FPP-04-10

LA ADMINISTRACION DE JUSTICIAY LA CONSTRUCCION DE LA PAZ EN COLOMBIA

(Reflexiones acerca del papel de la justicia en el diálogo Estado-paramilitares)César Torres Cárdenas

RESUMEN

El primero de julio se inició formalmente el proceso de negociación entre el gobierno colombiano y el sectormayoritario de los grupos paramilitares que operan en amplias áreas del país, las llamadas AutodefensasUnidas de Colombia (AUC). Aún no se ha logrado la presencia de la sociedad civil y de la comunidadinternacional, y parece poco probable que se logre la desmovilización de la totalidad de las AUC antes del 31de diciembre de 2005, conforme a lo pactado. Sin embargo, la continuidad del proceso es una señalalentadora en el camino hacia la construcción de la paz entre los colombianos.

Asimismo, existen sectores de opinión nacional e internacional, que cuestionan, o apoyan con reservas,este proceso por distintas razones. Esta duda razonable se fundamenta en la experiencia de otros procesosde paz que demuestran que lo más importante es que estos sean realmente sostenibles.

El presente trabajo se propone abordar los siguientes interrogantes: ¿La actual administración de justiciaen Colombia puede garantizar que, con sus acciones, se establecerá la verdad, someterá a proceso judicial aquienes han violado los derechos humanos o han sido infractores del derecho internacional humanitario,reparará a las víctimas y creará condiciones para la reconciliación? ¿Qué papel pueden desempeñar lasociedad civil y la comunidad internacional para apoyar al sistema judicial colombiano en el cumplimientode sus metas en el marco de las actuales conversaciones gobierno-paramilitares?

On July 1 the negotiating process officially began between the Colombian government and the so-calledUnited Self-Defence Forces of Colombia (Autodefensas Unidas de Colombia, AUC), the largest paramilitaryforce operating in the country. Civil society and the international community are yet to be included and it isunlikely that the demobilization of all AUC members will meet the agreed target deadline of December 31,2005. However, the fact that the process is still in place is a sign of hope on the road to peace in Colombia.

Across Colombia and the international community, the disarmament talks have been met with scepticismor cautious support for a variety of reasons. Such scepticism finds its roots in lessons learned from otherpeace initiatives that point to the sustainability of the process as the determining factor for success.

EXECUTIVE SUMMARY

P O L I C Y P A P E RD O C U M E N T D E P O L I T I Q U ED O C U M E N T O D E P O L Í T I C A

It is the purpose of this paper to address the following questions: Can the Colombian judicial system, in its currentstate, guarantee that the truth will be established, that the perpetrators of human rights violations will beprosecuted, that victims will be accorded reparations, and conditions for reconciliation will be created? What cancivil society and the international community do to assist Colombia's judicial system in the pursuit of these goals inthe context of the on-going dialogue between the government and the paramilitaries?

Le 1er juillet, le processus de négociation a officiellement débuté entre le gouvernement colombien et les soi-disant(AUC), la plus importante force paramilitaire du pays. La société civile et la

communauté internationale n'ont pas encore été incluses et il est peu probable que la démobilisation de tous lesmembres de l'AUC se fera à la date convenue du 31 décembre 2005. Toutefois, le fait que le processus est toujours enplace est un signe encourageant pour la paix en Colombie.

En Colombie et au sein de la communauté internationale, les discussions sur le désarmement ont fait naîtrescepticisme et prudence pour diverses raisons. Un tel scepticisme résulte des leçons apprises d'autres initiatives depaix qui montrent que la soutenabilité du processus est un facteur déterminant de succès.

Ce document pose les questions suivantes : le système judiciaire colombien peut-il, dans l'état actuel des choses,garantir que la vérité sera établie, que ceux qui ont violé les droits humains seront poursuivis, que les victimesrecevront réparation et que les conditions pour la réconciliation seront créées? Que peuvent faire la société civile etla communauté internationale pour aider le système judiciaire colombien à poursuivre ces objectifs dans uncontexte de dialogue continu entre le gouvernement et les paramilitaires?

RÉSUMÉ

Autodefensas Unidas de Colombia

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INTRODUCCIÓN

El primero de julio se inició formalmente el proceso denegociación entre el gobierno colombiano y el sectormayoritario de los grupos paramilitares que operan enamplias áreas del país, las llamadas AutodefensasUnidas de Colombia (AUC). El 28 del mismo mes, tresde sus comandantes dieron sendos discursos ante elCongreso de la República, entre ellos su jefe, quien hasido solicitado en extradición por la justiciaestadounidense acusado de narcotráfico.

Quizá por esa razón, William Woods, embajadornorteamericano en Colombia expresó al día siguiente:“Es extraño que donde se aprueban las Leyes estén losque las violan cotidianamente”, informó el periódicoEl Tiempo, de Bogotá.

