INTRODUCCIÓN

Después de la caries dental, la causa más frecuente de daño pulpar es la

iatrogenia producida por el odontólogo debido al uso inadecuado de los

materiales y la aplicación incorrecta de técnicas de tratamiento. La dentina y la

pulpa constituyen una misma entidad, el Órgano Dentino Pulpar y toda acción

llevada a cabo sobre la dentina tendrá su correlativa acción pulpar. La

protección dentino-pulpar involucra todas las maniobras, sustancias y

materiales que se

Utilizan durante la preparación y restauración cavitaria, y que tienden a

proteger constantemente la vitalidad del Órgano Dentino Pulpar. Ésta se hace

durante todos los tiempos operatorios, desde la realización del diagnóstico

clínico hasta el pulido de la restauración, en todas las maniobras realizadas por

el operador; se debe procurar reducir o eliminar las causas de daño pulpar.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL PERÚ E INVERSIÒN SOCIAL EN EL

PERÚ

1. DEFINICIÓN

La participación ciudadana podemos entenderla como la igualdad de

oportunidades que debemos tener todos/as los/as ciudadanos/as para ser

parte activa en las acciones y decisiones que influyen en el país.

Por medio de la participación ciudadana podemos  organizarnos y ser parte

de los procesos de toma de decisiones, cooperar de manera responsable

con las instituciones del Estado o demandar de ellas una actuación

responsable si es necesario.

Asimismo la inversión social Constituye un enfoque más integral de la

relación empresa y sociedad que supone la extensión de los criterios

empresarios al campo social, quitándole la faz caritativa para otorgarle otra

más ligada al desarrollo y la sustentabilidad de los proyectos.

2. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL PERÚ

La participación, por parte de la sociedad civil, en los asuntos públicos de

nuestro país es un derecho fundamental, reconocido por los tratados y

pactos internacionales suscritos por el Estado, los cuales establecen que

toda persona tiene derecho a participar en los asuntos públicos de su país,

tal como lo habíamos mencionado en la parte introductoria.

Por su parte, la Constitución Política del Perú de 1993 reconoce los

derechos de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos del Estado.

Es por ello que, a lo largo de los años, se han venido instituyendo y

regulando diversos mecanismos o instituciones para que las personas

puedan participar en la toma de decisiones del Estado. Tal como lo indica la

doctrina especializada: “La participación ciudadana en los asuntos públicos

constituye un derecho fundamental cuyo ejercicio ha ido afirmándose y

extendiéndose a lo largo de los años. Este proceso se expresa también en

las múltiples formas en que la legislación nacional reconoce, regula y

garantiza la intervención ciudadana en cada una de las fases de las

políticas públicas”.

2.1. CLASIFICACIÓN

La participación ciudadana se subdivide en tres campos de acción:

- Participación Privada

Es la que realizamos a nivel personal, en cuanto a cumplir algunos

deberes y responsabilidades, tales como el pago de impuestos, el

respeto de las leyes, el contar con un empleo para participar de la vida

económica, entre otras.

- Participación Social

Es la que realizamos ya sea en nuestro ámbito geográfico o funcional

inmediato, en procura de mejorar condiciones de vida para una

determinada colectividad. Ejemplo: nuestra participación en Juntas de

Vecinos, Sindicatos, Grupos Ecológicos, Sociedad de Padres de Familia,

Colegios profesionales, comités de salud, mesas ciudadanas etc.

- Participación Política

Es la que realizamos cuando directamente o a través de nuestros

representantes, buscamos los canales institucionales del Estado para

lograr decisiones gubernamentales.

3. ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES MECANISMOS PARTICIPATIVOS

EN LA ACTUALIDAD.

3.1. REVOCATORIA DE AUTORIDADES

La Constitución Política de 1993 establece, en su Artículo 31° que

todos los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos

públicos mediante la revocación de autoridades. Adicionalmente,

la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadano,

estipula en su Artículo 3° que un derecho de control ciudadano es

la revocatoria de autoridades.

