OCPR Noticias de Febrero de 2015
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Inspeccionarán si Aerostar ha cumplido con el aeropuerto
Publicado : 2 de febrero de 2015
La Oficina del Contralor inspeccionará entre finales de este mes y marzo las instalaciones del
Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (AILMM), en Carolina, para examinar si la privatizadora
Aerostar Airport Holdings ha cumplido o no con el contrato que firmó hace dos años con la
Autoridad de los Puertos (AP). Así lo reveló este lunes la contralora Yesmín Valdivieso durante
una vista pública en la Cámara de Representantes en la que discutió las situaciones y hallazgos
que más se repiten en las auditorías que realizan periódicamente en agencias y corporaciones
públicas.
“Queríamos hacer una evaluación, por lo menos, visual de lo que estaba ocurriendo en el
aeropuerto porque ese contrato requiere anualmente ciertas cosas, y lo que queremos es
asegurarnos de que se ha dado lo que se tiene que dar”, comentó Valdivieso en un aparte con este
medio al concluir la vista pública de la Comisión Conjunta sobre Informes Especiales del Contralor.
“Esa es nuestra APP (Alianza Público-Privada) más grande, y en este momento se está analizando
el contrato para ver qué es lo que se supone que se haya hecho hasta ahora, y lo que me van a
presentar”, añadió la funcionaria.
Entre otras cosas, la Oficina del Contralor evaluará que se haya cumplido con los desembolsos
correspondientes a la transacción, que se hayan encaminado las mejoras y obras de
infraestructura, y examinarán la manera en que Aerostar ha documentado toda su gestión al frente
del principal aeropuerto de la Isla. Esta no es la primera APP que analiza esta oficina, pues ya
comenzó un estudio sobre el proyecto de Escuelas del Siglo XXI, impulsado por la administración
de Luis Fortuño para desarrollar obras de infraestructura en un centenar de planteles alrededor del
país.
Julio Dávila, director de la División de Auditorías de Corporaciones Públicas, indicó que
actualmente realizan auditorías sobre la selección de las compañías contratadas para las obras, y
posteriormente se encargarían de evaluar los trabajos de construcción. Durante la audiencia
pública, copresidida por el representante Nelson Torres Yordán y el senador Cirilo Tirado, la
contralora precisó que, entre los años fiscales 2013 y 2014, la oficina que dirige publicó 40 informes
de auditorías a corporaciones públicas, y solo dos de ellos no tuvieron ningún tipo de hallazgo.
De los 38 restantes, el principal problema detectado se relacionaba con los controles
administrativos e internos en las corporaciones públicas (44%) y con los ingresos y cuentas por
cobrar (12%), pero también se identificaron anomalías relacionadas con privatizaciones (4%), en
específico sobre “deficiencias relacionadas con la contratación de un operador privado”.
Valdivieso reconoció que la fiscalización de servicios o instalaciones privatizadas tiene sus
particularidades. “Tenemos que ver hasta qué punto podemos entrar y cuánto de privatización”,
manifestó en referencia al alcance de la jurisdicción.
Sobre las auditorías que han realizado a departamentos y agencias, la contralora dijo que la oficina
publicó 100 informes entre los años fiscales 2013 y 2014, y solo en 12 no hubo hallazgos. En los
otros 88, las situaciones principales se relacionaban con fallas en los controles administrativos e
internos (30%), asuntos relacionados con la propiedad de las agencias (18%) y sobre compras,
cuentas por pagar y desembolsos (16%).
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Por Antonio R. Gómez 02/02/2015 |08:45 p.m.
A echarle el ojo a Aerostar
Contralora verificará si la empresa administradora del aeropuerto cumple con el contrato.
La Oficina del Contralor inspeccionará entre finales de este mes y marzo las instalaciones del
Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (AILMM), en Carolina, para examinar si la
privatizadora Aerostar Airport Holdings ha cumplido o no con el contrato que firmó hace dos
años con la Autoridad de los Puertos (AP).
Así lo reveló este lunes la contralora Yesmín Valdivieso durante una vista pública en la Cámara
de Representantes en la que discutió las situaciones y hallazgos que más se repiten en las
auditorías que realizan periódicamente en agencias y corporaciones públicas.
