P r o f e s o r A g r e g a d o d e l a E s c u e la d e Trab aj o S o cia l … · 2021. 5. 1. ·...
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LOS TRABAJADORES EXIGIMOS SALARIOS DIGNOS Y VACUNACIÓN MASIVA En este primero de mayo, Gregorio Afonso Profesor Agregado de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela y Secretario de Asuntos Académicos de la Asociación de Profesores de la UCV El trabajo es palanca del desarrollo de proyectos personales, familiares y sociales y puerta de acceso a otros derechos Este 1º de mayo 2021, los trabajadores venezolanos, además de recordar la gesta de los héroes de Chicago de hace 135 años y reivindicar su lucha en favor de regular el tiempo máximo para la jornada diaria expresada en su lema: “ocho horas de trabajo, ocho horas para vivir, ocho horas de descanso”, tenemos un reto enorme: salvar el trabajo en un país en el cual, de forma sostenida, antes y durante la pandemia, las políticas públicas estimulan que pierda valor. El trabajo pierde valor cuando deja de cumplir su papel de palanca para el desarrollo de proyectos personales, familiares y sociales; cuando deja de ser una puerta que permita el acceso a otros derechos y a una vida digna; cuando no ocupa un papel central en las políticas de desarrollo y bienestar social y cuando, como ha ocurrido recientemente durante la pandemia, se convierte en una actividad en la cual el derecho a la vida no está garantizado Una de las aspiraciones más universales de los seres humanos es lograr un buen trabajo, que conceda estabilidad, libertad para sindical, acceso a seguridad social y derechos sociales y principalmente salario suficiente para vivir con dignidad. Para conseguir o conservar un buen trabajo la gente se forma y capacita, migra, si es necesario y estructura su vida para cumplir con el trabajo. Un aspecto central, no exclusivo, de un buen trabajo, denominado técnicamente por la OIT como Trabajo Decente, son los buenos salarios. Es central, además en todo el sistema de seguridad social, dado que se basa en los aportes salariales: es su base de cálculo. Lamentablemente en Venezuela los salarios no son buenos. Pese a que en los últimos ocho años, el ejecutivo nacional ha “aumentado” el salario mínimo nacional en 32 oportunidades, la realidad es que los salarios solo crecen nominalmente pues en términos reales, como producto de la hiperinflación y la devaluación sostenida de la moneda nacional, tienden a cero. En mayo de 2013, la remuneración mínima era Bs. 2.457 y el promedio del tipo de cambio paralelo era de 27,26, por lo que el salario real equivalía a USD 90,13. En marzo de 2021, el gobierno fijó una vez más unilateralmente, y como lo hace en forma recurrente desde abril del 2020 sin publicar en Gaceta Oficial, el salario mínimo nacional en BsS. 1.800.000 con un promedio del tipo de cambio de Bs. 1.975.045.96, ubicando, en consecuencia, el ingreso real en USD 0,91 centavos. Esta precariedad actual de los salarios, expresada en el monto del salario mínimo nacional y de las pensiones que otorga el Estado, se extiende al resto del ingreso de los trabajadores, que compuesto principalmente por bonos sin efectos salariales, promedia mensualmente los USD 50 para el sector privado formal y USD 4,7 para el sector público. De este modo, los asalariados y sus familias en Venezuela, según los índices del Banco Mundial y el método de medición de la pobreza por ingresos, están condenados a la pobreza extrema, son una población de elevada vulnerabilidad, dado que deben vivir con ingresos diarios menores a USD 1,9 y sus salarios no les permiten cubrir el costo de la canasta alimentaria, situado para el mes de febrero del año 2021 en USD 281, 97. La responsabilidad de la precariedad de las remuneraciones de los trabajadores es del Estado venezolano, que a través de su política económica y laboral, irresponsable y criminalmente ha provocado, sin enmienda alguna, casi cuatro años de hiperinflación y dos décadas de destrucción sostenida y creciente de derechos laborales. No son las “sanciones” las que han pulverizado el salario. Hay naciones con sanciones comerciales severas, cuyos salarios mínimos en julio del 2020, expresados en USD, son muy superiores al caso venezolano: China USD 360, Rusia USD 189, Irán USD 260, Siria USD 77 y Cuba USD 42, mientras en Venezuela para la fecha era USD 1,49. En un contexto en el cual las remuneraciones no alcanzan ni para alimentarse en forma mínima, es imposible pensar que se puedan impulsar proyectos personales y familiares, generar bienestar social y valor a través del crecimiento de la productividad. De la calidad del trabajo dependen la justicia social y el progreso; cuando éste es precario -y en el caso venezolano, en la administración pública prácticamente ni siquiera es remunerado- la consecuencia es una población empobrecida y un país en ruinas. El resultado de esta situación es lo que ha ocurrido y no para de suceder en Venezuela: Una migración forzosa de millones de personas en búsqueda de un mejor presente y la construcción de un futuro con dignidad. La precarización del trabajo y su expresión de mayor impacto, el deterioro de los salarios, no es la única pero sí la principal razón por la cual los venezolanos abandonan su país, en muchas ocasiones en medio de la desesperación, sin ningún plan de reubicación que los acompañe y en el caso de muchos jóvenes abandonando sus estudios. Garantía para el derecho a la vida de los trabajadores: Urge un plan nacional de vacunación El incumplimiento del Estado venezolano de su obligación de garantizar el derecho a la vida y la protección a la integridad de los trabajadores, es un problema en Venezuela que existe previo a la pandemia. Con ella, dadas las demandas que esta genera sobre el sistema de salud pública, su impacto negativo es más notorio y letal. En las dos últimas décadas, trabajar y defender los derechos de los trabajadores en Venezuela ha sido y es riesgoso: las agresiones a periodistas, la vandalización contra los centros educativos, la inseguridad en los hospitales, el sicariato contra dirigentes sindicales, los accidentes laborales en industrias emblemáticas por ausencia de mantenimiento, entre otros ejemplos, son testimonios del peligro al que son sometidos los trabajadores y se suman al acoso laboral y la intimidación de los supervisores contra quienes no logran asistir a sus centros de trabajo o denuncian atropellos. Se trata de un largo expediente de precarización de sus condiciones laborales. Con el vertiginoso crecimiento y la expansión a escala mundial de los casos de COVID-19, los