Panel 3: Innovación en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, información púbica de oficio, plataforma

nacional de transparencia, Gobierno Abierto y transparencia proactiva.

Presentador: Damos la bienvenida a los integrantes del panel tres denominado: Innovaciones en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, información pública de oficio, plataforma nacional de transparencia, Gobierno Abierto y transparencia proactiva. Este panel está encaminado a discutir y analizar los nuevos retos y desafíos de la ley general, respecto a las nuevas obligaciones de transparencia, la implementación de la plataforma única electrónica y en lo referente a las políticas de Gobierno Abierto y transparencia proactiva. Modera este panel el comisionado del INAI, el doctor Francisco Javier Acuña Llamas. Doctor, por favor. Adelante. Moderador, Dr. Francisco Javier Acuña Llamas: Muy buenas tardes a todos. Continuamos con este seminario que ha tenido, como ustedes lo han podido constatar -hay que decirlo así- un desfile de personalidades que han venido a traer su ciencia, su paciencia y también su conocimiento generoso. Porque precisamente los seminarios son para que se hagan consideraciones, se lancen provocaciones teóricas, también a veces de carácter de activismo y de intervención, porque hemos tenido representantes de la sociedad civil, desde luego legisladores y naturalmente especialistas y académicos.

Todos ellos, los que han estado en estas mesas, han participado activamente en todo este tramo que fue la configuración de la reforma constitucional del artículo 6º, de febrero de 2014 y han participado activamente en los impulsos para la Ley General de Transparencia que hoy ya ha sido promulgado y, como ya dijo el senador Encinas, genera muy interesantes procedimientos de interpretación, seguido de los demás senadores. Para no hacerlo más largo. El panel se llama así: Innovaciones en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, información pública de oficio, plataforma nacional de transparencia, Gobierno Abierto y transparencia proactiva. Debo decir que tengo el honor de moderar y va a ser una moderación muy escasa para que sea exquisita, es decir, mínima para que los que hablen sean los que más saben y los que más tienen que decir. Empezando, desde luego, por Alejandra Ríos Cázares. Él viene del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Que por consecuencia, Alejandra tiene un cartel, como todos los invitados, -tan grande- que me han concedido ellos que no diga demasiado de ellos, sino que más bien los escuchemos, porque siempre traen ellos muchas cosas que decir y lo que ellos son ya lo sabemos. Alejandra Ríos Cázares, como siempre, un honor tenerte con nosotros. Ates voy a presentar rápido a Alejandra Rascón Rodríguez, un activista muy destacada de Transparencia Mexicana, que ya dije, todos han sido contribuyentes, han sido forjadores de esta hazaña legislativa y de estas hazañas parlamentarias, legislativas e institucionales. A Ricardo Corona que nos acompaña, del IMCO, perdón Ricardo, perdí, aquí viene la hoja, ahora que te toqué diré dos cosas más de ti para poder compensar el punto de presentación.

Está demás, no se diga, Oscar Guerra Ford, que es quien lleva uno de los temas que es motivo de esta mesa y como parte de su trabajo dentro del INAI como Comisionado, pero además en las comisiones que él participa y encabeza. Así es que, si no hay inconveniente, pedimos que sea Alejandra Ríos, quien nos haga el favor de iniciar con su participación. Dra. Alejandra Ríos Cázares: Antes que nada agradezco mucho la invitación de los comisionados y las comisionadas del INAI y, por supuesto, la oportunidad de compartir esta mesa con mis compañeros. Quiero retomar el motivo del foro, que son los avances y los retos que presenta la legislación, en particular en términos de la información pública de oficio y de las obligaciones de transparencia. Quiero, tal vez, hacer un sesgo no sé si distinto, quiero mencionar tres puntos que me parece que son avances, pero quisiera concentrarme también en lo que corresponde a los retos de esta legislación. Los avances, creo, que como ya se ha mencionado, recupera esta legislación en obligaciones de transparencia, las demandas atávicas de organizaciones de la sociedad civil, que habían batallado para tener acceso a información comprable y homogénea, tales como los gastos de comunicación, viáticos, contratos, etcétera. En eso la legislación coopera con estas demandas de la sociedad civil. Este asunto no es menor, porque, como se mencionaba en el panel anterior, la información que proporcionan las organizaciones públicas, al final son datos, se convierte en información cuando se le da un valor agregado y ese valor agregado casi siempre es la interpretación y la contextualización que otorgan las organizaciones de la sociedad civil, la prensa o la academia. En ese sentido, haber respondido esas demandas es un acierto importante. El propio catálogo de las obligaciones de transparencia, uno puede ir marcando más o menos qué fundación, qué organización estuvo batallando para conseguir esa información.

Otro punto que me parece relevante en estos catálogos es que transforma la heterogeneidad, imperante normatividad y en operación también, porque establece parámetros normativos y de procesos que son vinculantes para todos los sujetos obligados. Dos ejemplos, ya lo mencionaba Haydeé, de fundar, es la dispersión en términos de normatividad y los datos, por ejemplo, de la métrica de transparencia que realizó el CIDE, documentó el incremento que hubo de 2010 a 2014 en los catálogos de información pública de oficio. Todas las entidades incrementaron el número de puntos que tenían que publicarse de manera obligatoria. El punto es que dejaron de tener comparabilidad, en algunos casos entre los estados y el segundo factor es que no necesariamente se trataba de una información que fuera manejable. Aunque la diversidad es una característica de cualquier régimen federal como el nuestro, lo que hace la ley es que resuelve la heterogeneidad del tipo de información, al pedirle al Sistema Nacional de Transparencia que establezca criterios sobre las características de la presentación de la información, pero también sobre las características de la información misma. Este es un punto absolutamente fundamental, que quiero que se tenga en consideración y sobre la mesa. El tercer punto es que ciertamente esta legislación puede ser un inicio para ordenar, como lo mencionaba Leonardo Curzio, las administraciones públicas. La gestión de información de la actividad cotidiana no puede sino incidir en los procesos cotidianos de gestión. Si logramos que la Ley General de Transparencia penetre en las organizaciones, a partir también que se pueda apuntalar con la Ley General de Archivos, probablemente podamos empezar a generar estándares mínimos de organización administrativa, en administraciones en organizaciones que son tan disimiles.

Un punto que me parece que no se ha tocado de manera importante es que esta legislación, entre sus avances sí rescata y le da un nuevo estatus a las unidades de transparencia; tal vez como un efecto colateral, pero como un efecto colateral positivo. No creo que haya sido su intención. Porque al darle a las unidades de transparencia ciertas características que deben tener sus titulares y ciertas características sobre su mandato, lo que también hace es que las posiciona como las unidades estratégicas que siempre han sido, son potencialmente estratégicas. La ley mandata que se tiene que publicar información de interés público y esa información de interés público solamente se puede obtener cuando se reconoce la demanda de información que tienen las organizaciones públicas. Solamente hay una unidad, más bien una de las unidades estratégicas para identificar, no solamente cuando se tiene información recurrentemente solicitada, sino cuál puede ser la información de interés público, son las unidades de transparencia. Ojalá en el largo plazo esto sí se transforme para que las unidades que conocen bien el funcionamiento de las organizaciones puedan participar de manera activa en este apartado. Descanso aquí con la parte de los avances, porque creo que la parte de los retos merece una mención especial. La transparencia requiere leyes, órganos garantes, etcétera, pero también está ligada a procesos y prácticas de gestión de información, como lo mencionaba, y a los procesos internos que han desarrollado las organizaciones públicas para asumir las responsabilidades que implica una política efectiva de transparencia. Tal vez hoy no sabemos con claridad cuál es la organización y los procesos internos más efectivos y eficientes para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia; lo que sí sabemos es que son heterogéneos, lo que también sabemos es que la Ley está mandatando que se homogeneicen esos procesos y esas características dentro de las organizaciones públicas.

