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Al poder a costa de la vida

SERPAJ -PARAGUAY

Es innegable que se promovió un escenario que termine justificando un juicio político.

Personeros del Partido Colorado y del PLRA pergeñaron acciones que propiciaron estas

muertes y ahora toda esa sangre derramada es aprovechada para intentar sostener

un JUICIO POLITICO al Presidente.

El partido liberal después de cuatro años, saca sus garras y su actuar sucio y

conspirativo para sacar tajada de esta situación y quedarse con la presidencia de la

república, ¿cuál será el costo? en la derecha nunca se puede confiar, sea cual fuese su

lugar.

El desenlace que está teniendo el sangriento montaje de Curuguaty es un jaque mate al

sistema democrático dentro del Estado Social de Derecho que aún se pretende seguir

sosteniendo, se cuenta con todas las instancias para la investigación y aclaración de los

hechos, como debe ser y a partir de eso asumir y castigar a los responsables de la muerte

de los paraguayos.

Estas muertes van sumando y seguirán mientras la inequidad y el acceso a la tierra sean

negados a compatriotas.

La pregunta fundamental en este momento donde se pretende, vía confusión y los

intereses mezquinos de sectores que detentan el poder, someter a juicio político al

Presidente: los que ayer fueron sus aliados ¿hoy son quienes lo ponen en el banquillo de

los acusados?

No negamos la responsabilidad que le compete al Ejecutivo, ni tampoco a los otros

poderes del Estado, pero pretender mirar solamente hasta nuestras narices y no mirar el

proceso de lucha por la tierra en el país es tener una visión simplista y cortoplacista, la

tierra acarrea un drama que data desde la transición y mucho antes. De esto el poder

judicial y legislativo es más que consciente.

Hacemos un llamado a todas las personas, organizaciones e instituciones a mirar

fijamente e intentar tener la claridad suficiente para situar lo que está en disputa y por

sobre todo, identificar quiénes son los promotores de la inestabilidad.

Convocamos a manifestaciones pacíficas, a no provocar más violencia.

No podemos permitir la construcción o acceso al poder a costa de muertes de

compatriotas inocentes. No se puede tirar por la borda un proceso de cambio iniciado

por la ciudanía harta de la prepotencia, la corrupción y el autoritarismo, este proceso se

defiende por la vía que corresponde: el respeto a la institucionalidad y no por intereses

mezquinos del sector del poder económico.

Paraguay: El drama de la tierra permanece con muertes, desapariciones y detenciones de campesinos Por Abel Irala

Datos sobre campesinos muertos

Rubén Candia Amarilla, ¿designado o impuesto?

Por Cristina Coronel

La sociedad de los próximos muertos

Por Ramón Corvalán

“Los muertos son nuestros”

Por Magali Casartelli

Algunos datos sobre tierras mal habidas

PENSANDO CURUGUATY. Preguntas, confusiones, ingenuidad

Por Marta Almada

Foto gentileza Base Is

Paraguay: El drama de la tierra permanece con muertes, desapariciones y

detenciones de campesinos

Por Abel Irala

A unos 270 kilómetros de Asunción, en el lugar conocido como Colonia Ybyra Pyta o

Campo Morombi del Distrito de Curuguaty, tuvo lugar un enfrentamiento fatal entre

policías y campesinos. Según los datos que se manejan hasta el momento sólo se pueden

confirmar las bajas totales del cuadro policial que asciende a un número de seis agentes,

entre ellos el jefe y sub jefe del GOE (Grupo de Operaciones Especializadas), grupo que

realizó el operativo con unos doscientos cincuenta efectivos. De los cincuenta o sesenta

campesinos que estaban resistiendo en la ocupación se sabe, provisoriamente, que once

fueron abatidos por la policía, nueve están imputados y el resto está desaparecido.

Las víctimas fatales entre los campesinos asciende a un mínimo de once, nueve cuerpos

fueron encontrados el viernes 15 de junio día que se produjo el trágico hecho, al día

siguiente los pobladores del lugar se organizaron y entraron al campo a buscar más

campesinos, encontraron dos cuerpos y todo indica que podría haber más cadáveres

abandonados en la zona o personas heridas que no están recibiendo atención médica y

no puedan salir del lugar. Los referentes civiles y pobladores en general siguen con las

búsquedas.