Estados que, como el venezolano, reconocieron la declaratoria de pandemia de la Organización Mundial de la Salud (OMS), debían asumir sus recomendaciones, en especial las relativas a: 1) Ralentizar los contagios y evitar el colapso de los sistemas sanitarios y 2) garantizar la protección de la salud y la vida de los trabajadores, con especial énfasis la de quienes laboran en el sector salud, dado que su trabajo los expone permanentemente a situaciones en las que es elevada la probabilidad de contagio. De ambas recomendaciones, el Estado venezolano sólo ha cumplido, desordenadamente y desatendiendo voces especializadas, con el confinamiento de la población para ralentizar los contagios y evitar el colapso de los sistemas sanitarios. Para garantizar el confinamiento, el gobierno de Maduro le ha impuesto a la sociedad el tristemente célebre “método 7+7”, que consiste en siete días exclusivos para las actividades esenciales y con movilidad restringida, seguidos de siete días en los que se permiten otras actividades y se flexibiliza el tránsito. El impacto del confinamiento en Venezuela es imposible de medir objetivamente, dado el déficit de pruebas diagnósticas que se realizan en el país, lo que genera un subregistro de los contagios y porque, previo a la pandemia y con ella aún más, no hay publicación oficial que arroje información epidemiológica confiable. Lo que sí es público y notorio, es el colapso de los hospitales públicos ante el crecimiento de los contagios. En relación con las recomendaciones orientadas a garantizar la protección a la vida,con especial énfasis a los que laboran en el sector salud, la acción del Estado venezolano es irresponsable y por sus consecuencias, en términos de la pérdida de vidas de los trabajadores, es criminal, especialmente en el sector salud, en el cual, como lo ha denunciado la organización no gubernamental Médicos Unidos Venezuela han fallecido 513 trabajadores desde junio del 2020 al 25 de abril del 2021, lo que representa un 25,06% del total de personas que han perdido la vida como consecuencia de la Covid-19. Antes de la pandemia, el gobierno de facto Maduro había demostrado que la salud de la población y dentro de ella, la de los trabajadores le importa poco y nada, porque: Sus políticas han provocado el colapso del sistema público de salud antes de la pandemia. Múltiples informes independientes muestran una crisis hospitalaria sistémica caracterizada por hospitales sin insumos, con su infraestructura deteriorada, con servicios cerrados y con carencia de personal especializado, este último obligado a migrar a otras naciones u otros oficios en forma forzada, dadas sus precarias condiciones laborales. Los trabajadores venezolanos de todos los sectores, pero especialmente los de la administración pública, no cuentan con coberturas para la atención médica primaria o por hospitalización, cirugía y maternidad. La protección que alguna vez garantizó sus contratos colectivos, desde 2013 se ha reducido sostenidamente y con motivo de la reconversión monetaria de 2018 desapareció. Un ejemplo de la perdida de ese derecho, extensivo a otros sectores, es el caso los trabajadores del Ministerio de Educación, cuya cobertura de HCM es Bs.S 200, es decir, 10 centavos de dólar. De este modo, el incumplimiento de los acuerdos alcanzados con la negociación colectiva, se cuenta como violaciones al derecho a la salud y la vida. Con la pandemia, obviamente los problemas del sistema público de salud se multiplican: crece la demanda de atención en los hospitales y se incrementan vertiginosamente los costos de la atención en los centros de salud de gestión privada. Esto explica la gran cantidad de campañas de recaudación de fondos impulsadas por quienes frente a una contingencia de salud solo cuentan con la solidaridad. La crisis sanitaria y la vulnerabilidad del derecho a la salud y la vida se agravaron, sin embargo el gobierno de facto, en vez de enmendar sus políticas y convocar a los trabajadores y especialistas para instrumentar planes de emergencias ante la pandemia, reitera su arbitrariedad y desprecio por el diálogo social. Contrariamente a lo que es frecuente en el mundo, en Venezuela, el gobierno de facto, en vez de reconocer la labor de los trabajadores de salud en un contexto de elevada exposición a situaciones en las cuales el riesgo de contagio es muy alto, y brindarles un tratamiento especial a la protección de su salud y su vida, les ha impuesto condiciones de trabajo en las cuales su vida y la de sus familias está en permanente peligro. Reportes independientes, dados por @MonitorSaludVE durante la pandemia y previos a la aparición de las vacunas contra la COVID-19 muestran la gravedad de la situación e insumos de los hospitales: déficits en los servicios básicos y los materiales requeridos para garantizar la bioseguridad del personal y los pacientes, centros de salud sin agua, trabajadores sin guantes ni tapabocas suficientes, servicios cerrados, en fin un colapso cuyo responsable es el gobierno de Maduro. Entre esos reportes que permiten monitorear las deficiencias de servicios básicos en los hospitales y la insuficiente dotación que garanticen la protección de sus trabajadores, están los dados por @MonitorSaludVE. Por ejemplo, el 24 de octubre presentaron un diagnóstico del examen realizado a 68 centros de salud ubicados en el centro, occidente y oriente del país, en cual, entre otros asuntos, señalan que 59 de los 68 centro de salud visitados el personal debe reutilizar tapabocas, 22 hospitales no tienen tapabocas; en 25 hospitales no hay guantes, en 32 de 68 hospitales visitados no tienen jabón para lavarse las manos, es decir, sus trabajadores están expuestos a niveles muy altos de riesgo para su salud y su vida. Estas precarias condiciones en las cuales labora el personal sanitario en Venezuela, contribuyen a explicar por qué, según advierte @MonitorSaludVE, con base en cifras de la OPS, la letalidad de esta población sería de 7,21%, frente al 0,10% de Brasil y Ecuador 1,03%, dos de los países con más casos de covid-19 en Suramérica en el primer año de pandemia. Con la aparición en el mundo de las vacunas anticovid-19, nuevamente el gobierno de facto desprecia el diálogo social, reiterando su habitual arrogancia y opacidad en la gestión de los asuntos de interés público, en este caso con la entrada de las vacunas al país y su posterior aplicación. Por esa razón no existe un plan nacional de vacunación que, cumpliendo los estándares internacionales, sea público, auditable y jerarquice a la población más vulnerable. Finalizando el año 2020, el gobierno de facto señaló que llegarían al país en el primer semestre del 2021,10.000.000 de vacunas anticovid-19 y que, además, Venezuela fabricaría en junio la vacuna Sputnik V en laboratorios venezolanos. Nada de eso se ha cumplido, a la fecha la cantidad que ha llegado, según sus anuncios, no superaría las 700.000 dosis entre las Sinopharm de origen chino y la Sputnik V proveniente de Rusia. 