en discusión.

Autores como Fontdevila, Duca y Cao (2007) y Aguirre (2009) consideran que el

origen de la informática en Argentina se remonta al gobierno de Juan Domingo Perón que,

por medio de la política de sustitución de importaciones, generó las condiciones necesarias

para el desarrollo de las ramas de la ciencia que pudiesen vincularse al desarrollo industrial,

como es el caso de la informática. Por otra parte, autores como Babini (2003) y Jacovkis

(2004) consideran que la informática nace en Argentina luego de la caída de Perón, ya que

la decisión política del gobierno peronista de ubicar al Estado como el ente decisor de las

políticas científicas-tecnológicas limitó la libertad de la comunidad científica y generó un

retraso en la creación de conocimientos teóricos. A su vez, la restricción de las

importaciones generaba limitaciones en el ingreso de tecnología de punta.

Consumada la caída de Perón por la autodenominada “Revolución Libertadora”, y

el posterior restablecimiento democrático que se manifestó en la asunción de Arturo

Frondizi en 1958, comienza una etapa de crecimiento de la informática conocida como la

“década de oro” (Hurtado, 2010).

Este crecimiento se asentó sobre tres pilares fundamentales: la creación y el

fortalecimiento del Instituto de Cálculo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

(FCEyN) de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA); la adquisición de la primer

computadora (1960), una Mercury Ferranti, conocida como Clementina; y la creación de la

carrera de Computador Científico (1963), que fue la primera carrera de informática del país

y de América Latina (Hurtado, 2010).

En esta misma etapa es que la Facultad de Ingeniería de la UBA decidió desarrollar

su propia computadora llamada CEFIBA, con Humberto Ciancagliani como responsable

del proyecto y la Universidad Nacional del Sur, inició con el proyecto CEUNS, a cargo de

Jorge Santos.

Todo este proceso de fuerte impulso y desarrollo de la informática en Argentina se

vio nuevamente afectado por el contexto político y social que atravesó el país con el

derrocamiento de Frondizi (1962), la llegada de José María Guido, las elecciones de 1963, la

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asunción de Illia, y su posterior derrocamiento (1966), y la instauración de Juan Carlos

Onganía como presidente de facto. El gobierno de Onganía toma la decisión de intervenir

las universidades en lo que se conoció como “La Noche de los Bastones Largos”. Este

acontecimiento fue considerado por diversos autores Carnota y Pérez (2009), Aguirre

(2009) y Jacovkis (2004) como un punto de inflexión para el desarrollo académico del país.

Las masivas renuncias acaecidas en las diferentes universidades del país, incluido el

Instituto de Cálculo devastaron el sistema académico argentino.

Como afirma Hurtado (2010), “La llegada de Onganía al poder ocasionó pérdidas

irreparables, llevando al borde de la extinción lo que había sido un ciclo promisorio de la

historia de la computación argentina”.

Durante el interregno democrático justicialista (1973-1976) se retomó una política

de fomento a la industria nacional. Es en este contexto que surgieron varios proyectos

industriales para la construcción de equipamiento informático: la empresa FATE

Electrónica desarrolló y fabricó calculadoras electrónicas, las Cifra; pequeñas

computadoras, Cifra Sistema, y diseñó una avanzada computadora de porte medio, Serie

Mil.

Con el golpe de Estado de 1976, la Junta Militar integrada por Jorge Rafael Videla,

Emilio Eduardo Massera y Orlado Ramón Agosti, designó al General Videla como

presidente de la Nación (Rapoport, 2000).

Las medidas adoptadas por el gobierno de facto perjudicaron fuertemente el

desarrollo industrial y con ello también el de la informática. Esto generó que el sistema

académico entrara en una zona de letargo que duraría hasta el final del régimen, salvo en

sectores relacionados con la industria bélica que incluso crecieron durante esta etapa

(Aguirre, 2009).

Por otra parte, la política monetaria afectó la competitividad del sector industrial y

permitió el ingreso de productos importados. Obviamente, esto generó una gran retracción

en cuanto al crecimiento del sector industrial argentino, pero facilitó el ingreso de equipos

de computación (Aguirre, 2009).

4. Políticas de informática en el Gobierno de Alfonsín.

Con el retorno a la democracia, en 1983, se dio por finalizada una de las etapas más

represivas y violentas que vivió la historia argentina, y con ello se volvió a intentar generar

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las condiciones necesarias para promover el desarrollo científico, tecnológico e industrial

que le permitiese al país disminuir la brecha tecnológica y conseguir una mayor

independencia y bienestar (Aguirre, 2009 y Hurtado, 2010).

