PERIÓDICO OFICIAL - periodico.morelos.gob.mx · 09 de diciembre de 2015 PERIÓDICO OFICIAL Página...
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PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” ÓRGANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Las Leyes y Decretos son obligatorios, por su publicación en este Periódico Director: M. C. Matías Quiroz Medina El Periódico Oficial “Tierra y Libertad” es elaborado en los Talleres de Impresión de la Coordinación Estatal de Reinserción Social y la Dirección General de la Industria Penitenciaria del Estado de Morelos. Cuernavaca, Mor., a 09 de diciembre de 2015 6a. época 5351 SUMARIO GOBIERNO FEDERAL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Sentencia definitiva de fecha trece de octubre de dos mil quince, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Controversia Constitucional número 63/2014, promovida por la Federación por conducto del Poder Ejecutivo Federal. ………………………………Pág. 3 GOBIERNO DEL ESTADO PODER LEGISLATIVO DECRETO NÚMERO SESENTA Y UNO.- Por el que se reforma la fracción III del artículo 85 y el artículo 88 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, con el fin de crear el Comité Editorial y se reforma el artículo 164 de su Reglamento. ………………………………Pág. 28 DECRETO NÚMERO SESENTA Y DOS.- Por el que se designa al Fiscal General del Estado de Morelos. ………………………………Pág. 31 DECRETO NÚMERO SESENTA Y TRES.- Por el que se adicionan los párrafos segundo y tercero y las fracciones de la I a la VII al artículo 224 al Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos y; se reforman las fracciones IX y X y se adiciona una fracción XI al artículo 60 del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. ………………………………Pág. 36 DECRETO NÚMERO SESENTA Y CUATRO.- Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Turismo del Estado de Morelos. ………………………………Pág. 51 DECRETO NÚMERO SESENTA Y CINCO.- Por el que se concede pensión por Cesantía en Edad Avanzada al Ciudadano Lorenzo Nava Ramírez. ………………………………Pág. 54 DECRETO NÚMERO SESENTA Y SEIS.- Por el que se concede pensión por Cesantía en Edad Avanzada al Ciudadano Víctor Manuel Ignacio Gómez Gutiérrez. ………………………………Pág. 55 DECRETO NÚMERO SESENTA Y SIETE.- Por el que se concede pensión por Cesantía en Edad Avanzada al Ciudadano Roberto Calvario Anonales. ………………………………Pág. 57 DECRETO NÚMERO SESENTA Y OCHO.- Por el que se concede pensión por Jubilación al Ciudadano Luis Manzanares Gutiérrez. ………………………………Pág. 59 DECRETO NÚMERO SESENTA Y NUEVE.- Por el que se concede pensión por Jubilación al Ciudadano Mayolo Barrios Ramírez. ………………………………Pág. 61 DECRETO NÚMERO SETENTA.- Por el que se concede pensión por Jubilación al Ciudadano Gonzalo Naves Merlín. ………………………………Pág. 63
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PERIÓDICO OFICIAL
“TIERRA Y LIBERTAD” ÓRGANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
Las Leyes y Decretos son obligatorios, por su publicación en este Periódico
Director: M. C. Matías Quiroz Medina
El Periódico Oficial “Tierra y Libertad” es
elaborado en los Talleres de Impresión de la
Coordinación Estatal de Reinserción Social y la
Dirección General de la Industria Penitenciaria del
Estado de Morelos.
Cuernavaca, Mor., a 09 de diciembre de 2015
6a. época
5351
SUMARIO
GOBIERNO FEDERAL
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
Sentencia definitiva de fecha trece de octubre de
dos mil quince, dictada por el Pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, en la Controversia
Constitucional número 63/2014, promovida por la
Federación por conducto del Poder Ejecutivo
Federal.
………………………………Pág. 3
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER LEGISLATIVO
DECRETO NÚMERO SESENTA Y UNO.- Por el
que se reforma la fracción III del artículo 85 y el
artículo 88 de la Ley Orgánica del Congreso del
Estado de Morelos, con el fin de crear el Comité
Editorial y se reforma el artículo 164 de su
Reglamento.
………………………………Pág. 28
DECRETO NÚMERO SESENTA Y DOS.- Por el
que se designa al Fiscal General del Estado de
Morelos.
………………………………Pág. 31
DECRETO NÚMERO SESENTA Y TRES.- Por el
que se adicionan los párrafos segundo y tercero y
las fracciones de la I a la VII al artículo 224 al
Código Familiar para el Estado Libre y Soberano
de Morelos y; se reforman las fracciones IX y X y
se adiciona una fracción XI al artículo 60 del
Código Procesal Familiar para el Estado Libre y
Soberano de Morelos.
………………………………Pág. 36
DECRETO NÚMERO SESENTA Y CUATRO.- Por
el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones a la Ley de Turismo del Estado de
Morelos.
………………………………Pág. 51
DECRETO NÚMERO SESENTA Y CINCO.- Por el
que se concede pensión por Cesantía en Edad
Avanzada al Ciudadano Lorenzo Nava Ramírez.
………………………………Pág. 54
DECRETO NÚMERO SESENTA Y SEIS.- Por el
que se concede pensión por Cesantía en Edad
Avanzada al Ciudadano Víctor Manuel Ignacio
Gómez Gutiérrez.
………………………………Pág. 55
DECRETO NÚMERO SESENTA Y SIETE.- Por el
que se concede pensión por Cesantía en Edad
Avanzada al Ciudadano Roberto Calvario
Anonales.
………………………………Pág. 57
DECRETO NÚMERO SESENTA Y OCHO.- Por el
que se concede pensión por Jubilación al
Ciudadano Luis Manzanares Gutiérrez.
………………………………Pág. 59
DECRETO NÚMERO SESENTA Y NUEVE.- Por
el que se concede pensión por Jubilación al
Ciudadano Mayolo Barrios Ramírez.
………………………………Pág. 61
DECRETO NÚMERO SETENTA.- Por el que se
concede pensión por Jubilación al Ciudadano
Gonzalo Naves Merlín.
………………………………Pág. 63
Página 2 PERIÓDICO OFICIAL 09 de diciembre de 2015
DECRETO NÚMERO SETENTA Y UNO.- Por el
que se concede pensión por Jubilación al
Ciudadano Fortunato Dieguez Valente.
………………………………Pág. 64
DECRETO NÚMERO SETENTA Y DOS.- Por el
que se concede pensión por Jubilación a la
Ciudadana Irma Reyes Yáñez.
………………………………Pág. 66
DECRETO NÚMERO SETENTA Y TRES.- Por el
que se concede pensión por Jubilación a la
Ciudadana Sandra Angélica Flores Salazar.
………………………………Pág. 67
DECRETO NÚMERO SETENTA Y CUATRO.- Por
el que se concede pensión por Jubilación a la
Ciudadana María Eugenia Figueroa Arizmendi.
………………………………Pág. 69
DECRETO NÚMERO SETENTA Y CINCO.- Por el
que se concede pensión por Jubilación al
Ciudadano José Luis Balbuena Bazaldúa.
………………………………Pág. 70
DECRETO NÚMERO SETENTA Y SEIS.- Por el
que se concede pensión por Jubilación al
Ciudadano Jorge Alberto Martínez Cabañas.
………………………………Pág. 72
DECRETO NÚMERO SETENTA Y SIETE- Por el
que se concede pensión por Jubilación a la
Ciudadana Rosa Isela García Díaz.
………………………………Pág. 74
DECRETO NÚMERO SETENTA Y OCHO- Por el
que se concede pensión por Jubilación a la
Ciudadana Maricruz Andrade Bautista.
………………………………Pág. 75
DECRETO NÚMERO SETENTA Y NUEVE- Por el
que se concede pensión por Jubilación al
Ciudadano José Juan Sánchez Zúñiga.
………………………………Pág. 76
DECRETO NÚMERO OCHENTA.- Por el que se
concede pensión por Jubilación al Ciudadano
Filiberto Pedro Sánchez Zúñiga.
………………………………Pág. 78
DECRETO NÚMERO OCHENTA Y UNO.- Por el
que se concede pensión por Jubilación al
Ciudadano Sergio Millán Piedra.
………………………………Pág. 79
DECRETO NÚMERO OCHENTA Y DOS.- Por el
que se concede pensión por Jubilación a la
Ciudadana Lilia Pérez Hernández.
………………………………Pág. 81
DECRETO NÚMERO OCHENTA Y TRES.- Por el
que se concede pensión por Jubilación al
Ciudadano Oscar Pérez Nava.
………………………………Pág. 82
DECRETO NÚMERO OCHENTA Y CUATRO.- Por
el que se concede pensión por Jubilación al
Ciudadano José Dolores González Barrera.
………………………………Pág. 83
DECRETO NÚMERO OCHENTA Y CINCO.- Por
el que se concede pensión por Orfandad al
Ciudadano Eduardo Torres Pérez.
………………………………Pág. 85
Acuerdo Parlamentario por el que se designa al
quinto diputado y tres suplentes para integrar la
Diputación Permanente, que estará en funciones
durante el primer receso del primer año de
ejercicio constitucional de la Quincuagésima
Tercera Legislatura del Congreso del Estado de
Morelos.
………………………………Pág. 87
Convocatoria a las instituciones educativas,
culturales, artísticas sociales, civiles y organismos
no gubernamentales, así como organizaciones
representativas de los distintos sectores
económicos, políticos y sociales del estado de
Morelos, para presentar candidatos a obtener la
Medalla de Honor del Congreso del Estado Libre y
Soberano de Morelos.
………………………………Pág. 88
EDICTOS Y AVISOS
………………………………Pág. 89
SEGUNDA SECCIÓN
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER LEGISLATIVO
DECRETO NÚMERO CIENTO VEINTISIETE.- Por
el que se aprueba el Código Fiscal para el Estado
de Morelos.
………………………………Pág. 2
TERCERA SECCIÓN
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER LEGISLATIVO
Acuerdo administrativo correspondiente a la
expedición de los formatos y la información que
deben contener respecto del Acta de Entrega –
Recepción, conforme a lo dispuesto en la
Disposición Transitoria Décima Octava del Decreto
2758, publicado en el Periódico Oficial ―Tierra y
Libertad‖ 5315 del 11 de agosto de 2015, la
Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del
Congreso, las Secretarías de Servicios
Legislativos y Parlamentarios y de Administración
y Finanzas del Congreso del Estado y la
Secretaría de la Contraloría del Estado de
Morelos.
………………………………Pág. 2
CUARTA SECCIÓN
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE DESARROLLO
SUSTENTABLE
Decreto por el que se publica el Programa Parcial
de Desarrollo Urbano Sustentable del Nororiente
de Cuernavaca, Morelos.
………………………………Pág. 2
09 de diciembre de 2015 PERIÓDICO OFICIAL Página 3
Al margen izquierdo un Escudo de los Estados
Unidos Mexicanos que dice: Poder Judicial de la
Federación, Suprema Corte de Justicia de la
Federación.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 63/2014
ACTOR: LA FEDERACIÓN POR CONDUCTO
DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL.
PONENTE: MINISTRO ARTURO ZALDÍVAR
LELO DE LARREA
SECRETARIAS: FABIANA ESTRADA TENA
MAKAWI STAINES DÍAZ
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
correspondiente al trece de octubre de dos mil quince.
Vo. Bo.
Señor Ministro
VISTOS; Y
RESULTANDO:
Cotejó:
PRIMERO. Presentación de la demanda,
autoridad demandada y acto impugnado. Por escrito
presentado el veinte de mayo de dos mil catorce en la
Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de
esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alfonso
Humberto Castillejos Cervantes, en su carácter de
Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo Federal y en
representación del Presidente de la República,
promovió controversia constitucional en la que señaló
como autoridades demandadas a los poderes
Ejecutivo y Legislativo del Estado de Morelos, y
solicitó la invalidez del Decreto mil doscientos noventa
y siete, por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Ley de Educación del
Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial
del Estado el dos de abril de dos mil catorce; en
específico, los artículos 14 bis, 22 quintus, y los
artículos transitorios cuarto y sexto.
SEGUNDO. Antecedentes. En el escrito de
demanda, se narraron, en síntesis, los siguientes:
1. El diez de diciembre de dos mil doce, el
Presidente de la República presentó iniciativa con
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos en materia de educación,
ante la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
2. El once de diciembre de dos mil doce, el
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de
Diputados turnó la iniciativa a la Comisión de Puntos
Constitucionales, con opinión de las Comisiones de
Educación Pública y Servicios Educativos, y de
Equidad y Género.
3. El veintiséis de febrero de dos mil trece, se
publicó en el Diario Oficial de la Federación el
DECRETO por el que se reforman los artículos 3º en
sus fracciones III, VII y VIII; y 73, fracción XXV; y se
adiciona un párrafo tercero, un inciso d) al párrafo
segundo de la fracción II y una fracción IX al artículo 3º
de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
En los artículos tercero y quinto transitorios de dicho decreto se dispuso que el Congreso de la Unión debía expedir las leyes respectivas para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 3º y 73 constitucionales.
4. El once de septiembre de dos mil trece, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los decretos por los que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Educación; se expide la Ley General del Servicio Profesional Docente y; se expide la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.
En el artículo tercero transitorio del Decreto por el cual se expidió la Ley General del Servicio Profesional Docente, se dispuso que los gobiernos estatales debían, dentro de los seis meses siguientes, armonizar su legislación y demás disposiciones aplicables con base en las disposiciones de dicha ley.
5. El dos de abril de dos mil catorce, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Morelos el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Morelos.
TERCERO. Conceptos de invalidez. La parte actora esgrimió en síntesis los siguientes:
1. El artículo 14 bis de la Ley de Educación del Estado de Morelos viola dichos preceptos constitucionales, pues dota a la Secretaría de Educación del Estado de Morelos de atribuciones en materia de regulación de alimentos y bebidas en escuelas, en concreto de la facultad de emitir lineamientos respecto al expendio y distribución de alimentos en las escuelas, que son exclusivas de la Secretaría de Educación Pública de la Administración Pública Federal de acuerdo con el artículo 24 Bis de la Ley General de Educación.
2. El artículo 22 Quintus de la Ley de Educación del Estado de Morelos violenta los artículos constitucionales mencionados, dado que regula los mecanismos de promoción de docentes a cargos con funciones de dirección y supervisión en la educación básica, sin embargo, omite hacerlo respecto a la educación media superior, lo cual implica una omisión legislativa parcial del Congreso de Morelos, puesto que incumplió con el mandato expreso en el artículo tercero transitorio del Decreto por el que se expide la Ley General del Servicio Profesional Docente, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil trece, consistente en armonizar la legislación estatal conforme a lo dispuesto en dicha ley general en un plazo de seis meses. Lo anterior, en razón de que los artículos 3, fracción III de la Constitución General y 26 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, disponen textualmente que la promoción a cargos con funciones de dirección y supervisión se llevará a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades necesarias. Asimismo, el artículo 32 de la Ley General del Servicio Profesional Docente prohíbe cualquier mecanismo de promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión distinto al establecido en dicha ley.
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3. El artículo cuarto transitorio de la Ley de
Educación del Estado de Morelos trasgrede los
preceptos constitucionales mencionados, puesto que
el legislador local pretende que se reconozcan y
apliquen en los procesos de evaluación de docentes
los derechos de índole laboral, prestacional, sindical y
asistencial, a pesar de que no fueron establecidos por
el Congreso de la Unión en la Ley General del Servicio
Profesional Docente, con lo cual el legislador local
invade la competencia federal de definir las normas
que resultarán aplicables para regular el servicio
profesional docente, al intentar incluir tales derechos a
dicho servicio en el Estado.
Al respecto, señala que el artículo 3, fracción III,
de la Constitución General establece que los criterios
circunstanciales al mecanismo evaluatorio inherente al
servicio profesional docente serán fijados en la ley
reglamentaria. En este sentido, el Congreso Federal
emitió la Ley General del Servicio Profesional Docente
para regir el servicio profesional docente y establecer
los criterios, términos y condiciones para el ingreso,
promoción, reconocimiento y permanencia en el
servicio. El artículo 83 de la ley mencionada, dispone
que las relaciones de trabajo del personal docente con
las autoridades educativas y organismos
descentralizados se regirán por la legislación laboral
aplicable, salvo por lo dispuesto en esa Ley.
4. El artículo sexto transitorio de la Ley de
Educación del Estado de Morelos es contrario a los
artículos constitucionales aludidos, ya que modifica la
fecha de entrada en vigor del sistema profesional
docente y las reglas de readscripción previstas en la
Ley General del Servicio Profesional Docente para
aquellos docentes que no aprueben las evaluaciones
de permanencia, específicamente por las razones
siguientes:
a) Extensión indebida del beneficio de
readscripción en caso de no aprobar las evaluaciones.
El artículo impugnado establece que los docentes que
se encuentran en activo y con nombramiento definitivo
antes de la entrada en vigor de dicha ley que no
alcancen un resultado suficiente en la tercera
evaluación podrán exigir su readscripción, por lo que
sujeta las medidas referentes a los concursos y
evaluaciones del personal docente a la entrada en
vigor de la Ley de Educación Local. Lo anterior, es
contrario a lo dispuesto en el artículo octavo transitorio
de la Ley General del Servicio Profesional Docente,
que dispone que la obligación de las evaluaciones
para el ingreso, promoción y permanencia surtirá
efectos a partir de dicha ley. En este sentido, el
artículo impugnado extiende indebidamente el
beneficio de readscripción a los docentes que hayan
obtenido el nombramiento definitivo hasta la
publicación de la ley local, cuando dicha posibilidad
sólo debe aplicar a los docentes que hayan obtenido
dicho nombramiento antes de la entrada en vigor de la
Ley General del Servicio Profesional Docente.
b) Se modifican los términos de readscripción de docentes dentro del servicio público, al permitir que las personas sean reasignadas a funciones educativas. El artículo impugnado va más allá de lo establecido en el artículo octavo transitorio de la Ley General del Servicio Profesional Docente, toda vez que prevé que el personal docente que no alcance el resultado aprobatorio en la tercera evaluación no será separado de la función pública y será readscrito para continuar en otras tareas educativas dentro del servicio profesional docente. En efecto, el artículo mencionado de la ley general dicta una directiva expresa para que las autoridades educativas locales lleven a cabo la readscripción dentro de la función pública pero fuera de tareas de carácter educativo para quienes tengan nombramiento definitivo antes de la entrada en vigor de la ley, tal cuestión es una excepción al artículo 53 de la Ley General del Servicio Profesional Docente que obliga a la separación del personal docente que no apruebe las evaluaciones por tercera vez. En el caso concreto, el congreso local determinó la posibilidad de readscripción del personal docente en funciones educativas, cuestión que contradice lo dispuesto en la Ley General del Servicio Profesional Docente, lo cual representa una invasión de la esfera federal, al tratarse el Congreso de la Unión del único encargado de regular el servicio profesional docente.
c) La readscripción dentro del servicio público se condiciona al respeto de las condiciones y prestaciones laborales adquiridas previamente. La norma impugnada modifica los términos en que se regula la readscripción de docentes en el artículo octavo transitorio de la Ley General del Servicio Profesional Docente, al disponer que el personal docente que no obtenga un resultado aprobatorio en la tercera evaluación no será apartado de su función sino que será readscrito, respetando sus derechos y prestaciones laborales adquiridas.
CUARTO. Artículos constitucionales que el actor aduce violados. Los preceptos que se indicaron como vulnerados son los artículos 3, 40, 41, 73, fracción XXV, 120, 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
QUINTO. Admisión y Trámite. Por acuerdo de veintiuno de mayo de dos mil catorce, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional y determinó turnarla conforme a la certificación correspondiente, en la que se indicó que correspondía al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
Mediante proveído de veintidós de mayo de dos mil catorce, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda y tuvo como demandado al Estado de Morelos por conducto de sus Poderes Legislativo y Ejecutivo; tuvo como terceros interesados a las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, así como al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, y ordenó dar vista al Procurador General de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
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SEXTO. Contestaciones a la demanda. En el
escrito respectivo el Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos señaló lo siguiente:
El actor carece de legitimación ad causam, toda
vez que el Poder Ejecutivo de Morelos no ha realizado
acto alguno que invada o afecte su esfera de
competencias, por lo que carece del derecho de
demandar la invalidez del acto impugnado efectuado
por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Al
respecto, considera aplicable la jurisprudencia de la
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, de rubro: ―LEGITIMACIÓN PROCESAL
ACTIVA. CONCEPTO‖. Asimismo, considera que el
Poder Ejecutivo de Morelos carece de legitimación
pasiva ad causam, en razón de que éste no ha
realizado acto alguno que constituya una invasión o
afectación a la esfera de competencias del
promovente.
El actor únicamente le atribuye al Poder
Ejecutivo la promulgación y publicación del Decreto
impugnado, los cuales se realizaron con estricto apego
al artículo 70, fracción XVII de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Morelos. Además, los
actos que le fueron atribuidos no violan los dispositivos
constitucionales que señala el actor, únicamente llevó
a cabo la promulgación y publicación del decreto
impugnado, por lo que estima que se le tiene como
autoridad demandada en el caso para cumplir con el
requisito formal de tener por demandadas a las
autoridades que expidan o promulguen la ley.
De igual forma, solicita que se declaren
inatendibles e inoperantes los conceptos de invalidez,
toda vez que son ambiguos y superficiales o se trata
de descalificaciones aisladas, sin que el actor logre
construir una causa de pedir dirigida a evidenciar la
inconstitucionalidad del acto reclamado y destruir su
presunción de legalidad, pues elude referirse al
fundamento, argumentos y al por qué de su
reclamación.
En lo que respecta al primer concepto de
invalidez, considera infundado que se violen los
artículos 3, 73 fracción XXV y 124 constitucionales,
pues ni el artículo 14 bis de la Ley Estatal Local
cuestionado, ni el artículo 24 bis de la Ley General de
Educación contra el que se confronta regulan una
cuestión directamente educativa, sino un tema de
salubridad pública consistente en los alimentos y
bebidas que pueden venderse y distribuirse en las
escuelas. En todo caso, podría caer en la materia de
educación alimentaria que se encuentra fuera de la
educación académica. Por lo tanto, no existe una
invasión de esfera de competencias en materia
educativa.
En cuanto al segundo concepto de invalidez,
señala que el artículo 22 quintus de la Ley de
Educación del Estado de Morelos, interpretado de
forma armónica y sistemática con su universo
normativo, no es contrario a los artículos 3, 73 fracción
XXV y 124 constitucionales. Con excepción del
artículo impugnado, la Ley Local hace referencia tanto
a la educación básica como la media superior, por lo
que debe entenderse como una omisión textual que no
se opone al régimen competencial, ni a la obligación
inexcusable de que los docentes de educación media
superior de cumplir con los requisitos del
procedimiento para ocupar cargos de dirección y
supervisión, regido de forma indivisible por la Ley de
Educación Estatal, la Ley General de Educación y los
artículos 3, 73 fracción XXV y 124 de la Constitución
General.
Respecto al tercer concepto de invalidez, estima
que el artículo cuarto transitorio de la Ley de
Educación del Estado de Morelos no contradice los
artículos 3, 73 fracción XXV y 124 de la Constitución
General, al reconocer derechos adquiridos laborales,
prestacionales, sindicales, asistenciales y
profesionales. Lo contrario sí sería inconstitucional al
desconocer los derechos adquiridos por los docentes.
Es criterio reiterado del Poder Judicial de la
Federación que es deber inexcusable respetar los
derechos adquiridos, sin que ello implique que no les
sean aplicables a los docentes las normas del Servicio
Profesional de Carrera. Si bien el Congreso Federal es
el facultado para regular el servicio profesional
docente, no puede desconocerse el criterio que rige el
respeto a los derechos adquiridos con anterioridad a la
entrada en vigor de normas que establecen un nuevo
sistema.
Por último, señala al respecto del cuarto
concepto de invalidez, que el artículo sexto transitorio
no infringe los artículos 3, 73 fracción XXV y 124 de la
Constitución General, dado que no modifica las reglas
de readscripción previstas en la Ley General del
Servicio Profesional Docente para los docentes que no
aprueben sus evaluaciones de permanencia. En
cuanto al inciso a) advierte que es claro que el sistema
concurrente en materia educativa, en particular la
permanencia y promoción de docentes a cargos de
dirección o supervisión entró en vigor con la Ley
General de Educación y no con la Ley de Educación
Estatal, y que rige categóricamente el principio de
reserva de ley. Por otra parte, respecto al inciso b),
considera que es incorrecto estimar que los docentes
que no aprueben la tercera evaluación podrán
continuar en funciones educativas. La opción prevista
en el artículo impugnado de readscripción es una
actividad administrativa, que es parte del conjunto de
actividades del sistema educativo. Finalmente, sobre
el inciso c), considera que tampoco asiste la razón al
actor, puesto que no puede desconocerse el criterio
que rige el respeto a los derechos adquiridos.
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Por su parte, el Poder Legislativo del Estado de
Morelos señaló lo siguiente:
Las leyes generales son parámetros de validez,
que pueden utilizarse como parámetros de contraste
cuando se impugne la incompetencia de una autoridad
legislativa para normar algún aspecto determinado de
una materia concurrente. Sin embargo, no puede
considerarse al Congreso del Estado de Morelos de
incurrir en omisión legislativa por no adecuar la Ley de
Educación del Estado de Morelos con la Ley General
del Servicio Profesional Docente, ya que como lo
marca en su artículo 1º, dicha ley general es
reglamentaria del artículo 3º, fracción III de la
Constitución General, que rige el servicio profesional
docente y establece los criterios, los términos y
condiciones para el ingreso, la promoción, el
reconocimiento y la permanencia en el servicio.
Asimismo, los artículos cuarto y sexto
transitorios del Decreto 1297 impugnado, que
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones
de la Ley de Educación del Estado de Morelos, no se
contraponen a la Ley General del Servicio Profesional
Docente, pues dicha norma general no aborda en
absoluto el tema de los derechos adquiridos de los
trabajadores de la educación. Al respecto, para el caso
concreto, considera aplicable la jurisprudencia del
Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, de rubro: ―LEYES LOCALES EN MATERIAS
CONCURRENTES. EN ELLAS SE PUEDEN
AUMENTAR LAS PROHIBICIONES O LOS DEBERES
IMPUESTOS POR LAS LEYES GENERALES.
La norma impugnada contempla derechos de
los trabajadores de la educación en el Estado de
Morelos, sin embargo, no debe interpretarse
aisladamente, sino que la norma está motivada por
una finalidad específica de protección de derechos.
Con ello no se pretende regular el ingreso, la
promoción, el reconocimiento y la permanencia en el
servicio profesional docente, sino proteger los
derechos laborales, prestacionales, sindicales,
asistenciales y profesionales de los trabajadores de la
educación.
Las leyes generales o marco establecidas por el
Congreso de la Unión son bases legislativas que no
pretenden agotar en sí mismas la regulación de una
materia, sino que buscan ser una plataforma mínima
respecto de las cuales las entidades federativas partan
para emitir normas acordes con su propia realidad
social. Las leyes locales no tendrían razón de ser si no
pudieran hacer innovaciones respecto de la Ley
General, pues únicamente se limitarían a repetir lo
establecido en la Ley General. En este sentido, las
leyes estatales pueden aumentar las obligaciones o
las prohibiciones que se establecen en la Ley General
en materia de derechos de los trabajadores, aunque
no pueden reducirlas.
De esta forma, el Congreso del Estado de Morelos está facultado para variar las condiciones y para ampliar los derechos de los trabajadores en materia de educación, por lo que no estaba obligado a regularlos en idénticos términos a los de la Ley General, y únicamente se limita a otorgar mayores beneficios a los trabajadores de la educación que no aprueben sus evaluaciones de permanencia. No es obstáculo a lo anterior, lo dispuesto en el artículo tercero transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley General del Servicio Profesional Docente, respecto a que los gobiernos estatales deberán armonizar su legislación y demás disposiciones aplicables con base en las que establece esa ley, pues no puede entenderse como una obligación de reproducir a nivel local los preceptos de la Ley General, sino como el deber de incorporar el mínimo de protección que ésta garantiza.
La interpretación anterior se corrobora con lo dispuesto en el propio artículo sexto transitorio, que señala que en tanto se tienen debidamente implementados y en operación los concursos y los procesos de evaluación a que se refiere el artículo anterior se estará a los previsto en las disposiciones aplicables hasta antes de la publicación del presente Decreto, sin perjuicio de que las autoridades educativas y los organismos descentralizados, en el ámbito de sus competencias realicen todas las acciones que determinen como necesarias para que desde la entrada en vigor de esta ley, trabajen y modifiquen sus disposiciones para que converjan con lo previsto en el título segundo del presente ordenamiento, lo que deja a las entidades federativas en posibilidad de legislar en el ámbito de su competencia, siempre que lo hagan en congruencia con las medidas mínimas que prevé la Ley General.
Lo anterior, no genera incertidumbre alguna para los destinatarios de la norma, pues el propio artículo tercero transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley General del Servicio Profesional Docente, prevé que la concurrencia entre la Federación y las entidades federativas en la materia de educación se hará conforme a las disposiciones correspondientes de la Ley General del Servicio Profesional Docente.
SÉPTIMO. Manifestaciones de los terceros interesados y opinión del Procurador General de la República. El Senado de la República, a través del Presidente de la Mesa Directiva y la Cámara de Diputados, por medio del Presidente de la Mesa Directiva, expresaron manifestaciones. El Procurador General de la República no formuló opinión en el presente asunto.
OCTAVO. Solicitud de ampliación de la demanda. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, por conducto de la Consejera Presidenta de la Junta de Gobierno, al presentar sus manifestaciones, solicitó ampliar la demanda respecto del artículo 22 octavus de la Ley de Educación del Estado de Morelos, por considerar que invade su ámbito de competencias. Por auto de ocho de julio de dos mil catorce el Instructor desechó la ampliación al no tener el referido Instituto carácter de actor en la controversia. Dicho auto fue confirmado por la Primera Sala al resolverse el recurso de reclamación 38/2014-CA en sesión de once de febrero de dos mil quince.
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NOVENO. Cierre de la instrucción. Agotado el
trámite respectivo, el veintitrés de abril de dos mil
quince, se celebró la audiencia prevista en el artículo
29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del
Artículo 105 de la Constitución y se puso el expediente
en estado de resolución.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es
competente para conocer de la presente controversia
constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 105, fracción I, inciso a) de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10,
fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación, así como con el punto Segundo, fracción
I, del Acuerdo General Plenario 5/2013, emitido el
trece de mayo de dos mil trece, por tratarse de una
controversia constitucional entre la Federación y el
Estado de Morelos, en la que se combaten normas de
carácter general.
SEGUNDO. Oportunidad. El artículo 21, fracción
II, de la Ley Reglamentaria de la materia1 señala que
tratándose de normas generales, el plazo para la
promoción de la demanda será de treinta días
contados a partir del día siguiente a la fecha de su
publicación, o del día siguiente al en que se produzca
el primer acto de aplicación de la norma dé lugar a la
controversia.
En el caso, se impugnan varios artículos de la
Ley de Educación del Estado de Morelos, reformados
y adicionados mediante el Decreto 1297, con motivo
de su publicación en el Periódico Oficial del Estado el
dos de abril de dos mil catorce, por lo que el plazo de
treinta días hábiles para promover la acción transcurrió
del tres de abril al veintiuno de mayo de dos mil
catorce, debiéndose descontar los días cinco, seis,
doce, trece, diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete
de abril y tres, cuatro, diez, once, diecisiete y
dieciocho de mayo por corresponder a sábados y
domingos, y los días dieciséis a dieciocho de abril, uno
y cinco de mayo de dos mil catorce de conformidad
con el Acuerdo General Plenario 18/2013, por lo que al
haberse presentado el veinte de mayo de dos mil
catorce, la demanda resulta oportuna.
1 ―Artículo 21.- El plazo para la interposición de la demanda será:
(…) II. Tratándose de normas generales, de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia, y (…)‖
TERCERO. Legitimación activa. De conformidad con el artículo 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de la materia
2, el actor deberá
comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que en términos de las normas que lo rigen, estén facultados para representarlo. Asimismo, conforme al tercer párrafo del citado precepto, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos será representado por el secretario de estado, por el jefe de departamento administrativo o por el Consejero Jurídico del Gobierno, conforme lo determine el propio Presidente.
En el caso, la demanda de controversia constitucional fue suscrita por Alfonso Humberto Castillejos Cervantes, en su carácter de Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, cargo que acreditó con copia certificada de su nombramiento por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos de cuatro de diciembre de dos mil doce
3, lo que acredita
la representación del mismo en términos del párrafo tercero del artículo 11 de la Ley Reglamentaria, en relación con el artículo 43, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
4 y el
punto único del Acuerdo por el que se establece que el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal tendrá la representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en los asuntos que se mencionan,
5
publicado el nueve de enero de dos mil uno en el Diario Oficial de la Federación.
2 ―Artículo 11.- El actor, el demandado y, en su caso, el tercero
interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario. (…) El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos será representado por el secretario de estado, por el jefe del departamento administrativo o por el Consejero Jurídico del Gobierno, conforme lo determine el propio Presidente, y considerando para tales efectos las competencias establecidas en la ley. El acreditamiento de la personalidad de estos servidores públicos y su suplencia se harán en los términos previstos en las leyes o reglamentos interiores que correspondan.‖ 3 Foja 37 del expediente principal.
4 ―Artículo 43.- A la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal
corresponde el despacho de los asuntos siguientes: (…) X.- Representar al Presidente de la República, cuando éste así lo acuerde, en las acciones y controversias a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los demás juicios en que el titular del Ejecutivo Federal intervenga con cualquier carácter. La representación a que se refiere esta fracción comprende el desahogo de todo tipo de pruebas;‖ 5 ―ÚNICO.- El Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal tendrá la
representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las que el titular del Ejecutivo Federal sea parte o requiera intervenir con cualquier carácter, salvo en las que expresamente se le otorgue dicha representación a algún otro servidor público. La representación citada se otorga con las más amplias facultades, incluyendo la de acreditar delegados que hagan promociones, concurran a audiencias, rindan pruebas, formulen alegatos y promuevan incidentes y recursos, así como para que oigan y reciban toda clase de notificaciones, de acuerdo con los artículos 4o., tercer párrafo, y 11, segundo párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.‖
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Asimismo, la Federación por conducto del Poder
Ejecutivo Federal cuenta con legitimación para promover el presente medio de control constitucional
de conformidad con el artículo 105, fracción I, inciso a), de la Constitución General
6. Sirve de apoyo a lo
anterior la tesis de rubro: ―CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL TITULAR DEL PODER
EJECUTIVO FEDERAL ESTÁ LEGITIMADO PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE LA FEDERACIÓN
7‖.
CUARTO. Legitimación pasiva. El Poder Legislativo del Estado de Morelos compareció por
conducto de Juan Ángel Flores Bustamante, ostentándose como Presidente de la Mesa Directiva
del Honorable Congreso del Estado de Morelos, carácter que acreditó con copia certificada del acta de
sesión ordinaria de once de julio de dos mil trece de la Quincuagésima Segunda Legislatura de dicho
Congreso, en la que consta su designación8.
Dicho funcionario se encuentra facultado para
representar al Poder Legislativo del Estado de Morelos, de conformidad con el artículo 36, fracción
XVI de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos
9.
Por su parte, el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos compareció por conducto de Ignacio Burgoa
Llano, ostentándose como Consejero Jurídico y representante legal del Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos, carácter que acreditó con copia certificada de su nombramiento por el Gobernador del Estado Libre y
Soberano de Morelos de primero de octubre de dos mil doce
10.
Dicho funcionario se encuentra facultado para acudir a esta vía en representación del Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos, de conformidad con el artículo 74, párrafo primero de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos11
y el artículo 38, fracciones I y II de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Morelos12
.
6 ―Artículo 105.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación
conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: I.- De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre: a).- La Federación y un Estado o el Distrito Federal; (…)‖ 7 [TA]; 9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XVII, Abril de
2003; Pág. 862. 2a. XLVII/2003. 8
Fojas 29 a 31 del cuaderno de pruebas presentadas por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 9 ―Artículo 36.- Son atribuciones del Presidente de la Mesa Directiva:
(…) XVI. Representar legalmente al Congreso del Estado en cualquier asunto en que éste sea parte, con las facultades de un apoderado general en términos de la legislación civil vigente, pudiendo delegarla mediante oficio en la persona o personas que resulten necesarias, dando cuenta del ejercicio de esta facultad al pleno del Congreso del Estado;‖ 10
Foja 325 del expediente de controversia constitucional. 11
―Artículo 74.- Para el despacho de las facultades encomendadas al Ejecutivo, habrá Secretarios de Despacho, un Consejero Jurídico y los servidores públicos que establezca la ley, la que determinará su competencia y atribuciones. (…)‖ 12
―Artículo 38.- A la Consejería Jurídica le corresponden las siguientes atribuciones:
En tal virtud, de conformidad con los preceptos
antes citados, debe reconocérsele legitimación pasiva
a los Poderes Ejecutivo y Legislativo Locales.
QUINTO. Causas de improcedencia. El Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos señala como causas
de improcedencia la falta de legitimación activa y la
falta de legitimación pasiva, lo cual sustenta en el
hecho de que el Poder Ejecutivo de Morelos no ha
realizado acto alguno que invada o afecte la esfera de
competencias de la parte actora. Por tanto, considera
que debe sobreseerse la controversia constitucional,
en virtud de que no ha realizado acto alguno que
invada o afecte el ámbito de competencias del Poder
Ejecutivo Federal, por lo que éste carece de interés
legítimo en el presente asunto. Estima que el acto que
se le atribuye, consistente en la promulgación y
publicación del decreto impugnado, fue realizado con
estricto apego a sus facultades de conformidad con el
artículo 70, fracción XVII de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Morelos y que únicamente
fue llamado a juicio para cumplir con el requisito formal
de tener por demandados a los órganos que hubiesen
expedido o promulgado la ley impugnada, de acuerdo
con la tesis de rubro: ―CONTROVERSIA
CONSTITUCIONAL. PARA ESTUDIAR LA
CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL
POR ESA VÍA, DEBE LLAMARSE A JUICIO COMO
DEMANDADOS TANTO AL ÓRGANO QUE LA
EXPIDIÓ COMO AL QUE LA PROMULGÓ, AUNQUE
NO SE ATRIBUYAN VICIOS PROPIOS A CADA UNO
DE ESTOS ACTOS, SALVO CUANDO SE RECLAME
UNA OMISIÓN LEGISLATIVA.‖
Tales argumentos deben desestimarse, ya que
involucran el fondo del asunto, el cual consiste
precisamente en determinar si los preceptos
impugnados invaden la esfera de competencias de la
Federación en materia de educación13
.
SEXTO. Estudio de fondo. Los conceptos de
invalidez que la parte actora plantea en esta
controversia se encaminan a demostrar que el Estado
de Morelos legisló en materia de educación sin
respetar el orden de competencias establecido en la
Constitución y en las leyes generales que delimitan las
competencias de los distintos órdenes de gobierno en
esta materia, por lo que, para estar en posibilidad de
examinarlos, es necesario precisar el marco jurídico
aplicable, máxime que, en el año dos mil trece se
aprobó una importante reforma constitucional en esa
materia.
I. Representar y constituirse en asesor jurídico del Gobernador del Estado, en todos los actos en que éste sea parte; II. Representar al Titular del Poder Ejecutivo, cuando éste así lo acuerde, en las acciones y controversias a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; (…)‖ 13
Sirve de apoyo la tesis número P./J. 92/99 de rubro: ―CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE‖
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El veintiséis de febrero de dos mil trece, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a los artículos 3° y 73, fracción XXV, que disponen:
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 9 DE FEBRERO DE 2012)
Art. 3o.- Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 2011) La educación que imparta el Estado tenderá a
desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.
(ADICIONADO, D.O.F. 26 DE FEBRERO DE 2013)
El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.
(REFORMADA, D.O.F. 5 DE MARZO DE 1993) I. Garantizada por el artículo 24 la libertad de
creencias, dicha educación será laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa;
(REFORMADA, D.O.F. 5 DE MARZO DE 1993) II. El criterio que orientará a esa educación se
basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.
Además: a) Será democrático, considerando a la
democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo;
(REFORMADO, D.O.F. 26 DE FEBRERO DE 2013)
b) Será nacional, en cuanto -sin hostilidades ni exclusivismos - atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura;
(REFORMADO, D.O.F. 26 DE FEBRERO DE 2013)
c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos, y
(ADICIONADO, D.O.F. 26 DE FEBRERO DE 2013)
d) Será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos;
(REFORMADA, D.O.F. 26 DE FEBRERO DE 2013)
III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto
en el segundo párrafo y en la fracción II, el Ejecutivo
Federal determinará los planes y programas de
estudio de la educación preescolar, primaria,
secundaria y normal para toda la República. Para tales
efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de
los gobiernos de los Estados y del Distrito Federal, así
como de los diversos sectores sociales involucrados
en la educación, los maestros y los padres de familia
en los términos que la ley señale. Adicionalmente, el
ingreso al servicio docente y la promoción a cargos
con funciones de dirección o de supervisión en la
educación básica y media superior que imparta el
Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de
oposición que garanticen la idoneidad de los
conocimientos y capacidades que correspondan. La
ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y
condiciones de la evaluación obligatoria para el
ingreso, la promoción, el reconocimiento y la
permanencia en el servicio profesional con pleno
respeto a los derechos constitucionales de los
trabajadores de la educación. Serán nulos todos los
ingresos y promociones que no sean otorgados
conforme a la ley. Lo dispuesto en este párrafo no
será aplicable a las Instituciones a las que se refiere la
fracción VII de este artículo;
(REFORMADA, D.O.F. 5 DE MARZO DE 1993)
IV. Toda la educación que el Estado imparta
será gratuita;
(REFORMADA, D.O.F. 9 DE FEBRERO DE
2012)
V. Además de impartir la educación preescolar,
primaria, secundaria y media superior, señaladas en el
primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos
los tipos y modalidades educativos -incluyendo la
educación inicial y a la educación superior- necesarios
para el desarrollo de la nación, apoyará la
investigación científica y tecnológica, y alentará el
fortalecimiento y difusión de nuestra cultura;
(ADICIONADO [N. DE E. REFORMADO]
PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE
2002)
VI. Los particulares podrán impartir educación
en todos sus tipos y modalidades. En los términos que
establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el
reconocimiento de validez oficial a los estudios que se
realicen en planteles particulares. En el caso de la
educación preescolar, primaria, secundaria y normal,
los particulares deberán:
a) Impartir la educación con apego a los mismos
fines y criterios que establecen el segundo párrafo y la
fracción II, así como cumplir los planes y programas a
que se refiere la fracción III, y
b) Obtener previamente, en cada caso, la
autorización expresa del poder público, en los
términos que establezca la ley;
(REFORMADA, D.O.F. 26 DE FEBRERO DE
2013)
Página 10 PERIÓDICO OFICIAL 09 de diciembre de 2015
VII. Las universidades y las demás instituciones
de educación superior a las que la ley otorgue
autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de
gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de
educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con
los principios de este artículo, respetando la libertad
de cátedra e investigación y de libre examen y
discusión de las ideas; determinarán sus planes y
programas; fijarán los términos de ingreso, promoción
y permanencia de su personal académico; y
administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales,
tanto del personal académico como del administrativo,
se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta
Constitución, en los términos y con las modalidades
que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a
las características propias de un trabajo especial, de
manera que concuerden con la autonomía, la libertad
de cátedra e investigación y los fines de las
instituciones a que esta fracción se refiere;
(REFORMADA, D.O.F. 26 DE FEBRERO DE
2013)
VIII. El Congreso de la Unión, con el fin de
unificar y coordinar la educación en toda la República,
expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir
la función social educativa entre la Federación, los
Estados y los Municipios, a fijar las aportaciones
económicas correspondientes a ese servicio público y
a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios
que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones
relativas, lo mismo que a todos aquellos que las
infrinjan, y
(ADICIONADA, D.O.F. 26 DE FEBRERO DE
2013)
IX. Para garantizar la prestación de servicios
educativos de calidad, se crea el Sistema Nacional de
Evaluación Educativa. La coordinación de dicho
sistema estará a cargo del Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación. El Instituto Nacional para
la Evaluación de la Educación será un organismo
público autónomo, con personalidad jurídica y
patrimonio propio. Corresponderá al Instituto evaluar la
calidad, el desempeño y resultados del sistema
educativo nacional en la educación preescolar,
primaria, secundaria y media superior. Para ello
deberá:
a) Diseñar y realizar las mediciones que
correspondan a componentes, procesos o resultados
del sistema;
b) Expedir los lineamientos a los que se
sujetarán las autoridades educativas federal y locales
para llevar a cabo las funciones de evaluación que les
corresponden, y
c) Generar y difundir información y, con base en
ésta, emitir directrices que sean relevantes para
contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la
calidad de la educación y su equidad, como factor
esencial en la búsqueda de la igualdad social.
La Junta de Gobierno será el órgano de
dirección del Instituto y estará compuesta por cinco
integrantes. El Ejecutivo Federal someterá una terna a
consideración de la Cámara de Senadores, la cual,
con previa comparecencia de las personas
propuestas, designará al integrante que deba cubrir la
vacante. La designación se hará por el voto de las dos
terceras partes de los integrantes de la Cámara de
Senadores presentes o, durante los recesos de ésta,
de la Comisión Permanente, dentro del improrrogable
plazo de treinta días. Si la Cámara de Senadores no
resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de
integrante de la Junta de Gobierno aquel que, dentro
de dicha terna, designe el Ejecutivo Federal.
En caso de que la Cámara de Senadores
rechace la totalidad de la terna propuesta, el Ejecutivo
Federal someterá una nueva, en los términos del
párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera
rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de
dicha terna designe el Ejecutivo Federal.
Los integrantes de la Junta de Gobierno
deberán ser personas con capacidad y experiencia en
las materias de la competencia del Instituto y cumplir
los requisitos que establezca la ley, desempeñarán su
encargo por períodos de siete años en forma
escalonada y podrán ser reelectos por una sola
ocasión. Los integrantes no podrán durar en su
encargo más de catorce años. En caso de falta
absoluta de alguno de ellos, el sustituto será
nombrado para concluir el periodo respectivo. Sólo
podrán ser removidos por causa grave en los términos
del Título IV de esta Constitución y no podrán tener
ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción
de aquéllos en que actúen en representación del
Instituto y de los no remunerados en actividades
docentes, científicas, culturales o de beneficencia.
La Junta de Gobierno de manera colegiada
nombrará a quien la presida, con voto mayoritario de
tres de sus integrantes quien desempeñará dicho
cargo por el tiempo que establezca la ley.
La ley establecerá las reglas para la
organización y funcionamiento del Instituto, el cual
regirá sus actividades con apego a los principios de
independencia, transparencia, objetividad, pertinencia,
diversidad e inclusión.
La ley establecerá los mecanismos y acciones
necesarios que permitan al Instituto y a las
autoridades educativas federal y locales una eficaz
colaboración y coordinación para el mejor
cumplimiento de sus respectivas funciones.
Art. 73.- El Congreso tiene facultad:
(…)
(REFORMADA, D.O.F. 26 DE FEBRERO DE
2013)
09 de diciembre de 2015 PERIÓDICO OFICIAL Página 11
XXV.- Para establecer el Servicio Profesional docente en términos del artículo 3o. de esta Constitución; establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias y profesionales; de investigación científica, de bellas artes y de enseñanza técnica, escuelas prácticas de agricultura y de minería, de artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes a la cultura general de los habitantes de la nación y legislar en todo lo que se refiere a dichas instituciones; para legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de interés nacional; así como para dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la Federación, los Estados y los Municipios el ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público, buscando unificar y coordinar la educación en toda la República, y para asegurar el cumplimiento de los fines de la educación y su mejora continua en un marco de inclusión y diversidad. Los Títulos que se expidan por los establecimientos de que se trata surtirán sus efectos en toda la República. Para legislar en materia de derechos de autor y otras figuras de la propiedad intelectual relacionadas con la misma;
Es necesario señalar que, además, en los artículos transitorios de dicho decreto de reforma, se dispuso lo siguiente:
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El Ejecutivo Federal someterá a la Cámara de Senadores las ternas para la designación de los integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, en un plazo máximo de sesenta días naturales a partir de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación, que deberá recaer en personas con capacidad y experiencia en las materias de la competencia del Instituto.
Para asegurar la renovación escalonada de los integrantes, los primeros nombramientos se realizarán por los periodos siguientes:
I. Dos nombramientos por un periodo de cinco años;
II. Dos nombramientos por un periodo de seis años, y
III. Un nombramiento por un periodo de siete. El Ejecutivo Federal deberá determinar el
periodo que corresponda a cada uno de los miembros, al someter su designación a la aprobación de la Cámara de Senadores.
Para la conformación de la Primera Junta de Gobierno del Instituto, el Ejecutivo Federal someterá a la aprobación de la Cámara de Senadores cinco ternas para que de entre ellas se designen a los cinco integrantes que la constituirán. La presentación de ternas en el futuro corresponderá a la renovación escalonada que precisa el párrafo segundo de este artículo.
El primer Presidente de la Junta de Gobierno
del Instituto durará en su encargo cuatro años.
Tercero. El Congreso de la Unión deberá
expedir la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación
de la Educación, así como las reformas a la Ley
General de Educación correspondientes, a más tardar
en un plazo de seis meses contado a partir de la fecha
de publicación del presente Decreto.
En tanto el Congreso de la Unión expide la Ley
del Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación, el Instituto Nacional creado por este
Decreto ejercerá sus atribuciones y competencia
conforme al Decreto por el que se reforma el diverso
por el que se crea el Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación, publicado en el Diario
Oficial de la Federación del 16 de mayo de 2012, en lo
que no se oponga al presente Decreto. Para estos
efectos, las atribuciones previstas en dicho
ordenamiento para el Órgano de Gobierno y la Junta
Técnica serán ejercidas por la Junta de Gobierno del
Instituto, y las de la Presidencia por el Presidente de la
Junta de Gobierno.
