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Bartolomé Mitre 2162 C1039AABCiudad de Buenos Aires

Jueves3 de marzo Editorial

MARIANO FERREYRALA LUCHA CONTINUA

de 2016

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Año XXXIIINº 1.401

Macri en el Congreso de los buitres

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ABAJO EL PACTO BUITREDE GRIESA, MACRI Y EL CONGRESO

En un tiempo récord, el Congreso se apresta a aprobar uno de los acuerdos más entreguistas de la historia nacional.

Es el que premiará a un grupo de especuladores financieros inter-nacionales con un pago contante y sonante de más de 10.000 millo-nes de dólares.

Para algunos de ellos, esa suma representa quince veces el valor que invirtieron en la deuda argentina, hace más de una década.

Después de una década de pago serial de la deuda usuraria, el ma-crismo se apresta a un hipotecamiento mayor.

Los opositores, Massa, el kirchnerismo o el centroizquierda, todos ellos cómplices del endeudamiento del pasado, se aprestan a convali-dar este saqueo. A cambio de ello, esperan que los usureros socorran

a sus provincias y municipios quebrados. Pero la garantía que pedirán para volver a prestar está cantada:

“ajuste fiscal”, no a costa de las petroleras o mineras, sino de miles de puestos de trabajo.

Y nuevos tarifazos. Y sostener la confiscación del impuesto al salario.

Dentro del Congreso, a través de nuestros diputados y en las ca-lles, el Partido Obrero y el Frente de Izquierda batallarán contra este pacto colonial.

¡Abajo el pacto buitre! Investigación y repudio de toda la deuda usuraria, un mecanismo de opresión nacional y de expoliación de la mayoría trabajadora.

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2 PRENSA OBRERA 1401 MARZO 2016

En el discurso de apertura, Ma-cri no hizo la menor referen-

cia a la hipoteca que pesa sobre el país derivada de los contratos de dólar futuro llevada adelante en el tramo final del mandato de Cristina. La omisión es tanto más sugestiva en momentos en que el juez Bonadío acaba de llamar a indagatoria a la ex presidente por dicha operatoria.

El costo de estas operaciones podría llegar a ser la mitad de lo que se calcula que habrá que pagar a los fondos buitre benefi-ciados por el fallo del juez Grie-sa. El país deberá cargar con las pérdidas del BCRA como conse-cuencia de los compromisos que firmó de venta de dólar futuro (entre enero y junio), a 10,40 pe-sos, especialmente con bancos y cerealeras. Ahora, el Banco debe-rá pagar a los beneficiarios la di-ferencia con la cotización actual de la divisa -unos cinco pesos-, lo que podría llegar a la friolera de 100.000 millones de pesos, teniendo en cuenta que los com-promisos involucran unos 20.000 millones de dólares.

Los funcionarios kirchneris-tas se justifican diciendo que una victoria de Scioli no hubiera lle-vado a la devaluación y por consi-

guiente se hubiesen evitado esas pérdidas. Pero no aclaran por qué no se dejó de realizar esa operato-ria con el dólar futuro apenas se conoció el resultado que ponía a Macri al borde de una victoria, en especial por el triunfo de María Eugenia Vidal.

Vanoli procuró minimizar la pérdida asegurando que el Ban-co Central había ganado 200 mil millones de pesos gracias a la misma devaluación macrista. Se refería a la valorización que esa devaluación había provocado en los activos del Banco Central -reservas y títulos públicos. Pero esta valorización sólo vale como ganancia contable. “La pérdida en el mercado de futuros es, por el contrario, efectiva: el Banco deberá emitir 100 mil millones de pesos para cancelar los contra-tos. Por otro lado, la valorización de los títulos públicos en la car-tera del mismo banco determina una pérdida para el Tesoro. Esta cifra, además, representa la ter-cera parte de la deuda del Banco Central y, por otro lado, de la base monetaria, luego deberá absor-ber ese dinero mediante bonos -los cuales rinden alrededor del 35% anual” (“Milagro Sala es una monjita”, extraído del Facebook

de Jorge Altamira).La responsabilidad de los K

está a la vista, pero el macrismo no queda a salvo. El gobierno actual dice que procedió a efectuar una quita, reteniéndole un 35 por cien-to en concepto de impuesto a las ganancias, a los beneficiarios de esa operatoria. Pero lo que no dice es que quedaron exceptuados de la misma quienes operan en el Mer-cado abierto electrónico (MAE) donde se realizaron las principales transacciones y en las que operan los bancos. Las instituciones ban-carias, precisamente, acaban de anunciar ganancias récord en el año 2015 y parte de esas utilidades se originaron en esta operatoria espuria y, de un modo general, en sus operaciones con letras y títulos públicos de la deuda.

El carácter fraudulento de la operatoria es tan desvergonzado que el nuevo presidente del Ban-co Central insinuó al asumir sus funciones que habría que anular esos contratos. La sola insinua-ción de esa posibilidad, puso el grito en el cielo de operadores financieros y, en primer lugar, de los bancos. Estos últimos de-nunciaron que el desconocimien-to de los contratos equivalía a un defol en momentos en que el

país apuntaba a un arreglo con los fondos buitre para salir de ese estado. Los bancos, incluso, amenazaron con soltarle la mano al gobierno y dejar en suspenso el crédito puente y el ingreso de divisas que estaban tramitando en vistas a apuntalar las reser-vas del BCRA. Sturzenegger me-tió rápidamente violín en bolsa, lo cual no puede sorprender pues el actual presidente del Banco Central, así como Prat Gay, ya cargan con otro desfalco, compro-metidos en otro megacanje en la época de Cavallo, tan turbio como el actual, y en la fuga de divisas

que culminó con el corralito.El pago de los contratos de

dólar futuro y el arreglo con los buitres son dos caras de la misma moneda. Son expresión de la su-misión nacional a los dictados del capital financiero, que moldea el régimen político a la medida de sus intereses. A los 15.000 mi-llones de dólares que asciende el arreglo con los holdouts, hay que sumarle los 6.000 que representa este segundo fraude. Resumien-do, en lugar de uno, tenemos… dos pactos buitres.

Pablo Heller

Políticas

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Los trabajadores del Conicet de Necochea y Quequén nos organizamos frente al ajuste. Mariano Schlez

Mendoza: enorme movilización docente. Martín Dalmau

Merlo: un diálogo trucho que no resuelve nada. Analía Pascual

Cuenca del Salado: 40 años de fracasos. Corresponsal

Los secundarios se organizan. Lucas V.

Ex ypefianos votaron movilizarse el 1° de marzo. Silvia Jayo

El “plan de labor parlamen-taria” del Congreso fue redactado en Nueva York,

en las oficinas del juez Griesa. Hace dos semanas atrás, el juez había permitido que Argentina volviera a cumplir con sus pagos de deuda con quienes se acogie-ron a los canjes anteriores si el Congreso derogaba las llama-das “leyes cerrojo”. Para ser más claro, Griesa fijó como cierre de negociaciones al 29 de febrero -o sea, un día antes de la inaugura-ción del año legislativo. Ahora, alcanzado el acuerdo con el fon-do de Paul Singer, se ha fijado la fecha límite del 14 de abril para su pago -o sea, el plazo necesario para que Diputados y Senadores pongan el gancho. Un comenta-rista político destacó que, para convencer a Griesa a que des-trabe el litigio, el negociador del macrismo le explicó “la renta extraordinaria que obtendrían los holdouts”, o sea, que tuvo el ‘mérito’ de detallarle la magni-tud de la entrega nacional. En el acuerdo cerrado el lunes pasado, el Fondo de Paul Singer recibi-rá el 100% del capital de bonos defolteados que fueron compra-dos a una cifra entre cinco y diez veces inferior a su valor de emi-sión. Por una deuda de 5.900 mi-

llones a los buitres más duros, el gobierno le reconocerá 4.800 mi-llones, o sea, casi el 80% de lo de-mandado. Los litigantes obten-drán en promedio quince veces más de lo que “invirtieron” por estos bonos. En su conjunto, la cancelación de toda la deuda con los buitres -incluyendo a acree-dores italianos y otros bonos emitidos en euros- demandará unos 8.000 millones de dólares. Pero para cancelar al contado la hipoteca, Argentina emitirá bonos de deuda a una tasa esti-mada en el 7% anual. Teniendo en cuenta los intereses a pagar, y la necesidad de emitir un valor nominal de títulos superior a la deuda a cancelar, aquella factu-ra podría elevarse a más del do-ble. El Congreso se apresta a re-frendar el acuerdo más leonino en la larga historia de la deuda usuraria.

Primero, el ajusteAlfonso Prat Gay, el ex emplea-do del banco que financiará esta operación leonina, justificó el acuerdo sosteniendo que los préstamos que aparecerían des-pués de cerrar con los buitres evitarían un “ajuste brutal”. Con ello, ha pretendido asociar el reendeudamiento a un pre-

tendido ‘gradualismo’. Sin em-bargo, los voceros financieros ya han advertido que la nueva deuda está atada a la “cues-tión fiscal”, o sea que el ajus-te debe preceder a los nuevos préstamos. Los ´gradualistas´ deberán exhibir, con miles de despidos y nuevos tarifazos, las garantías que ofrece Argentina para volver a endeudarse. En los mismos días en que se avan-zaba con el pacto buitre, el FMI volvió a incluir en sus informes los reportes sobre la economía argentina. El paso siguiente

será la adhesión del país al ré-gimen de “intercambio informa-tivo” (artículo IV). Es el punta-pié inicial para un monitoreo del ajuste por parte del capital financiero. Al interior de Argen-tina, el gobierno replicará esta vigilancia contra las provincias, como condición para habilitar a su propio reendeudamiento. El futuro régimen de coparticipa-ción, por lo tanto, será otra cria-tura del acuerdo con Griesa y el capital financiero.

El gobierno se lanza con des-esperación a este acuerdo leoni-

no -y al socorro financiero que espera alcanzar con él- cuando la pretensión de una salida or-denada o gradual del régimen económico anterior hace agua. El dólar supera los dieciséis pesos y el gobierno acentúa la suba de intereses -y la recesión- para contener la sangría de di-visas. Pero la tabla de salvación del capital financiero será to-davía más pesada, y acarreará mayores desequilibrios econó-micos y crisis políticas.

Marcelo Ramal

Del arreglo colonial al FMI

Dólar futuro: desfalco K y complicidad macrista

EDITORIAL MARZO 2016 PRENSA OBRERA 1401 3

GABRIEL SOLANO

El kirchnerismo se quejó injustamente con Ma-cri por el contenido de su discurso en la Asamblea Legislativa. Ocurre que

en su repaso de la ‘herencia recibi-da’ omitió el punto más importante. Nos referimos al crecimiento de la deuda pública durante el gobierno anterior, que ya supera los 250.000 millones de dólares, sin contar aún los pagos que se realizarán a los fondos buitres ni la deuda de otros 20.000 millones que el BCRA tiene con la banca privada. Macri tam-bién omitió mencionar el pago de casi 200.000 millones de dólares por parte de la administración kir-chnerista, lo que no impidió el cre-cimiento de la deuda, condujo al vaciamiento financiero del país y explica los desequilibrios económi-cos ‘heredados’.

Aunque mucho le duela a La Cámpora, el discurso de Ma-cri es un aval implícito al relato del ‘desendeudamiento’ con el que tan-to batieron el parche los propagan-distas del kirchnerismo. Ahora ese relato es ‘funcional’ a la política de mega-endeudamiento que el gobier-no piensa inaugurar con el pago a los fondos buitre. Los bonos por 15.000 millones de dólares que Prat Gay emitirá a una tasa usuraria del 7% anual vienen a engrosar una cuenta que deja a Argentina al bor-de de la bancarrota, con una deu-da equivalente a dos tercios de su PBI. Se trata de deuda para pagar deuda o cubrir un déficit fiscal cre-ciente, por las mayores concesiones dadas a los capitalistas. Es el caso de la eliminación de las retenciones agropecuarias y mineras, o los sub-sidios a los monopolios petroleros.

Mientras en Argentina los econo-mistas vinculados al gobierno y a la oposición dicen que la coyuntura internacional es propicia para abrir un nuevo ciclo de endeudamiento, un vocero calificado del capital fi-nanciero como el Financial Times

alerta en un reciente artículo con que una emisión masiva de deuda argentina puede terminar en un fracaso.

Una escribanía buitre Macri sabía de antemano que su pe-dido de que el Congreso apruebe el pacto con los buitres sería atendi-do con premura. En el plenario del Partido Justicialista realizado días atrás, la moción de rechazar el acuerdo con los buitres nunca lle-gó siquiera a ser considerada. Los gobernadores presentes dejaron en claro que votarán el acuerdo con las dos manos, porque ellos mis-mos están en busca de un endeu-damiento para sus provincias. El bloque de senadores del PJ, coman-dado por Pichetto, también anticipó que votará a favor para “cuidar la gobernabilidad”. De este modo se armó el viejo truco del policía bueno y el policía malo: el bloque de sena-dores del FpV votará a favor pues sus votos son indispensables para aprobar el acuerdo, mientras en diputados podrán votar en contra ya que sus votos no son necesarios. La maniobra quedó al descubierto cuando todos aceptaron armar una conducción única del partido detrás de Barrick-Gioja.

Los votos para el acuerdo con los buitres también vendrán del nue-vo tándem que se ha formado en la última semana, la dupla Mas-

sa-Stolbizer. Con la hipocresía que caracteriza al progresismo criollo, han decidido ocultar el significado histórico de este pacto entreguista presentando una ‘agenda social’, cuya realización es incompatible con el sometimiento al capital fi-nanciero y el pago de la deuda usu-raria. Hablar del 82% móvil o de la suba de las escalas del impuesto al salario mientras se vota un endeu-damiento colosal en beneficio de los usureros internacionales es peor que un contrasentido, es un acto de cinismo que debe ser denunciado implacablemente.

Más ajuste A la hora de justificar el vergon-zoso acuerdo con los buitres, que embolsarán en algunos casos bene-ficios superiores al 6.000%, se ha armado un nuevo relato que con-siste en afirmar que el endeuda-miento que busca el gobierno y los gobernadores viene a impedir o al menos moderar el ajuste en marcha en el país. Quienes difunden esta especie pretenden ocultar que el endeudamiento tiene una contra-parte que el gobierno debe cumplir, y es asegurar la capacidad de pago de la deuda contraída. Pero ello sólo es posible profundizando el ajuste en marcha contra los trabajadores, que Macri quiere aplicar teniendo el reaseguro de un frente amplio que abarque a los gobernadores y

al Congreso. El voto favorable al pacto con los buitres compromete a todos ellos en una ofensiva antio-brera común.

Los planes en ese sentido ya son públicos. Los miles de despidos en el Estado ejecutados hasta ahora podrían duplicarse o triplicarse en el próximo período. En el mismo momento que Macri hablaba en el Congreso, 600 trabajadores de Atu-cha eran despedidos. Los despidos y suspensiones alcanzan a la in-dustria y el comercio. En la UOM peligran 10.000 puestos de traba-jo. La recesión es un instrumento para golpear al salario de cara a las paritarias.

La burocracia sindical está juga-da en la misma orientación. Esto alcanza incluso a su ala izquierda, como lo prueba el rápido acuerdo que firmó la Ctera con el gobier-no, que destruye el Estatuto del Docente y deja a la masa de los tra-bajadores de la educación con sala-rios por debajo de los 10.000 pesos. Los Moyano, Barrionuevo y compa-ñía han convalidado la continuidad del impuesto al salario, lo cual pre-tende disimularse con un debate parlamentario tramposo en el que los trabajadores llevan siempre las de perder.

