LUCHA CONTRA LA CORRUPCIN

Desde los inicios de mi carrera profesional me dedico a luchar contra la corrupcin y promover la transparencia del Estado. El Congreso es un lugar propicio para ello dada la funcin esencial de control que le confiere la Constitucin Nacional. Por ello, tal como lo hice durante mi primer mandato, como legislador voy a seguir trabajando en la promocin de la transparencia y la lucha contra la corrupcin tanto en el Estado como en el sector privado, a travs de iniciativas como el control peridico de las actividades del Estado, la presentacin de pedidos de acceso a la informacin pblica a los distintos rganos de gobierno sobre su gestin, actividades y hechos relevantes, la presentacin de denuncias judiciales por hechos de corrupcin y la promocin de leyes que tiendan a generar mayor transparencia tanto en el sector pblico nacional como en el sector privado, combatir la corrupcin y fortalecer los organismos de control del Estado. Algunas de mis propuestas con las que insistir en mi prximo mandato son las siguientes: a. Regulacin del sistema de control externo del Sector Pblico Nacional que implica fortalecer la funcin de control que el Congreso efecta a travs de la Comisin Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas y de la Auditora General de la Nacin.b. Dotar de mayor transparencia en el proceso de elaboracin y aprobacin del presupuesto, as como en la evaluacin posterior sobre su ejecucin que realiza el Congreso a travs de la Cuenta de Inversin.c. Regulacin de la gestin de intereses o lobby para transparentar la forma en que los diferentes sectores econmicos y sociales acercan sus demandas e ideas a los funcionarios o tomadores de decisiones estatales. d. Ley de acceso a la informacin pblica que garantice a los ciudadanos el derecho a conocer la manera en que los gobernantes y funcionarios pblicos se desempean, conocer las razones por las cuales el Estado acta, indagar sobre lo que ste hace con el dinero pblico y controlar el accionar estatal.e. Modificar el contenido de las declaraciones juradas patrimoniales integrales de los funcionarios pblicos a fin de hacerlas ms exigentes y que contengan ms informacin que la que se solicita actualmente para que se pueda conocer ntegramente tanto el patrimonio de los funcionarios pblicos y evaluar su crecimiento, as como sus antecedentes laborales y otras cuestiones que permitan controlar los conflictos de intereses.f. Creacin del contrato de fideicomiso ciego por el cual se le impone a determinados funcionarios pblicos entregar, desde el inicio de su mandato hasta su finalizacin, la administracin de sus bienes a un fideicomiso que, con total independencia, administre su patrimonio, tal como existe en otros pases. De esta manera se evita que se produzcan conflictos de inters o de que se privilegie, en la eleccin de determinada poltica pblica o curso de accin, la situacin patrimonial del funcionario decisor.g. Creacin de un rgimen de proteccin de denunciantes, peritos, testigos y vctimas de actos de corrupcin y otros delitos contra la administracin pblica o cometidos por funcionarios pblicos. Este tipo de normas, adems de servir para brindar proteccin ante situaciones concretas, tambin como mecanismo de poltica pblica anticorrupcin, en tanto, permite incentivar a aquellos que poseen informacin o son testigos de actos de corrupcin a que se acerquen a las autoridades competentes a informar estos hechos, con el objetivo, adems, de respaldar y promover la colaboracin con el Estado en la lucha contra la corrupcin y delitos contra la Administracin Pblica.h. Introducir en el Cdigo Penal la figura del arrepentido para los delitos de corrupcin con el fin de alentar las denuncias sobre estos delitos, incorporando la posibilidad de disminucin o eximicin de la pena en los casos en que el imputado proporcione informacin til para evitar que se consume un delito o se realicen otros, o para esclarecer el hecho, revelar la identidad de coautores, partcipes o encubridores.i. Penalizacin de la corrupcin en el sector privado a travs de la incorporacin de un nuevo delito que sancione a aquellas personas del sector privado que prometan, ofrezcan, entreguen o reciban un beneficio o ventaja indebida que atente contra la competencia y libre concurrencia en la contratacin de bienes y servicios, con el objeto de obtener u otorgar una posicin de ventaja frente a otros competidores en la contratacin con la empresa u organizacin de quien recibe el beneficio.j. Extincin del dominio a favor del estado de los bienes adquiridos por medios ilcitos en perjuicio de la administracin pblica, es decir, para recuperar aquellos bienes que hayan sido obtenidos mediante la realizacin de actividades ilcitas en perjuicio del Estado o en caso de enriquecimiento injustificado por parte de funcionarios pblico.k. Incorporacin al Cdigo Procesal Penal de la figura de la cosa juzgada rrita que permita reabrir las causas que hayan sido juzgadas de forma fraudulenta y la posibilidad de considerar vctimas a las asociaciones o fundaciones afines en casos de corrupcin.