04 Si bien la cantidad de vacunas que habrían llegado al país es insuficiente para lograr la inmunización de un importante porcentaje de la población, sí alcanza para lograr este propósito en los trabajadores de la salud, sin embargo, esto no ha sido así. Denuncias permanentes de @MonitoSaludVe y @MédicosUnidos, entre otras organizaciones independientes, advierten sobre las inconstantes, insuficientes e irregulares jornadas de vacunación adelantadas por el gobierno de Maduro. Por ejemplo, el 10 de marzo 2021 @MonitoSaludVe, denunció que en tan sólo 26 de los 65 centros de salud a los cuales realiza monitoreo diario se impartieron los protocolos necesarios para la aplicación de la vacuna. Diariamente crecen las cifras de trabajadores de la salud que desde el inicio de la pandemia han fallecido por no contar con los medios necesarios para protegerse de la COVID-19. Se trata, como lo señala Médicos Unidos Venezuela el 26 de abril del 2021, de 513 compañeros del sector sanitario. Luego de mes y medio de que el presidente del gobierno de facto junto a su familia se vacunó, este 15 de abril fallecieron 18 trabajadores del sector salud. Para estos últimos como para la población general no hubo protección, esta es exclusiva de los poderosos. Dado que la discriminación es un factor constante en las políticas públicas, el Estado venezolano incurre en graves violaciones de derechos humanos, en este caso el fundamental: El derecho a la vida. El gobierno de facto, a la par de expropiar las escasas vacunas que han arribado al país, sin importarle la vida de los venezolanos, despreció las vacunas AstraZeneca que por la vía de Organización Panamericana de la Salud y el mecanismo de la COVAX, servirían para inmunizar al 20% de la población, esgrimiendo críticas fundadas en criterios más políticos que clínicos. Sin embargo, ante el rechazo que provocó esta decisión del gobierno de facto en la opinión pública nacional, días después tratando de hacer control de daños, anunció que habría cancelado del 50 % del costo total de las vacunas y que podrían llegar a Venezuela vacunas mediante el COVAX. En esta oportunidad, indicó que no serían las de AstraZeneca y su gestión se hizo unilateralmente, sin la participación de la denominada “mesa técnica”, conformada por el gobierno, la oposición y representantes de la OPS. Este anunció no fue acompañado de un cronograma de llegada de las dosis al país y de su aplicabilidad. La inexistencia de un Plan Nacional de Vacunación abierto a la sociedad y susceptible de ser auditado, pese a que prestigiosas instituciones como la Academia Nacional de Medicina han presentado los criterios para su formulación y manifestado su disposición a participar en él, es lo que genera que la inmunización sea caótica y desigual. A la fecha, mientras el personal de salud no ha sido inmunizado en su totalidad, los burócratas del Estado del más alto nivel, olvidando su condición de servidores públicos, hicieron uso doloso de su posición de poder para inmunizarse antes de quienes, por su condición de salud o exposición al riesgo, deben ser prioridad. 04 El gobierno de Maduro a través de sus representantes vacunados, tampoco ha dado respuesta al plan de vacunación presentado por FEDECAMARAS, el cual traería al país seis millones de dosis que protegerían a tres millones de personas. Con ellas, se inmunizaría a los trabajadores del sector privado. El 20 % del total de esas dosis serían dirigidas a la población más vulnerable. Para su aplicabilidad, la organización empresarial contaría con la infraestructura de las clínicas privadas y alcanzaría sus metas en cuatro meses y medio. La pérdida de tiempo por parte del gobierno para la instrumentación del mecanismo COVAX y de la propuesta de vacunación de FEDECAMARAS, reitera su arbitrariedad e indolencia ante la necesidad de protección del derecho a la vida y la salud de los trabajadores. Este comportamiento, dado el ritmo de los contagios en el país, favorece la pérdida de gran cantidad de vidas que se podrían salvar, por lo que puede calificarse de criminal. Ante la creciente y sostenida pérdida del valor del trabajo en Venezuela, motivado a que los salarios no generan bienestar ni garantías para el futuro y frente a la violación sistemática del derecho a la vida por parte del Estado venezolano, provocada por su negativa de impulsar urgentemente un plan de vacunación inmediato y masivo, de conocimiento público y auditable: ¿qué hacer? ¿Cuál es la tarea principal de los trabajadores con sus organizaciones sindicales al frente? La respuesta es: Unir a los trabajadores en torno a una agenda autónoma, con objetivos factibles y disposición a luchar que reclame salarios dignos y vacunas para todos. Salarios dignos y vacunación masiva Unir a los trabajadores en torno a una agenda autónoma La emergencia humanitaria compleja que viven los venezolanos no distingue parcialidades políticas entre los asalariados. La pobreza alcanza tanto a los que apoyan al gobierno de facto como a los que no. De ahí la necesidad imperiosa de impulsar un movimiento nacional de los trabajadores por el valor del trabajo cuya orientación inmediata es que ninguna remuneración debe estar por debajo del ingreso mínimo vital en Venezuela ni debe ser fijada unilateralmente, sino que debe derivar de la negociación colectiva de condiciones de trabajo. La otra gran tarea de los trabajadores en esta etapa, que al igual, a la señalada con el salario, une a los trabajadores y a la sociedad toda, porque la COVID-19 no discrimina, es contribuir a construir una referencia unitaria en defensa del derecho a la vida, específicamente, a través de la exigencia inmediata de un plan nacional de vacunación concertado, público y auditable. 