Panel 7: Construcción del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Presentador: Iniciamos este Panel denominado: Construcción del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que tiene por objeto conocer la visión y expectativa de los integrantes del mencionado Sistema Nacional sobre la nueva política pública integral basada en la relación de cooperación y coordinación con los organismos garantes. Modera este panel el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Rosendoevgueni Monterrey Chepov. Adelante, comisionado. Moderador, Lic. Rosendoevgueni Monterrey Chepov: Muchísimas gracias, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Quiero dar a nombre de mis compañeros, de todos y cada uno de los colegas comisionados del INAI, incluyendo el nombre de la comisionada presidenta que a pesar de tenerla aquí hoy está como ponente, entonces a también a nombre de ella me permito darle la más cordial bienvenida, a todos nuestros invitados, también a ella misma que hoy participará en este panel. Sobra dar un marco muy amplio sobre la relevancia y la importancia de esta mesa, tiene un acento especial ésta, la que hoy me honro en moderar, toda vez que escucharemos nada más y nada menos las visiones o la visión de las cuatro instituciones federales que por mandato legal habrán de sumarse a las 36 totales que constituirán el Consejo Consultivo del Sistema Nacional de Transparencia. Quiero presentar, en primera instancia, al Auditor Superior de la Federación, al contador público Juan Manuel Portal Martínez. Él es contador por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Administración Pública por el Instituto de Estudios Superiores en Administración Pública.

Profesionalmente se ha desarrollado como auditor general de una de las distintas instituciones financieras y auditor corporativo de las tres más grandes empresas siderúrgicas de México. También fue contralor general de Petróleos Mexicanos, en la Secretaría de Desarrollo Social y en LICONSA; Director de Supervisión y Evaluación en la Secretaría de la Contraloría General de la Federación y Coordinador del Programa para el Fortalecimiento de Control Interno en la Administración Pública Federal. En apretadísima síntesis la amplia experiencia del auditor. Muy bienvenido. Antes de cederle el uso de la palabra, me permitiría proponerles un cambio ligero de modalidad. No intervendré en los intermedios de las sesiones, sino me permitiré, si ustedes no tienen inconveniente, hacer una conclusión final destacando las aportaciones de cada uno de los ponentes a la conclusión de la mesa. Bienvenido, auditor, y muchas gracias por estar aquí con nosotros. C.P.C. Juan Manuel Portal Martínez: Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación para participar en este Primer Seminario sobre la Ley que nos ocupa. Empezaría diciendo que la creación de un Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en el que deben participar distintas instituciones coordinadas, de tal manera en que no afecten o trasgredan las atribuciones de los demás, representa un paso decidido hacia una mayor democratización del poder. Esto en cuanto a que la gestión gubernamental, el diseño de programas y políticas públicas y los resultados obtenidos con acatamiento a las necesarias restricciones referidas a la seguridad nacional y a la custodia de la información sensible de carácter confidencial deben ponerse al alcance de la sociedad. En un Estado democrático, el acceso a la información es, de hecho, la base de la rendición de cuentas; considerar la transparencia como una

obligación onerosa de cumplir o una concesión de la autoridad hacia los gobernados es despojarla de factores que hacen de ella uno de los principales pilares de la eficiencia, eficacia y economía de la gestión pública. La Auditoría Superior de la Federación hace uso de la información generada por los entes sujetos al proceso fiscalizador y, por lo tanto, ve en la disponibilidad, confiabilidad y administración de la misma una condición ineludible para llevar a cabo su función revisora de manera eficiente y confiable, ya que no puede haber injerencia directa del sistema en políticas internas, facultades y operación de un ente gubernamental, la labor debe concentrarse en el ejemplo y la oferta de alternativas viables para cumplir las obligaciones que emanen del nuevo marco legal, bajo un esquema de buenas prácticas, control interno y el uso eficiente de tecnologías de la información. Ahora bien, para alcanzar el fin último de un Sistema de Transparencia y Acceso a la Información, o sea, la concepción del gobierno como una caja transparente, resulta indispensable generar un marco estructurado de buenas prácticas en la materia, acompañado de la instrumentación del debido proceso. Cuando habló de debido proceso me refiero a una práctica común en organizaciones internacionales, que con el fin de mantener la normativa aplicable, vigente y operativa cuentan con procedimientos bien definidos para alcanzar el marco aplicable, proponer reformas y modificaciones, así como a copiar información suficiente para fundamentar y validar cualquier cambio. Esto implica que en el contexto del sistema, las guías, los lineamientos y las buenas prácticas no se consideren como inamovibles, sino que éstas deberán modificarse en la medida en que las instituciones enfrenten nuevos retos o surjan adelantos que requieran de ser incorporados en la praxis de los entes gubernamentales. Contar con un proceso de esta naturaleza le dará al sistema la debida flexibilidad y capacidad de respuesta necesarios para mantenerlo vigente.

La institución a mi cargo, dada su naturaleza y mandato, está involucrada en más de una forma al ámbito de la transparencia. Los entes que la ASF revisa generan datos, no sólo financieros y contables, sino vinculados al desempeño de sus funciones, que deben ser comprobados por los equipos auditores. Asimismo, la propia ASF es generadora de información, tanto de trabajo, como aquella que se refleje en su informe general presentado anualmente ante la Cámara de Diputados y a la ciudadanía en su conjunto. Por ello y por el papel que juega la ASF, en el recientemente creado Sistema Nacional Anticorrupción, existe una gran potencialidad para que la fiscalización superior provea de indicios relevantes a los órganos de vigilar el manejo de la información gubernamental, así como de que aproveche aquellos datos que dichas instituciones le proporcione para hacer más efectiva la planeación y ejecución de auditorías al uso de los recursos públicos. Adicionalmente, creemos necesario que la ASF considere la realización de un número determinado de auditorías específicas sobre el cumplimiento de la Ley en materia de transparencia y acceso a la información. En estos casos, su conjunción con las instituciones competentes en la materia resulta indispensable; como puede verse, la adopción de una concepción sistémica en materia de transparencia y combate a la corrupción, implica la definición de canales adecuados para coordinar efectivamente las acciones de todos los participantes. Por otra parte, existe una serie de acciones de la ASF en cuanto al análisis de riesgos en la gestión del sector público, que se vinculan con el manejo y la disponibilidad de información. En su último informe, referente a la Cuenta Pública 2013, la ASF identificó distintas áreas de riesgo que entrañan la posibilidad de que se presenten deficiencias en el cumplimiento del mandato de una institución, una gestión irregular de los recursos públicos o situaciones de bajo rendimiento o ausencia de resultados de programas y políticas públicas.

Estas áreas pueden ser una primera aproximación sobre temas que podrían formar parte de la atención del Sistema de Transparencia. Entre dichas áreas podríamos mencionar se encuentra la referida a la rendición de cuentas y transparencia, que se refiere a las situaciones en que la falta de exposición pública de información clave no permite una toma de decisiones adecuada o no permite que los distintos actores sociales que estén involucrados con el acto de gobierno en cuestión, puedan dar el seguimiento adecuado. Existen distintos aspectos de la gestión gubernamental en los que podemos ver el impacto que este riesgo se materialice, por ejemplo, la revelación de pasivos y gastos, dar a conocer y publicar oportunamente cifras confiables respecto a la actividad financiera del Estado constituye un elemento de transparencia que genera certidumbre, pero su ausencia puede tener un impacto en cuanto a la percepción de la opinión pública y los agentes económicos respecto al estado que guardan las finanzas públicas. En el caso de los padrones de beneficiarios hay que destacar que la ausencia de datos sistematizados y confiables respecto a los beneficiarios debilita el impacto de un programa social, de un subsidio o de un apoyo, que se traduce en un costo para la comunidad al generarse la percepción que los programas sociales no son operados atendiendo a criterios de equidad y eficacia. En cuanto a la integración de la participación ciudadana, puedo señalar que un elemento fundamental para mejorar la eficiencia y resultados del gasto público es la participación de la población beneficiaria en la gestión de los fondos y programas, especialmente en cuanto al seguimiento del ejercicio de los recursos. La concepción institucional de la participación social está concebida para involucrarla en la ejecución de los propios programas, pero no como un elemento vigilante, empoderado con la información suficiente para evaluar la gestión. La consecuencia de una participación social efectiva debería convertirse en información pública abierta a la sociedad.