Junto a la reacción del embajador Woods, están las devarios sectores de opinión nacional e internacional,que cuestionan, o apoyan con reservas, este procesopor distintas razones. La más importante de ellas tieneque ver con el nivel de inmunidad que se le dará a losparamilitares. En ese sentido el

expresa:

Y si ese fuera el resultado del proceso de diálogo conlas AUC, no se restañarán las heridas, ni cesarán losodios ni los deseos de venganza. El proceso de paz enestas condiciones solo podría propiciar la reapariciónde la violencia.

Esta duda razonable parte de la experiencia de otrosprocesos de paz que demuestran que lo másimportante es que sean realmente sostenibles.

Tal sostenibilidad se garantiza fundamentalmentemediante el esclarecimiento de la verdad, elprocesamiento de quienes han cometido crímenesatroces, la reparación a las víctimas y el proceso derestauración que se haga entre éstas, lascomunidades y los perpetradores. Un proceso de paz yreconciliación , para que sea sostenible, debegarantizar que lo ocurrido durante el conflicto armadono volverá a ocurrir jamás. Para lograrlo hay queproponerse que no quede ningún crimen sin castigo,ni ninguna ofensa sin perdón. En este propósito, esdefinitiva la actuación de las instancias judiciales.

El presente trabajo se propone abordar los siguientesinterrogantes: ¿La actual administración de justicia enColombia puede garantizar que, con sus acciones, seestablecerá la verdad, someterá a proceso judicial aquienes han violado los derechos humanos o han sidoinfractores del derecho internacional humanitario,reparará a las víctimas y creará condiciones para lareconciliación? ¿Qué papel pueden desempeñar lasociedad civil y la comunidad internacional paraapoyar al sistema judicial colombiano en el

International CrisisGroup

“… el gobierno colombiano solo estánegociando con un grupo armado al margen dela ley los paramilitares , por lo cual los críticostemen que las negociaciones no resulten en unareconciliación, sino más bien en impunidad ylegalización de los bienes ilícitamenteadquiridos por los líderes paramilitares y suspartidarios.” 1

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cumplimiento de sus metas en el marco de lasactuales conversaciones gobierno-paramilitares?

Además, aquí presentaremos una serie derecomendaciones en torno al papel que pueden tenerla sociedad civil y la comunidad internacional para queeste proceso sea viable y con mayores posibilidades desostenibilidad en el largo plazo, aporte a lareconciliación entre los colombianos, y sirva paramejorar la administración de justicia.

Quizá lo primero que se debe tener en cuenta es que elfenómeno del paramilitarismo no es nuevo enColombia ni siempre fue ilegal. Tal como lo afirmabaSalvatore Mancuso, jefe del estado mayor de las AUC,en el discurso de establecimiento de lasconversaciones:

Ciertamente, en respuesta a la apariciónde los primeros núcleos guerrilleros de lasFuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) a mediadosde los años 60, el gobierno colombiano expidió unaserie de actos legislativos como al que se refiereMancuso. Dicha ley adoptó, como legislaciónpermanente, decretos que inicialmente sólo tendríanaplicación mientras el país estuviera en situación de“turbación del orden público.”

Mediante tales instrumentos jurídicos, se impulsó lacreación de grupos de civiles armados, dispuestos acolaborar con las unidades militares y de policía queadelantaban tareas antisubversivas, al tiempo que “ElMinisterio de Defensa Nacional, por conducto de loscomandos autorizados, podrá amparar, cuando loestimen conveniente, como de propiedad particulararmas que estén consideradas como de uso privativode las fuerzas armadas.”

El paramilitarismo en Colombia se inicia entonces conbases en normas jurídicas y como una estrategiacontrainsurgente del Estado. Pero una vez derogadaslas leyes que les brindaron sustento jurídico a esos

grupos de civiles armados, su creación, financiación yparticipación en ellos se convierte en delito. El decreto1194 de 8 de Junio de 1989, por ejemplo, impone “…pena de prisión de 20 a 30 años y multa de 100 a 150salarios mínimos legales mensuales” a quien“promueva, financie, organice, dirija, fomente (… el)ingreso de personas a grupos armados (…)equivocadamente llamados paramilitares.”

Por otra parte, se estima que una fracción nodespreciable de las fuerzas paramilitares que hoyestán negociando con el Gobierno proviene deejércitos privados al servicio del narcotráfico y quealgunos de sus dirigentes son narcotraficantes.Evidentemente, en esos casos los involucrados nohabrían tenido jamás ninguna motivación política, talcomo lo han manifestado autoridades nacionales yextranjeras que les siguen procesos judiciales porn a r c o t r á f i c o . E s t o h a s i d o p r o f u s a m e n t edocumentado en diversas investigaciones; porejemplo, Human Rights Watch sostiene que untestigo entrevistado “… dijo que la diferencia entrenarcotraficantes, paramilitares y el ejército de

C o l o m b i a e r a p r á c t i c a m e n t einexistente.” Ni el narcotráfico ni suscuerpos armados son nuevos tampoco.