Entre los detenidos e imputados por la fiscalía se debe mencionar que se hallan personas

del distrito que ni siquiera se encontraban en la ocupación y que fueron apresadas por ir

al hospital para saber información sobre los heridos que arrojó el enfrentamiento, según

las primeras denuncias que de a poco se van haciendo públicas. Las nueve personas

imputadas, quienes serán procesadas por los delitos de violación de propiedad privada y

homicidio doloso.

Según las versiones que manejan los lugareños, las fuerzas policiales se encargaron de

rematar a los campesinos que resultaron heridos, ejecutándolos y desapareciendo los

cuerpos, impidiendo que éstos fuesen auxiliados o reciban atención médica.

Las tierras ocupadas por el grupo de campesinos que no estaban nucleados bajo ninguna

organización, ya había sido motivo de varias ocupaciones anteriores por otras

organizaciones campesinas y en todos los intentos han sido desalojadas. El político y ex

senador Blas N Riquelme, perteneciente al partido colorado, se apropió

fraudulentamente de esas tierras [1] y actualmente goza de total impunidad erigiéndose

como el supuesto dueño de la propiedad.

El acaparamiento de tierras en manos de un sector minoritario, privilegiado, el avance

del cultivo de la soja y el agronegocio, es motivo de graves conflictos sociales hace

décadas en el Paraguay y una de las principales causas de este triste episodio, las

consecuencias, hasta ahora en el plano político institucional fue la destitución del

Ministro del Interior Carlos Filizzola, lo reemplaza Rubén Candia Amarilla ex Fiscal

General del Estado, reconocido por impulsar en años anteriores toda una campaña de

persecución y criminalización de la luchas sociales. Lo que seguirá, sin dudas será un

nuevo periodo de militarización violentando territorios y comunidades campesinas,

propiciando persecuciones y violaciones de derechos humanos, un clima de alta

inestabilidad política donde los partidos de derecha serán los más privilegiados,

conspiraciones y negociaciones a menos de un años de las próximas elecciones

presidenciales, se abre un terreno propicio para una mayor injerencia de los Estados

Unidos Colombia con su planes de seguridad y control, para garantizar el latifundio y la

inversión privada.

Por ahora se vive en el país un clima tenso, en un escenario bastante complejo, se

visualizan muchos intereses en juego, manipulaciones, conspiraciones y un

avasallamiento total a las familias campesinas empobrecidas.

[1] Ver más en: http://ea.com.py/blas-n-riquelme-y-las-tierras-malhabidas-de-curuguaty/

Foto gentileza Base Is

Rubén Candia Amarilla, ¿designado o impuesto?

Por Cristina Coronel

"Tenemos que tratar de hacer más eficaz el carácter preventivo de los procedimientos,

reevaluar el protocolo por no decir dejarlo sin efecto y ver en qué condiciones hacer

más efectivo el cumplimiento de la ley y que no necesita protocolizarse". Palabras del

nuevo Ministro del Interior.

Ante los hechos sucedidos el pasado viernes 15 de junio en el Departamento de

Canindeyú, distrito de Curuguaty, la puesta a disposición de parte del presidente de la

república al cargo que hasta ese entonces lo tenía el doctor Carlos Filizola, comenzó a

sonar junto con el nombre de nada más y nada menos que el ex Fiscal General del

Estado, Rubén Candia Amarilla. Entre sus hojas de servicio se encuentra una frondosa

adhesión a gobiernos de la época colorada, de hecho su llegada a la fiscalía data de

agosto del 2006 al 2011, dando continuidad a la política implementada por su

antecesor, el doctor Oscar Germán Latorre, que criminaliza las luchas campesinas y a

todas la organizaciones del sector popular. El mismo también ha continuado con la

política del Plan Colombia en estrecho relacionamiento con Álvaro Uribe.

Dentro de su andar se visibiliza que en junio del 2006 realizó una visita oficial al

Ministerio Público de Colombia en el marco del Plan de Acción en materia de seguridad

firmado por Paraguay y Colombia. Los principales puntos tratados citan a la

cooperación técnica ofrecida por el gobierno colombiano, la precaución de la

instauración del componente de las FRAC en Paraguay y el narcotráfico entre otras

cosas.