El nuevo gobierno, a cargo de Ricardo Alfonsín, eliminó las características más

negativas de la política de ciencia y tecnología aplicada por el gobierno militar al suprimir

las instancias de control ideológico y político, brindándole mayor autonomía a los

investigadores y a las instituciones académicas en general (Oteiza & Azpiazu, 1992).

En palabras de Sadosky: “Sosteníamos que la universidad desquiciada desde 1966

debía volver a ser la institución creadora de cultura… Pensábamos que la educación tiene

una importancia decisiva. El legado más preciado que una generación puede dejar a la

siguiente es un sistema educacional que permita formar hombres completos, capaces no

sólo de aprender y adquirir pericias, sino también de integrar una sociedad con espíritu

solidario y cooperativo” (Sadosky, 1989, pag. 14).

Autores como Jacovkis (2004) y Smukler (2012) identifican a este año (1983) como

un punto de inflexión para el desarrollo de la informática en Argentina, principalmente por

el hecho de que fue la primera vez en que se establecieron los lineamientos de una política

para ese sector.

Los fundamentos de estos lineamientos provienen del grupo de intelectuales que

formaba parte de los equipos técnicos del nuevo gobierno y que aspiraban a promover el

desarrollo nacional desde una perspectiva conocida como “Tercera Revolución Industrial

(3RI)”. Esta concepción surge durante la década de 1970 como un nuevo paradigma

económico que enfocaba el interés de la economía en el desarrollo de la CyT,

especialmente en la informática y electrónica, la biotecnología y los nuevos materiales,

donde los motores de este desarrollo serían un conjunto de políticas públicas orientadas a

modificar la matriz productiva nacional basada, hasta ese momento, en el sector primario y

en la explotación de los recursos naturales y consolidar el desarrollo de la ciencia y la

tecnología (Aguirre, 2004; Aguirre & Carnota, 2009).

Las propuestas para el área de ciencia y tecnología del gobierno de Alfonsín fueron

fruto de diversos debates ocurridos en el Centro de Participación Política de la Unión

Cívica Radical dirigido por Jorge Roulet durante 1982 y 1983. En octubre de 1983 más de

seiscientos científicos y técnicos, entre los cuales ocuparon un lugar destacado Jorge A.

Sábato y Roque Carranza, celebraron un Encuentro Nacional con el fin de sacar

conclusiones y formular un programa para el área de CyT (Sadosky, 1989; Oteiza &

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Azpiazu, 1992).

Dentro de las conclusiones a las que se arribaron en el Encuentro Nacional sobre

Ciencia, Tecnología y Desarrollo, se recomendaba otorgar incentivos económicos a las

instituciones de I+D para proyectos de carácter industrial e incentivar a investigadores y

tecnólogos del sector público a participar en actividades de I+D en el sector privado

(Buschini & Di Bello, 2014). La aplicación de esta recomendación se vislumbra en las

acciones de financiamiento llevadas adelante posteriormente por el Programa Nacional de

Informática y Electrónica (PNIE).

Todas estas recomendaciones se basaban en la idea de que el Estado debía

promover activamente la participación del sector privado en la promoción y ejecución de la

I+D y también alentar las relaciones entre los científicos del sector público con las

empresas del sector privado. Este interés de vinculación se manifestó en la creación de la

Oficina de Transferencia de Tecnología del CONICET y la Dirección de Convenios y

Transferencias de la UBA (Buschini & Di Bello, 2014).

En la participación de Jorge Sábato en estos encuentros se puede vislumbrar la

influencia de lo que se conoció como Pensamiento Latinoamericano en Ciencia,

Tecnología y Sociedad (PLACTS) en el diseño y la concepción de las políticas públicas para

sector de CyT llevadas a cabo posteriormente por el gobierno radical. Los pensadores

pertenecientes a estas corrientes abogaban por lograr una mayor coordinación entre la

infraestructura científico-tecnológica y la estructura productiva de la nación; desterrar la

noción de que el subdesarrollo es una etapa previa al desarrollo, entender a la ciencia y la

tecnología en un marco de dependencia cultural y técnica, y denunciar la infertilidad de la

transferencia acrítica de modelos institucionales de los países desarrollados. Dentro de los

aportes de Sábato y en función a los objetivos de este trabajo es importante resaltar la

relevancia de la vinculación entre el Estado, las empresas y el sector científico-tecnológico.