04 Esta referencia no es exclusiva de los trabajadores, se trata de un movimiento nacional que incorpore a todos los sectores del país: empresarios, iglesias, organizaciones no gubernamentales, organizaciones comunitarias, académicos, jóvenes y campesinos entre otros. Su orientación es precisa: Exigir al Estado acelerar la llegada de las vacunas al país, permitir que se instrumente el plan presentado por FEDECAMARAS y que la aplicación de la vacunación en el país ocurra según lo indican los estándares internacionales. Importantes factores permiten hoy presionar el encuentro tripartito por la dignificación del salario y vacunas para todos. Entre ellos destacan: las demandas de diálogo social para el establecimiento de las condiciones de trabajo, expresadas por la OIT en el Informe de la Comisión de Encuesta de 2019; las disposiciones constitucionales en materia de protección del salario; la dolarización de facto Objetivos factibles de los precios de bienes y servicios; la impostergable necesidad de recuperar el salario, no solo por razones humanitarias, sino también para elevar la demanda real y dinamizar la economía; el plan de vacunación propuesto por FEDECAMARAS y las dosis que podrían conseguir en forma expedita vía COVAX. Nadie se llama a engaño sobre la naturaleza del gobierno de facto, sin embargo, la factibilidad de un plan de lucha por salarios dignos y vacunación masiva no descansa exclusivamente en elementos jurídicos y formales o aspiraciones cuya realización no depende de la fuerza de los trabajadores y diversos sectores sociales; lógicamente, como toda lucha, dependerá de las fuerzas que se logren acumular y su desarrollo concreto. La lucha por salarios dignos y vacunas para todos se fundamenta en las condiciones objetivas en las cuales transcurre la vida del trabajador y la población en general, considera a sus aliados y a los instrumentos que le son favorables. Es una propuesta incluyente, que puede darle centralidad a las necesidades y los anhelos de los trabajadores en la agenda pública nacional. Los propósitos para convertirse en factibles, deben estar dotados de metas de corto y mediano plazo. Una de esas metas es el establecimiento concertado de mecanismos de indexación que detengan el rezago de los salarios respecto de la inflación y un plan que oriente la superación de la hiperinflación. La otra, es la presentación de un plan nacional de vacunas concertado, público y auditable y la instrumentación del plan presentado por FEDECAMARAS, del cual los trabajadores del sector privado son beneficiarios directos. Si algo ha caracterizado al movimiento de trabajadores venezolanos es que, pese a casi dos décadas de criminalización de la protesta y la labor sindical, no han sido doblegados. Sus dirigentes pueden hacer asambleas con sus trabajadores y organizar movilizaciones mientras que el sindicalismo patronal sólo puede reunirse y fotografiarse con ministros. Es necesaria una agenda por sector y una intersectorial. Se trata de un plan con un inventario objetivo de las fuerzas de los trabajadores, con objetivos e iniciativas concretas, un plan que entusiasme y movilice a las bases. Un plan centrado en la denuncia y la acción por salarios dignos y vacunación para todos, con tanta pugnacidad como sea necesaria y tanta negociación como sea posible. A esa agenda de lucha sectorial e intersectorial por salarios dignos y vacunación masiva, dada la naturaleza autoritaria del gobierno de Maduro y su permanente criminalización de la acción sindical, es pertinente impulsar un plan específico que, además de sostener las denuncias sobre violaciones a la libertad sindical que han logrado que el caso venezolano ocupe un papel relevante en la OIT, tenga como propósito el cese de la represión contra los trabajadores; lograr la libertad plena de los detenidos y de quienes están libres pero sometidos a procesos judiciales que les imponen restricciones a sus derechos. Según un trabajo especial presentado por PROVEA en los primeros ocho meses de pandemia, la represión contra los trabajadores no se ha detenido. En ese período de tiempo, se habrían concretado 66 detenciones arbitrarias contra periodistas, 29 trabajadores sanitarios y 24 dirigentes sindicales y trabajadores. La casi totalidad de los trabajadores detenidos obtuvieron su libertad con medidas judiciales que limitan sus derechos. Disposición a luchar Estos trabajadores víctimas de la violencia del Estado, se suman a los casi 100 dirigentes sindicales que en los últimos 10 años son sometidos a procesos judiciales, según lo indicó el Observatorio Venezolano de Libertad Sindical (Ovlis). Es necesario continuar con las denuncias de las detenciones arbitrarias, el acompañamiento jurídico a los detenidos, la solidaridad con sus familias y además, incorporar la consigna “Libertad Plena” para todos los trabajadores detenidos arbitrariamente. Por último, es necesario que la defensa de los derechos de los trabajadores dirija sus miradas también hacia las formas de trabajo que han crecido con la “nueva normalidad laboral” impuesta por la pandemia, así como, hacia quienes ocupados en modalidades tradicionales sufren la disminución de los ingresos, motivado a la desocupación permanente o temporal derivada de las medidas de confinamiento. Entre esas formas de trabajo que han crecido con la “nueva normalidad laboral”, destacan el teletrabajo y el trabajo de entregas a domicilios denominado popularmente como delivery . Se trata de ocupaciones promovidas principalmente por el sector privado que, dado que se cancelan con base en divisas, elevan la demanda quienes aspiran a ser empleados en ellas y se tienden a asociarse al trabajo desregulado y flexible. Es una tarea promover la organización entre esos trabajadores y salvaguardar sus derechos laborales y ciudadanos, motivado a que ocurren en un contexto muy hostil en el que, por ejemplo, para los que se movilizan por las ciudades, no tienen garantizado ni siquiera combustible para poder laborar. En cuanto a quienes han sufrido la disminución de sus ingresos por la desocupación permanente o temporal, derivada del cierre de empresas impuesto por el confinamiento. Es necesario construir una agenda de reclamo de una política de transferencias directas al trabajador que efectivamente protejan a él y su familia. Se trata, como ocurre en otros países, de incorporar el concepto de Ingreso mínimo vital a las políticas de subsidios directos a los trabajadores que resultan desocupados en medio de la pandemia. La política de este tipo que impulsa el Estado venezolano a través del Sistema Patria y llamado Carnet de la Patria es absolutamente insuficiente. Los montos no superan los USD 6. En definitiva, la agenda de los trabajadores este primero de mayo reitera las demandas de trabajo de calidad que han estado presente en Venezuela en los últimos años previo a la pandemia e incorpora, motivado a ella otras demandas que derivan en nuevas luchas, entre ellas la exigencia de vacunación masiva y protección de las formas de trabajo que durante ellas han crecido en forma importante.