Cuarto. Los recursos materiales y financieros,
así como los trabajadores adscritos al organismo
descentralizado Instituto Nacional para la Evaluación
de la Educación, pasan a formar parte del Instituto que
se crea en los términos del presente Decreto.
Quinto. Para el debido cumplimiento de lo
dispuesto por los artículos 3o. y 73, fracción XXV, de
esta Constitución, el Congreso de la Unión y las
autoridades competentes deberán prever al menos lo
siguiente:
I. La creación de un Sistema de Información y
Gestión Educativa. Al efecto, durante el año 2013 el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía realizará
un censo de escuelas, maestros y alumnos, que
permita a la autoridad tener en una sola plataforma los
datos necesarios para la operación del sistema
educativo y que, a su vez, permita una comunicación
directa entre los directores de escuela y las
autoridades educativas;
II. El uso de la evaluación del desempeño
docente para dar mayor pertinencia y capacidades al
sistema nacional de formación, actualización,
capacitación y superación profesional para maestros,
en el marco de la creación de un servicio profesional
docente. La evaluación de los maestros debe tener,
como primer propósito, el que ellos y el sistema
educativo cuenten con referentes bien fundamentados
para la reflexión y el diálogo conducentes a una mejor
práctica profesional. El sistema educativo deberá
otorgar los apoyos necesarios para que los docentes
puedan, prioritariamente, desarrollar sus fortalezas y
superar sus debilidades, y
Página 12 PERIÓDICO OFICIAL 09 de diciembre de 2015
III. Las adecuaciones al marco jurídico para:
a) Fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas ante los órdenes de gobierno que
corresponda con el objetivo de mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos,
resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de participación para que alumnos,
maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en la resolución de los retos
que cada escuela enfrenta. b) Establecer en forma paulatina y conforme a la
suficiencia presupuestal escuelas de tiempo completo con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, para
aprovechar mejor el tiempo disponible para el desarrollo académico, deportivo y cultural. En aquellas
escuelas que lo necesiten, conforme a los índices de pobreza, marginación y condición alimentaria se
impulsarán esquemas eficientes para el suministro de alimentos nutritivos a los alumnos a partir de
microempresas locales, y c) Prohibir en todas las escuelas los alimentos
que no favorezcan la salud de los educandos. Al efecto, el Poder Legislativo hará las
adecuaciones normativas conducentes y preverá en ellas los elementos que permitan al Ejecutivo Federal
instrumentar esta medida. El Ejecutivo Federal la instrumentará en un plazo de 180 días naturales,
contados a partir del día siguiente al de la entrada en vigor de las normas que al efecto expida el Congreso
de la Unión. Sexto. Se derogan todas aquellas disposiciones
que contravengan el presente Decreto. De esta transcripción se tiene que, como
adelantábamos, la materia de educación fue objeto de una importante reforma y, si bien, ya se trataba de una
materia concurrente entre la federación, las entidades federativas y los municipios, también es cierto que, a
partir de dicha reforma y con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, se
estableció en el artículo 3° que el Congreso de la Unión, expedirá las leyes necesarias, destinadas a
distribuir la función social educativa entre la Federación, los Estados y los Municipios; que, con la
finalidad de garantizar la prestación de servicios educativos de calidad, se crea el Sistema Nacional de
Evaluación Educativa, cuya coordinación estará a cargo del Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación, el cual, será un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio
propio, con atribuciones para evaluar la calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo
nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior; se incorpora además el
servicio profesional docente, otorgando al Congreso Federal la facultad para expedir la ley reglamentaria
que contenga los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la
promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos
constitucionales de los trabajadores de la educación (artículos 3, fracción III y 73, fracción XXV).
Así pues, en términos del texto vigente del
artículo 73, fracción XXV, constitucional, y del artículo
quinto transitorio del decreto de reforma que le dio
origen, tratándose del servicio profesional docente, es
una competencia exclusiva de la Federación que no
corresponde regular a las entidades federativas más
que en los aspectos operativos que la ley establezca.
Sobre esto dan cuenta, además, la iniciativa y
los dictámenes de las cámaras de origen (de
Diputados) y revisora (de Senadores), conforme a los
cuales, la reforma constitucional en cuestión tuvo
como eje primordial la mayor calidad en la educación
del país y, para ello, por un lado, se establece el
servicio profesional docente y, por otro, se fortalece al
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación,
que ya existía pero como organismo descentralizado.
En efecto, del procedimiento legislativo
correspondiente se tiene que el Presidente de la
República envió iniciativa de reforma al artículo 3°
constitucional, para establecer a nivel nacional las
bases de creación del servicio profesional docente, y
se otorguen al Instituto Nacional para la Evaluación de
la Educación atribuciones de evaluar el desempeño y
resultados del Sistema Educativo Nacional, para la
educación prescolar, primaria, secundaria y media
superior. Precisando que, en el marco de la
concurrencia existente en la materia de educación, se
faculte al órgano legislativo federal para expedir las
leyes correspondientes.
Por otra parte, del dictamen de la Cámara de
origen, se advierte que, se destaca la importancia de
la educación como pilar de la sociedad, por lo que, a lo
largo de los años se han aprobado diversas reformas
constitucionales, con el fin de consolidar a la
educación como un derecho social y más aún, un
derecho fundamental. En esa medida, en dicho
dictamen se señala que:
―[C]on la presente iniciativa en estudio, el
Estado Mexicano se encuentra ante la responsabilidad
y obligación de establecer los mecanismos idóneos
para estructurar una política educativa que transforme
el sistema educativo actual, resolviendo y enfrentando
los problemas que le aquejan. Con la finalidad de dar
un paso adelante en el desarrollo de la educación, con
la propuesta de modificación al artículo 3°
Constitucional, se logra ese objetivo, bajo las
siguientes directrices: I. Servicio profesional docente.
La iniciativa en dictamen contempla como eje
principal, implementar el servicio profesional docente,
la importancia que tiene este punto es la de establecer
a nivel nacional las bases del ingreso, promoción y
permanencia de los docentes en el servicio educativo.
El crear un servicio profesional es en función del
desempeño, la formación, capacitación y actualización
del docente. (…) Para lograr lo anterior, se tiene que
realizar toda una estructura de evaluación en la
actividad docente, que contribuya a incentivar el
desarrollo profesional del mismo. Considerando que la
evaluación es ‗el proceso mediante el cual
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comparamos lo que queremos (la utopía de la calidad)
y lo que tenemos (la realidad de calidad que
contamos) con el fin de tomar decisiones conducentes
a alcanzar la calidad.‘. Esta calidad educativa es lo
que la sociedad reclama para las nuevas
generaciones, evaluando desde una perspectiva
sistemática educativa, a través de la práctica cotidiana
del ejercicio profesional docente, lo que permitirá una
clara proyección educativa. (…) La iniciativa en
estudio, considera que es importante que el sistema
educativo, permita valorar los conocimientos y las
aptitudes del docente que se encuentre en activo o
sea aspirante, asimismo, bajo el esquema de
valoración se establecerán las promociones en función
del conocimiento, aptitudes y antigüedad que
reconozcan la labor del encargado de la enseñanza de
la niñez y la juventud mexicana. (…) el establecer las
bases para la creación de un servicio profesional
docente consolida la educación de calidad, en virtud
de que se abren los espacios de crecimiento y
desarrollo del profesorado. II. Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación. Para hacer efectiva la
reforma propuesta, se requiere de un Instituto dotado
de autonomía, que se encargue de valorar y adecuar
el sistema educativo nacional. En ese orden de ideas,
para hacer funcional el sistema educativo, se deben
considerar los parámetros de evaluación que
aportarán los conocimientos del educando y del
docente, así como, la función estatal del desarrollo de
políticas educativas. El principal fundamento es el
desarrollo de las acciones necesarias para elevar la
calidad de la educación, entendida ésta, como una
perspectiva relativa y dinámica, con una tendencia
asociada con la superación y la mejora continua. En
esa tesitura, anteriormente se había pensado en crear
un organismo administrativo, que fungiera como
principal instrumentador de esas políticas, es así que
el 8 de agosto de 2002, se publica en el Diario Oficial
de la Federación, el Decreto por el que se creó el
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación,
para satisfacer la imperiosa necesidad de cumplir con
lo estipulado en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-
2006. (…) Si bien, mediante Decreto publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 16 de mayo de 2012,
se modificó al Instituto para darle mayores
herramientas para el cumplimiento de su objeto, es
necesario que estas funciones se lleven a cabo con
plena autonomía e independencia, como máxima
autoridad en la materia. Por ello, esta Comisión
Dictaminadora, coincide con la reforma planteada en
la Iniciativa en análisis, mediante la cual se pretende
adicionar una fracción IX al artículo 3° de nuestra
Constitución Política para efectos de que el Instituto
Nacional para la Evaluación de la Educación, se
convierta en un organismo autónomo con personalidad
jurídica y patrimonio propio, coadyuvante de las
políticas y acciones educativas y del diseño de
programas. En ese sentido, con la autonomía
constitucional del Instituto se podrá consolidar la
política del Estado y su Rectoría en la educación, ya
que los estudios e indicadores servirán de sustento en
el diseño de estrategias, con la finalidad de que se
logre la homogeneidad de las autoridades educativas
federales y locales, consolidando una plena
coordinación entre estos entes, a fin de cumplir las
expectativas de calidad del sistema educativo. Al dotar
de autonomía al Instituto Nacional para la Evaluación
de la Educación, se le otorgarán las características
esenciales de las que goza todo Órgano
Constitucional Autónomo y que consisten en: * Ser
creados de forma directa por el texto Constitucional; *
Contar con una esfera de atribuciones
constitucionalmente determinada; * Llevar a cabo
funciones esenciales dentro de los Estados Modernos,
y * Si bien no se encuentran jerárquicamente adscritos
o jerárquicamente subordinados a ningún otro órgano
o poder, sus resoluciones son revisables de acuerdo
con lo que establezca la Constitución de cada país. En
otras palabras, consolidar al Instituto como un Órgano
Constitucional que fortalezca el Sistema Educativo
Nacional contribuyendo a mejorar la calidad de dicho
proceso con la participación de todos los factores que
intervienen –docentes, educandos, Estado,
autoridades, programas, métodos y financiamiento-.
(…) En ese sentido, era necesario complementar esta
reforma facultando al Congreso de la Unión, para
asegurar el cumplimiento de los fines de la educación
y su mejora continua, a través de la reforma a la
fracción XXV, del artículo 73 de nuestra Constitución
Política. (…) Finalmente, para incrementar los niveles
de calidad y equidad del sistema educativo en México,
resulta fundamental no sólo optimizar los sistemas de
formación inicial y permanente de los educadores, sino
también favorecer la mejora constante de su
desempeño, como una condición para el ejercicio de la
profesión. Por ello, la importancia de la presente
reforma para otorgar las bases constitucionales, que
permitirán consolidar la educación en México para las
generaciones futuras, a través de la modificación de
los marcos normativos secundarios inherentes al
proyecto educativo del Estado.‖
En la misma línea, el dictamen de la Cámara
Revisora, respecto de la Minuta enviada por la de
Origen, señala:
―Después de realizar un estudio de la Minuta en
análisis, estas Comisiones dictaminadoras concuerdan con el proyecto de decreto de reforma constitucional
contenido en la Minuta sujeta a dictamen, por las razones siguientes: La importancia que para la
sociedad mexicana tiene la educación, se refleja en cuanto que el derecho a recibirla, fue una de las
decisiones políticas fundamentales adoptadas por el Poder Constituyente reunido en Querétaro, como parte
de los derechos sociales, que finalmente fueron plasmados en el texto original de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. (…) la función social educativa es una tarea que debe
realizar el Estado, donde de manera concurrente
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participan la Federación, los Estados y los Municipios,
mediante una estructura que actualmente involucra los planes, programas y métodos educativos, y la
participación de los educandos, educadores, autoridades educativas, instituciones educativas del
Estado y de particulares, así como las instituciones de educación superior a las que la ley les otorga
autonomía, que en su conjunto constituyen el Sistema Educativo Nacional. (…) elevar la calidad educativa
del país es una de las principales tareas que el Estado Mexicano debe atender, más cuando según los datos
que se desprenden de indicadores internacionales como el Programa para la Evaluación Internacional de
Estudiantes (PISA por sus siglas en inglés), el nivel de conocimientos y habilidades de nuestros estudiantes,
en comparación con sus pares de otros países, indican que es impostergable adoptar las medidas
necesarias para reducir la alta proporción de estudiantes que demuestran un bajo rendimiento en
lectura, matemáticas y ciencias, situación que resulta particularmente relevante en alumnos que provienen
de hogares en situación de pobreza. (…) El compromiso que ahora tiene que enfrentar el país del
siglo XXI es la calidad educativa, debiéndose entender por ésta, la mejora del conjunto de herramientas
cognoscitivas y culturales que adquieren los alumnos en la escuela, de forma que les permita insertarse
adecuadamente en el mercado laboral, con la perspectiva de mejorar progresivamente sus
condiciones de vida. (…) El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. En este contexto, resulta
evidente que entre las medidas que se requieren implementar para abatir el rezago en la calidad
educativa, comienzan por tener un claro diagnóstico del nivel educativo que prevalece en las diversas
regiones y estratos del país por lo que es necesario que una instancia experta sea quien, con plena
autonomía, independencia, transparencia, objetividad, pertinencia y atendiendo a los principios de diversidad
e inclusión, diseñe y realice las mediciones que correspondan, para la evaluación de los procesos,
componentes y resultados del sistema educativo nacional en los diversos niveles de enseñanza
obligatoria. En este sentido se comparten las razones expuestas en el Dictamen que se analiza, por las que
se estima conveniente que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación goce de autonomía
constitucional para el desarrollo de estas tareas. (…) Sin duda, la labor que desempeñe el Instituto Nacional
para la Evaluación de la Educación, será importante para determinar las fortalezas y debilidades del
sistema educativo, permitiendo adoptar las acciones necesarias para mejorar de manera continua la calidad
y equidad en la educación. Se coincide con la colegisladora, en dotar de autonomía constitucional al
referido Instituto, pues se estima que con ello se dará orden en el desarrollo de la evaluación del sistema,
propiciando al mismo tiempo la necesaria colaboración entre las diversas autoridades que intervienen en el
adecuado desempeño de la función educativa. (…) . Servicio Profesional Docente. De igual modo, se
comparten las consideraciones de la colegisladora, en
cuanto conceden especial importancia a la creación de un Servicio Profesional Docente, donde el ingreso,
permanencia, reconocimiento y promoción del personal magisterial, así como del personal directivo y
de supervisión que forman parte del sistema educativo público, se encuentren regulados mediante normas
claras, que tomen en cuenta el desempeño, los méritos y las cualidades que se necesitan para
desempeñar un cargo en el Servicio Profesional Docente, lo anterior con pleno respeto a los derechos
constitucionales de los trabajadores de la educación. Sin duda la profesionalización del personal magisterial
se verá fortalecida, en la medida en que el ingreso, permanencia, reconocimiento y promoción de quienes
formen parte del Sistema Profesional Docente, sea resultado de procesos de evaluación objetivos, que
aseguren la satisfacción plena de los requisitos para desempeñar la función magisterial, así como los
cargos de dirección y supervisión, lo que brindará mayor certeza de que los educandos recibirán los
conocimientos que requieren para su adecuado desarrollo intelectual y físico, por maestros que
tendrán el perfil idóneo y plena capacidad para impartir educación, de forma que fomenten el desarrollo de las
capacidades y habilidades de sus alumnos, con lo que se asegura el cumplimiento de los objetivos
constitucionalmente asignados a la función educativa. Se advierte que el sistema de reconocimiento para
docentes, basado en incentivos económicos y otros que muestren el aprecio social a los maestros, así
como la posibilidad de acceder a un desarrollo profesional dentro del sistema, servirá como un
instrumento que estimulará la dedicación de los docentes para procurar un aprendizaje efectivo de sus
alumnos, lo que sin duda redundará en un aumento en la calidad educativa y el mejor desarrollo de quienes
forman parte del sistema profesional docente. En este sentido se concuerda con lo señalado en la Minuta en
análisis, cuando se dice que: ―… el establecer las bases para la creación de un servicio profesional
docente, consolida la educación de calidad, en virtud de que se abren los espacios de crecimiento y
desarrollo del profesorado‖. Por otra parte, se coincide con la colegisladora, en cuanto a que debe quedar
precisado en la fracción XXV del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, que será facultad del Congreso de la Unión, establecer el Servicio Profesional Docente, en
términos del artículo 3° de nuestra Carta Magna, así como el sentido y orientación que el Congreso de la
Unión debe dar a las leyes que distribuyan el ejercicio de la función educativa entre la Federación, Estados y
Municipios, pues es menester que dichas leyes aseguren el cumplimiento de los fines de la educación
y su mejora continua en un marco de inclusión y diversidad, es decir, atendiendo a los objetivos que se
precisan en la fracción II del artículo 3 del Texto Fundamental. (…) IV. CAMBIOS A LA MINUTA. No
obstante las coincidencias, en cuanto a las propuestas de reforma constitucional que en materia educativa
09 de diciembre de 2015 PERIÓDICO OFICIAL Página 15
han sido aprobadas por la colegisladora, se estima
pertinente establecer claramente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
obligación del Estado para garantizar la calidad de la educación que se encuentra constreñido a
proporcionar en los niveles de educación básica y media superior. En este contexto, es necesario que
existan las bases constitucionales, que den sustento al sentido que deberán tener los diversos aspectos que
intervienen en la educación, es decir, la infraestructura educativa, recursos materiales, recursos humanos,
pedagógicos y de organización, los cuales deberán ser orientados por el Estado, de forma que se garantice el
máximo logro académico y de aprendizaje de los alumnos. Lo anterior no se contrapone con la intención
que se advierte en los cambios propuestos por la colegisladora, sino por el contrario, robustecen el
compromiso que el Poder Legislativo tiene para con todos los usuarios del Sistema Educativo Nacional, en
el sentido de asegurar que existan las condiciones constitucionales y normativas, que sirvan para
garantizar los máximos niveles de calidad en la educación que tienen el derecho de recibir los
alumnos de nuestro país, con el fin de que éstos puedan alcanzar los máximos niveles de desarrollo
académico, cultural, intelectual y profesional, tanto en beneficio propio, como de la sociedad de la que
forman parte. Por estas razones, se estima conveniente adicionar un párrafo tercero al artículo 3
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se consigne expresamente que el
Estado deberá garantizar la calidad en la educación obligatoria, de manera que los materiales y métodos
educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los
directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos. De igual modo, se considera
necesario que en la fracción II del citado precepto constitucional, se agregue un inciso d) donde se
disponga como uno más de los criterios que deberá orientar la educación, el que ésta sea de calidad, con
base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos. Asimismo, se estima
conveniente señalar, que en la determinación de los planes y programas de estudio de la educación
prescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República, el Ejecutivo Federal considere la opinión de
los maestros, por lo que se propone incluir a éstos en la parte conducente de la fracción III del artículo 3 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se propone la creación de un Sistema
Nacional de Evaluación Educativa, que coordinará el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación,
situación que obedece a que la connotación del Sistema resulta acorde con las diversas partes que
definirán la evaluación de los diversos componentes del Sistema Educativo Nacional, situación que se
reflejaría en la fracción IX del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. (…)‖
Por consiguiente, los trabajos legislativos
refuerzan que lo relativo al servicio profesional
docente compete sólo al orden federal, en cuanto que
es el Congreso de la Unión el que deberá regularlo,
asimismo, se crea un órgano constitucional autónomo
denominado Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación, además que, es el Poder Ejecutivo Federal
al que compete instrumentar las medidas a que se
refiere el artículo quinto transitorio de la reforma.
Ahora bien, para dar cumplimiento a esta
reforma constitucional, el Congreso de la Unión
expidió la Ley General del Servicio Profesional
Docente, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el once de septiembre de dos mil trece, de
la que destaca, en principio, lo siguiente:
TÍTULO PRIMERO
Disposiciones Generales
CAPÍTULO I
Objeto, Definiciones y Principios
Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria de
la fracción III del artículo 3o. de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, rige el Servicio
Profesional Docente y establece los criterios, los
términos y condiciones para el Ingreso, la Promoción,
el Reconocimiento y la Permanencia en el Servicio.
Las disposiciones de la presente Ley son de
orden público e interés social, y de observancia
general y obligatoria en los Estados Unidos
Mexicanos.
El marco normativo aplicable en las entidades
federativas se ajustará a las previsiones de esta Ley.
Los servicios de Educación Básica y Media Superior
que, en su caso, impartan los ayuntamientos se
sujetarán a la presente Ley. Las autoridades
educativas locales deberán realizar las acciones de
coordinación necesarias con los ayuntamientos.
La presente Ley no será aplicable a las
universidades y demás instituciones a que se refiere la
fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, al Consejo
Nacional de Fomento Educativo y organismos que
presten servicios equivalentes en las entidades
federativas, ni a los institutos de educación para
adultos, nacional y estatales.
Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto:
I. Regular el Servicio Profesional Docente en la
Educación Básica y Media Superior;
II. Establecer los perfiles, parámetros e
indicadores del Servicio Profesional Docente;
III. Regular los derechos y obligaciones
derivados del Servicio Profesional Docente, y
IV. Asegurar la transparencia y rendición de
cuentas en el Servicio Profesional Docente.
Artículo 3. Son sujetos del Servicio que regula
esta Ley los docentes, el personal con funciones de
dirección y supervisión en la Federación, los estados,
el Distrito Federal y municipios, así como los asesores
técnico pedagógicos, en la Educación Básica y Media
Superior que imparta el Estado.
Página 16 PERIÓDICO OFICIAL 09 de diciembre de 2015
Artículo 4. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:
I. Actualización: A la adquisición continua de conocimientos y capacidades relacionados con el servicio público educativo y la práctica pedagógica;
(…) III. Autoridades Educativas: A la Secretaría de
Educación Pública de la Administración Pública Federal y a las correspondientes en los estados, el Distrito Federal y municipios;
IV. Autoridad Educativa Local: Al ejecutivo de cada uno de los estados de la Federación y del Distrito Federal, así como a las entidades que, en su caso, establezcan para la prestación del servicio público educativo;
(…) IX. Evaluación del desempeño: A la acción
realizada para medir la calidad y resultados de la función docente, directiva, de supervisión, de Asesoría Técnica Pedagógica o cualquier otra de naturaleza académica;
(…) XV. Instituto: Al Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación; XVI. Ley: Al presente ordenamiento; XVII. Marco General de una Educación de
Calidad: Al conjunto de perfiles, parámetros e indicadores que se establecen a fin de servir como referentes para los concursos de oposición y la evaluación obligatoria para el Ingreso, la Promoción, el Reconocimiento y la Permanencia en el Servicio, con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación;
(…) XXX. Secretaría: A la Secretaría de Educación
Pública de la Administración Pública Federal; (…) XXXII. Servicio Profesional Docente o Servicio:
Al conjunto de actividades y mecanismos para el Ingreso, la Promoción, el Reconocimiento y la Permanencia en el servicio público educativo y el impulso a la formación continua, con la finalidad de garantizar la idoneidad de los conocimientos y capacidades del Personal Docente y del Personal con Funciones de Dirección y de Supervisión en la Educación Básica y Media Superior que imparta el Estado y sus Organismos Descentralizados.
TÍTULO SEGUNDO Del Servicio Profesional Docente CAPÍTULO I De los Propósitos del Servicio Artículo 12. Las funciones docentes, de
dirección de una Escuela o de supervisión de la Educación Básica y Media Superior impartida por el Estado y sus Organismos Descentralizados deberán orientarse a brindar educación de calidad y al cumplimiento de sus fines. Quienes desempeñen dichas tareas deben reunir las cualidades personales y competencias profesionales para que dentro de los distintos contextos sociales y culturales promuevan el máximo logro de aprendizaje de los educandos, conforme a los perfiles, parámetros e indicadores que garanticen la idoneidad de los conocimientos, aptitudes y capacidades que correspondan.
Artículo 13. El Servicio Profesional Docente
tiene los propósitos siguientes:
I. Mejorar, en un marco de inclusión y
diversidad, la calidad de la educación y el
cumplimiento de sus fines para el desarrollo integral
de los educandos y el progreso del país;
II. Mejorar la práctica profesional mediante la
evaluación en las escuelas, el intercambio de
experiencias y los apoyos que sean necesarios;
III. Asegurar, con base en la evaluación, la
idoneidad de los conocimientos y capacidades del
Personal Docente y del Personal con Funciones de
Dirección y de Supervisión;
IV. Estimular el reconocimiento de la labor
docente mediante opciones de desarrollo profesional;
V. Asegurar un nivel suficiente de desempeño
en quienes realizan funciones de docencia, de
dirección y de supervisión;
VI. Otorgar los apoyos necesarios para que el
Personal del Servicio Profesional Docente pueda,
prioritariamente, desarrollar sus fortalezas y superar
sus debilidades;
VII. Garantizar la formación, capacitación y
actualización continua del Personal del Servicio
Profesional Docente a través de políticas, programas y
acciones específicas, y
VIII. Desarrollar un programa de estímulos e
Incentivos que favorezca el desempeño eficiente del
servicio educativo y contribuya al reconocimiento
escolar y social de la dignidad magisterial.
Las Autoridades Educativas, los Organismos
Descentralizados y el Instituto, en el ámbito de sus
respectivas competencias, garantizarán que la
evaluación del Personal Docente y del Personal con
Funciones de Dirección y de Supervisión contribuya
con la calidad de la educación y sea congruente con
los objetivos del sistema educativo nacional y con la
evaluación de los educandos y de las escuelas.
Artículo 14. Para alcanzar los propósitos del
Servicio Profesional Docente deben desarrollarse
perfiles, parámetros e indicadores que sirvan de
referente para la buena práctica profesional. Para tal
efecto, es necesario que los perfiles, parámetros e
indicadores permitan, al menos, lo siguiente:
I. Contar con un Marco General de una
Educación de Calidad y de normalidad mínima en el
desarrollo del ciclo escolar y la Escuela, cuyo
cumplimiento sea obligatorio para las Autoridades
Educativas, Organismos Descentralizados y miembros
del Servicio Profesional Docente;
II. Definir los aspectos principales que abarcan
las funciones de docencia, dirección y supervisión,
respectivamente, incluyendo, en el caso de la función
Docente, la planeación, el dominio de los contenidos,
el ambiente en el aula, las prácticas didácticas, la
evaluación de los alumnos, el logro de aprendizaje de
los alumnos, la colaboración en la Escuela y el diálogo
con los padres de familia o tutores;
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III. Identificar características básicas de desempeño del Personal del Servicio Profesional Docente en contextos sociales y culturales diversos, para lograr resultados adecuados de aprendizaje y desarrollo de todos en un marco de inclusión;
IV. Considerar la observancia de los calendarios y el debido aprovechamiento del tiempo escolar, y
V. Establecer niveles de competencia para cada una de las categorías que definen la labor de quienes realizan las funciones de docencia, dirección y supervisión, a efecto de que dicho personal, las escuelas, las zonas escolares y, en general, los distintos responsables de la educación en el sistema educativo cuenten con referentes para la mejora continua y el logro de los perfiles, parámetros e indicadores idóneos.
Los perfiles, parámetros e indicadores deberán ser revisados periódicamente.
Además, la normatividad transitoria del decreto por el que se expidió dicho ordenamiento general dispone:
Primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan las disposiciones que se opongan a este Decreto.
Tercero. Los gobiernos estatales deberán armonizar su legislación y demás disposiciones aplicables con base en las disposiciones de esta Ley, dentro de los seis meses siguientes a su entrada en vigor.
Cuarto. Dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley, el Instituto solicitará a las Autoridades Educativas y a los Organismos Descentralizados, las propuestas de parámetros e indicadores en términos de lo previsto en el Título Tercero de la Ley.
Quinto. Conforme a las disposiciones de esta Ley, el Instituto, la Secretaría, las autoridades educativas locales y los Organismos Descentralizados deberán realizar durante el mes de julio del año 2014 los concursos que para el Ingreso al Servicio en la Educación Básica y Media Superior establece el Capítulo III, del Título Segundo de esta Ley.
Dentro de los noventa días naturales siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley, el Instituto deberá publicar un calendario en el que se precisen las fechas, plazos o ciclos escolares durante los cuales se tendrán, conforme a las disposiciones de esta Ley, debidamente implementados y en operación los concursos y los procesos de evaluación que para cada tipo educativo establecen los Capítulos IV, V, VI, VII y VIII del Título Segundo de esta Ley.
Sexto. En tanto se tienen debidamente implementados y en operación los concursos y los procesos de evaluación a que se refiere el artículo anterior, se estará a lo previsto en las disposiciones aplicables hasta antes de la publicación del presente Decreto, sin perjuicio de que las Autoridades Educativas y los Organismos Descentralizados, en el ámbito de sus respectivas competencias, realicen todas las acciones que determinen como necesarias para que desde la entrada en vigor de esta Ley trabajen y los modifiquen hacia la convergencia de lo previsto en el Título Segundo del presente ordenamiento.
Los procedimientos y los dictámenes escalafonarios quedarán supeditados a las fechas o plazos que para la promoción se establezcan en el calendario que publique el Instituto, conforme a lo previsto en el artículo anterior.
Séptimo. En concordancia con el artículo cuarto transitorio del decreto por el que se expide la Ley General de Educación, las atribuciones en la Educación Básica que la presente Ley señala para las Autoridades Educativas Locales corresponderán, en el Distrito Federal, a la Secretaría, hasta la conclusión del proceso a que se refiere dicho precepto. La Secretaría actuará por conducto de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal.
Octavo. El personal que a la entrada en vigor de la presente Ley se encuentre en servicio y cuente con Nombramiento Definitivo, con funciones de docencia, de dirección o de supervisión en la Educación Básica o Media Superior impartida por el Estado y sus Organismos Descentralizados, se ajustará a los procesos de evaluación y a los programas de regularización a que se refiere el Título Segundo, Capítulo VIII de esta Ley. El personal que no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación a que se refiere el artículo 53 de la Ley, no será separado de la función pública y será readscrito para continuar en otras tareas dentro de dicho servicio, conforme a lo que determine la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado correspondiente, o bien, se le ofrecerá incorporarse a los programas de retiro que se autoricen.
El personal que no se sujete a los procesos de evaluación o no se incorpore a los programas de regularización del artículo 53 de la Ley, será separado del servicio público sin responsabilidad para la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado, según corresponda.
Noveno. El Personal Docente y el Personal con Funciones de Dirección o de Supervisión en la Educación Básica o Media Superior impartida por el Estado y sus Organismos Descentralizados que a la entrada en vigor de esta Ley tenga Nombramiento Provisional, continuará en la función que desempeña y será sujeto de la evaluación establecida en el artículo 52 de la presente Ley. Al personal que obtenga resultados suficientes en dicha evaluación, se le otorgará Nombramiento Definitivo y quedará incorporado al Servicio Profesional Docente conforme a lo dispuesto en esta Ley.
Será separado del servicio público sin responsabilidad para la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado, según sea el caso, el personal que:
I. Se niegue a participar en los procesos de evaluación;
II. No se incorpore al programa de regularización correspondiente cuando obtenga resultados insuficientes en el primer o segundo proceso de evaluación a que se refiere el artículo 53 de la Ley, o
III. Obtenga resultados insuficientes en el tercer proceso de evaluación previsto en el artículo 53.
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Décimo. Dentro de los dieciocho meses siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley, las Autoridades Educativas y los Organismos Descentralizados deberán haber cumplido con la obligación prevista en el párrafo tercero del artículo 18 de esta Ley.
Para dichos efectos, las Autoridades Educativas Locales y los Organismos Descentralizados deberán implementar un programa integral que organice y estructure debidamente las funciones y la adscripción del Personal con Funciones de Asesoría Técnica Pedagógica en servicio.
Dicho programa deberá contemplar como primera acción prioritaria que el personal en servicio que, a la entrada en vigor de esta Ley, desempeñe funciones de Asesoría Técnica Pedagógica, se reintegre a la función docente.
Una acción subsecuente del programa integral será que sólo el personal que cumpla con los requisitos que las Autoridades Educativas u Organismos Descentralizados determinen expresamente podrá continuar temporalmente con las funciones de Asesoría Técnica Pedagógica, sujetándose a los procedimientos que establece la presente Ley. En ningún caso podrán desempeñar funciones administrativas.
En la implementación del programa integral, la Secretaría propiciará la coordinación necesaria con las Autoridades Educativas Locales y los Organismos Descentralizados.
Décimo Primero. El programa de Carrera Magisterial continuará en funcionamiento hasta en tanto entre en vigor el programa a que se refiere el artículo 37 de esta Ley, cuya publicación deberá hacerse a más tardar el 31 de mayo del año 2015.
Lo anterior, sin perjuicio de que antes de esa fecha la Secretaría ajuste los factores, puntajes e instrumentos de evaluación de Carrera Magisterial y, en general, realice las acciones que determine necesarias para transitar al programa a que se refiere el artículo 37 de esta Ley.
Los beneficios adquiridos por el personal que participa en Carrera Magisterial no podrán ser afectados en el tránsito al programa a que se refiere el artículo 37 de esta Ley.
La XXII etapa de Carrera Magisterial para los docentes de Educación Básica se desahogará en los términos señalados por la convocatoria correspondiente a dicha etapa.
Décimo Segundo. Las Autoridades Educativas y los Organismos Descentralizados iniciarán el proceso de compactación a que se refieren los artículos 42 y 63 del presente ordenamiento, conforme a los lineamientos que al efecto determinen, en tanto se encuentre en operación el sistema de evaluación del desempeño en términos de lo previsto por esta Ley.
Décimo Tercero. Dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley deberá estar en operación en todo el país el Sistema de Información y Gestión Educativa que incluya, por lo menos, la información correspondiente a las estructuras ocupacionales autorizadas, las plantillas de personal de las escuelas y los datos sobre la formación y trayectoria del personal adscrito a las mismas.
Décimo Cuarto. La Secretaría y las Autoridades
Educativas Locales diseñarán un programa, que estas
últimas llevarán a cabo, para la regularización
progresiva de las plazas con funciones de dirección
que correspondan a las estructuras ocupacionales de
las escuelas de Educación Básica, de conformidad a
la disponibilidad presupuestal, conforme a lo siguiente:
I. Quienes a la entrada en vigor de esta Ley
ejerzan funciones de dirección sin el Nombramiento
respectivo seguirán en dichas funciones y serán
sujetos de la evaluación del desempeño establecida
en el artículo 52 de esta Ley. Lo anterior, para
determinar si dicho personal cumple con las
exigencias de la función directiva;
II. De obtener un resultado suficiente en la
evaluación del desempeño el personal recibirá el
Nombramiento Definitivo y quedará incorporado al
Servicio Profesional Docente conforme a lo dispuesto
en esta Ley, y
III. El personal que incumpla con la obligación
de evaluación o cuando en ésta se identifique la
insuficiencia en el nivel de desempeño de la función
de dirección, volverá a su función docente en la
Escuela en que hubiere estado asignado u otra
conforme a las necesidades del Servicio, quedando
sujeto a lo dispuesto por el artículo Octavo Transitorio
o Noveno Transitorio de esta Ley, según sea el caso.
Décimo Quinto. El personal que a la entrada en
vigor de la presente Ley se encuentre en Servicio y
cuente con Nombramiento Definitivo para desempeñar
funciones de dirección o de supervisión en la
Educación Media Superior impartida por el Estado y
sus Organismos Descentralizados, continuará en el
desempeño de dichas funciones conforme a lo
previsto en esta Ley.
Décimo Sexto. Dentro de los noventa días
hábiles siguientes al inicio de la vigencia de esta Ley,
los gobiernos de los estados entregarán a la
Secretaría el analítico de plazas del Personal Docente
y del Personal con Funciones de Dirección y
Supervisión en la Educación Básica y Media Superior.
Lo anterior para efectos de que la Secretaría concilie
dicha información con la participación que a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponda
en términos de las disposiciones aplicables.
Décimo Séptimo. Dentro de los noventa días
hábiles siguientes al inicio de la vigencia de esta Ley,
los gobiernos de los estados, con copia a la
Secretaría, entregarán al Instituto la plantilla
ocupacional del total del Personal en la Educación
Básica y Media Superior, federalizado y de origen
estatal, adscrito en la entidad.
Décimo Octavo. El Ejecutivo Federal, en un
plazo no mayor de cuarenta y cinco días hábiles
contado a partir de la entrada en vigor de la presente
Ley, tomará las medidas administrativas necesarias
para crear un órgano desconcentrado, dependiente de
la Secretaría de Educación Pública, al que facultará
para ejercer las atribuciones de esta Secretaría en
materia del Servicio Profesional Docente.
09 de diciembre de 2015 PERIÓDICO OFICIAL Página 19
Décimo Noveno. Las erogaciones que se
generen con motivo de la entrada en vigor de la
presente Ley se realizarán con cargo a la
disponibilidad presupuestaria que se apruebe para tal
fin al sector educativo para el ejercicio fiscal de que se
trate, lo cual se llevará a cabo de manera progresiva
con el objeto de cumplir con las obligaciones que
tendrán a su cargo las autoridades competentes,
derivadas de la presente Ley.
Vigésimo. En la determinación de los perfiles,
parámetros, indicadores e instrumentos de evaluación
aplicables al Personal Docente y al Personal con
Funciones de Dirección y de Supervisión, en la
Educación Media Superior impartida por el Instituto
Politécnico Nacional deberá considerarse la normativa
propia de dicho Instituto.
Vigésimo Primero. El artículo 24 de la presente
Ley entrará en vigor para la Educación Básica a los
dos años siguientes a su publicación en el Diario
Oficial de la Federación, entre tanto, las convocatorias
para concursos de oposición para el Ingreso a la
Educación Básica serán sólo para los egresados de
las Normales y sólo en el caso de que no se cubran
las vacantes mediante dichos concursos, se emitirán
convocatorias públicas abiertas.
Vigésimo Segundo. La Secretaría formulará un
plan integral para iniciar a la brevedad los trabajos
formales, a nivel nacional, de diagnóstico, rediseño y
fortalecimiento para el Sistema de Normales Públicas
a efecto de asegurar la calidad en la educación que
imparta y la competencia académica de sus
egresados, así como su congruencia con las
necesidades del sistema educativo nacional.
Destaca de las normas transitorias, la relativa a
que, los gobiernos estatales deberán armonizar su
legislación y demás disposiciones aplicables con base
en las disposiciones de esa Ley, en el plazo que ahí
se señala (artículo Tercero), lo cual va en la línea de lo
ya precisado en cuanto que, los estados no tienen
facultad de regular lo relativo al servicio profesional
docente, sino únicamente para armonizar su orden
jurídico a la Ley General, lo que incluye la posibilidad
de legislar en los aspectos necesarios para el
cumplimiento de sus atribuciones operativas en la
materia.
Por otro lado, a fin de cumplimentar también la
reforma constitucional de mérito, el once de
septiembre de dos mil trece se publicaron en el Diario
Oficial de la Federación, reformas a la Ley General de
Educación - que, además, posteriormente fue objeto
de otras modificaciones publicadas en el Diario Oficial
de la Federación de veinte de mayo y diecinueve de
diciembre de dos mil catorce -, de este ordenamiento
destacan para nuestro estudio las siguientes
disposiciones:
ARTÍCULO 10.- La educación que impartan el
Estado, sus organismos descentralizados y los
particulares con autorización o con reconocimiento de
validez oficial de estudios, es un servicio público.
Constituyen el sistema educativo nacional:
(…)
(REFORMADA, D.O.F. 11 DE SEPTIEMBRE
DE 2013)
III.- El Servicio Profesional Docente;
ARTÍCULO 11.- La aplicación y la vigilancia del
cumplimiento de esta Ley corresponden a las
autoridades educativas de la Federación, de las
entidades federativas y de los municipios, en los
términos que la propia Ley establece.
Para efectos de la presente Ley, se entenderá
por:
I.- Autoridad educativa federal, o Secretaría, a la
Secretaría de Educación Pública de la Administración
Pública Federal;
II.- Autoridad educativa local al ejecutivo de
cada uno de los estados de la Federación, así como a
las entidades que, en su caso, establezcan para el
ejercicio de la función social educativa, y (sic)
III.- Autoridad educativa municipal al
ayuntamiento de cada municipio;
IV.- (DEROGADA, D.O.F. 11 DE SEPTIEMBRE
DE 2013).
(ADICIONADA, D.O.F. 11 DE SEPTIEMBRE DE
2013)
V.- Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación, al organismo constitucional autónomo al
que le corresponde:
a. Coordinar el Sistema Nacional de Evaluación
Educativa;
b. Evaluar la calidad, el desempeño y resultados
del sistema educativo nacional en la educación básica
y media superior, y
c. Las demás atribuciones que establezcan la
Constitución, su propia ley, la Ley General del Servicio
Profesional Docente y demás disposiciones aplicables;
(ADICIONADA, D.O.F. 11 DE SEPTIEMBRE DE
2013)
VI.- Autoridades Escolares, al personal que lleva
a cabo funciones de dirección o supervisión en los
sectores, zonas o centros escolares.
CAPITULO II
DEL FEDERALISMO EDUCATIVO
Sección 1.- De la distribución de la función
social educativa
ARTÍCULO 12.- Corresponden de manera
exclusiva a la autoridad educativa federal las
atribuciones siguientes:
(REFORMADA, D.O.F. 10 DE DICIEMBRE DE
2004)
I.- Determinar para toda la República los planes
y programas de estudio para la educación preescolar,
la primaria, la secundaria, la normal y demás para la
formación de maestros de educación básica, a cuyo
efecto se considerará la opinión de las autoridades
educativas locales y de los diversos sectores sociales
involucrados en la educación en los términos del
artículo 48;
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE SEPTIEMBRE
DE 2013)
Página 20 PERIÓDICO OFICIAL 09 de diciembre de 2015
Para la actualización y formulación de los
planes y programas de estudio para la educación
normal y demás de formación de maestros de
educación básica, la Secretaría también deberá
mantenerlos acordes al marco de educación de
calidad contemplado en el Servicio Profesional
Docente, así como a las necesidades detectadas en
las evaluaciones realizadas a los componentes del
sistema educativo nacional;
(REFORMADA, D.O.F. 10 DE DICIEMBRE DE
2004)
II.- Establecer el calendario escolar aplicable en
toda la República para cada ciclo lectivo de la
educación preescolar, la primaria, la secundaria, la
normal y demás para la formación de maestros de
educación básica;
III.- Elaborar y mantener actualizados los libros
de texto gratuitos, mediante procedimientos que
permitan la participación de los diversos sectores
sociales involucrados en la educación;
(REFORMADA, D.O.F. 10 DE DICIEMBRE DE
2004)
IV.- Autorizar el uso de libros de texto para la
educación preescolar, la primaria y la secundaria;
(REFORMADA, D.O.F. 10 DE DICIEMBRE DE
2004)
V.- Fijar lineamientos generales para el uso de
material educativo para la educación preescolar,
primaria y la secundaria;
(ADICIONADA, D.O.F. 11 DE SEPTIEMBRE DE
2013)
V Bis.- Emitir, en las escuelas de educación
básica, lineamientos generales para formular los
programas de gestión escolar, mismos que tendrán
como objetivos: mejorar la infraestructura; comprar
materiales educativos; resolver problemas de
operación básicos y propiciar condiciones de
participación entre los alumnos, maestros y padres de
familia, bajo el liderazgo del director.
En las escuelas que imparten la educación
media superior, la Secretaría establecerá los
mecanismos de colaboración necesarios para que los
programas de gestión escolar formulados por las
autoridades educativas y los organismos
descentralizados, en el ámbito de sus atribuciones,
propicien el mantenimiento de elementos comunes.
(ADICIONADA, D.O.F. 19 DE DICIEMBRE DE
2014)
V Ter.- Emitir los lineamientos generales para el
uso responsable y seguro de las tecnologías de la
información y la comunicación en el sistema educativo;
(REFORMADA, D.O.F. 11 DE SEPTIEMBRE
DE 2013)
VI.- Regular un sistema nacional de formación,
actualización, capacitación y superación profesional
para maestros de educación básica. Dicho sistema
deberá sujetarse a los lineamientos, medidas,
programas, acciones y demás disposiciones generales
que resulten de la aplicación de la Ley General del
Servicio Profesional Docente;
VII.- (DEROGADA, D.O.F. 11 DE SEPTIEMBRE
DE 2013)
(REFORMADA, D.O.F. 10 DE DICIEMBRE DE
2004)
VIII.- Fijar los requisitos pedagógicos de los
planes y programas de educación inicial que, en su
caso, formulen los particulares;
IX.- Regular un sistema nacional de créditos, de
revalidación y de equivalencias, que faciliten el tránsito
de educandos de un tipo o modalidad educativo a otro;
(ADICIONADA, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 2013)
IX Bis.- Coordinar un sistema de educación
media superior a nivel nacional que establezca un
marco curricular común para este tipo educativo, con
respeto al federalismo, la autonomía universitaria y la
diversidad educativa;
(REFORMADA, D.O.F. 11 DE SEPTIEMBRE
DE 2013)
X.- Crear, regular, coordinar, operar y mantener
actualizado el Sistema de Información y Gestión
Educativa, el cual estará integrado, entre otros, por el
registro nacional de emisión, validación e inscripción
de documentos académicos; las estructuras
ocupacionales; las plantillas de personal de las
escuelas; los módulos correspondientes a los datos
sobre la formación, trayectoria y desempeño
profesional del personal, así como la información,
elementos y mecanismos necesarios para la operación
del sistema educativo nacional. Este sistema deberá
permitir a la Secretaría una comunicación directa entre
los directores de escuela y las autoridades educativas;
XI.- Fijar los lineamientos generales de carácter
nacional a los que deban ajustarse la constitución y el
funcionamiento de los consejos de participación social
a que se refiere el capítulo VII de esta Ley;
(REFORMADA, D.O.F. 11 DE SEPTIEMBRE
DE 2013)
XII.- Realizar la planeación y la programación
globales del sistema educativo nacional atendiendo las
directrices emitidas por el Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación y participar en las tareas
de evaluación de su competencia de conformidad con
los lineamientos que para tal efecto emita dicho
organismo;
(ADICIONADA, D.O.F. 11 DE SEPTIEMBRE DE
2013)
XII Bis.- Fijar los lineamientos generales de
carácter nacional a los que deban ajustarse las
escuelas públicas de educación básica y media
superior para el ejercicio de su autonomía de gestión
escolar, en los términos del artículo 28 Bis;
XIII.- Fomentar, en coordinación con las demás
autoridades competentes del Ejecutivo Federal, las
relaciones de orden cultural con otros países, e
intervenir en la formulación de programas de
cooperación internacional en materia educativa,
científica, tecnológica, artística, cultural, de educación
física y deporte, y
09 de diciembre de 2015 PERIÓDICO OFICIAL Página 21
XIV.- Las necesarias para garantizar el carácter nacional de la educación básica, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, así como las demás que con tal carácter establezcan esta Ley y otras disposiciones aplicables.
ARTÍCULO 13.- Corresponden de manera exclusiva a las autoridades educativas locales, en sus respectivas competencias, las atribuciones siguientes:
I.- Prestar los servicios de educación inicial, básica -incluyendo la indígena-, especial, así como la normal y demás para la formación de maestros;
(REFORMADA, D.O.F. 10 DE DICIEMBRE DE 2004)
II.- Proponer a la Secretaría los contenidos regionales que hayan de incluirse en los planes y programas de estudio para la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica;
(REFORMADA, D.O.F. 10 DE DICIEMBRE DE 2004)
III.- Ajustar, en su caso, el calendario escolar para cada ciclo lectivo de la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, con respeto al calendario fijado por la Secretaría;
(REFORMADA, D.O.F. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2013)
IV.- Prestar los servicios de formación, actualización, capacitación y superación profesional para los maestros de educación básica, de conformidad con las disposiciones generales que la Secretaría determine, conforme a lo dispuesto por la Ley General del Servicio Profesional Docente;
(REFORMADA, D.O.F. 10 DE DICIEMBRE DE 2004)
V.- Revalidar y otorgar equivalencias de estudios de la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, de acuerdo con los lineamientos generales que la Secretaría expida;
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE ENERO DE 2011)
VI.- Otorgar, negar y revocar autorización a los particulares para impartir la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica;
(ADICIONADA, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 2013) VI Bis.- Participar en la integración y operación
de un sistema nacional de educación media superior que establezca un marco curricular común para este tipo educativo, con respeto a la autonomía universitaria y la diversidad educativa;
(REFORMADA, D.O.F. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2013)
VII.- Coordinar y operar un padrón estatal de alumnos, docentes, instituciones y centros escolares; un registro estatal de emisión, validación e inscripción de documentos académicos y establecer un sistema estatal de información educativa. Para estos efectos las autoridades educativas locales deberán coordinarse en el marco del Sistema de Información y Gestión Educativa, de conformidad con los lineamientos que al efecto expida la Secretaría y demás disposiciones aplicables.
Las autoridades educativas locales participarán en la actualización e integración permanente del Sistema de Información y Gestión Educativa, mismo que también deberá proporcionar información para satisfacer las necesidades de operación de los sistemas educativos locales;
(REFORMADA, D.O.F. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2013)
VIII.- Participar con la autoridad educativa federal en la operación de los mecanismos de administración escolar, y
IX.- Las demás que con tal carácter establezcan esta Ley y otras disposiciones aplicables.