Particularmente, en lo que respecta al área de informática, se consideraba que:

“La tecnología informática y electrónica, a través de la microelectrónica, es el eje de

una nueva revolución industrial que se manifiesta ya con efectos trascendentes

sobre la organización industrial, el comercio y múltiples facetas de las relaciones

sociales. Tales efectos alcanzarán inexorablemente, sea en forma directa o indirecta,

a nuestro país. Depende por lo tanto de una decisión nacional si la Argentina se

resigna a ser un espectador pasivo de ese fenómeno o decide hacer el esfuerzo

necesario para aprovechar el potencial de esa revolución en su provecho y el de su

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pueblo” (SECYT, Lineamientos de Política Científica y Tecnológica. , 1984, pág.

39).

Los aspectos positivos que, se consideraba, podía generar el fortalecimiento del

complejo Informático-Electrónico en el desarrollo económico de la Argentina, se

relacionan fuertemente con el concepto de imaginarios socio-técnicos, vistos estos como

conjuntos de reglas que codifican las versiones de una “buena sociedad” y son

fundamentales para movilizar recursos y fomentar una coordinación orientada al futuro

(Jasanoff, 2009). De aquí, que se desprenda toda una política explícita de ciencia y

tecnología en general, y de informática y electrónica en particular, cumpliendo con las

proposiciones de la Tercera Revolución Industrial que, como se dijo anteriormente,

consideraba al desarrollo de la CyT como el motor para el desarrollo de las naciones

(Gaudilliére & Joly, 2009; Joly, 2010).

Ante las recomendaciones planteadas por el ya mencionado Encuentro Nacional es

que el presidente Alfonsín elige al doctor Manuel Sadosky para liderar el proyecto de

transformación en el área de CyT.

Sadosky fue colocado a la cabeza de la Secretaría de Ciencia y Técnica (SECYT)

que, debido a una redefinición de la estructura institucional, quedó bajo la jurisdicción del

Ministerio de Educación de la Nación (por medio del Decreto N° 15/83, el 10 de

diciembre de 1983).

Esta Secretaría se instaló como autoridad máxima en la elaboración de políticas

destinadas al desarrollo del complejo científico-tecnológico.

Para cumplir con el objetivo del desarrollo del complejo Informático-Electrónico es

que, desde los grupos de colaboradores del nuevo gobierno, se conformó un nuevo diseño

institucional tripartito, que se encargaría de la planeación y la ejecución de las políticas

orientadas a tal fin. Este nuevo diseño estaría integrado por la Subsecretaría de Informática

y Desarrollo (SID), la Comisión Nacional de Informática (CNI) y el Programa Nacional de

Informática y Electrónica (PNIE). A continuación se analizan las características centrales

de cada uno de ellos y su articulación.

4.1 Subsecretaría de Informática y Desarrollo.

Por medio del Decreto N° 897/84, el 23 de marzo de 1984 se transfiere la ya

existente Subsecretaría de Informática y Desarrollo, hasta ese entonces dependiente de la

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ex Secretaría de Planeamiento, a la órbita de la SECYT. Esta Subsecretaría estuvo, en un

primer momento, a cargo del Ingeniero Roberto Schteingart (1983-1984), luego del Doctor

Carlos María Correa (1984-1988) y finalmente a cargo del Ing. Carlos Graffigna (1988-

1989). Tenía como principal objetivo asistir al Secretario de Ciencia y Técnica en la

formulación de las políticas en el área de informática y en aspectos tecnológicos del

desarrollo económico.

El gobierno nacional, a través de la SID, diseñó una política científico tecnológica

para el sector basada en la idea de promover la informática como herramienta de

modernización de las posibilidades de desarrollo autónomo del país.

Las principales líneas de esta política apuntaban a promover el desarrollo de la

industria local, fomentar el desarrollo del software, articular el sistema científico-

tecnológico y el aparato productivo, promover las actividades de investigación y desarrollo

tecnológico para generar capacidad de decisión autónoma en el país.

Esta Subsecretaría se valió de dos herramientas que resultarían vitales para articular

el diseño de las políticas públicas orientadas al Complejo Informático-Electrónico y la

implementación de las mismas. La CNI sería el organismo encargado del diseño de las

políticas, mientras que el PNIE se encargaría de la implementación.

Se puede afirmar que debido al énfasis puesto en el diseño de un marco

institucional para: “promover el desarrollo y la innovación tecnológica en los sectores

productivos” (SECYT, 1984) y al hecho de que gran parte de las acciones impulsadas desde

la SID tiendan a favorecer o fomentar la transferencia de conocimientos desde los centros

de estudios a la empresa privada, se buscaba orientar la CyT a la productividad y la

competitividad.