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LOS TRABAJADORESEXIGIMOS SALARIOSDIGNOSY VACUNACIÓNMASIVA
En este primero de mayo,
Gregorio AfonsoProfesor Agregado de la Escuela de Trabajo Social de la
Universidad Central de Venezuela y Secretario de Asuntos
Académicos de la Asociación de Profesores de la UCV
El trabajo es palanca del desarrollo deproyectos personales, familiares y socialesy puerta de acceso a otros derechos
Este 1º de mayo 2021, los trabajadores venezolanos, además de recordar la gestade los héroes de Chicago de hace 135 años y reivindicar su lucha en favor deregular el tiempo máximo para la jornada diaria expresada en su lema: “ochohoras de trabajo, ocho horas para vivir, ocho horas de descanso”, tenemos un retoenorme: salvar el trabajo en un país en el cual, de forma sostenida, antes ydurante la pandemia, las políticas públicas estimulan que pierda valor.El trabajo pierde valor cuando deja de cumplir su papel de palanca para eldesarrollo de proyectos personales, familiares y sociales; cuando deja de ser unapuerta que permita el acceso a otros derechos y a una vida digna; cuando noocupa un papel central en las políticas de desarrollo y bienestar social y cuando,como ha ocurrido recientemente durante la pandemia, se convierte en unaactividad en la cual el derecho a la vida no está garantizado
Una de las aspiraciones más universales de losseres humanos es lograr un buen trabajo, queconceda estabilidad, libertad para sindical,acceso a seguridad social y derechos sociales yprincipalmente salario suficiente para vivir condignidad.Para conseguir o conservar un buen trabajo lagente se forma y capacita, migra, si es necesarioy estructura su vida para cumplir con el trabajo.Un aspecto central, no exclusivo, de un buentrabajo, denominado técnicamente por la OITcomo Trabajo Decente, son los buenos salarios.Es central, además en todo el sistema deseguridad social, dado que se basa en losaportes salariales: es su base de cálculo.
Lamentablemente en Venezuela los salarios noson buenos. Pese a que en los últimos ochoaños, el ejecutivo nacional ha “aumentado” elsalario mínimo nacional en 32 oportunidades, larealidad es que los salarios solo crecennominalmente pues en términos reales, comoproducto de la hiperinflación y la devaluaciónsostenida de la moneda nacional, tienden acero. En mayo de 2013, la remuneraciónmínima era Bs. 2.457 y el promedio del tipo decambio paralelo era de 27,26, por lo que elsalario real equivalía a USD 90,13. En marzo de2021, el gobierno fijó una vez másunilateralmente, y como lo hace en formarecurrente desde abril del 2020 sin publicar enGaceta Oficial, el salario mínimo nacional enBsS. 1.800.000 con un promedio del tipo decambio de Bs. 1.975.045.96, ubicando, enconsecuencia, el ingreso real en USD 0,91centavos.
Esta precariedad actual de los salarios,expresada en el monto del salario mínimonacional y de las pensiones que otorga elEstado, se extiende al resto del ingreso de lostrabajadores, que compuesto principalmentepor bonos sin efectos salariales, promediamensualmente los USD 50 para el sectorprivado formal y USD 4,7 para el sector público.De este modo, los asalariados y sus familias enVenezuela, según los índices del Banco Mundialy el método de medición de la pobreza poringresos, están condenados a la pobrezaextrema, son una población de elevadavulnerabilidad, dado que deben vivir coningresos diarios menores a USD 1,9 y sussalarios no les permiten cubrir el costo de lacanasta alimentaria, situado para el mes defebrero del año 2021 en USD 281, 97.La responsabilidad de la precariedad de lasremuneraciones de los trabajadores es delEstado venezolano, que a través de su políticaeconómica y laboral, irresponsable ycriminalmente ha provocado, sin enmiendaalguna, casi cuatro años de hiperinflación y dosdécadas de destrucción sostenida y crecientede derechos laborales. No son las “sanciones”las que han pulverizado el salario. Hay nacionescon sanciones comerciales severas, cuyossalarios mínimos en julio del 2020, expresadosen USD, son muy superiores al casovenezolano: China USD 360, Rusia USD 189,Irán USD 260, Siria USD 77 y Cuba USD 42,mientras en Venezuela para la fecha era USD1,49.En un contexto en el cual las remuneracionesno alcanzan ni para alimentarse en formamínima, es imposible pensar que se puedanimpulsar proyectos personales y familiares,generar bienestar social y valor a través delcrecimiento de la productividad. De la calidaddel trabajo dependen la justicia social y elprogreso; cuando éste es precario -y en el casovenezolano, en la administración públicaprácticamente ni siquiera es remunerado- laconsecuencia es una población empobrecida yun país en ruinas.
El resultado de esta situación es lo que haocurrido y no para de suceder en Venezuela:Una migración forzosa de millones de personasen búsqueda de un mejor presente y laconstrucción de un futuro con dignidad. Laprecarización del trabajo y su expresión demayor impacto, el deterioro de los salarios, noes la única pero sí la principal razón por la cuallos venezolanos abandonan su país, en muchasocasiones en medio de la desesperación, sinningún plan de reubicación que los acompañe yen el caso de muchos jóvenes abandonando susestudios.
Garantía para el derecho a la vida de lostrabajadores: Urge un plan nacional devacunación
El incumplimiento del Estado venezolano de suobligación de garantizar el derecho a la vida y laprotección a la integridad de los trabajadores,es un problema en Venezuela que existe previoa la pandemia. Con ella, dadas las demandasque esta genera sobre el sistema de saludpública, su impacto negativo es más notorio yletal.En las dos últimas décadas, trabajar y defenderlos derechos de los trabajadores en Venezuelaha sido y es riesgoso: las agresiones aperiodistas, la vandalización contra los centroseducativos, la inseguridad en los hospitales, elsicariato contra dirigentes sindicales, losaccidentes laborales en industriasemblemáticas por ausencia de mantenimiento,entre otros ejemplos, son testimonios delpeligro al que son sometidos los trabajadores yse suman al acoso laboral y la intimidación delos supervisores contra quienes no logranasistir a sus centros de trabajo o denuncianatropellos. Se trata de un largo expediente deprecarización de sus condiciones laborales.Con el vertiginoso crecimiento y la expansión aescala mundial de los casos de COVID-19, losEstados que, como el venezolano, reconocieronla declaratoria de pandemia de la OrganizaciónMundial de la Salud (OMS), debían asumir susrecomendaciones, en especial las relativas a: 1) Ralentizar los contagios y evitar el colapso delos sistemas sanitarios y 2) garantizar laprotección de la salud y la vida de lostrabajadores, con especial énfasis la de quieneslaboran en el sector salud, dado que su trabajolos expone permanentemente a situaciones enlas que es elevada la probabilidad de contagio.