La situación jurídica de quienes hanllegado a las AUC por la vía delnarcotráfico se agrava en la medida enque además de estar incursos en losdelitos tipificados por hacer parte o dirigirgrupos paramilitares, han cometido actos

delincuenciales que tienen que ver con el tráfico desustancias ilícitas. Estos delitos, así como las personasque los han cometido, son perseguidos por lacomunidad internacional. Los Estados Unidos deAmérica estarían especialmente interesados enjuzgar y condenar a los narcotraficantes. De hecho, yahan solicitado la extradición de algunos, lo cualcomplicará el proceso de negociación actualmente enmarcha.

Tanto los que partieron de la base legal que dio elEstado en los años sesenta, como los que partieron delnegocio del narcotráfico, pueden ser procesadosjudicialmente por algunas de las violaciones a losderechos humanos y al derecho internacionalhumanitario que se han perpetrado en Colombiadurante los últimos 30 años contra la población civil,bien porque participaron directamente en ellas, bienporque las ordenaron o bien porque se cometieron ennombre y representación del grupo armado ilegal quehoy está en conversaciones con el gobiernocolombiano.

ACERCA DE LA HISTORIA Y DE LA SITUACIÓN JURÍDICADE LOS PARAMILITARES

“Ha sido un largo camino recorrido por lasautodefensas desde San Juan Bosco Laverde,San Vicente de Chucurí y Puerto Boyacá en 1982,hasta Santa Fe de Ralito hoy,primero de Julio de 2004 (…) aúnpara finales del decenio de los añosochenta, permanecía vigente elamparo jurídico de la Ley 48 de1968 que le otorgaba sustentolegal a la organización en armas.” 3

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(...) el fenómeno delparamilitarismo no

es nuevo enColombia (...)

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Quizá ellos mismos están conscientes de la difícilcircunstancia jurídica que los rodea. De ahí que endistintas entrevistas y en los discursos de susdelegados y máximos comandantes en el Congreso dela República, hayan expresado no estar dispuestos apurgar penas de prisión y que pedirían perdón a lasvíctimas que la guerra ha ocasionado.

“Como recompensa a nuestro sacrificio por la Patria,haber liberado de las guerrillas a media República yevitar que se consolidara en el suelo patrio otra Cuba,o la Nicaragua de otrora, no podemos recibir la cárcel”,sostuvo Mancuso ante el congreso.

Iván Roberto Duque (más conocido como ErnestoBáez) planteó en la misma ocasión y ante el mismoauditorio del congreso:

Las AUC parecen buscar un ampliomargen de impunidad para sus delitos yevitar la acción de la justicia nacional en sucontra. En su favor está la fragilidad delaparato judicial colombiano paraperseguir, capturar y castigar delincuentes,especialmente de las características de losparamilitares.

Dicha fragilidad ha sido analizada desde distintospuntos de vista. Se dice que el sistema judicialcolombiano padece una crisis alimentada porproblemas institucionales, f inancieros, decredibilidad, de corrupción, y de dificultades para suacceso democrático. A partir de múltiples análisis, ypara efectos de este texto, vale señalar que todoscoinciden en que la administración de justicia enColombia es lenta y los despachos judiciales estándesbordados de expedientes.

Acerca de la morosidad y congestión judiciales, en2002 el ex Vicefiscal General de la nación advertía:

A estos problemas de retraso y sobreacumulación decasos en los despachos judiciales habría que añadir losexpedientes que se abrirán por los actos violentos quehayan cometido los paramilitares que pretendandesmovilizarse y reinsertarse.

Tal como afirmara el Señor Santiago Cantón de laComisión Interamericana de Derechos Humanos enuna entrevista reciente con el diario El Tiempo:“… Colombia no tiene un marco jurídico sencillo y esopuede traer complicaciones. Existen distintas leyes,decretos leyes, prórrogas, etc., para la desmovilizaciónindividual, y todavía falta sumar la ley dealternatividad penal, factor importante dentro delproceso de desmovilización colectiva.”

Se dice también que la rama judicial es la más débil delpoder público ya que históricamente ha sidodependiente del ejecutivo. Los sucesivos gobiernos lahan reestructurado conforme a necesidades

coyunturales y, durante un largo periodo,sus funcionarios fueron designados conarreglo a los acuerdos de los dos partidospolíticos tradicionales.

En las últimas décadas, los grupos almargen de la ley han impuesto sus propiasreglas, legislaciones y tribunales en losterritorios bajo su dominio. En la épocaconocida como de “la violencia” (décadade los cincuenta) algunos grupos deguerrilleros que operaban en el oriente del

país expidieron la primera Ley del Llano y laConstitución de Vega Perdida; más recientemente,las FARC han dicho haber creado las Leyes 002 y 003 de2000. De acuerdo a múltiples entrevistas y trabajosde campo, los guerrilleros actuales se convierten eninstancia judicial.

Por su parte, la práctica jurídica de las AUC puedeobservarse en las entrevistas que la periodista PatriciaLara Salive le hace a Isabel Bolaños, dirigente de lasautodefensas, y en la que Mauricio Aranguren, realizócon Carlos Castaño.