A la acción Los próximos 30 días converti-rán al país en un laboratorio po-lítico acelerado. El voto favorable del Congreso a favor del pacto con los buitres debe ser denunciado por medio de una campaña general, movilizaciones y actos. Ello ser-virá para una clarificación de los intereses sociales que representa cada fuerza política en el país. En la misma línea deben inscribirse todas las iniciativas de repudio a la llegada de Obama, cuyo carác-ter provocador aumenta siendo que ocurrirá en las vísperas del 40˚ ani-versario del 24 de Marzo.

La izquierda tiene una oportu-nidad excepcional para tomar la iniciativa y transformarse en la oposición política al gobierno ma-crista del ajuste y la entrega.

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Macri en el Congreso de los buitres

A 40 años del golpe genocida Seguimos luchando contra la impunidad de ayer y de hoy.30.000 compañeros detenidos-desaparecidos ¡presentes!• No al ajuste, el saqueo y la represión de Macri y los gobier-nos provinciales.• Contra la teoría de los dos demonios. No a la reconciliación.• Cárcel ya a todos los genocidas.• Apertura de todos los archivos.

• Restitución de la identidad a los jóvenes secuestrados.• Recuperación del Banco Nacional de Datos Genéticos.• No a los despidos. No al tarifazo. Paritarias sin tope.• Contra la criminalización de la protesta. No al protocolo represivo.• No a la criminalización de la pobreza y la juventud.•Derogación de las leyes antiterroristas.• Basta de infiltración y espionaje al movimiento popular.

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24 DE MARZO Marcha de Congreso a Plaza de Mayo14:30 hs

E N C U E N T R O M E M O R I A , V E R D A D Y J U S T I C I A

4 PRENSA OBRERA 1401 MARZO 2016

El 25 y 26 de febrero se re-unió la Asamblea parla-mentaria del PO, con la

presencia de 30 compañeros que representan bancas en el Congreso, legislaturas provin-ciales y concejos municipales de ocho provincias del país. El pri-mer punto que se abordó fue la apertura de sesiones, donde se refrendó la posición partidaria de no concurrir a las sesiones inaugurales de todos los parla-mentos. De esa forma, expresa-mos el rechazo al acuerdo con los fondos buitre, que constitui-rá una nueva hipoteca para el país, así como al brutal ajuste implementado por el oficialis-mo y la oposición de las provin-cias. La posición ha sido un éxi-to, porque nos colocó a la cabeza de la denuncia del pacto buitre y del papel de las fuerzas de Esta-do del Congreso.

De entrada, los parlamentarios del PO en el Frente de Izquierda se pronunciaron contra la domicilia-ria de Pedraza y resolvieron movi-lizarse con toda la militancia parti-daria a los Tribunales, en rechazo a la resolución judicial.

La Asamblea deliberó sobre la crisis política y resolvió una agen-da de intervención que tendrá como punto central el rechazo al ajuste y el rescate de los capitalis-tas, con la finalidad de contribuir a la agitación política nacional del PO frente a la crisis. Denunciamos los pactos que se están gestando en el Congreso para convertir al parlamento en una escribanía del capital financiero, toda vez que los bloques mayoritarios se aprestan a consumar el acuerdo con los bui-tres, con los mecanismos leoninos ya utilizados por Kicillof con Rep-sol y el Club de París.

ProvinciasUn punto de debate fue la pro-funda crisis que atraviesan las provincias, producto de déca-das de vaciamiento a favor de los pulpos mineros, sojeros y petroleros. Ahora, el pacto con los buitres alienta a los gober-nadores, de todo pelaje polí-tico, a tramitar un nuevo en-deudamiento para refinanciar las deudas provinciales. En el interior, los gobernadores bus-can alinear a todos los bloques políticos y sindicatos en pos de la exigencia de fondos. Detrás de esa unidad, buscan luego el consentimiento de opositores y de la burocracia sindical con la política de ajustes. Los parla-mentarios del PO denunciamos el ajuste nacional, que exprime a las provincias a cuenta del ca-pital financiero, pero también

la extorsión de los gobiernos locales que vaciaron la salud pública, la educación y mantu-vieron jubilaciones de miseria a favor de los pulpos empresa-riales. Nos oponemos al ajuste, a un nuevo endeudamiento. Las deudas provinciales deben ser investigadas. Reclamamos la apertura de los contratos de la obra pública. Planteamos un ré-gimen impositivo basado en im-puestos progresivos al capital minero, petrolero, del agro y a la renta financiera, donde el pre-supuesto de gastos asegure las urgentes demandas sociales.

AgendaNuestras bancas servirán como una plataforma de agitación po-lítica para desarrollar una sali-da obrera a la crisis. Un punto importante será la lucha por la abolición del impuesto al sala-rio, como punta de lanza para la preparación de un nuevo paro nacional, frente al fraude de los cambios realizados por el macrismo. Nuestro proyecto de abolición del impuesto a las ganancias, sobre todo salario de convenio, será una herra-mienta para contribuir a la deliberación en el movimiento obrero. Nuestros parlamenta-rios organizarán reuniones con comisiones internas, cuerpos de delegados y activistas, promo-viendo el debate y recogiendo pronunciamientos. Otros temas de la agenda serán la prohibición de despidos y suspensiones, un salario mínimo igual a la canasta familiar, el 82% móvil, los dere-chos de las mujeres trabajadoras, una campaña nacional contra la megaminería contaminante y por la nacionalización integral de nuestros recursos naturales, donde contamos con un proyec-to cuya autora es Soledad Sosa, quien recorrerá las provincias mineras impulsando reuniones abiertas con trabajadores mine-ros y movimientos ambientalis-tas. La campaña por la derrota del Protocolo y contra las polí-ticas represivas será un punto nodal de nuestra intervención y agitación parlamentaria. Ya realizamos una exitosa audien-cia con organizaciones obreras y de derechos humanos contra el protocolo y otra que reunió a 70 luchadores ambientales de todo el país, con centro en la lucha contra la minera Agua Rica.

La Asamblea resolvió reforzar la coordinación nacional del tra-bajo parlamentario, de cara a los grandes desafíos planteados.

Mariela Solesio

Políticas

La Asamblea de parlamentarios del PO votó un plan de acción

En la inauguración de las sesiones ordinarias, el Partido Obrero desarro-lló un acto en las inmediaciones del Congreso Nacional, donde hablaron los diputados nacionales Soledad Sosa y Pablo López. Mientras se desarrollaba el acto, el diputado Néstor Pitrola ca-racterizaba ante numerosos medios el alcance del pacto entre Mauricio Macri y el Congreso para aprobar las leyes que reclaman el juez Thomas Griesa y los fondos buitre.

En su discurso, la diputada men-docina Soledad Sosa explicó que los diputados del PO-FIT no asistían al comienzo de las sesiones ordinarias en rechazo a dicho acuerdo colonial. Por el mismo motivo, los legisladores provinciales del PO-FIT tampoco asis-tían a la inauguración de sesiones de sus respectivos distritos. “El daño que causa este pacto buitre va a ser resisti-do por el pueblo”, concluyó Sosa, que llamó a frenar el ajuste en las calles y explicó que los primeros meses del gobierno de Macri se han caracteriza-do por todo tipo de decretos y favores

al gran capital.Cerrando el acto, el diputado

salteño Pablo López señaló que el Congreso “empieza a sesionar con una agenda que le dictó (el juez) Griesa desde Nueva York”, y denunció que el Congreso se apresta a aprobar en tiempo récord las leyes que recla-man los buitres. El acuerdo con los buitres supone un reconocimiento del orden de quince veces lo que in-virtieron los acreedores en los bonos defolteados de Argentina, hace más de una década atrás.

Con respecto al papel de los gober-nadores peronistas, López destacó la división de tareas al interior del justi-cialismo: mientras un sector cacarea contra el acuerdo en la Cámara de Diputados, el jefe del bloque de sena-dores, Miguel Pichetto, aseguró que darán todo el apoyo que sea necesa-rio para alcanzar la aprobación de las leyes. El kirchnerismo, pagador serial de deuda, fue el primero que se esme-ró en buscar un arreglo. López cargó contra el gobernador salteño Juan

Manuel Urtubey, firme partidario del acuerdo y punta de lanza del ajuste en su distrito.

Haciéndose eco de la conferencia conjunta entre Sergio Massa (cuyos diputados apoyan el acuerdo) y Margarita Stolbizer, López concluyó que “el centroizquierda está de acuer-do con este pacto colonial”.

El acuerdo con los buitres implica-rá una profundización del ajuste. “La otra pata es el protocolo antipiquetes -señaló López- que hay que terminar de derrotar con una movilización masiva el 24 de Marzo”. El importan-te paro estatal del 24 de febrero y la movilización multitudinaria a Plaza de Mayo demostró que “la clase obrera tiene las reservas para salir a enfrentarlo”.

Los diputados del Partido Obrero defenderán dentro del Parlamento la agenda de lucha contra el ajuste, por el 82% móvil, contra el impuesto al sa-lario, y por todas las reivindicaciones planteadas.

Corresponsal

EN EL INICIO DE LAS SESIONES ORDINARIAS DEL CONGRESO

Acto contra el pacto buitre

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PRENSA OBRERA 1401 MARZO 2016 5

El beneficio otorgado a Pe-draza, y el sobreseimiento

de los jueces involucrados en la causa por las coimas, ponen al desnudo la voluntad política de declarar el punto final tanto en la causa por el asesinato de Mariano Ferreyra como en sus investigaciones derivadas.

La defensa de Pedraza ha so-licitado el beneficio de la prisión domiciliaria desde el mismo mo-mento en que -previo al juicio- se le negó la excarcelación. Siste-máticamente, estos pedidos fue-ron rechazados por el Tribunal Oral Criminal Nº 21, hasta que el pasado 24 de febrero se le otorgó.

No fueron las condiciones de salud de José Pedraza las que variaron. Los informes de los

médicos forenses son claros al afirmar “que no es un enfermo al que la privación de la liber-tad impida recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia”, por lo que no cumpliría los re-quisitos fijados para el otorga-miento de este beneficio.

La decisión fue tomada en base al informe del médico de parte (pagado por Pedraza), que vincula un deterioro de salud con una falta de cumplimiento en la atención de parte del Hospital Penitenciario Central I de Ezei-za. Su argumento se basa en que Pedraza aumentó 10 kilos y eso se debe a que no recibe la dieta adecuada (como si Pedraza con-sumiera la comida brindada por el penal).

Los jueces valoraron que el “encausado contara con un es-pacio habitacional, asistencia económica y afectiva”, lo que lo llevó de Ezeiza al lujoso depar-tamento de Palermo Chico, en un piso 35, donde la vista se ex-tenderá de su dominio.

El otorgamiento en forma arbi-traria de este beneficio fue posible al consentir la fiscal María Luz Jalbet la medida. Esta fiscal, que fue titular en la fiscalía que lo juz-gó, mostró sus simpatías hacia los acusados en la primer audiencia del juicio, coincidiendo con la de-fensa y atacando a la querella; lue-go de reprimir sus simpatías (tras el ataque de la que fue objeto por los medios de prensa) las ha dejado nuevamente a la luz.

Recordemos que la fiscalía se negó a acusar a los empresarios y funcionarios, a la vez que desvin-culó del crimen, acusando por deli-tos menores, a los jefes de la Fede-ral que dirigieron el operativo.

A ello, se suma un Tribunal que había variado su composi-ción, siendo integrado por dos jueces subrogantes Horacio E. Barberis y Liliana N. Barrionue-vo -que aprobaron el beneficio. El único juez que permanecía de la constitución original, Diego Ba-rroetaveña, votó en contra.

El Código Procesal excluye a la víctima de poder controlar la ejecución de sentencia, dándelo parte a la querella sólo en el pro-ceso hasta su sentencia, y priván-dola de cualquiera apelación en relación a la medida.

La cárcel común a Pedraza será una batalla política que abordaremos no sólo con la movi-lización, sino con la lucha concre-ta contra la burocracia sindical y su régimen cómplice.

Claudia Ferrero (Apel)

Mariano Ferreyra, esta lucha continúa

La resolución del Tribunal N˚ 21, que le concede a Pedra-za el beneficio de la libertad

domiciliaria, es una tentativa de retomar la hoja de ruta trazada desde el mismo día del asesinato de Mariano Ferreyra, para con-seguir la impunidad de los res-ponsables políticos del crimen. La reacción popular inmensa que despertó en todo el país el asesi-nato de Mariano y las heridas gravísimas que sufrió Elsa Rodrí-guez impidió que este operativo de impunidad de consume. La condena a Pedraza; de su segun-do, Juan Carlos “Gallego” Fer-nández, y de los policías y barras que se asociaron para producir un acto de represión ejemplar contra los ferroviarios terceriza-dos, fue conquistada gracias a la movilización inmensa contra los poderes del Estado.

Los trazos gruesos de la impu-nidad fueron formulados por Aní-bal Fernández y la ex presidenta de la Nación. El primero, cuando señaló que la acción policial, que como luego se probó permitió el asesinato de Mariano, fue “ejem-plar”. La segunda, con un discur-so pronunciado a horas de come-tido el crimen, en el que culpó a los compañeros de Mariano por realizar manifestaciones “vio-lentas con palos”. La Presidenta, que luego recurriría a las pala-bras de su hijo sobre que la “bala que mató a Mariano rozó el cora-zón de Néstor”, no tuvo empacho en ponerse del lado de los jefes políticos de la patota asesina. El punto culminante de la ofensiva contra los compañeros de Maria-no sucedió, sin embargo, dos me-ses después. En diciembre, frente

a incidentes ocurridos en la esta-ción de Constitución, el gobierno responsabilizó al Partido Obrero y mandó a detener a tres com-pañeros de lucha de Mariano. El titular del CELS, Horario Ver-bitsky, colaboró con denuncias inventadas de su propia cosecha, para involucrar a nuestro partido en los incidentes. Fue necesaria otra nueva movilización a Plaza de Mayo, también masiva, para hacer fracasar este plan sinies-tro. Incluso, ya entrado enero, se filtró a los medios una conversa-ción de Pedraza con su hija, en la que se lamentaba por tener que ir a un acto oficial en la costa atlán-tica invitado por la Presidenta. Pedraza sería encarcelado recién en febrero de 2011.

Esta trama de impunidad tuvo su expresión en el proceso judicial. En vez de impulsar una causa única, en la que se investi-gara la totalidad de la trama que derivó en el asesinato de Maria-

no, se la desguazó en varias par-tes, separando la investigación del asesinato de los manejos de fondos y subsidios que alcanza-ban a funcionarios, empresarios y burócratas sindicales. De todas las causas, la única que avanzó fue la del asesinato de Mariano. Las otras, en cambio, quedaron siempre cajoneadas. Esto vale tanto para la que debió investigar los manejos de los subsidios y su relación con las empresas terce-rizadas manejadas por el propio sindicato de la Unión Ferrovia-ria, como para la que se siguió por el intento de coima de Pedraza a altos funcionarios judiciales.

El fallo del Tribunal que con-dena a Pedraza, Fernández, poli-cías y patoteros no es ajeno a esta política de impunidad. Los jueces calificaron el crimen de “homici-dio simple” y no “calificado”, como reclamábamos desde el PO, argu-mentando que no había habido premeditación a la hora de reali-

zar el ataque criminal que costó la vida de Mariano. Para ello se desconocieron pruebas abruma-doras que mostraban lo contra-rio. El sentido de esta carátula no fue leguleyo sino político: sin premeditación ni organización previa para cometer el delito, y al dejarse fuera las motivaciones económicas, se limitó las respon-sabilidades a Pedraza, dejando fuera a funcionarios políticos y empresarios. De ahí el sentido estratégico de nuestra apelación, que fue rechazada por el mismo Tribunal que ahora otorga el be-neficio de la prisión domiciliaria a Pedraza.