De ambas recomendaciones, el Estadovenezolano sólo ha cumplido,desordenadamente y desatendiendo vocesespecializadas, con el confinamiento de lapoblación para ralentizar los contagios y evitarel colapso de los sistemas sanitarios.Para garantizar el confinamiento, el gobiernode Maduro le ha impuesto a la sociedad eltristemente célebre “método 7+7”, que consisteen siete días exclusivos para las actividadesesenciales y con movilidad restringida, seguidosde siete días en los que se permiten otrasactividades y se flexibiliza el tránsito.
El impacto del confinamiento en Venezuela esimposible de medir objetivamente, dado eldéficit de pruebas diagnósticas que se realizanen el país, lo que genera un subregistro de loscontagios y porque, previo a la pandemia y conella aún más, no hay publicación oficial quearroje información epidemiológica confiable. Loque sí es público y notorio, es el colapso de loshospitales públicos ante el crecimiento de loscontagios.En relación con las recomendacionesorientadas a garantizar la protección a lavida,con especial énfasis a los que laboran en elsector salud, la acción del Estado venezolano esirresponsable y por sus consecuencias, entérminos de la pérdida de vidas de lostrabajadores, es criminal, especialmente en elsector salud, en el cual, como lo ha denunciadola organización no gubernamental MédicosUnidos Venezuela han fallecido 513trabajadores desde junio del 2020 al 25 de abrildel 2021, lo que representa un 25,06% del totalde personas que han perdido la vida comoconsecuencia de la Covid-19.Antes de la pandemia, el gobierno de factoMaduro había demostrado que la salud de lapoblación y dentro de ella, la de lostrabajadores le importa poco y nada, porque:
Sus políticas han provocado el colapso delsistema público de salud antes de lapandemia. Múltiples informesindependientes muestran una crisishospitalaria sistémica caracterizada porhospitales sin insumos, con suinfraestructura deteriorada, con servicioscerrados y con carencia de personalespecializado, este último obligado a migrara otras naciones u otros oficios en formaforzada, dadas sus precarias condicioneslaborales. Los trabajadores venezolanos de todos lossectores, pero especialmente los de laadministración pública, no cuentan concoberturas para la atención médica primariao por hospitalización, cirugía y maternidad. La protección que alguna vez garantizó suscontratos colectivos, desde 2013 se hareducido sostenidamente y con motivo de lareconversión monetaria de 2018desapareció. Un ejemplo de la perdida deese derecho, extensivo a otros sectores, es elcaso los trabajadores del Ministerio deEducación, cuya cobertura de HCM es Bs.S200, es decir, 10 centavos de dólar.
De este modo, el incumplimiento de losacuerdos alcanzados con la negociacióncolectiva, se cuenta como violaciones alderecho a la salud y la vida.
Con la pandemia, obviamente los problemas delsistema público de salud se multiplican: crece lademanda de atención en los hospitales y seincrementan vertiginosamente los costos de laatención en los centros de salud de gestiónprivada. Esto explica la gran cantidad decampañas de recaudación de fondosimpulsadas por quienes frente a unacontingencia de salud solo cuentan con lasolidaridad.La crisis sanitaria y la vulnerabilidad delderecho a la salud y la vida se agravaron, sinembargo el gobierno de facto, en vez deenmendar sus políticas y convocar a lostrabajadores y especialistas para instrumentarplanes de emergencias ante la pandemia,reitera su arbitrariedad y desprecio por eldiálogo social.Contrariamente a lo que es frecuente en elmundo, en Venezuela, el gobierno de facto, envez de reconocer la labor de los trabajadores desalud en un contexto de elevada exposición asituaciones en las cuales el riesgo de contagioes muy alto, y brindarles un tratamientoespecial a la protección de su salud y su vida, lesha impuesto condiciones de trabajo en lascuales su vida y la de sus familias está enpermanente peligro.
Reportes independientes, dados por@MonitorSaludVE durante la pandemia yprevios a la aparición de las vacunas contra laCOVID-19 muestran la gravedad de la situacióne insumos de los hospitales: déficits en losservicios básicos y los materiales requeridospara garantizar la bioseguridad del personal ylos pacientes, centros de salud sin agua,trabajadores sin guantes ni tapabocassuficientes, servicios cerrados, en fin un colapsocuyo responsable es el gobierno de Maduro.Entre esos reportes que permiten monitorearlas deficiencias de servicios básicos en loshospitales y la insuficiente dotación quegaranticen la protección de sus trabajadores,están los dados por @MonitorSaludVE. Porejemplo, el 24 de octubre presentaron undiagnóstico del examen realizado a 68 centrosde salud ubicados en el centro, occidente yoriente del país, en cual, entre otros asuntos,señalan que 59 de los 68 centro de saludvisitados el personal debe reutilizar tapabocas,22 hospitales no tienen tapabocas; en 25hospitales no hay guantes, en 32 de 68hospitales visitados no tienen jabón paralavarse las manos, es decir, sus trabajadoresestán expuestos a niveles muy altos de riesgopara su salud y su vida.Estas precarias condiciones en las cuales laborael personal sanitario en Venezuela, contribuyena explicar por qué, según advierte@MonitorSaludVE, con base en cifras de laOPS, la letalidad de esta población sería de7,21%, frente al 0,10% de Brasil y Ecuador1,03%, dos de los países con más casos decovid-19 en Suramérica en el primer año depandemia.
Con la aparición en el mundo de las vacunasanticovid-19, nuevamente el gobierno de factodesprecia el diálogo social, reiterando suhabitual arrogancia y opacidad en la gestión delos asuntos de interés público, en este caso conla entrada de las vacunas al país y su posterioraplicación. Por esa razón no existe un plannacional de vacunación que, cumpliendo losestándares internacionales, sea público,auditable y jerarquice a la población másvulnerable.Finalizando el año 2020, el gobierno de factoseñaló que llegarían al país en el primersemestre del 2021,10.000.000 de vacunasanticovid-19 y que, además, Venezuelafabricaría en junio la vacuna Sputnik V enlaboratorios venezolanos. Nada de eso se hacumplido, a la fecha la cantidad que ha llegado,según sus anuncios, no superaría las 700.000dosis entre las Sinopharm de origen chino y laSputnik V proveniente de Rusia.