Respecto al seguimiento de obras de infraestructura, debido a la importancia de las obras y al monto de recursos requeridos para llevarlas a cabo, resulta indispensable que sean concebidas, ejecutadas y controladas a partir de una perspectiva estratégica sustentada en aspectos como el rigor técnico y el impacto social. Por el contrario, una inadecuada planeación, supervisión y seguimiento de los mismos, ocasionan incrementos en montos de inversión y plazos de ejecución. A este respecto no quisiera dejar pasar esta oportunidad sin reiterar el proyecto de construcción de la nueva sede de la Auditoría Superior de la Federación. Nos propusimos desde el primer día ofrecer a los legisladores y a la opinión pública una imagen diferente de lo que puede ser una obra pública. La labor que la institución desarrolla la obliga, además, a mantener un elevado nivel de transparencia y exactitud en cuanto a los aspectos técnicos y financieros del proceso. Podemos comunicarles que hasta ahora se ha cumplido en tiempo y forma con las metas que se le han fijado al proyecto, su avance puede ser seguido prácticamente en tiempo real a través de la consulta del micrositio de Internet que fue puesto a disposición de la ciudadanía. Nuestro objetivo es generar una buena práctica que ponga de relieve el seguimiento a la dinámica de la obra, reflejada en una rendición de cuentas oportuna y detallada de este proyecto. En el ámbito de la auditoría gubernamental se dice que no es posible rendir cuentas si no hay cuentas. La información incluida en la cuenta pública es la base del análisis de la fiscalización superior. Por ello, la ASF decidió participar activamente en los esfuerzos llevados a cabo por el Consejo Nacional de Armonización Contable, para avanzar en distintos aspectos de la implementación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental a nivel estatal y municipal. Asimismo, en materia de gasto federalizado, la ASF asumió la responsabilidad de coordinar las medidas necesarias para verificar el adecuado cumplimiento por parte de estados y municipios de la

entrega de reportes trimestrales contemplados por ley sobre el ejercicio, destino y resultados del uso de recursos federales transferidos mediante el portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda. Señoras y señores asistentes a este Seminario, el arranque de un proyecto de este calado es una etapa de gran importancia y de alguna manera determina el futuro del mismo, por consiguiente, considero que las instituciones involucradas hagan un análisis detallado respecto a su contribución al funcionamiento del sistema, así como las maneras más eficientes para establecer una coordinación efectiva. Eventos como el presente nos sirven para contar con distintas perspectivas y con ello poder formar criterios que se basen en un enfoque multidisciplinario, indispensable, para la creación de un sistema que vinculará organismos cuyos mandatos abarcan un amplio espectro de la gestión gubernamental. Finalmente reitero el compromiso de la Auditoría Superior de la Federación con esta importante iniciativa, así como en actuar al límite de nuestras facultades para promover una cultura de la transparencia y la rendición de cuentas en nuestro país. Muchas gracias. Moderador, Lic. Rosendoevgueni Monterrey Chepov: Muchísimas gracias, Auditor, por su visión y por las reflexiones y por compartirnos el papel fundamental que, entre otros, habrá de jugar la Auditoría en este Sistema Nacional de Transparencia. Es también un privilegio tener en esta mesa a la doctora Mercedes de Vega Armijo, Directora General del Archivo General de la Nación. Ella es licenciada en filosofía, maestra en sociología y doctora en historia por el Colegio de México. Se ha desempeñado como Directora General del Acervo Histórico Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores; investigadora nivel uno del Sistema Nacional de Investigadores; Directora del Museo Regional de Guadalupe.

También es profesora en diversas casas de estudio y escritora de varias obras relacionadas con la historia de México y América Latina. Sin más, me permitiría cederle el uso de la palabra y bienvenida una vez más, Mercedes. Dra. Mercedes de la Veja Armijo: A mis interlocutores que participamos en esta mesa, mi agradecimiento al INAI por la invitación a este evento tan importante. Primero que nada permítanme extender una disculpa; los servidores púbicos corremos el riesgo de repetir hasta la náusea algunos conceptos y algunos de los compañeros de esta mesa ya me han escuchado y muy probablemente también algunos de los participantes, de los aquí presentes en este auditorio. Voy a iniciar esta presentación con una reflexión: “Todo parece indicar que el engaño es inherente al comportamiento de la humanidad, pero más preocupante aún es el autoengaño que parece ser consustancial a la naturaleza humana”. Y esto lo dijo un pensador Chino cuatro siglos antes de Cristo y decía, literalmente lo siguiente: “Aquel que quiere tener lo correcto sin lo equivocado y mantener orden sin caos, no entiende los principios del cielo y de la tierra, no sabe cómo están hechas las cosas”. Pero por otro lado, la historia nos demuestra que la libertad no es un regalo que cae del cielo, sino permanente desafío entre la conciencia y las circunstancias, con lo que la afirmación de la libertad comienza con el hábito de responsabilizase de uno mismo. Pero responsabilidad –procuro repetirlo siempre- no es sólo el sentido de compromiso, sino igualmente, habilidad para responder, de entender y actuar a favor de un equilibrio interno y externo, trátese de personas o de instituciones. Y es aquí donde tenemos que encontrar permanentemente ese equilibrio entre el orden y el caos que ha caracterizado a la historia de la humanidad. En este sentido, y tras más de una década de vigencia de la Ley Federal de Transparencia, el balance no es precisamente positivo, ya

que en ese mismo lapso, los índices de corrupción en el país, parece que lejos de disminuir, aumentaron. Si bien se establecieron mecanismos que posibilitaran la transparencia, tanto la prospectiva de las instituciones, como las expectativas de la ciudadanía, no han sido medianamente cubiertas. Así, aunque ha habido responsabilidad gubernamental, es evidente que ha faltado habilidad para responder o, si se prefiere, un manejo más eficiente de información y comunicación entre las instituciones y hacia la sociedad, cada días más a merced de criterios mediáticos y ratings, que de la objetividad. A partir del pasado martes 5 de mayo, con la entrada en vigor de la Ley General de Transparencia, y como ya se ha dicho aquí, el INAI, el INEGI, la Auditoría Superior de la Federación y el Archivo General de la Nación integramos el Sistema Nacional de Transparencia. El resto es gigantesco, lo decía ayer la Comisionada Presidenta del INAI, pero particularmente el reto es aún más difícil para un débil sistema de archivos en este país; basta recorrer algunos archivos, ya sean de una secretaría de Estado o de un municipio, sea un municipio pobre, sea un municipio rico, sea urbano, sea rural para corroborarlo. Y quizá en mi caso particular, para seguir documentando mi asombro, aun no me canso de visitar cuanto archivo se me atraviesa en el camino y sigo documentando, por un lado mi optimismo respecto de la archivística nacional, particularmente en este momento en que los archivos se integran a este Sistema Nacional de Transparencia. Pero bien, preguntémonos entonces, porque además fueron preguntas que se plantearon en la mesa anterior, ¿Cuál es el papel que le corresponde a la archivística de México, una vez incluida en este promisorio, pero como lo decía, comprometedor Sistema Nacional de Transparencia? Y a riesgo, nuevamente lo digo, de aburrir a mis interlocutores, que ya conocen algunos de mis planteamientos, creo pertinente recordar aquí preguntas todavía sin respuesta, así como otras de las que hemos obtenido, creemos, alguna ubicadora contestación.

Entre las primeras. ¿Por qué los archivos llegan tarde a la modernidad, si son milenarios y nacen con las sociedades? Si los archivos son esenciales, ¿por qué continúa viéndoseles como hermano menor de la transparencia o más preocupante aun, desvinculados de las funciones de la administración pública? ¿Por qué nos olvidamos de mirar a los archivos en su real dimensión, hasta que se fue gestando el acceso a la información y haciéndose obligatoria la transparencia? ¿Dónde se quedó atorada la archivística nacional, si tenemos uno de los archivos? Por no decir el más importante del continente americano, alojado en el Antiguo Palacio de Lecumberri. ¿A qué atribuir que en la agenda federal, estatal y municipal el archivo esté en el último lugar, no obstante ser invaluable fuente de conocimientos? ¿Cómo detener la desarticulación de los tres poderes, sea nivel federal o estatal en materia de archivos, con la consiguiente falta de transversalidad? Por estas y otras inercias es que hasta ahora las administraciones han dejado pasar la oportunidad de apoyarse en los archivos y de aprovechar los datos duros que ofrecen. A las omisiones citadas hay que añadir una óptica institucional discreta, si no es que nula; así, como una notable diferencia en los recursos asignados a los archivos, siempre insuficientes, con respecto a otras instituciones directamente relacionadas con la transparencia y la rendición de cuentas. Quisiera aportar aquí algunos datos reveladores para continuar, no me cansaré de hacerlo, llamando la atención en torno a la archivística nacional. En 2014, fíjese ustedes bien, sólo el cuatro por ciento de la administración federal, de los sujetos obligados por la Ley Federal de

Archivos, dieron cuatro por ciento, reitero, dieron cabal cumplimiento a los indicadores del programa para un gobierno cercano y moderno en donde los archivos tienen un lugar. Otro dato alarmante. De un diagnóstico que enviamos el año pasado a más de 12 mil entidades públicas a nivel nacional, sólo se obtuvo respuesta del siete por ciento, y ese siete por ciento demuestra una acusada debilidad normativa estructural y funcional. Pero ojo, tampoco podríamos afirmar irresponsablemente que los magros resultados son consecuencia de la irresponsabilidad de las instituciones públicas, el problema es mucho más complejo y su solución implicará una revolución administrativa, yo la llamo silenciosa que confiamos ocurrirá con la promulgación y aplicación de la Ley General de Archivos. Desde luego es perentorio asignar mayores presupuestos al desarrollo archivístico en el país, indispensable para el buen gobierno, lo explicó de manera muy claro el auditor y en tanto base informativa del Estado. Una administración pública, transparente exige eficacia en la gestión documental. Con la Ley General de Archivos, que como ustedes saben, se ha venido trabajando desde hace ya algunos meses, estamos ahora en un proceso de consulta muy intenso, el Sistema Nacional de Archivos tendrá una intersección, yo diría, una empatía natural con el Sistema Nacional de Transparencia. ¿Por qué? Porque su núcleo van a ser los sistemas estatales de archivo, cuya células serán los archivos municipales con objeto de homogeneizar los procedimientos archivísticos. Un Sistema Nacional de Archivos que se traduzca en archivos ordenados, que inviten a que uno se adentre en ellos, lo descubra, los mire, los palpe; que se traduzca en archivos ordenados, limpios, con instrumentos de consulta, inventarios, catálogos, difusión, garantizarán una información, y esto es lo que una buena archivística debe hacer, garantizarán que esa información sea auténtica, que esté disponible, que sea íntegra y tenga institucionalidad, es decir, que sepamos de