El gobierno de Macri siguió a fondo la política ferroviaria que tuvo el kirchnerismo luego del asesinato de Mariano y de la masacre de Once, cuya piedra basal fue asegurarse el respaldo de la Unión Ferroviaria. La UF, comandada por los discípulos de Pedraza, respaldó la gestión del

ex ministro de Transporte, Flo-rencio Randazzo, que en materia laboral recreó la tercerización de trabajadores en el ferrocarril a una escala enorme. La UF car-nereó todos los paros convocados contra el impuesto al salario du-rante el último período del kirch-nerismo, y ahora estuvo detrás de la ruptura del bloque de dipu-tados del FpV que comandó Die-go Bossio, pero que tiene como presidente a un patotero del Smata. La prisión domiciliaria para Pedraza es un convite en la mesa de la unificación de la CGT, que se promueve desde el gobier-no para enfrentar al activismo obrero que batalla contra el ajus-te estatal-patronal.

Para el pueblo argentino la decisión judicial que beneficia a Pedraza es una lección sobre las características reaccionarias del régimen político. Las movi-lizaciones populares profundas logran imponer excepcionalmen-te condenas a los explotadores y opresores, pero no cambian la naturaleza del Estado y de su clase social dominante. Estas esperan pacientemente para re-currir a todo tipo de artimañas y maniobras que resguarde la impunidad de su personal políti-co -en este caso de la burocracia sindical.

Inscribimos nuestra lucha contra este acto de impunidad y para que la Justicia anule la re-solución que beneficia a Pedra-za, en nuestro combate a fondo contra el régimen capitalista que pretende otra vez que la crisis la paguen los trabajadores.

Gabriel Solano

www.po.org.ar @PartidoObrero Partido Obrero

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Una cadena de impunidadEl significado de la prisión domiciliaria a Pedraza

De la trama judicial a la batalla política

6 PRENSA OBRERA 1401 MARZO 2016

La provincia gobernada por Gil-do Insfrán vuelve a la palestra

nacional, esta vez por un caso de narcotráfico que involucra al ri-ñón del gobierno, y revela el alto grado de descomposición del Es-tado provincial.

El sábado 20 de febrero, Ra-món Bareiro, funcionario pro-vincial y asesor del ministro de Economía de la provincia, Jorge Ibáñez, fue hallado casualmen-te por la Policía Federal con más de 50 kilos de cocaína, luego de que la camioneta del ministe-rio que conducía volcara en la Ruta 11. Bareiro, además de ser funcionario de la provincia y activo militante del PJ de Clo-rinda (fue candidato a concejal),

aportó una importante suma de dinero a las últimas campañas del FpV provincial.

La causa Bareiro no es un rayo en cielo sereno, y varios ca-sos del mismo estilo se acumu-lan en el prontuario provincial. El caso del concejal peronista Héctor Palma (se encontraron 700 kilos de cocaína en un campo que le pertenece, en Estanislao del Campo) o el de la, también, concejal justicialista “la Blan-ca” Denis, involucrados en cau-sas similares en años recientes, dan testimonio fiel de una ten-dencia a una vinculación más estrecha entre el narcotráfico y el Estado. Mientras los narcos se enquistan en el poder, éste y

su legislación represiva (“ley del narcomenudeo”) sólo persigue, criminaliza y reprime a la juven-tud, duramente castigada por la desocupación y la precarización que asolan la provincia.

El escándalo no podría ser más esclarecedor, ya que sus efectos salpi-can incluso a la oposición tradicional.

La UCR, mientras carga tin-tas contra Insfrán -la cabeza agotada de este Estado descom-puesto- busca cooptar por deba-jo de él al resto de la estructura. Precisamente, el intendente de Clorinda, Manuel Celauro, desa-fía hoy a Insfrán con el desbande, y amenaza con arrastrar a varios intendentes del PJ al FAF (Fren-te Amplio Formoseño). Celauro,

quien no se privó de llevar a Ba-reiro en su lista de concejales, tiene las puertas de la oposición abiertas. Claro, nada es gratis: el ministro de Agricultura nacio-nal, Ricardo Buryaile, prometió un giro millonario al municipio de Clorinda con plata de Nación.

La oposición tradicional tiene los mismos intereses y las mis-mas ambiciones que el grupo pe-ronista gobernante. Más allá del cacareo contra el narcotráfico y la corrupción reinante , su política se asienta en el mismo maridaje entre los aparatos de seguridad y los punteros y partidos del siste-ma, de un lado, y las organizacio-nes delictivas del otro. Su planteo más concreto hacia el narcotráfi-

co es el engendro represivo y re-accionario de la “ley de derribo”.

La lucha contra el narcotráfico involucra la lucha contra los apa-ratos de seguridad y los partidos políticos y punteros que lo ampa-ran, como así también requiere la apertura de los libros de los bancos, núcleo vital del comercio ilegal de drogas, y la confiscación de los bienes de productores y banqueros, además de la nacio-nalización del juego y el sistema financiero. Requiere, además, terminar con la miseria social en-gendrada día a día por un capita-lismo perverso y decadente.

Fabián Servin (Partido Obrero Formosa)

Políticas

El nuevo giro en el caso NismanEl regreso de Stiuso o el acuerdo del gobierno con el viejo aparato de la Side

Cuando la sede del gobier-no argentino termina de trasladarse a Washington

y Nueva York, y el Poder Ejecuti-vo ajusta su política a la que se le dicta desde el despacho del juez Thomas Griesa, resulta lógico que el giro espectacular que se le ha dado al caso Nisman encuen-tre su centro en Antonio Stiuso (alias “Jaime” o “Stiller”), un hombre que se jacta de tener ofi-cina propia en el edificio central de la CIA, en Langley.

Aún así, o precisamente por eso, la espectacularidad esconde el vacío: todo es un montaje, una puesta en escena para aumentar el aislamiento de la camarilla kir-chnerista y apretar el cerco con-tra ella. La causa Nisman, ahora en manos de la Justicia federal, no se resolverá porque ninguno de los supuestos investigadores está dispuesto a abrir los archi-vos de las cuevas de espionaje -en primer lugar la Side, o SI-, donde se entretejen crímenes y conspi-raciones contra el pueblo. Por el contrario, el regreso en triunfo de “Stiller” indica que el nuevo gobierno ha reanudado los pactos

del anterior con viejos servicios, herederos de la dictadura mili-tar (se debe recordar que, en su momento, fue Néstor Kirchner el que puso a Stiuso a trabajar en la causa Amia junto con Nisman). También esta arista del asunto tiene una lógica de hierro: si se abren esos archivos, van presos hasta los investigadores.

La nueva coreografía comen-zó cuando el fiscal general de la Cámara del Crimen, Ricardo Sáenz, consideró que Nisman fue asesinado y, en consecuencia, la causa debía pasar al fuero fede-ral. El dictamen del fiscal tiene una lógica técnica contundente: de las pericias hechas en el país y en el extranjero se desprende que la pistola Bersa Thunder.22 de la que salió la bala que mató a Nis-man produce al dispararse una fuerte emanación de gases de pól-vora, pero la mano de la víctima no tiene rastro alguno; por lo tanto, Nisman no disparó. Y si no dispa-ró, diría el maestro Perogrullo, es obvio que le disparó otro. Es decir, fue asesinado. Pero Sáenz va más allá y sostiene que la causa del ho-micidio fue la denuncia de Nisman

por el memorando con Irán. Es una suposición puramente política, al gusto del gobierno y de la embaja-da israelí.

Sáenz, uno de los impulsores de la marcha del 18 de febrero del año pasado por Nisman, o el juez Claudio Bonadío -citó a la ex Pre-sidenta, como se sabe, por el caso del fraude con la venta de dólares a futuro- ya no están solos. Aho-ra también Ariel Lijo aprieta el acelerador en el caso Hotesur. En otras palabras: se extiende el corri-miento del Poder Judicial hacia las tibiezas del nuevo poder político. Pero volvamos a Nisman.

Las “garantías” de StiusoApenas producido el dictamen de Sáenz se supo del regreso de Stiuso, quien dijo que ahora tiene “garantías” dadas por el nuevo go-bierno. En otras palabras: Macri lo trajo, lo cual indica cuál será su política en materia de espionaje. El Proyecto X, producto de la descon-fianza de Cristina Kirchner en una Side desintegrada, se revierte aho-ra a sus orígenes. La cueva tétrica de 25 de Mayo y Rivadavia vuelve a conocer días de esplendor.

Terminado el largo testimo-nio de Stiuso (17 horas) la jueza Fabiana Palmaghini, que per-sistentemente había negado la teoría del asesinato y se empeñó en negar el traspaso de la causa a un juzgado federal, como pedían las querellas, se declaró incom-petente. Palmaghini aceptó sin más la tesis de Stiuso: a Nisman lo mataron y el crimen fue encu-bierto por CFK, Carlos Zannini y Aníbal Fernández, e involu-cró también a Cristóbal López. La jueza, ahora sí, se apartó del caso y lo trasladó, de súbito, al fuero federal. Además, denunció penalmente a la fiscal Viviana Fein, cosa que le permitirá al ma-crismo volver a la carga contra la jefa de los fiscales, la kirchneris-ta Alejandra Gils Carbó. Todo a pedir de boca del gobierno.

Este caso hiede por cualquiera de sus costados. Stiuso y Nisman, por instrucciones de Néstor Kir-chner, fueron en su momento los encargados de pergeñar la teoría de inculpamiento de Irán en el atentado a la Amia, al punto que se desechó cualquier otra línea de investigación. Como alguna

vez admitió el propio Nisman, las fuentes de información que usa-ron para ese propósito fueron los informes que les suministraban la CIA, el FBI, el Mosad israelí e incluso las centrales de espiona-je británica y alemana. Cuando se firmó el memorando con Irán, todo ese armado se resquebrajó. Desde entonces, la interna de la Side y de las fuerzas de seguridad se transformó en un intercambio brutal de “carpetazos” y hasta de plomo caliente, como se vio en el asesinato de Pedro Viale, “el Lau-chón”, mano derecha de Stiuso en la Side y colaborador directo de un antiguo conocido de Macri: el proxeneta Raúl Martins, dueño de varios cabarulos de prostitu-ción y drogas en la Argentina y en América central. (Según la hija de Martins, Lorena, su padre es un fuerte aportante a las campa-ñas de Macri).

Que se abran los archivos de la Side y de todos los servicios de inte-ligencia, que se disuelvan de inme-diato esas cuevas de conspiradores contra el pueblo. Es, sin duda, un aspecto importante del sentido que deberá tener este 24 de Marzo.

Formosa: Estado en descomposición

AGENDASMUJERCiclo de charlas hacia el 8 de Marzo "La lucha por los derechos de las mujeres y contra el ajuste"

Sábado 5, 16 hs: Pasaje las Tunas 11184, Liniers. Con Pato P.

Centro Cultural León León, Palermo, Nicaragua 4432

Jueves 3/3 - 19:30 hs. Cine debate:

“¿Quién Mató a Mariano Ferreyra?”, con Julián Morcillo y Christian Rath.

Viernes 4/3

-23:30 hs: Jam de Jazz

Sábado 5/3 - 21hs

-Jornada cultural “Ciclo de Mujeres en Lucha” (Teatro, Música, poesía).

-23hs: Ciclo de Jazz: Fernando Picado Project.

Inauguración del nuevo local de Villa Crespo

Viernes 11 de marzo – 19 hsCon Jorge AltamiraPadilla 561

CHARLA-DEBATE CON

Elia ESPEN Jorge ALTAMIRA

A 40 AÑOS DEL GOLPEPOR UN 24 DE MARZO MASIVO, INDEPENDIENTE Y DE LUCHA

Viernes 4 de marzo - 19 hsCENTRO CULTURAL LEÓN LEÓNNicaragua 4432

PRENSA OBRERA 1401 MARZO 2016 7

Los días 14, 16 y 17 de marzo Apel, en representación de

Justicia Ya! Buenos Aires, pre-sentará el alegato frente al Tribu-nal Oral Federal N˚ 5, compuesto por los jueces Adriana Paliotti, Leopoldo Bruglia y Daniel Obli-gado.

Justicia Ya! Buenos Aires está integrado por un colectivo de or-ganismos de derechos humanos independientes del Estado, por sobrevivientes y familiares de compañeros detenidos y despa-recidos. Entre sus integrantes, se encuentran -además de Apel- la Asociación de Ex Detenidos-Des-aparecidos y los demás organis-mos que integran el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, la AGD-UBA, el Comité de Acción Jurídica de la CTA y el Movi-miento Ecuménico por los Dere-chos Humanos.

Entre otros casos, se juzgan los secuestros de Carlos “Sueco” Lorkipanidse y Enrique “Cachi-to” Fukman, Rodolfo Walsh, los

padres de Victoria y María Isabel Prigione Greco y los de los mili-tantes de Política Obrera, Lau-ra Dabas, “el Gallego” Gustavo Grassi y Susana Granica.

Este juicio, que comenzó en no-viembre de 2012, es el tercero de-dicado a los crímenes cometidos en el centro clandestino de deten-ción ubicado en la Escuela de Me-cánica de la Armada. En el primer tramo de esta “megacausa” fue juzgado el prefecto Héctor Fre-bres, quien murió envenenado en instalaciones de la Prefectura an-tes de la lectura de la sentencia. La segunda etapa, en 2009, tuvo 28 acusados (de los cuales dos de ellos fueron absueltos).

El tercer juicioPor allí pasaron al menos 5.000 compañeros, pero en este mo-mento se están juzgando sólo 789 casos. En el curso del juicio, se logró identificar al menos un cen-tenar de casos nuevos, entre los que se encuentran los de los com-

pañeros de Política Obrera Mar-celo Arias y Fernando Sánchez.

En el banquillo de los acusa-dos fueron sentados 70 genocidas; entre ellos, “el Tigre” Acosta, Al-fredo Astiz y Julio Poch. Sin em-bargo, a esta instancia llegaron sólo 56: el resto falleció impune.

El 40% de los represores gozó durante estos años de prisión domiciliaria, a pesar de nues-tras peticiones. El tribunal se dejó enmarañar con “pericias médicas” que jamás fueron re-visadas, al punto que al día de hoy no se expidió sobre ellas. En el medio se conocieron casos de violación del beneficio, como el del médico de la Esma Jorge Magnacco, quien fue visto pa-seando por un shopping después de prestar declaración.

Con más de 190 audiencias de testigos (800 declararon y un millar de declaraciones fueron agregadas por lectura) se pudo probar sobradamente que en este centro clandestino de deten-

ción los secuestros, asesinatos, torturas, violaciones, nacimien-tos en clandestinidad, trabajo esclavo y los “asaditos” (crema-ciones dentro del predio) eran moneda corriente.

Por primera vez en la historia de los juicios conocidos como “de lesa humanidad” están siendo juzgados los “vuelos de la muer-te”, como se llamó a la mecánica de arrojar a los cautivos drogados desde aviones al mar o al Río de la Plata para hacerlos “desaparecer” (en muchas ocasiones, la marea devolvía los cuerpos a la costa).

También están siendo juzga-dos civiles como el ex secreta-rio de Hacienda Juan Alemann -acusado de la privación ilegíti-ma de la libertad- y Gonzalo To-rres de Tolosa, quien fue secreta-rio en juzgado penal en la época de la dictadura, asiduo visitante de la Esma y encargado del sec-tor “automotores” del campo de terror y exterminio.