JUSTICIA

En el ao 2013 fueron sancionadas en el Congreso seis leyes propuestas por el Poder Ejecutivo Nacional para la supuesta democratizacin de la Justicia. Los legisladores de la oposicin nos opusimos tajantemente a estas leyes debido a que del contenido de estas normas surga la clara intencin del gobierno kirchnerista de controlar a los jueces y limitar su independencia, adems de que oscurecen an ms su funcionamiento. Algunas de estas leyes fueron posteriormente declaradas inconstitucionales.Sin embargo, no hay dudas respecto a la necesidad imperiosa de reformar en algunos aspectos al Poder Judicial y a los procesos judiciales a fin de fortalecer la independencia de los jueces y contar con una justicia accesible, eficiente y rpida.Mi compromiso en este sentido es la reforma de las llamadas leyes de Democratizacin de la Justicia adecundolas a la Constitucin Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Estas leyes son: Reforma del Consejo de la Magistratura; Ingreso Democrtico al Poder Judicial, al Ministerio Pblico Fiscal y a la Defensa; Publicidad de los actos del Poder Judicial; Publicidad y acceso a las declaraciones juradas; creacin de las Cmaras de Casacin y regulacin de medidas cautelares contra el Estado.Por otro lado, desde mi banca propuse e insistir en esta lnea con la inclusin de jueces, fiscales y otros funcionarios del Poder Judicial a tributar el impuesto a las ganancias. Asimismo, es necesario fortalecer el mecanismo de designacin, sancin y remocin de jueces y de subrogantes. Recientemente se aprob una ley de subrogancias que vulnera el mecanismo constitucional de designacin de jueces y habilita el nombramiento por parte del Consejo de la Magistratura de abogados y secretarios, desincentivando la designacin de jueces titulares. En este sentido, es preciso repensar el mecanismo de seleccin y designacin de jueces subrogantes, reducindolo a su mnima expresin. Los plazos procesales no reflejan en absoluto los tiempos de la justicia. Existe un reclamo generalizado de acelerar el servicio de justicia y volverlo por lo tanto, ms eficiente. En este sentido, propongo una reforma al Cdigo Procesal Civil y Comercial, especialmente en lo que refiere a un procedimiento civil oral. Por otro lado, es preciso que debatamos la creacin de un fuero especial para aquellas numerosas causas menores que tramitan ante los tribunales.Otro importante pendiente es la creacin de un proceso judicial sumarsimo en materia previsional que garantice a su vez la adecuada liquidacin de las jubilaciones en un tiempo razonable. Por ltimo, como diputado por la Ciudad Autnoma de Buenos Aires, continuar insistiendo en la concrecin de la autonoma de la Ciudad de Buenos Aires tal como lo establece el artculo 129 de la Constitucin Nacional a travs del traspaso de la justicia nacional a la ciudad junto con los recursos necesarios.