Es importante que pasemos del análisis de la legislación y de los órganos garantes del otro lado de la mesa a qué es lo que puede ocurrir con los sujetos obligados porque al final es la operación de lo que mandata esta legislación. Esta nueva legislación y las políticas de transparencia en general buscan vencer la opacidad que desde Max Weber se sabe que es una característica de las burocracias. Y por eso el marco normativo lo que ha buscado es establecer mínimos de cumplimiento como los catálogos, la información pública, que es lo que nos ocupa en este panel, y que son amplios en la Ley General de Transparencia. El punto es que esta norma que protege nuestro derecho de acceso a la información al final de cuentas se convierte también en una norma regulatoria de la actuar de los organismos públicos. Y en tanto se convierta en una norma regulatoria, uno de los objetivos tácitos de la Ley General es transformar el actuar cotidiano de los organismos públicos. Excuso o no tengo que hacer mucha amplitud porque también ya se ha mencionado, sobre la cantidad de retos que esto implica y que me parece se tienen que tomar en consideración para, sobre todo, tener expectativas claras sobre en qué momento se puede encontrar la consolidación de esta Ley General. Déjenme hablar de estos retos, de hecho, la transparencia en la literatura comparada se habla como una nueva ola regulatoria; entonces, hay que considerarla exactamente como eso porque al final protege nuestro derecho, pero también regula o busca regular las organizaciones públicas. Déjenme hablar de los retos en dos sentidos. Los retos para los sujetos obligados y los retos para el sistema de transparencia. El primer reto para los sujetos obligados es sin duda alguna en cuanto a procesos y rutinas. La Ley está mandatando no un proceso

específico, pero ciertas características de la información y de cómo se debe de publicar la información. Esto va a obligar a muchos de los sujetos obligados que ya tenían procesos y rutinas establecidos a transformarlos. En el análisis de la métrica encontrábamos que nueve entidades en Poder Judicial, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo se identificaba ya un proceso y una estructura interna establecida, con unidades administrativas identificadas; donde las unidades de transparencia no necesariamente estaban descentralizadas. En 15 entidades teníamos una situación preponderante de estructura establecida y en algunas incluso existían sistemas de gestión, sistemas informáticos, plataformas para poder subir la información que es pública de oficio en los plazos específicos y poder mantener control sobre su cumplimiento. Eso va a tener que transformarse y ajustarse a las características que se definan a partir de los lineamientos que se emitan. Implica reventar o tratar de transformar rutinas organizacionales. Es importante tener en consideración que eso va a llevar un tiempo y que probablemente el ajuste de las organizaciones no vaya a ser necesariamente equivalente. Poder Ejecutivo y los municipios, sobre todo los municipios más grandes obviamente, son los que tienen estructuras mucho más sólidas de gestión de información. Lo mencionaban en algún panel anterior, pero Poder Judicial es el que tiene menor estructura para la gestión de información, porque además tiene una carga de trabajo el Poder Judicial impresionante. Tenemos que ser pausados sobre cómo vamos a poder ir implementando esto y poder discernir las estrategias para subsidiar o ayudar, sobre todo a ciertos sujetos obligados que tienen menor capacidad al respecto.

El segundo tema es las características del servicio civil de los organismos públicos. Tenemos una amplia rotación que afecta, sobre todo lo que corresponde a enlaces administrativos y que eso puede afectar el cómo se conforma la información que se va a mandatar. Tercer punto, para irme rapidísimo, tengo 13 minutos; costos administrativos. Hay cuestiones técnicas a considerar, la transparencia en un inicio se pensó cómo ausente de costo para las organizaciones públicas. En la práctica las unidades de transparencia y sus titulares no necesariamente, en algunos casos sí, pero no necesariamente ejercen labores adicionales. El modo como se está planteando las características y las responsabilidades de los titulares de Transparencia, sobre todo en estandarizar, en lograr publicar esta nueva información que va a ser pública de oficio, pero también en estandarizarla de acuerdo a las características que establezca el Sistema Nacional de Transparencia va a demandar una labor específica de un Titular de la Unidad de Transparencia. Hay que considerar que va a haber un costo adicional para los organismos y para los sujetos obligados. Y tenemos que hacer que estos titulares de las unidades de Transparencia no perciban esta función como un castigo, porque en algunos casos se percibe como un castigo el ser titular de estas unidades. Ahora, me gustaría también hablar de cuáles serían los retos para la construcción del sistema de transparencia. La Ley, por la definición que hace de sujeto obligado, estaría proyectando un universo, y estoy especulando, de alrededor de 10 mil sujetos obligados, una cosa realmente amplia de sujetos obligados. Este sistema, y los instrumentos técnicos que se generen, deberá de ser compatible y tener la capacidad para resguardar la información o poder sistematizar la información de un universo tan amplio como esto.

Creo que uno de los retos más importantes va a ser la estandarización de la información para cumplir con las características que sea, obviamente, pública, pero que sea completa, que sea oportuna, que sea accesible. Porque los puntos que están en los catálogos de la información pública de oficio no necesariamente hacen sencillo criterios transversales. Pensemos en ejemplos: Lenguaje ciudadano no puede ser igual, cuando se está hablando de contratos de obra pública, que cuando se está hablando, por ejemplo, del directorio de servidores públicos; no estoy diciendo que sea imposible, sino simplemente estoy planteando los retos que va a implicar la construcción de los lineamientos, la estandarización de la presentación, pero sobre todo la estandarización del contenido. Va a ser una tarea, sin lugar a duda, de filigrana porque estos criterios no siempre van a poder ser transversales. Aquí me importa mencionar que estos catálogos que son muy amplios, que sin lugar a dudas cumplen mucha demanda, tenemos que estar conscientes que lo que hacen es que estandarizan la información, pero no necesariamente van a crear de manera automática una vertiente proactiva de parte de las organizaciones. Eso solamente sucede con estrategias que logran identificar la demanda de información y eso requiere acciones deliberadas por parte de las organizaciones públicas. El otro punto que me gustaría mencionar corresponde a las transiciones tecnológicas. Mencionaba Leonardo Curzio que qué se va a hacer con estas nuevas tecnologías. Hay un debate ya establecido, imperante en la comunidad de archivonomía y biblioteconomía sobre cómo guardamos todos los archivos electrónicos; cómo después esos archivos que guardamos en algún momento en floppys, eventualmente cómo vamos a acceder a ellos, después de 10, 15 años. Tiene que

haber un costo de transición tecnológica que la plataforma debe también de tomar en consideración. El reto sin lugar a dudas no es menor, porque las 44 obligaciones generales de transparencia ya son en sí mismas una demanda importante; adicional a eso, son la serie de obligaciones especificas sobre las cuales se deberán de crear criterios también de evaluación. Repito, es una cuestión de filigrana. A mí me importa terminar esta presentación o esta breve reflexión con una sola cosa: Creo que hemos generado una serie de legislaciones que van en el camino correcto, que tratan de minimizar la opacidad que ha existido en las burocracias, en todos sus niveles de gobierno. Ésta es una legislación que busca ser vigilante del cumplimiento, por eso la importancia de la extensión de los catálogos y la importancia de la definición de los criterios. Eventualmente tendríamos que pensar también en cómo vamos a transitar, a dejar de vigilar para simplemente acompañar; esto quiere decir, cómo podemos hacer que la transparencia se pueda internalizar en las organizaciones públicas como un valor; que estos catálogos dejen de ser un factor estresante para las organizaciones, sino que se incorporen en sesión procesos de gestión cotidiana, de tal suerte que publiquen la información de manera automática. Me parece que necesitamos en todo este proceso tratar de transformarlo a una perspectiva de cooperación y que las organizaciones puedan encontrar en esto el valor estratégico de estas obligaciones de transparencia, que pueden ser la gestión de archivos, que puede ser la identificación de la demanda de información, que puede ser la identificación de las áreas de oportunidad para la propia institución. Creo que el objetivo va a ser aspirar, no sé, en 20, 30 años, a que el INAI, más que ser un órgano vigilante, también pueda ser un órgano acompañante de una administración pública que ha logrado internalizar valores de transparencia, y eso implica poder identificar dentro de las actividades sustantivas y todas las organizaciones públicas lo que debe hacerse efectivamente público.