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Si bien la cantidad de vacunas que habríanllegado al país es insuficiente para lograr lainmunización de un importante porcentaje de lapoblación, sí alcanza para lograr este propósitoen los trabajadores de la salud, sin embargo,esto no ha sido así. Denuncias permanentes de@MonitoSaludVe y @MédicosUnidos, entreotras organizaciones independientes, adviertensobre las inconstantes, insuficientes eirregulares jornadas de vacunación adelantadaspor el gobierno de Maduro. Por ejemplo, el 10de marzo 2021 @MonitoSaludVe, denunció queen tan sólo 26 de los 65 centros de salud a loscuales realiza monitoreo diario se impartieronlos protocolos necesarios para la aplicación dela vacuna.
Diariamente crecen las cifras de trabajadoresde la salud que desde el inicio de la pandemiahan fallecido por no contar con los mediosnecesarios para protegerse de la COVID-19. Setrata, como lo señala Médicos UnidosVenezuela el 26 de abril del 2021, de 513compañeros del sector sanitario.Luego de mes y medio de que el presidente delgobierno de facto junto a su familia se vacunó,este 15 de abril fallecieron 18 trabajadores delsector salud. Para estos últimos como para lapoblación general no hubo protección, esta esexclusiva de los poderosos. Dado que ladiscriminación es un factor constante en laspolíticas públicas, el Estado venezolano incurreen graves violaciones de derechos humanos, eneste caso el fundamental: El derecho a la vida.El gobierno de facto, a la par de expropiar lasescasas vacunas que han arribado al país, sinimportarle la vida de los venezolanos,despreció las vacunas AstraZeneca que por lavía de Organización Panamericana de la Salud yel mecanismo de la COVAX, servirían parainmunizar al 20% de la población, esgrimiendocríticas fundadas en criterios más políticos queclínicos.Sin embargo, ante el rechazo que provocó estadecisión del gobierno de facto en la opiniónpública nacional, días después tratando dehacer control de daños, anunció que habríacancelado del 50 % del costo total de lasvacunas y que podrían llegar a Venezuelavacunas mediante el COVAX. En estaoportunidad, indicó que no serían las deAstraZeneca y su gestión se hizounilateralmente, sin la participación de ladenominada “mesa técnica”, conformada por elgobierno, la oposición y representantes de laOPS. Este anunció no fue acompañado de uncronograma de llegada de las dosis al país y desu aplicabilidad.
La inexistencia de un Plan Nacional deVacunación abierto a la sociedad y susceptiblede ser auditado, pese a que prestigiosasinstituciones como la Academia Nacional deMedicina han presentado los criterios para suformulación y manifestado su disposición aparticipar en él, es lo que genera que lainmunización sea caótica y desigual.A la fecha, mientras el personal de salud no hasido inmunizado en su totalidad, los burócratasdel Estado del más alto nivel, olvidando sucondición de servidores públicos, hicieron usodoloso de su posición de poder parainmunizarse antes de quienes, por su condiciónde salud o exposición al riesgo, deben serprioridad.
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El gobierno de Maduro a través de susrepresentantes vacunados, tampoco ha dadorespuesta al plan de vacunación presentado porFEDECAMARAS, el cual traería al país seismillones de dosis que protegerían a tresmillones de personas. Con ellas, se inmunizaríaa los trabajadores del sector privado. El 20 %del total de esas dosis serían dirigidas a lapoblación más vulnerable. Para su aplicabilidad,la organización empresarial contaría con lainfraestructura de las clínicas privadas yalcanzaría sus metas en cuatro meses y medio.La pérdida de tiempo por parte del gobiernopara la instrumentación del mecanismo COVAXy de la propuesta de vacunación deFEDECAMARAS, reitera su arbitrariedad eindolencia ante la necesidad de protección delderecho a la vida y la salud de los trabajadores.Este comportamiento, dado el ritmo de loscontagios en el país, favorece la pérdida de grancantidad de vidas que se podrían salvar, por loque puede calificarse de criminal.
Ante la creciente y sostenida pérdida del valordel trabajo en Venezuela, motivado a que lossalarios no generan bienestar ni garantías parael futuro y frente a la violación sistemática delderecho a la vida por parte del Estadovenezolano, provocada por su negativa deimpulsar urgentemente un plan de vacunacióninmediato y masivo, de conocimiento público yauditable: ¿qué hacer? ¿Cuál es la tareaprincipal de los trabajadores con susorganizaciones sindicales al frente? Larespuesta es: Unir a los trabajadores en torno auna agenda autónoma, con objetivos factibles ydisposición a luchar que reclame salariosdignos y vacunas para todos.
Salarios dignos y vacunación masiva
Unir a los trabajadores en torno auna agenda autónoma
La emergencia humanitaria compleja que vivenlos venezolanos no distingue parcialidadespolíticas entre los asalariados. La pobrezaalcanza tanto a los que apoyan al gobierno defacto como a los que no. De ahí la necesidadimperiosa de impulsar un movimiento nacionalde los trabajadores por el valor del trabajo cuyaorientación inmediata es que ningunaremuneración debe estar por debajo delingreso mínimo vital en Venezuela ni debe serfijada unilateralmente, sino que debe derivar dela negociación colectiva de condiciones detrabajo.La otra gran tarea de los trabajadores en estaetapa, que al igual, a la señalada con el salario,une a los trabajadores y a la sociedad toda,porque la COVID-19 no discrimina, escontribuir a construir una referencia unitariaen defensa del derecho a la vida,específicamente, a través de la exigenciainmediata de un plan nacional de vacunaciónconcertado, público y auditable.
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Esta referencia no es exclusiva de lostrabajadores, se trata de un movimientonacional que incorpore a todos los sectores delpaís: empresarios, iglesias, organizaciones nogubernamentales, organizacionescomunitarias, académicos, jóvenes ycampesinos entre otros. Su orientación esprecisa: Exigir al Estado acelerar la llegada delas vacunas al país, permitir que se instrumenteel plan presentado por FEDECAMARAS y quela aplicación de la vacunación en el país ocurrasegún lo indican los estándares internacionales.