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 17 DE ABRIL DE 2009)
ARTICULO 14.- Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se refieren los artículos 12 y 13, corresponde a las autoridades educativas federal y locales de manera concurrente, las atribuciones siguientes:
I.- Promover y prestar servicios educativos, distintos de los previstos en las fracciones I y IV del artículo 13, de acuerdo con las necesidades nacionales, regionales y estatales;
(ADICIONADA, D.O.F. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2013)
I Bis.- Participar en las actividades tendientes a realizar evaluaciones para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el Servicio Profesional Docente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General del Servicio Profesional Docente;
II.- Determinar y formular planes y programas de estudio, distintos de los previstos en la fracción I del artículo 12;
(ADICIONADA, D.O.F. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2013)
II Bis.- Ejecutar programas para la inducción, actualización, capacitación y superación de maestros de educación media superior, los que deberán sujetarse, en lo conducente, a lo dispuesto por la Ley General del Servicio Profesional Docente;
III.- Revalidar y otorgar equivalencias de estudios, distintos de los mencionados en la fracción V del artículo 13, de acuerdo con los lineamientos generales que la Secretaría expida;
(REFORMADA, D.O.F. 10 DE DICIEMBRE DE 2004)
IV.- Otorgar, negar y retirar el reconocimiento de validez oficial a estudios distintos de los de preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica que impartan los particulares;
V.- Editar libros y producir otros materiales didácticos, distintos de los señalados en la fracción III del artículo 12;
VI.- Prestar servicios bibliotecarios a través de bibliotecas públicas, a fin de apoyar al sistema educativo nacional, a la innovación educativa y a la investigación científica, tecnológica y humanística;
VII.- Promover permanentemente la investigación que sirva como base a la innovación educativa;
(REFORMADA, D.O.F. 20 DE MAYO DE 2014)
Página 22 PERIÓDICO OFICIAL 09 de diciembre de 2015
VIII.- Promover la investigación y el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, y fomentar su enseñanza, diseminación en acceso abierto y su divulgación, cuando el conocimiento científico y tecnológico sea financiado con recursos públicos o que se haya utilizado infraestructura pública en su realización, sin perjuicio de las disposiciones en materia de patentes, protección de la propiedad intelectual o industrial, seguridad nacional y derechos de autor, entre otras, así como de aquella información que, por razón de su naturaleza o decisión del autor, sea confidencial o reservada;
IX.- Fomentar y difundir las actividades artísticas, culturales y físico-deportivas en todas sus manifestaciones;
(ADICIONADA, D.O.F. 17 DE ABRIL DE 2009) X.- Promover e impulsar en el ámbito de su
competencia las actividades y programas relacionados con el fomento de la lectura y el libro, de acuerdo a lo establecido en la ley de la materia;
(ADICIONADA, D.O.F. 19 DE DICIEMBRE DE 2014)
X Bis.- Fomentar el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo, para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento;
(REFORMADA, D.O.F. 2 DE JUNIO DE 2006) XI.- Vigilar el cumplimiento de esta Ley y de sus
disposiciones reglamentarias; (ADICIONADA, D.O.F. 11 DE SEPTIEMBRE DE
2013) XI Bis.- Participar en la realización, en forma
periódica y sistemática, de exámenes de evaluación a los educandos, así como corroborar que el trato de los educadores hacia aquéllos corresponda al respeto de los derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales ratificados por el Estado Mexicano y demás legislación aplicable a los niños y jóvenes;
(ADICIONADA, D.O.F. 2 DE JUNIO DE 2006) XII.- Promover prácticas cooperativas de ahorro,
producción y consumo, de acuerdo a lo establecido en la ley de la materia y el Reglamento de Cooperativas Escolares, y
(ADICIONADA, D.O.F. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2013)
XII Bis.- Diseñar y aplicar los instrumentos de evaluación que consideren necesarios para garantizar la calidad educativa en el ámbito de su competencia, atendiendo los lineamientos que en ejercicio de sus atribuciones emita el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación;
(ADICIONADA, D.O.F. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2013)
XII Ter.- Coordinar y operar un sistema de asesoría y acompañamiento a las escuelas públicas de educación básica y media superior, como apoyo a la mejora de la práctica profesional, bajo la responsabilidad de los supervisores escolares;
(ADICIONADA, D.O.F. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2013)
XII Quáter.- Promover la transparencia en las escuelas públicas y particulares en las que se imparta educación obligatoria, vigilando que se rinda ante toda la comunidad, después de cada ciclo escolar, un informe de sus actividades y rendición de cuentas, a cargo del director del plantel;
(ADICIONADA, D.O.F. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2013)
XII Quintus.- Instrumentar un sistema accesible a los ciudadanos y docentes para la presentación y seguimiento de quejas y sugerencias respecto del servicio público educativo, y
XIII.- Las demás que con tal carácter establezcan esta Ley y otras disposiciones aplicables.
El Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa podrán celebrar convenios para coordinar o unificar las actividades educativas a que se refiere esta Ley, con excepción de aquéllas que, con carácter exclusivo, les confieren los artículos 12 y 13.
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2013)
ARTICULO 16.- Las atribuciones relativas a la educación inicial, básica -incluyendo la indígena- y especial que los artículos 11, 13, 14 y demás señalan para las autoridades educativas locales en sus respectivas competencias, corresponderán, en el Distrito Federal al gobierno de dicho Distrito y a las entidades que, en su caso, establezca; dichas autoridades deberán observar lo dispuesto por la Ley General del Servicio Profesional Docente.
ARTÍCULO 20.- Las autoridades educativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, constituirán el sistema nacional de formación, actualización, capacitación y superación profesional para maestros que tendrá las finalidades siguientes:
I.- La formación, con nivel de licenciatura, de maestros de educación inicial, básica -incluyendo la de aquéllos para la atención de la educación indígena- especial y de educación física;
(REFORMADA, D.O.F. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2013)
II.- La formación continua, la actualización de conocimientos y superación docente de los maestros en servicio, citados en la fracción anterior. El cumplimiento de estas finalidades se sujetará, en lo conducente, a los lineamientos, medidas y demás acciones que resulten de la aplicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente;
III.- La realización de programas de especialización, maestría y doctorado, adecuados a las necesidades y recursos educativos de la entidad, y
IV.- El desarrollo de la investigación pedagógica y la difusión de la cultura educativa.
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE ENERO DE 2011)
Las autoridades educativas locales podrán coordinarse para llevar a cabo actividades relativas a las finalidades previstas en este artículo, cuando la calidad de los servicios o la naturaleza de las necesidades hagan recomendables proyectos regionales. Asimismo, podrán suscribir convenios de colaboración con instituciones de educación superior nacionales o del extranjero para ampliar las opciones de formación, actualización y superación docente.
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2013)
09 de diciembre de 2015 PERIÓDICO OFICIAL Página 23
ARTICULO 21.- Para ejercer la docencia en
instituciones establecidas por el Estado, los maestros
deberán satisfacer los requisitos que, en su caso,
señalen las autoridades competentes y, para la
educación básica y media superior, deberán observar
lo dispuesto por la Ley General del Servicio
Profesional Docente.
(…)
Las autoridades educativas, de conformidad con
lo que establece la Ley General del Servicio
Profesional Docente, establecerán la permanencia de
los maestros frente a grupo, con la posibilidad para
éstos de ir obteniendo mejores condiciones y mayor
reconocimiento social.
Las autoridades educativas otorgarán
reconocimientos, distinciones, estímulos y
recompensas a los educadores que se destaquen en
el ejercicio de su profesión y, en general, realizarán
actividades que propicien mayor aprecio social por la
labor desempeñada por los maestros. Además,
establecerán mecanismos de estímulo a la labor
docente con base en la evaluación.
El otorgamiento de los reconocimientos,
distinciones, estímulos y recompensas que se
otorguen al personal docente en instituciones
establecidas por el Estado en educación básica y
media superior, se realizará conforme a lo dispuesto
en la Ley General del Servicio Profesional Docente.
ARTÍCULO 48.- La Secretaría determinará los
planes y programas de estudio, aplicables y
obligatorios en toda la República Mexicana, de la
educación preescolar, la primaria, la secundaria, la
educación normal y demás para la formación de
maestros de educación básica, de conformidad a los
principios y criterios establecidos en los artículos 7 y 8
de esta Ley.
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE SEPTIEMBRE
DE 2013)
Para tales efectos la Secretaría considerará las
opiniones de las autoridades educativas locales, y de
los diversos sectores sociales involucrados en la
educación, los maestros y los padres de familia,
expresadas a través del Consejo Nacional de
Participación Social en la Educación a que se refiere el
artículo 72, así como aquéllas que en su caso, formule
el Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación.
(REFORMADO, D.O.F. 2 DE NOVIEMBRE DE
2007)
Las autoridades educativas locales, previa
consulta al Consejo Estatal Técnico de Educación
correspondiente, propondrán para consideración y, en
su caso, autorización de la Secretaría, contenidos
regionales que -sin mengua del carácter nacional de
los planes y programas citados- permitan que los
educandos adquieran un mejor conocimiento de la
historia, la geografía, las costumbres, las tradiciones,
los ecosistemas y demás aspectos propios de la
entidad y municipios respectivos.
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE SEPTIEMBRE
DE 2013)
La Secretaría realizará revisiones y
evaluaciones sistemáticas y continuas de los planes y
programas a que se refiere el presente artículo, para
mantenerlos permanentemente actualizados. En el
caso de los programas de educación normal y demás
para la formación de maestros de educación básica
serán revisados y evaluados, al menos, cada cuatro
años, y deberán mantenerse actualizados conforme a
los parámetros y perfiles a los que se refiere la Ley
General del Servicio Profesional Docente.
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE ENERO DE
2011)
Los planes y programas que la Secretaría
determine en cumplimiento del presente artículo, así
como sus modificaciones, deberán publicarse en el
Diario Oficial de la Federación y en el órgano
informativo oficial de cada entidad federativa y, previo
a su aplicación, se deberá capacitar a los maestros
respecto de su contenido y métodos.
De igual modo, es importante considerar, en lo
que al caso interesa, las disposiciones transitorias del
decreto de reforma a la Ley General de Educación:
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
Segundo.- Se derogan las disposiciones que se
opongan al presente Decreto.
Tercero.- A partir de la entrada en vigor del
presente Decreto, las entidades federativas tendrán un
plazo de seis meses para adecuar su legislación
respectiva, a lo previsto por el presente ordenamiento.
Cuarto.- La información contenida en el Registro
Nacional de Alumnos, Maestros y Escuelas formará
parte, en lo conducente, del Sistema de Información y
Gestión Educativa.
La Secretaría de Educación Pública deberá
tomar las medidas conducentes para llevar a cabo la
migración de la información al citado Sistema, mismo
que se regulará y organizará conforme a las
disposiciones y lineamientos que expida dicha
dependencia.
(…)
Noveno.- Con el propósito de dar cumplimiento
a la obligación de garantizar la calidad en la educación
obligatoria, en el marco de las disposiciones que
regulan el Servicio Profesional Docente, las
autoridades educativas federal y locales, adecuarán su
normativa de naturaleza laboral y administrativa,
debiendo dejar sin efectos la que se oponga o limite el
cumplimiento de dicha obligación.
Décimo Segundo.- A efecto de dar cumplimiento
a la obligación de garantizar la calidad en la
educación, las autoridades educativas deberán
proveer lo necesario para revisar el modelo educativo
en su conjunto, los planes y programas, los materiales
y métodos educativos.
(…)
Página 24 PERIÓDICO OFICIAL 09 de diciembre de 2015
Se advierte que, a diferencia de lo que ocurre tratándose del servicio profesional docente, en el caso de la función social educativa si se mandata a las legislaturas locales adecuar su normatividad a la Ley General de Educación, pues, como se ha establecido, tal función es concurrente entre los distintos niveles de gobierno, no así lo relativo a aquel servicio. Por lo que, sólo en el caso de la función educativa los órganos legislativos locales podrán legislar, en el ámbito de su respectiva competencia.
En conclusión, si bien el nuevo marco constitucional conserva la materia de educación como concurrente, ello no implica una concurrencia en lo relativo al servicio profesional docente, ya que, como se expuso, esta materia se federalizó totalmente, dejando a los estados una intervención operativa en los términos de lo que la normatividad federal indique, según se desprende del propio texto del artículo 3° constitucional, así como de la normatividad transitoria que ha quedado transcrita.
Es pues, a la luz de este marco jurídico, que se examinarán los argumentos de invalidez que la parte actora esgrime respecto de determinados numerales de la Ley de Educación del Estado de Morelos.
Primer concepto de invalidez. Inconstitucionalidad del artículo 14 bis de la Ley de Educación del Estado de Morelos, relativo a la facultad de la Secretaría de Educación local para emitir lineamientos en materia de expendio y distribución de alimentos y bebidas.
La parte actora argumenta que el artículo 14 bis de la Ley de Educación del Estado de Morelos dota a la Secretaría de Educación local de atribuciones en materia de alimentos y bebidas en escuelas que son exclusivas de la Secretaría de Educación Pública.
El precepto impugnado establece lo siguiente: Artículo 14 bis.- Las autoridades educativas
estatales, mediante disposiciones de carácter general que se publiquen en el Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖ y sin perjuicio del cumplimiento de otras disposiciones que resulten aplicables, establecerán conforme a los índices de pobreza, marginación y condición alimentaria, los lineamientos a que deberán sujetarse el expendio y distribución de los alimentos y bebidas preparados y procesados, dentro de todo plantel, en cuya elaboración se cumplirán los criterios nutrimentales que para tal efecto determine la autoridad de salud competente.
Estas disposiciones de carácter general, comprenderán las regulaciones de los alimentos que no favorezcan la salud de los educandos y fomenten aquellos de carácter nutrimental.
La parte actora considera que el artículo impugnado invade el ámbito de competencias de la Federación al facultar a la Secretaría de Educación del Estado para establecer lineamientos generales en materia de expendio y distribución de alimentos y bebidas en todo plantel educativo, pues argumenta que en términos del artículos 24 Bis de la Ley General de Educación, es a la Secretaría de Educación Pública federal a la que corresponde dicha facultad regulatoria. El citado precepto señala:
Artículo 24 Bis.- La Secretaría, mediante disposiciones de carácter general que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación y sin perjuicio del cumplimiento de otras disposiciones que resulten aplicables, establecerá los lineamientos a que deberán sujetarse el expendio y distribución de los alimentos y bebidas preparados y procesados, dentro de toda escuela, en cuya elaboración se cumplirán los criterios nutrimentales que para tal efecto determine la Secretaría de Salud.
Estas disposiciones de carácter general comprenderán las regulaciones que prohíban los alimentos que no favorezcan la salud de los educandos y fomenten aquellos de carácter nutrimental.
Al caso vale recordar que, tratándose de la función social educativa los estados están facultados para legislar conforme a la distribución que al efecto realice el Congreso de la Unión, como lo hizo en la Ley General de Educación, y como también se ha puntualizado, conforme a la normatividad transitorio del decreto por el que se reformó dicha ley general, los estados deben adecuar su legislación a la misma.
Asimismo, en términos del artículo quinto transitorio de la reforma constitucional en materia educativa es al Poder Ejecutivo Federal al que compete instrumentar la medida atinente a que las escuelas no den alimentos que no favorezcan la salud de los educandos.
En ese sentido, del contraste entre la norma general impugnada y lo ordenado en la Ley General, se desprende que la legislación local faculta a la Secretaría de Educación del Estado a emitir los lineamientos a que deberán sujetarse el expendio y distribución de los alimentos y bebidas preparados y procesados, dentro de toda escuela, en cuya elaboración se cumplirán los criterios nutrimentales que para tal efecto determine la Secretaría de Salud.
Es evidente por tanto que la legislación local invade la esfera competencial federal, dado que, de la redacción del numeral invocado se desprende que se pretende asignar a la Secretaría de Educación Pública local una atribución que se confirió a su símil del orden federal, conforme a la distribución competencial hecha por el Congreso de la Unión, es decir, es la Secretaría federal a la que se ha facultado para expedir las disposiciones de carácter general sobre alimentos y bebidas preparados y procesados dentro de las escuelas, a que deberán sujetarse todas las autoridades educativas – federales y locales -, de ahí que, en la Ley General se establece que estos lineamientos deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación.
Así, el legislador estatal no está facultado para establecer la misma atribución tratándose de la dependencia educativa de la entidad, esto es, para expedir normas de carácter general en las que se regule lo relativo al expendio y distribución de los alimentos y bebidas preparados y procesados, y que, además, pretende se publiquen en el periódico oficial de la entidad. Sin que sea obstáculo a lo anterior la salvedad prevista en la Ley General en el sentido de que la aplicación de los lineamientos será ―sin perjuicio del cumplimiento de otras disposiciones que resulten aplicables‖, ya que ello no se refiere a que las autoridades locales puedan emitir sus propios lineamientos, sino a otro tipo de disposiciones en materia de alimentos y bebidas, como pueden ser las Normas Oficiales Mexicanas.
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Por tanto, debe invalidarse el artículo 14 bis, de
la Ley de Educación del Estado de Morelos.
Segundo concepto de invalidez.
Inconstitucionalidad del artículo 22 quintus de la Ley
de Educación del Estado de Morelos por la omisión de
establecer como condición para la promoción a cargos
de dirección o supervisión de docentes de educación
media superior la presentación de exámenes de
oposición.
La parte actora impugna el citado precepto por
considerar que si bien regula los mecanismos de
promoción de docentes a cargos con funciones de
dirección y supervisión en la educación básica, omite
hacerlo respecto a la educación media superior, lo
cual implica una omisión legislativa parcial del
Congreso de Morelos, puesto que incumplió con el
mandato expreso en el artículo tercero transitorio del
Decreto por el que se expide la Ley General del
Servicio Profesional Docente, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el once de septiembre de dos
mil trece, consistente en armonizar la legislación
estatal conforme a lo dispuesto en dicha ley general
en un plazo de seis meses.
Lo anterior, en razón de que los artículos 3,
fracción III de la Constitución General y 26 de la Ley
General del Servicio Profesional Docente, disponen
textualmente que la promoción a cargos con funciones
de dirección y supervisión se llevará a cabo mediante
concursos de oposición que garanticen la idoneidad de
los conocimientos y capacidades necesarias.
Asimismo, el artículo 32 de la Ley General del Servicio
Profesional Docente prohíbe cualquier mecanismo de
promoción a cargos con funciones de dirección o de
supervisión distinto al establecido en dicha ley.
El artículo impugnado establece:
Artículo 22 quintus.- La Promoción a cargos con
funciones de dirección y de supervisión en la
educación básica que imparta la autoridad educativa
estatal, se llevará a cabo mediante concursos de
oposición que garanticen la idoneidad de los
conocimientos y las capacidades necesarias, además
de haber ejercido como docente un mínimo de dos
años y con sujeción a los términos y criterios
señalados en la legislación federal aplicable.
Cuando en la evaluación se identifique la
insuficiencia en el nivel de desempeño de las
funciones de dirección, el personal promovido en el
concurso de oposición, volverá a desempeñar su
función docente en la escuela en que hubiere estado
asignado o en el nombramiento inmediato anterior.
El concepto de invalidez resulta esencialmente
fundado, pues como ha quedado establecido,
tratándose del servicio profesional docente, el
facultado en exclusiva para regularlo es el Congreso
federal, en términos de los artículos 73, fracción XXV,
en relación con el 3°, fracciones III y IX de la
Constitución General, siendo a la ley reglamentaria a
la que corresponde establecer los criterios, términos y
condiciones para el ingreso, promoción,
reconocimiento y permanencia en el mismo.
En tal sentido, el legislador local no tiene
competencia para legislar en torno a los requisitos
para la promoción a cargos con funciones de dirección
y de supervisión en la educación básica que imparta la
autoridad educativa estatal como lo hace el precepto
impugnado, pues ello constituye una regulación directa
del servicio profesional docente y no una mera
armonización ni cuestión operativa tendiente al
ejercicio de las competencias que la Ley General del
Servicio Profesional Docente confiere a las entidades
federativas.
Por tanto, debe declararse la invalidez del
artículo 22 quintus de la Ley de Educación del Estado
de Morelos.
Tercer concepto de invalidez.
Inconstitucionalidad del artículo cuarto transitorio,
relativo a la aplicación al Servicio Profesional Docente
de normas ajenas a las previstas en el artículo 3º
constitucional y la Ley General del Servicio Profesional
Docente.
La Federación impugna el citado precepto por
considerar que indebidamente regula derechos de
índole laboral, prestacional, sindical y asistencial, a
pesar de que no fueron establecidos por el Congreso
de la Unión en la Ley General del Servicio Profesional
Docente, con lo cual el legislador local invade la
competencia federal de definir las normas que
resultarán aplicables para regular el servicio
profesional docente, al intentar incluir tales derechos a
dicho servicio en el Estado. Señala que el artículo 3,
fracción III de la Constitución General establece que
los criterios circunstanciales al mecanismo evaluatorio
inherente al servicio profesional docente serán fijados
en la ley reglamentaria. En este sentido, el Congreso
Federal emitió la Ley General del Servicio Profesional
Docente para regir el servicio profesional docente y
establecer los criterios, términos y condiciones para el
ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en
el servicio. Asimismo, el artículo 83 de la ley
mencionada, dispone que las relaciones de trabajo del
personal docente con las autoridades educativas y
organismos descentralizados se regirán por la
legislación laboral aplicable, salvo por lo dispuesto en
esa Ley.
La regla transitoria cuya inconstitucionalidad se
aduce, señala:
Cuarta. El Gobierno del Estado, respetará los
derechos adquiridos: Laborales, prestacionales,
sindicales, asistenciales y profesionales de los
trabajadores de la educación.
Conforme al marco jurídico educativo que
hemos referido, resulta fundado el argumento de
invalidez planteado, pues, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 3º, fracción III, constitucional,
deriva que es el orden federal el encargado de regular
el servicio profesional docente, previendo las
condiciones y términos en que operará.
Página 26 PERIÓDICO OFICIAL 09 de diciembre de 2015
Así pues, la legislatura local no tiene la atribución de señalar aspectos atinentes a dicho servicio, sino únicamente de armonizar su legislación al marco normativo general y legislar en los aspectos operativos que éste autoriza, sin que pueda por tanto reconocer derechos ―adquiridos‖ de los trabajadores de la educación, que provengan de acuerdos o convenios previos, pues al efecto, en el artículo décimo primero transitorio del Decreto mediante el cual se expidió la Ley General en cuestión, se establece lo relativo a beneficios adquiridos de quienes cuenten con la carrera magisterial, por lo que, en todo caso, a tal dispositivo deberán sujetarse, sin que la legislatura estatal tenga facultad para regularlo.
Por lo tanto, procede declarar la invalidez de la regla cuarta transitoria del Decreto de reformas a la Ley de Educación del Estado de Morelos, publicado en el periódico oficial de la entidad de dos de abril de dos mil catorce.
Cuarto concepto de invalidez. Inconstitucionalidad del artículo sexto transitorio del Decreto impugnado, relativo a la modificación de las reglas de readscripción de docentes previstas en la Ley General del Servicio Profesional Docente.
El artículo cuya inconstitucionalidad se aduce, señala:
Sexta. En concordancia con el artículo 22 NONUS, los trabajadores de la educación que se encuentren en activo y con nombramiento definitivo, hasta antes de la entrada en vigor de esta Ley, tendrá las opciones de entrar al programa de retiro voluntario, a ejercer su derecho de jubilación o pensión, o continuar en el servicio con las siguientes garantías:
I.- El Programa de retiro voluntario será establecido por la autoridad educativa, de conformidad con la disponibilidad presupuestal;
II.- La jubilación o pensión, se otorgará en términos de la Ley del Servicio Civil o de las Leyes de seguridad social aplicables a cada caso;
III.- Será readscrito para continuar dentro del servicio educativo, conforme a lo que determine la autoridad competente, y;
IV.- Será con pleno respeto a los derechos constitucionales y laborales de los trabajadores de la educación, sin modificar sus condiciones contractuales ni ocasionar perjuicio alguno a otros derechos laborales.
Más allá de si el referido precepto modifica los términos del artículo octavo transitorio del decreto por el que se expidió la Ley General del Servicio Profesional Docente, el concepto de invalidez es fundado, pues como puede apreciarse, el artículo transitorio impugnado regula un aspecto relativo a los términos y condiciones del servicio profesional docente como es la readscripción de los docentes en funciones a la entrada en vigor del ordenamiento local, lo que invade la esfera competencial de la Federación a la que corresponde en exclusiva regular los criterios, términos y condiciones para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el servicio profesional docente en términos de los artículos 3°, fracción III, y 73, fracción XXV de la Constitución General de la República.
Es en ejercicio de dicha facultad que el
legislador federal en el artículo octavo transitorio de la
Ley General del Servicio Profesional Docente14
estableció el régimen aplicable a quienes a la entrada
en vigor de dicho ordenamiento tuvieran
nombramientos definitivos con funciones de docencia,
de dirección o de supervisión en la educación básica o
media superior y que no obtuvieran resultados
satisfactorios en la evaluación en tres ocasiones,
cuestión que no puede ser reiterada ni mucho menos
modulada en función de derechos adquiridos y
prestaciones laborales como lo hace el precepto
impugnado.
Por tanto, debe declararse la invalidez de la
regla Sexta Transitoria del Decreto mil doscientos
noventa y siete, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Ley de
Educación del Estado de Morelos, publicado en el
Periódico Oficial del Estado el dos de abril de dos mil
catorce.
SÉPTIMO. Extensión de invalidez y efectos.
Con fundamento en el artículo 41, fracción IV, de la
Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo
105 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la declaración de invalidez de los artículos
14 bis y 22 quintus de la Ley de Educación del Estado
de Morelos, así como de las reglas cuarta y sexta
transitorias del Decreto mil doscientos noventa y siete,
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley de Educación del Estado de
Morelos, publicado en el Periódico Oficial del Estado el
dos de abril de dos mil catorce, debe extenderse a los
artículos 2, último párrafo, 19, 20, incisos d) y j), 22
bis, 22 ter, 22 quater, 22 sextus, 22 septimus, 22
octavus, 22 nonus, 22 decimus, 22 undecimus, 22
duodecimus, 22 tertius decimus, 82, fracción III, 85, 86
y 87 de la Ley de Educación del Estado de Morelos,
reformados mediante el Decreto mil doscientos
noventa y siete.
La invalidez de tales preceptos surtirá sus
efectos con motivo de la notificación de los puntos
resolutivos de esta sentencia al Congreso del Estado
de Morelos.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
14
―Octavo. El personal que a la entrada en vigor de la presente Ley se encuentre en servicio y cuente con Nombramiento Definitivo, con funciones de docencia, de dirección o de supervisión en la Educación Básica o Media Superior impartida por el Estado y sus Organismos Descentralizados, se ajustará a los procesos de evaluación y a los programas de regularización a que se refiere el Título Segundo, Capítulo VIII de esta Ley. El personal que no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación a que se refiere el artículo 53 de la Ley, no será separado de la función pública y será readscrito para continuar en otras tareas dentro de dicho servicio, conforme a lo que determine la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado correspondiente, o bien, se le ofrecerá incorporarse a los programas de retiro que se autoricen. El personal que no se sujete a los procesos de evaluación o no se incorpore a los programas de regularización del artículo 53 de la Ley, será separado del servicio público sin responsabilidad para la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado, según corresponda.‖
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PRIMERO. Es procedente y fundada la presente
controversia constitucional.
SEGUNDO. Se declara la invalidez de los
artículos 14 bis y 22 quintus de la Ley de Educación
del Estado de Morelos, así como de las reglas cuarta y
sexta transitorias del Decreto mil doscientos noventa y
siete, por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de dicha Ley, publicado en el
Periódico Oficial del Estado el dos de abril de dos mil
catorce.
TERCERO. Se hace extensiva la invalidez a los
artículos 2, último párrafo, 19, 20, incisos d) y j), 22
bis, 22 ter, 22 quater, 22 sextus, 22 septimus, 22
octavus, 22 nonus, 22 decimus, 22 undecimus, 22
duodecimus, 22 tertius decimus, 82, fracción III, 85, 86
y 87 de la Ley de Educación del Estado de Morelos,
reformados mediante el Decreto mil doscientos
noventa y siete, publicado en el Periódico Oficial del
Estado el dos de abril de dos mil catorce.
CUARTO. Las declaraciones de invalidez
decretadas en este fallo surtirán sus efectos a partir de
la notificación de los puntos resolutivos de esta
sentencia al Congreso del Estado de Morelos.
QUINTO. Publíquese esta sentencia en el Diario
Oficial de la Federación, en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, así como en el Periódico
Oficial del Estado de Morelos.
Notifíquese; haciendo por medio de oficio a las
partes y, en su oportunidad, archívese el expediente
como asunto concluido.
Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación:
En relación con el punto resolutivo primero:
Se aprobó por unanimidad de ocho votos de los
señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz,
Luna Ramos, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo
Rebolledo, Silva Meza, Sánchez Cordero de García
Villegas y Presidente Aguilar Morales, respecto de los
considerandos primero, segundo, tercero, cuarto y
quinto relativos, respectivamente, a la competencia, a
la oportunidad, a la legitimación activa, a la
legitimación pasiva y a las causas de improcedencia.
Los señores Ministros José Fernando Franco
González Salas, Eduardo Medina Mora I. y Alberto
Pérez Dayán no asistieron a la sesión de ocho de
octubre de dos mil quince por desempeñar una
comisión de carácter oficial.
En relación con los puntos resolutivos segundo:
Se aprobó por unanimidad de ocho votos de los
señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz,
Luna Ramos con salvedades, Zaldívar Lelo de Larrea,
Pardo Rebolledo, Silva Meza, Sánchez Cordero de
García Villegas y Presidente Aguilar Morales, respecto
del considerando sexto, relativo al estudio de fondo.
Los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío
Díaz, Luna Ramos, Zaldívar Lelo de Larrea y
Presidente Aguilar Morales anunciaron sendos votos
concurrentes.
Los señores Ministros José Fernando Franco
González Salas, Eduardo Medina Mora I. y Alberto
Pérez Dayán no asistieron a la sesión de ocho de
octubre de dos mil quince por desempeñar una
comisión de carácter oficial.
En relación con los puntos resolutivos tercero y
cuarto:
Se aprobó por unanimidad de once votos de los
señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz,
Luna Ramos, Franco González Salas salvando sus
criterios en la votación de fondo en la que no participó,
Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo separándose
de la declaración de invalidez de los artículos 20, 22
septimus, 22 octavus, 22 nonus, 22 decimus, 22 tertius
decimus, 85 y 86, Silva Meza, Medina Mora I.,
Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y
Presidente Aguilar Morales, respecto del considerando
séptimo, relativo a la extensión de invalidez y efectos.
En relación con el punto resolutivo quinto:
Se aprobó por unanimidad de once votos de los
señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz,
Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de
Larrea, Pardo Rebolledo, Silva Meza, Medina Mora I.,
Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y
Presidente Aguilar Morales.
Firman el señor Ministro Presidente y el señor
Ministro Ponente, con el Secretario General de
Acuerdos que autoriza y da fe.
MINISTRO PRESIDENTE:
MINISTRO LUIS MARÍA AGUILAR MORALES
MINISTRO PONENTE:
MINISTRO ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS:
LIC. RAFAEL COELLO CETINA
RÚBRICAS.
Página 28 PERIÓDICO OFICIAL 09 de diciembre de 2015
Al margen izquierdo un Escudo del Estado de
Morelos que dice: ―Tierra y Libertad‖.- La tierra volverá
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder
Legislativo. LIII. 2015-2018.
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED:
Que el H. Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL
ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS,
Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:
CONSIDERANDOS:
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO.
a) Con fecha 28 de octubre de 2015, el
Diputado Jaime Álvarez Cisneros, presentó la
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III, DEL
ARTÍCULO 85 Y EL ARTÍCULO 88, DE LA LEY
ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE
MORELOS, CON EL FIN DE CREAR EL COMITÉ
EDITORIAL Y SE REFORMA EL ARTICULO 164 DE
SU REGLAMENTO.
b) Con fecha 28 de octubre de 2015, el Pleno
del Congreso aprobó que dicha Iniciativa fuera
calificada como de urgente y obvia resolución, para
ser discutida y votada en la misma sesión.
c) En virtud de lo anterior, el Presidente del
Congreso del Estado, remitió a la Junta Política y de
Gobierno, dicha Iniciativa, misma que reunido el
quórum necesario ha sido dictaminado por este
órgano de gobierno.
II.- MATERIA DE LA INICIATIVA
El iniciador propone mediante esta iniciativa
reformar el artículo 85 y 88, de la Ley Orgánica para el
Congreso del Estado, con el fin de crear el Comité
Editorial del Congreso, así como la creación de la
Dirección de Recursos Humanos del Congreso del
Estado.
Así, expone el iniciador:
Que en nuestros días, a nivel federal y estatal,
los congresos funcionan de manera tal, que los grupos
de trabajo denominados comisiones o comités, son los
que se encargan de analizar en forma especializada
cada uno de los temas que son llevados ante la
asamblea, es decir, son los grupos de trabajo que
desmenuzan los asuntos para cerrar en una
conclusión llamada dictamen.
Que una de las líneas de conformación de las
comisiones y comités en todos los congresos, es el
reflejo de la pluralidad política, y a medida que cada
legislatura arriba a su encargo constitucional, las
comisiones van adquiriendo su matiz conforme a la
normatividad de cada congreso.
Que en el caso particular del Congreso del Estado de Morelos, durante la presente Legislatura el número de comisiones fue en aumento de veinticuatro a veintiocho, dada la especialización que la misma dinámica del trabajo requería. Sin duda, todas las comisiones son importantes, ya que las materias que tratan, obedecen a un campo de acción dentro de la sociedad morelense, que requiere sea atendido por los Diputados.
Que en este sentido, uno de los temas que requiere atención por parte de esta Legislatura, es el impulso de actividades que cuiden y recuperen la memoria y la historia del Congreso del Estado de Morelos. Recordemos que el primer Congreso de Morelos se instaló en un teatro de Yautepec y expidió su primer decreto el 30 de julio de 1869, al declarar gobernador constitucional al General Francisco Leyva, es decir, nuestra entidad este año cumple ciento cuarenta y seis años de haber sido fundada y la primera Legislatura del Estado, fue la encargada de formular la Constitución del Estado que se encuentra vigente, la cual fue aprobada por la segunda Legislatura de la nueva Entidad el 20 de julio de 1870, promulgada por el Gobernador Francisco Leyva y publicada el 7 de diciembre de 1871.
Que la máxima tribuna representativa del pueblo Morelense, es la cuna de grandes momentos históricos de trascendencia nacional e internacional, con pasajes épicos de la historia que no solo forman parte importante de nuestro pasado como Estado, sino de nuestro país. Baste recordar que Morelos es la cuna del agrarismo y del movimiento que le dio un contenido social e identidad a la lucha revolucionaria sentando las bases de una nación fuerte que crece día a día.
Que por ello, los legisladores, en nuestro carácter de representantes populares, tenemos la obligación de llevar con buena dirección los trabajos legislativos que nuestros representados necesitan, siempre en búsqueda del bien común, tomando en cuenta que todo aquello discutido en tribuna es de trascendencia local y de interés general.
Considera que a diario, al interior del congreso se generan debates y propuestas sobre los diferentes puntos de vista con respecto a temas actuales y futuros del Estado, por ello es necesario que sean estudiados y divulgados entre la sociedad, con el fin de que ésta analice, conozca y se involucre, y los ciudadanos puedan conocer el trabajo realizado al interior del Congreso.
Que es necesario por ello, que el Congreso del Estado recupere, proteja y estimule a través de publicaciones, el conocimiento sobre la historia del Estado y del Congreso; por lo que se propone establecer a través de una reforma a la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, la creación de un Comité Editorial, mismo que tendría entre sus funciones, regular las publicaciones que realice el Congreso, así como el procedimiento al que se sujetará en materia de procesos editoriales y distribución de publicaciones, cuidando la excelencia del contenido legislativo de las diferentes obras, la calidad editorial de sus títulos y los diversos autores.
09 de diciembre de 2015 PERIÓDICO OFICIAL Página 29
Menciona que son varios los Congresos locales
que cuentan con un Comité Editorial en su estructura
organizativa parlamentaria, sólo por mencionar
algunos tenemos como ejemplo: Coahuila, Michoacán,
Chihuahua, Yucatán, Puebla, entre otros Congresos
que decidieron crear un Comité que diera resultados
favorables para la edición, resguardo y consulta de los
diferentes trabajos legislativos.
Que actualmente el Instituto de Investigaciones
Legislativas de nuestro Estado es quien tiene la
obligación de realizar investigaciones documentales y
de campo relacionadas con la materia legislativa, así
como editar publicaciones que contribuyan a la
divulgación de estudios y asuntos legislativos, así
como integrar y clasificar el acervo histórico del
Congreso del Estado.
Que no obstante lo anterior, considera que la
creación del Comité Editorial en la Ley Orgánica del
Congreso, contribuirá a fortalecer las actividades que
tiene a su cargo el Instituto de Investigaciones
Legislativas, pues este Comité, integrado por
Diputados del Congreso, coordinará sus actividades
con el Instituto de Investigaciones Legislativas, y
llevará a cabo los trabajos que impulsen y promuevan
la recuperación de la memoria histórica del Congreso
y la edición, publicación y coedición de diversas obras
sobre el Congreso y el Estado de Morelos.
Que la presente iniciativa, propone la creación
del Comité Editorial del Congreso del Estado, que al
igual que los dos Comités que ya existen en el
ordenamiento interior del Congreso, podrá llevar a
cabo sus actividades específicas en la materia,
integrándose conforme a la propuesta que realice la
Junta Política y de Gobierno, señalando además que
este Comité no contará con estructura, con el fin de no
crear una carga económica al Congreso del Estado.
Que por otra parte, ha sido discutido al interior
de la Junta Política del Congreso del Estado, el
fortalecimiento de la Secretaria de Administración y
Finanzas, a fin de que esta pueda actuar con mayor
celeridad y dinamismo, fortaleciendo el área de
recursos humanos, mediante la creación de la
Dirección de Recursos Humanos, que estará
encargada del manejo de las relaciones laborales
entre otras actividades, por lo que para tal fin se
propone la reforma y adición del artículo 164 del
Reglamento para el Congreso.
III.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA
Los integrantes de la Junta Política y de
Gobierno hemos estudiado con cuidado la Iniciativa,
coincidiendo ampliamente con la intención del
legislador que la suscribe, pues el espíritu de la misma
es crear un Comité Editorial que se encargue de
promover, rescatar y difundir la memoria e historia del
Congreso del Estado, a través de diversas actividades
de promoción y difusión de publicaciones del Poder
Legislativo.
Coincidimos con el legislador que esta labor es
sumamente importante, pues rescatar la memoria
histórica y difundir el quehacer parlamentario a través
de publicaciones diversas, contribuirá a acercar a los
ciudadanos con sus representantes y servirá para
todos aquéllos que se interesen y quieran saber sobre
la historia y el quehacer parlamentario de los
diputados que conforman el Congreso.
En nuestro ordenamiento interior, los Comités
se integran de manera similar a las Comisiones, pero
con funciones específicas para su labor. En este
sentido, el Comité se propone integrar, incrementar y
difundir el acervo editorial del Congreso, con el fin de
que sirva de comunicación, información y soporte de
las tareas legislativas que llevamos a cabo
diariamente, asimismo, por cuanto a la reforma al
Reglamento para el Congreso, coincidimos en que es
necesario fortalecer a la Secretaría de Administración
y Finanzas, dada la importancia de las relaciones
laborales y la prevención de conflictos que debe tener
esta área, por lo que consideramos procedente la
iniciativa presentada, haciendo la acotación de que no
se están creando más plazas al interior del Congreso,
ya que la Subdirección de Personal que existe
actualmente, se transforma en Dirección de Recursos
Humanos para mejorar y robustecer esta área.
Cabe mencionar que si bien a este órgano de
gobierno no le corresponde de manera específica la
dictaminación de iniciativas con proyecto de reformas
a las leyes, sí está facultada como órgano político y de
consensos, a impulsar los acuerdos que sean
necesarios para que el Congreso del Estado adopte
las decisiones que legalmente le corresponden, por lo
que debe recalcarse que el proceso legislativo que ha
llevado a cabo este órgano se encuentra dentro de la
ley, puesto que el dictamen que se presenta al pleno
se legitimará con el voto del Pleno que es a quien
corresponde la facultad decisoria de aprobar esta
propuesta, en este sentido se ha pronunciado la
Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas
acciones de inconstitucionalidad:
VIOLACIONES DE CARÁCTER FORMAL EN
EL PROCESO LEGISLATIVO. SON IRRELEVANTES
SI NO TRASCIENDEN DE MANERA FUNDAMENTAL
A LA NORMA.1
1Acción de inconstitucionalidad 25/2001. Diputados integrantes de la
Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Hidalgo. 7 de
Página 30 PERIÓDICO OFICIAL 09 de diciembre de 2015
Dentro del procedimiento legislativo pueden darse violaciones de carácter formal que trascienden de manera fundamental a la norma misma, de tal manera que provoquen su invalidez o inconstitucionalidad y violaciones de la misma naturaleza que no trascienden al contenido mismo de la norma y, por ende, no afectan su validez. Lo primero sucede, por ejemplo, cuando una norma se aprueba sin el quórum necesario o sin el número de votos requeridos por la ley, en cuyo caso la violación formal trascendería de modo fundamental, provocando su invalidez. En cambio cuando, por ejemplo, las comisiones no siguieron el trámite para el estudio de las iniciativas, no se hayan remitido los debates que la hubieran provocado, o la iniciativa no fue dictaminada por la comisión a la que le correspondía su estudio, sino por otra, ello carece de relevancia jurídica si se cumple con el fin último buscado por la iniciativa, esto es, que haya sido aprobada por el Pleno del órgano legislativo y publicada oficialmente. En este supuesto los vicios cometidos no trascienden de modo fundamental a la norma con la que culminó el procedimiento legislativo, pues este tipo de requisitos tiende a facilitar el análisis, discusión y aprobación de los proyectos de ley por el Pleno del Congreso, por lo que si éste aprueba la ley, cumpliéndose con las formalidades trascendentes para ello, su determinación no podrá verse alterada por irregularidades de carácter secundario.
Por lo anteriormente expuesto, esta LIII Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO SESENTA Y UNO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III
DEL ARTÍCULO 85 Y EL ARTÍCULO 88, DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, CON EL FIN DE CREAR EL COMITÉ EDITORIAL Y SE REFORMA EL ARTICULO 164 DE SU REGLAMENTO.
PRIMERO.- Se reforma la fracción III del artículo 85 y el artículo 88 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, para quedar como sigue:
Artículo 85.- El Congreso del Estado contará con los siguientes comités:
I y II …
agosto de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretarios: Pedro Alberto Nava Malagón y Martín Adolfo Santos Pérez. Dato informativo: Similar criterio se sostuvo en las acciones de inconstitucionalidad: Acción de inconstitucionalidad 3/98. Partido de la Revolución Democrática. 24 de febrero de 1998. Mayoría de nueve votos. Disidente: Genaro David Góngora Pimentel. Ausente: José Vicente Aguinaco Aleman. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Osmar Armando Cruz Quiroz. Acción de inconstitucionalidad 2/99 y su acumulada 3/99. Partido
Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo. 8 de junio de
1999. Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Osmar Armando Cruz Quiroz. Acción de inconstitucionalidad 9/2001. Diputados integrantes de la LVII Legislatura del Congreso del Estado de Tabasco. 8 de marzo de 2001. Once votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretarios: Pedro Alberto Nava Malagón y Martín Adolfo Santos Pérez. El Tribunal Pleno, en su sesión pública celebrada hoy siete de agosto en curso, aprobó, con el número 94/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a siete de agosto de dos mil uno.
III.- Comité Editorial. … Artículo 88.- Son atribuciones del Comité
Editorial: I. Integrar, incrementar y difundir el acervo
editorial del Congreso, que sirva de comunicación, información y soporte en las tareas legislativas;
II. Establecer las bases para organizar, modernizar e impulsar las actividades, programas y publicaciones editoriales del Congreso.
III. Difundir publicaciones editoriales del Congreso con la Sociedad Morelense;
IV. Promover la edición de publicaciones que se consideren de interés, para el desarrollo cultural del Estado.
V. Suscribir Convenios de Colaboración con Instituciones Públicas y Privadas, Nacionales e Internacionales para el desarrollo, contribución y difusión del acervo editorial.
VI. Las demás que sean acordadas por el Pleno, la Diputación Permanente y la Junta Política y de Gobierno, en virtud de ser necesarias para el cumplimiento de sus funciones.
SEGUNDO.- Se reforma el artículo 164 del Reglamento para el Congreso del Estado, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 164.- La Secretaría de Administración y Finanzas contará con las siguientes unidades institucionales administrativas:
I a III … IV.- Dirección de Recursos Humanos, y V.- Las unidades administrativas y el personal
que se señalen en las disposiciones administrativas correspondientes, de acuerdo con el presupuesto autorizado.
… TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día de su aprobación por el Pleno del Congreso.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan lo dispuesto en el presente decreto.
ARTÍCULO TERCERO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para su promulgación y publicación respectiva de conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.
Recinto Legislativo, a los 28 días del mes de octubre del año dos mil quince.
Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Francisco A. Moreno Merino. Presidente. Dip. Silvia Irra Marín. Secretaria. Dip. Efraín Esaú Mondragón Corrales. Secretario. Rúbricas.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, al primer día del mes de diciembre de dos mil quince.
―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN‖ GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU
SECRETARIO DE GOBIERNO M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA
RÚBRICAS.
09 de diciembre de 2015 PERIÓDICO OFICIAL Página 31
Al margen izquierdo un Escudo del Estado de
Morelos que dice: ―Tierra y Libertad‖.- La tierra volverá
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder
Legislativo. LIII. 2015-2018.
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED:
Que el H. Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL
ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS,
Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:
ANTECEDENTES:
1.- A través del oficio número SG/0172/2015, de
fecha 4 de septiembre de 2015, el Gobernador del
Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido
Abreu, en ejercicio de las facultades previstas en el
artículo 70, fracción XXXIV y 79-B, de la Constitución
Política del Estado, presentó al Congreso del Estado
la terna de ciudadanos para la designación del Fiscal
General del Estado de Morelos.
2.- Con fecha nueve de septiembre de 2015, el
Presidente del Congreso del Estado, remitió a la Junta
Política y de Gobierno, dicho oficio, así como los
documentos de los tres profesionistas de la terna
presentada por el Ejecutivo del Estado, para los
efectos legales correspondientes.
CONSIDERANDOS:
1.- Esta Junta Política y de Gobierno del
Congreso del Estado es competente para conocer y
dictaminar el presente asunto, en términos de los
artículos 44 y 50, fracción III, inciso f), de la Ley
Orgánica para el Congreso del Estado.
2.- Con fecha 24 de enero de 2013, fue
publicado en el Periódico Oficial número 5062, el
Decreto Número Doscientos Setenta y Uno, mediante
el cual fue designado como Fiscal General del Estado
al Licenciado Rodrigo Dorantes Salgado, mismo que
presentó su renuncia a dicho cargo con fecha 29 de
julio de 2015 y en sesión de la Diputación Permanente
del Congreso celebrada el cinco de agosto de 2015,
se aprobó el Acuerdo mediante el cual se admitió la
renuncia al cargo de Fiscal General del Estado de
Morelos, presentada por el Licenciado Rodrigo
Dorantes Salgado, instrumento que fue publicado en el
Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖ número 5314
alcance de esa misma fecha.
3.- En ejercicio de las facultades establecidas
en el artículo 70, fracción XXXIV, así como el artículo
79-B, de la Constitución Política del Estado de
Morelos, el Ejecutivo Estatal presentó la terna de
ciudadanos de entre quienes se designe al Fiscal
General del Estado, por parte de este Congreso,
misma que se integra de la siguiente forma:
I.- LIC. ADRIANA PINEDA FERNÁNDEZ
II.- LIC. JAVIER PÉREZ DURÓN y
III.- LIC. NORMA ANGÉLICA TOLEDO CAMACHO
4.- Conforme a lo previsto en el artículo 79-B, de
la Constitución Política del Estado de Morelos, la
persona que ocupe el cargo de Fiscal General del
Estado, debe reunir los requisitos señalados en el
párrafo octavo del mismo ordenamiento.
Dado que el propio mandato constitucional
citado, establece la atribución del Ejecutivo Estatal
para solicitar al Poder Legislativo la designación de un
nuevo Fiscal en caso de falta absoluta del Fiscal
General del Estado, hipótesis que en este caso se
cumple, pues el pasado 29 de julio de 2015, el Lic.
Rodrigo Dorantes Salgado, presentó su renuncia al
cargo de Fiscal General del Estado, el Ejecutivo
Estatal procedió a remitir la terna de profesionistas
para la designación del nuevo titular de la Fiscalía
General del Estado.
En el caso concreto, los artículos citados
aplicables señalan:
ARTÍCULO 40.- Son facultades del Congreso.
…
XXXVII.- Designar a los Magistrados del
Tribunal Superior de Justicia; a los Magistrados del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos y al Magistrado del Tribunal Unitario de
Justicia para Adolescentes de conformidad con lo
previsto en esta Constitución; así como al Fiscal
General del Estado de Morelos y al Fiscal
Especializado para la Investigación de Hechos de
Corrupción, estos últimos de entre la terna de
ciudadanos que someta a su consideración el
Ejecutivo del Estado.
…
Artículo 79-B …
…
La designación del Fiscal General del Estado se
hará en términos de lo dispuesto por la fracción
XXXVII del artículo 40 de esta Constitución.