La transferencia tecnológica fue tomada como la solución al diagnóstico efectuado

por Sábato al reconocer la fragilidad o la inexistencia de vínculos e influencias reciprocas

entre el Estado, la sociedad y la comunidad científica de los países de América Latina y los

condicionamientos estructurales que limitaban las posibilidades de logar una estructura

científica y tecnológica propia (Buschini & Di Bello, 2014).

Al reconocer, a su vez, que:

“el sistema académico no es, en países como el nuestro, responsable de la

innovación tecnológica. Cumple objetivos importantísimos, como formar recursos

humanos y realizar investigación básica y aplicada. Pero su gravitación en la

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innovación es mínima. Un desarrollo tecnológico completo, una innovación,

requiere una finalidad económica. Es casi únicamente posible en una empresa…”

(Sadosky, 1989, pág. 35).

Esta tendencia se refleja, por ejemplo, en la decisión de la SECYT de crear, en 1984

el Área de Transferencia de Tecnología y en 1986, la Comisión Asesora de Desarrollo

Tecnológico, integrada por investigadores, funcionarios del Estado y empresarios.

En este mismo sentido es que desde la Secretaría de Industria de la Nación, por

medio de la Resolución 44/85, se otorgaron incentivos promocionales a aquellas empresas

que se sumaron al concurso y que presentaron planes de integración nacional, programas

de desarrollo tecnológico y control de calidad. Con el claro fin de crear una industria con

un claro perfil innovador, dimensionada a la realidad del país, y que sea capaz de aspirar, en

el mediano plazo, a ocupar mercados de exportación.

En concordancia con lo anterior, también desde la Secretaria de Industria se

impulsó una reforma integral de los aranceles aplicados al Complejo de Informática y

Electrónica para favorecer e incentivar el desarrollo del mismo.

Las políticas nacionales de promoción de la informática tuvieron que enfrentarse a

los intereses generados por las empresas multinacionales en torno a la importación de

bienes informáticos.

Este impedimento también es reconocido por Oteiza y Azpiazu (1992) al

considerar que al intentar alcanzar el objetivo de la autonomía tecnológica en el campo de

la informática, los esfuerzos que se realizaron fueron neutralizados por la presión ejercida

por las grandes empresas transnacionales que dominaban el mercado y, sumado a esto, la

influencia ejercida por los gobiernos de los países donde las multinacionales tenían

radicadas sus casas matrices.

Por otra parte, si bien explícitamente se reconocía la importancia de esta

Subsecretaría en el desarrollo tecnológico del país debido a rol preponderante que, se

entendía, tenía de la informática en el mismo, se puede observar que la jerarquía

institucional de esta Subsecretaria era menor. Dependía de la SECyT, que a su vez dependía

del Ministerio de Educación de la Nación. Esto se refleja en un limitado campo de acción

y, por tanto, en incapacidad para llevar adelante una transformación de fondo en el

Complejo Informático-Electrónico.

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4.2 La Comisión Nacional de Informática.

Como puntapié para la formulación de políticas que fomentaran el desarrollo de la

informática se creó, por medio del Decreto de Presidencia N° 621/84, el 3 de abril de

1984, la Comisión Nacional de Informática (CNI). El objetivo de dicha comisión era

“establecer las bases para la elaboración de un Plan Nacional de Informática y Tecnologías

Asociadas” (SECYT, 1984, pág. 9)

De acuerdo con lo estipulado, la CNI fue conformada por representantes de los

Ministerios del Interior (Dr. Carlos M. Fereyra), de Relaciones Exteriores y Culto (Dr.

Oscar J. Romero), de Defensa (C.P. Raúl Tomas), de Economía (Lic. Ricardo Campero,

Ing. Ernesto Weinschelbaum y C.P. Norberto Bertaina ), de Obras y Servicios Públicos

(Ing. Elías Cherñajovsky) y de las Secretarías Generales, de Planificación (Dr. Jorge L.

Fernandez Pastor) y de la Función Pública (Pr. Jorge Roulet) de la Presidencia de la

Nación, como así también, por un representante de la Universidad Nacional de Buenos

Aires (UBA), en representación de las universidades nacionales, presidida por el Secretario

de Ciencia y Técnica del Ministerio de Educación y Justicia (Dr. Manuel Sadosky), y con su

secretaría a cargo de los respectivos Subsecretarios de Informática y Desarrollo (Ing.