Las defensas, compenetradas

ideológicamente con los genoci-das, hostigaron sistemáticamen-te a los testigos. Opusimos una férrea defensa de los compañeros y desbaratamos todos los artilu-gios con los que intentaron de-morar la tramitación del juicio, incluido un pedido de sanción contra esta abogada.

Los días 14, 16 y 17 de marzo, a partir de las 10:30 horas, en los tribunales de Comodoro Py, final-mente nuestra palabra resumirá lo recogido en estos tres años de juicio. Reclamaremos la condena de los 56 acusados por el delito internacional de genocidio, con el que buscaron arrasar con la van-guardia obrera y juvenil que se puso de pie con el Cordobazo.

En nombre de los 30.000 com-pañeros detenidos desapareci-dos, pediremos cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas y la inmediata apertu-ra de los archivos.

Las audiencias son abiertas. Llenemos la sala de luchadores. Mostrémosle al gobierno de Ma-cri que las maniobras de impuni-dad no pasarán.

Más que nunca, castigo a los culpables.

Liliana Alaniz, abogada querellante causa Esma

por Justicia Ya! (Apel)

El viernes 26, al cumplirse diez años del crimen de Paulina Lebbos, se con-

cretó una gran jornada de lu-cha, convocada por la Comisión de Familiares Víctimas de la Impunidad de Tucumán.

Fueron miles las personas que se concentraron en la Plaza Independencia soportando, pri-mero, un tremendo calor y luego el aguacero que inundó algunos barrios de la capital.

El Partido Obrero participó con una masiva columna en-cabezada por el diputado na-cional por Salta, Pablo López, las diputadas provinciales Pa-tricia Jure (Neuquén), Andrea Ruiz (Santiago del Estero) y la senadora provincial Gabriela Cerrano (Salta).

Estuvieron presentes delega-ciones de familiares que luchan contra la impunidad de Salta, Santiago del Estero, Neuquén, Río Negro, Catamarca, Jujuy, provincia de Buenos Aires e inundados de La Plata. María Luján Rey, referente de los Fa-miliares de las Víctimas de la Masacre de Once, también fue parte de esta jornada de lucha.

El Partido Obrero, por medio de una declaración, carteles y pancartas llevó la denuncia so-

bre las decisiones judiciales a fa-vor de Pedraza. Alberto Lebbos y María Luján Rey denunciaron desde el escenario este golpe de impunidad en favor del asesino de Mariano.

La jornada tuvo diferentes instancias. La más importante se dio en la Plaza Independencia cuando, desde las 18 horas y de manera incesante, se habilitó una radio abierta en la que de-cenas y decenas de familiares, mayoritariamente de Tucu-mán pero también de todas las

delegaciones del país que se hi-cieron presentes, denunciaron sus casos. Como luego resumió Lebbos, en su discurso de cierre, todos los casos denunciados es-taban impunes porque el poder político -ya sea a través de sus gobiernos, sus policías, sus jus-ticias- estaba vinculado direc-ta o indirectamente con ellos, poniendo de relieve que la impu-nidad no era una excepción tu-cumana, sino extendida a todo el país.

En sus discursos, los familia-

res destacaron el apoyo del PO de Tucumán y de sus dirigentes en la lucha por justicia en la que estaban empeñados. El PO rea-lizó varias charlas, mesas-deba-te, un gran festival el domingo 21 que reunió más de 1.000 per-sonas y comprometió a impor-tantes bandas y grupos artís-ticos con la convocatoria del 26 y, luego, con la organización de las delegaciones presentes en el acto.

En diferentes discursos, los familiares destacaron la impor-

tancia de haber dado el paso de organizarse para sostener sus luchas. Otros fueron más lejos y señalaron la necesidad de ha-cerlo en todo el país, un desafío que ha quedado planteado.

Varios familiares hicieron re-flexiones políticas. A la hora de presentar sus casos no vacilaron en denunciar a los gobiernos K, nacional y provinciales. Pero también en destacar que, a pe-sar de sus expectativas de cam-bios, rápidamente advirtieron que con el nuevo gobierno las co-sas seguían igual o incluso peor. Una familiar de Santiago señaló que su provincia está gobernada por una camarilla vinculada con los peores crímenes y asociada al delito. Su gobierno, radical, fue socio del kirchnerismo, y ahora se ha transformado en so-cio de Macri. Por lo tanto, nada cambiará.

Lebbos, en su discurso de cie-rre, destacó el valor de la lucha y la organización y que gracias a ello muchos casos habían podi-do avanzar judicialmente. Pero también enfatizó que, gracias a la organización, muchos fami-liares habían madurado en su comprensión de la realidad.

Daniel Blanco

Políticas TUCUMAN

Una gran jornada contra la impunidad

MEGACAUSA ESMA

El turno de nuestro alegato Luego de tres años y cuatro meses de juicio oral, los días 14, 16 y 17 de marzo presentaremos el alegato de Justicia Ya!

El viernes 26, el Congreso de Ctera aprobó la oferta del gobierno nacional en mate-

ria salarial, luego de doce días de crisis y empantanamiento de la paritaria.

El piso del maestro de grado para febrero de 7.800 pesos y de 8.500 para julio, condena a los maestros de siete provincias a cobrar la mitad de la canasta bá-sica. Para otros docentes que no entran en esta “garantía” será mucho menos. El aumento del in-centivo docente, cifra en negro por excelencia, que pasa de 510 pesos por cargo a 910 en febrero y 1.210 en julio, es la “contribución” del gobierno nacional para que cie-

rren las paritarias provinciales, y evitar así la crisis que se armó con la primera versión de la oferta.

Aún así, y demostrando que el objetivo del gobierno nacional y de los provinciales es establecer salarios a la baja en relación a la inflación -en eso consisten los acuerdos ya cerrados-, siete pro-vincias fueron al paro de no inicio (Santa Cruz, Neuquén, Chubut, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Tierra del Fuego).

El Congreso de Ctera decidió darle la espalda a las provincias en lucha, en nombre de “defen-der” la oferta nacional. También le dan la espalda a los docentes de las provincias que no han re-

cibido oferta pero sus sindicatos no convocan a la lucha, que son otras tantas.

Para justificar esta entrega, la Celeste de Baradel ha ensalza-do de tal modo lo aceptado, que pareciera la mejor paritaria de los últimos años. De inmediato, y para cubrirse, lanzan diatribas contra Macri, su derechismo y la imposibilidad de enfrentarlo, con la excusa de que muchos docentes lo votaron.

Por un salario inicial muy le-jano a la canasta familiar, le han regalado al gobierno macrista el titular de algunos diarios: “Las clases comienzan en término”. Pero a pesar de los servicios pres-tados por Alesso, Baradel y López, este cierre nacional es provisorio, dado el brutal ajuste sobre el sis-tema educativo.

Las estratégicas Ciudad y provincia de Buenos AiresLa dirección de la UTE resolvió no firmar el acta del ofrecimiento de Rodríguez Larreta, pero igual ini-cia las clases. Presentó al “aumen-to” con enorme mayoría de cifras en negro como del 35%, mientras el gobierno declara que es el 25%.

La Celeste tuvo una ardua ta-rea en el plenario de la UTE para hacer pasar este acuerdo, que había sido rechazado en muchas escuelas dirigidas por ellos. La deliberación tuvo lugar en medio

de un enorme enojo de la docencia frente a los tarifazos y la infla-ción. El esfuerzo de la dirección de López fue para evitar un paro por noveno año consecutivo en la Ciu-dad. Díficil, muy difícil explicar que son “opositores” al PRO.

En la provincia de Buenos Ai-res apareció la oferta al terminar el jueves 25. Un aumento al bási-co en tres cuotas que completan 28,5% a partir de julio, que llevan al preceptor de 3.000 a 3.855 pe-sos y al maestro de grado de 3.300 a 4.240,50 pesos. Y un inicial de 8.760 y 9.801, respectivamente, en julio. El aumento de las cifras en negro en relación al básico es notable, lo que achata la escala sa-larial y transforma en secundaria la antigüedad.

La dirección del Frente Gre-mial (Suteba-FEB), lanzó una consulta a las escuelas, con el ob-jetivo de sustentar la aceptación en la “opinión de los docentes”. El operativo encubre una perfidia muy estudiada. En el plenario de secretarios generales del sábado 27, Baradel dijo que “la posición de la Celeste-Violeta es contraria al acuerdo y favorable al no ini-cio”, pero que evitaron fijar posi-ción para que los docentes eligie-ran libremente. Una patraña por donde se la mire. La Celeste tra-bajó sin dudas por la aceptación, pero acomodaron el discurso final a lo que ocurrió en los distritos. Al

menos en catorce seccionales di-rigidas por la Celeste (Lomas de Zamora, Echeverría-Ezeiza, San Martín-Tres de Febrero, Avella-neda, Mar del Plata, Madariaga, Mercedes, Luján, General Ro-dríguez, Ituzaingó, General Sar-miento, Magdalena, Azul, Zárate), ganó el rechazo ampliamente, a los que hay que sumar las nueve seccionales Multicolor, que lo re-chazaron en asambleas. Los datos que presentan de 25.076 a favor del acuerdo y 20.161 en contra reflejan la crisis, y fueron acomo-dados para justificar la aceptación “con críticas”.

La dirección de Baradel le hizo este enorme favor a Vidal, con enorme costo, parte del cual se irá manifestando en el transcurso de los próximos meses.

Ademys, sindicato combativo de la Ciudad, no inició las cla-ses el lunes 29, al igual que los Suteba combativos, que se mo-vilizaron a la gobernación junto a los estatales.

Este paro de repudio, aunque no total, será muy importante como canal de expresión del des-contento que anida en los docen-tes. En la etapa que sigue, las sec-cionales opositoras deberán ser el gran factor de organización de los reclamos resultantes del ajuste so-bre las escuelas.

Pero además, la Celeste tiene costos internos, con sectores que

le recriminan haber hecho paros a Scioli y no al PRO-Vidal. Otros, como los jubilados, reclaman por lo poco que les toca con tanta ci-fra en negro. Así, crecen los con-tingentes docentes que pasan a referenciarse con la Multicolor.

Mención aparte para la iz-quierda que coqueteó estos me-ses con la “necesaria unidad de acción con la Celeste y Baradel”, con esperanzas en que su supues-ta oposición a Macri y Vidal los iba a llevar a luchar. El fracaso completo de esta caracterización provoca en algunas agrupaciones bandazos violentos, pasando de las cartas a Baradel a pretender acciones que les eviten la lucha política rigurosa y cotidiana para librarnos de la burocracia.

Tribuna Docente libró una batalla frontal contra estas ilusiones, evitando que el con-junto de la Multicolor siga esta orientación suicida. Aho-ra debemos intervenir en cada una de las luchas provinciales, dándoles una coordinación y una proyección nacional.

La lucha docente por el sala-rio y en defensa de la educación pública, recién comienza bajo el nuevo gobierno. La docencia tiene enormes reservas para en-frentar el ajuste. Vamos por una nueva dirección.

Romina Del Plá Daniel Sierra

PRENSA OBRERA 1401 MARZO 2016 98 PRENSA OBRERA 1401 MARZO 2016

Sindicales Sindicales

www.po.org.ar @PartidoObrero Partido Obrero

Se acerca la fecha de las eleccio-nes del gremio y la discusión

sindical y política está al rojo vivo en todas las fábricas del neumáti-co. En Pirelli, decenas de trabaja-dores se movilizaron a las puertas de la seccional Oeste en repudio al acuerdo firmado por la dirección kirchnerista de Pedro Wasiejko, que ha impuesto una reducción salarial en regla. Sucede que la tan mentada “reducción horaria” no ha sido tal. El régimen anterior era de doce horas diarias con una semana de cuatro días de trabajo y tres de franco. Ahora, la empre-sa obliga a los trabajadores a que-darse luego de ocho horas y media de trabajo para cumplir con los niveles de producción habituales, durante seis días a la semana, con horas extras que son abonadas al 50% de la hora normal. Antes del acuerdo, los trabajadores conti-nuaban trabajando en el franco y cobraban la hora al 200%. Pirelli produce lo mismo y paga menos salario. La burocracia violeta del

kirchnerista Pedro Wasiejko no se anima a dar la cara frente a este acuerdo antiobrero. Reacciones similares se suceden en Firestone contra los atropellos patronales en connivencia con la seccional sur y el sindicato. Por su parte, la sec-cional de San Fernando ha lanza-do nuevas exigencias económicas frente al recorte salarial que sig-nificó la última escalada inflacio-naria.

La “novedad” política en Fate, nucleada en la Seccional San Fernando, ha sido el anuncio de la integración a la lista Violeta del delegado de sector Marcelo Gallardo, integrante de Patria Grande. Gallardo había encabe-zado la lista Negra-Verde a ni-vel nacional en las últimas elec-ciones, en aquella ocasión, de la mano del ala michelista de la CTA. En esa oportunidad, desde las páginas de Prensa Obrera alertábamos sobre la interna bu-rocrática rechazando votar en la elección nacional a Gallardo. Su

asimilación a la burocracia sindi-cal kirchnerista ha sido repudia-da masivamente por los trabaja-dores que vienen de participar en la asamblea general del gremio enfrentándose a Wasiejko y sus patotas, que poco pudieron hacer frente a la importante participa-ción obrera. Gallardo, en soledad, se integra a la Violeta a sabien-das que, de darse una elección en su sector, sus propios compañeros no lo elegirían.

Estamos en presencia del ejemplo más claro del destino de la política de “frente único” con el kirchnerismo. En la carta don-de explica su posición ataca a la seccional por su “diferenciación permanente” con el sindicato, de-fiende “el acuerdo de reducción horaria en Pirelli” e indica que se integrará a la directiva del sin-dicato “sin perder la identidad”. Este vergonzoso anuncio podría haberse producido hace mucho tiempo, ya que Gallardo y Patria Grande han boicoteado todas las

iniciativas del Sutna San Fer-nando, incluida la enorme lucha junto al clasismo por derrotar el impuesto al salario, en ese mo-mento defendido a ultranza por el gobierno kirchnerista y la bu-rocracia de su palo.

Este anuncio se da a días de la convocatoria a elecciones, con la intención de reflotar a la Violeta en Fate en el momento de su ma-yor disgregación como resultado del éxito de la política de lucha y democracia sindical de la Negra. Gallardo y Patria Grande han dejado de ocultar su verdadera “identidad”, forman parte de los que “cavan trincheras con la bu-rocracia” contra los trabajadores y el clasismo, que se disponen con mayor fuerza que en el pasado, a derrotar a Wasiejko.

La Lista Negra y la actual sec-cional de San Fernando se han transformado en la referencia in-discutida de todos los trabajado-res del gremio que se oponen a las patronales y a la política entre-

guista de la violeta de Wasiejko. Esto quedó claro en la asamblea general, donde Alejandro Crespo derrotó a Wasiejko en la elección del presidente de la asamblea. En particular en Fate la seccional ha conquistado una enorme auto-ridad a fuerza de luchas colecti-vas de los trabajadores y grandes conquistas como la duplicación del pago de horas por fracciona-miento de vacaciones, la recate-gorización de centenares de com-pañeros, el desplazamiento del departamento médico de planta como prestador de la ART (la patronal no puede dar altas mé-dicas), las conquistas en condicio-nes de trabajo (como los espacios de descanso refrigerados para los sectores de alta carga térmica), la mantención de todos los ítems del salario bajo licencia médica, la devolución de miles de pesos por el erróneo descuento del impues-to al salario y la absoluta defensa de los puestos de trabajo, con la reinstalación de cada intento de

despido utilizando el método del paro general de planta.