En el 2010 fue reconocido por la DEA de los Estados Unidos por su labor desplegada

en la lucha contra el Narcotráfico y con el fortalecimiento de esta área.

También en el 2010 fue invitado por el Departamento de Justicia de los EE.UU. para

realizar un recorrido de observación y reunión con representantes de agencias del

gobierno en capítulos como la lucha contra el narcotráfico, contra la corrupción y la

piratería.

Entre las tantas cooperaciones se destaca el acuerdo bilateral entre la Agencia para el

Desarrollo Internacional de los EE.UU. (USAID) y el gobierno de Paraguay, en el que

el Ministerio Público fue beneficiario como parte del Programa Umbral.

http://www.ministeriopublico.gov.py/content/c2/inst/comu_prensa/resol/inf_ges/pdf/sexenio/8_gestion_in

terna.pdf

En el siguiente cuadro, elaborado por Base Is, se puede visibilizar el proceso de

criminalización durante su gestión como Fiscal.

Criminalización durante la gestión de Candia Amarilla como Fiscal General del

Estado

Asesinados Imputados Detenidos Fuente

1990 a

2004

87 Sd Sd CDE

2005 0 Sd 62 CODEHUPY

2006 8 Sd 96 CODEHUPY

2007 3 sd 52 CODEHUPY

2008 4 240 557 BASE IS. periodo

agosto diciembre

2009 6 225 539 BASE IS.

2010 30 93 BASE IS.

2011 1 1 BASE IS.

Total 21 496 1400

Con sus antecedentes y con su posición respecto a uno de los grandes logros de

protección y defensa de los derechos humanos como son los protocolos de intervención

de las fuerzas públicas responsables del orden - instrumentos claves para determinar los

pasos que las mismas deben dar ANTES del uso de la fuerza (cachiporras, armas de

fuego, etc.)-, no se comprende su designación como Ministro del Interior en el contexto

en que se dio.

La decisión del nuevo Ministro del Interior de dejar de lado esos protocolos deja al

arbitrio de quien dirige una operación -desalojos, allanamientos y otros- aspectos

básicos que pueden resultar en graves violaciones a los derechos humanos de las

personas. Hay que estar atentos/as ante estos retrocesos que vamos dando en las

supuestas líneas progresistas con esta designación y con lo ocurrido pues aun quedan

varias interrogantes a ser respondidas o esperar que causes van tomando

¿Es realmente el cambio en esta cartera de Estado el que dará solución a los graves

problemas de fondo en país? El problema de la inequidad, el problema de la tierra y el

empobrecimiento del país. ¿Es la ausencia de una política represiva (tenebrosa y

torturante) lo que hace falta para contar con una seguridad desde la perspectiva de los

derechos humanos? ¿Quién necesita protección y garantía en nuestro país? ¿El modelo

de desarrollo agro exportador, el latifundio o las personas que se organizan para luchar

por el pedazo de tierra que les corresponde?

Una ilustración, al estilo del Guernica, del pintor Juan de Dios Valdez

"Oprimidos (policías y campesinos) matando a oprimidos (campesinos y policías) por órdenes del opresor (en

defensa de la propiedad robada por Blas N. Riquelme, una de las mayores lacras del Paraguay). Esto es lo que

reproducimos, legitimamos, defendemos y estamos convencidos de que es lo correcto." Texto: Silvana Brítez y

Sebastian Ocampos. www.ea.com.py

La sociedad de los próximos muertos

Por Ramón Corvalán

La única realidad son los muertos, dice Raúl Zaffaroni en su libro La palabra de los

muertos. Y la palabra viene después, y la escritura, incluso, tarda más. La Comisión de

Verdad y Justicia nos cuenta de que en tiempos del stronismo, una por cada 6.345

personas fue ejecutada extrajudicialmente y 336 personas desaparecidas.