Roberto Scheingart (hasta junio de 1084) y el Dr. Carlos María Correa (a partir de julio de

1984) (Decreto Presidencial de la Nación, 1984).

A su vez, se establecía la creación, dentro de la CNI, de grupos de trabajos que

llevarían adelante análisis sobre: Diagnóstico sobre la Situación del Sector Informático

(Grupo 1), con Ricardo Milutin y Roberto Zubieta como coordinadores; Estudios

comparativos, evaluación del marco internacional de cooperación e inventario de Políticas

en Informática (Grupo 2) con Carlos María Correa como coordinador; El Estado como

usuario (Grupo 3), con Aldo Rosemberg como coordinador; Situación actual y tendencias

de tecnologías informáticas (grupo 4), con Hugo Scolnik a cargo de la coordinación. Estos

análisis debían manifestarse (en un plazo de 90 días) en los siguientes Informes:

Diagnóstico de la situación actual nacional e internacional en el campo de la Informática;

Análisis preliminar de las estrategias y políticas en materia de informática de conveniente

aplicación en el ámbito nacional; Recomendaciones sobre posibles acciones para el corto

plazo en el campo de la informática.

Con los aportes realizados por estos grupos de trabajo es que en octubre de 1984 se

edita, desde la SECyT del Ministerio de Educación y Justicia, el Documento de Base (CNI,

1984) que tenía por finalidad “presentar una visión de conjunto de la situación actual de la

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electrónica y la informática en el mundo y en la Argentina, y proveer las bases para la

elaboración de las políticas que debe proponer la CNI” (SECYT., 1984, pág. 10).

En estas conclusiones se reconocía la vinculación entre el desarrollo de la

informática y el desarrollo del complejo electrónico, al afirmar que “no habrá desarrollo

autónomo de la informática en la Argentina si no se la promueve de manera coherente y

conjunta con el complejo electrónica del cual forma parte” (SECYT., 1984, pág. 13). Esto

se debía al hecho de que la electrónica brinda e soporte físico, tanto al procesamiento

lógico de la informática como a las técnicas de comunicaciones, y que a su vez, la

informática y las comunicaciones son generadoras de los mercados que justifican las

inversiones en el desarrollo de la tecnología y la producción electrónica.

Afirmaba a su vez, que las consecuencias de la política aperturista adoptada por el

gobierno en el año 1976, sumada a la elevación de las tasas de interés, la sobrevaluación

cambiaria y la falta de estímulos habían provocado un quiebre en el desarrollo del sector.

Esto se veía representado en el hecho de que el sector informático estaba compuesto, en su

gran mayoría, por empresas transnacionales con bajo contenido de valor agregado y

tecnologías locales. En esta línea, afirmaba que “la participación activa y el apoyo

económico del Estado fue y sigue siendo esencial e ineludible para alcanzar un desarrollo

autónomo en informática y electrónica” (SECYT., 1984, pág. 14).

Por otra parte, se reconocía la inexistencia de un marco jurídico-institucional que

regulara y promoviera la informática, como así también, el hecho de no considerar el poder

de compra del Estado como motor para la producción local. En lo que respecta a los

recursos humanos, se concluyó en la existencia de una gran fragmentación en la formación

de los mismos originada por “la falta de control de los planes y niveles de enseñanza y por

la incapacidad del sistema educativo para impartir cursos actualizados y flexibles” (SECYT.,

1984, pág. 16).

Finalmente, en su artículo 7 el decreto determina que la CNI tendrá ciento ochenta

días para presentar las conclusiones sobre las alternativas de instrumentos para el desarrollo

de la industria informática y sus derivadas, las posibles políticas públicas que regulen la

provisión y el uso de bienes y servicios informáticos en el Sector Público y sobre los

aspectos prioritarios para el desarrollo de la industria informática.

Tomando como referencia este análisis situacional es que, la misma CNI, se

encargaría de diagramar las bases para las políticas de desarrollo del sector informático y

electrónico, reformulando el ya existente Plan Nacional de Informática y Electrónica,

15

creado en 1973.

Para lograr cumplir con los objetivos ya planteados de la política informática-

electrónica es que la CNI identificó sectores claves hacia donde deberían orientarse los

esfuerzos del Estado. Estos sectores se determinaron en función al análisis de las

debilidades y potencialidades del Complejo Informático-Electrónico. Los sectores a los que

apunta el informe de la CNI son:

Desarrollo Industrial,

Desarrollo de Software,

Comercialización y Política de Usuarios,

Investigación y Desarrollo,

Formación de Técnicos y Especialistas,

Política Informática en la Administración del Sector Público,

Informática en la Escuela Primaria y Secundaria y

Flujos de Datos de Transfrontera.