Podría decirse que la justicia colombiana, por sudiversidad, es un “caleidoscopio.” Según la Red deJusticia Comunitaria y Tratamiento del Conflicto,alrededor de la cuarta parte de los municipios enColombia tiene instalados formal o informalmentemecanismos alternativos de solución de conflictos,tales como conciliadores en equidad, mediadores,jueces de paz o autoridades tradicionales para lasminorías étnicas. Esto permite establecer que hay una

“… a nombre del Estado Mayor y de todos losmiembros de las Autodefensas Campesinas,vengo humilde a pedir perdón a todos losfamiliares y amigos de las víctimas adversariasy propias de esta guerra triste de la patria.Perdón a los colombianos que hanp a d e c i d o m a t e r i a l yespiritualmente la violencia.”

“… una de las cosas que no se ha mirado esprecisamente esa, el desborde, cada día más, delas posibilidades de la administración de justiciapor razón del volumen y por razón de que

cualquier aparato judicial va a quedar pequeñofrente a una situación de justicia decriminalidad como la que vivimos nosotros.”

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LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ENCOLOMBIA ANTE LOS DELITOS DE LOSPARAMILITARES

Las AUC parecenbuscar un amplio

margen deimpunidad para sus

delitos y evitar laacción de la justicia

nacional

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fuerte experiencia comunitaria de participación en laadministración de Justicia, que se adelanta comocomplemento de la acción jurisdiccional del Estado.Dicha Red, por su parte, está conformada por 32instituciones que desarrollan actividades deinvestigación, capacitación y promoción de talesmecanismos en mas 150 municipios, incluyendo lascinco principales ciudades.

Como puede observarse, Colombia es un país depluralismo jurídico. Los órdenes normativos y losmecanismos de trámite y resolución de conflictos seyuxtaponen, se imbrican, conviven, chocan. Ellorepresenta una gran riqueza de experiencias enmateria de resolución de conflictos.

La administración de justicia estatal, asediada por suspropios problemas y los de su entorno ciertamenteadverso, incluida su poca credibilidad entre laciudadanía, tendrá que resolver la situación jurídicade los paramilitares ante la leycolombiana. Para ello contará con lasnormas que se expidan desde ellegislativo y con la voluntad política y lasnecesidades que tenga el ejecutivo enesta negociación. Sin embargo, esprácticamente imposible en las actualescondiciones que la rama judicial puedadefinir la situación jurídica de todas ycada una de las más de 10.000 personasque harían dejación de las armas.

Por consiguiente, será necesario realizaresfuerzos en tres direcciones diferentes,pero de manera simultánea: aprobacióny puesta en marcha de una estrategia dereconstrucción de la verdad; creación detribunales especiales para que conozcan y juzguen losdelitos cometidos por las personas vinculadas a lasAUC; y construcción de mecanismos y herramientasmediante las cuales tanto los individuos como lascomunidades puedan perdonar los crímenes yfaciliten la reinserción y la reconstrucción derelaciones sociales.

Para avanzar en dichas direcciones es indispensable laparticipación de la sociedad civil y de la comunidadinternacional, tanto por los saberes que puedenaportar a la mesa de negociaciones, como porqueconstituyen una garantía de transparencia,credibilidad, apoyo humano, técnico, y económico. Elproblema consiste en que, como dijera el AltoComisionado para la Paz, ni la una ni la otra está hoyen la mesa de negociaciones, ni acompaña el procesode manera decidida.

Hasta ahora se puede decir que, para su ejerciciojurisdiccional en el marco de las conversaciones entreel Estado y los paramilitares de las AUC, la ramajudicial no cuenta con una perspectiva clara de justiciatransicional, ni con claridad respecto al horizonterestaurativo que tendría su ejercicio en este período,ni con el apoyo de la comunidad internacional.

En estas conversaciones, la sociedad civil aún no semanifiesta. En la mesa de diálogo brillan por suausencia las organizaciones que durante años se hanocupado, tanto de hacer monitoreo minucioso delconflicto armado y de las violaciones a los derechoshumanos y al Derecho Internacional Humanitario(DIH) que cometen los actores armados, comoa q u e l l a s q u e a d e l a n t a n l a p r o m o c i ó n yacompañamiento de las experiencias comunitarias ypacíficas de resolución de conflictos.

También están ausentes las víctimas, susfamiliares y las entidades en que éstos sehan agrupado cuya presencia clamanalgunos estudiosos. Marianne Ponsford,en su columna habitual del semanario ElEspectador, afirmó que:

De continuar así, este diálogo tiende a convertirse, enel mejor de los casos, en una negociación en la quecada una de las partes cede algo a cambio de lasconcesiones que la otra da como respuesta. Yterminará, también en el mejor escenario posible, enla desmovilización de miles de combatientes. Pero noaportará significativamente a la reconciliación entrelos colombianos, ni a la superación de las vicisitudesde la administración de justicia en particular.