…
En caso de falta absoluta del Fiscal General del
Estado, el Gobernador enviará al Congreso, en un
plazo de treinta días, la terna para la designación de
uno nuevo; en tanto se hace la designación por el
Poder Legislativo, el Gobernador del Estado podrá
nombrar a una persona que se encargue
temporalmente del cargo; el encargado deberá cumplir
los mismos requisitos que para ser Fiscal General del
Estado esta Constitución establece.
…
…
Para ser Fiscal General del Estado se deberán
reunir los siguientes requisitos:
Ser ciudadano morelense o ciudadano
mexicano, en éste último caso, con una residencia de
tres años inmediatos anteriores en el Estado; en pleno
ejercicio de sus derechos;
Página 32 PERIÓDICO OFICIAL 09 de diciembre de 2015
Contar con treinta y cinco años de edad y no ser
mayor de sesenta y cinco años de edad, a la fecha de su designación;
Poseer título y cédula profesional de licenciatura en derecho, con antigüedad de cinco años previos a la
fecha de su designación; Ser de reconocida honorabilidad y honradez;
No haber sido sentenciado a pena privativa de libertad por delito doloso. Empero, si se tratare de
ilícitos que lesionen seriamente la buena fama de la persona en el concepto público, inhabilitará a ésta
para ocupar el cargo, cualquiera que haya sido la penalidad impuesta; y
… …
… …
… 5.- En sesión de la Junta Política y de Gobierno
celebrada el 8 de septiembre del presente año la Junta Política y de Gobierno, se dio cuenta de la Terna para
la designación del Fiscal General del Estado remitida por el Ejecutivo del Estado e integrada por los
licenciados Adriana Pineda Fernández, Javier Pérez Durón y Norma Angélica Toledo Camacho. Asimismo,
este órgano de gobierno acordó recabar antecedentes sobre los integrantes de la terna girando oficios a
diversas instancias y verificar el cumplimiento de los requisitos que para ser Fiscal General prevé el artículo
79 B, fracción IV, de la Constitución Local en relación con el artículo 194, de la Ley del Sistema de
Seguridad Pública, que señala que los titulares de la Fiscalía, deberán sujetarse para su ingreso y
permanencia a las evaluaciones de certificación y control de confianza.
La certificación conforme a lo establecido en el artículo 90, de la Ley del Sistema de Seguridad
Pública, es el proceso mediante el cual los elementos de las instituciones policiales se someten a las
evaluaciones periódicas establecidas por el Centro de Control de Confianza correspondiente, el cual dará
lugar a comprobar el cumplimiento de los perfiles de personalidad, éticos, socioeconómicos y médicos,
dentro de los procedimientos de ingreso, de promoción y permanencia.
En este sentido, la Junta Política y de Gobierno solicitó informes sobre los integrantes de la terna para
la designación del Fiscal General del Estado a las siguientes dependencias:
Oficio número DIP.HFP/JPYG/I/0017/2015 de fecha 14 de Septiembre de 2015, dirigido al Secretario
de la Contraloría, solicitando informe si los Licenciados Javier Pérez Durón, Norma Angélica Toledo Camacho
y Adriana Pineda Fernández, tienen antecedentes administrativos.
Oficio número DIP.HFP/JPYG/I/0017/2015 de fecha 14 de septiembre de 2014, dirigido al Director de
Plataforma México, solicitando informe si los Licenciados Javier Pérez Durón, Norma Angélica
Toledo Camacho y Adriana Pineda Fernández, tienen antecedentes administrativos.
Oficio número DIP.HFP/JPYG/I/0017/2015 de fecha 14 de septiembre de 2015, dirigido al Visitador Estatal de Derechos Humanos, solicitando informe si los Licenciados Javier Pérez Durón, Norma Angélica Toledo Camacho y Adriana Pineda Fernández, tienen antecedentes administrativos.
Oficio número DIP.HFP/JPYG/I/0017/2015 de fecha 14 de septiembre de 2015, dirigido al Coordinador Estatal de Información Criminógena de la Fiscalía General del Estado, solicitando informe si los Licenciados Javier Pérez Durón, Norma Angélica Toledo Camacho y Adriana Pineda Fernández, tienen antecedentes administrativos.
Oficio número DIP.HFP/JPYG/I/0042/2015 de fecha 25 de septiembre de 2015, dirigido al Dr. en D. Jaime Rodríguez Aguilar, Delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado, solicitando informe si los Licenciados Javier Pérez Durón, Norma Angélica Toledo Camacho y Adriana Pineda Fernández, tienen antecedentes administrativos o penales.
Oficio número DIP.HFP/JPYG/I/0043/2015 de fecha 25 de septiembre de 2015, dirigido a la Lic. Lorena Hernández Márquez, Directora General del Centro de Evaluación, Control y Confianza del Estado de Morelos, solicitando los resultados de los exámenes de evaluación, control y confianza realizados a los Licenciados Javier Pérez Durón, Norma Angélica Toledo Camacho y Adriana Pineda Fernández, quienes aspiran a ocupar la Fiscalía General del Estado.
Oficio número DIP.HFP/JPYG/I/0042/2015 de fecha 25 de septiembre de 2015, dirigido al Lic. Eugenio Ímaz Gispert, Director General del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, solicitando informe si los Licenciados Javier Pérez Duron, Norma Angélica Toledo Camacho y Adriana Pineda Fernández, tienen antecedentes administrativos o penales.
En respuesta a dichos oficios, se recibió en la Junta Política y de Gobierno lo siguiente:
Oficio No. CEPM/8646-09/2015 de fecha 14 de Septiembre de 2015, suscrito por el C. Enrique Fuentes Sánchez, Coordinador Estatal de Plataforma México en el que informa a la Junta Política y de Gobierno que no se encontró registro alguno del que se desprendan antecedentes administrativos de los Ciudadanos integrantes de la terna.
Oficio No. CDHEM/132/2015-SE de fecha 15 de Septiembre de 2015, suscrito por la Secretaria Ejecutiva de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, en el que informa a este órgano político que no se localizó antecedente alguno de queja, gestión o cualquier otro tipo de procedimiento en contra de los Ciudadanos integrantes de la terna.
Oficio No. FGE/DGUDPyA-3386/DRH.2368/15-09 de fecha 15 de Septiembre de 2015, suscrito por el Lic. Fernando Solís Godínez, Director General de la Unidad de Desarrollo Profesional y Administración, dirigido a la T.A.S. Irma Teresita Lizama Guajardo, Encargada de Despacho de la Dirección General de Sistemas e Información Criminógena, en el que informa a este órgano que no se encontró registro de algún antecedente o procedimiento administrativo en contra de los Ciudadanos integrantes de la terna.
09 de diciembre de 2015 PERIÓDICO OFICIAL Página 33
Oficio No. VG-1204-15-09 de fecha 15 de
Septiembre de 2015, suscrito por la Visitadora General de la Fiscalía General del Estado, Lic. Carla Campos
Rayado, Visitadora General de la Fiscalía General del Estado, dirigido a T.A.S. Irma Teresita Lizama
Guajardo, Encargada de Despacho de la Dirección General de Sistemas e Información Criminógena, en el
que informa a este órgano que no se localizó registro de algún antecedente o procedimiento administrativo
en contra de los Ciudadanos integrantes de la terna. Oficio No. SC/1002-JIM-J/2015 de fecha 17 de
Septiembre de 2015, suscrito por el Lic. José Enrique Félix Inesta y Monmany, Secretario de la Contraloría,
dirigido a este órgano de gobierno, en el que informa a este órgano que no se encontró registro alguno del
que se desprendan antecedentes administrativos de los Ciudadanos integrantes de la terna.
Oficio No. FGE/DGSIC/6975/2015-09 de fecha 23 de Septiembre de 2015, suscrito por la T.A.S. Irma
Teresita Lizama Guajardo, Encargada de Despacho de la Dirección General de Sistemas e Información
Criminógena, en el que informa a este órgano, que no se encontró registro de algún antecedente o
procedimiento administrativo en contra de los Ciudadanos integrantes de la terna.
Oficio No. DELMOR/3881/2015 de fecha 30 de Septiembre de 2015, suscrito por el Dr. en D. Jaime
Rodríguez Aguilar, Delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado de Morelos en el
que informa a este órgano que no se encontró registro de algún antecedente o procedimiento administrativo
en contra de los Ciudadanos integrantes de la terna. Oficio No. SPPA/2733/2015 de fecha 30 de
Septiembre de 2015, suscrito por el Lic. Marco Polo Bernaldez Reyes, Agente del Ministerio Público de la
Federación Encargado de la Subdelegación de Procedimientos Penales ―A‖, en el que informa a este
órgano que no se encontró registro de algún antecedente administrativo o penal en contra de los
profesionistas integrantes de la terna. Oficio No. SPPB/2440/2015 de fecha 30 de
Septiembre de 2015, suscrito por la Lic. Guadalupe Villaseñor Castro, Subdelegada de Procedimientos
Penales ―B‖, dirigido al Dr. en D. Jaime Rodríguez Aguilar, Delegado de la Procuraduría General de la
República en el Estado de Morelos, en el que le informa que no se encontró registro de algún
antecedente administrativo o penal en los libros de gobierno, en contra de los Ciudadanos profesionistas
integrantes de la terna. Oficio No. SPPA/2733/2015 de fecha 30 de
Septiembre de 2015, suscrito por el C. Javier Gómez Román, Supervisor de Unidad de Apoyo al Proceso
Sustantivo, dirigido al Dr. en D. Jaime Rodríguez Aguilar, Delegado de la Procuraduría General de la
República en el Estado de Morelos, en el que le informa que habiendo realizado una exhaustiva
búsqueda en las bases de datos con que cuenta esa unidad, no se encontró registro de algún antecedente
administrativo o penal en contra de los profesionistas integrantes de la terna.
Oficio No. MPF/454/2015 de fecha 30 de
Septiembre de 2015, suscrito por la Lic. Blanca Estela
Dávila Toxcoyoa, Agente del Ministerio Público de la
Federación, Supervisor de la Unidad de Atención
Inmediata, dirigido al Dr. en D. Jaime Rodríguez
Aguilar, Delegado de la Procuraduría General de la
República en el Estado de Morelos, en el que le
informa que no se encontró registro de algún
antecedente administrativo o penal en contra de los
profesionistas integrantes de la terna.
Oficio No. MPF/1170/2015 de fecha 30 de
Septiembre de 2015, suscrito por la Lic. Kandy Lorely
Cisneros Gómez, Agente del Ministerio Público de la
Federación, Supervisor de la Unidad de Atención
Inmediata, dirigido al Dr. en D. Jaime Rodríguez
Aguilar, Delegado de la Procuraduría General de la
República en el Estado de Morelos, en el que le
informa que no se encontró registro de algún
antecedente administrativo o penal en contra de los
profesionistas integrantes de la terna.
Con fecha 6 de octubre del año en curso, se
recibió en la Junta Política y de Gobierno, el oficio
CESP/DGCECC/DEJN/2915/2015, del Centro de
Evaluacion y Control de Confianza de la Comisión
Estatal de Seguridad Pública, informando que de
acuerdo a sus antecedentes que obran en ese órgano,
los tres integrantes de la terna para Fiscal General del
Estado, cuentan con la evaluación aprobatoria del
examen de control y confianza vigente.
Oficio No. CGJ/DCA/1412/2015 de fecha 8 de
octubre de 2015, suscrito por la Lic. Eloisa López
López, Directora de la coordinación general jurídica
del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, en
el que informa a este órgano político que la Lic.
Adriana Pineda Fernández laboró en esa institución
durante el período comprendido del 1º de octubre de
2003, al 31 de mayo de 2013, sin contar con mayor
información relativa a antecedentes administrativos
que pueda proporcionar; en lo que respecta a los C.C.
Javier Pérez Durón y Norma Angélica Toledo
Camacho, no se encontró ningún antecedente
administrativo que no se encontró registro de algún
antecedente administrativo o penal en contra de los
profesionistas integrantes de la terna.
6.- Analizando el documento donde se propone
la terna de los profesionistas, así como la
documentación adjunta, se desprende lo siguiente:
La C. Norma Angélica Toledo Camacho es
Licenciada en Derecho egresada de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos, con cédula
profesional número 2213802, Maestra en Derecho
Procesal Penal, con cédula en trámite, y con
especialidad en Derecho Procesal Penal egresada del
Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE).
Inició su desempeño como orientador legal en la
Dirección General de Orientación Ciudadana,
Coordinadora Técnica de la Subprocuraduría General
y Directora General de Derechos Humanos de la
entonces Procuraduría General de Justicia del Estado,
actualmente Fiscalía General del Estado.
Página 34 PERIÓDICO OFICIAL 09 de diciembre de 2015
El C. Javier Pérez Durón es Licenciado en
Derecho, egresado de la Universidad Americana con
cédula profesional número 4361675 y Maestría en
Derecho Penal actualmente en trámite de titulación.
Inició su trayectoria laboral como abogado
litigante en despacho jurídico, más tarde como
defensor de oficio adscrito al Consejo Tutelar para
Menores Infractores, a partir del año 2006 ha ocupado
los siguientes cargos en la entonces Procuraduría
General de Justicia del Estado, hoy Fiscalía General
del Estado: Agente del Ministerio Público de la Quinta
Agencia Especial del Delito de Robo y Delitos
Patrimoniales; Agente del Ministerio Público en
homicidio de mujeres, feminicidios y delitos sexuales;
Subdirector Técnico, Director General de Procesos,
Director General de la Unidad de Desarrollo
Profesional y Administración de la Fiscalía General del
Estado; Fiscal Regional Metropolitano de la Fiscalía
General del Estado y Encargado de Despacho de la
Fiscalía General del Estado de Morelos.
La C. Adriana Pineda Fernández es Licenciada
en Derecho, egresada de la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos con cédula profesional número
3035585 y Maestra en Procuración y Administración
de Justicia con cédula en trámite.
Inició su labor profesional como Abogada
Litigante en Despacho Jurídico, para más tarde
ingresar a la Secretaría de Gobernación en el Centro
de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) en los
cargos de Subjefe de Departamento Región Sur, en la
Dirección de Investigación, Jefe de Departamento de
Apoyo para la integración de Casos en la Dirección de
Investigación, Jefe del departamento en la
Subdirección contra el Crimen Organizado,
Subdelegada en Tlaquiltenango, en la Delegación
Estatal Morelos, Subdelegada en Sabinas Hidalgo, en
la Delegación Nuevo León, Subdelegada en Córdoba,
Veracruz; en la entonces Procuraduría General de
Justicia del Estado hoy Fiscalía General del Estado
fue Jefe del departamento de certificación de
documentos y cartas de antecedentes no penales;
Auxiliar de Agente del Ministerio Público, Ministerio
Público por ministerio de Ley; Agente del Ministerio
Público en turno; Agente del Ministerio Público Titular
de la segunda Agencia de Trámite, Jefe de Agencias
de la Subprocuraduría Metropolitana; Responsable del
área de determinaciones y conciliaciones de la
Subprocuraduría Metropolitana, Directora General de
Averiguaciones y Procedimientos Penales de la
Subprocuraduría Metropolitana, Secretaria Técnica del
C. Procurador General de Justicia del Estado de
Morelos, Coordinadora de Control de procesos de la
Subprocuraduría de la Zona oriente, Subprocuradora
General, Encargada de Despacho de la
Subprocuraduría de Investigaciones Especiales y
Fiscal Especializada Contra el Secuestro y Extorsión.
7.- La designación del Procurador General de
Justicia del Estado de Morelos, obedece al
cumplimiento de las disposiciones constitucionales
locales establecidas en el artículo 79 B, que señala
que será designado en términos de lo dispuesto por la
fracción XXXVII, artículo 40 de la Constitución Política
del Estado y previa terna que el Gobernador del
Estado envíe, sumado a ello, la designación es
procedente toda vez que se remitió a la LII Legislatura,
la renuncia del entonces Fiscal General del Estado,
Rodrigo Dorantes Salgado, misma que fue aprobada
por la Diputación Permanente en sesión del 5 de
agosto de 2015.
En virtud de lo anterior, procede analizar el
cumplimiento de los requisitos que exige el artículo 79
B de la Constitución Local para ser Fiscal General del
Estado de Morelos, conforme a la terna de
profesionistas remitidos por el Gobernador del
Estado.:
La Licenciada Norma Angélica Toledo Camacho
es ciudadana morelense, pues nació en Cuernavaca,
Morelos, asimismo comprueba tener una residencia de
más de 17 años en el estado de Morelos y encontrarse
en pleno ejercicio de sus derechos, por lo que cumple
con lo establecido en la fracción I del artículo 79 B,
acredita tener 43 años de edad, por lo que cumple con
lo establecido en la fracción II del artículo 79 B; posee
título y cédula profesional de licenciatura en derecho,
con antigüedad de cinco años previos a la fecha de la
designación y cumplir con lo señalado en la fracción IV
del mismo artículo, pues acredita ser de reconocida
honorabilidad y honradez y no haber sido sentenciada
a pena privativa de libertad por delito alguno, con la
carta de no antecedentes penales y constancia de no
inhabilitación del servicio público, así como de los
informes recabados por este órgano político, de
diversas dependencias, se desprende que no cuenta
con antecedentes de índole administrativa o penal,
conforme a lo descrito en el numeral cuatro del
presente documento, sumado a que como servidor
público de la Fiscalía General del Estado se encuentra
registrada y certificada en los sistemas que opera
Seguridad Pública del Estado, por lo que se considera
que de acuerdo a los elementos exhibidos y la realidad
como hecho notorio, que estos requisitos están
cubiertos para ser integrante de la terna en análisis.
Por lo anteriormente señalado, es de concluirse
que la Licenciada Norma Angélica Toledo Camacho,
cumple con los requisitos que exige la Constitución del
Estado, para ser incluida en el dictamen
correspondiente para la votación que por cédula,
realice el Pleno del Congreso para la designación del
Fiscal General del Estado de Morelos.
09 de diciembre de 2015 PERIÓDICO OFICIAL Página 35
El Licenciado Javier Pérez Durón es ciudadano mexicano, pues nació en el Distrito Federal, asimismo comprueba mediante carta de residencia, tener más de doce años en el estado de Morelos y encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos, por lo que cumple con lo establecido en la fracción I del artículo 79 B, acredita tener 40 años de edad, por lo que cumple con lo establecido en la fracción II del artículo 79 B; posee título y cédula profesional de licenciatura en derecho, con antigüedad de cinco años previos a la fecha de la designación y cumplir con lo señalado en la fracción IV del mismo artículo, pues acredita ser de reconocida honorabilidad y honradez y no haber sido sentenciado a pena privativa de libertad por delito alguno, con la carta de no antecedentes penales y constancia de no inhabilitación del servicio público, así como de los informes recabados por este órgano político de diversas dependencias, se desprende que no cuenta con antecedentes de índole administrativa o penal, conforme a lo descrito en el numeral cuatro del presente documento, sumado a que como servidor público de la Fiscalía General del Estado se encuentra registrado y certificado en los sistemas que opera Seguridad Pública del Estado, por lo que se considera que de acuerdo a los elementos exhibidos y la realidad como hecho notorio, que estos requisitos están cubiertos para ser integrante de la terna en análisis.
Por lo anterior, es de concluirse que el Licenciado Javier Pérez Durón, cumple con los requisitos que exige la Constitución del Estado, para ser incluido en el dictamen correspondiente para la votación que por cédula, realice el Pleno del Congreso para la .designación del Fiscal General del Estado de Morelos.
La Licenciada Adriana Pineda Fernández es ciudadana morelense, pues nació en Cuernavaca, Morelos, asimismo comprueba tener una residencia de más de diecisiete años en el estado de Morelos y encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos, por lo que cumple con lo establecido en la fracción I del artículo 79 B, acredita tener 41 años de edad, por lo que cumple con lo establecido en la fracción II del artículo 79 B; posee título y cédula profesional de licenciatura en derecho, con antigüedad de cinco años previos a la fecha de la designación y cumplir con lo señalado en la fracción IV del mismo artículo, pues acredita ser de reconocida honorabilidad y honradez y no haber sido sentenciada a pena privativa de libertad por delito alguno, con la carta de no antecedentes penales y constancia de no inhabilitación del servicio público, así como de los informes recabados por este órgano político, de diversas dependencias, se desprende que no cuenta con antecedentes de índole administrativa o penal, conforme a lo descrito en el numeral cuatro del presente documento, sumado a que como servidor público de la Fiscalía General del Estado se encuentra registrada y certificada en los sistemas que opera Seguridad Pública del Estado, por lo que se considera que de acuerdo a los elementos exhibidos y la realidad como hecho notorio, que estos requisitos están cubiertos para ser integrante de la terna en análisis.
Por lo anterior, es de concluirse que la
Licenciada Adriana Pineda Fernández, cumple con los
requisitos que exige la Constitución del Estado, para
ser incluida en el dictamen correspondiente para la
votación que por cédula, realice el Pleno del Congreso
para la designación del Fiscal General del Estado de
Morelos.
8.- En virtud de lo anterior y toda vez que con
fecha 30 de octubre de 2015, la Junta Política y de
Gobierno citó a los profesionistas integrantes de la
terna mediante el oficio número 0057/JPyG/I/2015,
para comparecer ante los integrantes de este órgano
político, los cuales comparecieron conforme al orden
de la terna remitida por el Ejecutivo del Estado el
martes 3 de noviembre de 2015, y una vez analizados
los currículos y documentación comprobatoria de los
profesionistas propuestos por el Ejecutivo del Estado,
la Junta Política y de Gobierno concluye que los
mismos reúnen todos y cada uno de los requisitos
para ser considerados a ocupar el cargo de Fiscal
General del Estado, ya que cumplen los exigencias
que se requieren para el cargo y poseen capacidad y
experiencia profesional plenamente acreditada
mediante la documentación que fue remitida por el
Ejecutivo y la información que solicitó este órgano de
gobierno.
Por lo anterior, la Junta Política y de Gobierno,
emitió el dictamen para la designación del Fiscal
General del Estado de Morelos, mismo que se
consideró como de urgente y obvia resolución por el
Pleno del Congreso, por lo que se sometió a discusión
el dictamen.
Una vez discutido el dictamen, el Presidente
comunicó a las diputadas y diputados que la
designación del Fiscal General del Estado de Morelos,
se llevaría a cabo de conformidad con los artículos 40,
fracción XXXVII, 79-B de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Morelos, y 133 del
Reglamento para el Congreso del Estado, en votación
por cédula y por las dos terceras partes de los
integrantes de esta Legislatura, obteniéndose el
siguiente resultado: 30 votos a favor para el
Licenciado Javier Pérez Durón.
En virtud de la votación, el Presidente del
Congreso del Estado declaró que el Licenciado Javier
Pérez Duròn, es designado como Fiscal General del
Estado de Morelos.
Acto seguido, se procedió a la Toma de
Protesta de Ley del profesionista designado, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 133 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Morelos.
Por lo anteriormente expuesto, esta LIII
Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente:
Página 36 PERIÓDICO OFICIAL 09 de diciembre de 2015
DECRETO NÚMERO SESENTA Y DOS
POR EL QUE SE DESIGNA AL FISCAL
GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS, AL TENOR
DE LO SIGUIENTE.
ARTÍCULO PRIMERO.- Se designa al
Licenciado Javier Pérez Durón como Fiscal General
del Estado de Morelos.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El profesionista
designado, ejerce el cargo a partir de que rindió la
Protesta de Ley ante el Pleno de esta Soberanía.
TRANSITORIOS
Primero.- Remítase el presente Decreto al
Titular del Ejecutivo del Estado para los efectos
previstos en los artículos 44 y 70, fracción XVII, inciso
a) de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Morelos.
Segundo.- El presente Decreto entró en vigor el
día de su aprobación por el Pleno del Congreso del
Estado.
Recinto Legislativo, a los seis días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip.
Francisco A. Moreno Merino. Presidente. Dip. Silvia
Irra Marín. Secretaria. Dip. Efraín Esaú Mondragón
Corrales. Secretario. Rúbricas.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y
se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo,
Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital
del Estado de Morelos, a los treinta días del mes de
noviembre de dos mil quince.
―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN‖
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU
SECRETARIO DE GOBIERNO
M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA
RÚBRICAS.
Al margen izquierdo un Escudo del Estado de
Morelos que dice: ―Tierra y Libertad‖.- La tierra volverá
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder
Legislativo. LIII. 2015-2018.
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED:
Que el H. Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL
ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS,
Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:
CONSIDERANDOS:
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO
a) Mediante la Sesión Ordinaria de la
Asamblea de la LII Legislatura, que tuvo verificativo el
día veintinueve de abril de dos mil catorce, el entonces
Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, presentó
Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona un
párrafo segundo, al artículo 224, del Código Familiar
del Estado de Morelos, para implementar el concepto
de alienación parental.
b) En consecuencia de lo anterior, el entonces
Diputado Juan Ángel Flores Bustamante, Presidente
de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de
Morelos, dio cuenta de la Iniciativa citada al epígrafe,
ordenando su turno a esta Comisión Dictaminadora,
por lo que mediante oficio número
SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.2/2252/2014 de esa misma
fecha, fue remitida a esta Comisión de Puntos
Constitucionales y Legislación, para su análisis y
dictamen correspondiente.
c) Mediante la Sesión Ordinaria de la
Asamblea de la LII Legislatura, que tuvo verificativo el
día diez de septiembre de dos mil catorce, se
determinó turnar a ésta Comisión de Puntos
Constitucionales y Legislación, la Iniciativa con
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo
224 y se adiciona el artículo 247, del Código Familiar
para el Estado Libre y Soberano de Morelos
presentada por el entonces diputado Carlos de la
Rosa Segura.
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d) En consecuencia de lo anterior, la Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, dio cuenta de la Iniciativa citada al epígrafe, ordenando su turno a esta Comisión Dictaminadora, por lo que mediante oficio número SSLyP/DPLyP/AÑO3/P.O.1/2721/2014 de esa misma fecha, fue remitida a esta Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, para su análisis y dictamen correspondiente.
e) Mediante la Sesión Ordinaria de la Asamblea de la LII Legislatura, que tuvo verificativo el día ocho de octubre de dos mil catorce, el entonces Diputado Matías Nazario Morales, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 224 y se adiciona la fracción V, al artículo 247, del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, con el objeto de tipificar y sancionar la alienación parental.
f) En consecuencia de lo anterior en aquel momento, la Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, dio cuenta de la Iniciativa citada al epígrafe, ordenando su turno a esta Comisión Dictaminadora, por lo que mediante oficio número SSLyP/DPLyP/AÑO3/P.O.1/2818/2014 de esa misma fecha, fue remitida a esta Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, para su análisis y dictamen correspondiente.
g) Mediante la Sesión Ordinaria de la Asamblea de la LII Legislatura, que tuvo verificativo el día ocho de julio de dos mil quince, el entonces Diputado Juan Carlos Rivera Hernández, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos.
h) En consecuencia de lo anterior, la Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, dio cuenta de la iniciativa citada al epígrafe, ordenando su turno a esta Comisión Dictaminadora, por lo que mediante oficio número SSLyP/DPLyP/AÑO3/P.O.2/3730/2015 de esa misma fecha, fue remitida a esta Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, para su análisis y dictamen correspondiente.
i) Mediante la Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente de la LII Legislatura, que tuvo verificativo el día veintiocho de agosto de dos mil quince, mediante el turno SSLyP/DPLyP/AÑO3/P.O.2/3830/2015, se envió a la Comisión de puntos Constitucionales y Legislación, Oficio mediante el cual se hace un exhorto de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión mediante el cual, solicita respetuosamente a los Congresos de las Entidades Federativas para que en el ámbito de sus competencias legislativas incorporen en sus Códigos Civiles protocolos que protejan el interés superior del niño dentro de un proceso de separación familiar, y tipifiquen las conductas a través de las cuales la progenitora o progenitor manipule la conciencia de sus hijas e hijos, con objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos afectivos con la otra u otro progenitor, conocida como ―Síndrome de Alienación Parental‖.
II.- MATERIA DE LAS INICIATIVAS
A manera de síntesis las iniciativas de los ex
legisladores, proponen una reforma al Código Familiar
para el Estado Libre y Soberano de Morelos, con el
propósito de implementar el concepto de Síndrome de
Alienación Parental y a su vez, imponer al ex cónyuge
que lo cometa, la pérdida de la Patria Potestad sobre
sus hijos.
III.- MATERIA DEL EXHORTO
Que las Entidades Federativas, en el ámbito de
sus competencias legislativas incorporen en sus
Códigos Civiles protocolos que protejan el interés
superior del niño dentro de un proceso de separación
familiar, y tipifiquen las conductas a través de las
cuales la progenitora o progenitor manipule la
conciencia de sus hijas e hijos, con objeto de impedir,
obstaculizar o destruir sus vínculos afectivos con la
otra u otro progenitor, conocida como ―Síndrome de
Alienación Parental‖.
IV.- CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS
Los iniciadores justifican su propuesta de
modificación legislativa, en razón de lo siguiente:
El entonces Diputado Edmundo Javier Bolaños
Aguilar, manifestó:
―Cada año, cerca de 182 mil niños, niñas y
adolescentes se ven afectados por el denominado
síndrome de alienación parental, cuya característica
principal es la manipulación psicológica del padre o la
madre durante un proceso de divorcio, lo que además
de generar un daño, es violatorio de los derechos
humanos del menor‖.
―Los niños, niñas y adolescentes son los más
dañados en la separación del matrimonio‖.
―El síndrome de alienación parental, es la
manipulación sicológica ejercida por el padre o la
madre divorciados‖.
―Uno de los derechos reconocidos por los
tratados internacionales y el propio derecho positivo
mexicano establecen que el menor debe tener un
desarrollo integral, psicosocial y afectivo y ver
materializado su derecho a una vida libre de violencia‖.
―El síndrome de alienación parental es poco
conocido en México, sin embargo está presente en
casi la totalidad de los matrimonios que enfrentan un
proceso de divorcio y en el que las principales víctimas
son los hijos‖.
―La alienación parental es un proceso mediante
el cual se van sumando acciones que desvirtúan los
vínculos entre padres e hijos, en el que la persona en
ejercicio de la alienación va cambiando su forma de
proceder y de relacionarse con los otros, fijando el
motivo de su vida en un objetivo bien individualizado,
retirar de su vida diaria y la de los hijos, al sujeto
identificado como su opositor, transformándose en una
oposición que es alimentada por terceros cercanos
que no logran evaluar lo que está sucediendo en la
relación de esa familia con los padres y la necesidad
de no ser partícipes necesarios en la alienación,
palabras claves: Alienación Parental, Divorcio,
custodia y maltrato‖.
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―El Síndrome de alienación parental, es un
término que el profesor de psiquiatría Richard Gardner
acuñó en 1985, para referirse a lo que él describe
como un desorden psicopatológico en el cual un niño,
de forma permanente, denigra e insulta sin
justificación alguna a uno de sus progenitores, es
generalmente, pero no exclusivamente, el padre‖.
―Esta figura ha provocado que los padres y
madres de familia padezcan la dilación en la
impartición de justicia, el tráfico de influencias,
omisiones de los jueces familiares, pero sobre todo la
apatía de quien debiera velar no por nuestros
intereses sino por los derechos de nuestros hijos.
―señalan integrantes de la ASOCIACIÓN MEXICANA
DE PADRES DE FAMILIA SEPARADOS A.C
(AMPFS) Delegación Morelos y el grupo ―POR AMOR
A NUESTROS HIJOS‖.
―Un síndrome que se ha presentado durante
mucho tiempo en las controversias de Orden Familiar,
a pesar de ser muy recurrentes no se le ha dado la
importancia necesaria, así como el seguimiento
adecuado, por lo que resulta de suma importancia
establecer los conceptos del Síndrome de la
Alienación Parental y Alienación Parental, pues hay
quienes llaman a la Alienación Parental como
síndrome, la Ley utiliza el término Alienación Parental
y no el de síndrome de Alienación Parental. De
acuerdo con el Doctor Gardner existen diferencias en
los términos‖:
―La alienación parental se refiere a la conducta
del progenitor alienador que programa al menor para
que por un estímulo, reproduzca la conducta
esperada, la denigración del progenitor víctima de la
alienación. El estímulo puede ser el interrogatorio del
Juez o del perito en Psicología. El verbo programar se
usa de forma análoga al de las computadoras, que se
les programa para que ejecuten una acción
determinada y se tenga una respuesta esperada. En la
observación de la conducta se repiten las historias
falsas o recuerdos creados que se le inducen al menor
y éste lo repite como una letanía‖.
―En el síndrome de alienación parental el menor
no sólo repite lo que ha sido programado para decir,
sino que realiza sus propias aportaciones y esta
conducta es alentada o reforzada por el progenitor
alienador. De tal forma que no sólo se trata de la
conducta del progenitor alienador, si no que el menor
realiza sus propias aportaciones en el contexto del
litigio por la custodia de los menores. Esta conducta
llega al extremo de la amnesia de los recuerdos
cariñosos que se tenían‖.
―Esta figura ha sido utilizada como una defensa
de los abogados en los casos de divorcio, para alejar a
los padres de sus hijos por causas judiciales y por un
grupo de profesionales que trabajan como peritos de
parte de estos casos frente a los juzgados, el objetivo
es conseguir el cambio de custodia y modificar a
través del tratamiento la conducta del progenitor y de
los niños que son diagnosticados‖.
―El síndrome de Alienación Parental, fue
definido por el psiquiatra Richard D. Gardner, como
una respuesta de contexto familiar típica al divorcio o
separación de los padres, en la cual los menores
resultan alienados respeto (sic) de uno de los
progenitores y lo más grave, acosados por quien
ejerce la patria potestad con la denigración exagerada
o injustificada del otro progenitor, hecho que produce
una perturbación en aquellos y que en definitiva,
obstruye la relación con el progenitor no custodio y
resulta destruida en los casos más severos, lo cual
tiene como consecuencia el grave problema de que
los menores no cuentan con la figura de la madre o
padre, que es distanciado de forma intencional. Es la
manipulación del padre o madre que tiene en custodia
a los hijos y que practica la alienación parental una
desventaja del otro que como consecuencia de aquello
sufre la separación de los menores o su rechazo‖.
―Los hijos que sufren este síndrome desarrollan
un odio patológico e injustificado hacia alguno de los
dos, que tiene consecuencias devastadoras en el
desarrollo físico y psicológico de estos, otras veces sin
llegar a sentir odio el SAP, provoca en los hijos un
deterioro de la imagen que tienen del padre o madre,
resultando de mucho menos valor sentimental o social
que la que cualquier niño tiene y necesita de sus
padres, es decir, no se sienten orgullosos de alguno
de ellos como los demás niños‖.
―Es importante distinguir entre lo que pudiera
ser el síndrome de alienación parental o tan solo la
alienación parental, sin que sea considerado aun
como un síndrome‖:
―La alienación parental, es la manipulación o
inducción de uno de los progenitores hacia un menor,
con el fin de provocar percepciones o sentimientos
contrarios al buen desarrollo de la convivencia que
padre o madre por esencia tienen respecto de
aquellos y que detona en odio, antipatía, rencor o
resentimiento hacia la madre o padre‖.
―En cambio, el síndrome de alienación parental,
es considerado como un desorden psicopatológico en
el cual un niño, de forma permanente, denigra e
insulta sin justificación alguna a uno de sus
progenitores, generalmente, pero no exclusivamente,
el padre‖.
―Estudios demuestran que en los niños, el
Síndrome de Alienación Parental se puede detectar
cuando se puede justificar el rechazo con
explicaciones o razones absurdas e incoherentes. En
ocasiones también pueden ocasionar diálogos o frases
propias de su progenitor alienador y palabras o
comentarios impropios de su edad‖.
―En consecuencia, en la iniciativa se prevén los
conceptos de esta figura, esto con la finalidad de dar
mayor certeza y seguridad jurídica a los interesados
en los asuntos relacionados con la custodia de los
hijos y así fortalecer la protección al derecho que
asiste a las niñas, niños y adolescentes de convivir
adecuadamente con sus ascendientes, en un
ambiente que propicie un sano desarrollo emocional‖.
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―En el mes de febrero del presente año, presente ante el pleno de esta Soberanía, la Iniciativa que reforma la Fracción XI del artículo 68 y se adiciono un artículo 70 Bis a la Ley de Salud del Estado de Morelos, con la finalidad de prevenir y atender el síndrome de alienación parental, provocado por los padres a los hijos‖.
―Ahora es importante perfeccionar nuestra legislación en materia familiar, estableciendo los conceptos de síndrome de alienación parental o alienación parental, con el objeto de no obstaculizar más las controversias de orden familiar y hacer más agiles los procesos familiares, con el propósito de que está repercuta en los padres y en aquellas otras personas que puedan ejercer la guarda y custodia de un menor en cualquier momento‖.
―Me queda claro que una buena política, no debe intentar sustituir a la familia, ni a su labor social y formativa. El Estado no debe pretender regular la vida interna familiar ni transgredir su autonomía, sin embargo tampoco puede permitir que los problemas personales entre dos progenitores transgredan el desarrollo integral de un menor en la sociedad‖.
―Como legisladores tenemos la tarea de establecer en nuestra legislación las figuras jurídicas que no se encuentran reguladas, razón por la cual, el día de hoy someto a la consideración del pleno Iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona dos párrafos al artículo 224 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, con el objeto de precisar correctamente los conceptos del síndrome de alienación parental y la alienación parental, lo anterior a fin de que el progenitor alienado (padre o madre) no encuentre deficiencias en la legislación local y que por tal circunstancia se pudiese ver imposibilitado de acreditar la figura jurídica que se precisa en la iniciativa‖.
El entonces Diputado Carlos de la Rosa Segura: ―Derivado de lo recientemente expresado por
diversos grupos de padres de familia, quienes han sido alejados de sus hijos por causas judiciales, al enfrentar casos de divorcios conflictivos o destructivos, en los cuales uno de los progenitores, generalmente la madre, mediante distintas estrategias, realizaría una especie influencia emocional, para transformar la conciencia de sus hijos con objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con el otro progenitor, hasta hacerla contradictoria‖.
―No obstante la complejidad de este tema y la problemática social que representa, hemos consideramos (sic) importante abordar en la presente iniciativa el fenómeno negativo, que se origina en el contexto familiar conocido como la Alienación Parental, lo que ha provocado la división de criterios y opiniones en su estudio‖.
―Para ello debemos señalar que la Alienación Parental, se ha identificado como conductas que lleva a cabo, el padre o la madre que tiene la custodia de un hijo o hija, y que injustificadamente impide las visitas y convivencias con el otro progenitor, causando en el niño o niña un proceso de transformación de conciencia, que puede ir desde el miedo y el rechazo, hasta llegar al odio‖.
―Debemos reconocer que el tema, ha desatado
diversas posturas y opiniones, las cuales no podrán
agotarse en la presente iniciativa; lo que se pretende
es mostrar la de manera breve y sintetizada la
importancia de regular para efectos disuasivos o
preventivos, las causas de la Alienación Parental‖.
―La medida propuesta para la regulación este
fenómeno, debe ser tomada con interés y atención
prioritarios, y debe ser difundida como una medida que
tiene como finalidad principal, prevenir violaciones a
los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes
que puedan verse afectado su normal desarrollo, y su
derecho a la identidad, al apego, y a desarrollar una
convivencia pacífica y permanente con el padre o
madre que no tenga su custodia, cuando así proceda;
como consecuencia de conductas de alienación
parental‖.
―Las afectaciones que se causen a la niñez
víctima de estas conductas pueden ser de difícil, si no,
que imposible reparación; de ahí la necesidad y el
compromiso de aportar al conocimiento y manejo
adecuado del tema‖.
―Para ello resulta importante advertir, que la
reforma aprobada al artículo cuarto, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada
en el Diario Oficial de la Federación el 7 de abril del
2000, estableció que todas las niñas y los niños tienen
derecho a la satisfacción de sus necesidades de
alimentación, salud, educación y sano esparcimiento
para su desarrollo integral, promoviendo que sea el
Estado el que proporcione lo necesario para propiciar
el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno
de sus derechos, esta reforma constitucional motiva y
sustenta la iniciativa que ahora se presenta‖.
―De igual forma la Ley para la Protección de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada
en el año 2010, obliga a que las normas aplicables a
niñas, niños y adolescentes, sean dirigidas a
procurarles los cuidados y la asistencia que requieren
para lograr un crecimiento y desarrollo dentro de un
ambiente de bienestar familiar y social, además de
que en ella se reconoce que el ejercicio de los
derechos de los adultos no podrá, en ningún
momento, ni en ninguna circunstancia, condicionar el
ejercicio de los derechos de la infancia‖.
―Estas normas jurídicas ha (sic) .propiciado la
creación del Sistema de Protección Integral de la
Infancia, que define la concepción de los niños, las
niñas y adolescentes como sujetos de derechos; ya
que uno de los primordiales es el derecho a tener una
familia, a vivir y convivir de manera plena en un núcleo
constituido por miembros unidos por relaciones de
alianzas y consanguinidad, ordenados en base a
reglas heredadas, interactuando y creando su peculiar
modo de organización, manifestando conductas
redundantes que le otorgan singularidad, con un
conjunto de creencias que asigna significado a su
particular manera de conducirse‖.
Página 40 PERIÓDICO OFICIAL 09 de diciembre de 2015
―No podemos pasar por alto que en la
actualidad, es manifiesta una crisis evidente de la
institución familiar, que recae en la figura del
matrimonio y todo lo que de ello deriva; es decir, las
repercusiones jurídicas, personales, económicas y
sociales del conflicto familiar ante una ruptura de
pareja se agravan de manera exponencial cuando la
pareja que rompe su vínculo tiene hijos menores de
edad‖.
―Ello constituye focos o luces, que marcan una
llamada de atención para la promoción de una
prioridad pública y social que apoye la unidad y/o
estabilidad familiar y por ende, un buen desarrollo del
ser humano‖.
―En correlación con estas premisas,
encontramos que la familia está vinculada con las
sociedades y con el momento que le toca vivir, así que
su evolución actual es el fruto de ese proceso de
adaptación a las nuevas realidades según el espacio y
el tiempo en que se le enmarque‖.
―Para los efectos de la propuesta materia de la
presente iniciativa, resulta indispensable definir que
entendemos por ―Alienación Parental‖; el cual es un
término que se utiliza para identificar el
comportamiento que se presenta como un fenómeno,
en parejas en proceso de separación y/o divorcio en
que uno de los progenitores sugestiona a los hijos en
contra del progenitor ausente provocándole
sentimientos negativos, como rechazo o
distanciamiento‖.
―Este comportamiento que sin duda, vulnera la
seguridad y el desarrollo del menor, aun cuando si se
encuentra señalado en el artículo 224 del Código
Familiar, no está definido dentro de nuestra
legislación, pues no se considera aún una figura
similar al SAP, recientemente desarrollado por la
psiquiatría. Es por ello que, además de una necesidad
real y manifiesta, o que se identifica un marco
normativo que permite se legisle en la materia‖.
―Es importante señalar que el rechazo de un
niño hacia su progenitor o la presencia de conflicto
entre los padres en casos de divorcio, no le otorga
categoría de diagnóstico clínico a la Alienación
Parental y por ese motivo no es reconocido como un
síndrome o un trastorno entre las comunidades
académicas médicas y jurídicas. Por ello, resulta
importante señalar que en otras legislaciones se ha
definido como el intento sostenido por parte del
progenitor, generalmente conviviente, de impedir,
obstaculizar o destruir los vínculos de los hijos con el
otro padre, plenamente competente, a partir de la
definición dada por el Dr. Richard Gardner de
Síndrome de Alienación Parental (Parental Alienation
Syndrom, PAS)‖.
―Lo cual ha señalado que ―Es una forma muy
grave de maltrato y de abuso infantil, concretamente
es una forma severa de abuso emocional y participa
también de las características del maltrato por
negligencia sobre los menores‖.
―Es claro que aquellos padres que muestran comportamientos que se encuadran dentro del Síndrome de Alienación Parental están claramente ejerciendo un abuso y maltrato infantil, violentando así los derechos fundamentales de las niñas y los niños consagrados tanto en nuestra legislación federal como en tratados internacionales‖.
―Con la presente iniciativa se busca endurecer la medida, para que el padre alienador pierda la patria potestad de los menores, cuando el daño provocado se determine mediante diagnóstico profesional, como maltrato emocional, a consecuencia de este síndrome‖.
El entonces Diputado Matías Nazario Morales: ―La presente Iniciativa de ley, es del orden
público, de interés social y observancia en todo el territorio del Estado de Morelos, en términos de lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos‖.
―En Morelos se reconoce que el núcleo de una sociedad es la Familia, por lo que es prioritario crear una ambiente de igualdad jurídica entre los cónyuges que deciden separarse del contrato matrimonial que los une o de las parejas que han vivido en concubinato, pero durante dicha relación crearon el máximo lazo nuclear de una sociedad familiar que es su descendencia, es decir, los hijos de ambos‖.
―Sin embargo, durante largo tiempo, los hijos de algunos cónyuges separatistas han sido utilizados como objeto de disputa para generar acciones coercitivo en contra del otro cónyuge o concubino que pierde o no tiene la custodia de los hijos, porque manipula y chantajean a los hijos, de forma tal, que causan en los hijos un proceso de transformación de conciencia, que puede ir desde el miedo y el rechazo, hasta el odio del padre o madre que no tiene la custodia legal de los menores‖.
―Este actuar de los padres hacia los hijos, se conoce como el SAP ―Síndrome de Alienación Parental‖ (Parental AlienationSyndrome, PAS)‖.
―Etimológicamente, alienación proviene del latín ălĭēnātĭo, ōnis: alejamiento, privación, procedente a su vez del adjetivo ălĭēnus: propio de otro, extraño a uno, ajeno‖.
―En términos llanos, hacer ajeno o extraño con respecto a‖.
―El Síndrome de Alienación Parental o SAP es un conjunto de síntomas que se produce en los hijos cuando un progenitor, mediante distintas estrategias, transforma la conciencia de los niños con objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con el otro progenitor, en aras de lograr una venganza afectiva, o económica, o personal en contra del otro progenitor‖.
―Este proceso se reconoce como una dinámica en algunas familias divorciadas o separadas. Habitualmente, este fenómeno está desencadenado por uno de los progenitores respecto al otro, tras un proceso de divorcio o separación. También puede estar provocado por una persona distinta del custodio del menor (la nueva pareja, uno de los abuelos, un tío, etc.)‖. ―Incluso, se han observado casos dentro de parejas que mantienen su vínculo, aunque son menos frecuentes‖.
09 de diciembre de 2015 PERIÓDICO OFICIAL Página 41
―El progenitor alienador desarrolla un mensaje y
un programa en los hijos, que normalmente se denomina "lavado de cerebro". Los hijos que sufren
este síndrome desarrollan un odio patológico e injustificado hacia el progenitor alienado, que tiene
consecuencias devastadoras en el desarrollo físico y psicológico de éstos. Otras veces, sin llegar a sentir
odio, el SAP provoca en los hijos un deterioro de la imagen que tienen del progenitor alienado, resultando
de mucho menos valor sentimental o social que la que cualquier niño tiene y necesita de sus progenitores, es
decir, no se sienten orgullosos de su padre o de su madre como los demás niños‖.
―Hoy, el SAP está considerado como una forma de maltrato infantil por las Cortes Interamericanas de
los Derechos Humanos y en algunas resoluciones por nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, así
como en algunas legislaciones Penales Internacionales como en algunos Estados de la
Nación‖. ―Sin embargo, por los casos de maltrato
(incluyendo casos de abusos) en los que judicialmente se ha alegado SAP para desacreditar el testimonio de
la madre o padre y de sus hijos víctimas de abusos, existe una resistencia por parte de los Jueces
entender que este fenómeno es real y ha provocado mucho daños psicológicos y jurídicos de
consecuencias irreversibles en contra de padres o hijos víctimas. Por esta razón, el diagnóstico
diferencial del Síndrome de Alienación Parental requiere que no exista maltrato previo, psicológico o
físico, a la madre o padre y los hijos, por parte del progenitor alienado‖.
―A partir de la definición dada por el Profesor Psiquíatra, el Dr. Richard Gardner, en el año de 1985,
sobre dicho desorden psicopatológico de los menores, ha determinado algunos indicadores típicos que
permitirían detectar si existen síntomas del Síndrome de Alienación Parental con maltrato‖:
1- ―Insultar o desvalorizar al otro progenitor en presencia del hijo, aludiendo cuestiones de pareja que
no tienen nada que ver con el vínculo parental‖. 2- ―Impedir el derecho de convivencia con sus
hijos al otro progenitor‖. 3- ―Implicar al entorno familiar y a los amigos en
los ataques al ex-cónyuge‖. 4- ―Subestimar o ridiculizar los sentimientos de
los niños hacia el otro progenitor‖. 5- ―Incentivar o premiar la conducta despectiva y
de rechazo hacia el otro progenitor (basta con que los niños vean que esa actitud hace feliz a la madre o al
padre, para ofrecer su dolor y así reconfortar al adulto alienador)‖.
6- ―Influir en los niños con mentiras sobre el otro llegando a asustarlos‖.
―En los niños, el Síndrome de Alienación Parental puede detectarse cuando intentan justificar el
rechazo con explicaciones o razones absurdas e incoherentes. En ocasiones, también pueden usar
diálogos o frases propias de su progenitor alienador, y palabras o comentarios impropios de su edad‖.
―Por lo que los padres que están alienando a
sus hijos están ejerciendo en contra de ellos un abuso
y maltrato Infantil violentando a todas luces los
Derechos Humanos y Fundamentales de sus hijos
consagrados tanto en nuestra legislación federal como
en los tratados internacionales‖.
―En consecuencia, se genera una desigualdad
jurídica entre los Padres y Madres que no tienen la
custodia legal o patria potestad (temporal o
permanente) de sus hijos, dejándolos en total estado
de indefensión, y más aún, se materializa esa
indefensión y parcialidad jurídica cuando a los
menores de edad ya pueden ser preguntados sobre
con que progenitor se quedan, por parte del Órgano
Jurisdiccional De Control Familiar‖.