Una de las principales limitaciones que atravesó el trabajo de la CNI fue expresado

por Sadosky cuando afirma que: “…fue difícil mantener el trabajo conjunto que se

desarrolló durante los primeros seis meses de funcionamiento de la CNI, una vez que

diversas áreas de gobierno quedaron a cargo de la instrumentación de aspectos diversos de

la política…” (Sadosky, 1989, pág. 66).

4.3 Programa Nacional de Informática y Electrónica (PNIE).

Para llevar adelante la formulación e implementación de prioridades para el sector,

la SECyT se valió de los Programas Nacionales. Estos programas, establecidos en

Argentina desde 1973, en principio permiten asignar fondos estatales en función de las

políticas nacionales. Es decir que se ajustaban a los lineamientos de política informática

planteados por la CNI. Según Oteiza y Azpiazu (1992) permiten aprovechar las capacidades

de investigación ya existentes y fomentar otras nuevas, por medio del eslabonamiento de

unidades académicas y proyectos, y vinculándolos con la producción de bienes y servicios.

Un programa nacional apunta a organizar un modo de acción concertado que

permita entender el área de que se trata y hacer posible la coordinación y elaboración de

16

políticas. El programa reúne los distintos enfoques e intereses y les da coherencia y

operatividad académica, económica, normativa y política (SECYT, Lineamientos de Política

Científica y Tecnológica. , 1984).

Este programa dependiente de la SID, sucedió en 1985 al Programa Nacional de

Electrónica, que había sido creado en 1973 para desarrollar tecnologías para el sector

industrial y la infraestructura de servicios de la nación. La modificación introducida en 1985

tuvo por principal fundamento el estudio realizado por la CNI, que había recomendado la

reformulación de dicho plan para que esté en sintonía con las políticas planteadas (SID.,

1985).

Tenía por premisa auspiciar proyectos que:

“signifiquen una contribución al avance del conocimiento científico-tecnológico en

áreas de interés para el país y que produzcan resultados aplicables en el sector

productivo, y regulará su apoyo de acuerdo con el impacto técnico-económico, el

potencial de irradiación sobre otras líneas de I+D y el papel formativo de recursos

humanos que tengas los proyectos” (SID., 1985, pág. 14).

La promoción de este tipo de proyectos permite identificar el valor dado a la

necesidad de relacionar las actividades de I+D con la producción de bienes y servicios

(Oteiza & Azpiazu, 1992).

Los objetivos del PNIE eran: consolidar y fortalecer el desarrollo científico y

tecnológico en informática y electrónica y orientarlo a satisfacer las necesidades sociales y

productivas; promover el desarrollo tecnológico autónomo en el área de modo de

garantizar independencia de decisiones en cuanto a generar, transferir y adaptar tecnologías

según las necesidades e intereses nacionales; promover la formación de recursos humanos

en informática y electrónica en función de las necesidades cuantitativas y cualitativas del

sector; promover la difusión de los avances científicos y tecnológicos y sus efectos sociales

de modo de generar conciencia sobre el papel de la informática y la electrónica en el

desarrollo del país.

Operativamente, el PNIE contaba con cuatro Comités Técnicos Honorarios

correspondientes a las áreas temáticas promovidas: Procesamiento de información;

Instrumental; Control Industrial; y Comunicaciones. Estos Comités estaban integrados por

investigadores, representantes de la industria y especialistas en los respectivos temas

(Sadosky, 1989). Los comités se encargaban de la elaboración de forma anual del Programa

Indicativo para la identificación y búsqueda de proyectos de I+D y también de la

17

evaluación de las propuestas y el control de las actividades en curso.

Para la selección de los proyectos se aplicaban los criterios sugeridos por la

Comisión Nacional de Informática: concentración de los recursos disponibles, evitando su

dispersión en una gama excesivamente amplia de temas; compromisos de inversión

compatibles con los recursos disponibles; relación con los requerimientos tecnológicos

generados por el desarrollo del sector; necesidad de desarrollo autónomo en áreas

estratégicas; potencial de irradiación de las investigaciones propuestas sobre otras áreas de

I+D; conveniencia del desarrollo en vista del desplazamiento de la frontera tecnológica

internacional, con énfasis en los proyectos basados en desarrollos factibles de ser

transferidos a la industria, preferentemente aquellos que se realicen en forma conjunta

desde su inicio.