dónde viene, quién la produjo y, por ende, los archivos de este país se preserven, difundan y protejan. La importancia de los archivos, también se preguntaba en la mesa anterior, se hacía esta pregunta; la importancia de los archivos radica en que son los depositarios esenciales de la información pública, pero no se ha reflejado esto en una mejor situación de los archivos porque su ubicación en los organigramas no refleja su importancia administrativa y el personal lamentablemente no siempre posee los conocimientos necesarios o actualizados. En consecuencia, la incidencia estratégica de los archivos sigue siendo débil, insuficiente y a veces, incluso, invisible. En este sentido, se requieren acciones concretas y coordinadas que conduzcan al reconocimiento del valor institucional de los archivos y su inaplazable profesionalización a través de la vinculación con instituciones de educación superior y la cooperación internacional. Pero permítanme decirles que hay que derribar otro añejo prejuicio que tiene que ver con la idea de que los archivos son únicamente útiles para los historiadores, cuando el resto de las disciplinas, todas, absolutamente todas, están a la espera, siguen a la espera de fondos, de acervos, de depósitos, de colecciones que son invaluables tesoros desatendidos tanto por organismos públicos, como privados, porque también la iniciativa privada tiene una memoria institucional como la tiene la administración pública y que no aprovechan la utilidad de los conocimientos e información que en ellos mismos se producen. Quisiera regresar porque no quiero ocupar más espacio del debido. Me voy a concentrar en lo que creo que podrían ser los beneficios de una Ley de Archivos. ¿Cómo se va a beneficiar la transparencia y el acceso a la información con esta Ley? De manera enunciativa, más no limitativa, creo que los siguientes serán algunos beneficios: Por un lado, establecer las bases y principios archivísticos, como los que acabo de mencionar; determinar cuáles son los sujetos obligados; algo importantísimo, consolidar una

política pública; definir el valor de los archivos; fomentar la memoria histórica nacional e institucional; hacer más eficaz la toma de decisiones del Estado; garantizar el ejercicio de la transparencia y el acceso a la información. Y desde luego, la creación del Sistema Nacional de Archivos; establecer reglas claras para la gestión documental y la administración de archivos; vincular –importantísimo– los archivos con las tecnologías de la información; resolver problemas tan importantes como el de la preservación digital; establecer relaciones de coordinación entre instituciones; fomentar la cultura archivística; tener un registro nacional de todos los archivos que hay en este país; establecer –ojo, muy importante– un régimen de responsabilidades y sanciones especializado para que cuando termine una administración, el servidor público saliente se lleve a su casa los archivos, como suele ocurrir con mucha frecuencia. Comparto algunas reflexiones finales. La transparencia no es algo que pueda alcanzarse de un día para otro ni la corrupción ser eliminada como si limpiáramos un vidrio. Hoy, sin embargo, se cuenta con una cantidad de información valiosa que nuestros antepasados jamás imaginaron. El cabal manejo y aprovechamiento de la misma es nuestra responsabilidad. Igualmente, transparencia no es sólo la obligación de los sujetos obligados de hacer del conocimiento público la información derivada de su actuación, sino además un profundo movimiento endógeno de la Administración Pública de la postmodernidad a sabiendas que el derecho a la información deviene mayor exigencia social y, por ende, reciproco compromiso ético entre gobernantes y gobernados. Lo que fortalece le rendición de cuentas es esa habilidad para responder, ese asumir con sentido e imaginación las respectivas responsabilidades en una sintonía que nos permita percibirnos unos a otros sin prejuicios, confiados en el beneficio de sumar voluntades y esfuerzos que desemboquen en una sinergia continuada. Hoy empieza, pero esto llevará algunos años, le tendremos que dar continuidad.

No se trata de cuidar apariencias o de ocultar información por sentirnos vigilados y acotados, sino sencillamente de hacer bien las cosas, a partir del profesionalismo y la convicción de que sólo unidos podremos seguir construyendo el Estado de Derecho al que aspiramos. Transparencia y rendición de cuentas, en fin, no es únicamente el manejo eficiente de datos, es sobre todo hacer que esas cuentas sean vistas y disfrutadas por la ciudadanía. Muchas gracias. Moderador, Lic. Rosendoevgueni Monterrey Chepov: Muchísimas gracias a ti, Mercedes. Es un gusto recibir también en esta mesa a Mario Palma Rojo. Él es uno de los cuatro vicepresidentes de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y es responsable de sus Sistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia, cargo que desempeña desde octubre del año 2008. Ha ocupado diversos cargos a lo largo de sus más de 18 años de carrera en el INEGI, como Subdirector de Normatividad y Servicios Técnicos, Coordinador Ejecutivo y Coordinador Administrativo entre otros. Fue Subsecretario de Innovación y Calidad de la Secretaría de Turismo y Subsecretario de Desarrollo Regional de la Secretaría de Desarrollo Social; asimismo, se desempeño como Oficial Mayor en las secretarías de Economía y de Turismo. Mario Palma estudió la licenciatura en derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también fue profesor de Derecho Internacional Público y tiene una maestría en derecho y política internacional por la London School of Economic and Political Science de la Universidad de Londres. Ha participado en numerosos foros internacionales y ha recibido distinciones que otorga el Instituto Internacional de Estadística, con sede en La Haya, Holanda, por su contribución a la comunidad de

estadística internacional y recientemente fue nombrado presidente electo de la Asociación Internacional de Estadísticas Oficiales para el período 2015-2017. Sobra decir también que nos hace el favor de representar a la institución y a su titular, Eduardo Soho, a quien le mandamos un saludo desde aquí, por supuesto, a nombre de todos mis colegas. Le cedería el uso de la palabra. Mtro. Mario Palma Rojo: Muchas gracias. Muchas gracias al Comisionado de Monterrey. Muchas gracias al INAI por esta gentil invitación y a su presidenta, Ximena Puente, y a todos los demás comisionados, así como a mis distinguidos colegas que estamos el día de hoy acá. Voy a presentarles a continuación cuáles son los fundamentos jurídicos y sobre todo cuál es la operación de la cultura de la transparencia en el INEGI. El INEGI, como las instituciones que representan mis colegas, son instituciones cuya esencia está directamente relacionada con la transparencia; somos instituciones que nuestra primera labor tiene que ver con producir, proporcionar información y esto puede ser intercambiable con el tema de transparencia, pero inevitablemente lo nutre y son parte importante de la transparencia. Un poco el contexto. Platicábamos hace rato cómo era Lecumberri hace 40 años y cómo ha cambiado el país para que ahora tengamos en Lecumberri el Archivo General de la Nación. El país ha mejorado y ha cambiado. En estos más de 30 años empezó la institucionalización, porque diría que antes de eso ya estaban los esfuerzos para el derecho de acceso a la información, en 1977, y voy a decir que hoy lo culminamos, el 4 de mayo, con la publicación de esta Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. México ha creado un andamiaje institucional importante y en el camino se creó el INEGI, en el camino se le dio autonomía. No puse ya las fechas, pero están ahí dentro de estos 35 años.

¿Cuál es el rol y dónde hay que ubicar a las oficinas nacionales de estadística, que es el rol del INEGI en México? La misión es proveer a la sociedad información oportuna y de calidad sobre fenómenos sociales y económicos relevantes. Importante la palabra sociedad hay que entenderla en su sentido más amplio, esto es, proveer a todo mundo, a todo el que puede ser usuario y aquí no hay distinción de si es mexicano, si es extranjero, si es residente en México o si está en el extranjero, si es una institución o un organismo internacional, etcétera, no hay diferencia de edades ni nada. Esto es para todo mundo. Pero de la calidad de esta información veremos si sirve para políticas públicas y a los que hacen políticas públicas, las promueven, las diseñan, las implementan y este grupo hasta ahí podría ser relativamente pequeño, pero también sirve para los que evalúan las políticas públicas. Ahí el grupo se extiende a los académicos y a cualquier persona interesada en un tema. El contexto del INEGI. El INEGI desde el 2008 tiene autonomía. Esto es algo raro a nivel mundial, somos una de las tres, cuatro instituciones, la única que lo tiene en su constitución escrita, y esta autonomía nos pone en una situación interesante como productores de información estadística, pero también como coordinadores de lo que se llama el Sistema Nacional de Información, Estadística y Geografía. El INEGI no puede ser el único productor de estadística, ahí estarían las otras instituciones que producen información estadística, pero también los usuarios. Es muy importante trabajar con los usuarios. La parte legal. Nosotros tenemos una ley, que es la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística, que nos da una serie de principios rectores que coinciden mucho con la Ley General, con accesibilidad, transparencia, objetividad, independencia, que es muy importante y la información del INEGI se rige por la Ley del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geografía.

Se nos pone desde un principio que la parte de la gestión del INEGI se regía por la anterior Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Esta diferencia no es tan estricta, ¿por qué?, porque la sola producción, la primera parte, que está sujeta a la Ley del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geografía, nutre necesariamente a las leyes de transparencia. Lo vamos a ver a continuación. Quiero adelantar algunas cosas. Debemos definir metodologías y lo debemos de publicar en Internet y tenemos un servicio público de información que ya lo mencioné, que nos obliga a poner a disposición de todo mundo la totalidad de esta información. En la Ley General de Transparencia, aparecemos como sujeto obligado, somos parte del sistema y están una serie de obligaciones de transparencia comunes que ya mencioné. La información del sistema que les acabo de referir la dividimos en cuatro subsistemas que son los tipos de información que tenemos, es la social y demográfica, la geográfica y del medio ambiente, la económica que son las tres tradicionales y desde la autonomía del INEGI hemos dedicado prioridad a medir estadísticas de gobierno, seguridad pública y justicia. Muchas de las cuales no se medían previamente en México, muchas no se miden en la mayoría de los países del mundo y están muy relacionadas con el tema de la actuación del gobierno y con el tema de la transparencia como veremos más adelante. Un concepto importante que ya mencioné es la de información de interés nacional. Le corresponde al Instituto declarar qué información se considera de interés nacional y esta tiene por ley que es obligatoria y oficial para la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, esto es de particular importancia. La información de inflación del INEGI, la información de crecimiento económico o la información del crimen del INEGI es la información oficial para uso de todas las autoridades de este país. Están las características ahí.