―Está iniciativa que hoy presentó ante Ustedes,
es para salvaguardar los Derechos Fundamentales de
los niños morelenses que están siendo víctimas de
ese fenómeno, así como de los padres que también
son víctimas del SAP, equilibrando la Balanza de la
Justicia entre los progenitores, y sobre todo
restringiendo el derecho de la custodia y la patria
potestad del padre alienador, siempre y cuando,
quede debidamente demostrado que el Padre está
alienando a los hijos que tiene en custodia legal o
tiene la Patria Potestad de ellos‖.
―Es importante hacer notar a este Pleno, que la
materia familiar no es definitiva, en los temas de
custodia y patria potestad, porque puede haber
circunstancias de hecho y derecho que obliguen
cambiar dichas resoluciones judiciales, y modificar las
mismas, por lo que la medida que hoy se presenta en
contra del padre alienador o madre alienadora es una
medida efectiva en beneficio de los menores en sus
derechos fundamentales de convivencia, de desarrollo
y supervivencia‖.
―Hoy, el Código Familiar para el Estado Libre y
Soberano de Morelos, en su Libro Cuarto, ―De las
relaciones paterno filiales‖; Título Segundo, ―De la
Patria Potestad‖, Capítulo Único ―Efectos relativos a la
persona de los hijos, consigna‖:
―Artículo 224. Procuración del respeto hacia los
progenitores. Quien ejerza la patria potestad, debe
procurar el respeto y el acercamiento constante de los
menores con el otro ascendiente que también ejerza la
patria potestad. En consecuencia, cada uno de los
ascendientes debe evitar cualquier acto de
manipulación y alineación parental encaminada a
producir en la niña o del (sic) niño, rencor o rechazo
hacia el otro progenitor, so pena de suspendérsele en
su ejercicio‖.
―Por otra parte, en el mismo capítulo, el Código
establece las causales de la pérdida de la patria
potestad, pero no considera la alienación parental
como una de ellas, dado que su texto actual
establece‖:
―Artículo 247. Pérdida de la patria potestad. La
patria potestad se pierde por cualquiera de las
siguientes causas‖:
Página 42 PERIÓDICO OFICIAL 09 de diciembre de 2015
I. ―Cuando el que la ejerza es condenado judicialmente a la pérdida de ese derecho, o cuando es condenado dos o más veces por delitos graves‖;
II. ―En los casos de divorcio, teniendo en cuenta lo que dispone el Artículo 439, del Código Procesal Familiar‖;
III. ―Cuando el que la ejerza no cumpla, cualquiera que sea la causa, los deberes inherentes al cargo, comprometiendo la salud, la seguridad o la moralidad de los sujetos a patria potestad, sin perjuicio de las sanciones penales que procedan; y (sic)‖
IV. ―Por la exposición o el abandono que dure treinta días naturales en forma continua, del sujeto a patria potestad, por parte de quien ejerza está conforme a la ley‖;
v. ―Porque se reúnan treinta días naturales de abandono por parte de quien ejerza la patria potestad conforme a la ley, aun cuando sea en periodos discontinuos, siempre que tales periodos queden comprendidos dentro de un lapso de noventa días naturales‖.
―En el caso de ulteriores nupcias de quien ejerza la patria potestad, no confiere al cónyuge nuevo el derecho de su ejercicio respecto de las personas que están sujetas a ella‖.
―La iniciativa que se presenta, tiene como objetos principales‖:
a) ―Reformar el texto del Artículo 224 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, a efecto de actualizar el concepto de alienación parental, definir las conductas alienadoras y prohibirlas‖.
b) ―Incluir la alienación parental entre las causales de pérdida de patria potestad para uno de los progenitores —el alienador—―.
―Con esta iniciativa, como se menciona en los antecedentes, se busca proteger, esencialmente, los derechos de los niños a un ambiente sano, pese a la circunstancia de la separación legal de los progenitores, y mantener el respeto que debe privar entre éstos, como figuras aspiracionales de los hijos procreados en el seno familiar‖.
El entonces Diputado Juan Carlos Rivera Hernández:
―Que con fecha 11 de junio de 2014, se publicó en el Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖ número 5194, el decreto número Mil Cuatrocientos Treinta y Nueve, por el que se reforma el artículo 224, del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, con la finalidad de incorporar la figura jurídica de la ―Alineación Parental‖, en los términos siguientes‖:
―ARTÍCULO 224.- PROCURACIÓN DEL RESPETO HACIA LOS PROGENITORES.
Quien ejerza la patria potestad, debe de procurar el respeto y el acercamiento constante de los menores con el otro ascendiente que también ejerza la patria potestad. En consecuencia, cada uno de los ascendientes debe evitar cualquier acto de manipulación y alienación parental encaminada a producir en la niña o en el niño, rencor o rechazo hacia el otro progenitor, sopena de suspendérsele en su ejercicio.‖
―De lo anterior, se define como alienación parental ―cualquier acto de manipulación de los ascendientes encaminada a producir en la niña o el niño, rencor o rechazo hacía el otro progenitor.‖ Hasta aquí es todo lo que dice nuestro Código Familiar en relación con el tema de la Alienación Parental y la justificación de la presente iniciativa que hoy presento ante esta Asamblea popular‖.
―Este síndrome es caracterizado por el conjunto de síntomas que resultan del proceso por el cual un progenitor transforma la conciencia de su hijo mediante estrategias distintas, con la finalidad de impedir u obstaculizar sus vínculos con el otro progenitor‖.
―Ante esta situación el síndrome de la alienación parental puede ser visto como un problema familiar, sin embargo al formar parte de un proceso destructivo éste también tiene repercusiones en el ámbito social‖.
―Éste desde mi punto de vista afecta directamente a niñas, niños y adolescentes, por ello la necesidad de que temas como la protección integral, la autonomía progresiva de los derechos de la infancia y el interés superior como derechos humanos, tienen que ser de interés y atención prioritarios, tratados con una mayor profundidad, y desde luego materializados desde el punto de vista legislativos en una norma como es el presente caso que nos ocupa‖.
―Así, una de las finalidades de la presente reforma y adición, es prevenir violaciones a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes que puedan ver afectado su normal desarrollo; pues debemos entender que las afectaciones que se causen a la niñez, pueden ser de difícil, si no es que de imposible reparación‖.
―En tal sentido, se propone que en caso de controversia entre los padres y siempre que haya de por medio menores de edad, la obligación por parte de éstos es evitar cualquier tipo de conducta que tenga como objetivo la alienación parental; lo anterior es con la finalidad de establecer disposiciones preventivas que a su vez sean disuasivas de este tipo de conductas que son lesivas para la niñez‖.
―Así mismo, se propone que el Juez de lo Familiar de oficio dicte todas aquellas medidas terapéuticas en el caso de presentarse el síndrome de alienación parental, e incluso de dictar medidas de apremio hacía los progenitores para que cumplan con dichas medidas. También podrá éste decretar la suspensión de la custodia o convivencia previamente establecidas‖.
―Por último, se prevé el cambio de custodia de los menores por parte del Juez de lo familiar, previo el procedimiento correspondiente, cuando alguno de los ascendientes que tenga ésta con el carácter de provisional o definitiva se encuentre en el supuesto de actos que propicien la alienación parental‖.
―Es importante mencionar que el síndrome de la alienación parental, es muy poco conocido en todo el mundo y México no es la excepción; sin embargo, se trata de un fenómeno cada vez más frecuente en la actualidad, pues acontece en muchas separaciones o divorcios; además de la falta de atención y reconocimiento de las distintas autoridades, incluso de terapeutas y sicólogos que atienden directamente los casos de divorcios‖.
―Entidades federativas como Aguascalientes, Michoacán, Yucatán, el Distrito Federal y desde luego Morelos, han incorporado en sus distintas legislaciones la figura jurídica de la alienación parental. Atendiendo el criterio del interés superior del menor, que se traduce como el conjunto de acciones y procesos que buscan como objetivo final el desarrollo integral de la infancia y su derecho a una vida digna y para lograrlo se tendrán que crear las condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente, garantizándoles el máximo bienestar posible‖.
IV.- VALORACIÓN DE LAS INICIATIVAS. Con el propósito de dilucidar de mejor manera los
alcances de las reformas propuestas, resulta necesario insertar el siguiente cuadro comparativo:
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CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
TEXTO ACTUAL DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS
AGUILAR
DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA
DIP. MATÍAS NAZARIO MORALES
DIP. JUAN CARLOS RIVERA
HERNÁNDEZ
ARTÍCULO 221.- CONTROVERSIA ENTRE LOS OBLIGADOS. En el caso de controversia entre los obligados, se deberán poner a los hijos al cuidado de la persona que de común acuerdo hubieren designado los que ejercen la patria potestad, debiendo ser uno de estos y pudiéndose compartir la custodia. En defecto de ese acuerdo; el juez de lo familiar resolverá lo conducente, debiendo tomar siempre en cuenta la opinión del menor.
ARTÍCULO 221... Teniendo en todo momento ambos progenitores, la obligación de evitar cualquier conducta de alienación parental hacia sus hijos.
ARTÍCULO *224.- PROCURACIÓN DEL RESPETO HACIA LOS PROGENITORES. Quien ejerza la patria potestad, debe de procurar el respeto y el acercamiento constante de los menores con el otro ascendiente que también ejerza la patria potestad. En consecuencia, cada uno de los ascendientes debe evitar cualquier acto de manipulación y alienación parental encaminada a producir en la niña o en el niño, rencor o rechazo hacia el otro progenitor, sopena de suspendérsele en su ejercicio.
ARTÍCULO 224.- … La alienación parental: Es la manipulación o inducción de uno de los progenitores hacia un menor, con el fin de provocar percepciones o sentimientos contrarios al buen desarrollo de la convivencia que padre o madre por esencia tienen respecto de aquellos y que detona en odio, antipatía, rencor o resentimiento hacia la madre o padre. El síndrome de alienación parental: Es considerado como un desorden psicopatológico en el cual un niño, de forma permanente, denigra e insulta sin justificación alguna a uno de sus
ARTÍCULO *224.- OBLIGACIÓN DE RESPETO HACIA LOS PROGENITORES. … Se entenderá por ―Alienación Parental‖; la conducta de uno de los progenitores, tendiente a sugestionar o influir negativamente a los hijos, en contra del otro, provocándole a estos, sentimientos negativos, como rechazo o distanciamiento hacia él; serán consideradas como atentados en contra del vínculo de los hijos, con el progenitor ausente, las siguientes conductas manipuladoras siguientes:
Artículo 224.- La alienación parental queda prohibida entre los progenitores, y es obligación la procuración del respeto entre ambos, para el beneficio del desarrollo de los hijos. La alienación parental es la conducta de un progenitor, mediante distintas estrategias, que transforma la conciencia de los niños con objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con el otro progenitor, en aras de lograr una venganza afectiva o económica o personal en contra del otro progenitor cuando un progenitor, mediante distintas estrategias, transforma la
ARTÍCULO 224.- PROCURACIÓN DEL RESPETO HACIA LOS PROGENITORES. Quien ejerza la patria potestad, debe de procurar el respeto y el acercamiento constante de los menores con el otro ascendiente que también ejerza la patria potestad. En consecuencia, cada uno de los ascendientes debe evitar cualquier acto de manipulación y alienación parental encaminada a producir en la niña o en el niño, rencor o rechazo hacia el otro progenitor. En cualquier momento en que se presentare alienación parental por parte de alguno de los progenitores hacia
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progenitores, generalmente, pero no exclusivamente, el padre.
conciencia de los niños con objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con el otro progenitor, en aras de lograr una venganza afectiva, o económica, o personal en contra del otro progenitor. Serán consideradas como atentados en contra del vínculo de los hijos y conductas alienadoras las siguientes: I.- Insultar o desvalorizar al otro progenitor en presencia del hijo, aludiendo cuestiones de pareja que no tienen nada que ver con el vínculo parental o en ausencia del mismo.
los hijos, el Juez de lo Familiar, de oficio ordenará las medidas terapéuticas necesarias para los menores hijos, con la finalidad de restablecer la sana convivencia con ambos progenitores. Para estos efectos, ambos progenitores tendrán la obligación de colaborar en el cumplimiento de las medidas que sean determinadas, pudiendo el juez hacer uso de las medidas de apremio que establezca el presente Código, con la facultad en caso de ser necesario, de decretar la suspensión de la custodia o convivencia previamente establecidas.
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I. Impedir que el otro progenitor ejerza el derecho de convivencia con sus hijos;
II. Desvalorizar e insultar al otro progenitor en presencia de los niños y en ausencia del mismo;
III. Ridiculizar los sentimientos de afecto de los niños hacia el otro progenitor;
IV. Provocar, promover o premiar las conductas despectivas y de rechazo hacia el otro progenitor;
V. Influenciar con mentiras o calumnias respecto de la figura del progenitor ausente, insinuando o afirmando al o los menores abiertamente, que pretende dañarlos o, incluso, matarlos;
VI. Presentar falsas alegaciones de abuso (físico y/o sexual) en los tribunales para separar a los niños del otro progenitor;
II.- Impedir el derecho de convivencia con sus hijos al otro progenitor. III.- Implicar al entorno familiar y a los amigos en los ataques al otro progenitor. IV.- Incentivar o premiar la conducta despectiva y de rechazo hacia el otro progenitor V.- Mentir a los menores respecto del otro progenitor, mediante la amenaza de supuestos daños físicos o acciones que violenten su seguridad física o psicológica, dañen su entorno social o refieran cambios en la forma en que se ejerce la custodia o la patria potestad. VI.- Subestimar o ridiculizar los sentimientos de los niños hacia el otro progenitor. VII.- Prohibir a los menores que tengan comunicación, por cualquier vía o modo, con el otro progenitor.
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VII. Intentar e incluso cambiar, sin causa justificada los apellidos de los hijos para que pierdan el del progenitor alienado;
VIII. Cambiar de domicilio, con el único fin de impedir, obstruir, e incluso destruir la relación del progenitor ausente con sus hijos.
VIII.- Permitir a los menores su convivencia con el otro progenitor a cambio de una compensación económica. IX.- Obligar a los menores que le cobren las pensiones alimenticias al otro progenitor o les obliguen a recompensas materiales por mantener la convivencia o el acercamiento debido entre familiares.
ARTÍCULO *225.- CAMBIO DE CUSTODIA. El juez de lo familiar podrá decretar el cambio de custodia de los menores previo el procedimiento respectivo, cuando quien tenga decretada judicialmente la custodia provisional o definitiva sobre ellos, realice conductas reiteradas para evitar la convivencia de los menores con la persona o personas que tengan parentesco consanguíneo en línea recta ascendente.
ARTÍCULO 225.- CAMBIO DE CUSTODIA. El juez de lo familiar podrá decretar el cambio de custodia de los menores previo el procedimiento respectivo, cuando quien tenga decretada judicialmente la custodia provisional o definitiva sobre ellos, se encuentre en los siguientes supuestos: I. Realice conductas reiteradas para evitar la convivencia de los menores con la persona o personas que tengan parentesco consanguíneo en línea recta ascendente, o
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II. Manipule o ejerza actos que propicien la alienación parental sobre los hijos o hijas menores de edad.
ARTÍCULO *247.- PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD. La patria potestad se pierde por cualquiera de las siguientes causas: I.- …; II.- …; III.- …; y IV.- Por la exposición o el abandono que dure treinta días naturales en forma continua, del sujeto a patria potestad, por parte de quien ejerza ésta conforme a la Ley; V. Porque se reúnan treinta días naturales de abandono por parte de quien ejerza la patria potestad conforme a la Ley, aún cuando sea en períodos discontinuos, siempre que tales periodos queden comprendidos dentro de un lapso de noventa días naturales. …
ARTÍCULO *247.- … I. ... II. … III. … IV. Cuando se ejerzan conductas consideradas como Alienación Parental, a que se refiere el artículo 224 de este ordenamiento legal; y que se determinen mediante dictamen psicológico realizado por perito en la materia. V.- Por la exposición o el abandono que dure treinta días naturales en forma continua, del sujeto a patria potestad, por parte de quien ejerza ésta conforme a la Ley;
Artículo 247.- Pérdida de la patria potestad. La patria potestad se pierde por cualquiera de las siguientes causas: I.- ... IV.-... V.- Al progenitor que ejerza cualquiera de las conductas de alienación parental que describe el artículo 224 de este Código Familiar.
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VI. Porque se reúnan treinta días naturales de abandono por parte de quien ejerza la patria potestad conforme a la Ley, aun cuando sea en períodos discontinuos, siempre que tales periodos queden comprendidos dentro de un lapso de noventa días naturales. …
De conformidad con las atribuciones conferidas
a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación y en apego a la fracción II, del artículo 104, del Reglamento para Congreso del Estado de Morelos, se procede a analizar en lo general la iniciativa para determinar su procedencia o improcedencia.
La única mención sobre Alienación Parental en el Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, se contiene en el artículo 224 en los siguientes términos:
―ARTÍCULO 224.- PROCURACIÓN DEL RESPETO HACIA LOS PROGENITORES.
Quien ejerza la patria potestad, debe de procurar el respeto y el acercamiento constante de los menores con el otro ascendiente que también ejerza la patria potestad. En consecuencia, cada uno de los ascendientes debe evitar cualquier acto de manipulación y alienación parental encaminada a producir en la niña o en el niño, rencor o rechazo hacia el otro progenitor, sopena de suspendérsele en su ejercicio.‖
El concepto sobre dicha conducta, resulta confuso para el órgano jurisdiccional en materia familiar y aún para los justiciables, incluso se hace referencia al mismo como un acto más de manipulación, por lo que resulta necesario establecer un concepto claro sobre el Síndrome de Alienación Parental, coincidiendo esta Comisión Dictaminadora con la propuesta de los iniciadores.
Así pues, tomando en cuenta las propuestas de los entonces Diputados Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Matías Nazario Morales y Carlos de la Rosa Segura, esta Comisión Dictaminadora considera que la propuesta del último de los mencionados, con algunas modificaciones, integra todas las hipótesis sobre lo que implica conductas que tienen por objeto la Alienación Parental.
La segunda parte de las iniciativas de los Diputados Matías Nazario Morales y Carlos de la Rosa Segura, se refiere a establecer como sanción la pérdida o suspensión del ejercicio de la Patria Potestad de los menores hijos, en caso de que se realice cualquier acto de alienación parental en contra de alguno de sus progenitores.
Al respecto, la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 4º
lo siguiente: ―El varón y la mujer son iguales ante la
ley. Esta protegerá la organización y desarrollo de la
familia…Los niños y las niñas tienen derecho a la
satisfacción de sus necesidades de alimentación,
salud, educación y sano esparcimiento para su
desarrollo integral…Los ascendientes, tutores y
custodios tienen la obligación de preservar y exigir el
cumplimiento de estos derechos y principios.‖, es aquí
donde se reconoce implícitamente la patria potestad,
al sujetar a los ascendientes al cumplimiento de los
derechos de las niñas, niños y adolescentes a su
cargo.
Habría que establecer un concepto de Patria
Potestad, al respecto, el Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de
México la define de la siguiente forma:
―…consiste en la regulación jurídica que se hace
de los deberes y derechos que se reconocen a los
padres en la legislación civil y/o familiar sobre los hijos
y sus bienes. Implica el reconocimiento de los mismos
con el fin de proveer a la protección y desarrollo
integral de los hijos menores.1‖
Los artículos 220 y 250 del Código Familiar
vigente en el Estado definen a la Patria Potestad
como:
―El derecho irrenunciable del padre o la madre
sobre la persona y los bienes del menor no
emancipado o del mayor incapacitado, que tiene como
propósito su protección integral en los aspectos físico,
moral y social, e implica el deber de su guarda y
educación.‖
Respecto a la propuesta de suspender o perder
la patria potestad, en caso de acreditarse alienación
parental, el párrafo tercero del artículo 223 del Código
Familiar menciona que:
1http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3270/14.pdf
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―La recuperación de la patria potestad
procederá únicamente en aquellos casos que por
cuestiones alimentarias se haya perdido, siempre y
cuando acredite que se ha cumplido con dicha
obligación.‖, es decir, si se agrega la causal propuesta
por los iniciadores, el padre o la madre que hubiere
perdido o le hubieren suspendido en el ejercicio de la
patria potestad de sus hijos, no la podría recuperar
incluso, en el caso de que el otro ascendiente
falleciera, sanción que para esta Dictaminadora
resultaría en un perjuicio aún mayor para los menores.
Al respecto, la fracción I del artículo 1 de la Ley
General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes,
establece como una obligación de las autoridades lo
siguiente:
―Reconocer a niñas, niños y adolescentes como
titulares de derechos, de conformidad con los
principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad; en los términos que
establece el artículo 1o. De la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos;‖
A su vez, el segundo párrafo de la fracción III
del artículo 2 de dicho ordenamiento dispone lo
siguiente:
―El interés superior de la niñez deberá ser
considerado de manera primordial en la toma de
decisiones sobre una cuestión debatida que involucre
niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten
diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga
de manera más efectiva este principio rector.‖
Así pues, ambos artículos concatenados entre
sí, imponen como principio rector para las autoridades
(incluyendo al Congreso del Estado), el interés
superior de la niñez, por lo que esta Comisión
Dictaminadora, determina que eso significa restablecer
las relaciones familiares del menor con ambos padres,
por encima de los derechos que se pudieran
considerar vulnerados de los mismos.
Por lo tanto, esta Dictaminadora considera
excesiva y de imposible reparación la sanción de
suspensión o pérdida de la patria potestad propuesta
por los iniciadores, para el caso de que el padre o la
madre que ejercen la custodia de un menor, ejerzan
sobre él alienación parental en contra del ascendiente
que convive menos tiempo con el mismo, ya que en
caso de aprobarse las propuestas, el principal
perjudicado sería el niño o niña en su caso, por lo que
se desestima esa parte de las mismas.
Con respecto a la propuesta del entonces
Diputado Juan Carlos Rivera Hernández, en relación a
facultar al Juez para que, en el caso de que se
presente alguna conducta que implique que el menor
se encuentre afectado de Alienación Parental en
contra de alguno de sus progenitores, ordene las
medidas que considere necesarias para reestablecer
la sana convivencia de las niñas, niños o adolescentes
con sus padres, esta Comisión Dictaminadora la
considera procedente, con algunas modificaciones.
Por último, respecto de la propuesta del
entonces Diputado Juan Carlos Rivera Hernández, en
relación a establecer, como sanción para el cónyuge
que provoque Alienación Parental en las niñas, niños o
adolescentes, en contra del otro ascendiente, el
cambio de custodia, esta Comisión Dictaminadora
determina su improcedencia, en virtud de que,
precisamente al presentarse esas conductas, existe un
rechazo del menor al progenitor que no tiene la
custodia y, por lo tanto, obligar al niño a vivir con él o
ella, podría ocasionarle un daño aún mayor.
V.- MODIFICACIÓN DE LAS INICIATIVAS
Los que integramos esta Comisión Dictaminadora,
consideramos procedente la modificación de dichas
propuestas, de acuerdo a lo siguiente:
Respecto de las conductas que se consideran
provocan alienación parental, se suprime la de
―Intentar e incluso cambiar, sin causa justificada los
apellidos de los hijos para que pierdan el del
progenitor alineado (sic);‖, en virtud de resultar
imposible realizar dicho procedimiento, de acuerdo a
la normativa familiar vigente en nuestro Estado.
Así también, tomando en cuenta que la
Alienación Parental puede ser ocasionada, además de
los progenitores por algún otro miembro de la familia o
incluso personas que no sean familiares y que sin
embargo convivan con el menor, esta Comisión
Dictaminadora determina incluir a cualquiera otra que
tenga contacto con el niño.
Además, tomando en cuenta que en el artículo
60, del Código Procesal Familiar para el Estado Libre
y Soberano de Morelos, que se refiere a las facultades
del Juez de lo Familiar, no se encuentra establecida la
facultad de establecer las medidas para reestablecer
la convivencia familiar en caso de haberse presentado
Alienación Parental, esta Comisión Dictaminadora
determina incluir dicha atribución, con el propósito de
no generar un vacío legal en dicho ordenamiento.
Facultad de modificación concerniente a las
Comisiones, contenida en la fracción III, del artículo
106, del Reglamento para el Congreso del Estado de
Morelos, no obstante de esto, la argumentación
aludida descansa y tiene sustento en el siguiente
criterio emitido por el Poder Judicial de la Federación:
Tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
tomo XXXIII-abril de 2011, página 228, mismo que es
del rubro y textos siguientes:
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PROCESO LEGISLATIVO. LAS CÁMARAS QUE INTEGRAN EL CONGRESO DE LA UNIÓN TIENEN LA FACULTAD PLENA DE APROBAR, RECHAZAR, MODIFICAR O ADICIONAR EL PROYECTO DE LEY O DECRETO, INDEPENDIENTEMENTE DEL SENTIDO EN EL QUE SE HUBIERE PRESENTADO ORIGINALMENTE LA INICIATIVA CORRESPONDIENTE. La iniciativa de ley o decreto, como causa que pone en marcha el mecanismo de creación de la norma general para satisfacer las necesidades que requieran regulación, fija el debate parlamentario en la propuesta contenida en la misma, sin que ello impida abordar otros temas que, en razón de su íntima vinculación con el proyecto, deban regularse para ajustarlos a la nueva normatividad. Así, por virtud de la potestad legislativa de los asambleístas para modificar y adicionar el proyecto de ley o decreto contenido en la iniciativa, pueden modificar la propuesta dándole un enfoque diverso al tema parlamentario de que se trate, ya que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no prohíbe al Congreso de la Unión cambiar las razones o motivos que lo originaron, sino antes bien, lo permite. En ese sentido, las facultades previstas en los artículos 71 y 72 de la Constitución General de la República, específicamente la de presentar iniciativas de ley, no implica que por cada modificación legislativa que se busque establecer deba existir un proyecto de ley, lo cual permite a los órganos participantes en el proceso legislativo modificar una propuesta determinada. Por tanto, las Cámaras que integran el Congreso de la Unión tienen la facultad plena para realizar los actos que caracterizan su función principal, esto es, aprobar, rechazar, modificar o adicionar el proyecto de ley, independientemente del sentido en el que hubiese sido propuesta la iniciativa correspondiente, ya que basta que ésta se presente en términos de dicho artículo 71 para que se abra la discusión sobre la posibilidad de modificar, reformar o adicionar determinados textos legales, lo cual no vincula al Congreso de la Unión para limitar su debate a la materia como originalmente fue propuesta, o específica y únicamente para determinadas disposiciones que incluía, y poder realizar nuevas modificaciones al proyecto.
Por lo anterior y con fundamento en las atribuciones conferidas en los artículos 53, 55, 60 fracciones III y VI, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 54, fracción I, 61 y 104, fracción III, del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación de la LIII Legislatura dictamina parcialmente en SENTIDO POSITIVO las Iniciativas con Proyecto de Decreto que adiciona los párrafos segundo y tercero y las fracciones de la I a la VII al artículo 224, del Código Familiar y una fracción XI, al Código Procesal Familiar ambos para el Estado Libre y Soberano de Morelos adiciona, toda vez que del estudio y análisis de las iniciativas citadas se encontraron procedentes, por las razones expuestas en la parte valorativa del presente.
Por lo anteriormente expuesto, esta LIII
Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO SESENTA Y TRES
POR EL QUE SE ADICIONAN LOS
PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO Y LAS
FRACCIONES DE LA I A LA VII AL ARTÍCULO 224
AL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE MORELOS Y; SE REFORMAN LAS
FRACCIONES IX Y X Y SE ADICIONA UNA
FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 60 DEL CÓDIGO
PROCESAL FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE MORELOS.
ARTÍCULO PRIMERO.- Se adicionan los
párrafos segundo y tercero y las fracciones de la I a la
VII al artículo 224 del Código Familiar para el Estado
Libre y Soberano de Morelos; para quedar como
sigue:
ARTÍCULO 224.- OBLIGACIÓN DE RESPETO
HACIA LOS PROGENITORES.
…
Se entenderá por ―Síndrome de Alienación
Parental‖; la conducta de uno de los progenitores o
integrantes del entorno familiar, tendiente a
sugestionar o influir negativamente a los hijos, en
contra del otro, provocándole a estos, sentimientos
negativos, como rechazo o distanciamiento hacia él;
serán consideradas como atentados en contra del
vínculo de los hijos, con el progenitor ausente, las
siguientes conductas:
I. Impedir que el otro progenitor ejerza el
derecho de convivencia con sus hijos;
II. Desvalorizar e insultar al otro progenitor en
presencia de los niños y en ausencia del mismo;
III. Ridiculizar los sentimientos de afecto de los
niños hacia el otro progenitor;
IV. Provocar, promover o premiar las
conductas despectivas y de rechazo hacia el otro
progenitor;
V. Influenciar con mentiras o calumnias
respecto de la figura del progenitor ausente,
insinuando o afirmando al o los menores abiertamente,
que pretende dañarlos;
VI. Presentar falsas alegaciones de abuso en
los juzgados para separar a los niños del otro
progenitor y;
VII. Cambiar de domicilio, con el único fin de
impedir, obstruir, e incluso destruir la relación del
progenitor ausente con sus hijos.
En cualquier momento en que se presentare el
Síndrome de Alienación Parental por parte de alguno
de los progenitores hacia los hijos, el Juez de lo
Familiar, de oficio ordenará las medidas terapéuticas
necesarias para los menores hijos, con la finalidad de
restablecer la sana convivencia con ambos
progenitores. Para estos efectos, ambos progenitores
tendrán la obligación de colaborar en el cumplimiento
de las medidas que sean determinadas, pudiendo el
juez hacer uso de las medidas de apremio que
establezca el presente Código para su cumplimiento.
09 de diciembre de 2015 PERIÓDICO OFICIAL Página 51
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman las
fracciones IX y X y se adiciona una fracción XI al
artículo 60 del Código Procesal Familiar para el
Estado Libre y Soberano de Morelos; para quedar
como sigue:
ARTÍCULO 60.- ATRIBUCIONES DE LOS
JUZGADORES. Sin perjuicio de las potestades
especiales que les concede la Ley, los Magistrados y
los Jueces tienen los siguientes deberes y facultades:
I. a la VIII. …
IX. Actuar de manera que cada Órgano
Jurisdiccional sea independiente en el ejercicio propio
de sus funciones y pueda juzgar con absoluta
imparcialidad en relación a las partes;
X. Obligar a todo sujeto de derecho público o
privado a que acate las decisiones judiciales; y, que
además, presten la asistencia debida para alcanzar la
efectividad de sus mandatos judiciales; y,
XI. En cualquier momento en que se presentare
el Síndrome de Alienación Parental, ordenar las
medidas terapéuticas necesarias para los menores
hijos, con la finalidad de restablecer la sana
convivencia con ambos progenitores.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto, entrará en
vigor a partir del día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖, Órgano de
difusión del Gobierno del Estado de Morelos.
SEGUNDO-. Una vez publicada la presente
reforma en el Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖,
infórmese a la Honorable Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión, que se ha dado debido
cumplimiento al exhorto descrito en el proemio del
presente Dictamen.
Recinto Legislativo, a los seis días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip.
Francisco A. Moreno Merino. Presidente. Dip. Silvia
Irra Marín. Secretaria. Dip. Efraín Esaú Mondragón
Corrales. Secretario. Rúbricas.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y
se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo,
Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital
del Estado de Morelos, a los treinta días del mes de
noviembre de dos mil quince.
―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN‖
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU
SECRETARIO DE GOBIERNO
M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA
RÚBRICAS.
Al margen izquierdo un Escudo del Estado de
Morelos que dice: ―Tierra y Libertad‖.- La tierra volverá
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder
Legislativo. LIII. 2015-2018.
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED:
Que el H. Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL
ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS,
Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:
CONSIDERANDOS:
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO
Que en sesión celebrada el día veintinueve de
abril de dos mil quince, el Diputado Jordi Messeguer
Gally, presentó al Pleno del Congreso la INICIATIVA
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES
A LA LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE
MORELOS.
Dicha Iniciativa fue turnada a esta Comisión
para su análisis y dictamen correspondiente, ésta
Comisión se dio a la tarea de revisar, estudiar y
analizar, con el fin de dictaminar de acuerdo a las
facultades que nos otorga la Ley Orgánica del
Congreso.
II.- MATERIA DE LA INICIATIVA
La Iniciativa presentada ante la Asamblea por el
Diputado Jordi Messeguer Gally, tiene como finalidad
coadyuvar en el fortalecimiento del turismo rural para
impulsar la economía de las comunidades mostrando
las riquezas culturales y gastronómicas de nuestro
Estado.
III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA
Así lo expone el iniciador:
Los lugares turísticos de México al igual que su
economía son muy importantes mantenerlos en buen
estado y seguir obteniendo los distintos beneficios que
otorgan esos lugares, ya que estos influyen en la
economía del país, ésta es una forma en la que
nuestro país puede sostenerse económicamente. El
turismo se encuentra como una de las actividades
económicas importantes para el país.
No existe la menor duda de que en la actualidad
las tecnologías han evolucionado en forma
considerable, los sistemas políticos del mundo entero
pasan por profundas reestructuraciones y las
economías tienden a buscar nuevas vías o
propuestas, tanto en la expansión de la participación
en el sistema mundial, como en la determinación de
pautas de reorganización de la producción para el
mercado interno.
Página 52 PERIÓDICO OFICIAL 09 de diciembre de 2015
El turismo en el Estado de Morelos, es cada vez
más visto como un sector de actividades con grandes
virtudes para el desarrollo económico y de servicios;
tanto por su capacidad de impulsar una mayor relación
con el resto del mundo, como por su potencial en la
generación de divisas, la creación de empleos, y por
sus aportaciones potenciales para las regiones
rezagadas.
Es un turismo promovido por la propia
ciudadanía morelense que, sin abandonar sus
actividades tradicionales, encuentra en este rubro una
forma más de diversificar y complementar su
economía. Esta iniciativa constituye ya una propuesta
turística alternativa para visitar nuestra entidad.
La gestión directa del turismo por las propias
comunidades asegurará dos elementos sustanciales
para consolidar un desarrollo sostenido en el sector:
por un lado éstas se beneficiarían de los recursos
económicos generados por la actividad turística,
permitiendo así tener un complemento a su actividad
económica tradicional, la agricultura; y por otro lado
esta gestión directa también asegurará una mayor
protección ambiental de la Reserva Natural con todo lo
que ello significa.
En el caso mexicano la planeación de esta
actividad inició desde mediados de los 70´s
construyéndose los primeros hoteles ejidales, como el
de Bucerías en el Estado de Nayarit, además, se
generaron fideicomisos para poder integrar tierras
ejidales y comunales al turismo, donde los ejidatarios
tenían un papel importante en la toma de decisiones y
manejo de estos complejos turísticos.
De este modo, se persigue romper la
dependencia económica que existe en relación a las
actividades agropecuarias tradicionales
(mayoritariamente agrícolas), las cuales no consiguen
por diferentes razones (sequía, inexistencia de
sistemas de riego, escasa y rudimentaria maquinaria,
dificultades para comercializar, etc.) crear riqueza por
sí mismas en la zona, sino en el mejor de los casos
lograr la subsistencia de sus pobladores.
En este sentido también se busca la
incorporación de campesinos con recursos
económicos modestos, pero con potencial turístico que
corresponde al caso de los ejidos y comunidades
rurales de Morelos. Específicamente se busca
desarrollar el potencial turístico de los pueblos
indígenas.
El turismo rural en el Estado de Morelos,
pronostica un futuro próspero ya que las
características propias del Estado como la diversidad
biológica, variedad de ecosistemas, flora y fauna
endémica, son parteaguas para sentar las bases de
este nuevo proyecto de desarrollo turístico.
El Turismo Rural es en la actualidad el
segmento de Turismo Alternativo más requerido por
los viajeros que están en busca de grandes
experiencias de viajes como lo es: conocer las
tradiciones y costumbres de una región a visitar, por lo
tanto las zonas rurales del destino elegido son el lugar
ideal para la práctica de esta modalidad de turismo.
Las diversas acciones que se desarrollan dentro del
Turismo Rural, han logrado fortalecer la economía de
pueblos y villas en los diferentes países donde ésta
práctica se lleva a cabo, tal es el caso de España y
Rumania, que desde hace algunos años, las
autoridades de Turismo de esos países crearon rutas
y paseos hacia los pueblos rurales a través de
antiguos caminos reales que yacían casi en el
abandono, pues la mayoría de sus habitantes habían
emigrado a otros lugares en busca de una mejor forma
de vida.
La ventaja del turismo rural es que tanto los
paseantes nacionales como los extranjeros pueden
conocer de manera directa el campo, las actividades
principales y mezclarlo con una hostelería agradable,
vistas hermosas y una gastronomía atractiva.
Además de poseer un clima extraordinario y de
los más agradables del país, Morelos también posee
una riqueza cultural y turística bien conocida.
ACTIVIDADES
Las actividades que se pueden realizar
principalmente son:
Talleres artesanales: la experiencia se basa en
participar y aprender la elaboración de diferentes
artesanías en los escenarios y procedimientos
autóctonos. Existen talleres de: alfarería, madera, piel,
vidrio, barro, papel, juguetes, fibras vegetales, etc.
Etno-turismo: viajes que se relacionan con los
pueblos indígenas y su hábitat, con el fin de aprender
de su cultura y tradiciones.
Vivencias místicas: ofrece la oportunidad de
vivir la experiencia de conocer y participar en la
riqueza de las creencias, leyendas y rituales divinos de
un pueblo, heredados por sus antepasados.
Fotografía rural: esta actividad es de gran
interés para aquellos viajeros que gustan capturar en
imágenes las diferentes manifestaciones culturales y
paisajes del ambiente rural.
Talleres gastronómicos: tienen la motivación de
aprender, preparar y degustar la variedad
gastronómica que ofrecen los anfitriones de los
lugares visitados.
Preparación y uso de medicina tradicional: el
conocer y participar en el rescate de una de las más
ricas y antiguas manifestaciones de la cultura popular
mexicana, que es la preparación y uso de medicina
tradicional.
Eco-arqueología: estos viajes a zonas
arqueológicas implican interés de los turistas por
conocer las relaciones entre el hombre y su medio
ambiente en épocas antiguas, así como su
importancia actual como forma de identidad cultural y
conservación ambiental.
09 de diciembre de 2015 PERIÓDICO OFICIAL Página 53
IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA
La identidad de los pueblos es el factor clave
para el éxito del turismo rural, a su vez, este puede
consolidar la identidad nacional a través del desarrollo
del ecoturismo, por ello es importante su integración
dentro de las políticas públicas en los tres niveles de
gobierno para generar las acciones que fortalezcan
este sector del turismo.
Sin duda, el turismo rural genera un sinfín de
beneficios para el desarrollo social y económico de las
comunidades y el Estado en general, dentro de los
cuales podemos destacar los siguientes:
Procura vivencias y experiencias que
enriquecen el desarrollo de la personalidad. Tanto los
turistas nacionales como los extranjeros pueden
conocer de manera directa el campo, las actividades
principales que en el lugar se realizan y mezclarlo con
una estancia agradable, cómoda, tranquila, con vistas
increíblemente hermosas y una gastronomía
realmente excepcional.
Todo esto definitivamente ayuda a que el turista
se libere del estrés y recupere su equilibrio físico y
psicológico.
Hace conciencia en los turistas sobre la
realidad de las comunidades anfitrionas mediante la
convivencia auténtica y espontánea con sus
pobladores.
Genera una derrama económica que llega de
manera más íntegra a los prestadores de servicio de la
localidad y a sus anfitriones.
Este desarrollo turístico ayuda al
reflorecimiento de las tradiciones en las zonas rurales
con lo que se refuerza su sentido de pertenencia e
incrementa la autoestima de sus habitantes dándole
sentido al patrimonio conservado.
Ayuda a la recuperación y el mantenimiento
de las manifestaciones arquitectónicas y culturales de
la región, así como la protección de los entornos
naturales.
Impulsa el desarrollo regional y comunitario,
sobre todo en aquellas zonas que no tienen otra
posibilidad de generar ingresos.
Brinda protagonismo a la mujer y los jóvenes
en la empresa agropecuaria-turística
Mejora la comercialización de la producción
primaria y le agrega valor
Amplía la oferta turística.
Derivado de la importancia y el impacto positivo
en el Estado que genera el desarrollo del turismo rural
consideramos que la propuesta del Iniciador respecto
del contenido de la fracción XVII debe plasmarse en la
fracción número II, recorriéndose las fracciones
subsecuentes.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, la y
los Diputados integrantes de la Comisión de Turismo
de este H. Congreso del Estado de Morelos, de
conformidad con los preceptos de derechos invocados
en el proemio del presente, consideramos procedente
y se dictamine en SENTIDO POSITIVO la Iniciativa de
reforma a la Ley de Turismo del Estado de Morelos, y
sometemos a su consideración el siguiente:
DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES A LA LEY DE TURISMO DEL
ESTADO DE MORELOS.
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una fracción
para ser la XX, recorriéndose las fracciones
subsecuentes del artículo 3; se adiciona una fracción
al artículo 41 para ser la II, recorriéndose las
fracciones subsecuentes; ambos de la LEY DE
TURISMO DEL ESTADO DE MORELOS para quedar
como sigue:
Artículo *3.- Esta Ley tiene por objeto establecer
las bases para:
…
XX.- Promover la colaboración entre la
Administración Pública Federal, Estatal, Municipal y el
sector privado para impulsar el Turismo Rural y las
actividades de apoyo para su desarrollo en la entidad.
…
Artículo *41.- Son atribuciones de los
Ayuntamientos en materia turística:
…
II.- Desarrollar e incorporar dentro de sus planes
anuales operativos, programas específicos que
garanticen el desarrollo de actividades en el turismo
rural.
…
Derivado de la importancia y el impacto positivo
en el Estado que genera el desarrollo del turismo rural,
consideramos que la propuesta del iniciador respecto
del contenido de la fracción XVII debe plasmarse en la
fracción número II, recorriéndose las fracciones
subsecuentes.
Por lo anteriormente expuesto, esta LIII
Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO SESENTA Y CUATRO
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE TURISMO
DEL ESTADO DE MORELOS
ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona una fracción
para ser la XX, recorriéndose las fracciones
subsecuentes del artículo 3; se adiciona una fracción
al artículo 41 para ser la II, recorriéndose las
fracciones subsecuentes; ambos de la LEY DE
TURISMO DEL ESTADO DE MORELOS para quedar
como sigue:
Página 54 PERIÓDICO OFICIAL 09 de diciembre de 2015
Artículo *3.- Esta Ley tiene por objeto establecer
las bases para:
…
XX.- Promover la colaboración entre la
Administración Pública Federal, Estatal, Municipal y el
sector privado para impulsar el Turismo Rural y las
actividades de apoyo para su desarrollo en la entidad.
…
Artículo *41.- Son atribuciones de los
Ayuntamientos en materia turística:
…
II.- Desarrollar e incorporar, dentro de sus
planes anuales operativos, programas específicos que
garanticen el desarrollo de actividades en el turismo
rural.
…
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente
Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos, para su promulgación y publicación
respectiva, de conformidad con los artículos 44 y 70
fracción XVII de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Morelos.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente decreto
iniciará su vigencia a partir del día siguiente al de su
publicación en el Periódico Oficial ―Tierra y Libertad,
órgano de difusión del Estado de Morelos.
ARTÍCULO TERCERO.- Iniciando vigencia el
presente Decreto, el titular del Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos, deberá realizar dentro de los 90
días siguientes, las adecuaciones a su respectivo
reglamento.
ARTÍCULO CUARTO.- Se derogan todas las
disposiciones jurídicas que se opongan a lo dispuesto
por el presente Decreto.
Recinto Legislativo, a los once días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip.
Francisco A. Moreno Merino. Presidente. Dip. Silvia
Irra Marín. Secretaria. Dip. Efraín Esaú Mondragón
Corrales. Secretario. Rúbricas.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y
se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo,
Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital
del Estado de Morelos, a los dos días del mes de
diciembre de dos mil quince.
―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN‖
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU
SECRETARIO DE GOBIERNO
M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA
RÚBRICAS.
Al margen izquierdo un Escudo del Estado de
Morelos que dice: ―Tierra y Libertad‖.- La tierra volverá
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder
Legislativo. LIII. 2015-2018.
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED:
Que el H. Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL
ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS,
Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:
CONSIDERANDOS:
I.- Mediante escrito presentado en fecha 29 de
abril del 2015, ante este Congreso del Estado, el C.
Lorenzo Nava Ramírez, por su propio derecho, solicitó
de esta Soberanía le sea otorgada pensión por
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57,
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio
Civil del Estado, como lo son: acta de nacimiento, hoja
de servicios y carta de certificación del salario
expedidas por el Poder Judicial del Estado de Morelos.
II.- Que al tenor del artículo 56, de la Ley del
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por
Cesantía en Edad Avanzada, se generará a partir de
la fecha en que entre en vigencia el Decreto
respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a
partir de la vigencia del Decreto cesarán los efectos de
su nombramiento. El trabajador que se hubiere
separado justificada o injustificadamente de su fuente
de empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto
que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir
del siguiente día de su separación. Y con fundamento
en el artículo 59, de la Ley del Servicio Civil, la
pensión por Cesantía en Edad Avanzada, se otorgará
al trabajador que habiendo cumplido cuando menos
cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez
años de servicio, se ubique en el supuesto
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último
salario y al porcentaje que por los años de servicio le
corresponda, según lo establece el artículo de
referencia.
III.- En el caso que se estudia, el C. Lorenzo
Nava Ramírez, ha prestado sus servicios en el Poder
Judicial del Estado de Morelos, desempeñando los
cargos siguientes:
09 de diciembre de 2015 PERIÓDICO OFICIAL Página 55
Temporal e interinamente Oficial Judicial ―D‖,
comisionado como Chofer, adscrito a las Salas del H.
Tribunal Superior de Justicia del Estado, del 10 de
marzo, al 09 de junio de 2006; Temporal e
Interinamente, Oficial Judicial ―D‖, comisionado como
Chofer, con adscripción a la Jefatura de Recursos
Materiales, dependiente de la Dirección General de
Administración, del 10 de junio de 2006, al 09 de
diciembre de 2007; Oficial Judicial ―D‖, comisionado
como Chofer, con adscripción a la Jefatura de
Recursos Materiales, dependiente de la Dirección
General de Administración, del 10 de diciembre de
2007, al 14 de enero de 2014; Oficial Judicial ―B‖,
comisionado como Chofer, con adscripción a la
Jefatura de Recursos Materiales, dependiente de la
Dirección General de Administración, del 15 de enero
de 2014, al 17 de agosto de 2015, fecha en la que fue
expedida la constancia de referencia.
Una vez realizado el procedimiento de
Investigación que establece el artículo 67, de la Ley
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se
acreditan 10 años, 05 meses, 07 días, de antigüedad
de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido y 63
años de edad, ya que nació el 05 de septiembre de
1951, en consecuencia, se estima que se encuentran
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el
artículo 59, inciso a), del marco jurídico antes invocado.
Por lo anteriormente expuesto, esta LIII
Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO SESENTA Y CINCO
POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR
CESANTÍA EN EDAD AVANZADA AL CIUDADANO
LORENZO NAVA RAMÍREZ, BAJO LOS SIGUIENTES
TÉRMINOS:
ARTICULO 1º.- Se concede pensión por
Cesantía en Edad Avanzada al C. Lorenzo Nava
Ramírez, quien ha prestado sus servicios en el Poder
Judicial del Estado de Morelos, desempeñando como
último cargo el de: Oficial Judicial ―B‖, comisionado
como Chofer, con adscripción a la Jefatura de
Recursos Materiales, dependiente de la Dirección
General de Administración.
ARTICULO 2º.- La pensión decretada deberá
cubrirse al 50% del último salario del solicitante, de
conformidad con el inciso a) del artículo 59 de la Ley
del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del
día siguiente a aquél en que el trabajador se separe
de sus labores por el Poder Judicial del Estado de
Morelos. Dependencia que realizará el pago en forma
mensual con cargo a la partida destinada para
pensiones, cumpliendo con lo que disponen los
artículos 55, 56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del
Estado.
ARTICULO 3º.- La pensión concedida deberá
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual
al salario mínimo general del área correspondiente al
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de
conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la
Ley del Servicio Civil del Estado.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- Se remite el presente
Decreto, al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para
su promulgación y publicación respectiva, de
conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII,
inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Morelos.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto,
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖, órgano de
difusión del Gobierno del Estado de Morelos.
Recinto Legislativo, a los once del mes de
noviembre del año dos mil quince.
Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip.
Francisco A. Moreno Merino. Presidente. Dip. Silvia
Irra Marín. Secretaria. Dip. Efraín Esaú Mondragón
Corrales. Secretario. Rúbricas.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y
se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo,
Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital
del Estado de Morelos, a los dos días del mes de
diciembre de dos mil quince.
―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN‖
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU
SECRETARIO DE GOBIERNO
M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA
RÚBRICAS.
Al margen izquierdo un Escudo del Estado de
Morelos que dice: ―Tierra y Libertad‖.- La tierra volverá
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder
Legislativo. LIII. 2015-2018.
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED:
Que el H. Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL
ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS,
Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:
Página 56 PERIÓDICO OFICIAL 09 de diciembre de 2015
CONSIDERANDOS: I.- Mediante escrito presentado en fecha 07 de
mayo de 2015, ante este Congreso del Estado, el C. Víctor Manuel Ignacio Gómez Gutiérrez, por su propio derecho, solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su petición la documentación exigida por el artículo 15, fracción I, incisos a), b) y c), de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, consistentes en: acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de certificación de remuneración expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.