La revocatoria es definida como: “una forma de control y cambio

cuando las autoridades no respetan los acuerdos básicos

delegados por la voluntad popular; dejando de contar con el

apoyo por diferentes motivos que pueden ser una deficiencia en el

ejercicio de sus funciones hasta cuestionamientos de carácter

ético. No pueden ser revocados el Presidente de la República ni

los Congresistas de la República”. Con el mecanismo de la

revocatoria pueden ser revocados los alcaldes, los regidores, así

como las autoridades regionales que provengan de elección

popular.

El mecanismo de revocatoria ha sido muy usado en nuestro país

sobre todo en distritos rurales. Sobre los proceso de revocatoria

es importante mencionar que “limitado a las autoridades

municipales, en sus inicios y ahora ampliado a los gobiernos

regionales. El año 1997 se llevaron a cabo 60 consultas populares

de revocatoria en igual número de municipios, aumentando los

pedidos para tal fin entre ese año y el 2001 en 187.

Los procesos de revocatoria se dieron, por lo general, en distritos

rurales de escasa población y con fuerte predominio de pobreza y

extrema pobreza. Algunos analistas interpretan este dato como

expresión del interés ciudadano por una participación efectiva”.

3.2. RENDICIÓN DE CUENTAS

La Constitución Política de 1993 establece, en su Artículo 31° que

todos los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos

públicos y demandar la rendición de cuentas. Es así como, la

rendición de cuentas es “el derecho a interpelar a las autoridades

respecto a la ejecución presupuestal y uso de recursos propios.

Procede contra autoridades que pueden ser removidas o

revocadas”. Adicionalmente, la demanda de rendición de cuentas

también se encuentra estipulada en la Ley de los Derechos de

Participación y Control Ciudadano.

3.3. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Instrumento de política y de gestión, a través del cual las

autoridades regionales y locales, así como las organizaciones de

la población debidamente representadas, definen en conjunto,

cómo y a qué se van a orientar los recursos, los cuales están

directamente vinculados a la visión y objetivos del Plan de

Desarrollo Concertado.

El Presupuesto Participativo cumple lo siguiente:

- Transparencia y control ciudadano

- Modernización y democratización de la gestión pública

- Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática del país

- Construcción de capital social

- Participación ciudadana en la planificación y gestión pública

3.4. CONSULTA PREVIA

La implementación de la Ley de Derecho a la Consulta Previa a

los Pueblos Indígenas u Originarios Ley N° 29785 demandará de

la administración pública en conjunto, un nutrido, clave e

imprescindible grupo de actuaciones, muchas de las cuales

permanecerán en su fuero interno y otras (las que más importan)

requerirán de una interacción con los administrados, en el marco

de las normas ordinarias y generales que rigen los procedimientos

administrativos.

Los elementos que conforman los supuestos de este

procedimiento público de consulta previa son los siguientes:

- Desde un punto de vista subjetivo la norma se refiere a dos

sujetos o participantes, por un lado: La entidad que identifica la

potencial iniciativa nociva y que lleva a cabo consulta,

denominada entidad promotora; (ii) los beneficiario del derecho a

ser consultados, que son los pueblos indígenas u originarios. (iii)

los inversionistas; (iv) otros intervinientes;

- Desde el punto de vista material, el objeto directo de la acción,

sería el proyecto de decisión del Estado, cuya característica

obligatoria es que representen una afectación directa a los

derechos colectivos, la existencia física, la identidad cultural y

calidad de vida o desarrollo de los pueblos originarios o

indígenas. Es así como encontramos a:

(i) las iniciativa legislativa; (ii) las iniciativa administrativa; y (iii) los

Planes, programas y proyectos de desarrollo nacional o regional.

A la fecha aún no se ha llevado a cabo un proceso de consulta

previa, sin embargo, la expectativa es muy alta en todos los

interesados y especialmente en los operadores de la norma.

4. LA INVERSIÓN SOCIAL EN EL PERÚ

El Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social publica en el año 2010 el

documento que sustenta el índice de desarrollo social.

Es un indicador que señala el nivel de desarrollo de las capacidades de

interacción, coordinación, organización y acción social del país,

alcanzadas a partir de la implementación de Planes, Programas,

Estrategias y acciones que buscan ofrecer a la población oportunidades

de mejoramiento de su calidad de vida. Las dimensiones que

constituyen la base para la selección de los respectivos indicadores que

conforman el índice del nivel de desarrollo social del país son:

Bienestar e ingreso: Participar en la actividad económica y gozar de

condiciones adecuadas de inserción laboral que permitan ingresos

suficientes para lograr un nivel de vida digno.