Asimismo, se ha creado un catálogo nacional de indicadores, que es un conjunto de indicadores con sus metadatos, el metadato es la explicación de cómo se construye y qué información lleva cada indicador y en el cual participamos. Somos coordinadores de un sistema, no somos los únicos productores, como ya mencioné, hay otras 17 unidades del Estado, en este momento, que ya participan en la producción de catálogo nacional de indicadores. Deben de ser necesarios para sustentar el diseño de políticas públicas, requieren un rigor conceptual y metodológico y deben ser producidos conforme a un calendario de actualización. Muy breve, en la parte demográfica y social hay 87 indicadores, en el siguiente pueden ir viendo de qué tipo son; hay 63 en la parte económica, 25 al medio ambiente y 27 en gobierno, seguridad pública e impartición de justicia. Ochenta y siete de estos indicadores, 43 por ciento del total, están ligados al cumplimiento de compromisos internacionales, desde las declaraciones del milenio que se están revisando actualmente, los que están familiarizados con el tema, se está haciendo en Naciones Unidas la discusión de cuáles serán los indicadores sustentables post 2015. El INEGI participa directamente en estas discusiones en Naciones Unidas, desde la definición de cuáles van a ser y sobre todo cómo se van a poder medir, que esto es la parte más difícil. Pero nos habla de temas muy variados: De la OCDE, la protección de la capa de ozono, Convención para la Protección de la Discriminación para la Mujer, cosas de recursos forestales, diversidad biológica, etcétera. También estamos afiliados a la política de datos abiertos, ¿qué es la política de datos abiertos? Que se pongan a disposición de la sociedad con los atributos que aparecen ahí, que son importantes, que sean públicos, que sean gratuitos, que no haya discriminación, que

sean en formatos abiertos y legibles por máquinas. Esto no es tan fácil de llevarlo a cabo hoy en la práctica, pero esto es una política que estamos ya llevando a la realidad en el Instituto. Asimismo, estamos promoviendo la llamada DBI, iniciativa del Banco Mundial para establecer un estándar internacional para documentar proyectos estadísticos, ya lo adoptamos en la red nacional de metadatos del INEGI y estamos promoviéndolo entre las unidades del Estado mexicano y pronto tendremos una norma para que todas las unidades del Estado de adopten en la presentación de sus datos. Otro punto que es muy importante, no es de esos puntos que a veces hacen mucho ruido, pero son de vital importancia. En diciembre de cada año publicamos la fecha exacta en la que se va a hacer la publicación de cada resultado o de cada proyecto estadístico. Ustedes pueden saber que la encuesta de victimización de hogares cada año se publica el día 30 de septiembre a las 08:00 horas y nunca en la historia ha habido una posposición, ni creo que lo vaya a haber, de eso nos encargamos en la Junta de Gobierno, de este tipo de situaciones. A las 08:00 horas ya está en internet, si hay una reunión de prensa y esto se hace posteriormente, se hace a las 11:00 o 12:00 horas, pero esto es una de las garantías de la transparencia de cómo se debe de producir la información estadística en un país. A continuación, no quiero meterme en muchos detalles, pero voy aprovechar del subsistema que me toca llevar y que tiene mucho que ver con esto, hacer un par de menciones y sobre todo referirme a la encuesta de calidad de servicios gubernamentales. Nosotros estamos haciendo censos de los gobiernos municipales, estatales y algunos federales actualmente. ¿Estos censos a qué se refieren? Y es algo que mencionaba Mercedes hace un rato.

¿Cómo lograr homogeneidad en la calidad de la producción de información y en algunos casos cómo lograr que se nos proporcione la información? Estos censos son de registros administrativos, obviamente, nosotros los hicimos censos, ¿por qué? Porque juntamos a los procuradores de los estados, a los presidentes de los tribunales superiores de justicia de los estados, a los gobiernos estatales, diseñamos un cuestionario y lo llevamos a cabo al mismo tiempo y esto tiene una serie de efectos, entre otros, el de comparabilidad y el que nadie se debe quedar fuera. Tenemos cinco años haciendo estos censos, nada más en la primera ronda tuvimos un problema de alguien que no voy a mencionar, porque después se solucionó, en el que se nos dijo que no se nos podía alguna información de seguridad porque esto era confidencial, conforme a una ley de un estado, que tampoco voy a mencionar. Una vez que lo revisamos, esa ley no decía lo que decía el general que nos dijo que no nos podía dar los datos. ¿Qué hicimos? Muy sencillo, la gente nos preguntaba qué vamos hacer, muy sencillo, recopilen los otros 31, ya que estén listos les volvemos a hablar, ya que estuvieron listos les volvimos a hablar, les dijimos: Oigan, ya están listos, los vamos a publicar, van aparecer 31, el 32, que es el caso de ustedes, y no va en orden alfabético, va aparecer con una señal ahí que va decir, que conforme nos informó el Jefe de la Policía Estatal, con forme al artículo tal, de la ley tal, que él y nosotros sabíamos que era mentira, no nos puede proporcionar la información. La información llegó antes de ocho días y fue la última vez que alguien, en cualquiera de estos censos nos ha negado información. El problema que sigue es mejorar la calidad, ahí sí hay diferencias entre los estados. Ya después de cinco años se ha logrado un avance serio, pero este es un trabajo permanente que hay que seguir haciendo.

Voy a mencionar muy rápido la encuesta de victimización primera, que aparece ahí, que es en hogares, es 95 mil hogares y ahí medimos el crimen que no es reportado en el país y lo medimos cada año, y es la cifra oficial del nivel de crimen que tenemos en México. Para que tengan una idea. Me voy a detener dos minutos en la calidad de servicios gubernamentales, porque ésa va directo al corazón del tema que nos ocupa el día de hoy. Es una encuesta que hacemos en hogares, obviamente probabilística, la hacemos cada dos años, toca este año hacerla, la última es de 2013; 33 mil hogares nos permite dar datos a nivel nacional y a nivel estatal. ¿Y qué mide? Como dice su nombre, evalúa los servicios públicos, evalúa los problemas al realizar trámites y hace algo que casi nadie hace, lo primero sí, percepción de corrupción en el sector público. Hay muchas encuestas sobre percepción de corrupción, pero lo que casi nadie hace, de hecho hay nada más encuestas a nivel mundial, es la participación de los ciudadanos en experiencias de corrupción. Y esto es lo que le da una diferencia muy interesante a esta encuesta. Estos son unos pequeños datos, todo esto lo pueden consultar en la página del INEGI y es mucho más amplia, esto es realmente una selección muy pequeña. El caso de educación pública en primaria, ustedes pueden ver la respuesta de cumplimiento de días de clase y podemos ver salones que están saturados o no de estudiantes y una serie de datos en el camino. Muy complementable con el censo de escuelas que también hizo el INEGI, que nos permite verlo ya escuela por escuela. Servicios de salud en el IMSS.

El dato de disponibilidad de medicamentos, que pueden ver ustedes en el extremo derecho, es interesante y lo tenemos por estado, y ya lo vio el Director del IMSS, le interesó muchísimo, porque le sirve. Acuérdense bien de esto, esto no es un asunto de denuncia, es un asunto de utilidad para los que hacen políticas públicas. El primer interesado es el Director, el Secretario, que quiere tener estos datos, que normalmente no se los dan o muchas veces no se los dan, porque no lo tienen o por otras razones, sus propios subordinados. Esto les da a ustedes una idea. Tenemos interacción con el gobierno y es un poco diferente, a través de internet. ¿Cómo estamos la gente y cómo está aumentando el uso de internet y para qué cosas se está haciendo? Problemas para realizar un pago o un trámite, y esto está a nivel estatal y está a nivel institucional. Si hubo barreras al trámite, tipo de problemas que se enfrentaron. Primero está el porcentaje de usuarios que enfrentaron algún tipo de problemas, es el 53 por ciento. Si estos fueron en barreras al trámite, fueron asimetrías de información, está en la letra chica la explicación o fueron problemas con las tecnologías de la información. Problemas más importantes por la entidad. Inseguridad y delincuencia, desempleo, corrupción. Corrupción. Esto es interesante y es lo que me había yo referido anteriormente.