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AUSENCIAS NOTABLES

“… la defensa de las víctimas de laguerra colombiana no es unasunto de “izquierdosos”, ni deONG rojas, ni de cuatro mamertosantiuribistas, como arguyenalgunos políticos. (…) ¿No creenustedes que Salvatore Mancusotenía que haber sido obligado aescuchar lo que tiene que deciruna víctima? ¿No merecían las

familias de los más de cientos de miles decolombianos asesinados por los paramilitarestener allí, ese día, una voz que los representara?Pero no. Cuando Iván Cepeda esgrimióvociferante la foto de su padre, asesinado porquienes ejercían de oradores, la presidencia delcongreso lo mandó callar.”

es prácticamenteimposible en las

actuales condicionesque la rama judicial

pueda definir lasituación jurídica detodas y cada una delas más de 10.000

personas que haríandejación de las armas

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RECOMENDACIONES RELACIONADAS CON LAPARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL

En Colombia la sociedad civil cuenta con unimportante nivel organizativo. De manera particular,existen algunos sectores que deberían ocupar unlugar permanente en la mesa de negociación:

a., que han logrado construir relaciones de

respeto mutuo con el gobierno colombiano y quegozan de gran credibi l idad nacional einternacionalmente. Entre ellas se encuentranCINEP, Justicia y Paz, Centro Cristiano para laJusticia Paz y Acción no Violenta, ComisiónColombiana de Juristas, Asociación MINGA y elColectivo de Abogados “José Alvear Restrepo,”entre muchas otras.

b. ,tales como la Fundación Ideas para la Paz,F u n d a c i ó n S o c i a l , A s a m b l e aPermanente de la Sociedad Civil, elMandato Ciudadano por la Paz, elObservatorio para la Paz, y la Red deIniciativas por la Paz y contra laGuerra.

c.

de la acción de las AUC; porejemplo ASFADDES y la Asociación deVíctimas.

d.

.Por ejemplo, El Común, Corporación Social deAcción Participativa, Fundación Surcos, AsociaciónColombiana de Conciliadores en Equidad,Asociación Escuela Ciudadana, Asociación deProyectos del Cauca, Corporación Convivamos, asícomo las redes que agrupan a estas y a otras quedesarrollan trabajos en el tema.

Si bien todas estas organizaciones tienen ampliaexperiencia en la interlocución pública, así como enlabores de cabildeo parlamentario y procesos desensibilización social, será necesario que elaboren sussaberes y competencias en función de que resultenútiles para una negociación exitosa. La comunidad

internacional, mediante sus programas decooperación, puede jugar un papel en la articulaciónentre diversos proyectos de estas instituciones y en elacercamiento entre éstas y el gobierno.

Es necesario precisar que los civiles han sido lasvíctimas propiciatorias y numéricamente mássignificativas del accionar armado de las AUC. Comoanota Mauricio Vargas en su columna semanal de larevista Cambio del 1ro de agosto a propósito de lapresencia de los jefes paramilitares en el congreso dela República: “¿Qué de épico tiene masacrarcampesinos desarmados, tras acusarlos de colaborarcon la guerrilla? La verdad es que muy pocas veces lasAUC se vieron las caras, frente a frente, con las FARC oel ELN.”

Los civiles, ya sea en calidad de víctimas del conflictoarmado o de poseedores de un saber útil a lanegociación, deberán participar en este proceso.

En primer lugar, es necesario señalar quesu papel en las conversaciones nisustituye las responsabilidades de laspartes para buscar acuerdos, ni le restaprotagonismo a ninguna de ellas,n i p u e d e t a m p o c o a s u m i rresponsabilidades de orden legal por losresultados obtenidos en los diálogos.

Se propone que el papel de la sociedadcivil en la mesa de negociación sea el detercero interesado en apoyar el

esclarecimiento de la verdad y facilitador de lasconversaciones y la búsqueda de acuerdos.

Por lo tanto, se sugiere que la participación de lasociedad civil en las conversaciones con losparamilitares persiga los siguientes objetivos:

a. Entregar información veraz acerca de los temasc u y o e s c l a r e c i m i e n t o p u e d e c o n d u c i reficientemente a la reparación de los dañoscausados, al perdón y a la reconciliación nacional.

b. Indicar opciones de soluciones jurídicas a lasd i f i c u l t a d e s q u e t e n g a e l p r o c e s o d edesmovilización y reinserción de los paramilitares.

Instituciones de defensa y promoción de derechoshumanos

Organizaciones promotoras de procesos de paz

Organizaciones que agrupan afamiliares de desaparecidos u otrasvíctimas

Instituciones que trabajan enresolución de conflictos y/o formascomunitarias y pacíficas de resolución de conflictos

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Objetivos de la participación de lasociedad civil

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existen algunossectores (de la

sociedad civil) quedeberían ocupar

un lugarpermanente en la

mesa denegociación

c. Proponer mecanismos e instrumentos legales(normativos) orientados a la restauración derelaciones sociales que se han visto afectadas porlas acciones del grupo ilegal.

d. Promover encuentros de ciudadanos y ciudadanaspara sensibilizar favorablemente a algunossectores específicos de la opinión pública conrespecto al proceso.

e. Socializar los resultados obtenidos en la mesa denegociaciones y recabar nueva información deutilidad en la misma.