“Queríamos hacer una evaluación, por lo menos, visual de lo que estaba ocurriendo en el
aeropuerto porque ese contrato requiere anualmente ciertas cosas, y lo que queremos es
asegurarnos de que se ha dado lo que se tiene que dar”, comentó Valdivieso en un aparte con este
medio al concluir la vista pública de la Comisión Conjunta sobre Informes Especiales del
Contralor.
“Esa es nuestra APP (Alianza Público-Privada) más grande, y en este momento se está
analizando el contrato para ver qué es lo que se supone que se haya hecho hasta ahora, y lo que
me van a presentar”, añadió la funcionaria.
Entre otras cosas, la Oficina del Contralor evaluará que se haya cumplido con los desembolsos
correspondientes a la transacción, que se hayan encaminado las mejoras y obras de
infraestructura, y examinarán la manera en que Aerostar ha documentado toda su gestión al
frente del principal aeropuerto de la Isla.
Esta no es la primera APP que analiza esta oficina, pues ya comenzó un estudio sobre el proyecto
de Escuelas del Siglo XXI, impulsado por la administración de Luis Fortuño para desarrollar
obras de infraestructura en un centenar de planteles alrededor del País.
Julio Dávila, director de la División de Auditorías de Corporaciones Públicas, indicó que
actualmente realizan auditorías sobre la selección de las compañías contratadas para las obras, y
posteriormente se encargarían de evaluar los trabajos de construcción.
Durante la audiencia pública, copresidida por el representante Nelson Torres Yordán y el senador
Cirilo Tirado, la contralora precisó que, entre los años fiscales 2013 y 2014, la oficina que dirige
publicó 40 informes de auditorías a corporaciones públicas, y solo dos de ellos no tuvieron
ningún tipo de hallazgo.
De los 38 restantes, el principal problema detectado se relacionaba con los controles
administrativos e internos en las corporaciones públicas (44%) y con los ingresos y cuentas por
cobrar (12%), pero también se identificaron anomalías relacionadas con privatizaciones (4%), en
específico sobre “deficiencias relacionadas con la contratación de un operador privado”.
Valdivieso reconoció que la fiscalización de servicios o instalaciones privatizadas tiene sus
particularidades. “Tenemos que ver hasta qué punto podemos entrar y cuánto de privatización”,
manifestó en referencia al alcance de la jurisdicción.
Tirado cuestionó durante la vista si las auditorías toman en cuenta si la contratación de personal
temporero para sustituir empleados regulares resulta o no efectiva.
Héctor Rivas, director de la División de Auditorías de Departamentos de Agencias, dijo que una
auditoría que realizan en el Hospital Regional de Bayamón reflejó preliminarmente que la
contratación de ese tipo de empleado resulta más onerosa al Departamento de Salud que los
empleados que tenía en su nómina regular.
Sobre las auditorías que han realizado a departamentos y agencias, la contralora dijo que la
oficina publicó 100 informes entre los años fiscales 2013 y 2014, y solo en 12 no hubo hallazgos.
En los otros 88, las situaciones principales se relacionaban con fallas en los controles
administrativos e internos (30%), asuntos relacionados con la propiedad de las agencias (18%) y
sobre compras, cuentas por pagar y desembolsos (16%)
Solicita extender término para auditar dependencias gubernamentales
Publicado : 3 de febrero de 2015
El Vocero / La contralora de Puerto Rico, Yesmín Valdivieso, solicitó ayer, en medio de una
audiencia pública sobre el informe de hallazgos comunes de auditorías realizadas por su oficina a
departamentos, agencias y corporaciones públicas, que debe revaluarse el término en el que se
interviene en ciertas oficinas que no reportan señalamientos de forma consecutiva.
Valdivieso, en compañía de Julio Dávila, director de la División de Auditorías de Corporaciones
Públicas de la Oficina del Contralor, y Héctor Rivas, quien lidera la División de Auditorías de
Departamentos y Agencias, presentó los hallazgos generales, solicitados por la Comisión Conjunta
sobre Informes Especiales del Contralor, que es presidida por el legislador Nelson Torres.