En 1985, la SECyT/SID aceptó 33 proyectos de investigación a ser realizados en

distintos puntos del país referentes a las áreas de interés prefijadas por el programa.

Durante el año 1986 el número de proyectos financiados aumentó a 40, mientras que en

1987 se auspiciaron 32 proyectos.

Según Oteiza y Azpiazu (1992) el PNIE tuvo recursos decrecientes desde 1986 a

1990 y su conducción perdió capacidad de exigir a los responsables de los proyectos de

I+D el cumplimiento de los objetivos. Solo el despliegue de actividades informativas y de

coordinación impidió el dislocamiento del PNIE, puesto que entre lo solicitado por los

grupos y lo efectivamente percibido hubo diferencias crecientes.

A su vez, Sadosky afirmaba:

“El financiamiento de los programas era escaso al momento del retorno de la

democracia y durante toda la década de 1980 fue disminuyendo fruto de la crisis

económica. Los Programas nunca alcanzaron una definición clara y uniforme.

Venían a ser foros de concertación entre investigadores y representantes del

empresariado y nodos de planificación científica y productiva sectoriales, pero en

los hechos habían devenido en una “segunda ventanilla” de menor rango que el

CONICET para financiar proyectos de investigación. El 90% de los recursos

anuales que llegaban a los Programas se destinaba a financiar los proyectos de

investigación, con lo cual quedaban escasos recursos para las actividades de

concertación y planificación de los sectores” (Sadosky, 1989).

En definitiva, más allá del interés expresado y los esfuerzos realizados por los

integrantes de los grupos de trabajo, las dificultades en lo que al financiamiento de

18

proyectos refiere, conllevó a que no se logre cumplir con en su totalidad con los objetivos

del PNIE. Sin embargo, vale destacar que proyectos como las Escuela Brasileño-Argentina

de Informática (EBAI) y la Escuela Superior Latinoamericana de Informática (ESLAI) son

considerados “de punta” para la época. Las EBAI fueron una serie de encuentros de

investigadores dedicados al área de la informática que se realizaron entre los años 1986 y

1989 y que se llevaban adelante bajo el marco institucional Programa Argentino-Brasileño

de Informática (PABI). La ESLAI fue una escuela de grado en ciencias de la computación

pionera en Latinoamérica que permitía la formación de recursos humanos de alta calidad

(un proyecto similar al del Instituto Balseiro).

5. Reflexiones preliminares

1) El sustento teórico que sirvió como base para el diseño de las políticas

destinadas al sector Informático-Electrónico provinieron de científicos relacionados

con el PLACTS. Como afirman Buschini y Di Bello (2014) fue importante la

conformación durante la década de 1980 de un núcleo de actores que rescató el legado que

suponía el PLACTS, al concebir a la ciencia y la tecnología como una fuente de desarrollo

autónomo y que, por medio de iniciativas institucionales, buscaba fortalecer el vínculo

entre el sector científico-académico y el sector productivo. Como se mencionó, las

propuestas para el área de CyT provinieron de diversos debates ocurridos en el Centro de

Participación Política de la Unión Cívica Radical dirigido por Jorge Roulet durante 1982 y

1983 (Sadosky, 1989; Oteiza & Azpiazu, 1992). En los resultados de esas reuniones se

colocaba al Estado en un lugar similar, como promotor activo de las actividades de I+D

orientadas al sector privado, manifestando un claro interés por la vinculación Estado-

Empresa-Universidad que se manifestó en la importancia otorgada a las actividades de

transferencia tecnológica.

2) El desarrollo de la informática como futuro deseable en las promesas socio-

técnicas. La concepción de que la informática, junto con la biotecnología y los nuevos

materiales eran las ramas de la ciencia que permitirían generar un crecimiento económico y

social sustentable y sostenible en el tiempo, en general proviene de corrientes de

pensamientos de escala global. Esta percepción de la actividad científica puede ser

considerada como un imaginario socio-técnico. Estos imaginarios se definen como

conjuntos de reglas que codifican las versiones de una “buena sociedad” y son

fundamentales para movilizar recursos y fomentar una coordinación orientada al futuro

19

(Jasanoff, 2009). De aquí, que se desprenda toda una política explícita de ciencia y

tecnología en general, y de informática y electrónica en particular, cumpliendo con las

proposiciones de la tercera revolución industrial que, como se dijo analizó, consideraba al

desarrollo científico tecnológico como el motor para el desarrollo de las naciones

(Gaudilliére & Joly, 2009 y Joly, 2010).