Se debe promover y garantizar la participación de lasociedad civil mediante, al menos, tres tipos deinstituciones: Aquellas que posean cifras confiables yhayan documentado exhaustivamente casos deviolación flagrante a los derechos humanos; las querepresenten a víctimas o familiares de éstas, cuando eldelito del cual han sido objeto haya sidocometido (o se presuma cometido) por laorganización paramilitar con la que hoyse dialoga; y las que poseen experienciaen la resolución pacífica de conflictos.

Las primeras (poseedoras de estadísticasy documentación exhaustiva) puedencolaborar para establecer los límites deimpunidad que, de todas maneras, habráque brindar a los paramilitares una vez sedesmovilicen. Su información ayudará,así mismo, a que no haya crimen sinr e c o n o c i m i e n t o , n i u n p e r d ó ngeneralizado con el cual, al fin de cuentas, no se sabequé se está perdonando, ni a quién se dirige eseperdón. Tienen derecho a confrontar susinformaciones, con las que poseen las otras partespresentes en la mesa de conversaciones, tanto comoéstas a conocer las informaciones de aquellas.

Las integradas por víctimas y familiares, tienenderecho a saber las razones por las cuales se cometió elhecho o los hechos con los cuales resultaron agredidasde boca de los propios transgresores. Igualmente,pueden ayudar a esclarecer el comportamiento previode la(s) víctimas(s) y señalar la magnitud del dañocausado, tanto en sus respectivas estructurasfamiliares, como en el conjunto de su vida social.El(los) victimario(s) debe(n) conocer las consecuenciasde sus actos, más allá del acto delictivo en sí. Estegrupo tiene un papel indispensable en la construcción

de una memoria colectiva e histórica que trasciende loque ha dado a conocer la prensa y los informesnacionales e internacionales de derechos humanos.

Las instituciones expertas en la solución de conflictospueden contribuir al diálogo con recomendacionessensatas. Pueden además servir de vínculo entre lamesa de negociaciones y amplios sectores de laopinión pública. Igualmente, pueden prestar suconcurso para elaborar propuestas mediante lascuales se sancione socialmente algunas de lasconductas ejecutadas por los grupos paramilitares oformular proyectos de política pública en materia dejusticia para la reconciliación.

El papel de la sociedad civil en la mesa denegociaciones sería el de un tercero interesado enapoyar el esclarecimiento y de facilitador. No se tratade convertirlas a la sociedad civil ni a la mesa denegociaciones en instancia judicial.

Se espera que la participación de lasociedad civil en la mesa de negociacionesproduzca, cuando menos, los siguientesresultados puntuales:

a. Informaciones exhaustivas quepermitan a las autoridades judicialesdel orden nacional conocer acerca dealgunos de los delitos que se hantratado en la mesa de negociaciones yque les brinden elementos de juicio,señalar responsables y comprender elcontexto en que ocurrieron los hechos.

b. La participación de la sociedad civil puede ayudartambién a crear condiciones favorables para lareconciliación entre víctimas, agresores y Estado.

c. Propuestas de política pública sobre reformas a lajusticia, vías de coordinación y respaldo mutuoentre los ordenes jurídicos estatal y pacífico-comunitarios.

d. Una ruta para el proceso de reinserción,entendiendo por tal el reingreso de los armadosilegales a la población civil. Esta ruta no se limita alistados de beneficios y oportunidades que se lesdeberá brindar, sino que se centra en señalar hitosy ritos para que las comunidades perdonen losdelitos cometidos y acepten a los paramilitaresreinsertados.

Actores indispensables de la sociedad civil

Resultados esperables

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El papel de lasociedad civil en la

mesa denegociaciones sería

el de un tercerointeresado en apoyarel esclarecimiento y

de facilitador

RECOMENDACIONES PARA LA PARTICIPACIÓN DE LACOMUNIDAD INTERNACIONAL

Una gran parte de la comunidad internacional haestado al margen de estas conversaciones; aunque notodos los países tienen las mismas razones paraestarlo.

Los distintos actores internacionales que se requierenen la mesa de negociación pueden tener objetivosdivergentes; pero todos compartirían el interés de seracompañantes dispuestos a darle credibilidad a lasconversaciones que se adelantan y a servir degarantes en el cumplimiento de lo que se pacte.

Se recomienda que la participación de la comunidadinternacional persiga los siguientes objetivos:

a. Presentar a profundidad las experiencias dedesmovilización y reinserción en otros procesos depaz; tanto de los que han sido exitosos como de losque no lo han sido.

b. Ofrecer modelos de justicia para latransición y las consecuenciasprácticas que dichos modelos hantenido en otros procesos similares.

c. O r i e n t a r l a c o n s t r u c c i ó n d einstancias, mecanismos y normaspara adelantar una práctica eficaz dejusticia restaurativa.

d. Acompañar a las comunidades, cuyosterritorios van a ser abandonados porl o s p a r a m i l i t a r e s , e n l areconstrucción de sus vidas y de susi n s t i t u c i o n e s c o m u n i t a r i a s yestatales.