II.- Que al tenor del artículo 14, de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en la Entidad, el pago de la pensión por Jubilación y por Cesantía en Edad Avanzada, se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del Decreto cesará en su función. El sujeto de la Ley que se hubiera separado de su función, antes de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día de su separación. Y con fundamento con el artículo 17 y 24 del mismo ordenamiento, la pensión por Cesantía en Edad Avanzada se otorgará al sujeto de la Ley que, habiendo cumplido cuando menos cincuenta y cinco años de edad, se separe voluntariamente de su función o quede separado de la misma, siempre que hubiere prestado por lo menos 10 años de servicio, se ubique en el supuesto correspondiente, el monto será de acuerdo a su última remuneración y al porcentaje que por los años de servicio le corresponda, según lo establece el artículo de referencia.
III.- Con base en los artículos 8, 43, fracción I, inciso c), 68, primer párrafo, 105, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos vigente a partir del 25 de agosto de 2009 artículo 2, fracción I, de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, disposiciones que establecen lo siguiente:
Artículo 8.- Los integrantes de las instituciones policiales, peritos y ministerios públicos serán considerados personal de seguridad pública y deberán cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del artículo 100 de la presente ley; por lo que se sujetarán para su ingreso y permanencia a las evaluaciones de certificación y control de confianza.
Artículo 43.- Son instituciones en materia de Seguridad Pública las siguientes:
Estatales: c) La Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las
Instituciones de Seguridad Pública, el personal conformado por los cuerpos policíacos, peritos y ministerios públicos se regirán por el apartado B, del artículo 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propia del Estado, la presente Ley y demás disposiciones legales aplicables.
Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad
Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones
previstas como mínimas para los trabajadores al
servicio del Estado de Morelos y generarán de
acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus
presupuestos, una normatividad de régimen complementario
de seguridad social y reconocimientos, de conformidad
con lo previsto en el artículo 123, apartado B, fracción
XIII, tercer párrafo, de la Constitución General.
Artículo 2.- Son sujetos de esta Ley, los
miembros de las Instituciones Policiales y de
Procuración de Justicia siguientes:
I.- Dentro de las Instituciones Policiales:
Estatales.- El Secretario de Seguridad Pública, el
Secretario Ejecutivo, los Titulares, Mandos Superiores
y Mandos Medios de la Secretaría de Seguridad
Pública, los elementos de Policía Preventiva Estatal
con sus grupos de investigación, de Policía Ministerial,
los elementos de vigilancia y custodia de los
establecimientos penitenciarios, así como los
encargados de la seguridad durante los procesos
judiciales y la vigilancia del cumplimiento de las
medidas cautelares tanto de adolecentes como de
adultos. Municipales.- El Secretario de Seguridad
Pública, los Titulares, Mandos Superiores y Mandos
Medios de la Secretaría de Seguridad Pública
Municipal, los elementos policiacos y operativos de
Seguridad Pública; y.
Con fundamento en las disposiciones transcritas
con anterioridad, y con base en los artículos 14, 15, 17
y 24 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de
las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia
del Sistema Estatal de Seguridad Pública, a que se
han hecho referencia en la consideración II de la
presente, es procedente analizar la solicitud de
pensión por Cesantía en Edad Avanzada planteada.
IV.- En el caso que se estudia, el C. Víctor
Manuel Ignacio Gómez Gutiérrez, ha prestado sus
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,
desempeñando los cargos siguientes: Policía Raso, en
la Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y
Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública,
actualmente Comisión Estatal de Seguridad Pública,
del 16 de abril de 2003, al 25 de abril de 2015; fecha
en la que fue expedida la constancia de referencia.
Una vez realizado el procedimiento de
Investigación que establece el artículo 67, de la Ley
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó
fehacientemente la antigüedad del servidor público y
se acreditan 12 años, 09 días, de antigüedad de
servicio efectivo de trabajo ininterrumpido y 56 años
04 meses 28 días de edad, ya que nació el 27 de
noviembre de 1958, en consecuencia, se estima que
se encuentran plenamente satisfechos los requisitos
previstos en el artículo 17, inciso c), del marco jurídico
antes invocado.
Por lo anteriormente expuesto, esta LIII
Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente:
09 de diciembre de 2015 PERIÓDICO OFICIAL Página 57
DECRETO NÚMERO SESENTA Y SEIS POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR
CESANTÍA EN EDAD AVANZADA AL CIUDADANO VÍCTOR MANUEL IGNACIO GÓMEZ GUTIÉRREZ, BAJO LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:
ARTICULO 1º.- Se concede pensión por Cesantía en Edad Avanzada al C. Víctor Manuel Ignacio Gómez Gutiérrez, quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: Policía Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública, actualmente Comisión Estatal de Seguridad Pública.
ARTICULO 2º.- La pensión decretada deberá cubrirse al 60% de la última remuneración del solicitante, de conformidad con el inciso c) del artículo 17 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia, del Sistema Estatal de Seguridad Pública y será cubierta a partir del día siguiente a aquél en que el sujeto de la Ley, se separe de sus funciones por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia que realizará el pago en forma mensual con cargo a la partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 5, 14 y 17 de la citada Ley.
ARTICULO 3º.- La pensión concedida deberá incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de Morelos, atento a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, de aplicación supletoria en términos de lo señalado por el numeral Décimo Primero Transitorio, de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia, del Sistema Estatal de Seguridad Pública, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y la compensación de fin de año o aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley antes citada.
TRANSITORIOS ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente
Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para su promulgación y publicación respectiva de conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖, órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos.
Recinto Legislativo, a los once días del mes de noviembre del año dos mil quince.
Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Francisco A. Moreno Merino. Presidente. Dip. Silvia Irra Marín. Secretaria. Dip. Efraín Esaú Mondragón Corrales. Secretario. Rúbricas.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, a los dos días del mes de diciembre de dos mil quince.
―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN‖ GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU
SECRETARIO DE GOBIERNO M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA
RÚBRICAS.
Al margen izquierdo un Escudo del Estado de Morelos que dice: ―Tierra y Libertad‖.- La tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos.- Poder Legislativo. LIII. 2015-2018.
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS HABITANTES SABED:
Que el H. Congreso del Estado se ha servido enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:
CONSIDERANDOS: I.- Mediante escrito presentado en fecha 11 de
mayo de 2015, ante este Congreso del Estado, el C. Roberto Calvario Anonales, por su propio derecho, solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su petición la documentación exigida por el artículo 15, fracción I, incisos a), b) y c) de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, consistentes en: acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de certificación de remuneración expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.
II.- Que al tenor del artículo 14, de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en la Entidad, el pago de la pensión por Jubilación y por Cesantía en Edad Avanzada, se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del Decreto cesará en su función. El sujeto de la Ley que se hubiera separado de su función, antes de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día de su separación. Y con fundamento con el artículo 17 y 24 del mismo ordenamiento, la pensión por Cesantía en Edad Avanzada se otorgará al sujeto de la Ley que, habiendo cumplido cuando menos cincuenta y cinco años de edad, se separe voluntariamente de su función o quede separado de la misma, siempre que hubiere prestado por lo menos 10 años de servicio, se ubique en el supuesto correspondiente, el monto será de acuerdo a su última remuneración y al porcentaje que por los años de servicio le corresponda, según lo establece el artículo de referencia.
III.- Con base en los artículos 8, 43, fracción I, inciso c), 68, primer párrafo, 105, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos vigente a partir del 25 de agosto de 2009 artículo 2, fracción I, de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, disposiciones que establecen lo siguiente:
Página 58 PERIÓDICO OFICIAL 09 de diciembre de 2015
Artículo 8.- Los integrantes de las instituciones
policiales, peritos y ministerios públicos serán
considerados personal de seguridad pública y deberán
cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del artículo
100 de la presente ley; por lo que se sujetarán para su
ingreso y permanencia a las evaluaciones de
certificación y control de confianza.
Artículo 43.- Son instituciones en materia de
Seguridad Pública las siguientes:
Estatales:
c) La Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar
Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las
Instituciones de Seguridad Pública, el personal
conformado por los cuerpos policíacos, peritos y
ministerios públicos se regirán por el apartado B, del
artículo 123, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la propia del Estado, la presente
Ley y demás disposiciones legales aplicables.
Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad
Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones
previstas como mínimas para los trabajadores al
servicio del Estado de Morelos y generarán de
acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus
presupuestos, una normatividad de régimen complementario
de seguridad social y reconocimientos, de conformidad
con lo previsto en el artículo 123, apartado B, fracción
XIII, tercer párrafo, de la Constitución General.
Artículo 2.- Son sujetos de esta Ley, los
miembros de las Instituciones Policiales y de
Procuración de Justicia siguientes:
I.- Dentro de las Instituciones Policiales:
Estatales.- El Secretario de Seguridad Pública, el
Secretario Ejecutivo, los Titulares, Mandos Superiores
y Mandos Medios de la Secretaría de Seguridad
Pública, los elementos de Policía Preventiva Estatal
con sus grupos de investigación, de Policía Ministerial,
los elementos de vigilancia y custodia de los
establecimientos penitenciarios, así como los
encargados de la seguridad durante los procesos
judiciales y la vigilancia del cumplimiento de las
medidas cautelares tanto de adolecentes como de
adultos. Municipales.- El Secretario de Seguridad
Pública, los Titulares, Mandos Superiores y Mandos
Medios de la Secretaría de Seguridad Pública
Municipal, los elementos policiacos y operativos de
Seguridad Pública; y.
Con fundamento en las disposiciones transcritas
con anterioridad, y con base en los artículos 14, 15, 17
y 24 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de
las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia
del Sistema Estatal de Seguridad Pública, a que se
han hecho referencia en la consideración II de la
presente, es procedente analizar la solicitud de
pensión por Cesantía en Edad Avanzada planteada.
IV.- En el caso que se estudia, el C. Roberto
Calvario Anonales, ha prestado sus servicios en el
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,
desempeñando los cargos siguientes: Policía Raso, en
el Departamento Operativo ―D‖ de la Dirección General
de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, del 17 de
noviembre de 1995, al 15 de noviembre de 2000; Jefe
de Departamento, en la Delegación Cuautla-Dirección
General de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar de
la Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de
noviembre de 2000, al 15 de septiembre de 2001; Jefe
de Departamento Sector 3, en la Delegación Cuautla-
Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y
Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública, del 16
de septiembre de 2001, al 15 de agosto de 2002; Jefe
de Departamento de Supervisión, en la Dirección
General de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar de
la Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de agosto,
al 31 de diciembre de 2002; Policía Raso, en la
Dirección General de la Policía Bancaria y Auxiliar
Zona Metropolitana de la Secretaría de Seguridad
Pública, del 01 de enero, al 15 de septiembre de 2003;
Jefe de Departamento Zona Sur Poniente, en la
Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y
Auxiliar Zona Metropolitana de la Secretaría de
Seguridad Pública, del 16 de septiembre de 2003, al
31 de julio de 2007; Jefe de Departamento de
Supervisión, en la Dirección General de la Policía
Industrial Bancaria y Auxiliar de la Secretaría de
Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2007, al 31 de
agosto de 2008; Policía Raso, en la Dirección General
de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar de la
Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de septiembre
de 2008, al 15 de agosto de 2013; Jefe de
Departamento de Supervisión, en la Dirección General
de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar de la
Secretaría de Seguridad Pública, actualmente
Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 16 de
agosto de 2013, al 09 de abril de 2015; fecha en la
que fue expedida la constancia de referencia.
Una vez realizado el procedimiento de
Investigación que establece el artículo 67, de la Ley
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó
fehacientemente la antigüedad del servidor público y
se acreditan 19 años 04 meses y 22 días, de
antigüedad de servicio efectivo de trabajo
ininterrumpido y 55 años de edad, ya que nació el 21
de febrero de 1960, en consecuencia, se estima que
se encuentran plenamente satisfechos los requisitos
previstos en el artículo 17, inciso f), del marco jurídico
antes invocado.
Por lo anteriormente expuesto, esta LIII
Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente:
09 de diciembre de 2015 PERIÓDICO OFICIAL Página 59
DECRETO NÚMERO SESENTA Y SIETE POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR
CESANTÍA EN EDAD AVANZADA AL CIUDADANO ROBERTO CALVARIO ANONALES, BAJO LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:
ARTICULO 1º.- Se concede pensión por Cesantía en Edad Avanzada al C. Roberto Calvario Anonales, quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: Jefe de Departamento de Supervisión, en la Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública, actualmente Comisión Estatal de Seguridad Pública.
ARTICULO 2º.- La pensión decretada deberá cubrirse al 75% de la última remuneración del solicitante, de conformidad con el inciso f) del artículo 17 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública y será cubierta a partir del día siguiente a aquél en que el sujeto de la Ley se separe de sus funciones por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia que realizará el pago en forma mensual con cargo a la partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 5, 14 y 17 de la citada Ley.
ARTICULO 3º.- La pensión concedida deberá incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de Morelos, atento a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, de aplicación supletoria en términos de lo señalado por el numeral Décimo Primero Transitorio de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social, de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y la compensación de fin de año o aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley antes citada.
TRANSITORIOS ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente
Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para su promulgación y publicación respectiva de conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖, órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos.
Recinto Legislativo, a los once días del mes de noviembre del año dos mil quince.
Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Francisco A. Moreno Merino. Presidente. Dip. Silvia Irra Marín. Secretaria. Dip. Efraín Esaú Mondragón Corrales. Secretario. Rúbricas.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, a los dos días del mes de diciembre de dos mil quince.
―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN‖ GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU
SECRETARIO DE GOBIERNO M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA
RÚBRICAS.
Al margen izquierdo un Escudo del Estado de Morelos que dice: ―Tierra y Libertad‖.- La tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos.- Poder Legislativo. LIII. 2015-2018.
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS HABITANTES SABED:
Que el H. Congreso del Estado se ha servido enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:
CONSIDERANDOS: I.- Mediante escrito presentado en fecha 10 de
octubre del 2014, ante este Congreso del Estado, el C. Luis Manzanares Gutiérrez, por su propio derecho, solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por Jubilación, acompañando a su petición la documentación exigida por el artículo 15, fracción I, incisos a), b) y c) de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, consistentes en: acta de nacimiento, hoja se servicios expedida por el H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, así como hoja de servicios y carta de certificación de remuneración expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.
II.- Que al tenor del artículo 14, de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en la Entidad, el pago de la pensión por Jubilación y por Jubilación, se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del Decreto cesará en su función. El sujeto de la Ley que se hubiera separado de su función, antes de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día de su separación. Y con fundamento con el artículo 16 y 24 del mismo ordenamiento, la pensión por jubilación se otorgará al sujeto de la Ley que, se ubique en el supuesto correspondiente a los años de servicio prestados, según lo establece el artículo de referencia.
III.- Con base en los artículos 8, 47 fracción I, inciso a), 68, primer párrafo, 105, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos vigente a partir del 25 de agosto de 2009, disposiciones que establecen lo siguiente:
Artículo 8.- Los integrantes de las instituciones policiales, peritos y ministerios públicos serán considerados personal de seguridad pública y deberán cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del artículo 100 de la presente ley; por lo que se sujetarán para su ingreso y permanencia a las evaluaciones de certificación y control de confianza.
Página 60 PERIÓDICO OFICIAL 09 de diciembre de 2015
Artículo 47.- Las instituciones policiales en materia de Seguridad Pública son las siguientes:
I. Estatales: La Policía Preventiva, con todas las unidades y
agrupamientos que prevea los reglamentos respectivos;
Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las Instituciones de Seguridad Pública, el personal conformado por los cuerpos policíacos, peritos y ministerios públicos se regirán por el apartado B, del artículo 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propia del Estado, la presente Ley y demás disposiciones legales aplicables.
Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al servicio del Estado de Morelos y generarán de acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus presupuestos, una normatividad de régimen complementario de seguridad social y reconocimientos, de conformidad con lo previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, tercer párrafo, de la Constitución General.
Con fundamento en las disposiciones de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos transcritas con anterioridad, y con base en los artículos 14, 15, 16 y 24 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, a que se han hecho referencia en la consideración II de la presente, es procedente analizar la solicitud de pensión por Jubilación planteada.
IV.- Del análisis practicado a la documentación antes relacionada y una vez realizado el procedimiento de investigación que establece el artículo 67, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del C. Luis Manzanares Gutiérrez, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 24 años, 08 meses, 21 días de servicio efectivo ininterrumpido, ya que prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, habiendo desempeñado el cargo de: Policía Raso, en el Área de Seguridad Pública, del 04 de febrero de 1991, al 28 de febrero de 1997. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando los cargos siguientes: Policía Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar, del 01 de marzo de 1997, al 31 de diciembre de 1999; Policía Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de enero de 2000 al 31 de julio de 2002; Policía Raso, en la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar Zona Oriente de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2002, al 31 de mayo de 2012; Policía Segundo, en la Dirección General de la Policía Estatal Acreditable de la Secretaría de Seguridad Pública, actualmente Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 01 de junio de 2012, a la fecha. De lo anterior se desprende que la Jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 16, fracción I, inciso g), del cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es conceder al sujeto de la Ley en referencia el beneficio solicitado.
Por lo anteriormente expuesto, esta LIII
Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO SESENTA Y OCHO
POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR
JUBILACIÓN AL CIUDADANO LUIS MANZANARES
GUTIÉRREZ, BAJO LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:
ARTICULO 1º.- Se concede pensión por
Jubilación al C. Luis Manzanares Gutiérrez, quien ha
prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de
Emiliano Zapata, Morelos, así como en el Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando
como último cargo el de: Policía Segundo, en la
Dirección General de la Policía Estatal Acreditable de
la Secretaría de Seguridad Pública, actualmente
Comisión Estatal de Seguridad Pública.
ARTICULO 2º.- La pensión decretada deberá
cubrirse al 70% de la última remuneración del
solicitante, de conformidad con el inciso g) de la
fracción I del artículo 16 de la Ley de Prestaciones de
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de
Seguridad Pública y será cubierta a partir del día
siguiente a aquél en que el sujeto de la Ley se separe
de sus funciones por la Secretaría de Hacienda del
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia
que realizará el pago en forma mensual con cargo a la
partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo
que disponen los artículos 5, 14 y 16, fracción I inciso
g) de la citada Ley.
ARTICULO 3º.- La pensión concedida deberá
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual
al salario mínimo general del área correspondiente al
Estado de Morelos, atendiendo a lo dispuesto por el
segundo párrafo del artículo 66 de la Ley del Servicio
Civil del Estado de Morelos, de aplicación supletoria
en términos de lo señalado por el numeral Décimo
Primero Transitorio de la Ley de Prestaciones de
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de
Seguridad Pública, integrándose por el salario, las
prestaciones, las asignaciones y la compensación de
fin de año o aguinaldo, de conformidad con lo
establecido por el segundo párrafo del artículo 24 de la
Ley antes citada.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente
Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para
su promulgación y publicación respectiva de
conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII,
inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Morelos.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto,
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖, órgano de
difusión del Gobierno del Estado de Morelos.
09 de diciembre de 2015 PERIÓDICO OFICIAL Página 61
Recinto Legislativo, a los once días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip.
Francisco A. Moreno Merino. Presidente. Dip. Silvia
Irra Marín. Secretaria. Dip. Efraín Esaú Mondragón
Corrales. Secretario. Rúbricas.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y
se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo,
Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital
del Estado de Morelos, a los dos días del mes de
diciembre de dos mil quince.
―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN‖
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU
SECRETARIO DE GOBIERNO
M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA
RÚBRICAS.
Al margen izquierdo un Escudo del Estado de
Morelos que dice: ―Tierra y Libertad‖.- La tierra volverá
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder
Legislativo. LIII. 2015-2018.
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED:
Que el H. Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL
ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS,
Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES
CONSIDERANDOS:
I.- Mediante escrito presentado en fecha 22 de
abril de 2015, ante este Congreso del Estado, el C.
Mayolo Barrios Ramírez, por su propio derecho,
solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por
Jubilación, acompañando a su petición la
documentación exigida por el artículo 15, fracción I,
incisos a), b) y c) de la Ley de Prestaciones de
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de
Seguridad Pública, consistentes en: acta de
nacimiento, hoja de servicios expedida por el H.
Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos, así como hoja
de servicios y carta de certificación de remuneración
expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos.
II.- Que al tenor del artículo 14, de la Ley de
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema
Estatal de Seguridad Pública vigente en la Entidad, el
pago de la pensión por Jubilación y por Jubilación, se
generará a partir de la fecha en que entre en vigencia
el Decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra
en activo, a partir de la vigencia del Decreto cesará en
su función. El sujeto de la Ley que se hubiera
separado de su función, antes de la fecha de vigencia
del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su
pensión a partir del siguiente día de su separación. Y
con fundamento con el artículo 16 y 24 del mismo
ordenamiento, la pensión por jubilación se otorgará al
sujeto de la Ley que, se ubique en el supuesto
correspondiente a los años de servicio prestados,
según lo establece el artículo de referencia.
III.- Con base en los artículos 8, 43, fracción I,
inciso e), 68, primer párrafo, 105, de la Ley del
Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos
vigente a partir del 25 de agosto de 2009,
disposiciones que establecen lo siguiente:
Artículo 8.- Los integrantes de las instituciones
policiales, peritos y ministerios públicos serán
considerados personal de seguridad pública y deberán
cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del artículo
100 de la presente ley; por lo que se sujetarán para su
ingreso y permanencia a las evaluaciones de
certificación y control de confianza.
Artículo 43.- Son Instituciones en materia de
Seguridad Pública:
I. Estatales:
e) La Policía Ministerial;
Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las
Instituciones de Seguridad Pública, el personal
conformado por los cuerpos policíacos, peritos y
ministerios públicos se regirán por el apartado B, del
artículo 123, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la propia del Estado, la presente
Ley y demás disposiciones legales aplicables.
Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad
Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones
previstas como mínimas para los trabajadores al
servicio del Estado de Morelos y generarán de
acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus
presupuestos, una normatividad de régimen complementario
de seguridad social y reconocimientos, de conformidad
con lo previsto en el artículo 123, apartado B, fracción
XIII, tercer párrafo, de la Constitución General.
Con fundamento en las disposiciones de la Ley
del Sistema de Seguridad Pública del Estado de
Morelos transcritas con anterioridad, y con base en los
artículos 14, 15, 16 y 24 de la Ley de Prestaciones de
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de
Seguridad Pública, a que se han hecho referencia en
la consideración II de la presente, es procedente
analizar la solicitud de pensión por Jubilación
planteada.
Página 62 PERIÓDICO OFICIAL 09 de diciembre de 2015
IV.- Del análisis practicado a la documentación
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento
de investigación que establece el artículo 67, de la Ley
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó
fehacientemente la antigüedad del C. Mayolo Barrios
Ramírez, por lo que se acreditan a la fecha de su
solicitud, 27 años, 46 días, de servicio efectivo
ininterrumpido, ya que prestó sus servicios en el H.
Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos, habiendo
desempeñado el cargo de: Auxiliar Administrativo, del
10 de enero de 1988, al 02 de febrero de 1993. En el
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado
sus servicios desempeñando los cargos siguientes:
Policía Judicial, en la Dirección General de la Policía
Judicial de la Procuraduría General de Justicia, del 16
de marzo de 1993, al 15 de agosto de 2003; Judicial
―B‖, en la Dirección Regional Zona Metropolitana de la
Policía Ministerial de la Procuraduría General de
Justicia, del 16 de agosto de 2003, al 30 de
septiembre de 2010; Agente de la Policía Ministerial
―B‖, en la Dirección Regional Metropolitana de la
Policía Ministerial de la Procuraduría General de
Justicia, actualmente Fiscalía General del Estado, del
01 de octubre de 2010, al 13 de abril de 2015, fecha
en la que fue expedida la constancia de referencia. De
lo anterior se desprende que la jubilación solicitada
encuadra en lo previsto por el artículo 16, fracción I,
inciso d), del cuerpo normativo antes aludido, por lo
que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo
conducente es conceder al sujeto de la Ley en
referencia el beneficio solicitado.
Por lo anteriormente expuesto, esta LIII
Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO SESENTA Y NUEVE
POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR
JUBILACIÓN AL CIUDADANO MAYOLO BARRIOS
RAMÍREZ, BAJO LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:
ARTICULO 1º.- Se concede pensión por
Jubilación al C. Mayolo Barrios Ramírez, quien ha
prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de
Atlatlahucan, Morelos, así como en el Poder Ejecutivo
del Estado de Morelos, desempeñando como último
cargo el de: Agente de la Policía Ministerial ―B‖, en la
Dirección Regional Metropolitana de la Policía
Ministerial de la Procuraduría General de Justicia,
actualmente Fiscalía General del Estado.
ARTICULO 2º.- La pensión decretada deberá
cubrirse al 85% de la última remuneración del
solicitante, de conformidad con el inciso d) de la
fracción I del artículo 16 de la Ley de Prestaciones de
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de
Seguridad Pública y será cubierta a partir del día
siguiente a aquél en que el sujeto de la Ley se separe
de sus funciones por la Secretaría de Hacienda del
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia
que realizará el pago en forma mensual con cargo a la
partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo
que disponen los artículos 5, 14 y 16, fracción I inciso
d) de la citada Ley.
ARTICULO 3º.- La pensión concedida deberá
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual
al salario mínimo general del área correspondiente al
Estado de Morelos, atento a lo dispuesto por el
segundo párrafo del artículo 66 de la Ley del Servicio
Civil del Estado de Morelos de aplicación supletoria en
términos de lo señalado por el numeral Décimo
Primero Transitorio de la Ley de Prestaciones de
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de
Seguridad Pública, integrándose por el salario, las
prestaciones, las asignaciones y la compensación de
fin de año o aguinaldo, de conformidad con lo
establecido por el segundo párrafo del artículo 24 de la
Ley antes citada.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente
Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para
su promulgación y publicación respectiva de
conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII,
inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Morelos.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto,
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖, órgano de
difusión del Gobierno del Estado de Morelos.
Recinto Legislativo, a los once días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip.
Francisco A. Moreno Merino. Presidente. Dip. Silvia
Irra Marín. Secretaria. Dip. Efraín Esaú Mondragón
Corrales. Secretario. Rúbricas.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y
se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo,
Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital
del Estado de Morelos, a los dos días del mes de
diciembre de dos mil quince.
―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN‖
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU
SECRETARIO DE GOBIERNO
M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA
RÚBRICAS.
09 de diciembre de 2015 PERIÓDICO OFICIAL Página 63
Al margen izquierdo un Escudo del Estado de
Morelos que dice: ―Tierra y Libertad‖.- La tierra volverá
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder
Legislativo. LIII. 2015-2018.
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED:
Que el H. Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL
ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS,
Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:
CONSIDERANDOS:
I.- Mediante escrito presentado en fecha 01 de
junio de 2015, ante este Congreso del Estado, el C.
Gonzalo Naves Merlín, por su propio derecho, solicitó
de esta Soberanía le sea otorgada pensión por
Jubilación, acompañando a su petición la
documentación exigida por el artículo 15, fracción I,
incisos a), b) y c) de la Ley de Prestaciones de
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de
Seguridad Pública, consistentes en: acta de
nacimiento, hoja de servicios y carta de certificación
de remuneración expedidas por el Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos.
II.- Que al tenor del artículo 14, de la Ley de
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema
Estatal de Seguridad Pública vigente en la Entidad, el
pago de la pensión por Jubilación y por Jubilación, se
generará a partir de la fecha en que entre en vigencia
el Decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra
en activo, a partir de la vigencia del Decreto cesará en
su función. El sujeto de la Ley que se hubiera
separado de su función, antes de la fecha de vigencia
del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su
pensión a partir del siguiente día de su separación. Y
con fundamento con el artículo 16 y 24 del mismo
ordenamiento, la pensión por jubilación se otorgará al
sujeto de la Ley que, se ubique en el supuesto
correspondiente a los años de servicio prestados,
según lo establece el artículo de referencia.
III.- Con base en los artículos 8, 43, fracción I,
inciso b), 47, fracción I, inciso e), 68, primer párrafo,
105, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del
Estado de Morelos vigente a partir del 25 de agosto de
2009, disposiciones que establecen lo siguiente:
Artículo 8.- Los integrantes de las instituciones
policiales, peritos y ministerios públicos serán
considerados personal de seguridad pública y deberán
cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del artículo
100 de la presente ley; por lo que se sujetarán para su
ingreso y permanencia a las evaluaciones de
certificación y control de confianza.
Artículo 43.- Son Instituciones en materia de
Seguridad Pública:
Estatales:
b) La Procuraduría General de Justicia;
Artículo 47.- Las Instituciones Policiales en
materia de Seguridad Pública son las siguientes:
Estatales
e) La Policía Ministerial;
Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las
Instituciones de Seguridad Pública, el personal
conformado por los cuerpos policíacos, peritos y
ministerios públicos se regirán por el apartado B, del
artículo 123, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la propia del Estado, la presente
Ley y demás disposiciones legales aplicables.
Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad
Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones
previstas como mínimas para los trabajadores al
servicio del Estado de Morelos y generarán de
acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus
presupuestos, una normatividad de régimen complementario
de seguridad social y reconocimientos, de conformidad
con lo previsto en el artículo 123, apartado B, fracción
XIII, tercer párrafo, de la Constitución General.
Con fundamento en las disposiciones de la Ley
del Sistema de Seguridad Pública del Estado de
Morelos transcritas con anterioridad, y con base en los
artículos 14, 15, 16 y 24 de la Ley de Prestaciones de
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de
Seguridad Pública, a que se han hecho referencia en
la consideración II de la presente, es procedente
analizar la solicitud de pensión por Jubilación
planteada.
IV.- Del análisis practicado a la documentación
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó
fehacientemente la antigüedad del C. Gonzalo Naves
Merlín, por lo que se acreditan a la fecha de su
solicitud 23 años, 01 mes, 20 días, de servicio efectivo
ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios en el
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,
desempeñando los cargos siguientes: Policía Raso, en
la Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y
Auxiliar, del 01 de abril de 1992, al 21 de junio de
1993; Policía Judicial ―B‖, en la Dirección General de
la Policía Judicial de la Procuraduría General de
Justicia, del 22 de junio de 1993, al 15 de agosto de
2003; Judicial ―B‖, en la Dirección Regional
Metropolitana de la Policía Ministerial de la
Procuraduría General de Justicia, del 16 de agosto de
2003, al 30 de septiembre de 2010; Agente de la
Policía Ministerial B, en la Dirección Regional
Metropolitana de la Policía Ministerial de la
Procuraduría General de Justicia, Actual Fiscalía
General del Estado, del 01 de octubre de 2010, al 21
de mayo de 2015; fecha en la que fue expedida la
constancia de referencia.
Página 64 PERIÓDICO OFICIAL 09 de diciembre de 2015
De lo anterior se desprende que la Jubilación
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 16,
fracción I, inciso h), del cuerpo normativo antes
aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos
de la Ley, lo conducente es conceder a la sujeto de la
Ley en referencia el beneficio solicitado.
Por lo anteriormente expuesto, esta LIII
Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO SETENTA
POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR
JUBILACIÓN AL CIUDADANO GONZALO NAVES
MERLÍN, BAJO LOS SIGUIENTES TÉRMINOS
ARTICULO 1º.- Se concede pensión por
Jubilación al C. Gonzalo Naves Merlín, quien ha
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo
el de: Agente de la Policía Ministerial B, en la
Dirección Regional Metropolitana de la Policía
Ministerial de la Procuraduría General de Justicia,
Actual Fiscalía General del Estado.
ARTICULO 2º.- La pensión decretada deberá
cubrirse al 65% de la última remuneración de la
solicitante, de conformidad con el inciso h) de la
fracción I del artículo 16 de la Ley de Prestaciones de
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de
Seguridad Pública y será cubierta a partir del día
siguiente a aquél en que el sujeto de la Ley se separe
de sus funciones por la Secretaría de Hacienda del
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia
que realizará el pago en forma mensual con cargo a la
partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo
que disponen los artículos 5, 14 y 16, fracción I inciso
h) de la citada Ley.
ARTICULO 3º.- La pensión concedida deberá
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual
al salario mínimo general del área correspondiente al
Estado de Morelos, atento a lo dispuesto por el
segundo párrafo del artículo 66 de la Ley del Servicio
Civil del Estado de Morelos de aplicación supletoria en
términos de lo señalado por el numeral Décimo
Primero Transitorio de la Ley de Prestaciones de
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de
Seguridad Pública, integrándose por el salario, las
prestaciones, las asignaciones y la compensación de
fin de año o aguinaldo, de conformidad con lo
establecido por el segundo párrafo del artículo 24 de la
Ley antes citada.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente
Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para
su promulgación y publicación respectiva de
conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII,
inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Morelos.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto,
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖, órgano de
difusión del Gobierno del Estado de Morelos.
Recinto Legislativo, a los once días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip.
Francisco A. Moreno Merino. Presidente. Dip. Silvia
Irra Marín. Secretaria. Dip. Efraín Esaú Mondragón
Corrales. Secretario. Rúbricas.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y
se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo,
Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital
del Estado de Morelos, a los dos días del mes de
diciembre de dos mil quince.
―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN‖
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU
SECRETARIO DE GOBIERNO
M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA
RÚBRICAS.
Al margen izquierdo un Escudo del Estado de
Morelos que dice: ―Tierra y Libertad‖.- La tierra volverá
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder
Legislativo. LIII. 2015-2018.
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED:
Que el H. Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL
ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS,
Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:
09 de diciembre de 2015 PERIÓDICO OFICIAL Página 65
CONSIDERANDOS:
I.- Mediante escrito presentado en fecha 04 de
junio de 2015, ante este Congreso del Estado, el C.
Fortunato Dieguez Valente, por su propio derecho,
solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por
Jubilación, acompañando a su petición la
documentación exigida por el artículo 15, fracción I,
incisos a), b) y c) de la Ley de Prestaciones de
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de
Seguridad Pública, consistentes en: acta de
nacimiento, hoja de servicios y carta de certificación
de remuneración expedidas por el Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos.
II.- Que al tenor del artículo 14, de la Ley de
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema
Estatal de Seguridad Pública vigente en la Entidad, el
pago de la pensión por Jubilación y por Jubilación, se
generará a partir de la fecha en que entre en vigencia
el Decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra
en activo, a partir de la vigencia del Decreto cesará en
su función. El sujeto de la Ley que se hubiera
separado de su función, antes de la fecha de vigencia
del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su
pensión a partir del siguiente día de su separación. Y
con fundamento con el artículo 16 y 24 del mismo
ordenamiento, la pensión por jubilación se otorgará al
sujeto de la Ley que, se ubique en el supuesto
correspondiente a los años de servicio prestados,
según lo establece el artículo de referencia.
III.- Con base en los artículos 8, 43, fracción I,
inciso c), 68, primer párrafo, 105, de la Ley del
Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos
vigente a partir del 25 de agosto de 2009,
disposiciones que establecen lo siguiente:
Artículo 8.- Los integrantes de las instituciones
policiales, peritos y ministerios públicos serán
considerados personal de seguridad pública y deberán
cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del artículo
100 de la presente ley; por lo que se sujetarán para su
ingreso y permanencia a las evaluaciones de
certificación y control de confianza.
Artículo 43.- Son Instituciones en materia de
Seguridad Pública:
I. Estatales:
c) La Policía Industrial Bancaria y Auxiliar;
Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las
Instituciones de Seguridad Pública, el personal
conformado por los cuerpos policíacos, peritos y
ministerios públicos se regirán por el apartado B, del
artículo 123, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la propia del Estado, la presente
Ley y demás disposiciones legales aplicables.
Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad
Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones
previstas como mínimas para los trabajadores al
servicio del Estado de Morelos y generarán de
acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus
presupuestos, una normatividad de régimen complementario
de seguridad social y reconocimientos, de conformidad
con lo previsto en el artículo 123, apartado B, fracción
XIII, tercer párrafo, de la Constitución General.
Con fundamento en las disposiciones de la Ley
del Sistema de Seguridad Pública del Estado de
Morelos transcritas con anterioridad, y con base en los
artículos 14, 15, 16 y 24 de la Ley de Prestaciones de
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de
Seguridad Pública, a que se han hecho referencia en
la consideración II de la presente, es procedente
analizar la solicitud de pensión por Jubilación
planteada.
IV.- Del análisis practicado a la documentación
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento
de investigación que establece el artículo 67, de la Ley
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó
fehacientemente la antigüedad del C. Fortunato
Dieguez Valente, por lo que se acreditan a la fecha de
su solicitud 24 años, 01 mes, 08 días, de servicio
efectivo interrumpido, ya que ha prestado sus servicios
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,
desempeñando los cargos siguientes: Policía Rural, en
la Policía Rural del Estado; del 01 de noviembre de
1987, al 16 de enero de 1989; Policía Raso, en la
Dirección General de Seguridad Pública del Estado,
del 01 de enero, al 24 de julio de 1991; Policía Raso,
en la Dirección General de la Policía Industrial, del 01
de febrero de 1993, al 31 de julio de 2002; Policía
Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial
Bancaría y Auxiliar Zona Metropolitana de la
Secretaría de Seguridad Pública, actualmente
Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 01 de
agosto de 2002 al 01 de junio de 2015; fecha en la que
fue expedida la constancia de referencia. De lo
anterior se desprende que la jubilación solicitada
encuadra en lo previsto por el artículo 16, fracción I,
inciso g), del cuerpo normativo antes aludido, por lo
que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo
conducente es conceder a la sujeto de la Ley en
referencia el beneficio solicitado.
Por lo anteriormente expuesto, esta LIII
Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente:
Página 66 PERIÓDICO OFICIAL 09 de diciembre de 2015
DECRETO NÚMERO SETENTA Y UNO
POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR
JUBILACIÓN AL CIUDADANO FORTUNATO
DIEGUEZ VALENTE, BAJO LOS SIGUIENTES
TÉRMINOS:
ARTICULO 1º.- Se concede pensión por
Jubilación al C. Fortunato Dieguez Valente, quien ha
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo
el de: Policía Raso, en la Dirección General de la
Policía Industrial Bancaría y Auxiliar Zona
Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Pública,
actualmente Comisión Estatal de Seguridad Pública.
ARTICULO 2º.- La pensión decretada deberá
cubrirse al 70% de la última remuneración de la
solicitante, de conformidad con el inciso g) de la
fracción I del artículo 16 de la Ley de Prestaciones de
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de
Seguridad Pública y será cubierta a partir del día
siguiente a aquél en que el sujeto de la Ley se separe
de sus funciones por la Secretaría de Hacienda del
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia
que realizará el pago en forma mensual con cargo a la
partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo
que disponen los artículos 5, 14 y 16, fracción I inciso
g) de la citada Ley.
ARTICULO 3º.- La pensión concedida deberá
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual
al salario mínimo general del área correspondiente al
Estado de Morelos, atento a lo dispuesto por el
segundo párrafo del artículo 66 de la Ley del Servicio
Civil del Estado de Morelos de aplicación supletoria en
términos de lo señalado por el numeral Décimo
Primero Transitorio de la Ley de Prestaciones de
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de
Seguridad Pública, integrándose por el salario, las
prestaciones, las asignaciones y la compensación de
fin de año o aguinaldo, de conformidad con lo
establecido por el segundo párrafo del artículo 24 de la
Ley antes citada.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente
Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para
su promulgación y publicación respectiva de
conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII,
inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Morelos.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto,
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖, órgano de
difusión del Gobierno del Estado de Morelos.
Recinto Legislativo, a los once días del mes de noviembre del año dos mil quince.
Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Francisco A. Moreno Merino. Presidente. Dip. Silvia Irra Marín. Secretaria. Dip. Efraín Esaú Mondragón Corrales. Secretario. Rúbricas.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, a los dos días del mes de diciembre de dos mil quince.
―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN‖ GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU
SECRETARIO DE GOBIERNO M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA
RÚBRICAS.
Al margen izquierdo un Escudo del Estado de Morelos que dice: ―Tierra y Libertad‖.- La tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos.- Poder Legislativo. LIII. 2015-2018.
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS HABITANTES SABED:
Que el H. Congreso del Estado se ha servido enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:
CONSIDERANDOS: I.- En fecha 08 de junio del 2015, la C. Irma
Reyes Yáñez, por su propio derecho, presentó ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación, de conformidad con la hipótesis contemplada en el artículo 58, fracción II, inciso c), de la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su petición la documentación exigida por el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de certificación de salario expedidas por el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos.
II.- Que al tenor del artículo 56, de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por Jubilación, se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si la pensionada se encuentra en activo, a partir de la vigencia del Decreto cesarán los efectos de su nombramiento. La trabajadora que se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día de su separación. Y de conformidad con el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por Jubilación, se otorgará a la trabajadora que conforme a su antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.
09 de diciembre de 2015 PERIÓDICO OFICIAL Página 67
III.- Del análisis practicado a la documentación
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento
de investigación que establece el artículo 67, de la Ley
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó
fehacientemente la antigüedad de la C. Irma Reyes
Yáñez, por lo que se acreditan a la fecha de su
solicitud 26 años, 02 meses, 27 días, de servicio
efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado
sus servicios en el Instituto de la Educación Básica del
Estado de Morelos, desempeñando los cargos
siguientes: Profesor, del 01 de marzo de 1989, al 31
de agosto de 1993; Maestra de Grupo de Primaria
Foráneo, Nivel 7ª de Carrera Magisterial, del 01 de
septiembre de 1993, al 31 de agosto de 2002; Maestra
de Grupo de Primaria Foráneo, Nivel 7B de Carrera
Magisterial, adscrita a la Escuela Primaria Justo Sierra
del Municipio de Puente de Ixtla, Morelos; del 01 de
septiembre de 2002, al 28 de mayo de 2015; fecha en
la que fue expedida la constancia de referencia. De lo
anterior se desprende que la Jubilación solicitada
encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II,
inciso c), del cuerpo normativo antes aludido, por lo
que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo
conducente es conceder a la trabajadora en referencia
el beneficio solicitado.
Por lo anteriormente expuesto, esta LIII
Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO SETENTA Y DOS
POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR
JUBILACIÓN A LA CIUDADANA IRMA REYES
YAÑEZ, BAJO LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:
ARTICULO 1°.- Se concede pensión por
Jubilación a la C. Irma Reyes Yáñez, quien ha
prestado sus servicios en el Instituto de la Educación
Básica del Estado de Morelos, desempeñando como
último cargo el de: Maestra de Grupo de Primaria
Foráneo, Nivel 7B de Carrera Magisterial, adscrita a la
Escuela Primaria Justo Sierra del Municipio de Puente
de Ixtla, Morelos.
ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá
cubrirse al 90% del último salario de la solicitante, a
partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora
se separe de sus labores y será cubierta por el
Instituto de la Educación Básica del Estado de
Morelos, Dependencia que deberá realizar el pago en
forma mensual, con cargo a la partida presupuestal
destinada para pensiones, cumpliendo con lo que
disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del
Servicio Civil del Estado.
ARTICULO 3º.- El monto de la pensión se
calculará tomando como base el último salario
percibido por el trabajador, incrementándose la
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al
salario mínimo general del área correspondiente al
Estado de Morelos, integrándose la misma por el
salario, las prestaciones, las asignaciones y el
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley.
TRANSITORIOS ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente
Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para su promulgación y publicación respectiva de conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖, órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos.
Recinto Legislativo, a los once días del mes de noviembre del año dos mil quince.
Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Francisco A. Moreno Merino. Presidente. Dip. Silvia Irra Marín. Secretaria. Dip. Efraín Esaú Mondragón Corrales. Secretario. Rúbricas.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, a los dos días del mes de diciembre de dos mil quince.
―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN‖ GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU
SECRETARIO DE GOBIERNO M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA
RÚBRICAS.
Al margen izquierdo un Escudo del Estado de Morelos que dice: ―Tierra y Libertad‖.- La tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos.- Poder Legislativo. LIII. 2015-2018.
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS HABITANTES SABED:
Que el H. Congreso del Estado se ha servido enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:
CONSIDERANDOS: I.- En fecha 08 de junio del 2015, la C. Sandra
Angélica Flores Salazar, por su propio derecho, presentó ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación, de conformidad con la hipótesis contemplada en el artículo 58, fracción II, inciso a), de la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su petición la documentación exigida por el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de certificación de salario expedidas por el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos.
Página 68 PERIÓDICO OFICIAL 09 de diciembre de 2015
II.- Que al tenor del artículo 56, de la Ley del
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por
Jubilación, se generará a partir de la fecha en que
entre en vigencia el Decreto respectivo. Si la
pensionada se encuentra en activo, a partir de la
vigencia del Decreto cesarán los efectos de su
nombramiento. La trabajadora que se hubiere
separado justificada o injustificadamente de su fuente
de empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto
que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir
del siguiente día de su separación. Y de conformidad
con el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión
por Jubilación, se otorgará a la trabajadora que
conforme a su antigüedad se ubique en el supuesto
correspondiente.
III.- Del análisis practicado a la documentación
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento
de investigación que establece el artículo 67, de la Ley
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó
fehacientemente la antigüedad de la C. Sandra
Angélica Flores Salazar, por lo que se acreditan a la
fecha de su solicitud 28 años, 06 meses, 27 días, de
servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha
prestado sus servicios en el Instituto de la Educación
Básica del Estado de Morelos, desempeñando los
cargos siguientes: Maestra de Grupo de Primaria, del
01 de noviembre de 1986, al 31 de agosto de 1991;
Maestra de Grupo de Primaria con 3/4 de Tiempo, del
01 de septiembre de 1991, al 31 de agosto de 1993;
Maestra de Grupo Foránea, Nivel 7A de Carrera
Magisterial, del 01 de septiembre de 1993, al 31 de
agosto de 1995; Maestra de Grupo de Primaria
Foránea, Nivel 7B de Carrera Magisterial, del 01 de
septiembre de 1995, al 31 de agosto de 2003; Maestra
de Grupo de Primaria Foránea, Nivel 7C de Carrera
Magisterial, del 01 de septiembre, al 15 de noviembre
de 2003; Directora de Escuela Primaria Foránea Nivel
7C de Carrera Magisterial, adscrita a la Escuela
Primaria ―Josefa Ortiz de Domínguez‖ del Municipio de
Cuernavaca, Morelos, del 16 de noviembre de 2003, al
28 de mayo de 2015; fecha en la que fue expedida la
constancia de referencia. De lo anterior se desprende
que la Jubilación solicitada encuadra en lo previsto por
el artículo 58, fracción II, inciso a), del cuerpo
normativo antes aludido, por lo que al quedar
colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es
conceder a la trabajadora en referencia el beneficio
solicitado.
Por lo anteriormente expuesto, esta LIII
Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO SETENTA Y TRES
POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR
JUBILACIÓN A LA CIUDADANA SANDRA ANGÉLICA
FLORES SALAZAR, BAJO LOS SIGUIENTES
TÉRMINOS:
ARTICULO 1°.- Se concede pensión por
Jubilación a la C. Sandra Angélica Flores Salazar,
quien ha prestado sus servicios en el Instituto de la
Educación Básica del Estado de Morelos,
desempeñando como último cargo el de: Directora de
Escuela Primaria Foránea Nivel 7C de Carrera
Magisterial, adscrita a la Escuela Primaria ―Josefa
Ortiz de Domínguez‖ del Municipio de Cuernavaca,
Morelos.
ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá
cubrirse al 100% del último salario de la solicitante, a
partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora
se separe de sus labores y será cubierta por el
Instituto de la Educación Básica del Estado de
Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago en
forma mensual, con cargo a la partida presupuestal
destinada para pensiones, cumpliendo con lo que
disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del
Servicio Civil del Estado.
ARTICULO 3º.- El monto de la pensión se
calculará tomando como base el último salario
percibido por el trabajador, incrementándose la
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al
salario mínimo general del área correspondiente al
Estado de Morelos, integrándose la misma por el
salario, las prestaciones, las asignaciones y el
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente
Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para
su promulgación y publicación respectiva de
conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII,
inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Morelos.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto,
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖, órgano de
difusión del Gobierno del Estado de Morelos.
Recinto Legislativo, a los once días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip.
Francisco A. Moreno Merino. Presidente. Dip. Silvia
Irra Marín. Secretaria. Dip. Efraín Esaú Mondragón
Corrales. Secretario. Rúbricas.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y
se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo,
Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital
del Estado de Morelos, a los dos días del mes de
diciembre de dos mil quince.
―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN‖
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU
SECRETARIO DE GOBIERNO
M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA
RÚBRICAS.
09 de diciembre de 2015 PERIÓDICO OFICIAL Página 69
Al margen izquierdo un Escudo del Estado de
Morelos que dice: ―Tierra y Libertad‖.- La tierra volverá
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder
Legislativo. LIII. 2015-2018.
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED:
Que el H. Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL
ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS,
Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:
CONSIDERANDOS:
I.- En fecha 08 de junio del 2015, la C. María
Eugenia Figueroa Arizmendi, por su propio derecho,
presentó ante este Congreso solicitud de pensión por
Jubilación, de conformidad con la hipótesis
contemplada en el artículo 58, fracción II, inciso a), de
la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su
petición la documentación exigida por el artículo 57,
apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes
mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja
de servicios y carta de certificación de salario
expedidas por el Poder Judicial del Estado de Morelos.
II.- Que al tenor del artículo 56, de la Ley del
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por
Jubilación, se generará a partir de la fecha en que
entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el
pensionado se encuentra en activo, a partir de la
vigencia del Decreto cesarán los efectos de su
nombramiento. La trabajadora que se hubiere
separado justificada o injustificadamente de su fuente
de empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto
que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir
del siguiente día de su separación. Y de conformidad
con el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión
por Jubilación, se otorgará a la trabajadora que
conforme a su antigüedad se ubique en el supuesto
correspondiente.