La necesidad de reagrupar a todas las fuerzas que se reivin-dican independientes a la buro-cracia sindical para enfrentar a Wasiejko está al orden del día, ya que se presenta la posibili-dad concreta de derrotarlo. La acción común y la lista nacio-nal con los compañeros de la Lista Roja de Fate es un gran paso en ese sentido. Llamamos a las otras fuerzas que tienen alguna presencia en el neu-mático a sumarse a esta pe-lea por recuperar el sindicato y llamamos a los trabajadores a rechazar cualquier intento divisionista que favorezca a la burocracia sindical y a los que se han integrado a ella. Vamos por un sindicato en manos de sus trabajadores, para enfren-tar a las patronales y el ajuste del gobierno de Macri.

Juan Pablo Rodríguez

Impuesto al salario: reclamemos

el paro nacionalVamos a una fuerte campaña en el movimiento obrero

Abajo la persecución a Raquel Blas,

Roberto Macho y Federico Lorite

Primeros imputados del protocolo antipiquetes

El clasismo va por el sindicato del Neumático

El decretazo de Macri sobre ganancias abrió un nuevo

cuadro de crisis en este punto, que oportunamente desató tres paros generales y numerosas lu-chas fabriles.

Al develarse que más tra-bajadores y jubilados pagarán ganancias, que las escalas de alícuotas no se tocaron y, por lo tanto, que rápidamente to-dos pagarán el máximo del 35%, en los lugares de trabajo y gremios se expandió el re-chazo como reguero. Al punto que La Bancaria protagoni-zó una combativa marcha al Congreso el día del discurso de Macri, por este motivo y por 56 despidos en el Banco Central. El PO no estuvo sólo el 1º de marzo en la calle, tam-bién lo hicieron los bancarios por esta reivindicación.

La burocracia sindical que acompaña el conjunto del ajuste y asistió en la persona de Mo-yano a la Rosada a saludar el decretazo, quedó offside. La re-acción ha sido notable: en lugar de convocar al paro, resolvieron “dar batalla parlamentaria” con su puñado de diputados. Una soberbia adaptación.

El que tomó la bandera de ganancias como parte de las negociaciones para apoyar el “pacto buitre”, fue Massa. Como resultado de esta presión Macri giró sobre el plan de dis-cutir las escalas en 2017 y aho-ra pide apurar el debate en el Congreso. El macrismo apunta a negociar una reforma que deje en pie el esquema imposi-tivo en vigencia.

La clase capitalista argen-tina y sus partidos, ordenados por el pacto con el capital finan-ciero, no admite terminar con ganancias en el salario. Piensa seguir recaudando por esta vía

para pagarle a los buitres, y sos-tener un sistema impositivo con-fiscatorio de los trabajadores.

Por lo pronto, todos los cál-culos que se han hecho hasta acá, que pagarán 60 mil traba-jadores más, 110 mil jubilados que no pagaban, son anteriores a las paritarias, en una cuadro inflacionario que ampliará esas cifras. Y que también resultará agudamente confiscatorio de los monotributistas y profesionales que tienen un mínimo no impo-nible de 7.000 pesos.

El Partido Obrero ha actua-lizado su proyecto de abolición de ganancias en los salarios de convenio, en las jubilaciones y para monotributistas y con un mínimo no imponible de tres ca-nastas familiares (57.000 pesos al día de hoy) para profesiona-les independientes. El proyecto incluye una actualización de la llamada escala de Machinea de 18 veces, que es la inflación acu-mulada desde 1999, fecha desde la cual está congelada. Plantea la actualización por costo de vida de todas sus cifras. Y man-tiene la cuarta categoría para directivos empresariales y fun-cionarios fuera de convenio que fue el motivo de su creación.

El movimiento obrero debe discutir esta reivindicación para ponerse en pie de lucha por ella junto a la lucha contra los des-pidos, por la canasta familiar en paritarias, por el 82% móvil y contra la represión. Están re-unidas las condiciones objetivas para un paro nacional ante esta situación.

Es el momento de impulsar una lucha para arrancar esta reivindicación, lo que ases-taría un golpe a todo el plan ajustador.

Néstor Pitrola

Los abajo firmantes rechaza-mos el intento de procesamien-to a Raquel Blas, Roberto Macho y Federico Lorite, las primeras víctimas del protocolo antima-nifestación a raíz de la moviliza-ción practicada en Mendoza en el marco del paro nacional de ATE del día 24 de febrero.

Rechazamos el continuismo y agravamiento de la criminali-zación de la protesta social, en el marco de una política re-presiva del gobierno nacional y los gobiernos provinciales, el reforzamiento las fuerzas repre-sivas y el sistemático amedren-

tamiento de los trabajadores que reclaman por salario, con-diciones de trabajo, contra los despidos y suspensiones o por otros derechos esenciales.

Raquel, Roberto y Federico son los primeros luchadores populares que imputan por un paro nacional y movilización de su organización gremial me-diante el nuevo protocolo. Rechazamos la utilización del artículo 194 del Código Penal, heredado de una dictadura mili-tar, y de todos los tipos penales usados capciosamente contra el derecho a la protesta popular.

Petitorio

Docentes: cierre parcial, con siete provincias en huelga y enorme descontento

El “protocolo” represivo del go-bierno de Macri ha debutado

en Mendoza con la imputación de Raquel Blas y Roberto Macho, diri-gentes de ATE, y de Federico Lorite, del Sindicato de Trabajadores Esta-tales Autoconvocados (Sitea), por la marcha a Casa de Gobierno desa-rrollada el 24 de febrero en el marco del paro nacional de los estatales.

A estos dirigentes se les busca aplicar el artículo 194 del Código Penal, que establece penas de has-ta dos años de prisión por “entorpe-cimiento del normal funcionamien-to de los transportes por tierra”. En un acto brutal de criminalización de la protesta, el Ministerio de Se-guridad provincial ya adelantó que tiene “tareas” de inteligencia sobre ellos y que aportará datos y fotos de la movilización en la línea del ne-fasto “Proyecto X”.

Las medidas que derivaron en la imputación de los dirigentes gremiales fueron votadas en una asamblea de centenares de traba-jadores y en el marco del enorme paro nacional de ATE. En Mendo-za, la jornada fue impulsada con un gran paro y movilización de ATE y la CTA provincial.

La persecución a los dirigentes de ATE Mendoza viene de vieja data. Tuvo su pico más alto en ma-teria de procesamientos e imputa-ciones bajo el gobierno de Cobos. Pero siguieron con el gobernador Cornejo, por su participación en las manifestaciones contra la mega-minería y por los paros en distintas

reparticiones del Estado. En los últimos años, la orienta-

ción de lucha de los dirigentes de ATE transformó a este sindicato en una referencia provincial, que elevó su afiliación a 14.000 traba-jadores por sus métodos de discutir las paritarias con delegados elec-tos en asamblea de repartición, y por apelar a la democracia sindical y a la acción directa para defender salarios, categorías y condiciones de trabajo.

La imputación contra Blas, Macho y Lorite es un ataque a todo el movimiento obrero, que es necesario rechazar enérgica-mente. Desde la Coordinadora Sindical Clasista iniciamos una campaña nacional de repudio al protocolo y por el cese de las im-putaciones a estos dirigentes.

Llamamos a pronunciarse a sindicatos, juntas internas, co-misiones internas y cuerpos de delegados, a los organismos de derechos humanos, a las organi-zaciones sociales y políticas de la izquierda.

El petitorio que adjuntamos ya lleva centenares de firmas y da co-mienzo a la campaña que seguirá con una presencia de los dirigentes imputados en una movilización de organizaciones sindicales, políti-cas y sociales el 10 de marzo, a las 12 horas, que concentrará en Cal-lao y Rivadavia para dirigirse a la Casa de Mendoza.

Juan Ferro

10 PRENSA OBRERA 1401 MARZO 2016

Sindicales

Una asamblea

Al momento de publicarse esta edición, los trabaja-dores de prensa estarán

cortando la avenida 9 de Julio y marchando a Plaza de Mayo, exi-giendo al gobierno una solución a la crisis del Grupo 23 (entrega de los Repro, que la pauta que debe el Estado vaya a pagar los sala-rios de los adeudados, entre otros reclamos).

Esta acción es una de las reso-luciones adoptadas por el plena-rio de delegados del Sipreba, que sesionó en la redacción de Tiem-po Argentino, que se encuentra ocupada por sus trabajadores hace más de 25 días. El plena-rio también resolvió el cese de tareas de dos horas para que los trabajadores puedan asistir a la movilización, una radio abierta con personalidades y una fiesta el viernes 4, que junto a nuevas colectas en las redacciones, dan forma al fondo de lucha que es de máxima importancia en un conflicto donde los trabajadores no cobran desde diciembre. A

estas iniciativas se le sumó una carta abierta de los trabajadores de Tiempo al resto del gremio, al igual que el boletín diario que edi-tan desde la toma, y que se pue-de leer en www.pormastiempo.com.

El surgimiento del Sipreba, como expresión del ascenso sindi-cal de los trabajadores de prensa, se enfrenta ahora a la ofensiva brutal que lanzaron las patrona-les de medios. Particularmente, son los empresarios kirchneris-tas los que llevan más a fondo esta política de ajuste. Bajo la excusa de la extinción de la pauta, pre-tenden que seamos los trabajado-res los que paguemos la crisis.

Cristóbal López, en CN23, despidió a 136 trabajadores sobre una plantilla total de 160. El Gru-po Indalo se quedó con el canal hace tan solo unas semanas, de manera poco clara, luego de inter-cambiar acciones con Szpolski. La encargada de llevar adelan-te el anuncio fue la ex vocera del bloque del FpV y esposa de un

dirigente de La Cámpora, encar-gado hasta hace poco de manejar la pauta oficial. Los trabajado-res anoticiados de esta sangría, ocuparon el canal y consiguieron una conciliación, que al momen-to no está claro si es obligatoria o voluntaria, ya que a los despedi-dos no se les permite ingresar al canal. Algo similar sucedió en El Argentino donde, luego de com-prarlo, despidieron a cinco traba-jadores.

Olmos, vinculado con Antonio Caló, despidió la semana pasada a toda la redacción de Pompeya de BAE y Crónica (ver nota apar-te) para proseguir aislando a los delegados, en su plan de quebrar la resistencia a la multitarea. Lo mismo hizo en Crónica TV.

La lucha de los trabajadores del Grupo 23 se ha transforma-do en un tema central para todo el gremio de prensa y requiere de una respuesta del conjunto del Sipreba.

D. N.

El gremio de prensa gana la calle

La patronal que conduce Raúl Olmos se presentó en la redac-

ción de los diarios BAE y Crónica, que funcionan en Pompeya para anunciar la oferta de retiros vo-luntarios para todo el personal que se desempeña en ellas y el cierre de las dos redacciones. Es decir, los retiros no serían tan “vo-luntarios”.

Este brutal ataque pretende coronar un proceso que comen-zó hace casi dos años, cuando la empresa decidió trasladar a un nuevo edificio y de razón social a trabajadores de Crónica y BAE para dividir las redacciones e im-pedir el ingreso de los trabajado-res y delegados que resistieron la multitarea y la polifuncionalidad.

De esta manera, fundó Acon-cagua, una suerte de tercerizada, productora de contenidos para todo el grupo sin distinción entre productos. Este nuevo espacio la-boral fue creado a medida de sus intereses, sin permitir el ingreso de los legítimos delegados. La pa-tronal digitó una nueva comisión interna adicta a los mandatos pa-tronales e incapaz de llevar a fon-do los reclamos.

En estos dos años, la patronal de los Olmos no dejó en pie nin-gún artículo de la ley laboral, ni la Constitución, ni los tratados internacionales en su ataque a los compañeros. Discriminación, prácticas anti sindicales, manio-bras fraudulentas para romper la organización, hasta el colmo de realizar espionaje y patotear a trabajadores que pegatinaban a favor de la lucha contra estas salvajadas. Todo ante los ojos de todos los poderes del Estado y la burocracia de Antonio Caló, fi-nancista de estos empresarios.

Estos flamantes “retiros”, se contraponen al compromiso asu-

mido por la empresa con los com-pañeros que pasaron a la nueva redacción, a los cuales se les había asegurado que no se iba a despedir a ninguno de los traba-jadores no convocados a cambiar de razón social.

La patronal, vinculada con la UOM de Antonio Caló, que cre-ció formando un enorme holding empresario que cuenta con me-dios de comunicación, clínicas, empresas de servicios del sector salud, seguridad y hotelería, se vale ahora de la excusa de la falta de pauta oficial para jus-tificar este atropello. Además, señalaron que ya no van a poder evadir más las cargas sociales y previsionales, que autorizaba el gobierno anterior a través del canje de pauta por deuda.

Esto pinta de cuerpo entero a la burocracia sindical empre-saria y a las patronales K de medios: crecieron bajo el ala del kirchnerismo haciendo negocios y expandiéndose a otros rubros sobre la base de defraudar al Estado y a los trabajadores. En el gremio de prensa, los Ciriglia-no de los medios actúan como el ariete del ajuste que lleva ade-lante Macri en el país.

Al cierre de esta edición, los trabajadores de Crónica TV in-formaron de doce despidos en el canal. De esta manera, todos los trabajadores de los medios del grupo de los Olmos están en riesgo, si se generaliza esta sali-da frente a la “caída de la pauta”.

Es perentorio prepararse para defender todos los puestos de trabajo del grupo y garantizar la continuidad laboral de todos aquellos compañeros que no acepten el retiro voluntario.

Corresponsal

No a los despidos en el grupo Crónica

En el marco de un paro gene-ral de 48 horas de docentes

y estatales contra el ajuste y por la convocatoria a la pa-ritaria estatal, una notable movilización de más de 3.000 trabajadores se hizo presen-te en la Cámara de Diputa-dos para rechazar el discurso inaugural de la gobernadora Alicia Kirchner. De la mani-festación, convocada por la CTA Autónoma, participaron ATE, Adosac, los municipales de Soem y la Coordinadora Sindical Clasista del Partido Obrero, entre otros.

Una contramanifestación organizada por el FpV, La

Cámpora y Kolina, en respal-do a la gobernadora, terminó dispersándose ante la contun-dencia de la columna obrera. El diario Tiempo Sur (1/3) destaca que la columna de los sindicatos arribó a la Legisla-tura al grito de "que se vayan todos, que no quede ni uno solo".

Miguel del Plá, dirigente del PO y miembro de la Co-misión Directiva de la CTA Autónoma Santa Cruz, des-tacó que “el kirchnerismo no es más que una ínfima mi-noría y hoy el pueblo le ganó las calles. Esto es un triunfo político y tiene una tremen-

da simbología ya que es el primer paso en la lucha con-tra el ajuste que tendrá en la paritaria docente otra batalla decisiva’’.

Los sindicatos habían con-vocado también movilizacio-nes en el interior provincial. Entre los referentes políticos presentes en la movilización realizada en la capital santa-cruceña se encontraba Pablo Lombroni, concejal del PO de Goberandor Gregores.

“Con este gobierno no hay salida, desde el Partido Obre-ro planteamos la necesidad de un gran plenario obrero y popular para discutir una

perspectiva política de sali-da a esta crisis, partiendo de una solución inmediata para los reclamos de los pueblos de Santa Cruz y en la defensa de cada reivindicación como

los puestos de trabajo, la ju-bilación, el salario, y la devo-lución de la caja de servicios sociales’’, concluyó Del Plá.

Corresponsal

Santa Cruz: gran movilización contra el ajuste

PRENSA OBRERA 1401 MARZO 2016 11

El encuentro de sindicatos combativos y de izquier-da convocado para el 5

de marzo naufragó definitiva-mente, cuando ya estaba reser-vado el Miniestadio de Racing, excelente escenario para un re-agrupamiento de esta magni-tud frente al ajuste en marcha y ante el defol de la burocracia sindical. La iniciativa, plantea-da por el cuerpo de delegados de la Línea 60 y el Sindicato Aceitero de Capital en diciem-bre, atravesó una dilatada lu-cha política en la izquierda del movimiento obrero, que termi-nó en su desarticulación defini-tiva una semana antes.