Un jueves 28 de agosto del año 2008 la Comisión de Verdad y Justicia entregó

oficialmente su informe. Un año antes, la Coordinadora de Derechos Humanos del

Paraguay, dio a conocer el Informe Chokokué que daba cuenta de 77 casos de

ejecuciones y desapariciones en la lucha por la tierra en el Paraguay registrados en el

período 1989 – 2005. De los 77 casos, solamente en tres causas penales fueron

impuestas y cumplidas sanciones penales, condenándose coincidentemente a un sicario

en cada caso, sin llegar a investigar responsabilidades en grado de coautoría, instigación

o complicidad. En los demás casos, la única realidad siguen siendo los muertos.

Para el caso de los muertos en tiempos de dictadura, terminamos el año 2011 con el no

cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de Verdad y Justicia. También

aquí la única realidad son los muertos…y los desaparecidos que es una forma siniestra

de muerte suspendida porque ni siquiera da lugar al duelo.

Como un persistente transversal de estos muertos, está la lucha por la tierra en

Paraguay, la disputa por hacer real el texto constitucional dedicado a la Reforma

Agraria. Igualmente cerramos el 2011 sin avanzar en eso; igualmente aquí la única

realidad son los muertos.

Con estas realidades que no se deben confundir con justificaciones, llegamos a los

muertos de Kuruguaty, en la finca número 9, propiedad del Estado paraguayo, conforme

al Registro público. También aquí las palabras llegan tarde, y encima confusas. Un juez

afirma que aquello debía ser un allanamiento; los policías y fiscales sostienen que era un

desalojo. Oficialmente se habló de un despliegue para la búsqueda de muertos y

desaparecidos, pero fueron pobladores de la zona quienes realizaron los primeros

hallazgos…porque nadie llegaba.

¿Vale la pena insistir en datos tales como que en los últimos ciento cincuenta años en

Paraguay se produjo un proceso de concentración de la tierra? Incluso hasta llegamos a

ser precisos en los números: en el 2008, el 2,5 por ciento de los propietarios eran dueños

del 85 por ciento de las tierras…pero nuestros mecanismos, instituciones políticas,

judiciales siguieron otra lógica, aquella que no escucha la palabra de nuestros muertos.

Y a eso le llamamos democracia, una construcción que la avanzamos ignorando sus

fundamentos criminales. Esta ignorancia se sostiene en un sistema judicial incapaz de

procesar los eventos que surgen de los conflictos sociales, y cuando esto pasa, la lógica

de la venganza se ocupa del trabajo. Por supuesto, de esto no deriva una sociedad digna,

sino una donde nos preguntamos quienes serán los próximos muertos.

“Los muertos son nuestros”

Por Magali Casartelli

Uno de los primeros comentarios que leí en twitter, apenas iniciaban las informaciones

sobre las muertes en torno al conflicto en Curuguaty, decía, aludiendo a los policías

caídos: “qué denso tener que morir por defender las tierras de Blas N. Riquelme”. Era

como decir: qué fuerte, qué doloroso que el deber de esta gente sea morir por defender

lo que, de buenas a primeras, supone ser la propiedad de una persona tan turbia, tan

dañina.

Me pareció que el mensaje reunía todo lo que debe tener una comunicación eficiente:

mensaje corto y contundente. Expresaba la perplejidad que sentíamos muchos. Porque si

bien todo el tratamiento informativo posterior hizo que la tendencia fuera condenar a los

campesinos como los criminales que propiciaron esto y, en contrapartida, ensalzar a los

policías en lucha contra la ilegalidad, tanto policías como campesinos caídos son

nuestros muertos. Ambos son víctimas de un sistema de relaciones sociales y

económicas que beneficia a gente oscura como Blas N. Riquelme. Este último,

personaje nefasto, que no satisfecho con el exceso inmoral de bienes y propiedades en

posesión (todo bajo sospecha de fraude) se aprovecha de la inoperancia e ineficiencia de

la maquinaria burocrática del Estado, y, avalado en su pretensión de beneficiarse con

tierras que no le corresponden, 16 compatriotas terminan muertos.