3) La situación económica del país perjudicó fuertemente la asignación de

fondos destinados al desarrollo del complejo. El propio Sadosky admite que fue

imposible alcanzar los objetivos propuestos debido, principalmente, al impedimento

presupuestario fruto de la crisis económica y de deuda externa que tuvo que atravesar el

país (Sadosky, 1989). Como indica Versino (2007), las dificultades asociadas a un Estado

comprometido financieramente supusieron que las medidas implementadas de una

normatividad alternativa involucraran pocos recursos y no introdujeran modificaciones

relevantes. Esta situación afectó el devenir de toda la política diseñada para el Complejo

Informático-Electrónico. Como se pudo observar con anterioridad, el financiamiento del

PNIE se vio fuertemente afectado, lo que impidió la concreción efectiva de los objetivos

de máxima planteados para el programa (Oteiza & Azpiazu, 1992 y Sadosky, 1989).

4) La jerarquía institucional de la SID no refleja el interés manifestado por la

informática. Si bien desde el gobierno radical se planteaba en el discurso, como se

mencionó, que el desarrollo del complejo informático-electrónico tomaba un rol prioritario

en la agenda gubernamental, debido a la potencialidad de progreso económico que

representaba, cuando se analiza la jerarquía de la máxima institución encargada del diseño y

la aplicación de las políticas destinadas al sector (SID) se puede observar como ese interés

no se refleja en la jerarquía institucional que se le asignó. Esta Subsecretaria dependía de la

Secretaría de Ciencia y Técnica, que a su vez, dependía del Ministerio de Educación. Es

decir que era una institución de cuarto orden, lo que refleja que la posibilidad de ejecutar

acciones o políticas que involucrasen a entidades o instituciones de mayor o igual jerarquía

se veía fuertemente reducida. A esto se le suma el problema de la coordinación

interinstitucional en ciencia y técnica que afectó fuertemente al gobierno de Alfonsín

(Sadosky, 1989). Todos estos inconvenientes abren la puerta para reflexionar sobre la real

posibilidad de crear un sistema de ciencia y técnica que relacione a todas las partes que

componen el sector.

5) Más allá de los problemas presupuestarios que afectaron el desarrollo de las

políticas, se logró llevar adelante proyectos de vanguardia para la época. Si bien se

reconoce la gran limitación que generó la falta de recursos económicos, es destacable que

20

en este periodo se logró: en primer lugar, conformar una estructura institucional diseñada

para la elaboración de una política sectorial a mediano plazo. Autores como Jacovkis (2004)

y Smukler (2012) identifican al año 1983 como un punto de inflexión para el desarrollo de

la informática en Argentina, principalmente por el hecho de que fue la primera vez en que

se establecieron los lineamientos de una política para el sector informático; y en segundo

lugar, se llevaron adelante, por medio del financiamiento del PNIE y de organismos

internacionales, proyectos de vanguardia para la época como lo fueron las EBAIs y la

ESLAI. Pero finalmente, el PABI, las EBAIs y la ESLAI, a raíz de la desprotección de la

falta de financiamiento fueron paulatinamente desapareciendo lentamente (Aguirre, 2012).

6) En lo que refiere a las culturas tecnológicas se pude considerar que el

gobierno radical intentó reconstruir una cultura académica. En términos generales, el

periodo abarcado por el gobierno de Alfonsín se caracterizó por la aplicación de políticas

tendientes a la reconstrucción de la cultura académica, marcada por los valores científicos

de apertura, pluralismo y autonomía académica, en términos semejantes a os descritos por

Elzinga y Jamison (1996) y Albornoz & Gordon (2011). La eliminación de las

características más negativas de la política de ciencia y tecnología aplicada por el gobierno

dictatorial que se efectuó al suprimir las instancias de control ideológico y político, le

brindaron mayor autonomía a los investigadores y a las instituciones académicas en general

(Oteiza & Azpiazu, 1992). En palabras de Sadosky: “Sosteníamos que la universidad

desquiciada desde 1966 debía volver a ser la institución creadora de cultura… Pensábamos

que la educación tiene una importancia decisiva. El legado más preciado que una

generación puede dejar a la siguiente es un sistema educacional que permita formar

hombres completos, capaces no sólo de aprender y adquirir pericias, sino también de

integrar una sociedad con espíritu solidario y cooperativo” (Sadosky, 1989). Esta

transformación en la concepción de la ciencia y la tecnología es a fin con la caracterización

de este tipo de cultura científica.

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