La funcionaria explicó que su oficina realiza auditorías en varias dependencias gubernamentales
anualmente o cada dos años y cuando lo hacen se enfocan en distintos objetivos. Sin embargo,
consideró que no es necesario el uso de recursos para investigar las que han logrado, en repetidas
ocasiones, cumplir con las leyes y reglamentos establecidos.
La División de Auditorías de Departamentos y Agencias publicó 100 informes de auditoría para los
años fiscales 2012-13 y 2013-14, y para determinar las situaciones comunes en los hallazgos se
consideraron 1,016 situaciones de 88 informes, puesto que 12 de estos no se consideraron por no
reflejar hallazgos. En los informes evaluados con hallazgos, se determinaron 8 áreas con
situaciones comunes: Controles Administrativos e Internos; Propiedad; Compras, Cuentas por
Pagar, y Desembolsos; Personal; Contratos de Servicios Profesionales y Consultivos; Efectivo;
Ingresos y Cuentas por Cobrar; y Construcción de Obras y Mejoras Permanentes.
Como ejemplo de las deficiencias de los puntos antes mencionados, se destacó que en varias
agencias y departamentos, que no fueron mencionados, no se realizan inventarios de la propiedad,
uso inadecuado del material y la falta de supervisión de este.
Asimismo, en la audiencia, en las que se presentaron los legisladores Jenniffer González, María
Milagros Charbonier y Cirilo Tirado, se enfatizaron las irregularidades en pagos para los servicios
de transportación escolar, deficiencias en las juntas de subastas y en los procesos de compras, así
como la falta de información en los expedientes.
Sin embargo, Valdivieso destacó las dependencias que lograron cumplir con las leyes aplicables,
entre las que se encuentran la Oficina Estatal de Conservación Histórica, la Oficina de la
Procuradora de la Mujer, el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, el Centro Judicial de Arecibo,
entre otras.
"Durante el proceso de auditoría, nosotros hacemos lo conocemos como cartas a la gerencia,
donde le vamos diciendo qué irregularidades o qué cosas estamos encontrando mal. Muchas
veces, en el camino, mientras estamos haciendo la auditoría, le decimos 'mira, no tienes la
reglamentación sobre x o y cosa', y antes de nosotros irnos ya esa reglamentación está, pues,
¿para qué voy a señalar?", manifestó Valdivieso sobre los informes que no reportan hallazgos, que
en su mayoría son de la Rama Judicial.
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Departamento de la Familia paga miles en exceso a contratistas
Por Brunymarie Velázquez Publicado : 6 de febrero de 2015
Un informe de auditoría del contralor incluye cuatro hallazgos que fueron referidos al
Departamento de Justicia.
La Administración del Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF) adscrita al Departamento
de la Familia (DF), recibió un referido al Departamento de Justicia (DJ) por serios incumplimientos
en la otorgación de contratos por servicios profesionales y de consultoría, según un informe de
auditoría divulgado hoy por la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR).
En el documento, suscrito por la contralora Yesmín Valdivieso, la OCPR reveló que se realizaron
pagos en exceso ascendentes a $198,000 a las entidades responsables de manejar casos de los
participantes del programa de Ayuda Temporera para Familias Necesitadas (TANF).
Por otra parte, el informe incluyó señalamientos sobre una compañía de comunicaciones y
publicidad que recibió un contrato por $1.6 millones para el diseño, desarrollo y la producción de
una campaña educativa de la ADSEF y el Programa de Asistencia Nutricional (PAN), y que facturó
de 18% a 25% de comisión cuando lo estipulado era un 15%. La contralora calculó que en este
caso el pago en exceso ascendió a $50,946.
Asimismo, la entidad otorgó un contrato por $1.3 millones a un centro de llamadas de Familia en
Contacto en el que también se pagaron $59,435 en exceso.
Como último hallazgo, la ADSEF no cumplió con la reglamentación relacionada con la facturación y
procesos de pagos a los contratistas por servicios profesionales. La OCPR examinó cerca de 60
facturas que no cumplieron con las retenciones correspondientes con el Departamento de
Hacienda.