Salud y Nutrición: Orientado a gozar de una vida sana y saludable, lo

que implica contar y tener acceso a redes formales de servicios de salud

y seguridad social así como a una nutrición apropiada, que garanticen

una adecuada calidad de vida de la población.

Educación: Relacionado con la disponibilidad y el adecuado acceso de

la población a los servicios de educación y capacitación que favorezcan

el desarrollo del capital humano.

Participación social: Reflejado en el desarrollo de procesos cívicos

nacionales y locales, para que se desarrolle en la población el sentido

de pertenencia y de cohesión social, y con ello, el sentimiento de

participación activa y responsable que implica el deber y el derecho de

los ciudadanos a participar en el mismo.

Servicios básicos: Son indicadores que procuran la calidad de la salud,

ya que involucran buenas prácticas de higiene y limpieza. El acceso a

agua potable, desagüe, electricidad y morar en una vivienda confortable

en relación al nivel socioeconómico alcanzado.

Seguridad: Relacionado al libre desenvolvimiento y desarrollo de

actividades públicas y privadas sin temor de ser víctima de delito.

4.1. Mapa del Índice de Desarrollo Social

El Mapa del Desarrollo Social representa un aporte importante

porque constituye una propuesta de clasificación de los

departamentos en virtud de sus características específicas en

cuanto a las dimensiones consideradas en el cálculo del IDS. Ello

da lugar a una tipología de departamentos que las clasifica en

cinco niveles: Nivel Alto, Medio Alto, Medio, Bajo y Muy Bajo de

desarrollo social alcanzado.

Tabla N.º 1. Índice de Desarrollo Social por departamentos

Departamentos IDS Clasificación

Tacna 0.702 Alto

Lima 1/ 0.641 Alto

Ica 0.613 Alto

Moquegua 0.612 Alto

Arequipa 0.591 Medio Alto

Junín 0.588 Medio Alto

Madre de Dios 0.568 Medio Alto

La Libertad 0.520 Medio Alto

Pasco 0.516 Medio

Tumbes 0.513 Medio

Ancash 0.497 Medio

Piura 0.492 Medio

Cusco 0.472 Medio

Lambayeque 0.471 Medio

Amazonas 0.467 Bajo

San Martín 0.467 Bajo

Puno 0.460 Bajo

Loreto 0.438 Bajo

Ucayali 0.431 Bajo

Apurímac 0.424 Muy Bajo

Huánuco 0.419 Muy Bajo

Cajamarca 0.411 Muy Bajo

Huancavelica 0.411 Muy Bajo

Ayacucho 0.390 Muy Bajo

1/ Incluye la Provincia Constitucional del Callao

Fuente: MINDES-DGPS

5. CONCLUSIONES

La participación, por parte de la sociedad civil, en los asuntos públicos

de nuestro país es un derecho fundamental, reconocido por los tratados

y pactos internacionales suscritos por el Estado, los cuales establecen

que toda persona tiene derecho a participar en los asuntos públicos de

su país.

Es importante que la figura de la revocatoria sea modificada para que

sea usada de manera más eficiente y no para favorecer intereses de un

particular o de un grupo de ciudadanos que lo que les importa es

beneficiarse política o económicamente con dicho mecanismo. Pero, se

debe tener presente que la solución no es hacer que el mecanismo de la

revocatoria desaparezca, sino que se debe buscar hacerlo más eficiente

por el bien de la sociedad y del Estado.

BIBLIOGRAFIA

Andía Valencia, W. (2010). Gerencia de Proyectos Sociales y de

Inversión Social. Primera edición. El Saber Editores. Perú.

Andia Valencia, W. (2009). Proyectos de Inversión. Segunda edición. El

Saber Editores. Perú.

Castro, R. y Mokate K. (1994). Evaluación económica de proyectos de

inversión, Facultad de Economía, Universidad de los Andes, Colombia.

Cohen, E. y Franco, R. (1992). Evaluación de proyectos sociales. Siglo

XXI, México.