Resumiendo el caso de estas tierras, son 2000 hectáreas donadas al Estado por la

empresa La Industrial Paraguaya en 1967. Según el periódico E’a “sólo a través de un

decreto el Estado acepta la donación y a través de la emisión de otro, en el año 2004 las

declara de interés social para la reforma agraria”, pero la lentitud de administraciones

anteriores hizo que nunca se concretara la transferencia a favor del Estado. Esta dejadez

fue aprovechada por este señor para apelar a la figura de usucapión que habilita a quien

sea a reclamar como suyas tierras que viene ocupando por años (La pregunta en este

punto es ¿por qué en este caso no se definió reprimir a balazos para desalojarlo de esa

propiedad?). Sin embargo, como aclara la abogada Milena Pereira, no se puede hacer

usucapión en contra de los bienes del Estado. Y, como el recurso de amparo por

usucapión fue cancelado, desde hace casi dos años, a partir de diciembre de 2010, fue

inscrito nuevamente a nombre de la Industrial Paraguaya. Esta serie de piruetas y mañas

legales hizo que nunca se transparentara la situación de estas tierras que derivó en estas

muertes. En síntesis, luego de 5 días de los trágicos sucesos, tímidamente la prensa

comercial publica que Marina Kue es del Estado (Decreto 1967 - 2004-2010).

Es “denso” que el aparato de seguridad del Estado mande a morir a policías por

defender tierras de un delincuente, es “denso” que campesinos en resistencia y con el

legítimo derecho de hacer uso de la medida de desobediencia civil (ocupación de

tierras) ante años y años de atropello y desatención, mueran. Es “denso” que recién

luego de las muertes “se sepa” que el supuesto dueño no es tal, sino el principal y único

invasor y acaparador.

Andrés Ramírez, abogado especialista en derechos humanos, responde:

El mismo Informe de la CVJ que es permanentemente citado en el contexto de la

masacre de Curuguaty, en su capítulo de Conclusiones y Recomendaciones, responde:

75. Proceder [...] a la recuperación de las tierras mal habidas con los demás bienes mal

habidos por los personeros de la dictadura o sus prestanombres que puedan ser

identificados con base en una investigación del Ministerio Público y de la Procuraduría

General de la República, a fin de que el Estado pueda recuperarlos e ingresarlos a

Rentas Generales de la Nación.- 78. Promover por parte de la Procuraduría General de

la Nación y la Defensoría del Pueblo las acciones judiciales y legales pertinentes para la

recuperación de las propiedades colectivas, comunitarias, campos comunales y espacios

públicos que fueron usurpadas.

Foto www.ea.com.py

La dignidad no se compra, ni se vende. Si no la entendemos así, es porque nos han derrotado y asimilado

Adolfo Pérez Esquivel

PENSANDO CURUGUATY

Preguntas, confusiones, ingenuidad

Por Marta Almada

Nuestra historia reciente puede conducir a desbaratar esperanzas porque durante los

años de la dictadura el poder adquirió formas siniestras, difíciles de entender para

muchos de nosotros. Sin embargo, si asumimos la responsabilidad de preguntarnos por

qué fue posible eso en Paraguay y reconocemos las admirables luchas de quienes lo

resistieron, podemos generar el desenlace contrario y, en lugar de anular la esperanza,

volver a encontrarla.

A lo largo de la historia las sociedades encontraron diferentes formas de reaccionar ante

la vulneración de los Derechos Humanos. En Paraguay durante la dictadura, distintos

sectores de la sociedad vencieron el miedo, salieron al espacio público e inventaron

formas para resistir, fortaleciendo, al mismo tiempo, el lazo social que la Dictadura

pretendía desarticular.

Ahora bien, para que estos derechos se hagan efectivos en el presente, hay que

comprender por qué en otros momentos históricos fueron violados sistemáticamente por

un Estado que tenía que haber sido su garante. Para ello, necesitamos ejercer el

pensamiento crítico porque no alcanza solamente con conocer la historia y decir «ya

pasó, forma parte del pasado, no volverá a repetirse». Tampoco se trata de formular

buenas intenciones, sino de emprender con coraje y honestidad el desafío de analizar

este hecho doloroso y preguntarnos qué y por qué.

Curuguaty nos plantea hoy ese escenario, representa hoy esa página grande llamada

realidad, cargada de complejidades, de confusiones, de hechos que se harán historia,

pero que hoy, sin embargo, necesitamos analizar, reflexionar y coloca en contexto para

explicar y explicarnos ¿qué pasó?, ¿por qué pasó? y nos permita construir en conjunto

un fundamento para la esperanza, para la justicia social, la verdad y la reparación

debida.