III.- Del análisis practicado a la documentación
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento
de investigación que establece el artículo 67, de la Ley
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó
fehacientemente la antigüedad de la C. María Eugenia
Figueroa Arizmendi, por lo que se acreditan a la fecha
de su solicitud 28 años, 18 días de servicio efectivo de
trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus
servicios en el Poder Judicial del Estado de Morelos,
desempeñando los cargos siguientes:
Mecanógrafa ―B‖, del Juzgado Segundo Penal
del Primer Distrito Judicial, del 16 de mayo de 1987,
al 15 de junio de 1989; Oficial Judicial ―B‖, del Juzgado
Segundo Penal del Primer Distrito Judicial, del 16 de
junio de 1989, al 15 de septiembre de 1998; Auxiliar
de Analista Interina, del Juzgado Segundo Penal del
Primer Distrito Judicial, del 16 de septiembre de 1998,
al 10 de septiembre de 2000; Temporal e
Interinamente Oficial Judicial ―A‖, quedando
comisionada en Sala Auxiliar del H. Tribunal Superior
de Justicia, del 11 septiembre de 2000, al 31 de marzo
de 2001; Oficial Judicial ―A‖, comisionada en la
Ponencia 16 de la Sala Auxiliar del H. Tribunal
Superior de Justicia, del 01 de abril, al 8 de agosto de
2001; Auxiliar de Analista, comisionada en la Ponencia
16 de la Sala Auxiliar del H. Tribunal Superior de
Justicia, del 09 de agosto de 2001, al 05 de marzo de
2002; Temporal e Interinamente Capturista, quedando
comisionada en la Sala Auxiliar del H. Tribunal
Superior de Justicia, del 06 de marzo, al 31 de mayo
de 2002; Capturista, quedando comisionada en la Sala
Auxiliar del H. Tribunal Superior de Justicia, del 01 de
junio de 2002, al 04 de junio de 2015, fecha en la que
fue expedida la constancia de referencia. De lo
anterior se desprende que la Jubilación solicitada
encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II,
inciso a), del cuerpo normativo antes aludido, por lo
que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo
conducente es conceder a la trabajadora en referencia
el beneficio solicitado.
Por lo anteriormente expuesto, esta LIII
Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO SETENTA Y CUATRO
POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR
JUBILACIÓN A LA CIUDADANA MARÍA EUGENIA
FIGUEROA ARIZMENDI, BAJO LOS SIGUIENTES
TÉRMINOS:
ARTICULO 1°.- Se concede pensión por
Jubilación a la C. María Eugenia Figueroa Arizmendi,
quien ha prestado sus servicios en el Poder Judicial
del Estado de Morelos, desempeñando como último
cargo el de: Capturista, quedando comisionada en la
Sala Auxiliar del H. Tribunal Superior de Justicia.
ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá
cubrirse al 100% del último salario de la solicitante, a
partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora
se separe de sus labores y será cubierta por el Poder
Judicial del Estado de Morelos. Dependencia que
deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a
la partida presupuestal destinada para pensiones,
cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y
58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.
Página 70 PERIÓDICO OFICIAL 09 de diciembre de 2015
ARTICULO 3º.- El monto de la pensión se
calculará tomando como base el último salario
percibido por el trabajador, incrementándose la
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al
salario mínimo general del área correspondiente al
Estado de Morelos, integrándose la misma por el
salario, las prestaciones, las asignaciones y el
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente
Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para
su promulgación y publicación respectiva de
conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII,
inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Morelos.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto,
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖, órgano de
difusión del Gobierno del Estado de Morelos.
Recinto Legislativo, a los once días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip.
Francisco A. Moreno Merino. Presidente. Dip. Silvia
Irra Marín. Secretaria. Dip. Efraín Esaú Mondragón
Corrales. Secretario. Rúbricas.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y
se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo,
Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital
del Estado de Morelos, a los dos días del mes de
diciembre de dos mil quince.
―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN‖
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU
SECRETARIO DE GOBIERNO
M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA
RÚBRICAS.
Al margen izquierdo un Escudo del Estado de
Morelos que dice: ―Tierra y Libertad‖.- La tierra volverá
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder
Legislativo. LIII. 2015-2018.
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED:
Que el H. Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL
ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS,
Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:
CONSIDERANDOS: I.- Mediante escrito presentado en fecha 08 de
junio de 2015, ante este Congreso del Estado, el C. José Luis Balbuena Bazaldúa, por su propio derecho, solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por Jubilación, acompañando a su petición la documentación exigida por el artículo 15, fracción I, incisos a), b) y c) de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, consistentes en: acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de certificación de remuneración expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.
II.- Que al tenor del artículo 14, de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en la Entidad, el pago de la pensión por Jubilación y por Jubilación, se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del Decreto cesará en su función. El sujeto de la Ley que se hubiera separado de su función, antes de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día de su separación. Y con fundamento con el artículo 16 y 24 del mismo ordenamiento, la pensión por jubilación se otorgará al sujeto de la Ley que, se ubique en el supuesto correspondiente a los años de servicio prestados, según lo establece el artículo de referencia.
III.- Con base en los artículos 8 y 43, fracción I, inciso b), 68, primer párrafo, 105, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos vigente a partir del 25 de agosto de 2009, disposiciones que establecen lo siguiente:
Artículo 8.- Los integrantes de las instituciones policiales, peritos y ministerios públicos serán considerados personal de seguridad pública y deberán cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del artículo 100 de la presente ley; por lo que se sujetarán para su ingreso y permanencia a las evaluaciones de certificación y control de confianza.
Artículo 43.- Son Instituciones en materia de Seguridad Pública:
II. Estatales: b) La Procuraduría General de Justicia; Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las
Instituciones de Seguridad Pública, el personal conformado por los cuerpos policíacos, peritos y ministerios públicos se regirán por el apartado B, del artículo 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propia del Estado, la presente Ley y demás disposiciones legales aplicables.
Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al servicio del Estado de Morelos y generarán de acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus presupuestos, una normatividad de régimen complementario de seguridad social y reconocimientos, de conformidad con lo previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, tercer párrafo, de la Constitución General.
09 de diciembre de 2015 PERIÓDICO OFICIAL Página 71
Con fundamento en las disposiciones de la Ley
del Sistema de Seguridad Pública del Estado de
Morelos transcritas con anterioridad, y con base en los
artículos 14, 15, 16 y 24 de la Ley de Prestaciones de
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de
Seguridad Pública, a que se han hecho referencia en
la consideración II de la presente, es procedente
analizar la solicitud de pensión por Jubilación
planteada.
IV.- Del análisis practicado a la documentación
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento
de investigación que establece el artículo 67, de la Ley
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó
fehacientemente la antigüedad del C. José Luis
Balbuena Bazaldua, por lo que se acreditan a la fecha
de su solicitud 21 años, 03 meses, 25 días, de servicio
efectivo interrumpido, ya que ha prestado sus servicios
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,
desempeñando los cargos siguientes: Analista
Especializado, en la Dirección General de
Procedimientos Penales de la Procuraduría General
de Justicia, del 03 de enero, al 31 de diciembre de
1992; Agente del Ministerio Público, en la Dirección
General de Procedimientos Penales de la
Procuraduría General de Justicia, del 01 de enero de
1993, al 14 de febrero de 1997; del 22 de febrero de
1997, al 30 de junio de 1998; Subdirector de
Determinaciones, en la Dirección de Averiguaciones
Previas Zona Oriente de la Procuraduría General de
Justicia, del 01 de julio de 1998, al 15 de enero de
1999; Agente del Ministerio Público, en la Dirección de
Averiguaciones Previas Zona Metropolitana de la
Procuraduría General de Justicia, del 16 de junio de
1999, al 09 de junio de 2000; Agente del Ministerio
Público, en la Coordinación de Control de Procesos
Zona Oriente de la Procuraduría General de Justicia,
del 10 de junio de 2000, al 01 de agosto de 2001;
Agente del Ministerio Público, en la Procuraduría
General de Justicia, del 02 de agosto, al 30 de
diciembre de 2001; Director de Averiguaciones Previas
y Procedimientos Penales Zona Metropolitana, de la
Procuraduría General de Justicia, del 16 de febrero, al
20 de marzo de 2002; Agente del Ministerio Público,
en la Dirección de Averiguaciones Previas Zona
Oriente de la Procuraduría General de Justicia, del 10
de marzo de 2003, al 16 de mayo de 2011; del 31 de
mayo, al 30 de junio de 2011, del 29 de diciembre de
2011, al 28 de febrero de 2012; Agente del Ministerio
Público, en la Dirección General de Investigaciones y
Procesos Penales de la Procuraduría General de
Justicia, actualmente Fiscalía General del Estado; del
01 de marzo de 2012, al 25 de mayo de 2015; fecha
en la que fue expedida la constancia de referencia. De
lo anterior se desprende que la Jubilación solicitada
encuadra en lo previsto por el artículo 16, fracción I,
inciso j), del cuerpo normativo antes aludido, por lo
que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo
conducente es conceder al sujeto de la Ley en
referencia el beneficio solicitado.
Por lo anteriormente expuesto, esta LIII
Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO SETENTA Y CINCO
POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR
JUBILACIÓN AL CIUDADANO JOSÉ LUIS
BALBUENA BAZALDÚA, BAJO LOS SIGUIENTES
TÉRMINOS:
ARTICULO 1º.- Se concede pensión por
Jubilación al C. José Luis Balbuena Bazaldúa, quien
ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo
el de: Agente del Ministerio Público, en la Dirección
General de Investigaciones y Procesos Penales de la
Procuraduría General de Justicia, actualmente Fiscalía
General del Estado.
ARTICULO 2º.- La pensión decretada deberá
cubrirse al 55% de la última remuneración de la
solicitante, de conformidad con el inciso j) de la
fracción I del artículo 16 de la Ley de Prestaciones de
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de
Seguridad Pública y será cubierta a partir del día
siguiente a aquél en que el sujeto de la Ley se separe
de sus funciones por la Secretaría de Hacienda del
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia
que realizará el pago en forma mensual con cargo a la
partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo
que disponen los artículos 5, 14 y 16, fracción I inciso
j) de la citada Ley.
ARTICULO 3º.- La pensión concedida deberá
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual
al salario mínimo general del área correspondiente al
Estado de Morelos, atento a lo dispuesto por el
segundo párrafo del artículo 66 de la Ley del Servicio
Civil del Estado de Morelos de aplicación supletoria en
términos de lo señalado por el numeral Décimo
Primero Transitorio de la Ley de Prestaciones de
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de
Seguridad Pública, integrándose por el salario, las
prestaciones, las asignaciones y la compensación de
fin de año o aguinaldo, de conformidad con lo
establecido por el segundo párrafo del artículo 24 de la
Ley antes citada.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente
Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para
su promulgación y publicación respectiva de
conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII,
inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Morelos.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto,
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖, órgano de
difusión del Gobierno del Estado de Morelos.
Recinto Legislativo, a los once días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
Página 72 PERIÓDICO OFICIAL 09 de diciembre de 2015
Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Francisco A. Moreno Merino. Presidente. Dip. Silvia Irra Marín. Secretaria. Dip. Efraín Esaú Mondragón Corrales. Secretario. Rúbricas.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, a los dos días del mes de diciembre de dos mil quince.
―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN‖ GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU
SECRETARIO DE GOBIERNO M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA
RÚBRICAS.
Al margen izquierdo un Escudo del Estado de Morelos que dice: ―Tierra y Libertad‖.- La tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos.- Poder Legislativo. LIII. 2015-2018.
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS HABITANTES SABED:
Que el H. Congreso del Estado se ha servido enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:
CONSIDERANDOS: I.- En fecha 08 de junio del 2015, el C. Jorge
Alberto Martínez Cabañas, por su propio derecho, presentó ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación, de conformidad con la hipótesis contemplada en el artículo 16, fracción I, inciso h), de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, acompañando a su petición la documentación exigida por el artículo 15, fracción I, incisos a), b) y c), del marco legal antes mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de certificación de remuneración expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.
II.- Que al tenor del artículo 14, de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en la Entidad, el pago de la pensión por Jubilación y por Cesantía en Edad Avanzada, se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del Decreto cesará en su función. El sujeto de la Ley que se hubiera separado de su función, antes de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día de su separación. Y de conformidad con los artículos 16 del mismo ordenamiento, la pensión por jubilación se otorgará a los sujetos de la Ley, que conforme a su antigüedad se ubiquen en el supuesto correspondiente.
III.- Con base en los artículos 8, 43, fracción I,
inciso b), 68, primer párrafo, 105, de la Ley del
Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos
vigente a partir del 25 de agosto de 2009 y artículo 2,
fracción II, de la Ley de Prestaciones de Seguridad
Social de las Instituciones Policiales y de Procuración
de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública,
disposiciones que establecen lo siguiente:
Artículo 8.- Los integrantes de las instituciones
policiales, peritos y ministerios públicos serán
considerados personal de seguridad pública y deberán
cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del artículo
100 de la presente ley; por lo que se sujetarán para su
ingreso y permanencia a las evaluaciones de
certificación y control de confianza.
Artículo 43.- Son instituciones en materia de
Seguridad Pública las siguientes:
Estatales:
b) La Procuraduría General de Justicia.
Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las
Instituciones de Seguridad Pública, el personal
conformado por los cuerpos policíacos, peritos y
ministerios públicos se regirán por el apartado B, del
artículo 123, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la propia del Estado, la presente
Ley y demás disposiciones legales aplicables.
Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad
Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones
previstas como mínimas para los trabajadores al
servicio del Estado de Morelos y generarán de
acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus
presupuestos, una normatividad de régimen complementario
de seguridad social y reconocimientos, de conformidad
con lo previsto en el artículo 123, apartado B, fracción
XIII, tercer párrafo, de la Constitución General.
Artículo 2.- Son sujetos de esta Ley, los
miembros de las Instituciones Policiales y de
Procuración de Justicia los siguientes:
II.- Dentro de las Instituciones de Procuración
de Justicia: El Procurador General de Justicia, los
Agentes del Ministerio Público y los Peritos.
Con fundamento en las disposiciones de la Ley
del Sistema de Seguridad Pública del Estado de
Morelos transcritas con anterioridad, y con base en los
artículos 14, 15, 16 y 24 de la Ley de Prestaciones de
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de
Seguridad Pública, a que se han hecho referencia en
la consideración II de la presente, es procedente
analizar la solicitud de pensión por Jubilación.
IV.- Del análisis practicado a la documentación
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento
de investigación que establece el artículo 67, de la Ley
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó
fehacientemente la antigüedad del C. Jorge Alberto
Martínez Cabañas, por lo que se acreditan a la fecha
de su solicitud 23 años, 05 días, de servicio efectivo
interrumpido, ya que ha prestado sus servicios en el
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo
desempeñado los cargos siguientes:
09 de diciembre de 2015 PERIÓDICO OFICIAL Página 73
Policía Rural, en la Dirección de la Policía Rural
del Estado, del 16 de marzo de 1987, al 15 de agosto
de 1988; Perito, en la Dirección General de
Procedimientos Penales de la Procuraduría General
de Justicia, del 16 de marzo de 1992, al 14 de junio de
1993; Perito ―B‖, en la Dirección General de
Procedimientos Penales de la Procuraduría General
de Justicia, del 15 de junio de 1993, al 14 de
noviembre de 1994; Delegado, en la Dirección de
Servicios Periciales Delegación Cuautla de la
Procuraduría General de Justicia; del 15 de noviembre
de 1994, al 02 de abril de 1995; Perito, en la Dirección
General de Servicios Periciales de la Procuraduría
General de Justicia, del 05 de noviembre de 1996, al
30 de septiembre de 2010; Perito, en la Coordinación
Regional de Servicios Periciales Zona Oriente de la
Procuraduría General de Justicia, actualmente Fiscalía
General del Estado, del 01 de octubre de 2010, al 25
de mayo de 2015, fecha en la que fue expedida la
constancia de referencia. De lo anterior se desprende
que la jubilación solicitada encuadra solamente en lo
previsto por el artículo 16, fracción I, inciso h), del
cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar
colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es
conceder al sujeto de la Ley en referencia el beneficio
solicitado.
Por lo anteriormente expuesto, esta LIII
Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO SETENTA Y SEIS
POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR
JUBILACIÓN AL CIUDADANO JORGE ALBERTO
MARTÍNEZ CABAÑAS, BAJO LOS SIGUIENTES
TÉRMINOS:
ARTICULO 1°.- Se concede pensión por
Jubilación al C. Jorge Alberto Martínez Cabañas,
quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo
del Estado de Morelos, desempeñando como último
cargo el de: Perito, en la Coordinación Regional de
Servicios Periciales Zona Oriente de la Procuraduría
General de Justicia, actualmente Fiscalía General del
Estado.
ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá
cubrirse al 65% de la última remuneración del
solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que el
sujeto de la Ley se separe de sus funciones y será
cubierta por la Secretaría de Hacienda del Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia que
deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a
la partida presupuestal destinada para pensiones,
cumpliendo con lo que disponen los artículos 5, 14, y
16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de
las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia
del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
ARTICULO 3º.- La pensión concedida deberá
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual
al salario mínimo general del área correspondiente al
Estado de Morelos, atento a lo dispuesto por el
segundo párrafo del artículo 66 de la Ley del Servicio
Civil del Estado de Morelos de aplicación supletoria en
términos de lo señalado por el numeral Décimo
Primero Transitorio de la Ley de Prestaciones de
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de
Seguridad Pública, integrándose por el salario, las
prestaciones, las asignaciones y la compensación de
fin de año o aguinaldo, de conformidad con lo
establecido por el segundo párrafo del artículo 24 de la
Ley antes citada.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente
Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para
su promulgación y publicación respectiva de
conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII,
inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Morelos.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto,
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖, órgano de
difusión del Gobierno del Estado de Morelos.
Recinto Legislativo, a los once días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip.
Francisco A. Moreno Merino. Presidente. Dip. Silvia
Irra Marín. Secretaria. Dip. Efraín Esaú Mondragón
Corrales. Secretario. Rúbricas.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y
se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo,
Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital
del Estado de Morelos, a los dos días del mes de
diciembre de dos mil quince.
―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN‖
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU
SECRETARIO DE GOBIERNO
M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA
RÚBRICAS.
Página 74 PERIÓDICO OFICIAL 09 de diciembre de 2015
Al margen izquierdo un Escudo del Estado de Morelos que dice: ―Tierra y Libertad‖.- La tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos.- Poder Legislativo. LIII. 2015-2018.
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS HABITANTES SABED:
Que el H. Congreso del Estado se ha servido enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:
CONSIDERANDOS: I.- En fecha 11 de junio del 2015, la C. Rosa
Isela García Díaz, por su propio derecho, presentó ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación, de conformidad con la hipótesis contemplada en el artículo 58, fracción II, inciso a), de la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su petición la documentación exigida por el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de certificación de salario expedidas por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Morelos.
II.- Que al tenor del artículo 56, de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por Jubilación, se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del Decreto cesarán los efectos de su nombramiento. La trabajadora que se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día de su separación. Y de conformidad con el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por Jubilación, se otorgará a la trabajadora que conforme a su antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.
III.- Del análisis practicado a la documentación antes relacionada y una vez realizado el procedimiento de investigación que establece el artículo 67, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad de la C. Rosa Isela García Díaz, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 28 años, 06 días de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus servicios en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Técnica Especializada, del 30 de agosto de 1986, al 30 de abril de 1990; Contadora, Adscrita a Recursos Financieros, del 16 de enero de 1991, al 15 de abril de 1999; Profesionista, adscrita al Departamento de Contabilidad, del 16 de abril de 1999, al 30 de junio de 2003; Auditora, Adscrita a la Subdirección de Contabilidad, adscrita al Departamento de Contabilidad, del 01, al 15 de julio de 2003; Profesionista, del 16 de julio de 2003, al 31 de julio de 2004; Profesionista (Base), adscrita al Departamento de Contabilidad, del 01 de agosto de 2004, al 22 de mayo de 2015, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia.
De lo anterior se desprende que la Jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso a), del cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es conceder a la trabajadora en referencia el beneficio solicitado.
Por lo anteriormente expuesto, esta LIII Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO SETENTA Y SIETE POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR
JUBILACIÓN A LA CIUDADANA ROSA ISELA GARCÍA DÍAZ, BAJO LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:
ARTICULO 1°.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Rosa Isela García Díaz, quien ha prestado sus servicios en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Morelos, desempeñando como último cargo el de: Profesionista (Base), adscrita al Departamento de Contabilidad.
ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 100% del último salario de la solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora se separe de sus labores y será cubierta por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.
ARTICULO 3º.- El monto de la pensión se calculará tomando como base el último salario percibido por el trabajador, incrementándose la cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de Morelos, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley.
TRANSITORIOS ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente
Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para su promulgación y publicación respectiva de conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖, órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos.
Recinto Legislativo, a los once días del mes de noviembre del año dos mil quince.
Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Francisco A. Moreno Merino. Presidente. Dip. Silvia Irra Marín. Secretaria. Dip. Efraín Esaú Mondragón Corrales. Secretario. Rúbricas.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, a los dos días del mes de diciembre de dos mil quince.
―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN‖ GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU
SECRETARIO DE GOBIERNO M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA
RÚBRICAS.
09 de diciembre de 2015 PERIÓDICO OFICIAL Página 75
Al margen izquierdo un Escudo del Estado de
Morelos que dice: ―Tierra y Libertad‖.- La tierra volverá
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder
Legislativo. LIII. 2015-2018.
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED:
Que el H. Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL
ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS,
Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:
CONSIDERANDOS:
I.- En fecha 17 de junio del 2015, la C. Maricruz
Andrade Bautista, por su propio derecho, presentó
ante este Congreso solicitud de pensión por
Jubilación, de conformidad con la hipótesis
contemplada en el artículo 58, fracción II, inciso c), de
la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su
petición la documentación exigida por el artículo 57,
apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes
mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja
de servicios y carta de certificación de salario
expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos.
II.- Que al tenor del artículo 56, de la Ley del
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por
Jubilación, se generará a partir de la fecha en que
entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el
pensionado se encuentra en activo, a partir de la
vigencia del Decreto cesarán los efectos de su
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado
justificada o injustificadamente de su fuente de
empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del
siguiente día de su separación. Y de conformidad con
el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por
Jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su
antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.
III.- Del análisis practicado a la documentación
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento
de investigación que establece el artículo 67, de la Ley
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó
fehacientemente la antigüedad de la C. Maricruz
Andrade Bautista, por lo que se acreditan a la fecha de
su solicitud 26 años 03 días, de servicio efectivo de
trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,
desempeñando los cargos siguientes:
Secretaria, en la Dirección General de Servicios
Sociales, del 09 de junio de 1989, al 31 de agosto de
1996; Secretaria Ejecutiva, en la Dirección General de
Servicios Sociales, del 01 de septiembre de 1996, al
15 de febrero de 1999; Secretaria Ejecutiva (Base), en
la Dirección General de Servicios Generales de la
Oficialía Mayor, del 16 de febrero de 1999, al 30 de
abril de 2005; Secretaria Ejecutiva, en la Dirección
General de Servicios de la Oficialía Mayor, del 01 de
mayo de 2005, al 15 de julio de 2006; Secretaria
Ejecutiva, en la Dirección General de Mantenimiento
Vehicular y Señalamiento de Inmuebles de la Oficialía
Mayor, del 16 de julio de 2006, al 31 de mayo de 2010;
Secretaria Ejecutiva, en la Dirección General de
Proyectos Económicos Regionales de la Secretaría de
Desarrollo Económico, del 01 de junio de 2010, al 01
de febrero de 2011; Analista Administrativa, en la
Dirección General de Evaluación de la Secretaría de
Finanzas y Planeación, del 02 de febrero de 2011, al
15 de septiembre de 2013; Secretaria de
Subsecretario, en la Dirección General de
Programación y Evaluación de la Secretaría de
Hacienda, del 16 de septiembre de 2013, al 03 de
febrero de 2014; Secretaria de Subsecretario (Base),
en la Dirección General de Programación y Evaluación
de la Secretaría de Hacienda, del 04 de febrero de
2014, al 12 de junio de 2015, fecha en la que fue
expedida la constancia de referencia. De lo anterior se
desprende que la Jubilación solicitada encuadra en lo
previsto por el artículo 58, fracción II, inciso c), del
cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar
colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es
conceder a la trabajadora en referencia el beneficio
solicitado.
Por lo anteriormente expuesto, esta LIII
Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO SETENTA Y OCHO
POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR
JUBILACIÓN A LA CIUDADANA MARICRUZ
ANDRADE BAUTISTA, BAJO LOS SIGUIENTES
TÉRMINOS:
ARTICULO 1°.- Se concede pensión por
Jubilación a la C. Maricruz Andrade Bautista, quien ha
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo
el de: Secretaria de Subsecretario (Base), en la
Dirección General de Programación y Evaluación de la
Secretaría de Hacienda.
ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá
cubrirse al 90% del último salario de la solicitante, a
partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora
se separe de sus labores y será cubierta por la
Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado
de Morelos, dependencia que deberá realizar el pago
en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal
destinada para pensiones, cumpliendo con lo que
disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del
Servicio Civil del Estado.
Página 76 PERIÓDICO OFICIAL 09 de diciembre de 2015
ARTICULO 3º.- El monto de la pensión se
calculará tomando como base el último salario
percibido por el trabajador, incrementándose la
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al
salario mínimo general del área correspondiente al
Estado de Morelos, integrándose la misma por el
salario, las prestaciones, las asignaciones y el
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente
Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para
su promulgación y publicación respectiva de
conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII,
inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Morelos.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto,
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖, órgano de
difusión del Gobierno del Estado de Morelos.
Recinto Legislativo, a los once días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip.
Francisco A. Moreno Merino. Presidente. Dip. Silvia
Irra Marín. Secretaria. Dip. Efraín Esaú Mondragón
Corrales. Secretario. Rúbricas.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y
se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo,
Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital
del Estado de Morelos, a los dos días del mes de
diciembre de dos mil quince.
―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN‖
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU
SECRETARIO DE GOBIERNO
M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA
RÚBRICAS.
Al margen izquierdo un Escudo del Estado de
Morelos que dice: ―Tierra y Libertad‖.- La tierra volverá
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder
Legislativo. LIII. 2015-2018.
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED:
Que el H. Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL
ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS,
Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:
CONSIDERANDOS:
I.- Mediante escrito presentado en fecha 17de
junio de 2015, ante este Congreso del Estado, el C.
José Juan Sánchez Zúñiga, por su propio derecho,
solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por
Jubilación, acompañando a su petición la
documentación exigida por el artículo 15, fracción I,
incisos a), b) y c) de la Ley de Prestaciones de
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de
Seguridad Pública, consistentes en: acta de
nacimiento, hoja de servicios y carta de certificación
de remuneración expedidas por el Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos.
II.- Que al tenor del artículo 14, de la Ley de
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema
Estatal de Seguridad Pública vigente en la Entidad, el
pago de la pensión por Jubilación y por Jubilación, se
generará a partir de la fecha en que entre en vigencia
el Decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra
en activo, a partir de la vigencia del Decreto cesará en
su función. El sujeto de la Ley que se hubiera
separado de su función, antes de la fecha de vigencia
del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su
pensión a partir del siguiente día de su separación. Y
con fundamento con el artículo 16 y 24 del mismo
ordenamiento, la pensión por jubilación se otorgará al
sujeto de la Ley que, se ubique en el supuesto
correspondiente a los años de servicio prestados,
según lo establece el artículo de referencia.
III.- Con base en los artículos 8, 43, fracción I,
inciso c), 68, primer párrafo, 105, de la Ley del
Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos
vigente a partir del 25 de agosto de 2009,
disposiciones que establecen lo siguiente:
Artículo 8.- Los integrantes de las instituciones
policiales, peritos y ministerios públicos serán
considerados personal de seguridad pública y deberán
cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del artículo
100 de la presente ley; por lo que se sujetarán para su
ingreso y permanencia a las evaluaciones de
certificación y control de confianza.
Artículo 43.- Son Instituciones en materia de
Seguridad Pública:
I. Estatales:
c) La Policía Industrial Bancaria y Auxiliar;
Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las
Instituciones de Seguridad Pública, el personal
conformado por los cuerpos policíacos, peritos y
ministerios públicos se regirán por el apartado B, del
artículo 123, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la propia del Estado, la presente
Ley y demás disposiciones legales aplicables.
09 de diciembre de 2015 PERIÓDICO OFICIAL Página 77
Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad
Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones
previstas como mínimas para los trabajadores al
servicio del Estado de Morelos y generarán de
acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus
presupuestos, una normatividad de régimen complementario
de seguridad social y reconocimientos, de conformidad
con lo previsto en el artículo 123, apartado B, fracción
XIII, tercer párrafo, de la Constitución General.
Con fundamento en las disposiciones de la Ley
del Sistema de Seguridad Pública del Estado de
Morelos transcritas con anterioridad, y con base en los
artículos 14, 15, 16 y 24 de la Ley de Prestaciones de
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de
Seguridad Pública, a que se han hecho referencia en
la consideración II de la presente, es procedente
analizar la solicitud de pensión por Jubilación
planteada.
IV.- Del análisis practicado a la documentación
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento
de investigación que establece el artículo 67, de la Ley
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó
fehacientemente la antigüedad del C. José Juan
Sánchez Zúñiga, por lo que se acreditan a la fecha de
su solicitud 21 años, 01 mes, 25 días, de servicio
efectivo ininterrumpido, ya que ha prestado sus
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,
desempeñando los cargos siguientes: Policía Raso, en
el Departamento Operativo Bis de la Dirección General
de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, del 16 de
abril de 1994, al 31 de julio de 2002; Policía Raso, en
la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar Zona Oriente
de la Secretaría de Seguridad Pública, actualmente
Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 01 de
agosto de 2002, al 11 de junio de 2015; fecha en la
que fue expedida la constancia de referencia. De lo
anterior se desprende que la Jubilación solicitada
encuadra en lo previsto por el artículo 16, fracción I,
inciso j), del cuerpo normativo antes aludido, por lo
que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo
conducente es conceder a la sujeto de la Ley en
referencia el beneficio solicitado.
Por lo anteriormente expuesto, esta LIII
Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO SETENTA Y NUEVE
POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR
JUBILACIÓN AL CIUDADANO JOSÉ JUAN
SÁNCHEZ ZÚÑIGA, BAJO LOS SIGUIENTES
TÉRMINOS:
ARTICULO 1º.- Se concede pensión por
Jubilación al C. José Juan Sánchez Zúñiga, quien ha
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo
el de: Policía Raso, en la Policía Industrial Bancaria y
Auxiliar Zona Oriente de la Secretaría de Seguridad
Pública, actualmente Comisión Estatal de Seguridad
Pública.
ARTICULO 2º.- La pensión decretada deberá
cubrirse al 55% de la última remuneración del
solicitante, de conformidad con el inciso j) de la
fracción I del artículo 16 de la Ley de Prestaciones de
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de
Seguridad Pública y será cubierta a partir del día
siguiente a aquél en que el sujeto de la Ley se separe
de sus funciones por la Secretaría de Hacienda del
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia
que realizará el pago en forma mensual con cargo a la
partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo
que disponen los artículos 5, 14 y 16, fracción I inciso
j) de la citada Ley.
ARTICULO 3º.- La pensión concedida deberá
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual
al salario mínimo general del área correspondiente al
Estado de Morelos, atento a lo dispuesto por el
segundo párrafo del artículo 66 de la Ley del Servicio
Civil del Estado de Morelos de aplicación supletoria en
términos de lo señalado por el numeral Décimo
Primero Transitorio de la Ley de Prestaciones de
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de
Seguridad Pública, integrándose por el salario, las
prestaciones, las asignaciones y la compensación de
fin de año o aguinaldo, de conformidad con lo
establecido por el segundo párrafo del artículo 24 de la
Ley antes citada.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente
Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para
su promulgación y publicación respectiva de
conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII,
inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Morelos.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto,
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖, órgano de
difusión del Gobierno del Estado de Morelos.
Recinto Legislativo, a los once días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip.
Francisco A. Moreno Merino. Presidente. Dip. Silvia
Irra Marín. Secretaria. Dip. Efraín Esaú Mondragón
Corrales. Secretario. Rúbricas.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y
se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo,
Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital
del Estado de Morelos, a los dos días del mes de
diciembre de dos mil quince.
―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN‖
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU
SECRETARIO DE GOBIERNO
M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA
RÚBRICAS.
Página 78 PERIÓDICO OFICIAL 09 de diciembre de 2015
Al margen izquierdo un Escudo del Estado de
Morelos que dice: ―Tierra y Libertad‖.- La tierra volverá
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder
Legislativo. LIII. 2015-2018.
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED:
Que el H. Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL
ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS,
Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:
CONSIDERANDOS:
I.- Mediante escrito presentado en fecha 17 de
junio de 2015, ante este Congreso del Estado, el C.
Filiberto Pedro Sánchez Zúñiga, por su propio
derecho, solicitó de esta Soberanía le sea otorgada
pensión por Jubilación, acompañando a su petición la
documentación exigida por el artículo 15, fracción I,
incisos a), b) y c) de la Ley de Prestaciones de
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de
Seguridad Pública, consistentes en: acta de
nacimiento, hoja de servicios y carta de certificación
de remuneración expedidas por el Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos.
II.- Que al tenor del artículo 14, de la Ley de
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema
Estatal de Seguridad Pública vigente en la Entidad, el
pago de la pensión por Jubilación y por Jubilación se
generará a partir de la fecha en que entre en vigencia
el Decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra
en activo, a partir de la vigencia del Decreto cesará en
su función. El sujeto de la Ley que se hubiera
separado de su función, antes de la fecha de vigencia
del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su
pensión a partir del siguiente día de su separación. Y
con fundamento con el artículo 16 y 24 del mismo
ordenamiento, la pensión por jubilación se otorgará al
sujeto de la Ley que, se ubique en el supuesto
correspondiente a los años de servicio prestados,
según lo establece el artículo de referencia.
III.- Con base en los artículos 8, 43, fracción I,
inciso c), 68, primer párrafo, 105, de la Ley del
Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos
vigente a partir del 25 de agosto de 2009,
disposiciones que establecen lo siguiente:
Artículo 8.- Los integrantes de las instituciones
policiales, peritos y ministerios públicos serán
considerados personal de seguridad pública y deberán
cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del artículo
100 de la presente ley; por lo que se sujetarán para su
ingreso y permanencia a las evaluaciones de
certificación y control de confianza.
Artículo 43.- Son Instituciones en materia de
Seguridad Pública:
I. Estatales:
c) La Policía Industrial Bancaria y Auxiliar;
Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las
Instituciones de Seguridad Pública, el personal
conformado por los cuerpos policíacos, peritos y
ministerios públicos se regirán por el apartado B, del
artículo 123, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la propia del Estado, la presente
Ley y demás disposiciones legales aplicables.
Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad
Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones
previstas como mínimas para los trabajadores al
servicio del Estado de Morelos y generarán de
acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus
presupuestos, una normatividad de régimen complementario
de seguridad social y reconocimientos, de conformidad
con lo previsto en el artículo 123, apartado B, fracción
XIII, tercer párrafo, de la Constitución General.
Con fundamento en las disposiciones de la Ley
del Sistema de Seguridad Pública del Estado de
Morelos transcritas con anterioridad, y con base en los
artículos 14, 15, 16 y 24 de la Ley de Prestaciones de
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de
Seguridad Pública, a que se han hecho referencia en
la consideración II de la presente, es procedente
analizar la solicitud de pensión por Jubilación
planteada.
IV.- Del análisis practicado a la documentación
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento
de investigación que establece el artículo 67, de la Ley
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó
fehacientemente la antigüedad del C. Filiberto Pedro
Sánchez Zúñiga, por lo que se acreditan a la fecha de
su solicitud 20 años, 02 meses, 19 días, de servicio
efectivo ininterrumpido, ya que ha prestado sus
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,
desempeñando los cargos siguientes: Policía Raso, en
la Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y
Auxiliar, del 22 de marzo de 1995, al 31 de julio de
2002; Policía Raso, en la Policía Industrial Bancaria y
Auxiliar Zona Oriente de la Secretaría de Seguridad
Pública, actualmente comisión Estatal de Seguridad
Pública; del 01 de agosto de 2002, al 11 de junio de
2015; fecha en la que fue expedida la constancia de
referencia. De lo anterior se desprende que la
Jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el
artículo 16, fracción I, inciso k), del cuerpo normativo
antes aludido, por lo que al quedar colmados los
requisitos de la Ley, lo conducente es conceder a la
sujeto de la Ley en referencia el beneficio solicitado.
Por lo anteriormente expuesto, esta LIII
Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente:
09 de diciembre de 2015 PERIÓDICO OFICIAL Página 79
DECRETO NÚMERO OCHENTA
POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR
JUBILACIÓN AL CIUDADANO FILIBERTO PEDRO
SÁNCHEZ ZÚÑIGA, BAJO LOS SIGUIENTES
TÉRMINOS:
ARTICULO 1º.- Se concede pensión por
Jubilación al C. Filiberto Pedro Sánchez Zúñiga, quien
ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo
el de: Policía Raso, en la Policía Industrial Bancaria y
Auxiliar Zona Oriente de la Secretaría de Seguridad
Pública, actualmente comisión Estatal de Seguridad
Pública.
ARTICULO 2º.- La pensión decretada deberá
cubrirse al 50% de la última remuneración de la
solicitante, de conformidad con el inciso k) de la
fracción I del artículo 16 de la Ley de Prestaciones de
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de
Seguridad Pública y será cubierta a partir del día
siguiente a aquél en que el sujeto de la Ley se separe
de sus funciones por la Secretaría de Hacienda del
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia
que realizará el pago en forma mensual con cargo a la
partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo
que disponen los artículos 5, 14 y 16, fracción I inciso
k) de la citada Ley.
ARTICULO 3º.- La pensión concedida deberá
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual
al salario mínimo general del área correspondiente al
Estado de Morelos, atento a lo dispuesto por el
segundo párrafo del artículo 66 de la Ley del Servicio
Civil del Estado de Morelos de aplicación supletoria en
términos de lo señalado por el numeral Décimo
Primero Transitorio de la Ley de Prestaciones de
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de
Seguridad Pública, integrándose por el salario, las
prestaciones, las asignaciones y la compensación de
fin de año o aguinaldo, de conformidad con lo
establecido por el segundo párrafo del artículo 24 de la
Ley antes citada.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente
Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para
su promulgación y publicación respectiva de
conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII,
inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Morelos.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto,
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖, órgano de
difusión del Gobierno del Estado de Morelos.
Recinto Legislativo, a los once días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip.
Francisco A. Moreno Merino. Presidente. Dip. Silvia
Irra Marín. Secretaria. Dip. Efraín Esaú Mondragón
Corrales. Secretario. Rúbricas.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y
se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo,
Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital
del Estado de Morelos, a los dos días del mes de
diciembre de dos mil quince.
―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN‖
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU
SECRETARIO DE GOBIERNO
M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA
RÚBRICAS.
Al margen izquierdo un Escudo del Estado de
Morelos que dice: ―Tierra y Libertad‖.- La tierra volverá
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder
Legislativo. LIII. 2015-2018.
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED:
Que el H. Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL
ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS,
Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:
CONSIDERANDOS:
I.- En fecha 19 de junio del 2015, el C. Sergio
Millán Piedra, por su propio derecho, presentó ante
este Congreso solicitud de pensión por Jubilación, de
conformidad con la hipótesis contemplada en el
artículo 58, fracción II, inciso g), de la Ley del Servicio
Civil del Estado, acompañando a su petición la
documentación exigida por el artículo 57, apartado A),
fracciones I, II y III, del marco legal antes mencionado,
consistentes en: acta de nacimiento, hoja de servicios
y carta de certificación de salario expedidas por el
Poder Judicial del Estado de Morelos.
Página 80 PERIÓDICO OFICIAL 09 de diciembre de 2015
II.- Que al tenor del artículo 56, de la Ley del
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por
Jubilación, se generará a partir de la fecha en que
entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el
pensionado se encuentra en activo, a partir de la
vigencia del Decreto cesarán los efectos de su
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado
justificada o injustificadamente de su fuente de
empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del
siguiente día de su separación. Y de conformidad con
el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por
Jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su
antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.
III.- Del análisis practicado a la documentación
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento
de investigación que establece el artículo 67, de la Ley
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó
fehacientemente la antigüedad del C. Sergio Millán
Piedra, por lo que se acreditan a la fecha de su
solicitud 24 años, 01 mes, 09 días de servicio efectivo
de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus
servicios en el Poder Judicial del Estado de Morelos,
desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar de
Intendencia del Poder Judicial, comisionado en los
Juzgados Penales del Primer Distrito Judicial, del 02
de mayo de 1991, al 22 de febrero de 1995; Auxiliar de
Intendencia, adscrito al Juzgado Tercero Penal del
Primer Distrito Judicial, consecuentemente ]Termina
comisionado como Supernumerario, del 23 de febrero
de 1995, al 15 de marzo de 1999; como Auxiliar de
Intendencia de Base, cambia de adscripción a la
Dirección General de Administración del H. Cuerpo
Colegiado, del 16 de marzo de 1999, al 25 de mayo de
2004; se le promueve como Oficial Judicial ―D‖ Interino
adscrito al Juzgado Menor Civil del Noveno distrito
Judicial, con residencia en Jiutepec, Morelos, del 26
de mayo, al 25 de agosto de 2004; se le promueve de
forma definitiva como Oficial Judicial ―D‖ adscrito al
Juzgado Menor Civil del Noveno Distrito Judicial con
residencia en Jiutepec, Morelos, del 26 de agosto de
2004, al 09 de mayo de 2007; cambio de adscripción
con su mismo cargo de Oficial Judicial ―D‖, a la Oficina
Sindical del H. Tribunal Superior de Justicia, del 10 de
mayo de 2007, al 18 de marzo de 2008; se le otorga
nombramiento de Oficial Judicial ―C‖ con adscripción al
Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder
Judicial en el Estado, del 19 de marzo de 2008, al 29
de febrero de 2012; se le autoriza ascenso
escalafonario a Oficial Judicial ―B‖ en su misma
adscripción, del 01 de marzo, al 14 de agosto de 2012;
se le cambia de adscripción con su mismo cargo y
emolumentos de Oficial Judicial, al Juzgado Menor
Civil de la Novena Demarcación Territorial en el
Estado, del 15 de agosto, al 30 de septiembre de
2012; se le cambia de adscripción con su mismo cargo
y emolumentos de Oficial Judicial, al Juzgado Mixto de
Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial del
Estado, del 01 de octubre de 2012, al 09 de junio de
2013; se le cambia de adscripción con su mismo cargo
y emolumentos de Oficial Judicial, al Juzgado Menor
Penal de la Sexta Demarcación Territorial en el Estado
con sede en Cuautla, Morelos, del 10 de junio, al 08
de octubre de 2013; se le comunica cambio de
adscripción con su mismo cargo y emolumentos de
Oficial Judicial al Departamento de Recursos
Materiales , de la Dirección General de Administración
del Poder Judicial del Estado, del 09 de octubre, al 28
de octubre del 2013; se le comunica cambio de
adscripción con su mismo cargo y emolumentos al
Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia dl Quinto
Distrito Judicial del Estado, del 29 de octubre de 2013,
al 14 de enero de 2014; Oficial Judicial ―A‖, del 15 de
enero de 2014, al 11 de junio de 2015; fecha en la que
fue expedida la constancia de referencia.
De lo anterior se desprende que la Jubilación
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58,
fracción II, inciso g), del cuerpo normativo antes
aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos
de la Ley, lo conducente es conceder al trabajador en
referencia el beneficio solicitado.
Por lo anteriormente expuesto, esta LIII
Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO OCHENTA Y UNO
POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR
JUBILACIÓN AL CIUDADANO SERGIO MILLÁN
PIEDRA, BAJO LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:
ARTICULO 1°.- Se concede pensión por
Jubilación al C. Sergio Millán Piedra, quien ha
prestado sus servicios en el Poder Judicial del Estado
de Morelos, desempeñando como último cargo el de:
Oficial Judicial ―A‖.
ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá
cubrirse al 70% del último salario del solicitante, a
partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se
separe de sus labores y será cubierta por el Poder
Judicial del Estado de Morelos, Dependencia que
deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a
la partida presupuestal destinada para pensiones,
cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y
58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.
ARTICULO 3º.- El monto de la pensión se
calculará tomando como base el último salario
percibido por el trabajador, incrementándose la
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al
salario mínimo general del área correspondiente al
Estado de Morelos, integrándose la misma por el
salario, las prestaciones, las asignaciones y el
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente
Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para
su promulgación y publicación respectiva de
conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII,
inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Morelos.
09 de diciembre de 2015 PERIÓDICO OFICIAL Página 81
ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto,
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖, órgano de
difusión del Gobierno del Estado de Morelos.
Recinto Legislativo, a los once días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip.
Francisco A. Moreno Merino. Presidente. Dip. Silvia
Irra Marín. Secretaria. Dip. Efraín Esaú Mondragón
Corrales. Secretario. Rúbricas.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y
se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo,
Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital
del Estado de Morelos, a los dos días del mes de
diciembre de dos mil quince.
―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN‖
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU
SECRETARIO DE GOBIERNO
M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA
RÚBRICAS.
Al margen izquierdo un Escudo del Estado de
Morelos que dice: ―Tierra y Libertad‖.- La tierra volverá
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder
Legislativo. LIII. 2015-2018.
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED:
Que el H. Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL
ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS,
Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:
CONSIDERANDOS:
I.- En fecha 12 de octubre del 2015, la C. Lilia
Pérez Hernández, por su propio derecho, presentó
ante este Congreso solicitud de pensión por
Jubilación, de conformidad con la hipótesis
contemplada en el artículo 58, fracción II, inciso a), de
la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su
petición la documentación exigida por el artículo 57,
apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes
mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja
de servicios y carta de certificación de salario
expedidas por el Instituto de la Educación Básica del
Estado de Morelos.
II.- Que al tenor del artículo 56, de la Ley del
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por
Jubilación, se generará a partir de la fecha en que
entre en vigencia el Decreto respectivo. Si la
pensionada se encuentra en activo, a partir de la
vigencia del Decreto cesarán los efectos de su
nombramiento. La trabajadora que se hubiere
separado justificada o injustificadamente de su fuente
de empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto
que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir
del siguiente día de su separación. Y de conformidad
con el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión
por Jubilación, se otorgará a la trabajadora que
conforme a su antigüedad se ubique en el supuesto
correspondiente.
III.- Del análisis practicado a la documentación
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento
de investigación que establece el artículo 67, de la Ley
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó
fehacientemente la antigüedad de la C. Lilia Pérez
Hernández, por lo que se acreditan a la fecha de su
solicitud 28 años, 01 mes, 03 días, de servicio efectivo
de trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus
servicios en el Instituto de la Educación Básica del
Estado de Morelos, desempeñando los cargos
siguientes: Maestra de Grupo Primaria, del 01 de
septiembre, al 30 de diciembre de 1987; Maestra de
Grupo Primaria, del 01 de enero de 1988, al 31 de
agosto de 1994; Maestra de Grupo de Primaria
Foránea Nivel 7A de Carrera Magisterial, del 01 de
septiembre 1994, al 31 de agosto de 2004; Maestra de
Grupo Primaria Foránea Nivel 7B de Carrera
Magisterial, del 01 de septiembre de 2004, al 31 de
agosto de 2012; Maestra de Grupo de Primaria
Foránea Nivel 7C de Carrera Magisterial, adscrita a la
Escuela Primaria Melchor Ocampo del Municipio de
Cuernavaca, Morelos, del 01 de septiembre de 2012,
al 05 de octubre de 2015; fecha en la que fue
expedida la constancia de referencia. De lo anterior se
desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo
previsto por el artículo 58, fracción II, inciso a), del
cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar
colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es
conceder a la trabajadora en referencia el beneficio
solicitado.
Por lo anteriormente expuesto, esta LIII
Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO OCHENTA Y DOS
POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR
JUBILACIÓN A LA CIUDADANA LILIA PÉREZ
HERNÁNDEZ, BAJO LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:
ARTICULO 1°.- Se concede pensión por
Jubilación a la C. Lilia Pérez Hernández, quien ha
prestado sus servicios en el Instituto de la Educación
Básica del Estado de Morelos, desempeñando como
último cargo el de: Maestra de Grupo de Primaria
Foránea Nivel 7C de Carrera Magisterial, adscrita a la
Escuela Primaria Melchor Ocampo del Municipio de
Cuernavaca, Morelos.
Página 82 PERIÓDICO OFICIAL 09 de diciembre de 2015
ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá
cubrirse al 100% del último salario de la solicitante, a
partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora
se separe de sus labores y será cubierta por el
Instituto de la Educación Básica del Estado de
Morelos, Dependencia que deberá realizar el pago en
forma mensual, con cargo a la partida presupuestal
destinada para pensiones, cumpliendo con lo que
disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del
Servicio Civil del Estado.
ARTICULO 3º.- El monto de la pensión se
calculará tomando como base el último salario
percibido por la trabajadora, incrementándose la
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al
salario mínimo general del área correspondiente al
Estado de Morelos, integrándose la misma por el
salario, las prestaciones, las asignaciones y el
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente
Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para
su promulgación y publicación respectiva de
conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII,
inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Morelos.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto,
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖, órgano de
difusión del Gobierno del Estado de Morelos.
Recinto Legislativo, a los once días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip.
Francisco A. Moreno Merino. Presidente. Dip. Silvia
Irra Marín. Secretaria. Dip. Efraín Esaú Mondragón
Corrales. Secretario. Rúbricas.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y
se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo,
Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital
del Estado de Morelos, a los dos días del mes de
diciembre de dos mil quince.
―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN‖
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU
SECRETARIO DE GOBIERNO
M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA
RÚBRICAS.