En la parte de percepción si ustedes le preguntan a los ciudadanos, le van a decir casi el 48 por ciento que hay corrupción en las instituciones, esto es muy alto, pero no es lo mismo, el siguiente dato en medio, lo que les han referido otras personas si hay corrupción al último dato que es: “¿Cuánto ha sido los hechos, las experiencias de corrupción?”. Baja notablemente, pero no quiere decir que la cifra de abajo sea bonita, es un escándalo. Si lo pusiéramos sólo como delito, sería el segundo delito más común en el país, el número uno es el asalto en la vía pública o en transporte urbano, es ligeramente superior. El 12 por ciento de los ciudadanos han sufrido casos de corrupción en el año de referencia, y lo tenemos por estado también. El trámite con mayor porcentaje de experiencias de corrupción desgraciadamente es el contacto con las autoridades de seguridad pública. Algo sorprendente a las encuestas de otros países en Los Balcanes hicieron las encuestas, ahí lo que sale más alto es la atención médica de urgencia y la atención médica programada, es el número uno; aquí casualmente es el último lugar. Pero nos permite tener un análisis de una institución autónoma del Estado sobre cuál es la situación de corrupción en el país. Consideraciones finales. Obviamente lo que había dicho al principio, la nueva Ley General culmina un proceso de la creación del andamiaje institucional. Nuestro gran reto, y quiero aquí dejarlo sentado, que el compromiso del INEGI es cómo lo vamos a aplicar y cómo vamos a lograr que esto tenga un efecto en el país. El INEGI obviamente está en la mejor disposición y vamos a colaborar con esto. Está sería la presentación, muchas gracias a todos.

Moderador, Lic. Rosendoevgueni Monterrey Chepov: Al contrario, muchísimas gracias, Mario, por esta exposición. A continuación me da mucho gusto presentar y también tener con nosotros en esta mesa al doctor Javier Rascado Pérez. Él es abogado por la Universidad Autónoma de Querétaro con especialidad en Administración Pública. Cuenta con maestría en la misma Universidad, cuenta también con una especialidad en derecho constitucional por la Universidad de Salamanca y maestría en Administración Público por el Instituto Universitario Ortega y Gasset adscrito a la Universidad Complutense en coordinación con el Instituto Nacional de Administración Pública en Madrid. Es doctor en derecho por la División de Investigación y Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro. Es autor del libro “El Poder Ejecutivo en la Reforma del Estado”. Ha coordinado y participado en los libros: “Pensar el Derecho y Teoría Constitucional”. Es también profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Querétaro, también conferencista en los cursos que imparte en la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Instituto de Especialización Judicial del Tribunal Superior de Justicia. Actualmente se desempeña como Comisionado Ejecutivo de la Comisión Estatal de Información Gubernamental de Querétaro y también es el presidente de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública, la COMAIP. Bienvenido, Javier. Dr. Javier Rascado Pérez: Gracias. Muy buenas tardes a todos. Agradecer al INAI por este Foro, que es en realidad el primero que se realiza después de la aprobación de la Ley General de Transparencia y que a nosotros concretamente nos obliga a replantearnos temas que son de gran trascendencia hacia el futuro que habremos de enfrentar los órganos garantes con este fortalecimiento que se ha dado al

derecho de acceso a la información y hacia esta intención de establecer una política pública de transparencia que realmente culmine con esta evolución que hemos tenido y finalmente avancemos hacia un Estado democrático basado en la transparencia. El panel concretamente se titula: “Construcción del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos”. De la Ley Genera finalmente que deriva de la reforma constitucional se desprende que tiene que existir ahora un Sistema Nacional de Transparencia, se ha venido hablando constantemente de él, pero creo que en términos generales existen más incertidumbres que certezas. Es afortunado la realización de estos paneles para que podamos dirimir esas dudas que se vienen presentando y finalmente poder transitar de manera ordenada, de manera plural y sólida a la construcción de un verdadero sistema que desde el inicio de muestras de la intención que debe de cumplir y que está realmente abonando al sistema democrático mexicano. ¿Por qué es importante el Sistema Nacional de Transparencia? Es importante porque ante todo viene a conformar una política general de rendición de cuentas. ¿Por qué están hoy presentes en este panel representante del INEGI, de la entidad superior, del Archivo General y de los órganos garantes? Porque todos, en conjunto, finalmente tenemos que abonar hacia la construcción de la rendición de cuentas, esa es la importancia del sistema nacional. Pero además el sistema busca coordinar y evaluar acciones relativas a la política pública de la transparencia. Creo que ahí es finalmente donde estará la trascendencia fundamental de los trabajos que nosotros vayamos realizando, es decir, establecer parámetros y lineamientos para que todos los órganos garantes de este país instrumenten políticas públicas y abandonemos finalmente esa visión patrimonialista que no en pocas ocasiones todavía se tiene del Estado y que finalmente todo el actuar gubernamental sea un actuar de cara a la sociedad.

El Sistema Nacional de Transparencia nos dice la Ley General, y además que será instalado el próximo 23 de junio, que será integrado por los consejeros que serán justamente los que se encuentran en esta mesa: El representante del INEGI, el representante de la entidad superior de fiscalización, el representante del Archivo General de la Nación y los representantes de los órganos garantes de cada una de las entidades federativas, todo esto bajo la Presidencia del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos. De la reforma constitucional se desprenden muchas intenciones, por lo menos en los órganos garantes parece ser que nos hemos enfocado únicamente a dos temas, al tema de la transparencia y al tema de la protección de datos. Pero la verdad es que la reforma constitucional va más allá, habla del derecho de acceso a la información como prerrogativa que tenemos todas las personas para acceder a la información pública. Pero habla también de la transparencia como una política pública, es decir, como un mecanismo, instrumento o acción encaminado a transparentar el ejercicio público; habla también de la protección de datos y habla también del fortalecimiento de los archivos. Ya lo decía Mercedes de Vega, que están trabajando una Ley de Archivos, y desde la COMAIP hemos abonado o trabajado con ellos para que finalmente se pueda fortalecer todo este ejercicio. Sabemos los que estamos metidos en el tema de transparencia que sin archivos, difícilmente se puede garantizar la transparencia como una política pública. Estos ejes que tiene la reforma constitucional, les decía, van encaminados a algo concretamente: Abatir la corrupción en este país, acabar con los espacios de obscuridad y finalmente hacer la construcción de un verdadero sistema de rendición de cuentas. Y me atrevería a sumarle que también se va a crear de manera paralela el Sistema Nacional Anticorrupción que de alguna manera

tendrán, en conjunto con este Sistema Nacional de Transparencia, que cerrar la pinza para finalmente fortalecer este sistema democrático. Pero para la construcción del Sistema Nacional de Transparencia es evidente la importancia que el Archivo General representa, es evidente la importancia de la entidad superior de fiscalización y es evidente la importancia también del INEGI. Pero a mí concretamente, como Presidente de la COMAIP, me corresponde hablar de la importancia que te dan los órganos garantes en la construcción de este Sistema Nacional de Transparencia. La COMAIP, como saben, es la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública y es el colectivo donde se reúnen los titulares de todos los órganos garantes que hay en el país, y cuando me refiero a titulares me refiero a todas las comisionadas y comisionados que pertenecemos a los órganos garantes. Si bien es cierto el Presidente del órgano garante tiene la representación, la verdad es que como órganos colegiados se constituyen de las voluntades de todos los integrantes del cuerpo colegiado. La COMAIP surge en un inicio de manera muy precaria con solamente cinco institutos. Saben ustedes que la evolución y construcción de los institutos de transparencia en el país fue lenta, fue paulatina y no siguió una lógica o una dinámica igual en todas las entidades federativas. Pero además surge, como se mencionó anteriormente, desde 1977, ya en la Constitución se mencionaba esta posibilidad de la transparencia, sabemos todos que no es sino hasta 2001 que finalmente se comienza a materializar por la emisión de disposiciones normativas y a partir de 2003 con la conformación de los primeros órganos garantes. En el ámbito teórico se tenía algo de conocimiento, pero en el ámbito práctico no teníamos ningún tipo de conocimiento. La COMAIP justamente surge como este espacio de intercambio de experiencias que se da entre los titulares de los órganos garantes, pero también surge como este espacio de apoyo y de respaldo que se le da a los

comisionados y a los órganos garantes de las entidades federativas, que no pocas ocasiones vieron amenazada su existencia, su funcionamiento, por los poderes públicos de las entidades federativas. Es decir, la COMAIP surge a contracorriente, la COMAIP surge de manera precaria en cuanto a recursos, pero surge con una gran intencionalidad, con una gran fuerza y con una gran vitalidad. La COMAIP fue pasando por varios momentos, pero fue creciendo en integrantes, hasta que finalmente están integrados en ellas los órganos garantes de las 31 entidades federativas y el Distrito Federal, y hoy por hoy el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública. La COMAIP comienza a ser un actor importante dentro de los temas de transparencia, un actor importante en las entidades federativas donde se hizo respaldo a todos los órganos garantes, pero también un actor importante en la gran transformación que estamos por fin concluyendo en el tema de acceso a la información y protección de datos. Cuando se estaba haciendo la reforma constitucional no fueron pocos los espacios que nos abrieron tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados Federales; se tomó nuestra opinión en cuenta. Para la construcción de una Ley General se presentó una iniciativa por parte de la COMAIP, en conjunto con el INAI y también se nos abrieron los espacios suficientes para tomar en cuenta nuestras opiniones, es decir, la COMAIP hoy por hoy tiene un peso específico, porque hoy la COMAIP está unida y la COMAIP está fuerte. Por supuesto hay dudas en torno a la transformación que se va a tener dentro de la COMAIP y prefiero llamarle transformación, porque no podemos hablar de la desaparición que simple y sencillamente evoluciona, que trasciende hacia otro lugar y que se fortalece dentro del ámbito jurídico. La COMAIP es un espacio de unión y de acuerdo, pero sin naturaleza jurídica y hoy por hoy, desde la Ley General se habla con claridad y precisión de la naturaleza jurídica del Sistema Nacional de