Me parece que hay retos operativos muy importantes, de los que seguramente hablará Óscar, pero lo que yo quería mencionar es la serie de retos que pueden observarse de parte de los sujetos obligados para la implementación, sobre todo en términos de la heterogeneidad de los sujetos obligados; va a haber dependencias municipales, secretarías de estado, secretarías de estado a nivel estatal, que tienen capacidades técnicas diferenciadas. Así que creo que el mensaje más claro es que la implementación de este sistema y de este catálogo si bien tiene un plazo de un año para generarse y después un plazo de seis meses para implementarse, creo que es muy pertinente poder gestionar plazos o tiempos diferenciados para su implementación, para poder mantener las expectativas bajo control, porque nos vamos a tardar en su implementación. Es una reforma administrativa muy relevante. Me quedo ahí porque son 17 minutos. Moderador, Dr. Francisco Javier Acuña Llamas: Alejandra Ríos Cázares, del CIDE, que nos ha llevado a un planteamiento, a un bosquejo con horizontes de porvenir, que mucho se agradecen en esa predicción de un INAI en el futuro con una serie de nuevas facetas de actuación y ya no tanto de vigilante o de centinela, como lo ha venido siendo en el tiempo. A Óscar Guerra Ford le corresponde explicar, compartir ese reto gigante que tiene el INAI, que es la plataforma nacional y los criterios, naturalmente, además de las obligaciones de transparencia que están inmersas. Habíamos previsto que esta mesa la abriera Óscar para que provocara a los compañeros, a los colegas que nos acompañan, a los panelistas, pero Alejandra ya, como quiera, le adelantó algunas provocaciones y don Óscar Guerra Ford, sin más, por favor. Mtro. Óscar Mauricio Guerra Ford: Muy buenas tardes. Es un gusto saludar a todos los presentes de diversas instituciones, de los sujetos obligados, y obviamente a todos los amigos y compañeros de los diversos órganos garantes arropados hoy en día en la COMAIP; así

como a los compañeros que nos acompañan en el panel, a Alejandra Ríos, a Alejandra Rascón y a Ricardo Corona de IMCO, que ya lo saludé y le dije que me mande saludar al recién papá, Pardinas; y obviamente a Paco, como amigo, el comisionado Francisco Acuña, quien nos está haciendo el favor de moderar. Voy a tratar de irme muy rápido, son dos grandes proyectos, diría, que tiene la Ley General y que hay que desarrollar en el plazo de un año. Y como dirían, el tiempo va corriendo. En ese sentido, dividiría la Ley General en dos grandes cambios, que a lo mejor lo estoy viendo desde el lado de economista: El extensivo, que lo que hizo fue incorporar nuevos sujetos, más sujetos obligados, que ya no lo voy a decir, todos sabemos cuáles son; extender el derecho que ya estaba en todo el país para tratarlo de homologar a través del Sistema Nacional de Transparencia, incorporando a todos los estados y municipios, y también algo que a veces estamos ahí no tomando en cuenta, que establece mecanismos para algo que es fundamental para que esta ley tenga vida, que es la incorporación de todos los sectores o del mayor número de sectores para el uso y disfrute de esta ley temporal. Yo diría que esta es la parte extensiva. Y hay una parte intensiva muy importante en la Ley que tiene que ver –a lo mejor tiene más pero son a las dos a que me voy a referir– con las obligaciones de oficio o lo que se tiene que publicar en los portales de Internet, que ya estaba, pero se hizo más intensiva y a detalle. Algunos dijeron, en su momento, que a lo mejor no era lo más oportuno una Ley General, pero ahí está. La plataforma nacional, que aunque la vemos como un asunto técnico, porque lo es, finalmente el resultado que se espera de ella son dos cosas: Una mejor gestión interna para poder atender los requerimientos de información vía los portales y vía las solicitudes y algo muy importante, poder facilitar a los ciudadanos y a las personas el acceder al derecho a la información tanto en su versión activa como pasiva, ya sea en portales o con solicitudes a través de toda la tecnología moderna y no tan moderna, como los teléfonos tradicionales.

Me refiero a estas dos partes, viéndolo desde acá, diría que la gran reforma de la ley general o el gran cambio está en las obligaciones de transparencia, porque seguimos teniendo solicitudes de información, seguimos teniendo recursos de revisión, ahora hasta un caso va a ser impugnable, siguen siendo definitivos menos en un caso. Tenemos muchas cosas, a lo mejor se mejorarán los tiempos, los procedimientos etcétera, tenemos más sujetos; pero el gran cambio y si vemos el ejercicio en los hechos, viene en las obligaciones de oficio que están en el artículo 70, donde se establecen genéricas y después en el 70 donde se señalan 48 incisos y obligaciones genéricas. Y luego del 71 al 83 vienen las específicas y luego viene un asunto fundamental en el 89 y 90, es la denuncia ciudadana, ese el contralor ciudadano: “No está la información en el portal y por regla tienes que tener y, entonces te denuncio ante el Instituto, el órgano garante estatal, para que me la pongas y si no, vas a sufrir una medida de apremio que puede ser una multa de una cantidad de hasta 200 mil pesos para que hagas lo que la ley de ordena”, eso está en la ley. ¿Por qué digo que es el gran cambio? Porque ahí está; y si vamos a ver cuál era la realidad que había en el país y que son los resultados de la métrica, simplemente el primero resultado a nivel nacional, no me voy a meter, el país sacó 64 de calificación, pasó de panzazo. Pero las entidades que sacaron mejores calificaciones en portales y fue una revisión muy somera, hay que decirlo, y sólo algunos sujetos. El mejor sacó 79, pero el peor 22, nos habla de una variación tremenda, pero lo peor que si uno se mete al mejor estado, entre sujeto y sujeto hay variaciones. Y si uno se mente al mismo sujeto entre la fracción I y la fracción XVI, hay variaciones en la calidad. En la métrica dos pasamos a 86, pero la diferencia se mantuvo, una entidad sacó 97, la menor 550 y la última 982, la menor 63. Hay una tendencia a mejorar la información, pero muy tendencial porque es una muestra, es la información más básica, etcétera. ¿Dónde está el gran cambio? Quiero que vean la siguiente lámina. Pasamos de 48 obligaciones, vamos a tener 48, teníamos 17; la ley federal es la peor ley en materia de obligaciones de transparencia.

Puse otras entidades: Coahuila tiene 44; el Distrito Federal tiene 27; Baja California Sur que más ha tenido problemas en la métrica para cumplir, tienen ya 25. Y específicas, la federación nunca entendió, eso nunca lo tiene, eso nunca reformó, no tienen ni una específica, 17 en total. Coahuila tiene 206, es la ley más nueva, o sea, fue especificando sujeto por sujetos, Comisión de Derechos Humanos, universidad, Instituto Electoral, Instituto de Transparencia, notarios, etcétera y hoy tiene 206 que suman 205; el DF tiene 89, lo rebasó Coahuila y suma 116. Ahí vemos un cambio, si vamos a pasar a nivel federal de 17 a 170 obligaciones, es un cambio de más del mil por ciento; en ese sentido, ahí tenemos una revolución interesante. Estas 170 van a ser obligatorias para la federación, pero también para todos los estados. Van a decir: “¿Qué va a pasar con Coahuila si tiene 250?”, puede tener 170 mínimas, puede tener 280, no hay problema, ahí no va a haber limitantes en este sentido. ¿Y por qué digo que es la gente como lo ejerce? Simplemente las visitas al POT, a las secciones de transparencia de los órganos obligados federales, que ahora más o menos son 200 y hay sujetos que tienen buenos portales y hay otros que tienen muy malos, pero de todos modos la gente trata de encontrar información. Al año, más o menos en el año 2013 se tuvieron 33 millones de visitas, aquí tenemos 120 mil solicitudes de información anuales, en ese sentido. La gente busca la información en el portal y si está en el portal ya la hice y para qué te espero 10 días y para que voy a ver que me contesten en un papel o no me contesten, etcétera.

Se trata de la gran revolución en ese sentido y más si vamos a poner mecanismos para poder acercar a que la gente tenga información, aunque no tenga internet, obviamente esto le va permitir… El gran reto, ya lo dijo Alejandra, que eso que dice ahí se cumpla y que los sujetos tengan las capacidades. Entiendo la preocupación de Alejandra de decir: “Bueno, es que va haber instituciones que no tienen las capacidades institucionales para poder cumplir con esas obligaciones”. Hay que trabajar conjuntamente con ellos y también hay que tener claro, perdón la palabra, que la transparencia cuesta organización y a veces recursos, también para poderla llevar a cabo, no es milagrosa, llega de un día para otro y se va estar la información, ahí mágicamente, sólo porque la ley lo dice. ¿Cómo estamos pensando trabajar este gran reto? Porque es un gran reto, Alejandra lo conoce bien, nos ha acompañado en el asunto y de cómo le vamos hacer. Lo que vamos hacer, y se los planteo, para que si hay alguna observación, nos las hagan llegar, es que el INAI va construir la metodología para la publicación y la evaluación de las obligaciones de oficio de las 47 obligaciones, porque son 48, porque en una, la que tiene que ver con la publicación de los indicadores de gestión o indicadores de resultados, nos va ayudar GESOC a hacerla, porque a esa no le puedo decir, estos son tus indicadores, porque no van a ser los mismos que para obras, etcétera. Lo que va hacer GESOC es que no les va hacer, les va hacer la metodología para cómo construir esos indicadores de gestión. Vamos hacer esos 48 indicadores, que nos va quedar una cosa como ésta o un poco más grande, que va decir; o sea, ¿qué entiendo por directorio? Directorio, entiendo que en la celda uno va el funcionario, en la celda dos va el teléfono de la oficina, en la celda tres va su correo electrónico, en la celda cuatro va el domicilio exacto de dónde está el funcionario y en la celda cinco va el vínculo a su currículum vitae.