e. Promover y apoyar con recursos técnicos,humanos y financieros la construcción de unacomisión de la verdad que tenga capacidad deesclarecer los crímenes, sus autores materiales,los instigadores y los beneficiarios de las accionesilícitas.

f. Realizar la verificación del cumplimiento de losacuerdos que se pacten a lo largo de lasconversaciones.

a. , quepueden hacerse representar, permanentemente,p o r s u s r e s p e c t i v o s e m b a j a d o r e s o ,transitoriamente, por delegados ad-hoc queestarían en la mesa por circunstancias odemandas coyunturales de las partes.

b.Resulta crucial que la mesa de

diálogo cuente con la presencia de expertosinternacionales en justicia restaurativa,reparación de daños por conflicto armado,comisiones de la verdad y justicia transicional.

c. que eventualmentepuedan aportar fondos y asistencia técnica, tantopara apoyar las necesidades de los desmovilizadosantes de su reinserción a la vida productiva y losproyectos económicos y sociales de los mismos

una vez hagan dejación de las armas ycomiencen su vida civil, como paraapoyar las actividades locales,regionales y nacionales de la comisiónde la verdad.

d., con mandato expreso para

actuar en este tipo de conversaciones,con una presencia permanente en lamesa de negociaciones para quepuedan dar fe de lo pactado y realizarsu correspondiente verificación.

Dado que el propósito central de laparticipación de la comunidad internacional en lamesa de negociaciones es otorgar legitimidad aldiálogo, se sugiere que cada momento del proceso ycada acuerdo obtenido sea suscrito por los delegadosinternacionales en calidad de testigos. Además, losrepresentantes de la comunidad internacional podránhacer una verificación de lo acordado, lo cual otorgaráa cada fase y a cada acuerdo que se tome una mayorcredibilidad. Es aconsejable que tanto los acuerdos,como los resultados de la verificación de los mismos,sean publicados. Con esto se busca que el proceso y laparticipación de la comunidad internacional ganen entransparencia.

Quiénes deben ser involucrados

Resultados deseables

Gobiernos de países amigos del diálogo

Académicos y organizaciones e instituciones deinvestigación.

Agencias de cooperación

Organismos multilaterales globales oregionales

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(...) el propósitocentral de la

participación de lacomunidad

internacional en lamesa de

negociaciones esotorgar legitimidad

al diálogo (...)

CONCLUSIONES REFERENCIAS_______________Al momento de finalizar este trabajo continúan lasnegociaciones entre la AUC y el gobierno de Colombia.Aún no se ha logrado la presencia de la sociedad civil yde la comunidad internacional, y parece pocoprobable que se logre la desmovilización de latotalidad de las AUC antes del 31 de diciembre de 2005,conforme a lo pactado. Sin embargo, la continuidaddel proceso es una señal alentadora en el camino haciala construcción de la paz entre los colombianos.

El mejoramiento de las condiciones actuales y ladirección de las negociaciones depende en ciertamedida de los actores de la sociedad civil y de lacomunidad internacional. Ambas instancias podríanasumir un papel protagónico en cuanto alfortalecimiento de las instancias judiciales quehabrán de abordar el conocimiento de los crímenescometidos durante el accionar de las AUC.

Es posible que con la participación de dichos actores selogre transformar y fortalecer el aparato estatal deadministración de justicia, al tiempo que seconsoliden las experiencias comunitarias deresolución de conflictos y regulación pacífica de la vidasocial.

Los cambios en la rama judicial del poder público sedeberían orientar hacia la creación de condiciones quehagan posible una mayor eficacia y eficiencia en supapel de reconstrucción de la verdad.

El primer paso en esa dirección consiste en que, en elcorto plazo, las agencias de cooperación,organizaciones no gubernamentales de diferentespaíses y expertos internacionales realicen convenioscon instituciones de la sociedad civil para construir unsistema de monitoreo y seguimiento al sector judicial.

1. . “Colombia: negociarcon los paramilitares”. 16 de septiembre de 2003.Página 24.

2. “Reconciliación” es un término ampliamentedebatido. En este trabajo se usará según lad e f i n i c i ó n q u e p r e s e n t a B l o o m f i e l d :“Reconciliación es un proceso amplio que incluyela búsqueda de la verdad, el perdón, cicatrizaciónemocional, etc. En su forma más sencilla quieredecir buscar la manera de convivir con susantiguos adversarios no necesariamenteamándoles…u olvidando el pasado, perocoexistiendo con ellos.” Bloomfield, David.“ R e c o n c i l i a t i o n : a n I n t r o d u c t i o n ” e n :Reconciliation After Violent Conflict: A Handbook.International IDEA. 2003. Página 12.

3. http://www.colombialibre.org. Página de lasAutodefensas Unidas de Colombia. Consultada el7 de agosto de 2004

4. Parágrafo 3, artículo 33, decreto legislativo 3398 de1965, adaptado como legislación permanente porel parágrafo del artículo 1 de la Ley 48 de 1968.