Transparencia. Eso es indudablemente una fortaleza que abona en esta nueva construcción. La COMAIP se transforma porque será parte fundamental en la integración de este Sistema Nacional de Transparencia, porque la COMAIP abonará en la experiencia, abonará en el conocimiento, abonará en la estructura, abonará en los trabajos que ha venido realizando. Seremos una parte más o consejeros más que pertenezcamos al Sistema Nacional de Transparencia, pero indudablemente creo que somos un núcleo unido en el cual tenemos una identidad clara que está encaminada al fortalecimiento de la cultura de la transparencia en este país. Les diría que no tengamos dudas de lo que va a ser el Sistema Nacional de Transparencia, va a ser un gran sistema el que vamos a tener y se conforma con un gran compromiso que veremos planteado el 23 de junio. En próximos días tendremos la Asamblea Nacional de Transparencia todos los órganos garantes del país y estoy convencido que desde ahí fijaremos ya una postura clara y lineamientos claros, que estén basados en la unidad y que además sean elementos propositivos que ayuden a construir un nuevo modelo democrático en nuestro país. El Sistema Nacional de Transparencia está naciendo bien, porque estos espacios nos permiten ir afinando los detalles hacia la gran transformación que vamos a dar y que insisto, tiene un referente, no solamente desde la ley general, sino desde un referente en el ámbito constitucional. Ello, indudablemente, habla por sí solo de la fortaleza que habremos de tener, pero además con la consolidación y los trabajos constantes y permanentes que los integrantes de la COMAIP, seguro esto y en decirlo, nos vamos a comprometer a realizar, iremos abonando a la construcción de un nuevo México y un mejor futuro democrático de nuestro país. Muchas gracias.

Moderador, Lic. Rosendoevgueni Monterrey Chepov: Muchas gracias a ti, Javier. Finalmente, me permito cederle el uso de la palabra a la doctora Ximena Puente de la Mora. Ella es abogada, académica e investigadora mexicana, especialista en temas de transparencia y rendición de cuentas desde hace más de 10 años, investigadora nivel uno del SNI, del Sistema Nacional de Investigadores. Cuenta con licenciatura en derecho por la Universidad de Colima, maestría en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Navarra, en Pamplona, España y doctora en derecho por la Universidad de Guadalajara, grados obtenidos con mención honorifica. Entre el año de 2013 y 2014 se desempeñó como profesora e investigadora de tiempo completo de la facultad de derecho de la Universidad de Colima, donde se incorporó al servicio público como Comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección del Datos del estado de Colima, Infocol; desde agosto de 2011, habiendo ocupado la presidencia en el año 2014. Ha participado como especialista en diversos eventos relacionados con la transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y tecnologías de la información en Canadá, Chile, Italia, Perú, Costa Rica, Venezuela, entre otros países. Actualmente es mi colega y Presidenta del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos. Ximena. Dra. Ximena Puente de la Mora: Muchas gracias, compañero comisionado Monterrey, por esta generosa presentación. En atención al tiempo sí me gustaría ser muy breve, pero dejar muy claro cuáles son estas inquietudes en torno a la creación de este Consejo y de este Sistema Nacional de Transparencia.

Me parece que hemos hablado mucho del gran avance que representa para nuestro país tener por fin una ley general de transparencia, una ley general que se apega a la espíritu de la reforma constitucional del 2014, pero quiero recalcar que para que este engranaje y estas disposiciones verdaderamente funcionen, tiene que incidir en fomentar la partición activa de las y los mexicanos como actores destacados del destino de nuestro país. La cuestión de percepción también, no solamente debemos de tener herramientas normativas para superar esos ambientes de percepción, sino necesitamos que la gente haga uso de esos derechos e insistimos, a nivel nacional solo el seis por ciento de la población ha hecho uso del derecho al acceso a la información. Y me parece que este avance que tenemos como país se tiene que reflejar e incidir en una mayor participación ciudadana, es decir, que la gente conozca estos derechos y que pregunte. Ya tenemos las herramientas jurídicas, se va a dar lugar a la construcción de un Sistema Nacional de Transparencia. Y lo que necesitamos es hacer un gran esfuerzo para que la gente independiente de cuál sea su condición, independientemente de cuál sea su formación, conozca esos derechos, pero no solamente los conozca, sino también que los ejerza. Recordemos que tenemos también el artículo 1º constitucional, en el que tenemos la obligación como autoridades de: Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Así que toda la creación de este sistema va a tender a salvaguardar y no distinguir a las personas por edad, género, raza, religión y siempre proteger la gama de los derechos fundamentales. Aquí incidiría en dos aspectos fundamentales; el Sistema Nacional de Transparencia tiene que ir acorde y de la mano, definitivamente con el Sistema Nacional Anticorrupción.

Si queremos que esto funcione y vaya de manera, y verdaderamente incida en una transformación positiva para la realidad nacional, tiene que marchar, ya lo decíamos los integrantes de esta mesa, antes de tener la oportunidad de estar aquí con ustedes, tiene que marchar de la mano y de manera coordinada con lo que será próximamente el Sistema Nacional Anticorrupción. Me parece que el legislador estuvo muy claro al señalar cuáles son los integrantes de este Sistema Nacional de Transparencia, por una parte y reiteramos fundamental la participación de los órganos garantes de la República; Javier ya lo decías, tenemos una COMAIP fuerte, tenemos una COMAIP que se transforma, que evoluciona continuamente. Tenemos una COMAIP plural, una COMAIP que hemos venido recibiendo el producto del trabajo de las comisiones dentro de la COMAIP y aquí quiero resaltar, con logros muy concretos, con logros muy puntuales. Me parece que el legislador lo tenía claro, al decir: “Sí se va construir un Sistema Nacional de Transparencia, tiene que ser un sistema incluyente, con todas las voces del país, con toda la participación de los órganos garantes”, pero también en coordinación con un tema fundamental, que es el tema de los archivos y aquí está el Archivo General de la Nación. Definitivamente no se puede tener un efectivo derecho de acceso a la información si no se tiene organizada la información. Para eso es fundamental el tema de los archivos. Si hablamos de cuestiones y de normatividad diferente en los estados en materia de transparencia, me atrevo a decir que lo es aún más el tema de la organización archivística. Todo esto que tenemos que hacer, tenemos que ir unificando y tenemos que ir avanzando en la construcción de este Sistema Nacional de Transparencia. Tenemos también como integrante el INEGI, el generador de información oficial, el generador de información confiable para la vida

de nuestro país, no solamente para las autoridades en diferentes aspectos, sino para toda la población. Efectivamente cumplen en tiempo y forma, totalmente, exactamente con los plazos que establecen, para publicar la información periódicamente y es lo que nos da pauta, igual para generar la política pública. El Sistema Nacional de Transparencia, no solamente nos tenemos que enfocar a la adecuación de nuestra normatividad, sino también de algo muy importante, generar política pública en materia de transparencia, que permea todos los sectores de la población. La otra cuestión, la Auditoría Superior de la Federación. La lo veíamos, la realización de auditorías de transparencia, que me parece que es un tema muy importante, de cara a la conformación y a la integración de este Sistema Nacional de Transparencia y las áreas de riesgo. Porque para hacer un diagnóstico se necesitan tener todos estos aspectos, para poder tomar y avanzar conjuntamente en la construcción de decisiones. Además hacer hincapié, el nombre completo de todo este sistema y de todo ese engranaje es Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y algo muy importante la protección de los datos personales. Siempre se tiene que ver el derecho de acceso a la información a la luz de otro derecho fundamental, de otro derecho constitucionalmente reconocido por el artículo 16, que es la protección de los datos personales; que como sabemos, ya hay una iniciativa de Ley General, que sólo 11 estados de la República tienen normatividad específica, unas leyes, como la de mi estado, la de Colima, que sólo tiene 23 artículos, otras leyes mucho más avanzadas, pero se trata de lograr también un equilibrio entre estos importantes derechos. Nada más para comentar. En la instalación de este Consejo del Sistema Nacional de Transparencia que se tiene programada, el acta

de instalación, por supuesto fija las bases de coordinación y colaboración con los diferentes actores de este Sistema Nacional y la declaratoria, lo que sería la declaratoria jurídica, formal, que es el acto de intención y compromiso, que se establezca en los diversos actores. Tenemos también una misión muy importante, que el mismo legislador hace y deja muy claro que será el reglamento de coordinación, colaboración, operación y funcionamiento del Consejo del Sistema Nacional de Transparencia, para lo cual la misma ley marca seis meses para su aprobación. Tenemos la intención que en la instalación de este Consejo ya tengamos la primera propuesta, que sirva como punto de partida para el análisis; es decir, estamos trabajando ya en la generación de estos documentos. También comentar que es un proceso que no solamente, porque aquí se ha incidido mucho en la necesaria adecuación de la Ley Federal de Transparencia de las leyes estatales de transparencia, pero también de una serie de normatividad. Y aquí quiero ser muy específica y ya estaría terminando mi intervención, pero para que nos demos cuenta de esta magnitud de lo que significa la creación, unificación de todos estos estándares, voy a mencionar sólo algunos documentos que se tendrán que trabajar. Unos lineamientos para la homogeneidad y estandarización de la información de los sujetos obligados, lineamientos que deberán observar los sujetos obligados para la atención de requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios que emita el Sistema Nacional. Lineamientos generales en materia de clasificación de la información reservada y confidencial, lineamientos para identificar el listado de información que consideren de interés público y de ahí no se preocupen, no voy a seguir con la lista de normatividad. Pero sí quería que tuviéramos en cuenta cómo esta construcción del engranaje de este sistema, primero se va a basar en la colaboración que tengamos cada uno de los actores que estemos involucrados normativamente.