Eso es y eso así te lo voy a evaluar y no me vas a poner el directorio como Dios te dio a entender. ¿Y por qué? Porque eso me va permitir homologar la información de todas las dependencias y de todas las entidades federativas. Así, como dijo bien Alejandra: “Eso puede ser muy sencillo”, pero cuando vayamos a los contratos, ¿qué va pasar? Aquí también está cómo se van a poner un poco los contratos, es una talacha tremenda hacer, estamos revisando las normatividades de los sujetos obligados y, en su momento, también de las entidades federativas. Pero, bueno, ¿qué el INAI se los va echar solito y si le van a quedar mal, qué va pasar? Estamos con 10 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas, por ejemplo, el propio CIDE, que nos va ayudar Alejandra, a que revisen lo que hicimos de esas obligaciones genéricas y va haber de diferentes, como por ejemplo, artículo 19 dice: “Bueno, yo te ayudo, pero me voy a enfocar más a las obligaciones que hay en materia de derechos humanos, me voy a dedicar más a la parte presupuestal, etcétera”, a revisar que los criterios que tú hiciste estén adecuados, sean ad hoc y que sean fácil que la gente pueda entenderlos y que obviamente esa información sea realmente publicable o se pueda publicar, no vamos a pedir lo imposible. Para lo cual, también vamos a tener reuniones con los propios sujetos obligados para que ellos nos opinen si lo que estamos ahí pidiendo lo tienen. Pero si la ley dice que lo deben de tener, tendremos que ver cómo lo van a tener o cómo lo van a generar para que lo puedan publicar. ¿Y qué va pasar con las otras obligaciones, la 122? Vamos a tener a 10 especialistas que nos van ayudar ellos a redactar las obligaciones de PEMEX, unas personas expertas; para las universidades expertos, para partidos políticos expertos, etcétera, que

con una metodología nos van a redactar las obligaciones específicas de cada uno de ellos, en base a lo que dice la ley y en base al conocimiento de la información que detentan esos sujetos obligados. Con eso también las van a recibir después estos grupos de 10 organizaciones y las vamos a comentar, siempre vamos a trabajar con los sujetos obligados, para en su momento llevarlas con los compañeros de los órganos garantes a través del sistema, donde en el Sistema Nacional de Transparencia tendrán que discutirse y, en su momento, afinarse y aprobarse para su utilización. Ese es el mecanismo, las fechas están totalmente porque el año va pasando y si ponen el calendario, con esto termino esta parte; este es el calendario, es la elaboración y las políticas de metodología de los criterios de obligaciones comunes, será entre junio y octubre, se generarán los criterios con los consultores externos para su revisión en esos meses. Tendremos la opinión de instituciones académicas, en ese mismo van a trabajar casi en conjunto las generales con las específicas para estarlos presentando para su aprobación al Sistema Nacional de Transparencia, ya obviamente se darán a conocer antes a los órganos garantes en abril, y poderlas estar en mayo publicando. Ahí en la publicación vamos a especificar, bajo los transitorios, cómo van a ir entrando en operación, porque se va a tener los criterios de publicación y hay que empezar a subir la información en esos momentos. Voy a la segunda cuestión. Sólo quiero terminar con un asunto que es fundamental para lo que es la otra cuestión, es la Plataforma Nacional de Transparencia. La Plataforma Nacional de Transparencia aparte de poder hacer solicitudes, recibir recursos de manera electrónica, etcétera, tendrá lo que hoy se denomina el POT, se podrá llamar el POT de otra forma, que es el Portal de Obligaciones de Transparencia, y en una sola plataforma debemos de tener todas las obligaciones adicionalmente en que estén en cada entidad federativa, en cada sujeto obligado, se concentrarán en un solo portal y ahí podremos tener las obligaciones

de toda la Federación como están ahora en la administración pública federal y tendremos también las de las entidades federativas en criterios y en formatos similares. Las que están en la Ley General, aquellas que estén en las leyes estatales o federales que sean distintas, cada órgano garante tendrá que desarrollar su metodología de publicación y de evaluación de estos, en los cuales también podremos acompañarnos conjuntamente, pero esos ya no están en la Ley General en ese sentido. Para eso se desarrollará la Plataforma Nacional. Y algo que quiero destacar, que es el artículo 49, que es algo que hay que ir trabajando con las entidades y con los gobiernos, que dice claramente que la plataforma será desarrollada y administrada, porque hoy en muchos estados la tienen los gobiernos y la implementarán y pondrán en funcionamiento los órganos garantes. Esto es cómo está Infomex ahora, que es el antecedente a la plataforma, pero por mucho la plataforma va mucho. ¿Cómo está funcionando? Casi en todo el país hay un Infomex y lo que vamos a hacer es una adecuación de ese Infomex para que lo que ya se tiene sea compatible con lo que se está construyendo con la Plataforma Nacional de Transparencia. Pero hoy el Infomex sirve para recibir solicitudes, dar respuesta a estas solicitudes y, en algunos casos, para interponer recursos de revisión. Eso es algo, pero hay que multiplicarlo. Esto es cómo está adelante, nos hablaba Alejandra de casi 10 mil sujetos. Ahorita, por ejemplo, Infomex tiene cuatro mil sujetos obligados ya que están en Infomex; hay entidades que no están en Infomex, hay órganos, los autónomos, etcétera, que no están en el Infomex, hay algunos como la UNAM, pero faltan muchísimos. Y además, en ese sentido, se multiplicarán el número de sujetos, es una buena cuenta porque aquí estarán todos los estados, hay muchos, y hay que contar los estados, todos los municipios también que son sujetos obligados.

Finalmente, si tenemos dos mil 500 municipios ese será simplemente un dato que tendrán que estar contenidos en este sistema. Termino con la siguiente lámina. Esta es la idea general de la plataforma. La plataforma tendrá obviamente un módulo que tiene que ver con el POT, que es el Portal de Obligaciones de Transparencia donde estarán publicadas todas las obligaciones que la Ley General marca de todos los sujetos obligados federales y estatales y la gente podrá hacer análisis comparativo de esa información que estará en ésos. La evaluación la harán los órganos garantes y habrá denuncias en todo el país porque la denuncia está en la Ley General. También tendrán que es un buscador de la información distinto al de ahora, el de ahora es muy complicado, pero utilizaremos para que Zune pueda ayudarle a buscar información en los portales y le pueda ayudar a buscar información en las solicitudes y en las respuestas, obviamente tendrá el mecanismo para hacer solicitudes, pero se le sumará, aparte del medio electrónico o el medio internet, la posibilidad de hacer solicitudes vía teléfonos inteligentes, vía plataformas inteligentes, como las hay para esto, y recibir respuestas tanto en los teléfonos, como en estos instrumentos de las tecnologías. Pero también se establecerá que las personas que no tengan internet podrán llamar por teléfono tradicional a un 01800 y un centro de atención telefónica aquí en el INAI atenderá esas solicitudes telefónicas y las conducirá por el sistema al sujeto obligado, sea federal, estatal o municipal y por el mismo medio telefónico sabremos la forma en que la persona quiere que la información sea. Se podrá interponer los recursos de revisión también a través de electrónica y de telefonía inteligente; estará también conectado con las redes de Twitter y Facebook que permitirán hacer solicitudes vía Twitter y Facebook y recibir respuestas, siempre y cuando éstas, obviamente, estén en archivos electrónicos. Estamos cuidando ahí el asunto de la privacidad de la información en estas redes sociales.