Importantes factores permiten hoy presionar elencuentro tripartito por la dignificación delsalario y vacunas para todos. Entre ellosdestacan: las demandas de diálogo social parael establecimiento de las condiciones detrabajo, expresadas por la OIT en el Informe dela Comisión de Encuesta de 2019; lasdisposiciones constitucionales en materia deprotección del salario; la dolarización de facto
Objetivos factibles
de los precios de bienes y servicios; la impostergable necesidad de recuperar el salario, no solo por razoneshumanitarias, sino también para elevar la demanda real y dinamizar la economía; el plan de vacunaciónpropuesto por FEDECAMARAS y las dosis que podrían conseguir en forma expedita vía COVAX.Nadie se llama a engaño sobre la naturaleza del gobierno de facto, sin embargo, la factibilidad de un plan delucha por salarios dignos y vacunación masiva no descansa exclusivamente en elementos jurídicos yformales o aspiraciones cuya realización no depende de la fuerza de los trabajadores y diversos sectoressociales; lógicamente, como toda lucha, dependerá de las fuerzas que se logren acumular y su desarrolloconcreto.La lucha por salarios dignos y vacunas para todos se fundamenta en las condiciones objetivas en las cualestranscurre la vida del trabajador y la población en general, considera a sus aliados y a los instrumentos quele son favorables. Es una propuesta incluyente, que puede darle centralidad a las necesidades y los anhelosde los trabajadores en la agenda pública nacional. Los propósitos para convertirse en factibles, deben estardotados de metas de corto y mediano plazo.Una de esas metas es el establecimiento concertado de mecanismos de indexación que detengan el rezagode los salarios respecto de la inflación y un plan que oriente la superación de la hiperinflación.La otra, es la presentación de un plan nacional de vacunas concertado, público y auditable y lainstrumentación del plan presentado por FEDECAMARAS, del cual los trabajadores del sector privado sonbeneficiarios directos.
Si algo ha caracterizado al movimiento de trabajadores venezolanos es que, pese a casi dos décadas decriminalización de la protesta y la labor sindical, no han sido doblegados. Sus dirigentes pueden hacerasambleas con sus trabajadores y organizar movilizaciones mientras que el sindicalismo patronal sólopuede reunirse y fotografiarse con ministros.Es necesaria una agenda por sector y una intersectorial. Se trata de un plan con un inventario objetivo delas fuerzas de los trabajadores, con objetivos e iniciativas concretas, un plan que entusiasme y movilice alas bases. Un plan centrado en la denuncia y la acción por salarios dignos y vacunación para todos, contanta pugnacidad como sea necesaria y tanta negociación como sea posible.A esa agenda de lucha sectorial e intersectorial por salarios dignos y vacunación masiva, dada lanaturaleza autoritaria del gobierno de Maduro y su permanente criminalización de la acción sindical, espertinente impulsar un plan específico que, además de sostener las denuncias sobre violaciones a lalibertad sindical que han logrado que el caso venezolano ocupe un papel relevante en la OIT, tenga comopropósito el cese de la represión contra los trabajadores; lograr la libertad plena de los detenidos y dequienes están libres pero sometidos a procesos judiciales que les imponen restricciones a sus derechos.Según un trabajo especial presentado por PROVEA en los primeros ocho meses de pandemia, la represióncontra los trabajadores no se ha detenido. En ese período de tiempo, se habrían concretado 66detenciones arbitrarias contra periodistas, 29 trabajadores sanitarios y 24 dirigentes sindicales ytrabajadores. La casi totalidad de los trabajadores detenidos obtuvieron su libertad con medidasjudiciales que limitan sus derechos.
Disposición a luchar
Estos trabajadores víctimas de la violencia delEstado, se suman a los casi 100 dirigentessindicales que en los últimos 10 años sonsometidos a procesos judiciales, según loindicó el Observatorio Venezolano deLibertad Sindical (Ovlis). Es necesariocontinuar con las denuncias de lasdetenciones arbitrarias, el acompañamientojurídico a los detenidos, la solidaridad con susfamilias y además, incorporar la consigna“Libertad Plena” para todos los trabajadoresdetenidos arbitrariamente.Por último, es necesario que la defensa de losderechos de los trabajadores dirija susmiradas también hacia las formas de trabajoque han crecido con la “nueva normalidadlaboral” impuesta por la pandemia, así como,hacia quienes ocupados en modalidadestradicionales sufren la disminución de losingresos, motivado a la desocupaciónpermanente o temporal derivada de lasmedidas de confinamiento.
Entre esas formas de trabajo que han crecido con la “nueva normalidad laboral”, destacan el teletrabajo yel trabajo de entregas a domicilios denominado popularmente como delivery . Se trata de ocupacionespromovidas principalmente por el sector privado que, dado que se cancelan con base en divisas, elevan lademanda quienes aspiran a ser empleados en ellas y se tienden a asociarse al trabajo desregulado yflexible. Es una tarea promover la organización entre esos trabajadores y salvaguardar sus derechoslaborales y ciudadanos, motivado a que ocurren en un contexto muy hostil en el que, por ejemplo, para losque se movilizan por las ciudades, no tienen garantizado ni siquiera combustible para poder laborar.
En cuanto a quienes han sufrido la disminución de sus ingresos por la desocupación permanente otemporal, derivada del cierre de empresas impuesto por el confinamiento. Es necesario construir unaagenda de reclamo de una política de transferencias directas al trabajador que efectivamente protejan aél y su familia. Se trata, como ocurre en otros países, de incorporar el concepto de Ingreso mínimo vital alas políticas de subsidios directos a los trabajadores que resultan desocupados en medio de la pandemia.La política de este tipo que impulsa el Estado venezolano a través del Sistema Patria y llamado Carnet dela Patria es absolutamente insuficiente. Los montos no superan los USD 6.En definitiva, la agenda de los trabajadores este primero de mayo reitera las demandas de trabajo decalidad que han estado presente en Venezuela en los últimos años previo a la pandemia e incorpora,motivado a ella otras demandas que derivan en nuevas luchas, entre ellas la exigencia de vacunaciónmasiva y protección de las formas de trabajo que durante ellas han crecido en forma importante.
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