En nuestra edición impresa de Prensa Obrera advertimos sobre la impasse. El primer acto de esta desarticulación fue sacar del eje de la convocatoria y organización del encuentro a los sindicatos y comisiones in-ternas convocantes iniciales: nos referimos a la Unión Ferro-viaria de Oeste, el Sutna San Fernando, AGD-UBA, y, des-de luego, aceiteros y la 60, que habían logrado reunir a más de ochenta dirigentes sindica-les el 11 de diciembre pasado. Allí se acordó trabajar por una convocatoria para principios de marzo. Pero, en esa misma re-unión, se debatió la necesidad de una primera respuesta del activismo clasista ante el re-clamo del momento: el bono de fin de año frente a la escalada inflacionaria. El planteo chocó con rotundas negativas, en par-ticular de Izquierda Socialista, pero finalmente se llevó ade-lante -y exitosamente- a partir de una iniciativa de la CTA Mi-cheli que concretaron los sindi-catos de izquierda. El día ante-rior habíamos acompañado una movilización a la Plaza de Mayo de Cresta Roja. La convocatoria debió ser una lección respecto de las posibilidades de agrupa-miento y movilización del sindi-calismo clasista y la izquierda fundadas en una política de lu-cha e independencia política.

Pero en lugar de profundi-zar ese rumbo, convocando a nuevos sindicatos y mandatos de lucha, el ex Encuentro de Atlanta -IS, MAS, Rompiendo Cadenas-, con acuerdo del PTS, logró imponer que el Encuentro de marzo girara en torno de un “acuerdo de la izquierda”, con o sin representación, con o sin mandato, al margen de toda campaña política por las reivin-dicaciones, cuando arreciaron los despidos y la inflación. Se

llegó a un documento común, de compromiso, pero que tuvo poca o nula difusión y trabajo en el activismo del movimiento obrero de todo el país, porque rápidamente el encuentro se empantanó en una discusión sobre la “mesa”: única y real preocupación de la mayoría de los grupos, que derivó en una guerra faccional a varias ban-das.

A iniciativa de la Coordina-dora Sindical Clasista-PO nos agrupamos en una columna independiente que marchó a la Plaza de Mayo en el formidable paro estatal del 24 de febrero, frente al cual, sin embargo, el futuro encuentro no jugó nin-gún papel activo planteando una perspectiva superadora de la dividida burocracia sindical de ATE. En Mendoza, después de vacilar ante la convocatoria divisionista del kirchnerismo, el PTS acompañó a la Verde degennarista en lugar de mar-char junto a la dirección clasis-ta del sindicato provincial.

Mientras se desarrollaba este debate, el PTS improvisó una lista divisionista en grá-ficos contra la Naranja, con apoyo indisimulado de la buro-cracia oficial. El MAS y el PTS trabajan por otra lista divisio-nista en el Sutna, contra la lis-ta seccional y nacional que or-ganiza la Negra de la seccional San Fernando.

En apoyo a esta política con-traria al frente único de cla-se, empezaron a poner como condición la participación en la mesa de estos sectores, des-conociendo mandatos y repre-sentaciones. A la par de esto, el PTS puso como condición la inclusión de Alejandro Vilca, delegado jujeño de un sector municipal y expulsado por la dirección del “Perro” Santi-llán, en la mesa del Encuentro, a lo que se opusieron todas las corrientes (especialmente el CRCR en representación del Sindicato Unificado de los Tra-bajadores de la Educación Fue-guina -Sutef) con la excepción de la CSC-PO.

El Encuentro debía expre-sar un frente único de lucha y por la agenda urgente de los trabajadores, contra el ajuste y sus agentes sindicales. Ello planteaba colocar al frente de la convocatoria a las organi-zaciones obreras reales, cuyas directivas se jugaron deba-tiendo y aprobando mandatos. En cambio, se siguió el camino contrario: colocar al Encuentro

como un campo de disputas, donde el faccionalismo es la expresión de una política de se-guidismo a la burocracia y sus agentes políticos. Hay que to-mar nota que, en las reuniones de diciembre, el MAS y el PTS reivindicaron una supuesta “resistencia” del sindicalismo kirchnerista, en referencia a los Iadarola, Baradel, Yasky o Wasejko. El Sutna San Fer-nando, que votó concurrir al encuentro como sindicato, está librando una batalla titánica para conquistar el sindicato nacional del Neumático de aquella burocracia, elogiada por una parte de la izquierda. No fue casual que toda la iz-quierda que sucumbió en esta convocatoria fuera a la Plaza de Mayo de Rossi, Mariotto y Moreno por la libertad de Mi-lagro Sala. Es decir, una iz-quierda rápida de reflejos para

hacer de furgón del kirchneris-mo en decadencia, pero atada de pies y manos para abrir un rumbo de independencia polí-tica en el movimiento obrero.

El desarrollo sindical de la Coordinadora Sindical Cla-sista y su decidido aporte al encuentro no fue reconocido jamás, esto como resultado de la estrategia de disputa entre grupos, con la excepción -en la mayoría de los puntos- de Rom-piendo Cadenas. No obstante ello, realizamos todas las con-cesiones imaginables, pero el encuentro naufragó por razo-nes profundas.

Cuando faltaba una sema-na para el encuentro, no había ningún acuerdo para que allí se resolviera una movilización para mediados de marzo por las reivindicaciones centrales: 40% de aumento y mínimo equi-valente a la canasta familiar,

abolición de ganancias, contra los despidos y por el reparto de las horas de trabajo, contra el protocolo y la represión.

La izquierda demostró que no está a la altura de las tareas que tiene planteadas el movi-miento obrero, y que no advier-te el potencial de desarrollo que nos ofrece la precariedad del nuevo gobierno macrista y la crisis del peronismo, que inclu-ye especialmente a la burocra-cia sindical.

Solamente fundada en otras bases políticas y metodológicas podrá prosperar una iniciativa de frente de único de las izquier-das en el movimiento obrero. Con seguridad, la evolución de las tendencias de lucha que se expresaron en el gran paro de ATE colaborarán para que esto ocurra.

Néstor Pitrola

Sindicales

Por qué naufragó el encuentro del 5 de marzo

Una izquierda que no está a la altura de las tareas en el movimiento obrero

Un grupo de matones atacó brutalmente a Marcos Ayala, delegado de la Línea 151 de la empresa Metropol. Lo hi-cieron a plena luz del día, en el micro que Ayala manejaba con pasajeros a bordo.

Con la golpiza le provoca-ron fracturas faciales. Dijeron que los enviaba la patronal y que no se presentara a la reno-vación del cargo de delegado que se vota en abril.

Ayala es un luchador in-cansable que viene poniendo

límites a la superexplotación patronal de los choferes de esa empresa. Son moneda corriente el pago de extras en negro, el no pago de atrasos por causas ajenas al chofer, las sanciones arbitrarias, el desconocimiento de enferme-dades, los despidos por cau-sas armadas por la empresa y las transgresiones graves a la seguridad e higiene.

No es la primera vez que patoteros no identificados agreden a Ayala con cobardes

golpizas a traición y amenazas permanentes a su familia. Se ha lanzado una campaña de pronunciamientos de comi-siones internas, delegados y organismos de derechos hu-manos, donde se reclama la identificación de los respon-sables físicos e intelectuales de las agresiones, en defensa de la democracia sindical y la libertad de organización de los trabajadores.

Corresponsal

Feroz ataque a delegado de la Línea 151

12 PRENSA OBRERA 1401 MARZO 2016

Los bancarios nos moviliza-mos de forma multitudina-

ria al Congreso, en el marco de la apertura de las sesiones legislativas. La marcha, aun-que no fue acompañada de un paro, convocó además de las comisiones internas y las importantes delegaciones del interior a un importante nú-mero de trabajadores de base. La movilización incluso su-peró a un retén policial en la 9 de Julio, que intentó evitar que arribara al Congreso con gas pimienta y palazos.

Es que el ajuste llegó con todo a los bancos: a los despidos en la banca oficial (47 en el Central y por lo menos siete en el Provin-cia) se suma un número desco-nocido de despidos en la banca privada y la amenaza del cierre del Citibank, que venderá su parte minorista en Argentina. La modificación del impuesto a las ganancias fue un bleff, y según el sindicato 20 mil ban-carios pasarán a tributar con

los nuevos mínimos.El gremio se encuentra

con una paritaria vencida en diciembre y un acuerdo de 3.000 pesos por mes (20% para el inicial) para este tri-mestre, lo cual apuntaló la virtual disolución de nuestro salario como resultado de la galopante carestía.

La movilización debe ser el punto de partida de una deliberación en todos los bancos. Se impone sumar a todo el gremio a la pelea con un paro general contra los despidos y el ajuste, vo-tado en asamblea. Levan-temos un plan de lucha por un programa: abolición de ganancias sobre los salarios de convenio, por un inicial de 18.000 pesos en mano con indexación automática por inflación, que no pase nin-gún despido y por el pase a planta de los tercerizados.

Tribuna Bancaria

Los trabajadores de la vitiviní-cola Menoyo, en Munro, vo-

taron en la asamblea del jueves 25 un paro total de actividades con bloqueo de la Avenida Mitre, reclamando la reincorporación de 19 despedidos por afiliarse al sindicato.

Los compañeros recurrieron al Soeva para poder elegir de-legados, ante las condiciones de miseria salarial, jornadas de 24 horas (con dos descansos de media hora), ausencia de come-dor y cámaras que son utiliza-das para vigilar a los trabajado-

res, entre otros atropellos.El Soeva fue conmovido en los

últimos días por la conquista del 42,6% de aumento salarial de los trabajadores de Fernet Branca, lo que llevó el inicial a 17.000 pe-sos. La misma contrasta con el básico menor a 7.000 pesos que rige el convenio, a la medida de la tradición superexplotadora de los bodegueros del Cuyo. Un básico de 7.000 pesos “necesita” que en las fábricas no haya delegados.

José Menoyo, dueño de la fá-brica de vinagres y condimentos, fue presidente del Concejo Deli-

berante de Vicente López por el Frente para la Victoria. La “re-sistencia kirchnerista” se expre-sa en Menoyo contra la organi-zación de los trabajadores.

El Partido Obrero reclama la reincorporación de todos los trabajadores -efectivos y contra-tados-, la inmediata elección de delegados de planta para luchar contra la miseria salarial y las condiciones de superexplotación.

Por la puesta en pie de los tra-bajadores vitivinícolas.

Pablo Busch

Más de 600 empleados de la construcción han sido despedidos e infor-

mados del fin de la obra civil de Atucha.

Ya a fines de febrero terminó de conocerse lo que se rumoreaba desde que las contratistas que or-bitan alrededor de la Unidad de Gestión que construyó Atucha 2 resolvieran no pagar los salarios: el gobierno no habilitará los fon-dos para comenzar con Atucha 3 da por concluidos los contratos con estas empresas, lo que inme-diatamente dejará a miles de tra-bajadores en la calle, aún cuando la Uocra hizo campaña de que “acá no pasa nada” y aceptó una vaga promesa de continuidad de las obras para ahorrarse cual-quier medida de lucha.

Los trabajadores que constru-yeron Atucha 2, subcontratados por empresas amigas del kirch-nerismo, se encontraban -en lo que sin duda fue una gran estafa- desde la finalización de la obra empleados en tareas en la muni-cipalidad de Zárate y en el obra-dor de Atucha 2, esperando por un comienzo de los trabajos de Atucha 3 que supuestamente era inminente. Esto no sólo le evitó al

gobierno K sumar despidos en un año electoral, sino que también le ahorró a las empresas amigas el pago de las indemnizaciones (que el Estado ya pagó y estas empre-sas embolsaron).

El gobierno de Macri acusa al kirchnerismo de dejar el proyec-to Atucha 3 con un año de atraso y sin financiamiento, frente a lo cual no necesitaría mantener a los trabajadores sin una fecha cierta de inicio de obra. Y anunció su intención de “revisar” los con-tratos firmados por los K.

Más allá del cacareo, el gobier-no aclaró su intención de honrar los acuerdos con China por la construcción de Atucha 3.

Lo que está en juego real-mente es el control de una obra millonaria, quizá el proyecto de construcción mas grande de la década, valuado en miles de mi-llones de dólares. Es claro que Macri pretende reemplazar a las empresas de De Vido por otras con las que acuerde.

En la disputa abierta por los re-cursos de la patria contratista los que pagan el pato son los trabaja-dores, que hoy se quedan sin tra-bajo (y con la duda de si cobrarán las indemnizaciones y fin de obra

correspondiente). Y que probable-mente sean recontratados a me-nor valor, cuando por fin el gobier-no termine de armar el esquema de negocio con sus propios amigos.

Las consecuencias serán de-sastrosas para los compañeros de la construcción y para la zona, azotada por el cierre de empre-sas, los despidos masivos en Si-derca, los depidos en el municipio de Campana, y la lista sigue. Es preciso que los afectados se pon-gan de pie, asamblea en toda em-

presa que suspenda o despida y una asamblea general de la cons-trucción para definir un plan de lucha por la preservación de los puestos de trabajo y el cumpli-miento de todas las obligaciones salariales y contractuales que co-rrespondan.

Luchamos por que se imple-mente de inmediato un plan de obras públicas para generar de inmediato los puestos de trabajo necesarios, en base a un impues-to especial a las grandes fortu-

nas. Corresponde además que se paguen los premios de fin de obra que se adeudan, que se re-tiren las contratistas y que los trabajadores sean contratados directamente por la Unidad de Gestión. Los sindicatos y las CGTs deben salir de su inmovi-lismo ya. El camino es impulsar este programa con una fuerte or-ganización independiente.

Partido Obrero de Zárate y Campana

Sindicales

Rechacemos los despidos en AtuchaLos trabajadores no tenemos por qué pagar los negociados de los K ni del PRO

Masiva movilización bancariaSe impone la necesidad de un paro general del gremio

Paro y bloqueo en la vitivinícola Menoyo por despidos

PRENSA OBRERA 1401 MARZO 2016 13

Hugo Shvartzman, conoci-do como ‘el Judío’ por el

activismo combativo del movi-miento obrero, falleció al cabo de una larga lucha contra el cáncer que lo afectaba. Fue un dirigente destacado del movimiento antiburocrático de nuestro país, con el méri-to principal de -nada menos- haber encabezado el proceso de recuperación de la Línea 60 contra la burocracia de la UTA, una de las más despóti-cas, pro-patronales y violentas que aún subsisten. Y de haber llevado adelante una prolon-gada lucha en esa empresa de 1.500 trabajadores, que la colocó a la cabeza del gremio en materia de conquistas y derrota de los abusos patro-nales, convirtiéndose en un emblema de organización combativa para los luchado-res de la UTA y de todo el mo-vimiento obrero.

Hugo tuvo un paso por el morenismo (MAS), del que sa-lió con una posición escéptica y negativa acerca de la izquier-da. Pero nunca abandonó el campo antipatronal y antibu-rocrático. En sus últimos días, había participado de la inicia-tiva para construir un fren-te de organizaciones obreras para enfrentar el ajuste.

En una importante y con-movedora semblanza sobre Hugo, un compañero delega-do dijo en el velorio que Hugo los había formado en el “sin-dicalismo revolucionario” y que siempre soñó con un par-tido de trabajadores. El Parti-do Obrero, que compartió con ‘el Judío’ y sus compañeros de la 60 la heroica huelga de 42 días, brinda un homenaje a dicho luchador. Y el pésame a sus compañeros y familiares.