Al margen izquierdo un Escudo del Estado de
Morelos que dice: ―Tierra y Libertad‖.- La tierra volverá
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder
Legislativo. LIII. 2015-2018.
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED:
Que el H. Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL
ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS,
Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:
CONSIDERANDOS:
I.- En fecha 12 de octubre del 2015, el C. Oscar
Pérez Nava, por su propio derecho, presentó ante este
Congreso solicitud de pensión por Jubilación, de
conformidad con la hipótesis contemplada en el
artículo 58, fracción I, inciso a), de la Ley del Servicio
Civil del Estado, acompañando a su petición la
documentación exigida por el artículo 57, apartado A),
fracciones I, II y III, del marco legal antes mencionado,
consistentes en: acta de nacimiento, hoja de servicios
y carta de certificación de salario expedidas por el
Instituto de la Educación Básica del Estado de
Morelos.
II.- Que al tenor del artículo 56, de la Ley del
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por
Jubilación, se generará a partir de la fecha en que
entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el
pensionado se encuentra en activo, a partir de la
vigencia del Decreto cesarán los efectos de su
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado
justificada o injustificadamente de su fuente de
empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del
siguiente día de su separación. Y de conformidad con
el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por
Jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su
antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.
III.- Del análisis practicado a la documentación
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento
de investigación que establece el artículo 67, de la Ley
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó
fehacientemente la antigüedad del C. Oscar Pérez
Nava, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud
32 años, 08 meses, 16 días, de servicio efectivo de
trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus servicios
en el Instituto de la Educación Básica del Estado de
Morelos, desempeñando los cargos siguientes:
09 de diciembre de 2015 PERIÓDICO OFICIAL Página 83
Maestro de Grupo Primaria, del 01 de
septiembre de 1982, al 31 de diciembre de 1987;
Maestro de Grupo Primaria Foráneo, del 16 de mayo
de 1988, al 31 de agosto de 1992; Maestro de Grupo
Primaria Foráneo Nivel 7A de Carrera Magisterial, del
01 de septiembre de 1992, al 15 de febrero de 1999;
Director de Primaria Foráneo Nivel 7A de Carrera
Magisterial, adscrito a la Escuela Primaria Miguel
Hidalgo del Municipio de Cuernavaca, Morelos, del 16
de febrero de 1999, al 02 de octubre de 2015; fecha
en la que fue expedida la constancia de referencia. De
lo anterior se desprende que la Jubilación solicitada
encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I0,
inciso a), del cuerpo normativo antes aludido, por lo
que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo
conducente es conceder a la trabajadora en referencia
el beneficio solicitado.
Por lo anteriormente expuesto, esta LIII
Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO OCHENTA Y TRES
POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR
JUBILACIÓN AL CIUDADANO OSCAR PÉREZ NAVA,
BAJO LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:
ARTICULO 1°.- Se concede pensión por
Jubilación al C. Oscar Pérez Nava, quien ha prestado
sus servicios en el Instituto de la Educación Básica del
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo
el de: Director de Primaria Foráneo Nivel 7A de
Carrera Magisterial, adscrito a la Escuela Primaria
Miguel Hidalgo del Municipio de Cuernavaca, Morelos.
ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá
cubrirse al 100% del último salario del solicitante, a
partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se
separe de sus labores y será cubierta por el Instituto
de la Educación Básica del Estado de Morelos,
Dependencia que deberá realizar el pago en forma
mensual, con cargo a la partida presupuestal
destinada para pensiones, cumpliendo con lo que
disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del
Servicio Civil del Estado.
ARTICULO 3º.- El monto de la pensión se
calculará tomando como base el último salario
percibido por el trabajador, incrementándose la
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al
salario mínimo general del área correspondiente al
Estado de Morelos, integrándose la misma por el
salario, las prestaciones, las asignaciones y el
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente
Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para
su promulgación y publicación respectiva de
conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII,
inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Morelos.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto,
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖, órgano de
difusión del Gobierno del Estado de Morelos.
Recinto Legislativo, a los once días del mes de
noviembre del año dos mil quince.
Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip.
Francisco A. Moreno Merino. Presidente. Dip. Silvia
Irra Marín. Secretaria. Dip. Efraín Esaú Mondragón
Corrales. Secretario. Rúbricas.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y
se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo,
Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital
del Estado de Morelos, a los dos días del mes de
diciembre de dos mil quince.
―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN‖
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU
SECRETARIO DE GOBIERNO
M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA
RÚBRICAS.
Al margen izquierdo un Escudo del Estado de
Morelos que dice: ―Tierra y Libertad‖.- La tierra volverá
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder
Legislativo. LIII. 2015-2018.
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED:
Que el H. Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL
ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS,
Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:
CONSIDERANDOS:
I.- Mediante escrito presentado en fecha 13 de
enero de 2015, ante el Congreso del Estado, el C.
José Dolores González Barrera, por su propio derecho
solicitó de esta soberanía le sea otorgada pensión por
Invalidez, acompañando los documentos exigidos por
el artículo 57, apartado A), de la Ley del Servicio Civil
vigente en el Estado, como son: acta de nacimiento,
hoja de servicios y carta de certificación de salario
expedidas por el Fideicomiso Balneario Agua
Hedionda, así como el Dictamen de Invalidez
Definitiva, Formato ST-4, No Considerado como
Riesgo de Trabajo, expedido por el Dr. Ignacio Raúl
Alvarado Ortega, Coordinador Delegacional de Salud
en el Trabajo de la Dirección de Prestaciones
Médicas, Coordinación de Salud en el Trabajo, del
Instituto Mexicano del Seguro Social.
Página 84 PERIÓDICO OFICIAL 09 de diciembre de 2015
II.- En términos de lo dispuesto en el artículo 60,
fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado, se
establece:
Artículo 60.- La cuota mensual de la pensión
por invalidez, se otorgará a los trabajadores que se
incapaciten física o mentalmente por causa o motivo
del desempeño de su cargo o empleo; o por causas
ajenas al desempeño de este, con base a lo siguiente:
II.- Para el caso de que la incapacidad sea por
causas ajenas al desempeño del trabajo, se cubrirá
siempre y cuando el trabajador hubiese efectivamente
laborado el término mínimo de un año anterior a la
fecha en que ocurrió la causa de la invalidez, y se
calculará de acuerdo al grado de incapacidad que se
determine en el dictamen médico. En este caso el
monto de la pensión no podrá exceder del 60% del
salario que el trabajador venía percibiendo hasta antes
de la invalidez, o en su caso a elección del trabajador,
este será repuesto a desempeñar labores de acuerdo
a las aptitudes y condiciones en que se encuentre.
Párrafo Segundo.- En ambos casos el monto de
la pensión no podrá ser inferior al equivalente a 40
veces el salario mínimo general vigente en la entidad;
ni exceder del equivalente a 300 veces el salario
mínimo general vigente en la entidad, al momento de
ser otorgada la pensión.
Último Párrafo.- El derecho al pago de esta
pensión se inicia a partir del día siguiente a aquel en el
que quede firme la determinación de invalidez.
III.- Del análisis practicado a la documentación
anterior, se observa que el C. José Dolores González
Barrera, con fecha 06 de diciembre de 2010, el
Instituto Mexicano del Seguro Social, le emite
Dictamen Definitivo, mediante el cual se determina su
estado de Invalidez Definitiva y Permanente No
Considerado como Riesgo de Trabajo, suscrito por el
Dr. Ignacio Raúl Alvarado Ortega, Coordinador
Delegacional de Salud en el Trabajo de la Dirección de
Prestaciones Médicas, Coordinación de Salud en el
Trabajo, del Instituto Mexicano del Seguro Social,
Institución que tiene a su cargo la prestación de los
servicios médicos del afectado.
Así mismo, del análisis practicado a la hoja de
servicios expedida por el Fideicomiso Balneario Agua
Hedionda, y una vez realizado el procedimiento de
Investigación que establece el artículo 67, de la Ley
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó
fehacientemente la antigüedad del C. José Dolores
González Barrera, acreditándose 15 años, 10 meses,
10 días, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido,
en virtud de que prestó sus servicios en el Fideicomiso
Balneario Agua Hedionda, desempeñando los cargos
siguientes: Encargado de Bungalow, del 15 de agosto
de 1984, al 17 de abril de 1999; Ayudante en General,
del 20 de febrero, al 31 de marzo de 2007, del 03 al 16
de abril de 2007 y del 21 de agosto de 2007, al 05 de
septiembre de 2008. Por lo que se desprende que el
trabajador laboró efectivamente el término mínimo de
un año anterior a la fecha en que ocurre la causa de
invalidez.
IV.- Cabe señalar que del día 06 de diciembre
de 2010, fecha de inicio del estado de invalidez, a la
fecha de presentación de su solicitud, esto es, al día
13 de enero de 2015, se observa un periodo de 04
años, 01 mes, 10 días, tiempo en el cual prescribió el
derecho a la pensión por Invalidez, según lo establece
el artículo 104, de la Ley en cita, a saber:
Artículo 104.- Las acciones de trabajo que
surjan de esta Ley prescribirán en un año, con
excepción de los casos previstos en los artículos
siguientes.
No obstante lo anterior, el artículo 108, fracción
I, de la Ley del Servicio Civil, señala la forma en la
cual se ve interrumpida dicha figura jurídica tratándose
de pensiones, al citar que:
Artículo 108.- Las prescripciones se
interrumpen:
Fracción I.- Por la presentación de la
reclamación o solicitud ante el Tribunal Estatal de
Conciliación y Arbitraje o al Congreso del Estado, en
los casos de pensiones, y;
Ahora bien, dado el tiempo transcurrido desde la
fecha de inicio del estado de invalidez, a la fecha de
presentación de su solicitud de pensión, con fecha 13
de enero del 2015, el Fideicomiso Balneario Agua
Hedionda, mediante Oficio sin Número de fecha 16 de
diciembre de 2014, emitido por el Director General de
dicho Organismo, le otorgó el reconocimiento al
derecho de pensión por Invalidez en los términos
siguientes:
―Dentro de las facultades que me confiere la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Morelos, así como del contrato del Fideicomiso
Balneario Agua Hedionda, no se contempla
disposición de reconocer el derecho a obtener Pensión
por Invalidez siendo facultad exclusiva del H.
Congreso del Estado al Expedir el decreto, por medio
del cual se concede el derecho al otorgamiento de una
pensión, una vez reunidos los requisitos previstos en
el artículo 54, fracción V y 67 de la Ley del Servicio
Civil del Estado de Morelos.
El derecho a obtener la pensión por Jubilación
(sic) y una vez reunidos los requisitos
correspondientes, es imprescriptible pero no al
derecho a la pensión, por lo que el beneficiario, tendrá
derecho a la pensión a partir de la fecha en que se
otorgue.‖
En consecuencia y una vez satisfechos los
requisitos de Ley establecidos en los artículo 54
fracción VII, 57 inciso A) y 61 de la Ley del Servicio
Civil vigente en el Estado, y la hipótesis jurídica
contemplada en el artículo 60 fracción II del citado
ordenamiento, se deduce procedente otorgarle la
pensión de Invalidez que solicita.
Por lo anteriormente expuesto, esta LIII
Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente:
09 de diciembre de 2015 PERIÓDICO OFICIAL Página 85
DECRETO NÚMERO OCHENTA Y CUATRO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR
JUBILACIÓN AL CIUDADANO JOSÉ DOLORES GONZÁLEZ BARRERA, BAJO LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:
ARTÍCULO 1º. Se concede pensión por Invalidez al C. José Dolores González Barrera, quien ha prestado sus servicios en el Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, desempeñando como último cargo el de: Ayudante en General.
ARTÍCULO 2º.- La cuota mensual de la pensión decretada deberá cubrirse a razón del equivalente a cuarenta veces el salario mínimo general vigente en la Entidad, de conformidad con el artículo 60, fracción II, último párrafo de la Ley del Servicio Civil del Estado, y será cubierta tomando en cuenta la fecha de publicación del Decreto, surtiendo efectos hasta un año anterior a la fecha en que se otorgue, por el Fideicomiso Balneario Agua Hedionda. Dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a la partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 55 y 60 fracción II de la Ley del Servicio Civil del Estado.
ARTÍCULO 3º.- El porcentaje y monto de la pensión se calculará tomando como base el último salario percibido por el trabajador, incrementándose la cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general correspondiente al Estado de Morelos, dicha pensión se integrará por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo. Lo anterior de conformidad con el artículo 66, de la Ley antes mencionada.
TRANSITORIOS ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente
Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para su promulgación y publicación respectiva de conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖, órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos.
Recinto Legislativo, a los once días del mes de noviembre del año dos mil quince.
Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Francisco A. Moreno Merino. Presidente. Dip. Silvia Irra Marín. Secretaria. Dip. Efraín Esaú Mondragón Corrales. Secretario. Rúbricas.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, a los dos días del mes de diciembre de dos mil quince.
―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN‖ GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU
SECRETARIO DE GOBIERNO M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA
RÚBRICAS.
Al margen izquierdo un Escudo del Estado de
Morelos que dice: ―Tierra y Libertad‖.- La tierra volverá
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder
Legislativo. LIII. 2015-2018.
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED:
Que el H. Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL
ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS,
Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:
CONSIDERANDOS:
I.- Mediante escrito presentado en fecha 11 de
septiembre de 2015, el C. Eduardo Torres Pérez en
representación de Alma Guadalupe Torres Pérez,
solicitó a este Congreso, pensión por Orfandad
derivando tal acto en virtud de tener la calidad de
descendiente del finado Wulfrano Torres Santana,
acompañando la documentación original establecida
en el artículo 57, apartados A), fracciones I, II, III, y B),
fracciones I, II, III y IV, de la Ley del Servicio Civil del
Estado de Morelos, como lo son: acta de nacimiento
del solicitante, acta de nacimiento de la descendiente
beneficiaria, hoja de servicios y carta de certificación
de salario expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado
de Morelos, acta de nacimiento y acta de defunción
del de cujus.
Así mismo acompañó copia certificada de la
resolución de fecha 2 de octubre de 2014, dictada en
el Expediente Número 01/2014-3 por el Juez Quinto
Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera
Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado,
mediante la cual se resuelve declarar el estado de
interdicción de la C. Alma Guadalupe Torres Pérez, y
se confirma el nombramiento como Tutor definitivo de
la interdicta al C. Eduardo Torres Pérez.
II.- Con base en los artículos 64 y 65, fracción II,
inciso a), y párrafo tercero inciso c), de la Ley del
Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra
dicen:
Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la
persona que haya trabajado y se encuentre jubilado o
pensionado por cualquiera de los Poderes o
Municipios del Estado, dará derecho únicamente a una
pensión por viudez que deberá ser solicitada al
Congreso del Estado, reuniendo los requisitos
señalados en el artículo 57 de esta Ley, pensión que
se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento.
Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las
pensiones especificadas en este Capítulo, en orden de
prelación, las siguientes personas:
Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente
orden de preferencia:
Página 86 PERIÓDICO OFICIAL 09 de diciembre de 2015
Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta
los dieciocho años de edad o hasta los veinticinco
años si están estudiando o cualquiera que sea su
edad si se encuentran imposibilitados física o
mentalmente para trabajar.
Párrafo tercero.- La cuota mensual de la
pensión a los familiares o dependientes económicos
del servidor público se integrará.
Inciso c).- Por fallecimiento del servidor público
pensionado, si la pensión se le había concedido por
jubilación, cesantía en edad avanzada o invalidez, la
última de que hubiere gozado el pensionado.
III.- De la documentación exhibida por el
solicitante, se desprende que el finado Wulfrano
Torres Santana, en vida prestó sus servicios para el
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,
desempeñando como último cargo el de:
Administrativo, en la Administración de Rentas de
Cuernavaca, siendo pensionado por Jubilación,
mediante el Decreto número 498, publicado en el
Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖ Número 3623, a
partir del 21 de enero de 1993, hasta el 27 de febrero
de 2013, fecha en la que causó baja por defunción;
quedando así establecida la relación laboral que
existió con el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.
IV.- Ahora bien, en virtud de que con fecha 2 de
octubre de 2014, el Juez Quinto Civil en Materia
Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del
Primer Distrito Judicial del Estado, dictó sentencia en
el Expediente Número 01/2014-3 por la cual resuelve
declarar en estado de interdicción a la C. Alma
Guadalupe Torres Pérez, y así mismo confirma el
nombramiento como Tutor definitivo de la interdicta al
C. Eduardo Torres Pérez; razón por la cual se ubica
en la hipótesis prevista en parte final del inciso a), de
la fracción II del artículo 65 de la citada Ley. Por lo que
se refrenda el carácter de beneficiaria a la
descendiente Alma Guadalupe Torres Pérez.
VI.- Cabe señalar que del día en que el
pensionista falleció, al momento de la presentación de
la solicitud, se observa un periodo de 02 años, 07
meses, 14 días, tiempo en el cual prescribió el
derecho a la pensión por Orfandad, según lo establece
el artículo 104, de la Ley en cita, a saber:
Artículo 104.- Las acciones de trabajo que
surjan de esta Ley prescribirán en un año, con
excepción de los casos previstos en los artículos
siguientes.
No obstante lo anterior, el artículo 108, fracción
II, de la Ley del Servicio Civil, señala la forma en la
cual se ve interrumpida dicha figura jurídica tratándose
de pensiones, al citar que:
Artículo 108.- Las prescripciones se
interrumpen:
Fracción II.- Si el Poder estatal o municipio a
cuyo favor corre la prescripción reconoce el derecho
de aquella contra quien prescribe, de palabra, por
escrito o por los hechos indudables.
Ahora bien, dado el tiempo transcurrido desde la
fecha en que dejó de prestar sus servicios, a la fecha
de presentación de su solicitud de pensión, de fecha
12 de septiembre de 2015, el Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos, mediante Oficio Número
SA/DGRH/DP/2215/2015 de fecha 25 de septiembre
de 2015, emitido por el Director General de Recursos
Humanos de la Secretaría de Administración, le
otorgó el reconocimiento al derecho de pensión por
Orfandad en los términos siguientes:
―Dentro de las facultades que le confiere la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Morelos, en su artículo 37 y el Reglamento Interior de
la Secretaría de Administración en los artículos 9 y 10,
no se contempla disposición de reconocer el derecho
a obtener pensión por Orfandad; por lo que una vez
reunidos los requisitos previstos en los artículos 54,
fracción VII, 57 y Sexto Transitorio de la Ley del
Servicio Civil vigente en el Estado de Morelos, deberá
presentar su solicitud ante el H. Congreso del Estado,
lo anterior toda vez que es facultad exclusiva del
mismo expedir el decreto, por medio del cual se
concede el derecho al otorgamiento de una pensión.‖
En consecuencia y una vez satisfechas las
hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57,
64 y 65, fracción II, inciso a), párrafo tercero, inciso c),
de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo que es
procedente otorgar la pensión por Orfandad, en
referencia
Por lo anteriormente expuesto, esta LIII
Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO OCHENTA Y CINCO
POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR
ORFANDAD AL CIUDADANO EDUARDO TORRES
PÉREZ BAJO LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por
Orfandad, a la C. Alma Guadalupe Torres Pérez, a
través del C. Eduardo Torres Pérez, en su carácter de
Tutor; al acreditar ser hija y como beneficiaria
descendiente del finado Wulfrano Torres Santana,
quien en vida prestó sus servicios en el Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando
como último cargo el de: Administrativo, en la
Administración de Rentas de Cuernavaca, siendo
pensionado por Jubilación, mediante el Decreto
número 498, publicado en el Periódico Oficial ―Tierra y
Libertad‖ Número 3623, a partir del 21 de enero de
1993, hasta el 27 de febrero de 2013, fecha en la que
sobrevino su deceso.
ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada,
deberá cubrirse a razón del 100% de la última de que
hubiere gozado el pensionista, y será cubierta
tomando en cuenta la fecha de publicación del
Decreto, surtiendo efectos hasta un año anterior a la
fecha en que se otorgue por la Secretaría de Hacienda
del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, con cargo
a la partida destinada para pensiones, según lo
establecen los numerales 55, 64, 65 párrafo tercero,
inciso c), de la Ley del Servicio Civil del Estado de
Morelos.
09 de diciembre de 2015 PERIÓDICO OFICIAL Página 87
ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo correspondiente al Estado de Morelos, integrándose ésta por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 del cuerpo normativo antes aludido.
TRANSITORIOS ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente
Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para su promulgación y publicación respectiva de conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖, órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos.
Recinto Legislativo, a los once días del mes de noviembre del año dos mil quince.
Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Francisco A. Moreno Merino. Presidente. Dip. Silvia Irra Marín. Secretaria. Dip. Efraín Esaú Mondragón Corrales. Secretario. Rúbricas.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, a los dos días del mes de diciembre de dos mil quince.
―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN‖ GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU
SECRETARIO DE GOBIERNO M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA
RÚBRICAS.
Al margen izquierdo un Escudo del Estado de Morelos que dice: ―Tierra y Libertad‖.- La tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos. Poder Legislativo. LIII Legislatura. 2015-2018.
LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:
ANTECEDENTES En Sesión Ordinaria de Pleno de fecha 24 de
noviembre de 2015, los Diputados integrantes de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, integrante de la LIII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, presentó ante el Pleno propuesta de Acuerdo Parlamentario por el que se designa al quinto Diputado y tres Diputados Suplentes para integrar la Diputación Permanente, correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, bajo los siguientes términos:
CONSIDERACIONES
De conformidad con lo dispuesto en el artículo
32, de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Morelos, el Congreso del Estado de
Morelos, tendrá cada año dos períodos de sesiones
ordinarias, el primero se iniciará el 1 de septiembre y
terminará el 15 de diciembre; el segundo empezará el
1 de febrero y concluirá el 15 de julio. Por lo tanto, el
receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional,
comprenderá del 16 de diciembre de 2015 al 31 de
enero 2016.
En términos de lo dispuesto en los artículos 53,
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Morelos; 41, de la Ley Orgánica y 39 del
Reglamento ambos para el Congreso del Estado de
Morelos, entre los períodos ordinarios de sesiones
funcionará la Diputación Permanente integrada por
cinco diputados que serán los cuatro que conforman la
Mesa Directiva del Congreso de este período, más un
diputado designado por el Pleno y tres Diputados
Suplentes, previo acuerdo del Pleno, con las
atribuciones a que refiere el artículo 40 fracción
XXXVIII de la Constitución Local.
De conformidad con estas disposiciones,
nuestra Ley Reglamentaria, dispone en su artículo 41,
que el Congreso nombrará por escrutinio secreto y el
voto de las dos terceras partes de sus integrantes, al
Diputado que deba formar parte de la Diputación
Permanente y a tres suplentes, en términos y con las
atribuciones conferidas en el artículo 56, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Morelos.
En consonancia con lo anterior, el Primer
Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de
Ejercicio Constitucional, termina el 15 de diciembre de
2015, por lo que es necesario que el Pleno del
Congreso, proceda a designar a los demás integrantes
de la Diputación Permanente, que desahogarán sus
atribuciones durante el receso del Congreso del
Estado de Morelos.
Con apoyo en las citadas disposiciones
constitucionales, legales y reglamentarias, y tomando
en cuenta el Acuerdo de la Conferencia para la
Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos,
emitido en la reunión ordinaria celebrada el nueve de
noviembre de dos mil quince, se designa al Diputado
Enrique Javier Laffitte Bretón, para integrar la
Diputación Permanente y a tres Diputados Suplentes,
en los términos siguientes: como primer suplente,
Diputado Víctor Manuel Caballero Solano, como
segundo suplente, Diputado Edwin Brito Brito y como
tercer suplente, Diputado Jaime Álvarez Cisneros.
Con la propuesta que se presenta, mediante
este Acuerdo se designa al quinto Diputado que
integrará la Diputación Permanente y a los tres
Diputados Suplentes.
Página 88 PERIÓDICO OFICIAL 09 de diciembre de 2015
Asimismo, en términos de lo que dispone el
numeral 133 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Morelos, los integrantes de la
Diputación Permanente, otorgarán la protesta legal de
cumplir esta Constitución y las Leyes que de ella
emanen, y se instalará el mismo día de la clausura del
Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año
de Ejercicio Constitucional y durará el tiempo de
receso señalado.
En virtud de lo expuesto y con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 53 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 41,
43 fracción VII de la Ley Orgánica y 39 del
Reglamento ambos para el Congreso del Estado
Por lo anteriormente expuesto, esta LIII
Legislatura aprueba el siguiente:
ACUERDO PARLAMENTARIO
Por el que se designa al quinto Diputado y tres
Diputados suplentes para integrar la diputación
permanente, que estará en funciones durante el primer
receso del primer año de ejercicio constitucional de la
Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso del
Estado de Morelos.
PRIMERO.- Se designa al Diputado Enrique
Javier Laffitte Bretón, como Quinto Diputado para
integrarse a la Diputación Permanente.
SEGUNDO.- Se designan como Diputados
Suplentes para integrarse a la Diputación Permanente
en los términos siguientes: Como primer suplente,
Diputado Víctor Manuel Caballero Solano, como
segundo suplente, Diputado Edwin Brito Brito y como
tercer suplente, Diputado Jaime Álvarez Cisneros.
TRANSITORIOS
ÚNICO.- Remítase el presente Acuerdo al
Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para su
publicación en el Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖,
órgano de difusión del Gobierno del Estado de
Morelos, de conformidad con el artículo 145 del
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos.
Recinto Legislativo, a los veinticuatro días del
mes de noviembre del año dos mil quince.
Atentamente.
Los CC. Diputados Secretarios de la Mesa Directiva
del Congreso del Estado.
Dip. Julio Espín Navarrete
Vicepresidente
Dip. Silvia Irra Marín
Secretaria
Dip. Efraín Esaú Mondragón Corrales
Secretario
Rúbricas.
Al margen izquierdo un Escudo del Estado de Morelos que dice: ―Tierra y Libertad‖.- La tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos. Poder Legislativo. LIII Legislatura. 2015-2018.
LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO NÚMERO CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL ―TIERRA Y LIBERTAD‖, ÓRGANO DE DIFUSIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, DE FECHA 5 DE JUNIO DE 2013, POR EL QUE SE INSTITUYE LA ENTREGA DE LA MEDALLA DE HONOR DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS.
CONVOCA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS,
CULTURALES, ARTÍSTICAS, SOCIALES, CIVILES Y ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES, ASÍ COMO, ORGANIZACIONES REPRESENTATIVAS DE LOS DISTINTOS SECTORES ECONÓMICOS, POLÍTICOS Y SOCIALES DEL ESTADO DE MORELOS, PARA PRESENTAR CANDIDATOS A OBTENER LA MEDALLA DE HONOR DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, BAJO LAS SIGUIENTES:
BASES PRIMERA.- LA MEDALLA DE HONOR DEL
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, SE OTORGARÁ A LA CIUDADANA O CIUDADANO QUE HAYA REALIZADO O APORTADO ALGÚN HECHO RELEVANTE O DE TRASCENDENCIA EN MATERIA DE CIENCIA, CULTURA, TECNOLOGÍA O DEPORTE, EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD MORELENSE.
SEGUNDA.- LA PROPUESTA DEBERÁ ACOMPAÑARSE DE CURRICULUM VITAE, UNA BREVE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS QUE CONTENGA LAS RAZONES DEL POR QUÉ DE DICHA PROPUESTA, EXPEDIENTE CON DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE FEHACIENTEMENTE SU LABOR EN LA MATERIA A CONDECORAR Y UN ESCRITO QUE AVALE LA PROPUESTA DE LA INSTITUCIÓN, AGRUPACIÓN U ORGANIZACIÓN QUE LO PROMUEVA.
ASIMISMO, SEÑALARÁ CON PRECISIÓN LA MATERIA EN LA QUE SE HAYA DESTACADO, DE ENTRE AQUELLAS SEÑALADAS EN LA BASE PRIMERA DE ESTA CONVOCATORIA.
TERCERA.- LAS PROPUESTAS DEBERÁN REMITIRSE A LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO, EN EL DOMICILIO UBICADO EN LA CALLE MATAMOROS NÚMERO 10, COL. CENTRO DE CUERNAVACA, MORELOS.
CUARTA.- LA MEDALLA DE HONOR DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, CONSTA DE UN RECONOCIMIENTO Y UNA MEDALLA DE PLATA.
QUINTA.- LA PRESENTE CONVOCATORIA SE CIERRA EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DE LA PRIMERA SEMANA DEL MES DE FEBRERO, A LAS 16:00 HORAS.
09 de diciembre de 2015 PERIÓDICO OFICIAL Página 89
SEXTA.- EL ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE
LAS PROPUESTAS SE LLEVARÁ A CABO POR LA
COMISIÓN CALIFICADORA, INTEGRADA POR:
EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO O QUIEN ÉSTE DESIGNE.
UN REPRESENTANTE DE LA JUNTA
POLÍTICA Y DE GOBIERNO.
UN REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN DE
DEPORTE DEL CONGRESO DEL ESTADO.
UN REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN DE
EDUCACIÓN Y CULTURA DEL CONGRESO DEL
ESTADO.
UN REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL CONGRESO DEL
ESTADO.
SÉPTIMA.- UNA VEZ INSTALADA LA
COMISIÓN SE PODRÁ SESIONAR, Y SE ELEGIRÁ A
UN PRESIDENTE Y UN SECRETARIO, QUIENES
SERÁN LOS ENCARGADOS DE CONDUCIR LOS
TRABAJOS DE LA COMISIÓN.
OCTAVA.- EN LA SIGUIENTE SESIÓN Y
EXISTIENDO QUORÚM EN LA COMISIÓN DE
EVALUACIÓN, SE PROCEDERÁ A ESTUDIAR,
ANALIZAR Y DESIGNAR DE ENTRE LAS
PROPUESTAS RECIBIDAS, AL CIUDADANO QUE
SE HAGA ACREEDOR A LA CONDECORACIÓN DE
LA MEDALLA DE HONOR 2016. LAS DECISIONES
QUE TOME LA COMISIÓN TENDRÁN EL
CARÁCTER DE DEFINITIVAS E IRREVOCABLES.
NOVENA.- LA MEDALLA DE HONOR DEL
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
MORELOS, DEBERÁ SER ENTREGADA
ANUALMENTE MEDIANTE SESIÓN SOLEMNE, CON
LA ASISTENCIA DE LOS REPRESENTANTES DE
LOS PODERES EJECUTIVO Y JUDICIAL, CADA 17
DE ABRIL, FECHA EN QUE SE CONMEMORA LA
ERECCIÓN DEL ESTADO DE MORELOS.
DÉCIMA.- LOS ASUNTOS NO PREVISTOS
POR ESTA CONVOCATORIA, SERÁN RESUELTOS
POR LA CONFERENCIA PARA LA DIRECCIÓN Y
PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS
LEGISLATIVOS.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- REMÍTASE LA PRESENTE
CONVOCATORIA AL PERIÓDICO OFICIAL ―TIERRA
Y LIBERTAD‖, ÓRGANO DE DIFUSIÓN DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, PARA SU
PUBLICACIÓN.
SEGUNDO.- HÁGASE LA DIFUSIÓN DE LA
PRESENTE CONVOCATORIA, COMO LO
ESTABLECE EL 2° PÁRRAFO DEL ARTÍCULO
CUARTO DEL DECRETO EN MENCIÓN.
RECINTO LEGISLATIVO A 26 DE NOVIEMBRE
DEL AÑO DOS MIL QUINCE.
ATENTAMENTE
DIP. FRANCISCO A. MORENO MERINO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DEL ESTADO.
RÚBRICA.
EXPEDIENTE T.U.A. 49: 28/2015 POBLADO: Yautepec
MUNICIPIO: Yautepec ESTADO: Morelos
EDICTO Al margen un sello con el Escudo Nacional que
dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Unitario Agrario Distrito Cuarenta y Nueve.
ROSALÍA MARTÍNEZ SALGADO. PRESENTE. Con fundamento en el artículo 173 de la Ley
Agraria EMPLÁCESE a la demandada ROSALÍA MARTÍNEZ SALGADO, MEDIANTE EDICTOS, que deberán publicarse por dos veces dentro de un plazo de diez días en uno de los diarios de mayor circulación en la región en que se encuentra enclavado el poblado de Yautepec, Municipio de Yautepec, Morelos, en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Morelos; en la Oficina de la Presidencia Municipal de Yautepec, Morelos, y en los Estrados de este Tribunal Unitario Agrario, Distrito 49, para que se le haga saber el auto dictado en fecha uno de octubre de dos mil quince, mediante el cual se hace saber sobre la demanda promovida en su contra por VILDA ÁNGELITA MIRANDA ROMÁN, quien le demanda la el mejor derecho a poseer una fracción de terreno, ubicada en el campo denominado ―Los Guayabos ‖ del ejido de Yautepec, Municipio de Yautepec, Estado de Morelos, entre otras prestaciones, para que comparezca a la audiencia que tendrá verificativo a las DOCE HORAS DEL DÍA CINCO DE ENERO DE DOS MIL QUINCE, en las oficinas que ocupa este Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta y Nueve, sito en Calle General Gabriel Tepepa Numero 115, Colonia Emiliano Zapata, en Cuautla, Morelos, en la cual deberá producir contestación a la demanda y ofrecerá las pruebas de su intensión, y deberá señalar domicilio para oír y recibir notificaciones; apercibiéndosele que en caso de no comparecer sin justa causa, se le tendrá por perdido el derecho para contestar la demanda, para oponer excepciones y defensas y para ofrecer pruebas, y las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal se les harán a través de los ESTRADOS de este Tribunal. Las notificaciones practicadas en la forma antes prevista surtirán efectos una vez transcurridos quince días, a partir de la fecha de la última publicación.
El presente edicto debe publicarse por DOS VECES dentro de un plazo de DIEZ DÍAS en uno de los diarios de mayor circulación en la región en que se encuentra enclavado el Poblado de Yautepec, Municipio de Yautepec, Estado de Morelos, en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Morelos, en la Oficina de la Presidencia Municipal de Yautepec, Morelos y en los Estrados de este Tribunal Unitario Agrario, Distrito 49.
H. H. Cuautla, Morelos, 30 de Octubre de 2015. ATENTAMENTE:
DANIEL MAGAÑA MÉNDEZ MAGISTRADO.
RÚBRICA. 2-2
Página 90 PERIÓDICO OFICIAL 09 de diciembre de 2015
Cuernavaca, Morelos, a 19 de noviembre del año 2015.
AVISO NOTARIAL Licenciado HUGO SALGADO CASTAÑEDA,
Titular de la Notaría Número Dos y Notario del Patrimonio Inmobiliario Federal, actuando en la Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, hago saber:
Que por Escritura Pública Número 286,567, de fecha 18 de noviembre del año 2015, otorgada ante mi Fe, se hizo constar: EL INICIO DEL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DEL SEÑOR REYNALDO BRITO MONTES DE OCA, EL RECONOCIMIENTO DE LA VALIDEZ DE TESTAMENTO, LA ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA Y DEL CARGO DE ALBACEA, que otorgan la señora MARÍA LUCÍA HURTADO LAGUNAS, en su carácter de ALBACEA, COHEREDERA Y COLEGATARIA de la mencionada sucesión, con la comparecencia y conformidad de sus Coherederos y Colegatarios en la citada sucesión, señores YENI BRITO HURTADO, ROBERTO BRITO HURTADO, MARISOL BRITO HURTADO y GABRIELA BRITO HURTADO.
Lo que mando publicar de conformidad con lo establecido en el artículo 758, del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos.
NOTA: Para su publicación en dos periodos consecutivos de diez en diez días, en el Diario "LA UNIÓN DE MORELOS" y El Periódico Oficial "Tierra y Libertad", ambos con circulación en el Estado de Morelos.
ATENTAMENTE LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA. NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS.
RÚBRICA. 2-2
AVISO NOTARIAL Lic. Patricia Mariscal Vega, Notaria Pública
Número Cinco, de la Primera Demarcación Notarial del Estado y del Patrimonio Inmobiliario Federal.
Mediante Escritura Pública Número 84,220, de fecha dieciocho de noviembre del año dos mil quince, otorgada ante mi fe, queda INICIADO el trámite de la Sucesión Testamentaria a bienes de la señora CARMEN LOZOYA FEMATT también conocida como CARMEN LOZOYA FEMAT a solicitud de los señores AGUSTÍN PORTILLO LOZOYA, CARMEN PATRICIA PORTILLO LOZOYA y LUIS ARTURO PORTILLO LOZOYA aceptan LA HERENCIA instituida en su favor, y en consecuencia se constituyen formalmente como ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS.
En el mismo instrumento, la señora CARMEN PATRICIA PORTILLO LOZOYA, se constituyó formalmente como ALBACEA de dicha Sucesión, y manifestó que procederá a formar el INVENTARIO de los bienes que constituye el haber hereditario.
Lo que mando a publicar de conformidad con lo establecido en el artículo 758, del Código Procesal Familiar vigente para el Estado Libre y Soberano de Morelos.
Cuernavaca, Morelos, a 18 de Noviembre de 2015 Atentamente
LIC. PATRICIA MARISCAL VEGA MAVP4708307V7
RÚBRICA. Para su publicación, 2 veces de 10 en 10 días
en el Periódico Oficial del Estado y en el Regional del Sur, editado en esta Capital.
2-2
AVISO NOTARIAL
Lic. Patricia Mariscal Vega, Notaria Publica
Número Cinco, de la Primera Demarcación Notarial del
Estado y del Patrimonio Inmobiliario Federal.
Mediante Escritura Pública Número 84,232, de
20 de noviembre del año 2015, otorgada ante mi fe,
queda INICIADO el trámite de la Sucesión
Testamentaria a Bienes del señor del señor ALFONSO
VALDÉS Y OROZCO, también conocido como
ALFONSO VALDÉS OROZCO, a solicitud de la
señora MARÍA TERESA CARAVEO VÁZQUEZ,
también conocida con el nombre de MARÍA TERESA
CARAVEO VÁSQUEZ, acepta LA HERENCIA
instituida en su favor, y en consecuencia se constituye
formalmente como ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA
En el mismo instrumento, la señora CAROLINA
VALDÉS CARAVEO, se constituye formalmente como
ALBACEA de dicha Sucesión, quien manifiesta que
procederá a formar el INVENTARIO de los bienes que
constituye el haber hereditario.
Lo que mando a publicar de conformidad con lo
establecido en el Artículo 758, del Código Procesal
Familiar vigente para el Estado Libre y Soberano de
Morelos.
Cuernavaca, Mor., a 23 de noviembre del 2015
LIC. PATRICIA MARISCAL VEGA
MAVP – 470830 – 7V7
RÚBRICA.
Para su publicación, 2 veces de 10 en 10 días
en el Periódico Oficial del Estado Tierra y Libertad y en
el Regional del Sur editado en esta capital.
2-2
Jiutepec, Mor., a 13 de noviembre de 2015.
AVISO NOTARIAL
MARCELINO FERNÁNDEZ URQUIZA, titular de
la Notaría Número Dos de la Novena Demarcación,
hago saber que por Escritura 3656, de fecha 13 de
octubre de 2015, ante mí, se hizo constar la
ACEPTACIÓN DE HERENCIA y CARGO DE
ALBACEA que otorga el señor MIGUEL DE JESÚS
HENRÍQUEZ CASTAÑÓN en la sucesión
testamentaria del señora MARÍA ELENA GONZÁLEZ
GARCÍA, quien manifestó, además, que formulará el
inventario de los bienes de dicha sucesión.
Para su publicación, de conformidad con lo
establecido en el artículo 758, del Código Procesal
Familiar del Estado de Morelos, por dos veces
consecutivas, de diez en diez días, en el Periódico ―El
Financiero‖ y en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado de Morelos ―Tierra y Libertad‖.
Atentamente,
Not. Marcelino Fernández Urquiza
Rúbrica.
2-2
09 de diciembre de 2015 PERIÓDICO OFICIAL Página 91
EXPEDIENTE T.U.A. 49: 75/2015 POBLADO: Oaxtepec
MUNICIPIO: Yautepec ESTADO: Morelos
EDICTO Al margen un sello con el Escudo Nacional que
dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Unitario Agrario.
VÍCTOR JESÚS ABARCA TÉLLEZ PRESENTE. Con fundamento en el artículo 173, de la Ley
Agraria EMPLÁCESE al demandado VÍCTOR JESÚS ABARCA TÉLLEZ, MEDIANTE EDICTOS, que deberán publicarse por dos veces dentro de un plazo de diez días en uno de los diarios de mayor circulación en la región en que se encuentra enclavado el poblado de Tetelcingo, Municipio de Cuautla, Morelos, en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Morelos; en la Oficina de la Presidencia Municipal de Yautepec, Morelos, y en los Estrados de este Tribunal Unitario Agrario, Distrito 49, para que se le haga saber el juicio promovido por ROSA ELENA BARRETO PALACIOS, quien le demanda la nulidad del certificado parcelario número 000000005066, correspondiente a la parcela 92 Z-1 P-1, del ejido de Oaxtepec, Municipio de Yautepec, Morelos, entre otras prestaciones, para que produzca contestación a la demanda enderezada en su contra y ofrezca las pruebas que su interés corresponda, a más tardar el día de la audiencia prevista por el artículo 185, de la Ley Agraria a cuyo efecto desde este momento se fijan las CATORCE HORAS DEL DÍA VEINTE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, en las oficinas que ocupa este Tribunal, localizadas en Calle General Gabriel Tepepa Número 115, Colonia Emiliano Zapata, en Cuautla, Morelos, bajo apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por perdido su derecho y se podrán tener por ciertas las afirmaciones de su contrario; asimismo, deberá señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en la sede de este Unitario, ya que de no hacerlo, las subsecuentes aún las de carácter personal se les harán por medio de estrados; haciéndoles de su conocimiento que quedan a su disposición en la Secretaría de Acuerdos de este órgano jurisdiccional las copias de traslado y los autos del expediente para que se imponga de su contenido. Las notificaciones practicadas en la forma antes prevista surtirán efectos una vez transcurridos quince días, a partir de la fecha de la última publicación.
El presente edicto debe publicarse por DOS VECES dentro de un plazo de DIEZ DÍAS en uno de los diarios de mayor circulación en la región en que se encuentra enclavado el Poblado de Oaxtepec, Municipio de Yautepec, Estado de Morelos, en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Morelos, en la Oficina de la Presidencia Municipal de Yautepec, Morelos y en los Estrados de este Tribunal Unitario Agrario, Distrito 49.
H. H. Cuautla, Morelos, 13 de octubre de 2015. ATENTAMENTE
DANIEL MAGAÑA MÉNDEZ MAGISTRADO DEL TRIBUNAL
UNITARIO AGRARIO DISTRITO 49. RÚBRICA.
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AVISO NOTARIAL Mediante instrumento público 46,424, volumen
764, de fecha 16 de octubre de 2015, se radicó en esta Notaría a mi cargo para su trámite, la Sucesión Testamentaria a Bienes de la señora MA. DEL SOCORRO MACEDO GÓMEZ, a quien también se le conoció con los nombre de MARÍA DEL SOCORRO MACEDO GÓMEZ, SOCORRO MACEDO GÓMEZ y MARÍA SOCORRO MACEDO GÓMEZ, quien tuvo su último domicilio en calle Acatzingo número 28, Colonia Eusebio Jáuregui en Cuautla, Morelos, quien falleció el día 23 de julio de 2013. Habiendo reconocido el señor SERGIO ORTÍZ RIVERA, la validez del testamento público abierto otorgado en el instrumento público número 24,242, volumen 412, de fecha 20 de septiembre de 2003, pasado ante la fe del Licenciado Valentín de la Cruz Hidalgo, Notario Público Número Uno de la Séptima Demarcación Notarial del Estado, actuando en sustitución y en el protocolo a cargo del suscrito Notario, aceptando la herencia en los términos establecidos y así mismo aceptó el cargo de albacea que se le confirió, protestando su fiel y leal desempeño, quien manifestó que procederá a formular el inventario correspondiente dentro del término legal. Lo que se hace del conocimiento público, en cumplimiento del artículo 758, del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos.
Para su publicación por dos veces consecutivas de diez en diez días, en el Periódico ―Diario de Morelos‖ y en el Periódico Oficial del Estado ―Tierra y Libertad‖.
ATENTAMENTE. H. H. CUAUTLA, MORELOS, A 20 DE OCTUBRE DE
2015. LIC. NEFTALÍ TAJONAR SALAZAR.
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CUATRO EN EJERCICIO DE LA SEXTA DEMARCACIÓN
NOTARIAL DEL ESTADO DE MORELOS. RÚBRICA.
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AVISO NOTARIAL Mediante instrumento público 46,279, volumen
769, de fecha 21 de septiembre de 2015, se radicó en esta Notaría a mi cargo para su trámite, la Sucesión Testamentaria a Bienes de la señora PETRA MARTÍNEZ PÉREZ, quien tuvo su último domicilio en Callejón Constitución de 1857, Número 83, Colonia Año de Juárez en Cuautla, Morelos, quien falleció el día 20 de julio de 2015. Habiendo reconocido el señor JOSÉ TRINIDAD TAVARES LADRÓN DE GUEVARA, la validez del testamento público abierto otorgado en el instrumento público número 36,805, volumen 605, de fecha 4 de octubre de 2010, pasada ante la fe del suscrito Notario, aceptando la herencia en los términos establecidos y así mismo aceptó el cargo de albacea que se le confirió, protestando su fiel y leal desempeño, quien manifestó que procederá a formular el inventario correspondiente dentro del término legal. Lo que se hace del conocimiento público, en cumplimiento del artículo 758, del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos.
Para su publicación por dos veces consecutivas de diez en diez días, en el Periódico ―Diario de Morelos‖ y en el Periódico Oficial del Estado ―Tierra y Libertad‖.
ATENTAMENTE. H. H. CUAUTLA, MORELOS, A 20 DE OCTUBRE DE
2015. LIC. NEFTALÍ TAJONAR SALAZAR.
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CUATRO EN EJERCICIO DE LA SEXTA DEMARCACIÓN
NOTARIAL DEL ESTADO DE MORELOS. RÚBRICA.
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Página 92 PERIÓDICO OFICIAL 09 de diciembre de 2015
AVISO.
AL PÚBLICO EN GENERAL Se comunica al público en General que el procedimiento establecido para la publicación de documentos en el
Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖, es el siguiente: REQUISITOS PARA LA INSERCIÓN DE DOCUMENTOS A PUBLICAR
- Escrito dirigido al Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial, solicitando la publicación. - Original y copia del documento a publicar en papel membretado, con sello, firma autógrafa y fecha de
expedición del mismo; sin alteraciones. - C. D., o memoria ―USB‖, que contenga la información a publicar en formato Word. (en caso de requerir la
publicación con firma autógrafa, se deberá presentar escaneada sólo la firma.). - Dictamen de la Comisión de Mejora Regulatoria, o la exención del mismo, conforme al artículo 60, de la Ley
de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos. - Realizar el pago de derechos de la publicación en las cajas de la Tesorería, Secretaría de la Contraloría o
Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda. - El documento original y versión electrónica, se deberá presentarse en la Secretaría de Gobierno. - La copia del documento y versión electrónica en C. D., o memoria ―USB‖, se entregará en las oficinas del
Periódico Oficial ubicadas en Hidalgo 14, Primer Piso, Despacho 104, Colonia Centro, en Cuernavaca, Morelos, C. P. 62000.
EN EL CASO DE AYUNTAMIENTOS: Para la publicación de documentos enviados por los distintos Ayuntamientos del Estado, deberá cumplir con los
requisitos previamente establecidos, además de anexar el Acta de Cabildo de fecha Correspondiente a la aprobación del documento a publicar, debidamente certificada.
Los Ayuntamientos que hayan celebrado Convenio de Coordinación ante la Comisión de Mejora Regulatoria, que soliciten publicar actos, procedimientos y resoluciones a que se refiere el artículo 11 de la Ley de la Materia, además de los requisitos ya señalados, deberán presentar el Dictamen de la Comisión, o la exención del mismo, conforme al artículo 60 de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos.
LAS PUBLICACIONES SE PROGRAMARÁN DE LA SIGUIENTE MANERA: - Los documentos que se reciban hasta el día viernes de cada semana, se publicarán el miércoles de la
siguiente, siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos. Teléfono: 3-29-22-00 Ext. 1353 y 1354
3-29-23-66 De acuerdo al Artículo 120 de la Ley General de Hacienda del Estado, los precios a pagar por publicaciones en el Periódico
Oficial ―Tierra y Libertad‖, son los siguientes: ART. 120 LEY GENERAL DE HACIENDA DEL
ESTADO DE MORELOS publicada el 5 de
julio de 2006, en el P.O. 4472, segunda
sección.
*SMV
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SALARIOS COSTOS
Fracc. II.- Del Periódico Oficial ''Tierra y Libertad''. 70.10
a) Venta de ejemplares:
1. Suscripción semestral 70.10 5.2220 366.00
2. Suscripción anual 70.10 10.4440 732.00
3. Ejemplar de la fecha 70.10 0.1306 9.00
4. Ejemplar atrasado del año 70.10 0.2610 18.00
5. Ejemplar de años anteriores 70.10 0.3916 27.00
6. Ejemplar de edición especial por la publicación de Leyes
o reglamentos e índice anual
70.10 0.6527 46.00
7. Edición especial de Códigos 70.10 2.5 175.00
8. Periódico Oficial en Disco Compacto 70.10 1 70.00
9. Colección anual 70.10 15.435 1,082.00
b) Inserciones: Publicaciones especiales, edictos,
licitaciones, convocatorias, avisos y otros que se autoricen:
1. De las entidades de la Administración Pública Federal,
Estatal o Municipal y autoridades judiciales:
Por cada palabra y no más de $ 1,000.00 por plana. $0.50
Por cada plana. $1,000.00
2. De particulares por cada palabra: $2.00