Curuguaty nos puede ayudar a ejercitar la memoria, como forma de hilar los hechos y

acontecimientos, o como forma para recordar nuestros compromisos, exigir nuestros

derechos, asumirlos y plantear propuestas con argumentos posibles, eso estaban

haciendo con las ocupaciones los campesinos y campesinas en “Yby Pyta”, con este

hecho nos estaban recordando, a la sociedad, al Estado en su conjunto la eterna deuda

social, histórica, moral y ética para con ellos, los sectores más vulnerabilizados de

nuestra sociedad.

El conflicto en Curuguaty puede servir de andamiaje a la tarea de hacer justicia

mediante su complejidad, su rebeldía, sus recursos, sus debates, sus imágenes, sus

interpelaciones. El terror es ofensivo y, hasta malicioso, en cambio la discusión, el

debate y las investigaciones responsables pueden ser o son las herramientas

privilegiadas para la toma de decisiones y para hacer justicia ante tanta injusticia

denunciada, el medio para que se dé esa necesaria toma de conciencia del problema “la

tenencia de la tierra y la lucha por ella”, problema de fondo, como hoy todos

denominan.

Múltiples fueron las clasificaciones y adjetivaciones mediáticas que se cruzaron y

conjugaron en Curuguaty, graficando el hecho de uno y otro modo y a quienes fueron

sus protagonistas: “Terrorismo de Estado, Jaque mate”, “grupos ideologizados y

subversivos, peligrosos, supuestos campesinos, autodenominados campesinos,

agitadores, asesinos, carperos”; “fue una emboscada, ejecución, masacre”; “las balas

llegaron de arriba, desde el norte, para el sur, de allá, para acá”.

Curuguaty, lucha por la tierra, explica con claridad cómo la ausencia de respuestas, la

falta de implementación de la postergada Reforma Agraria Integral, condena a miles

de paraguayos y paraguayas a la miseria y muestra cómo ante esa ausencia son

desarrollados otros mecanismos que resultan peligrosos, mecanismos para la

eliminación, tortura y desaparición de personas, lo que no sólo implicó en el caso

Curuguaty el fin de muchas vidas, sino también la privación de un duelo, de un entierro

justo, es decir, la posibilidad de inscribir esas muertes dentro de una historia familiar,

social y politica.

El conflicto desarrollado en Curuguaty es complejo porque refiere un hecho límite,

multideterminado por factores políticos, económicos, sociales, culturales. Y esta

complejidad nos exige ser claros en un aspecto: estamos con nuestras posiciones

planteando ideas, pensamientos y razones y tenemos por tanto el compromiso de ser

críticos y responsables, para el efectivo cumplimiento y respeto de los Derechos

Humanos.

En los límites que dibuja un modelo de producción extractivista y agroexportador, que

privilegia a los grandes grupos de poder económico, que hambrea, vacía y des-propone

prácticas y tekos comunitarios, modos de ser y hacer sostenidos en un profundo respeto

a la naturaleza y a su dinámica, hay que hacer Memoria y al menos indignarnos porque

situaciones como las de Curuguaty y otras, sean mediatizadas, manoseadas, traducidas

en show mediático y utilizados para intereses particulares.

Finalmente, la lucha por la tierra no se reduce a la adquisición de ciertas hectáreas de

suelo para la producción, se trata de una lucha frente a un modelo que privilegia el tener

por sobre el ser, que no respeta vidas, ni humanidades, se trata además de plantear en la

agenda política y social la discusión, el debate sobre la desigual distribución de las

riquezas desde el marco de la noviolencia y el respeto a los derechos humanos,

fundamentado en la vida y dignidad de las personas y la naturaleza.

Sabemos que es responsabilidad del Estado llevar adelante políticas concertadas para

avanzar en el respeto y la defensa de los Derechos Humanos, entendemos que este

hecho (Curuguaty) nos dice que es el momento para sentar las bases de una nación en

donde tengan plena vigencia los derechos civiles, políticos, económicos, sociales,

culturales y de los pueblos.

Pensemos Curuguaty