También tendrá un módulo o tendrá un software para sensibilidad a personas con capacidades distintas que la ley marca, con la posibilidad de que este software pueda ver la información, por ejemplo, personas que no pueden ver, hay un software que permite leer la información que está en los portales o que está en una respuesta a través de este software que, obviamente, será gratuito. Éstas son algunas de las cuestiones que tendrán los avisos del sistema que permitirá a los solicitantes saber cómo va su solicitud, poder rastrearla y esto también permitirá a la hora de sustanciar los recursos y en dado caso las vistas a los órganos de control, saber cómo fue la gestión de esa solicitud y dónde se atoró. Y tendrá tableros de control, tendrá también el asunto de graficas o estadísticas sobre el propio portal, pero también sobre el número de solicitudes, número de recursos, número de visitas a las obligaciones, cuáles son las fracciones que más se visitan por los ciudadanos, etcétera. Tendrá un módulo de comunicación entre los sujetos obligados y los órganos garantes, pero también entre los órganos garantes locales y el nacional para poder sustanciar todos los recursos de revisión. Y si en algún momento el INAI tiene un poder de atracción o de segunda instancia, tenga ya en la plataforma toda la documentación con la cual se resolvió un recurso de revisión. Esto ya se aplica aquí en el INAI para los sujetos obligados, es el HCom, la herramienta de comunicación y se trata de hacer lo mismo con los estados y esto agiliza y facilita mucho la sustanciación y la resolución de recursos de revisión. Y término. Para todo esto, igual que para lo otro, tenemos un año para hacerlo; ya hemos avanzado desde el año pasado en la construcción de la plataforma, lo que hemos denominado en ese momento el Infomex 3.0, que ya tiene muchas de estas rutinas como lo de teléfonos inteligentes, como lo del teléfono tradicional, como el software para personas con discapacidades, etcétera. Y estamos haciendo la plataforma.

La gente que hará los criterios de evaluación y de publicación trabajará conjuntamente con el área de tecnologías para ir metiendo a esta plataforma los formatos en los cuales se recibirá la información de los sujetos obligados, a través de lo que se le llama un administrador de contenidos, y la idea es incidir en los procesos para que la gente al momento que esté haciendo la nómina, esa nómina ya sea compatible para poderla estar subiendo al portal y si, obviamente, los datos confidenciales, esos desde esa aplicación o esa interface permita, obviamente, que esos datos no se publiquen. Para esto también tenemos un año y la fecha –y también se aprobará en el Sistema Nacional de Transparencia– en que estamos pensando terminar es el día del niño del próximo año, el 30 de abril, porque el 5 de mayo se vence el plazo para tener la lista y empezar a subir la información y operarla en todas las entidades con los ciudadanos. Vamos ir abriendo tramos también, en ese sentido, para que, por ejemplo, la parte de solicitudes telefónicas, etcétera, ya puede ir operando. La última parte obviamente es el POT, las obligaciones de transparencia, que será la más difícil y después vendrá todo el vaciado. Yo lo dejo hasta aquí y de verdad muchas gracias. Moderador, Dr. Francisco Javier Acuña Llamas: Muchas gracias a don Óscar Guerra Ford. Entenderán ustedes por qué mis hermanos me dejaron a mí coordinar esta mesa, porque don Óscar Guerra Ford iba naturalmente a exponer con lujo de detalle la amplitud del reto que tenemos y ya él nos situó. Yo me quise a imaginar, Óscar, cuando hablabas, que esto va a implicar algo así como a la NASA y al Sistema Internacional Espacial, el crear esta famosa construcción espacial. Óscar Guerra Ford es economista, pero es ingeniero y es abogado también, hay que decirlo.

Pero aprovechamos a Alejandra Rascón Rodríguez, de Transparencia Mexicana, para que complemente con la propia visión que esta importante organización de la sociedad civil ha venido construyendo a lo largo del tiempo. Alejandra. Lic. Alejandra Rascón Rodríguez: Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias al Instituto por la invitación. Muchísimas gracias, Óscar, Francisco y gracias a ustedes por venir de sus estados, y a toda la gente que está aquí. Hay muchos enfoques desde los cuales se puede analizar la nueva Ley, en este caso yo me voy a enfocar en el punto de Gobierno Abierto, que sin duda es una innovación que presenta esta Ley General respecto a lo que se venía trabajando habitualmente. El artículo 59 de la Ley, me permito citarlo, es el único que se refiere expresamente al tema, aunque a lo largo de toda la Ley se menciona en algunos apartados la palabra Gobierno Abierto, y señala: “Los organismos garantes en el ámbito de sus atribuciones coadyuvarán con los sujetos obligados y representantes de la sociedad civil en la implementación de mecanismos de colaboración para la promoción e implementación de políticas y mecanismos de apertura gubernamental”. Con este pequeño artículo es que tenemos que empezar a impulsar al Gobierno Abierto, desde el Instituto ya se ha venido impulsando a través de la Alianza por el Gobierno Abierto, pero como un concepto de apertura gubernamental. Así que me detengo un poco nada más en decir que la palabra “coadyuvarán” es muy general y nos da mucho espacio para la innovación, como el propio Gobierno Abierto es, y creo que deja claro quiénes son los actores del Gobierno Abierto y los retomo: Indispensable que esté el gobierno, entendiendo como gobierno a cualquier autoridad de los diferentes poderes y la sociedad civil; y por supuesto el Instituto Nacional de Acceso a la Información o los organismos garantes, como ese coadyuvante, ese facilitador, ese que pone la mesa para que se den las negociaciones.

Efectivamente, existen cuatro componentes clásicos de Gobierno Abierto y seguramente todos los que están aquí lo han escuchado: Transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y el uso de tecnologías de la información como un habilitador del Gobierno Abierto. Pero en la experiencia mexicana –y compartimos esto desde la sociedad civil con el Instituto– hay dos elementos que queremos que sean una constante en todos los ejercicios de Gobierno Abierto que se lleven a cabo en nuestro país, esto es: Coconstrucción e innovación. Creo que son dos componentes que han destacado la experiencia mexicana y que, a reserva que en la implementación de experiencias de Gobierno Abierto en los diferentes sujetos y en las diversas entidades del país, estos dos elementos tendrán que estar presentes. Ahora nos encontramos en el reto de cómo empezar a implementar Gobierno Abierto, digo, la Alianza por el Gobierno Abierto México la suscribe en el 2011, tenemos cerca de tres, cuatro años en el tema; sin embargo, si ustedes nos preguntan cuál es la receta para implementar mecanismos de Gobierno Abierto, mi respuesta es: No hay receta. Lamento mucho decírselo a todos los que están ahora en sus estados empezando a promover este tipo de mecanismos de diálogo y negociación, pero no hay receta porque los sujetos obligados son variados y tienen características muy particulares cada uno. No es lo mismo hablar del Ejecutivo como del Legislativo o del Judicial, y menos de un partido político o de un sindicato. Ahora veía la numeraria que señalaba Oscar, son tres mil 764 sujetos obligados y esto nos habla de la pluralidad de los actores y en este sentido, representa un reto. No hay receta para Gobierno Abierto, porque la sociedad civil es heterogénea, no toda la sociedad, hay un espectro, hay organizaciones de base, hay organizaciones que estudian think thanks, hay organizaciones que son más filantrópicas, hay organizaciones empresariales.

Hay un espectro muy grande y eso representa en sí mismo un reto; seguramente estas entidades, en los estados donde han estado empezando a implementar ejercicios de Gobierno Abierto, se han encontrado con esta realidad, hay mucha, es muy variada y tratar con este abanico de sociedad civil representa retos también. El tercer elemento por el que no hay receta única para implementar el Gobierno Abierto, es porque el contexto es cambiante y porque hay un componente político que procesar muy importante también. No es lo mismo sentarnos a la mesa un día en el Secretariado Técnico Tripartita y en periodo electoral y a lo mejor después de las elecciones y a lo mejor desde la experiencia que tuvimos en el Secretariado desde la Alianza por el Gobierno Abierto. Hay temas que afectan a todo el país, como el caso de los 43 estudiantes desaparecidos, eso implica también un reto para estos núcleos de gobernanza que se generan para impulsar el Gobierno Abierto. En este sentido, quiero señalar que los lineamientos que en su momento el Instituto elabora en temas de Gobierno Abierto y que se establece, deberán señalar sí la cancha de juego, pero deberán de ser flexibles para que permitan responder a todos estos elementos variables que el Gobierno Abierto tiene de por sí. Si los lineamientos son demasiado rígidos, corremos el riesgo de quitar el componente de innovación que es uno de los componentes sustanciales del Gobierno Abierto. Uno de los retos que hemos identificado muy importantes, es que estos espacios de gobernanza que se construyan, llámese Secretariado Técnico Tripartita o que podrán tener un nombre diverso y que podrán integrar dependiendo del sujeto obligado más de tres actores. Estoy pensando en el tema de parlamento abierto, siempre decimos: “¿Cuántas sillas hay? Están diputados y senadores, pero entonces