REFORMA PENAL

En materia penal (ms all de las reformas planteadas en lucha contra la corrupcin) creemos necesario retomar el debate acerca de la reforma del Cdigo Penal, que se encuentra estancado. Tambin proponemos la sancin de una Ley Federal de Juicio por Jurados para todo el pas, mayor transparencia y control de la Agencia Federal de Inteligencia y una reforma de la recientemente sancionada Ley de Ministerio Pblico Fiscal que establezca mayores controles a las amplias facultades que le fueron otorgadas al Procurador General y un lmite temporal de 7 aos a la duracin de su cargo. Nuestras propuestas incluyen a su vez la creacin de un rgimen especfico para menores de edad en conflicto con la ley penal, la derogacin de la ley antiterrorista, la eliminacin del trato diferencial y discriminatorio a los extranjeros en el nuevo Cdigo Procesal Penal, la ampliacin del tipo penal de tenencia de materiales radiactivos y modificaciones a las leyes de grooming y de trata de personas con el objetivo de ampliar el espectro de posibles responsables.

DERECHOS HUMANOS

En materia de Derechos Humanos el trabajo en el Congreso es muy difuso, porque si bien existe una comisin especfica se trata de un conjunto de derechos transversal a diferentes comisiones. El diseo de polticas pblicas necesariamente debe llevarse a cabo con una perspectiva de derechos humanos. Existen a nivel legislativo una serie de cuentas pendientes en derechos humanos que requieren de propuestas concretas y especialmente de la voluntad poltica de darles tratamiento. En cuestiones de gnero apoy y seguir apoyando el proyecto de la Campaa por el Derecho al Aborto sobre Interrupcin Voluntaria del Embarazo. Tambin propuse e insistir en una modificacin a la totalidad de los regmenes laborales (Ley de Contrato de Trabajo, Rgimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares y Ley de Trabajo Agrario) y la ley de Asignaciones Familiares, en materia de licencias parentales y espacios de cuidado, para que se contemplen situaciones como progenitores del mismo sexo, adopcin, nacimientos mltiples o prematuros, reproduccin mdicamente asistida, enfermedad de hijo o hija, jardines de educacin inicial en los lugares de trabajo, y especialmente para que las tareas de cuidado no queden nicamente en manos de las mujeres se incorporan das de prohibicin de trabajar para ambos progenitores y se incorpora una licencia especial de cuidado indistinta para ambos. Asimismo, quiero dar el debate sobre la importancia de un sistema integral de cuidado que contemple infancia, adultos mayores y personas con discapacidad. Es necesario insistir tambin con la modificacin a la ley de cupo electoral para asegurar una efectiva igualdad entre varones y mujeres. Por ejemplo en las dos Cmaras del Congreso, a pesar de la vigencia de la ley de cupo el porcentaje de mujeres en ejercicio del mandato no se ve reflejado en tanto se abusa de mltiples artilugios para que renuncien o cedan sus bancas a sus reemplazos varones. Por otro lado, uno de los mayores vacos legislativos se da en lo relativo a los derechos de los pueblos indgenas. La unificacin del Cdigo Civil y Comercial puso en evidencia la necesidad de reformar la exigencia de la inscripcin como asociacin como pre requisito para la exigencia de los derechos de las comunidades, la falta de una regulacin del derecho de consulta y la deuda respecto a una ley que reconozca la propiedad comunitaria de las tierras ancestrales. Hoy en da muchas comunidades siguen reclamando un relevamiento adecuado de sus territorios ancestrales y reciben como respuesta estatal la violencia y la persecucin penal, para ello consideramos necesario la creacin de una Comisin Bicameral Permanente de los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios para que realice reuniones peridicas con las comunidades y organismos de derechos humanos, monitorea al INAI, elabore propuestas legislativas, presente denuncias, elabore un mapeo de las causas judiciales que se hayan abierto en razn de los casos de violencia y persecucin a miembros de comunidades indgenas y le d seguimiento a los casos ante el Sistema Interamericano de Proteccin de los Derechos Humanos contra la Argentina. Otra cuestin, sobre la que vengo insistiendo y que cada vez cobra ms vigencia es la separacin de la iglesia y el estado. Si bien debiera ser una discusin ya saldada, existe todava hoy alguna confusin con respecto a la intromisin de la iglesia catlica en la esfera estatal. Ya pedimos y volveremos a insistir en la remocin y prohibicin del establecimiento de smbolos religiosos en edificios pblicos. Durante el debate por la unificacin del Cdigo Civil y Comercial pedimos la eliminacin del estatus preferencial de la Iglesia Catlica como persona pblica no estatal, en un prximo mandato propondr que se reforme ese artculo. La preferencia de una religin por sobre las dems no solamente afecta la neutralidad, la igualdad y la libertad religiosa, sino que en nuestro caso particular implica que muchas polticas pblicas como los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres- se vean afectadas negativamente por principios morales y religiosos. Tambin merece una particular atencin el sinnmero de casos de violencia institucional que afectan especialmente a jvenes de escasos recursos y que muchas veces pasan desapercibidos. En esta misma lnea, la criminalizacin de la protesta social y los intentos de regulacin de la represin generan alarma. Asimismo, las psimas condiciones de detencin y la restriccin al ejercicio de los derechos de las personas privadas de la libertad requieren de la conformacin urgente del Comit Nacional para la Prevencin de la Tortura para un efectivo monitoreo de las personas privadas de la libertad, que son vctimas en muchos casos de malos tratos y torturas. Es necesaria una ley que regule la superpoblacin carcelaria para evitar los problemas de hacinamiento, especialmente en un contexto en el que el 50% de las personas privadas de la libertad no tienen condena. Propusimos e insistiremos en un proyecto de tramitacin de DNI de personas privadas de la libertad en tanto el 25% de las personas presas en el mbito federal no estn documentadas. Por ltimo, ninguna de estas problemticas se puede abordar sin una democratizacin de las fuerzas de seguridad y del servicio penitenciario. Se trata de cuerpos que responden a un diseo institucional arcaico y autoritario.

