¡PAREN EL GENOCIDIO!

PRONUNCIAMIENTO CONTRA LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS

HUMANOS DE LÍDERES SOCIALES, DEFENSORES DE DERECHOS

HUMANOS Y RECLAMANTES DE TIERRAS.

"No morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy,

pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser

arrancada por la soberbia del poder."

EZLN, Febrero, 1994

Los grupos de investigación de varias universidades públicas y privadas, estudiantes de

postgrados en Desarrollo Rural en Colombia y otras Universidades Latinoamericanas y

centros de investigación rural, que desde hace varias décadas investigamos los problemas

rurales y apoyamos los procesos sociales y los movimientos campesinos, étnicos y populares

que buscan con sus luchas salir de la pobreza, la desigualdad y la exclusión social, política y

económica, nos sumamos a las múltiples voces que han rechazado públicamente los

asesinatos y atentados que se han producido en las últimas semanas de noviembre de 2016,

contra líderes sociales y campesinos, defensores de derechos humanos y reclamantes de

tierras, que les fueron arrebatadas por el paramilitarismo y los terratenientes a sangre y fuego.

En solo una semana cinco líderes campesinos del Movimiento Político y Social Marcha

Patriótica fueron asesinados: Didier Losada, en La Macarena (Meta); Erley Monroy, en San

Vicente del Caguán (Caquetá); Jhon Jairo Rodríguez y José Antonio Velasco en Caloto

(Cauca); Rodrigo Cabrera en Policarpa, (Nariño); y han atentado contra la vida de Danilo

Bolaños Díaz (Nariño), Hugo Cuéllar (Caquetá) y Argemiro Lara, líder de restitución de

tierras en Ovejas (Sucre). En lo que va corrido de este año, 70 miembros de esta organización

han sido asesinados y desde que se creó ese movimiento en el año 2012 un total de 128

militantes de la Marcha Patriótica han sido asesinados.

Además, el fin de semana pasado atentaron contra Martha Díaz en Barranquilla (Atlántico)

líder de las madres víctimas de las ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas “falsos

positivos”; el 25 de noviembre de este año, día internacional de la No Violencia Contra la

Mujer, fue asesinada Marcelina Canacue en presencia de su nieta de 9 años en Neiva (Huila)

quien hacía parte de la Junta de Acción Comunal de la vereda Versalles, y en un planfeto

firmado por el grupo paramilitar “Autodefensas Gaitanistas de Colombia” amenazan de

muerte y ofrece recompensa económica para quien atente contra la vida de Piedad Córdoba,

vocera de la Marcha Patriótica y de varios defensores de derechos humanos como Lilia Peña,

quien hace parte de la Junta Directiva de la Asociación Regional de Víctimas de Crímenes

de Estado en el Magdalena Medio.

Estos hechos de violencia política en contra de los luchadores por la paz y la reconciliación

nacional de los colombianos, tienen por objetivo principal ahogar en sangre y sabotear la

firma del Acuerdo Final para terminar el conflicto armado entre el gobierno de Juan Manuel

Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC-EP, aún después de que

dicho acuerdo fue renegociado y a pesar de que la mayoría de las objeciones de todos los

sectores que se opusieron a él en el pasado plebiscito del 2 de octubre, fueron incluidas en el

nuevo acuerdo. Buscan además, crear un clima de zozobra, miedo y terror para seguir

legitimando las salidas militares a los conflictos agrarios, territoriales y socio-ecológicos,

profundizar el clima de polarización y con ello, aumentar la crisis de gobernabilidad política

del presidente Santos y sumar fuerzas para una candidatura de la Ultraderecha en las

próximas elecciones presidenciales de 2018.