cómo entran los congresos locales, dónde entra sociedad civil y dónde entra el Instituto. Estos espacios que se creen deben ser espacios reales de diálogo y negociación donde las partes se reconozcan como pares; si estos espacios no son reales, no van a servir como un espacio de diálogo de negociación y de catalizador de muchos otros procesos. Sí es la mesa donde nos sentamos todos a platicar, a coconstruir, a imaginar, a innovar. Creo que es importante que estos espacios tengan reglas de gobernanza claras, pocas y claras. En la experiencia que hasta ahora se tienen en el país, en tea del Ejecutivo Federal, el Secretariado Técnico Tripartita ha resultado ser un espacio valioso de diálogo y negociación donde se alcanzan muchos acuerdos y se dirimen muchas diferencias entre los diferentes actores. Hablando del tema de parlamento abierto y que lo comentaron el senador Encinas y Haydeé, el tema está en pausa; y en gran medida atribuyo esta pausa a que no hay todavía un espacio de diálogo y negociación como lo hay en el Ejecutivo a través del Secretariado Técnico Tripartita. O nos sentamos a la mesa todos, y ahí dirimimos nuestras diferencias o no hay ese punto de convergencia a partir del cual empiezan a surgir las propuestas y los temas. Lo he dicho varias veces, no son espacios fáciles, quienes crean que por sentarnos todos a la mesa ya está el tema resuelto, está muy equivocado, no es así, no son espacios fáciles. Por ejemplo, en la experiencia de la Alianza por el Gobierno Abierto he comentado varios desencuentros y encuentros que han permitido tener estos espacios, sin embargo, son espacios que producen cosas, son espacios que al final resultan provechosos. En la experiencia propia de elaboración de la Ley General de Transparencia, creo que fue otro mecanismo el de gobernanza, pero que igual se sentaron a la mesa todos los actores involucrados y que

al final resultó ser un espacio fértil y constructivo, no un espacio fácil, sí un espacio constructivo. La invitación es que sí pongan todo su esfuerzo en que estos espacios sean genuinos, sean auténticos, se reconozcan a los pares y funcionen. Innovación y retos. Para los órganos garantes que impulsen el Gobierno Abierto, conforme las atribuciones que establece la ley, yo veo tres retos: Uno, y que comentaba Haydeé en su intervención anterior, es que los procesos de nombramiento de los comisionados o de los consejeros les doten de legitimidad. Para que cuando ellos, a su vez, se sienten en estos espacios de negociación y diálogo con otros actores, tengan esa fuerza que necesitan, para ser ese coadyuvante, ese facilitador. Otro punto es que los lineamientos del Sistema Nacional Anticorrupción enmarquen los elementos mínimos, pero como les comentaba, el órgano garante va fungir y va tener el gran reto de contribuir a que no se le llame a todo “Gobierno Abierto”. Creo que ahora es una palabra que se usa muy fácil y creo que es un concepto en construcción, efectivamente. Subir información a la página de internet no es per se Gobierno Abierto, sí el acceso a la información es un elemento de, pero no es per se; sentarse una vez a la mesa con la sociedad civil no es participación ciudadana. Es muy importante y creo que ese va ser un gran reto de los órganos garantes, el mantener todo el tiempo el timón hacia un rumbo adecuado en temas de Gobierno Abierto, que no se llame a todo “Gobierno Abierto”, porque es muy fácil, en términos a lo que suena la palabra.

Me paso ahora a los retos que enfrentará el sector gubernamental, llámese, ejecutivo, legislativo o judicial o cualquiera otro de los sujetos obligados. Necesitamos que el liderazgo sea al más alto nivel, el liderazgo de los funcionarios es muy importante y retomo el ejemplo de lo que está pasando en el Ejecutivo y lo que está pasando en el Legislativo en este momento. Tuvimos un liderazgo intermitente con la senadora Arely Gómez y el proyecto está en pausa. Sí es importante que estos liderazgos sean al mayor nivel, pero que también sean continuos; que sean liderazgos que permitan que al interior de las organizaciones se muevan las cosas. Hay un cambio cultural, un cambio organizacional, que no podemos soslayar, sé que este tema se habla desde los noventas, creo o antes; pero está y es una realidad. Al interior de las instituciones tienen que empaparse en este concepto, entender lo que significa coconstruir y entender que es un asunto de gobernanza, que en este momento el gobierno no lo puede necesariamente todo, no tiene todas las soluciones, no ve los problemas desde la misma perspectiva y que trabajando juntos podemos buscar soluciones, conjuntamente a un problema común. El mayor reto, desde mi punto de vista, para el sector gubernamental, va ser la desconfianza ciudadana, pero es también la mayor oportunidad que el Gobierno Abierto ofrece, es una mesa, es un espacio de diálogo para sentarnos a la mesa y creo que actualmente hay muchas experiencias, muy afortunadas, desde la Alianza por el Gobierno Abierto, donde nos hemos podido sentar con extraordinarios funcionarios públicos, que van contra viento y marea y que impulsan efectivamente cambios sustanciales al interior de sus instituciones. Y un tema que no quiero dejar, y citando a Alejandra, que decía que es casi un castigo que te toque la Unidad de Transparencia. El gobierno o las instituciones gubernamentales tendrán que buscar mecanismos de estímulos y recompensas para los funcionarios, que

además de hacer todo lo que tienen que hacer, que es mucho y que están trabajando de 08:00 horas a 20:00 horas muchos de ellos o hasta más tarde, yo sé muchos casos que salen 22:00 o 23:00 horas y no me dejarán mentir, que hacen un extra, que corren la milla adicional y hacen este tipo de cosas como Gobierno Abierto, que no es obligatorio. Ahora comentábamos lo de tres de tres y los candidatos, que si suben su información o no. La verdad es que hay que, como sociedad, empezar a recompensar a aquellos ciudadanos, funcionarios públicos y a aquellos mexicanos que dan el extra para transformar nuestro país. Paso, por último, al rol de la sociedad civil y nosotros también tenemos muchísimos retos para impulsar el Gobierno Abierto; necesitamos que haya una participación efectiva desde la sociedad civil, que logremos organizarnos en las redes, en los núcleos, en lo local, que quien nos represente luego en estos espacios de gobernanza tenga legitimidad, que no sea la organización que se lleve bien con los demás que se sienten en el Secretariado Técnico tripartita necesariamente, sino que sea la organización que la sociedad civil de la entidad le reconoce esa legitimidad y esa vocería, que se den también a sí mismos reglas de organización para que esta representación no sea rotativa o tenga sus propios mecanismos internos. Hay que decirlo, muy importante, mucha tarea todavía de capacitación y formación. Me encantó escuchar ahorita al senador Encinas cuando hablaba de la autonomía, que decía que la autonomía no se mendiga se ejerce; y creo que el derecho a participar funciona exactamente igual, el derecho a participar no se mendiga, se ejerce. Hay un reto de enfoque que no quiero dejar de mencionar y es que estos núcleos de gobernanza, estos secretariados que se constituyan, deberán tener un enfoque muy claro respecto a los retos que como país o como entidad desean afrontar para que den resultados. El Gobierno Abierto si se traduce en puras reuniones y reuniones y no da resultados, es una tendencia que en poco momento pues ya, todo mundo se cansa de estar en un proyecto que no da resultados.

Sí es muy importante que en estos nuevos programas de trabajo que se estén formando en los estados o en los otros sujetos obligados, se tenga este enfoque claro hacia dar resultados. Hay un lema que a mí me gusta mucho y es: “Duro con los problemas, suave con las personas”, no se tratan de encontronazos entre sociedad civil y funcionarios, eso dejaría muy poco; es más, sería hasta destructivo. La idea es encontrar retos comunes que permitan enfocar la energía de los funcionarios y de la sociedad civil para dar resultados. Como reflexiones les señalamos que desde la experiencia de la Alianza por el Gobierno Abierto hemos tenido compromisos mal enfocados que al final no se traducen en resultados. Hemos tenido compromisos que se traducen en inquietudes individuales y la idea es que el Gobierno Abierto traduzca inquietudes de la mayoría. También hemos tenido compromisos que pedimos cuestiones que son ya obligatorias por ley y como se cumplían por ley, bueno, pues a ver si por Gobierno Abierto. No está de más, pero creo sí creo que estas son lecciones aprendidas que quisiera compartir con ustedes. Busquen que sus compromisos vayan más allá de estos tres errores que nosotros hemos cometido y den resultados efectivos. Al final una invitación al INAI para que estos lineamientos de Gobierno Abierto apliquen los principios de co-construcción, flexibilidad e innovación que permitan al Gobierno Abierto dar resultados en el país, que se repliquen los ejercicios participativos que se utilizaron en la Ley General y en otros modelos. Hay un debate, no sabemos todavía, hay un dilema si reglamentar o no reglamentar, ese es el debate. No sabemos si el reglamentar va a ayudar al Gobierno Abierto o lo va a paralizar.