SEGURIDAD CIUDADANA

Est siempre presente un reclamo social legtimo a vivir una vida segura. Muchas veces, la distribucin de los esfuerzos en seguridad es inequitativa y vemos cmo en determinados barrios las fuerzas de seguridad lejos de prevenir el delito, criminalizan la pobreza y forman muchas veces parte de un entramado corrupto de crimen organizado. Lejos de admitir los intentos de militarizacin de la seguridad interior que se proponen reiteradamente, es esencial que adecuemos las leyes que regulan el ejercicio de las fuerzas de seguridad a los estndares democrticos y de proteccin de los derechos humanos que deben regir la totalidad de nuestro ordenamiento jurdico. En este sentido, es necesario modernizar y profesionalizar a las fuerzas de seguridad, tomando en consideracin tambin el ejercicio de los derechos laborales y sindicales de los agentes contemplando el tipo de servicio que brindan. La formacin en derechos humanos es esencial para evitar los numerosos casos de violencia contra jvenes, las denuncias de torturas, la fuerte discriminacin contra grupos histricamente vulnerables o la negligencia respecto a las denuncias de violencia de gnero, entre otras cosas. Por otro lado, recientemente se comenz a debatir la creacin de un organismo de control que reemplace al RENAR, en un dictamen de comisin se aprob la creacin de la Agencia Nacional de Materiales Controlados. Esta es una valiosa iniciativa, que necesariamente debe ser acompaada por una modificacin a la Ley de Armas, en tanto un significativo nmero de muertes violentas se da por el uso de armas de fuego. Un fenmeno lamentablemente bastante generalizado es el de la seguridad privada, una actividad que no est regulada de acuerdo a las especificidades del tipo de servicio que brinda, muchas veces derivando en abusos y en el ejercicio de funciones que son esfera exclusiva del estado. En este sentido, es necesario debatir en el Congreso los alcances y controles de esta actividad.

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