En esencia, los más radicales opositores al acuerdo de paz, retoman la estrategia violenta y

sistemática que emplearon contra la Unión Patriótica, organización política que surgió

posterior a los acuerdos de paz firmados en el municipio de La Uribe (Meta) en los años

ochenta entre el presidente Belisario Betancur y las FARC-EP, a la que le asesinaron más de

tres mil quinientos (3.500) militantes, hecho que se convirtió en uno de los más lamentables

genocidios políticos conocidos en la historia reciente de los colombianos y la humanidad por

lo cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado Colombiano.

En efecto, la Ultraderecha opositora a los acuerdos de paz, implementa de nuevo esa perversa

estrategia de manera sistemática, organizada, consiente y planificada. No son hechos

aislados; nadie podrá creer que se trata de acciones aisladas, o de delitos comunes, como lo

quieren hacer creer algunos medios de comunicación y organismos estatales. Los líderes

sociales, campesinos y comunitarios, los defensores de derechos humanos y los reclamantes

de tierras asesinados en las últimas semanas y meses vivían y luchaban por mejorar las

condiciones de vida de sus comunidades y lograr las transformaciones necesarias para una

paz estable y duradera en distintos municipios de ocho departamentos del país (Caquetá,

Meta, Nariño, Bolívar, Cauca, Cesar, Sucre y Antioquia).

Los responsables directos de los recientes asesinatos no son aquellos famosos “enemigos

agazapados de la paz”, son fuerzas organizadas política y militarmente que las comunidades

y los líderes en los municipios, corregimientos y veredas identifican porque han llegado hasta

sus moradas a notificar las amenazas. Pero también hay otros responsables indirectos, se trata

de aquellos que desde sus tribunas políticas, con cargos y responsabilidades públicas

territoriales o parlamentarias, atizan la hoguera de la violencia, estigmatizan a las

comunidades y sus líderes, los vinculan con los grupos guerrilleros y crean mantos de duda

sobre la sinceridad de sus resistencias y la autenticidades de sus demandas y reivindicaciones

sociales con lo cual, como se dice coloquialmente les “cuelgan una lapida en el pecho”. De

esta manera, esa difusa pero identificable ultraderecha, condena a muerte a quienes sólo

reclaman sus derechos y se convierten en responsables políticos de ese nuevo genocidio con

el que quieren sabotear los acuerdos de paz a costa de sacrificar la vida de personas humildes,

valiosas y altruistas que han sido excluidos de toda posibilidad de alcanzar sus proyectos de

vida y que han luchado por una sociedad más democrática, justa e incluyente.

Desde estas páginas queremos rendirles un póstumo homenaje a los líderes asesinados,

queremos, aún desde la distancia, acompañar a sus familias, organizaciones y amigos.

Exaltamos sus virtudes cívicas, les expresamos nuestra más profunda solidaridad y aún en

sus tumbas les diremos que sus luchas y sacrificios no han sido en vano, que recordaremos

sus enseñanzas, su dedicación, su capacidad de sacrificio personal en aras de los intereses y

objetivos sociales, comunitarios y colectivos. Siempre seguirán presentes en nuestras vidas

y luchas aún así no los hayamos conocido personalmente.

Finalmente hacemos un llamado a toda la población colombiana, a manifestar su voz de

inconformidad contra los hechos violentos que están sucediendo en el país, a solidarizarse

con quienes luchan día a día por cambiar las condiciones de inequidad y desigualdad que

vive el pueblo colombiano y exigimos respuestas inmediatas y contundentes del gobierno

nacional frente a los culpables de estas acciones violentas.

GRUPO DE INVESTIGACIÓN CONFLICTO, REGIÓN Y SOCIEDADES RURALES DE

LA UNIVERSIDAD JAVERIANA SEDE BOGOTÁ

LABORATORIO ECONOMÍA ESPACIO Y PODER (LE2P) DE LA UNIVERSIDAD

NACIONAL DE COLOMBIA

INVESTIGADORES RURALES DE LA UNIVERSIDAD DE SAO PAULO, BRASIL

INVESTIGADORES RURALES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MÉXICO -

UNIDAD XOCHIMILCO