Segundo. No solamente en la adecuación de normatividad, sino en la generación de políticas públicas. Tercero. No se limita este engranaje del Sistema Nacional de Transparencia a modificar leyes estatales, sino también permeen una serie de lineamientos, ¿para qué? Porque ahora estoy viendo caras como de asombro, pero esto incide. ¿En qué va a incidir? Va a incidir en un beneficio para la población, que la gente tenga una oportunidad real en los mismos términos en cada uno de los estados del país. Como INAI insistimos que el reto verdaderamente de esta Ley General de Transparencia va a ser llevar la transparencia y el acceso a la información de una manera fácil a los municipios, a aquellos lugares donde no se tiene banda ancha de internet. Para que este derecho cumpla con el principio que señala el artículo 1º Constitucional, el artículo 6º Constitucional, el artículo 16 Constitucional, pero para darle esas herramientas a la gente, que le permita hacer un seguimiento de los recursos públicos y tener una mayor participación ciudadana. Muchísimas gracias. Moderador, Lic. Rosendoevgueni Monterrey Chepov: Muchísimas gracias, Presidenta. A manera de conclusión, antes de pasar a un breve espacio, estamos sobre el tiempo de preguntas y respuestas; a manera de conclusión muy sintética me permitiría esbozar, conclusiones que por supuesto tomé de las valiosas aportaciones de nuestros panelistas, los siguientes puntos: Primero. Construir un Sistema Nacional de Transparencia, no sólo es un mandato constitucional de la reforma 2014; esto es, un esquema de franca colaboración cooperativa entre los distintos órdenes de gobierno para fijar parámetros indiscutibles de cómo debe atenderse adecuadamente el derecho de acceso a la información.

Segundo. Más allá de una colaboración dentro del sistema federal que caracteriza nuestro país, hay una intención que debemos hacer realidad de darle eficacia y eficiencia al derecho fundamental de acceder a la información pública, sin atender especificidades de regionalismos o cualquier otra alternativa basada en regionalismos jurídicos. Tercero. El Sistema Nacional de Transparencia es una responsabilidad conjunta, es decir, no sólo atañe al INAI, sino que compartimos la responsabilidad y creemos que uno de los grandes aliados es justamente la Auditoría Superior de la Federación, la cual con las nuevas atribuciones constitucionales será un pilar esencial en la construcción de un México con mayores herramientas para combatir la corrupción. Cuarto. Coincido con lo aquí dicho, desde siempre he sido un defensor de que la base material que le da eficacia al acceso a la información son los archivos justamente. Ahora con mucha mayor razón la participación sustantiva del Archivo General de la Nación es un ingrediente indispensable para acreditar que sin buenos archivos, que sin una memoria actual e histórica la información sobre las decisiones públicas no pueden ni imaginarse. En conclusión, información, colaboración, fiscalización y memoria histórica son sin duda los pilares de una real, eficiente y efectiva transparencia. Ahora haría dos atentas peticiones. Una a nuestros panelistas, si pudieran en un comentario global, estamos sobre el tiempo, contestar a la mayor cantidad; llegaron una infinidad de preguntas, si pudieran contestar en un comentario global a la mayor parte de ellas. Y la segunda petición es al auditorio, que al término de la mesa, por favor, pudieran continuar con nosotros porque de inmediato entraremos a la ceremonia de clausura. Si gustan comenzar, como fueron participando.

C.P.C. Juan Manuel Portal Martínez: Cómo no, con mucho gusto. Trataré de resumir, son nueve preguntas que recibí. La primera tiene que ver con la armonización, homologación de lo que es la Ley General de Transparencia para cómo se aplicaría en los órganos de fiscalización en los estados. Lo que podría comentar al respecto es que existe una asociación, la ASOFIS, que coordina y preside la Auditoría Superior de la Federación. En esta organización hemos impulsado lo que es el Sistema Nacional de Fiscalización que, afortunadamente, ha sido reconocido ya dentro de las reformas constitucionales como un subsistema del Sistema Nacional Anticorrupción. Bajo este enfoque, tenemos un mismo código de ética, mismo código de conducta, mismas normas de auditoría profesionales, basadas en las normas internacionales y estamos empezando a actuar bajo unos mismos conceptos. Lo que se pretende es tener una coordinación de acciones para no duplicar intervenciones, pero tampoco para omitir aquellas áreas que deben ser cubiertas. Este sistema, junto con el Sistema Nacional Anticorrupción, nos permitirá tener esta coordinación, no únicamente en la parte de fiscalización; la creación del Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información igualmente vincula a los órganos que fueron mencionados y las vamos a hacer, a trabajar esto con base en lo que establece la propia Ley, da las facultades que debe de cubrir este sistema y dentro de esto está las funciones, criterios, metodologías, etcétera, que debemos nosotros adoptar y de aplicar. Así como en la parte de fiscalización, verificar que esto se esté cumpliendo. Una vez que la Auditoría Superior integre su programa, en este sentido, dentro de lo que establece el Sistema Nacional de Transparencia, esto mismo lo transmitiremos a las entidades de fiscalización superior.

Otra de las preguntas señala si la Auditoría Superior, a través del Instituto de Capacitación dará capacitación a los órganos auditores en los estados. Definitivamente lo haremos. Se está trabajando actualmente en teleconferencias, pero se está adquiriendo también una tecnología para poder llevar a cabo instrucción a distancia, como pueden ser las carreras o diplomados virtuales. Se está trabajando ahora en un diplomado sobre contabilidad gubernamental, que será transmitido a todas las entidades federativas, a través de las autoridades superiores para que llegue, inclusive, a los municipios para la capacitación lo que es la contabilidad municipal. Alguien pregunta adicionalmente que ¿por qué separamos transparencia, fiscalización y rendición de cuentas? Yo creo que no las separamos, lo que pasa es que existe una estructura y una organización en donde hay responsables para cada uno de estos enfoques. Sin embargo, como ya lo explicó el doctor Rascado, así como la Presidenta, esto es una gran coordinación que llevaremos a cabo y entre todos estaremos trabajando para que exista un verdadero sistema. Hay algunas preguntas más aisladas que creo que fácilmente se pueden contestar. Preguntan si vamos a evaluar los padrones de beneficiarios. Yo le diría a la persona que hace la pregunta que desde hace muchos años la Auditoría Superior evalúa como están integrados los padrones y la forma como están cumpliendo. Hay auditorías al desempeño desde hace varios años, diría que más de seis, siete años, donde se empezaron a hacer auditorías a los padrones de beneficiarios. En alguna ocasión se hizo una evaluación horizontal de varios padrones y cada año tenemos una participación en este aspecto. Adicionalmente se menciona si es que las auditorías que podríamos llevar a cabo, si alguna invade las funciones del propio INAI.

Creo que no. La Presidenta Comisionada ya mencionó la coordinación que deberíamos de tener y, al contrario, vamos a tener una magnifica corresponsabilidad, igual que con lo que corresponde a las auditorías respecto a los archivos. Creo que de esta manera estoy pudiendo cubrir la mayoría de las preguntas que hicieron. Muchas gracias. Lic. Rosendoevgueni Monterrey Chepov: Al contrario, muchas gracias. Por favor. Dra. Mercedes de Vega Armijo: Creo que con lo que diré enseguida contestaré a una buena parte de las preguntas. Cuáles son los principios que han inspirado los fundamentos esenciales de la Ley General de Archivos, en la que hemos tratado de recoger, desde luego, opiniones de la sociedad civil, a través de una serie de foros que se organizaron el año pasado con este propósito. Son dos. Por un lado, el principio de la homogeneidad en la heterogeneidad. ¿Qué quiero decir con esto? La realidad de los archivos de este país, como ya lo dije en mi presentación, es absolutamente heterogénea. Luego entonces, lo que debe propiciar una Ley General de Archivos es el establecimiento de una serie de principios homogéneos para la gestión documental. Esto, por un lado. Por otro, el principio federalista ha sido guía y faro en la elaboración de esta Ley, se ha procurado en todos los sentidos respetar la autonomía de los poderes, la autonomía de los estados y la característica libre de nuestros municipios; es decir, es una propuesta, evidentemente, es un proyecto que responde al espíritu federalista que nuestro país tiene desde 1823, en que empezamos a luchar por el establecimiento de un federalismo en México.