Sergio Villamil

La muletilla electoral de Gustavo Menéndez, el inten-dente de Merlo, fue que venía a “restaurar derechos”. No se re-fería a los derechos de la mujer trabajadora.

En enero, Menéndez fue convocante y suscribió, junto a otros intendentes, el Pacto de San Antonio de Padua. Afirmó que el objetivo era “gobernar siguiendo los llamados del papa Francisco”. Plantea así no sólo la destrucción del Estado laico, sino el alineamiento con la Igle-sia católica, institución con un largo prontuario de crímenes contra las mujeres.

Entre los compromisos asumidos por el pacto figura “combatir la violencia de gé-nero” y “proteger la vida hu-mana desde la concepción”. En línea con el Código Civil reaccionario de Cristina Kir-chner, el pacto de Menéndez apunta a mantener el aborto en la clandestinidad con su

secuela de muerte, sobre todo entre mujeres pobres. La pena-lización del aborto es además un instrumento de disciplina-miento social.

Su política no sólo atenta con-tra las mujeres que deciden no ser madres. El vaciamiento de los dos hospitales materno in-fantiles del distrito atenta con-tra la vida de madres y niños. El intento de achique del hospital maternal de Pontevedra sólo fue revertido por la acción inmedia-ta de los vecinos. En el Chutro, Menéndez anunció el cese de las horas extra y anticipó despidos mediante la revisión del perso-nal contratado. En el Hospital Eva Perón, el personal denun-cia que se busca implementar un sistema de arancelamiento.

Las “jornadas de reflexión so-bre violencia de género” son un gesto para la tribuna. A la hora de dar respuestas concretas el municipio ejerce su propia vio-lencia contra las mujeres. Ka-

rina Abregú, víctima de intento de femicidio, denuncia que ante sus solicitudes de contención médica y económica sólo obtuvo desidia y prepotencia.

En la reunión que dirigentes locales del Partido Obrero de Merlo tuvimos con el Ejecutivo municipal solicitamos la asisten-cia para Karina, quien no puede trabajar porque su ex pareja le dejó el 60% del cuerpo quemado. El Estado, que lejos de evitar la violencia de género también la ejerce, debe dar asistencia econó-mica a las víctimas.

Como se ve, 90 días le han al-canzado a Menéndez para desen-volver toda una línea de ataque contra las mujeres. Este 8 de marzo, en el día internacional de la Mujer Trabajadora, levan-tamos más que nunca la bande-ra de la independencia política, contra las variantes clericales macristas y kirchneristas.

Analía Pascual

Mujer

El próximo martes 8 de mar-zo se van a realizar movili-zaciones en todo el país en

el marco del día internacional de la Mujer trabajadora.

La violencia que se ejerce so-bre la mujer ha tomado estado público y carácter de demanda, a partir de la explosiva movili-zación callejera del 3 de junio de 2015, que congregó a medio mi-llón de personas en todo el país. Este martes hay que movilizar-se nuevamente de manera inde-pendiente de todas las variantes que gobiernan, para arrancar nuestras reivindicaciones.

En la mayoría de las convo-catorias marchamos bajo la con-signa: Abajo el ajuste de Macri y los gobernadores. Basta de Vio-lencia contra las mujeres.

La del 3 de junio fue una mo-vilización especial, convocada desde las redes sociales. Por entonces, se reclamó mayor asistencia a la mujer, presu-puesto para los organismos que deberían ocuparse de la mis-ma, campañas nacionales, y castigo a los responsables esta-tales de la reproducción de esta violencia.

Para dar algunos ejemplos, el gobierno actual o sus alia-dos provinciales de todos los

colores profundizaron la línea contraria a aquellas demandas. Tanto Macri como los goberna-dores echaron a compañeras precarizadas en todo el país, profundizando en muchos ca-sos el estado de vulnerabilidad en el que viven las mujeres que se quedan sin trabajo. Nueva-mente, se produjeron casos de mujeres asesinadas por parejas violentas, sobre las cuales ni la justicia ni nadie garantizaron la resolución de exclusión que fuera dictada. Salvador Mazza en Salta es nuevamente noticia porque dirigentes de Urtubey están ligados a casos de abusos como ocurrió el año pasado con el propio intendente. En Río Gallegos, el Plenario de Traba-jadoras exige que se expulse al secretario de Gobierno del mu-nicipio, Jorge Cruz, acusado por su ex pareja de golpearla.

La ley Ramal para la am-pliación y reconversión de la asistencia en la Ciudad de Bue-nos Aires, creando centros con difusión pública, personal bien pago, asistencia jurídica gratui-ta, asistencia interdisciplinaria, ayuda instantánea y atención las 24 horas, ha sido cajoneada por el gobierno macrista.

La falta de continuidad de la

movilización del 3J mostró tam-bién su límite, marcada por la ausencia de delimitación con el Estado.

Un ala del feminismo coopta-do por el Estado tomó las riendas del Consejo Nacional de las Mu-jeres sin producir un sólo cam-bio hasta el momento, más que entrevistar a víctimas mientras silencian el plan de ajuste de su propio gobierno, que provoca un agravamiento del cuadro actual de opresión de la mujer. El movi-miento de este 8 plantea aguda-mente la necesidad de que el mo-vimiento de de mujeres pelee de manera independiente del Es-tado. El pasado gobierno kirch-nerista no desmanteló una sola red de trata; está vinculado con el empantanamiento de la cau-sa Marita Verón, por su apoyo a Alperovich-Rojkes, y ha tenido y tiene un gran número de fun-cionarios ligados al abuso o a la violencia contra la mujer que ja-más fueron desplazados por ese motivo. Se opuso al tratamiento y aprobación del aborto legal, ac-tuando como verdadero lacayo del negocio de la salud privada y del Vaticano, y precarizó a mi-les de mujeres en cooperativas o puestos del Estado, abriendo el camino a las expulsiones masi-

vas ejecutadas por el macrismo. Aprobó leyes cuya aplicación práctica jamás llevó adelante, como ocurrió con la ley de violen-cia de género.

El 8 de marzo pongamos en

pie un movimiento independien-te en todo el país, para que las reivindicaciones de las mujeres se abran paso.

Vanina Biasi

8 de marzo: movilización y batalla política

Hugo Shvartzman: falleció un gran luchador obrero

MERLO

El intendente Menéndez, con el clero y en contra de las mujeres

Obituarios

14 PRENSA OBRERA 1401 MARZO 2016

Cultura y sociedad

La Leona ha puesto en prime-ra plana las condiciones de ajuste y la lucha del movi-

miento obrero. La telenovela de Telefé, protagonizada por Nancy Duplaá y Pablo Echarri, relata la historia de una fábrica textil que está al borde de la quiebra. Su dueño Klaus Miller (interpreta-do por Miguel Angel Solá) contra-ta a un equipo de Recursos Hu-manos (donde está Echarri), cuyo servicio es el de vaciar empresas.

Esto se representa con des-pidos, suspensiones, sabotaje, reducción de jornada y sueldo, retiros voluntarios, deudas de aguinaldo y vacaciones. El per-sonaje de Echarri (Franco Uribe, oculto hijo extramatrimonial de Miller, sobre quien planea una venganza personal) lo resume con claridad en los primeros ca-pítulos: “La mejor estafa es una quiebra”.

El guión, así, desarrolla la explotación y lucha de los obre-ros de una fábrica, tema poco

abordado en géneros tan po-pulares y en el horario central de la televisión. La telenovela pone en evidencia el armado de equipos especiales que vienen a quebrar, desmantelar y vaciar empresas. El mismo carácter progresista tiene el reflejo de la burocracia sindical en la figura del delegado que ‘transa’ con la patronal (rechazado por sus propios compañeros), como así también la toma de la fábrica como reacción ante la muerte de un histórico obrero (Hugo Arana, el padre del personaje de Duplaá, que muere de un infarto tras ser despedido) y la representación -que opera como denuncia- de la represión poli-cial: el Estado como custodio del capital.

La trama ocurre en un barrio obrero que nació, en otras épo-cas, al calor de la fábrica. Hay menciones a problemáticas so-ciales de los barrios pobres: ga-tillo fácil y drogas (relatan que

murieron pibes por ese motivo) o un caso violencia de género (con-tra una obrera). En Klaus Mi-ller, el despótico dueño de la fá-brica, se simboliza el núcleo del poder y la corrupción: allí están -se cuenta- sus vínculos con la gobernación, la Iglesia, la Policía y los servicios de inteligencia. En su haber está el crimen.

En “La Leona” hay un papel destacado de la mujer, en la fi-gura de María Leone (Duplaá), la líder del activismo sindical de la fábrica. La trama incor-pora elementos de descom-posición de las relaciones fa-miliares, especialmente en la familia rica (dueña de la fábri-ca) como gestos incestuosos.

La tira posibilita un análisis más fino. Hay una orientación hacia la conciliación de clases al oponer un capitalismo “vacia-dor” (Solá) frente al capitalismo “benévolo”. Esto es: uno de los hijos de la familia Miller (Juan Gil Navarro) quiere recuperar

el ‘esplendor’ que tuvo la fábrica en su fundación -iniciada por el suegro inmigrante de Solá- al que al inicio de la telenovela se define como de avanzada porque pagaba vacaciones y aguinaldo. De fondo hay un mensaje de rei-vindicación del pacto capital-tra-bajo y del capitalismo “justo” -un discurso del primer peronismo- como forma de contener la lucha obrera.

No hay modelo de lucha política en la tira; los traba-jadores accionan desde la au-toconvocatoria. Es una lucha aislada, donde no hay crisis capitalista, sino capitalistas ‘vaciadores’. Duplaá, en ese sentido, se convierte en líder gremial por su experiencia de explotada sin contacto con ideas políticas. Son señala-mientos, sin embargo, que no pretenden impugnar la teleno-vela, sino contribuir al análi-sis general de la obra. Por el contrario, “La Leona” debe ser

entendida como un fenómeno rupturista y valioso.

La trama -donde incluso se ha mencionado, en un capítulo, a Prensa Obrera- cobra mayor importancia en el actual cua-dro de despidos y ajustes que vino a imponer el macrismo, una línea de continuidad de la precarización y la quiebra K.

La telenovela pone en pre-sencia, con sus límites, la ten-sión abierta entre las clases, mediante los signos ideológi-cos que lo manifiestan (por ejemplo la toma de la fábrica, de un lado, y el vaciamiento empresarial del otro). El deseo entre Echarri y Duplaá (y la disputa por ella entre los me-dio hermanos) orbitará en me-dio de esa tensión.

La telenovela refleja, a su modo, la naturaleza de la lu-cha obrera en medio del desa-rrollo de la crisis general.

Daniel Mecca

Que el fútbol se ha transfor-mado en un negocio multimi-

llonario no es ninguna novedad desde hace años. Sin embargo, en las últimas décadas el nivel de mercantilización del deporte más popular del mundo ha alcanzado niveles históricos. En la actuali-dad, se calcula que esta industria factura 700 mil millones de dóla-res anuales (El Cronista, 4/1), un 40% más que el PBI generado por nuestro país en todo un año. Pero, así como las relaciones mercan-tiles que impone el despotismo del capital se filtran por todos los poros de la sociedad, también lo hacen con ellas las crisis y contra-dicciones que le son inherentes. El fútbol, por supuesto, no es la excepción.

El lucro capitalista del fútbol beneficia cada vez más a funcio-narios, corporaciones y magna-tes que nada tienen que ver con el deporte y, en cambio, margina de sus beneficios a los verdade-ros protagonistas, los jugadores y socios o hinchas. Análisis re-cientes señalan que los clubes se llevan apenas el 20% de lo que genera el “producto futbol” (El Economista, 22/4/15). Los clubes, por otro lado, cada vez menos se comportan como tales para pasar a ser verdaderas sociedades anó-nimas. Esta situación tiene su manifestación más extrema en

las principales ligas europeas, en donde “los clubes” cotizan en bol-sa y se venden y revenden como cualquier otra mercancía. Los contratos multimillonarios con la televisión codificada, el negocio de las apuestas (con los escánda-los de corrupción incluidos), los pases millonarios que enriquecen a los intermediarios, la comercia-lización de localidades con em-presas de turismo, por mencionar algunas, se han transformado en las principales actividades de quienes gestionan estas enti-dades. Como se puede apreciar, nada de esto tiene que ver con el fomento de la actividad deportiva y el disfrute de los hinchas. Todo lo contrario. Son cientos los casos de clubes que han sido llevados a la quiebra e incluso desaparecido por la gestión capitalista de los mismos.

El límite, sin embargo, son los hinchas. El sábado 2 de fe-brero, mientras se disputaba el encuentro entre el Livepool y Sunderland, 10.000 hinchas de “los rojos” se retiraron del esta-dio en el minuto 77. La acción, acordada previamente, estaba dirigida a la gerencia del club en protesta por la suba en el precio de las entradas a 77 libras (100 euros). Mientras se retiraban, po-dían escucharse los cánticos con-tra Fenway Sports Club (FSG),

la firma estadounidense dueña del Liverpool: Enough is enou-gh/you greedy bastards/enou-gh is enough (“Ya es suficiente, bastardos codiciosos, ya es sufi-ciente”). Los carteles en las tribu-nas rezaban consignas como “El fútbol sin hinchas no es nada”, “Compartan la riqueza, cerdos” y “Somos hinchas, no clientes”. La indignación de los hinchas no es nueva: los dueños anteriores, los estadounidenses Tom Hic-ks y George Gillet, millonarios con sede en las islas Caymán, multiplicaron por siete la deuda del club, nunca construyeron el nuevo estadio que habían prome-tido y luego revendieron el club al grupo FSG (La Nación, 17/2). La suba en el precio de las entra-das pega, sin embargo, en lo más profundo del sentimiento y la pa-sión de los hinchas: la lealtad de estar en las tribunas alentando a su equipo. Un fan comentaba durante la protesta que tardó 15 años en lograr un abono y que, si “debe renunciar ante la nueva suba, sabe que no volverá a obte-nerlo jamás. Porque ahí están los turistas asiáticos que ignoran la letra de los cánticos, pero tienen más dinero” (ídem).

La imposibilidad de los hin-chas de concurrir a los estadios por el elevado precio de las en-tradas se ha transformado en

un problema social y cultural creciente en los países más fut-boleros. Ha transformado al deporte más popular en un es-pectáculo de elite. Frente a esta degradación creciente del fútbol, la rebelión de los simpatizantes del Liverpool marca un camino. El impacto de la protesta hizo recular al grupo FSG obligán-dolo a sacar una declaración de disculpas hacia los hinchas. Por otro lado, las hinchadas de un conjunto de clubes ingleses que integran la asociación que defien-de sus derechos (Football’s Su-pportes Associations) quedaron en reunirse para organizar nue-

vas acciones porque “saben que esta lucha continúa. Y la codicia también” (ídem). La perspecti-va, sin embargo, seguramente sea la que indica la máxima que encabeza el portal de internet de la agrupación de hinchas del Liverpool Spirit of Shankly (spi-ritofshankly.com) perteneciente al legendario DT de “los rojos” Bill Shankly. Dice así: “El socia-lismo en el que creo es el de uno trabajando para el otro, cada uno compartiendo los beneficios. Así entiendo el fútbol. Así entiendo la vida”. Nosotros también.

Diego Bruno

“La Leona”: la lucha obrera en la pantalla

“Somos hinchas, no clientes”A propósito de la protesta de los hinchas del Liverpool

PRENSA OBRERA 1401 MARZO 2016 15

El 22 de febrero se reunió la Junta Representativa de la Federación Universitaria

de La Plata. Entre los temas a tra-tar, se encontraba la adhesión al paro nacional convocado por ATE el 24 de febrero.