De aquí de agarró ya para terminar mi exposición. Creo que la plataforma del Sistema de Transparencia que comentaba Oscar Guerra puede ser un espacio para documentar casos de estudio en materia de Gobierno Abierto y compartirlos con la comunidad en práctica; digo casos de estudio porque creo que hay que documentar los casos de éxito y los casos de fracaso para aprender de esto, y veamos a la larga, veremos cuál sería la mejor forma. Creo que también hay un elemento de dar certeza jurídica a los funcionarios que promueven el Gobierno Abierto y a lo mejor estos lineamientos sí son suficientemente flexibles, pueden dar ese piso. Y aquí termino mi intervención sobre Gobierno Abierto y la nueva Ley. Muchas gracias. Moderador, Dr. Francisco Javier Acuña Llamas: Alejandra Rascón, de Transparencia Mexicana, muchas gracias. A Ricardo Corona yo lo ubicaba siempre desde la Corte, bueno, estuvo en la Auditoría Superior de la Federación como abogado también, un gran abogado; y yo ahora que tuve la oportunidad de decir su nombre al principio de la mesa tuve un traspié porque me ataranté con la hoja y tenía miedo de no alcanzar a ver con precisión que viene del IMCO. Pero además aprovecho la oportunidad, y se lo quise decir como una licencia a propósito, porque hace rato que la senadora Laura Rojas decía que don Oscar Guerra Ford ya había cumplid con el tres de tres, yo también levantaba la mano; pero entonces me dice: “Sí, pero tú no lo has puesto en el IMCO”. Entonces, necesito ir a ponerlo al IMCO para que ya se sepa. Gracias, Alejandra Rascón, por supuesto; y gracias a Ricardo Corona, por favor tu intervención. Mtro. Ricardo Corona: Me uno al agradecimiento de la invitación a los señores comisionados, a todos los comisionados, al INAI por este gran esfuerzo que indiscutiblemente, si volteáramos unos 10 o 12 años hacia atrás, evidentemente estas discusiones con sociedad civil,

con academia y con gobierno, no había, ni mucho menos sabíamos cuánto ganaba el Presidente o cualquier funcionario, el que ustedes me digan. Son temas que ya están superados. Es un conocimiento, la transparencia, la rendición de cuentas, la transparencia como parte de la rendición de cuentas, tomando el concepto que muchas veces menciona Lourdes, la transparencia como parte de la rendición de cuentas contribuye, evidentemente, en este conocimiento progresivo que indiscutiblemente es necesario para legitimar el quehacer gubernamental. En términos generales vemos que esta ley se está apegando a estas características de mejor manera, se está aterrizando más a la demanda de lo que está requiriéndose en términos de información para esta legitimización. Particularmente por el tema y en lo general por el contenido de la Ley, me parece importante que se alinea a otro eje transversal, aparte de la rendición de cuentas o como parte de la rendición de cuentas, que es el del dinero público; y digo dinero público porque sin dinero público no funciona nada de los programas, de los salarios de gobierno, etcétera, y que ha sido la fuente de muchos problemas que hemos visto de manera reiterada en los últimos meses, los últimos años, vinculados a opacidad, vinculados a corrupción, etcétera. El contenido de esta ley respecto de los sujetos obligados que se han mencionado, ya aborda de manera explícita temas de fideicomisos, qué bueno, porque los fideicomisos era una práctica que todo mundo dice fideicomiso, agarramos el dinero y bloqueamos la información y no hay acceso. Sindicatos. No tengo que decir mucho de los sindicatos, tabuladores salariales, perfecto, también ya sabemos porque hay un contexto de las finanzas públicas, particularmente a nivel subnacional que nos está diciendo que hay un incremento de salarios y no sabemos por qué, no sabemos si es por la presión de las pensiones o si no sabemos si se están subiendo el sueldo de manera discrecional los servidores públicos.

Programas de apoyo, subsidios. Eso de que subsidio, si uno ve los presupuestos que subsidio, pregunta uno ¿qué es un subsidio? Y la respuesta es: “Otros”, pero “¿Qué es otros?”. “Otros”. Este tipo de temas ya comienza a desagregarse a nivel de Ley. La cuenta pública, qué les tengo que decir respecto del ciclo de este dinero público, importantísimo, cosas tan simples que diría uno ahora como el curriculum vitae, que muchos no han cumplido con esta obligación, pero es algo muy sencillo; o el registro de los servidores públicos sancionados. Insisto, todos estos elementos que permitan, evidentemente, al tenor de un lenguaje ciudadano, hacer saber a la ciudadanía qué está pasando con estos ejes transversales, rendición de cuentas, manejo de los recursos públicos para legitimar, para informar y contribuir a este conocimiento progresivo que legitime el quehacer gubernamental. Esto evidentemente va de la mano con una vinculación del día a día con las personas, insisto, lo que la gente ve desde su municipio, desde su estado o en el país. En el IMCO trabajamos actualmente con un poco más de 70 municipios, con 20 estados de la República y vemos que estos son los temas en términos de rendición de cuentas que hacen mucho hincapié la ciudadanía y que, sin duda, este esquema, insisto, desde la ley va a contribuir al cierre de esa brecha, que nos parece uno de los grandes retos del país. ¿Un poco más en lo individual qué vemos? Se ha mencionado la ampliación del margen de aplicación de la Ley, ya mencioné los sujetos obligados, ya explícito, aunque parecería, uno como abogado dice: “Voy a los principios constitucionales…” bueno no, ya está en la Ley explícito, ese margen de ampliación me parece importante. Características sistemáticas de un Sistema Nacional de Transparencia, importantísimo, no ver a la transparencia como un clúster, como un cuadro que se cubre y no coexiste con las demás áreas que deben cubrir, que deben atender las entidades.

Algo importante que, también se mencionó ya desde la participación de Alejandra Ríos, es la actualización de los formatos. Uno habla de floppy, amén de que uno dice qué generación cuando habla de floppys, pero de repente vemos también que, por ejemplo, pido información, me mandan un CD con un archivo que pudo haber sido enviado en un correo. Este tipo de mecanismos ya se está contemplando, valioso también. Los principios, que en términos generales legales ya existían, pero se está haciendo énfasis puntualmente en certeza, eficacia, eficiencia, objetividad, profesionalismo, etcétera. Ahora bien, como novedoso, me parece que uno de los temas importantes es el de la proactividad, que está mencionado en el rubro del panel. ¿Por qué la proactividad? Porque es el detonante de todo lo que debe hacer tras bambalinas el INAI. La proactividad la vemos como el gran reto que refleja la demanda de la ciudadanía; si los sujetos obligados van a transparentar información, van a ser proactivos, esa proactividad debe tener el respaldo de que la entidad, la unidad va a saber qué es lo que la ciudadanía quiere, y esto implica un reto que no es menor. La sociedad civil, demandante de información, es dinámica. Un contexto –se mencionaba aquí el tema de Ayotzinapa– específico puede detonar otra demanda de información, así que esa movilidad, esa dinámica, complica la proactividad en tiempo, como decía Leonardo Curzio, el día a día de la información que se requiere. Me parece que al momento en que se menciona en la Ley como uno de los principales objetivos de este instrumento, ahí se está atendiendo esto que, insisto, lo digo con la cautela de que está en la Ley lo que estamos subrayando, pero implica mucho trabajo dinámico para que, no el INAI, los órganos locales –que ahí está otro gran reto– entiendan cuál es la información que se quiere, tengan los mecanismos, tengan la capacitación, estén en condiciones de cumplir con ese objetivo.