Por otro lado, respecto a la necesidad de socializar el proyecto que hemos estado trabajando, quiero comentar con ustedes que la estrategia que hemos diseñado es la siguiente: Primero que nada, queremos –y es lo que estamos haciendo en este momento– tener la percepción, las observaciones, comentarios de quienes van a estar obligados por esta ley, porque son los que van a tener que aplicarla. De manera que estamos en este momento en un ejercicio de consulta a nivel de los estados, a nivel del Poder Judicial, del Poder Legislativo, de algunas dependencias de la administración pública federal, con miras a que una vez que hayamos recabado todas esas observaciones y tengamos un proyecto que las recoja, poder socializar con los miembros de la sociedad civil, con otros sectores interesados en esto, lo que hemos estado trabajando de manera muy ardua a lo largo de muchos meses. Por otro lado, hay una pregunta sobre si en este proyecto integraremos el tema de las tecnologías de la información. Sí, la propuesta que nosotros hemos elaborado sí lo incluye, pero de manera muy general, porque las tecnologías de la información evolucionan con una rapidez tan brutal que si establecemos algo, al año esto va a quedar prácticamente anulado. De manera que lo que establecemos son cuestiones muy generales en términos de lo que debe ser el manejo de las tecnologías. Y en relación con esto mismo, el tema de la preservación digital lo comentábamos quienes estamos en esta mesa antes de llegar a este auditorio; el tema de la preservación digital es un problema científico, es un problema que atañe a la ciencia y además no sólo a México, sino que es un problema mundial. ¿Cómo vamos a lograr la preservación a largo plazo de aquellos documentos, por ejemplo, los históricos, que deben permanecer per saecula saeculorum en un repositorio digital? Todavía no lo sabemos. Pero además hay otro problema muy grave y es que las grandes transnacionales de las tecnologías de la información obligan a que

estemos permanentemente comprando nueva tecnología para poder preservar los documentos electrónicos. Este es un problema bastante complejo, no hay respuestas. Por ahí se dice que Noruega ya tiene un sistema para lograr la preservación digital de 500 años; ojalá sea real, pero son 500 años. Si nosotros vamos al Archivo general de la Nación hay documentos que tienen cinco siglos y si vamos al de Gran Bretaña encontraremos documentos que tienen 13 siglos y ahí están. El problema es bastante complejo. Por otro lado, se pregunta –y espero que con esto haya contestado todo, si no, mi correo está publicado en el portal del AGN y me pueden preguntar alguna cuestión adicional– sobre la necesidad de establecer sistemas institucionales de archivo, es lo que va a permitir que los sujetos obligados cumplan con lo que marca, en este momento, la ley federal; ese Sistema institucional va a conformar sistemas más grandes es lo que va a permitir la construcción de un Sistema Nacional de Archivos. El Sistema Nacional de Archivos va a ser un Sistema de subsistemas, estatales, municipales, de la administración pública federal, del poder legislativo, del poder judicial, etcétera. Creo que con esto concluiría, espero haber respondido a las preguntas que me han formulado. Muchas gracias. Moderador, Lic. Rosendoevgueni Monterrey Chepov: Muchas gracias, Mercedes. Mario. Mtro. Mario Palma Rojo: Gracias. Tengo tres preguntas muy concretas y una general, voy con las concretas, rápidamente.

Me preguntan; ¿por qué los datos de población solo se hacen cada 10 años, cuando la movilidad de personas y la migración es constante? La verdad es que se hace cada cinco años. Desde 1995 hacemos algo que se ha llamado conteo o una encuesta intermedia entre los dos censos, lo recomendable es cada 10 años, pero en México sí tenemos una gran movilidad. Y, por otro lado, medirla a través de ésa sale muy caro, lo ideal sería tener buenos registros administrativos que nos permitieran tenerlo en vivo, esto todavía no es posible, creo que debe ser un tema que debemos de guardar como un tema que hay que mantener en vivo. Todavía le falta mucho en México pero es la solución ideal, la otra es muy cara y es muy complicada hacerla, inclusive cada cinco años, nada más nosotros, Noruega y Japón, creo que lo hacemos cada cinco años, creo que Noruega ya lo dejó de hacer. Y hay muchos países europeos muy avanzados que simplemente ya no hacen censos ni cada 10 años, tienen magníficos registros administrativos, las personas se registran cuando se cambian de lugar o de población y llevan un registro de la población. En México, por diversas causas, la dinámica poblacional, etcétera, no es posible todavía, pero creo que es algo que tenemos que ver hacia el futuro. ¿Cómo se atiende en el INEGI el cambio de circunscripciones territoriales que hacen las legislaturas locales y que tienen impacto en el número de población? El problema se presenta de dos maneras. Nos atenemos a lo que diga la ley, obviamente. El problema se puede presentar dentro de un estado, que cambie la circunscripción territorial de un municipio, entonces nos atenemos a la disposición legal que tenga en cada estado su procedimiento, porque éste varía entre estados. Y el otro problema que se presenta es cuando dos estados se pelean por a quien le pertenece un municipio o parte de un municipio y en ese también nos apegamos a la parte legal, pero como la parte legal no

siempre está decidida cuando tenemos un censo o una encuesta, lo hacemos es declararlo –esto es broma, “zona de guerra”, no es cierto-. Que es una zona en la que hay una discusión territorial y damos la población de lo que se encuentra en ese lugar, y eso se presenta, hay algún problema entre Quintana Roo y Campeche y hay otro en las Chimalapas, entre Oaxaca y Chiapas. Lo llevamos con mucho cuidado, porque hay que hablar con el Presidente Municipal, para que nos dejen entrar, porque si nos ponemos de un lado o de otro, tenemos que tener cierta precaución. Otra pregunta muy concreta es: ¿Cuál es la política de divulgación de microdatos en el INEGI? Me la hace Carlos Muñoz, que por lo que veo, es del Banco Central. El INEGI, también está sujeto, desde su ley, a un cuidado muy especial en la divulgación de datos personales, no podemos darlos nominativos, individualizados, etcétera; sin embargo, hay una política de divulgación de microdatos muy estricta, a través de un laboratorio de microdatos que hasta el presente está únicamente abierto a instituciones del sector público. Académicas del sector público, estamos pensando extenderlo a académicas no del sector público en el futuro y obedece a protocolos muy estrictos de seguridad, las personas no pueden entrar ni con celular ni con computadora propia, todos los datos que trabajen los tienen que entregar al INEGI previamente, se cuida mucho y nunca pueden ver nombres. La mayor parte de la información del INEGI ni siquiera se levanta nominativa, aunque alguien quisiera tenerla no la tendría, las encuetas no tienen un nombre de la persona entrevistada, etcétera. ¿Pero está a disposición del BANXICO? Sí está a disposición, es una de las instituciones que puede acudir a este laboratorio. Finalmente la pregunta: ¿Cuál es la relación entre la información producida por el INEGI y la producida por el Sistema Nacional de Transparencia?

Habría que ver qué tipo de información, primero diría que esto no va a substituir la obligación de ninguna institución de producir su propia información bajo la ley. Creo que esto es la primera. Hay información que sólo produce el INEGI, que obviamente está a disposición del Sistema Nacional de Transparencia, debe ayudar y de enriquecer. Y hay casos en que la información coincide con la que producen otros; bueno, algunas veces nos han dicho que usurpamos el poder de los contralores, pero ya sabrán ustedes cómo lo utilizan en ese caso, creo que puede ser complementaria. Muchas gracias. Sería lo que tengo. Dr. Javier Rascado Pérez: Concretamente preguntan qué política pública en materia de transparencia se debe aplicar para formar una cultura de la transparencia. Mencionan que aparentemente los órganos garantes se enfocan a los sujetos obligados, pero poco a la participación de la población. Yo les diría que no es de esa manera, ceo que los órganos garantes, indudablemente tienen una obligación constitucional de garantizar este derecho fundamental de acceso a la información y, con ello, resuelven procedimientos al interior, ante la negativa o la falta de entrega de información. Pero también estoy seguro de ello, que todos los órganos garantes enfocamos gran parte de nuestro esfuerzo a la promoción y difusión del derecho de acceso a la información. Son distintos los proyectos y programas que maneja cada órgano al interior, pero yo les puedo decir que en Querétaro tenemos incluso una obra de teatro, que está dirigida a niños, para que de manera lúdica se pueda entender este derecho de acceso a la información. Pero todos los órganos garantes nos enfocamos a ello, queremos ser organismos amigables, que finalmente transmitan esta promoción y

además invitan a hacer solicitudes y generar una cultura de la transparencia. Por otra parte, también estamos avanzando y esto ya va ser también casi una obligación, se tienen que generar planes y programas de estudio, se hizo un trabajo muy importante y ahora en los libros de la SEP de primaria ya se habla sobre el tema. También ya tenemos una maestría en línea, me avisaron que también próximamente tendremos una, esas de Jalisco, una maestría en línea de transparencia; en próximos días tendremos una en Yucatán, también como maestría, ya tenemos especialidades, tenemos diplomados. Es decir, sí se está trabajando en ese sentido. También nos enfocamos a la sociedad civil en su conjunto, desde todos los niveles educativos, a organización civil organizada, pero en términos generales nos abocamos a la promoción y difusión. Ahora lo que tendremos que hacer, posiblemente desde el Sistema Nacional de Transparencia, es también construir políticas públicas o ver lineamientos para políticas públicas, que se enfoquen ya concretamente para estructurar adecuadamente esta promoción y al final de cuentas una construcción de la cultura de transparencia. Gracias. Moderador, Lic. Rosendoevgueni Monterrey Chepov: Muchas gracias. Comisionada. Dra. Ximena Puente de la Mora: Muy rápido. Me preguntan cuáles son los criterios de armonización de la Ley Federal de Transparencia con la Ley General. Ayer, en la primera mesa, tuvimos la participación del legislativo y estaremos muy atentos a lo que el legislativo nos marque también.

Recordemos que el INAI, conjuntamente con la COMAIP ya presentó una propuesta también para Ley Federal de Transparencia. Y, bueno, eso le corresponderá también al legislativo. Me preguntan también cuál es el mecanismo de seguimiento, sobre todo preventivo con los nuevos sujetos obligados. El INAI ya está haciendo asesorías, está siempre abierto a hacer el acompañamiento, incluso preventivo o con todos aquellos sujetos, los nuevos y los anteriores, para adecuar sus nuevos portales de transparencia e ir subiendo la nueva información. Siempre estamos abiertos y atentos, y con toda nuestra mejor disposición, así como con los órganos garantes en el proceso de adecuación de sus leyes. Sería todo. Muchísimas gracias. Moderador, Lic. Rosendoevgueni Monterrey Chepov: Muchísimas gracias. Con eso llegamos a la conclusión de la mesa y prácticamente del foro, a reserva de hacer la declaratoria de clausura final; les agradecemos, una vez más mucho, a todos los panelistas. Muchas gracias.

(Receso)