5. Artículo 1 del mencionado decreto.

6. Al respecto se puede consultar, entre otros:Medina, Gallego Carlos; “Autodefensas,Paramilitares y Narcotráfico en Colombia”;Editorial Documentos Periodísticos, 1990. Pécaut,Daniel; “Guerra contra la sociedad”; EditorialPlaneta Colombiana S.A.; 2001. CorporaciónObservatorio para la Paz; “Las verdaderasintenciones de los paramilitares” IntermedioEditores, 2002. el informe de ICG “Colombia:negociar con los paramilitares” Septiembre de2003.

7. http://www.hrw.org. “Los lazos que unen:C o l o m b i a y l a s r e l a c i o n e s m i l i t a r e s -paramilitares” Páginas 6 y 7. 2000 Consultado11de agosto de 2004.

8.

9 Al respecto se puede ampliar, entre otros, con lossiguientes textos: Nemogá Soto, Gabriel Ricardo.“Crisis judicial: enfoques diferentes, elementosconstantes”. En Pensamiento Jurídico No 4.Universidad Nacional de Colombia. 1995;Sanabria, Mauricio. “La Justicia: entre la

International Crisis Group

http://colombialibre.org. Consultada 7 de agosto2004

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9

democracia y la modernización o entre el acceso yla eficiencia-”. En: Pensamiento Jurídico No 4.Universidad Nacional de Colombia. 1995;Rodríguez, César. “Globalización, reforma judicialy Estado de derecho: el regreso de los programasde derecho y desarrollo”. En: El Otro Derecho. ILSA.2 0 0 0 ; U p r i m n y Y e p e s , R o d r i g o .“Transformaciones de la administración dejusticia”. En: El caleidoscopio de las justicias enColombia. Siglo del Hombre Editores. 2001.;Hinestroza, Fernando. “Administración de justiciay constitución de 1991.”. En: El debate a laConstitución. Unibiblos. 2002.; FuentesHernández, Alfredo y Perafán, Betsy “Cambios enel sistema de Justicia y papel de la sociedad civil enColombia.”. Universidad de los Andes. 2002.Garay, Luis Jorge y otros. “Modernización de lajusticia para la convivencia”. En: Talleres delmilenio. Tercer Mundo Editores. 2002

10. Intervención de Pablo Elías González en el “Panelimpunidad y reforma a la justicia” en el marco dels e m i n a r i o “ H a c i a d ó n d e v a e l E s t a d oColombiano?”, realizado los días 24, 25 y 26 deseptiembre de 2002 en Bogotá D.C. Publicado porNuevas Ediciones Ltda.. 2003

11. http://eltiempo.com-negociación. 3 de agosto de2004. “Sin las víctimas es imposible un proceso,d i c e u n a f u n c i o n a r i a d e l a C o m i s i ó nInteramericana de DD.HH.” Consultado en lamisma fecha.

12. Ver en: Barbosa, Reinaldo. Guadalupe y suscentauros. Cerec. 1992.

13. http://www.FarcEp.org. Consultada el 12 deagosto.

14. Novoa García, Armando. “Justicia de paz, actoresarmados y civilidad: acerca de las posibilidades dela justicia de paz en las zonas de negociaciónEstado-Insurgencia.”, en Justicia de Paz en laRegión Andina. Corporación Excelencia en laJusticia. 2000. Páginas 245 a 259.

15. Lara, Patricia. Las mujeres en la guerra. EditorialPlaneta Colombiana S.A. 2000. Páginas 133-192.

16. Aranguren, Mauricio. Mi confesión: CarlosCastaño revela sus secretos. Editorial OvejaNegra. 2000

17. Santos, Boaventura de Sousa y García Villegas,Mauricio. El caleidoscopio de las justicias enColombia. COLCIENCIAS, 2001.

18. Entrevistas realizadas Edgar Ardila y RosembertAriza , profesores de La Universidad Nacional deColombia y Santo Tomás de Aquino de Bogotá,respectivamente. En la Red, el profesor Ardila es eldirector académico y el profesor Ariza es directorde interlocución. Se puede ampliar informaciónen la página http://reddejusticia.org.co.

19. Evidentemente, el Estado colombiano y susinstituciones también serán protagonistas eneste proceso. No obstante, una revisión del papeldel Estado está más allá de las posibilidades deeste trabajo.

20. http://www.altocomisionadoparalapaz,gov.co.“Intervención del Alto Comisionado para la Paz,Luis Carlos Restrepo, en la plenaria del Senado,durante el debate sobre el proceso de paz con lasautodefensas.” 3 de agosto de 2004. En: discursosy declaraciones 2004. Consultado 12 de agosto de2004.

21. http://elespectador.com. 1 de agosto. 2004.Consultado en la misma fecha.

22. http://www.revistacambio.com .1 de agosto del2004. Consultado la misma fecha.

23. Las experiencias en otros países han demostradoque esos procesos requieren profesionales dediferentes disciplinas y con experticia diversa,incluyendo abogados, psicólogos, economistas,etc.

César Torres Cárdenas es abogado y consultor socio-jurídico independiente.

ACERCA DEL AUTOR

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Noviembre de 2004

ISBN: 1-894992-16-4

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