Otro punto novedoso es que se rompe la barrera de lo local. Cuando uno pide información una de las grandes barreras que hemos tenido, una muralla, es: “La Ley Federal no es la ley local. Yo te respondo eso porque mi ley me permite esto”. Creo que ya se rompe esa lógica y qué bueno, hay varias leyes generales, como la de contabilidad, que es general, es para todos, y si esta ley está considerando a la Ley General de Contabilidad también, en términos de la rendición de cuentas, ya se rompe esa barrera que nos ha generado muchas dificultades para acceder a información. Otro tema, las facultades que tiene el INAI, importantísimo papel que va a jugar. A nivel federal hemos trabajado ya cuatro años en Gobierno Abierto y hay un proceso, un antecedente de sensibilización en términos de rendición de cuentas y transparencia; pero en lo local, a nivel estatal y municipal, me parece que es el reto mayor que tiene esta ley, y aquí las facultades que se están dando al Instituto para sensibilizar, para cooperar, para atender el cumplimiento de los principios, incluso para generar herramientas y criterios de cómo se deben determinar las resoluciones, me parece que es un buen impulso que permitiría contribuir en esta armonización que, insisto, no es menor, porque ya hay algunos ejemplos que comentaré más adelante. También atiende a la AGA, no me detengo en eso, ya lo comentó Alejandra, simplemente reiterar los principios y me enfoco en dos: Participación ciudadana y rendición de cuentas. Y la herramienta de prueba de daño es esta garantía que tiene quien solicita información, que si se me niega la información me están dando una justificación en papel, firmada por la autoridad, que me tiene que dar certeza jurídica de por qué no se puede. ¿Cuál es el problema? ¿En la práctica qué hemos visto hace no muchos años? Lo digo a título personal, por los ejercicios que hacemos desde el IMCO, es que cuando uno solicita la información, la obligada me dice que no, me voy a la revisión, la gano en el Pleno del entonces IFAI, voy con la autoridad obligada y me dice: “Sí, tienes razón, pero no te voy a dar la información de todos modos”.

No están los mecanismos que hagan eficaz ese control de que se cumpla con la obligación de la obligada e, insisto, esto hace un par de años exactamente. Insisto aquí también en el tema que esta Ley está contribuyendo, se está alineando a otro eje transversal, que es el de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, ya expliqué por qué es importante. Ahora bien, ¿qué vemos como mejorable del instrumento? Me enfoco en la Ley, el vínculo con la autoridad de control. Les mencionaba que si la autoridad, si el INAI o el órgano garante resolvía que me tenían que dar la información y no me la daban, y yo iba a reclamarle a la obligada que cumpliera, me ha pasado que me dicen: “Está bien, qué bueno, está bien tu resolución, pero no te la voy a dar”. Bueno, ¿vínculo con la autoridad de control o con las facultades? No que el INAI o que los órganos garantes sancionen, aquí me refiero solamente a esa vinculación. Me parece que dentro del sistema sí hace falta un poco más ese peso o claridad en cómo se va a hacer, porque si de repente un órgano local dice: “Déjame determinar si tu revisión la voy a pasar al INAI”, eso ya me genera cierta incertidumbre de cuál va a ser el criterio con base en el cual se va a determinar esa remisión. Otro tema que se ha mencionado también, Poder Judicial, Poder Legislativo. Sí se menciona la sujeción de estos principios, que evidentemente los principios son unos para toda entidad pública, salvo las reservas que deben estar justificadas. Perfecto. Aquí me parece que sí se tendría que enfatizar más la participación hacia adelante, evidentemente, que se cumpla en un esquema similar al que se hace desde los poderes ejecutivos con quienes hemos trabajado en algunos ejercicios o desde el Poder Ejecutivo Federal, que también sucede lo mismo en el Poder Judicial y en el Legislativo. Mencionaban hace rato el número de acuerdos, número de reformas, perfecto, pero ya a nivel Ejecutivo Federal no vemos número de acuerdos o número de resoluciones, vemos información mucho más sustantiva.

Ya me gustaría ver, por ejemplo, en el Poder Judicial; desglose del Capítulo 1000 y del Capítulo 4000, vamos viendo cosas más sustantivas que nos permita entender cómo funciona y por qué funciona como funciona el Poder Judicial, lo mismo para el Legislativo. Otro tema que sería mejorable, el tema de las cuotas de acceso. No sé cómo una generación de incentivos que impidan que suceda algo, que también me ha pasado a título personal, pido una información me dicen sí, costo de reproducción, uno imaginaría ese CD o ese floppy o no lo que me digan. Resulta que la información cuesta 115 mil pesos u 800 mil pesos, depende las bases de datos de información que ya se generó, pero que le están poniendo un cobro. Una dependencia chica, alguna unidad específica es la que está generando ese concepto de cobro, esa parte me parece y lo digo para las organizaciones que nos dedicamos a esto o bien para la academia que son los insumos a partir de los cuales generan estos productos. Finalmente, en la parte de retos se ha mencionado, no me detengo cuáles son los plazos específicos para cada uno de los lineamientos, para el sistema, para instaurar, hay un plazo; no digo si está bien o está mal, debe tener su respaldo de análisis. Lo que sí me gustaría ver es que se cumplan, que no se deje de cumplir, que no haya una necesidad de prorroguitis como ha pasado, por ejemplo, con la Ley General de Contabilidad Gubernamental que no se cumple. Veremos el próximo año la reforma panal hasta dónde se cumplió y ahí lo que estamos viendo es una indispensable prórroga para que los sujetos obligados cumplan con esta ley. O en el peor de los plazos, ante un incumplimiento se carezca de estos mecanismos de control que en algún momento se han mencionado, que den certeza a las personas que están solicitando la información con base en los principios que igual contiene la ley.

Esto quiero referirlo mucho más a nivel subnacional, porque sabemos que son quienes carecen, les está llegando un mundo nuevo tanto a los servidores públicos, a nivel estructura institucional, al ciudadano municipal, al ciudadano estatal le está llegando un mundo nuevo con esta alineación a los criterios de una ley general. Ya mencioné lo de los mecanismos de control, esto con la finalidad de transformar al actor, al ciudadano, que los servidores públicos también son ciudadanos, transformar al ciudadano y transformar al servidor público, ese balance va a contribuir mucho con la legitimación del quehacer gubernamental. No hay que olvidar que la ley de transparencia, que el INAI está velando por esta garantía, tiene que tocar base con temas específicos, todos los ejercicios que hacemos no es transparencia per se, es vamos a ver finanzas, vamos a ver minería, vamos a ver programas sociales, vamos a ver escuela, vamos a ver candidatos. Que se sensibilice ese nivel de manera equitativa, tanto desde el que solicita la información, el destinatario final, como el ejecutor de esa obligación que es el servidor público. Con esto me parece que se va a contribuir a legitimar el quehacer gubernamental, falta mucho, perfecto, hay mecanismos, ya mencionamos aquí algunas, en todos los paneles cuáles son las áreas de mejora, pero me parece que una gran reflexión es que si volteamos 10 años hacia atrás, nos damos cuenta cuáles eran las condiciones del análisis de este tipo de temas. Muchas gracias. Moderador, Dr. Francisco Javier Acuña Llamas: Muchas gracias a Ricardo Corona, del IMCO. Desde luego a la mesa y nada más decir, fíjense qué problema, lo menciono porque es problema tecnológico, dijiste que el floppy, yo me quedé en el fliper, fliper era el símbolo de aquel delfín. Fíjense ustedes que llegaron una cantidad impresionante de preguntas que podrían llamarse solicitudes o requerimientos informativos, pero

qué creen, ninguno trae correo electrónico, no hay manera de constar ahora, porque tendríamos que pedir a don Oscar Guerra Ford que responda con otra exposición tan amplia casi como la que nos hizo en la primera y no. Creo que todos tenemos hambre y muchas cosas también, desde luego a Alejandra Ríos Cáceres del CIDE, desde luego a Alejandra Rascón Rodríguez. ¿Qué vamos a hacer? Solamente hay una manera, que por favor quienes hicieron preguntas, nos aguanten para que nuestras compañeras edecanes, para poderles mandar al correo la respuesta. O decía Oscar, ustedes a su vez nos envíen al correo, al correo de don Oscar Guerra y de un servidor, para que las turnemos a las compañeras, Alejandra Ríos y Alejandra Rascón y, por supuesto, a Ricardo Corona, del que también llegaron muchas solicitudes, de cada uno; y de esa manera las podamos atender, porque de otra forma, imposible. Agradecemos, este Seminario cumple con esta mesa una faceta más y a cada uno de ustedes, con gratitud, a nombre de todos los compañeros comisionados del INAI, les entregaremos su constancia, muchas gracias. Las presentaciones se subirán al portal, para que todos lo que se interesen conseguirlas, lo puedan hacer. Muchas gracias a todos.

(Receso Comida)