El Frente 20 de Diciembre (La Mella-Cepa-UJS), que conduce la Federación actualmente, asistió con posiciones divergentes frente a ese debate.

La Mella, que ostenta la presi-dencia, puso a consideración de la Junta una declaración, en la cual se encuentra absolutamente au-sente la crítica al gobierno salien-te, como si la crisis argentina y los “atropellos brutales a nuestros derechos” hubieran comenzado hace tres meses, al asumir el go-bierno de Macri.

La UJS-PO, secretaría general de la FULP, hizo una contrapro-puesta que incorporaba nuevos elementos. Allí, denunciábamos que el plan de Macri es llevar has-ta el final el ajuste que comenzó el kirchnerismo, y que para ello cuenta con el aval de los goberna-dores e intendentes de todos los co-lores políticos. Además, la contra-propuesta llamaba a enfrentar el ajuste de Macri con un programa: salario igual a la canasta familiar, pase a planta de los precarizados, eliminación del impuesto al sa-lario, prohibición de despidos y suspensiones. Por último, propo-níamos que la FULP se integre a una columna unitaria de la educa-ción y la ciencia junto a la Fuba, la AGD-UBA y los JCP de La Plata y de Capital Federal.

Mientras el resto de la izquier-da -Cepa, Insurrectos, Juventud Guevarista, Inti- acordaron con las críticas presentadas por la UJS-PO, el bloque K rechazó tanto la propuesta inicial como las modificaciones y críticas, en nombre de un pronunciamiento de adhesión al paro que publica-rían independientemente de lo que allí sucediera, con el sello de la vicepresidencia segunda y los cinco centros que conducen.

La resolución de la Junta Re-presentativa fue convocar, en pri-mer lugar y por unanimidad, al paro y movilización. En segundo lugar, con el aval de la conducción y los siete centros que conduce la izquierda, se resolvió editar un texto que volcara, en mayor medi-da, las posiciones señaladas en la contrapropuesta de la UJS (ver: www.cor.to/fulpmella).

El 23 de febrero, horas an-tes que sea publicado el texto que aprobó la Junta Represen-tativa, se dio a conocer el pro-nunciamiento que el bloque K había anticipado. En nombre del “movimiento estudiantil”, y en los mismos términos que la propuesta inicial de La Me-lla, llamaban a parar contra el gobierno nacional de Macri, sin explicitar con qué programa los estudiantes debíamos parar y movilizarnos. Por ejemplo, ¿las organizaciones K están dispues-tas a luchar por el pase a planta y el fin de la precarización laboral que su gobierno impulsó como nadie en la “década ganada”?

El pronunciamiento del blo-

que K nada dice del ajuste de los gobernadores e intenden-tes. Intentan esconder, por ejemplo, que Alicia Kirchner, gobernadora de Santa Cruz, reprimió brutalmente a los tra-bajadores estatales que protes-taban contra los despidos y el techo salarial en su provincia, el día siguiente a que Bullrich impulsara el protocolo antipi-quetes.

Este texto, en el que las orga-nizaciones K se autoproclaman el “movimiento estudiantil”, cuen-ta con la firma de La Mella-Patria Grande. La corriente que preside la FULP, de esta manera, esta-ría firmando pronunciamientos contrapuestos en su orientación política, con el agravante de que uno -el del bloque K- desconoce la representatividad y el peso de un organismo de la Federación.

Los compañeros de La Mella deben definir, qué rumbo quieren trazar para el movimiento estu-diantil. O se encuentran, junto con la UJS-PO y la izquierda, en el campo de la independencia políti-ca de la Federación, que conquistó la aprobación del boleto, el come-dor universitario, la expulsión de Pérez Albizu y de Piombo y Sal Llargués, o, por el contrario, van camino a integrarse a la variante patronal “nac&pop”, responsable del vaciamiento de la educación pública, de la Ley antiterrorista, de la precarización laboral y de atro-pellos enormes contra el pueblo.

Fede Casas, secretario general de la FULP

InternacionalesFULP

La Mella-Patria Grande: un episodio de esquizofrenia política

Ya salió La Caldera La revista de la UJS

El Acuerdo Transpacífico (TPP) fue un tratado firmado el año

pasado principalmente entre Estados Unidos y Japón, aunque abarca a doce países. Dicho pac-to está dirigido contra China, en una clara posición de enfrenta-miento comercial.

La apertura comercial, y el in-greso de un número de multina-cionales que promueven el acuer-do, tiene el objetivo de generar una mayor concentración capita-lista, lo cual motivaría el desman-telamiento de ramas industriales y despidos a mansalva.

Pacto secretoLas cláusulas que contiene el do-cumento firmado por los países miembros del TPP han sido ocul-tadas a la opinión pública. Esto se debe a que se trata de un tratado que lesiona la soberanía nacional de los países firmantes, en espe-cial los puntos referidos a la aper-tura comercial y la conformación de “zonas francas” de explotación económica.

Las “zonas francas” se encuen-tran legalizadas en países como China, Vietnam, México y luga-res del Caribe. Allí, se permite todo atropello a las condiciones laborales: la prolongación de la jornada laboral, la reducción de los salarios, la vulneración de la organización interna de los tra-bajadores, etc.

El ingreso de Corea del Sur al TPP trae consigo un plan de re-formas laborales: “Los capitales extranjeros y nacionales (como Hyundai y Samsung) estarán habilitados, con estas reformas, a despedir trabajadores perma-nentes indiscriminadamente (…) y podrán acrecentar la contra-tación del personal tercerizado. Intenta, también (…) reducir la capacidad de negociación de los sindicatos” (PO N˚ 1.398).

Otro punto, que no es menor, es la creación de leyes, “proto-colos” y medidas de seguridad

contra la “alteración el orden”. Es decir, permite un paquete le-gislativo que va desde la instala-ción de bases y radares militares hasta las detenciones arbitrarias, el cercenamiento de libertades democráticas y la creación de un cuerpo dirigido a reprimir la pro-testa social.

MercosurEl Mercosur es la prueba cabal de que los compromisos de libre co-mercio fomentan la tercerización, la competencia ruinosa entre los trabajadores y el avance sobre las conquistas laborales, a partir de la desregulación de la legislación protectora del trabajo vigente en cada país.

Los pulpos automotrices, que actualmente utilizan al Merco-sur para la “exacción fiscal”, lla-man a suscribirse al TPP o acuer-dos de libre comercio con esa perspectiva. El fin es atacar la organización colectiva de los tra-bajadores para obtener un “salto en la productividad”.

El rechazo del TPPEl Acuerdo Transpacífico debe ser de interés para todo el mo-vimiento obrero. No solamente pone en riesgo sus conquistas laborales y su organización, sino que profundiza la vulneración de los intereses nacionales y los pone en enfrentamiento con sus países vecinos.

El rechazo del TPP debe in-cluir la denuncia sobre el ca-rácter del Mercosur y de la bur-guesía latinoamericana, que lejos de propiciar un desarrollo autónomo y una industrializa-ción de la región ha perpetuado el atraso y la concentración de los recursos continentales en los monopolios y el capital financie-ros. Esta tarea queda en manos de la clase obrera y sus organi-zaciones revolucionarias.

José Barraza (h)

El Acuerdo Transpacífico:

un ataque a los trabajadores

Universidad

16 PRENSA OBRERA 1401 MARZO 2016

Internacionales

El Senado brasileño acaba de aprobar una ley por la cual se elimina la exclusividad otor-

gada a la petrolera estatal como operadora de los yacimientos ma-rinos. Esta iniciativa, que modifi-ca las condiciones de explotación de la llamada capa pre-sal de pe-tróleo de la plataforma marítima, venía siendo fogoneada insistente-mente por la oposición. El proyecto fue elaborado por José Serra, uno de los líderes del principal partido opositor. Pero el dato saliente es que Dilma le dio el aval político, lo que ha provocado un tembladeral en el PT.

DisputaLa nueva ley se inscribe en una pelea de carácter estratégico.

Detrás del “Petrolão”, las in-vestigaciones por corrupción es-tatal en las compras y contratos de Petrobras, se esconde una dis-puta entre la patria contratista brasileña (Odebrecht y compañía, cuyos directivos están en la cár-cel) que supo orbitar alrededor de Petrobras, y un sector del capital extranjero que reclama una aper-tura económica y comercial que termine con las preferencias del régimen en favor de la gran bur-guesía local. Reclaman, en defini-tiva, una ola de privatizaciones, en el petróleo y en la contratación de obra pública.

Crisis económicaDilma accede a ese reclamo, en momentos en que el gobierno se

encuentra cada vez más acorrala-do por la crisis económica. La rece-sión superó las previsiones, mien-tras la desocupación asciende al 9%. Las sucesivas devaluaciones no han podido impedir la salida de capitales.

Luego del alejamiento del mi-nistro de Economía, Joaquim Levy, el hombre de confianza del establishment, Dilma se ha em-peñado en probar que su gobierno está en condiciones de continuar y pilotear el ajuste. Puso en mar-cha un gran paquetazo oficial que incluye una reforma jubilatoria, y podas en el presupuesto por otros 6.000 millones de dólares (se ve-nía de una reducción anterior de 11.0000 millones). Esto afecta especialmente la obra pública, la salud y la educación. Ello en mo-mentos en que el país está vivien-

do una emergencia sanitaria con la epidemia de zika.

Pero para el mundo financiero y empresarial, “el ajuste anunciado es insuficiente para poner en equi-librio las cuentas públicas, aunque es difícil decir exactamente de cuánto debería ser”, explicó uno de sus voceros (La Nación, 20/2). Las calificadoras han reaccionado bajándole la nota a la deuda, que ha pasado a revestir la condición próxima a la de los títulos basura.

Crisis políticaEl viraje en materia petrolera es una tentativa de Dilma por salvar su pellejo y la sobrevivencia de su gobierno a costa de concesiones sensibles al gran capital. Por esta vía, el gobierno pretende arribar a un compromiso con la oposición y alejar la amenaza de un juicio polí-

tico. La eficacia de la iniciativa ofi-cial para neutralizar el cerco judi-cial está por verse. Han aparecido nuevas revelaciones sobre coimas que comprometen seriamente al principal publicista de las cam-pañas presidenciales de Lula y de Dilma, junto a las denuncias de sobreprecios en las obras de exten-sión ferroviaria. Por lo pronto, lo que sí ha ocurrido es una división en el PT. La bancada oficialista, al igual que diferentes líderes par-tidarios, han calificado la nueva ley petrolera como una “traición”. Dilma no estuvo presente en la ce-remonia en que se festejaba el 36˚ aniversario del PT.

Que esta crisis haya estallado alrededor de Petrobras no es ca-sualidad . El agotamiento del régi-men petista tiene su epicentro en la petrolera estatal. Un “rescate”

brasileño, bendecido por del capi-tal financiero, tiene como base y condición el desguace del esquema de explotación petrolera. Este giro está en el centro de la agenda, una cuestión que demandará una reor-ganización social y política de fon-do con implicancias continentales.

El entreguismo petrolero pone al descubierto los límites insalvables de la política de mo-vimientos sociales y grupos de izquierda que se vienen movi-lizando a favor del gobierno en nombre del peligro de la derecha. El ajuste y el giro económico ne-loliberal que reclama el establi-shment lo está llevando adelan-te Dilma. El PT ha rechazado la nueva ley pero no está dispuesto a sacar los pies del plato y poner en juego la gobernabilidad. Las centrales y sindicatos alineados con el PT han aislado y abortado las tendencias de lucha y la ac-ción directa que han impulsado diversos sectores del movimiento obrero en respuesta a los ataques que vienen recibiendo. La lucha para derrotar el ajuste en curso sólo puede abrirse paso desemba-razándose de las ataduras con el gobierno y los partidos y bloques patronales cómplices, ya sean oficialistas y opositores. La clase obrera debe emerger como factor político independiente en vistas a transformarse en una alternativa de poder y dar una salida a la ban-carrota nacional en desarrollo.

Pablo Heller

Las medidas de ajuste anun-ciadas por Nicolás Maduro a

mediados de febrero no resolve-rán los enormes desequilibrios de la economía venezolana. La gasolina aumentó más del 1.000%, pero partiendo de un precio insignificante, en tanto que la devaluación del bolívar no es suficiente para frenar el vuel-co de divisas al mercado negro ni parece capaz de detener la sobre-facturación de importaciones. Venezuela afronta importantes vencimientos de deuda este año y no está claro que pueda cancelar-los en el cuadro de hundimiento de los precios del petróleo. Finan-cial Times aboga abiertamente por el defol y el ministro de pe-tróleo, Eulogio del Pino, asegura que existen conversaciones con la banca internacional para un refinanciamiento de la deuda de

PDVSA (Aporrea, 23/2).Si Maduro no ha avanzado

más en las medidas de ajuste es por el temor a una explosión social (el 76% de los venezola-nos ha caído en la pobreza y el desmadre inflacionario llevó la canasta alimentaria diez veces por encima del salario mínimo). El nuevo ministro de Economía, Miguel Pérez Abad, es caracteri-zado como “uno de los represen-tantes del sector más pragmáti-co de la revolución bolivariana” (La Nación, 17/2). Pese a este intento de entendimiento con el capital, en Venezuela se discute abiertamente la salida de Madu-ro del poder.

Transición negociadaCon su popularidad en caída, la idea de una renuncia o una salida de Maduro estaría encon-

trando adeptos incluso dentro de sectores del chavismo y exis-tirían canales de negociación abiertos entre dichos sectores y la oposición. Las variantes que se examinan al interior de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) van desde un reclamo de renuncia de Maduro hasta el referéndum revocatorio y una Constituyente, pasando por una enmienda constitucional que re-corte el período presidencial. El problema de casi todas estas va-riantes es que chocarían con el veto del oficialista Tribunal Su-premo de Justicia y agudizarían la crisis de poder abierta con el triunfo opositor en las elecc-ciones legislativas (el Supremo acaba de recortar las atribu-ciones del Parlamento y éste impugna muchos de los nuevos jueces designados).

Más que una salida abrupta de Maduro, la línea que preva-lece es la de una transición ne-gociada. Es, por ejemplo, lo que reclama The Economist (5/2). Por izquierda, Heinz Dietrich alienta un acuerdo “entre el chavismo eficiente y el centro opositor” (Aporrea, 18/1), en el primero de cuyos campos ubica al vicepresidente Aristóbulo Is-túriz. Si Maduro fue en algún momento una carta de conten-ción de las masas, la acelerada descomposición del régimen bo-livariano plantea su potencial desplazamiento como elemento de descompresión política.

Pero el planteo de una tran-sición indolora es una quimera en medio de los profundos des-equilibrios existentes y el ajuste brutal que requieren la burgue-sía y el imperialismo. La agudi-

zación de la crisis económica ha instalado en la agenda el temor a un nuevo Caracazo. En medio de este agitado panorama, los gobernadores de extracción mi-litar (chavistas) y las Fuerzas Armadas han salido a respaldar explícitamente a Maduro frente a los rumores que hablaban de una rebelión militar.

A la luz de todos estos ele-mentos, es claro que Venezue-la transita una crisis de poder. La izquierda no puede, en este escenario, confinarse a la lu-cha reivindicativa, sino que debe ofrecer una salida políti-ca. La pertinencia del llamado a una Asamblea Constituyen-te que reorganice el país sobre bases socialistas debería ser puesto a discusión.

Gustavo Montenegro

BRASIL

Dilma y la oposición pactan el desguace de Petrobras

VENEZUELA

Entre el ajuste y la crisis política