La auditoría estuvo enfocada en evaluar el desempeño financiero de ADSEF entre el 1 de julio del
2008 y el 31 de diciembre del 2013, período en que Idalia Colón Rondón actuó como
administradora de ADSEF bajo la administración de Aníbal Acevedo Vilá, y el cuatrienio de
administración bajo Yanitzia Irizarry. Sin embargo, los señalamientos destacados en esta monitoría
ocurrieron bajo la dirección de Irizarry.
Además del PAN y TANF, la ADSEF se encarga del Programa de Distribución de Alimentos,
Programa de Alimentos para Cuidado de Niños en Hogares y el Programa de Rehabilitación
Económica y Social. La entidad cuenta con un presupuesto de $10.9 millones. )
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Informe de la Contralora revela irregularidades en contratos de ADSEF en el Departamento de la Familia
en Gobierno y política Publicado : 6 de febrero de 2015
SAN JUAN – Una reciente auditoría de la Contralora de Puerto Rico revela que las operaciones
relacionadas con los contratos de servicios profesionales y consultivos de la Administración de
Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF) no se realizaron conforme a la ley y se
recomendó que el Departamento de Justicia evalúe los hallazgos.
En un comunicado de prensa se indicó que el informe señala cinco hallazgos, entre los que
destacan pagos indebidos realizados a las agencias delegadas del manejo del Programa TANF;
pagos indebidos realizados a una agencia de comunicaciones y publicidad; y pagos indebidos
realizados a un contratista que operaba el Centro de Llamadas Familia en Contacto.
Además, se informaron desviaciones de ley y de reglamentación con las facturas y los justificantes
para el pago de los contratos por servicios profesionales y el incumplimiento de una Orden
Ejecutiva para implantar medidas adicionales de control y reducción de gastos en los contratos de
servicio en las agencias de Gobierno.
La auditoría cubre el período del 1 de julio de 2008 al 31 de diciembre de 2013.
El documento suscrito por la contralora Yesmín Valdivieso, le recomienda al Departamento de la
Familia que recobre los pagos indebidos por 198,000 dólares a las seis agencias delegadas;
51,000 dólares a la agencia de publicidad; $60,000 al centro de contacto y telemercadeo; $60,000 a
una sociedad de contadores públicos autorizados; y 122,000 dólares a una corporación de
asistencia técnica y gerencia de proyectos.
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Contralora señala pagos a agencias de publicidad y mercadeo en ADSEF
Por NotiCel y CyberNews Publicado : 6 de febrero de 2015
Una auditoría de la Contralora de Puerto Rico divulgada hoy viernes revela que las operaciones
relacionadas con los contratos de servicios profesionales y consultivos de la Administración de
Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF) no se realizaron conforme a la ley y se
recomendó que el Departamento de Justicia evalúe los hallazgos.
El informe señala cinco hallazgos, entre los que destacan pagos indebidos realizados a las
agencias delegadas del manejo del Programa TANF; pagos indebidos realizados a la agencia de
comunicaciones y publicidad KOIGC; y pagos indebidos realizados a Direct Responsource, que
operaba el Centro de Llamadas Familia en Contacto. Se trata de por lo menos el tercer
señalamiento de la Contraloría que involucra a la agencia KOIGC durante la Administración
Fortuño, figurando también en informes sobre la Junta Reglamentadora de las Telecomunicaciones
y la Administración de Asuntos Energéticos.
Además, se informaron desviaciones de ley y de reglamentación con las facturas y los justificantes
para el pago de los contratos por servicios profesionales y el incumplimiento de una Orden
Ejecutiva para implantar medidas adicionales de control y reducción de gastos en los contratos de
servicio en las agencias de Gobierno, según dictadas por la Junta de Reestructuración y
Estabilización Fiscal (JREF).
La auditoría cubre el período del 1 de julio de 2008 al 31 de diciembre de 2013.
El documento suscrito por la contralora Yesmín Valdivieso, le recomienda al Departamento de la
Familia que recobre los pagos indebidos por 198,000 dólares a las seis agencias delegadas;
51,000 dólares a la agencia de publicidad; $60,000 al centro de contacto y telemercadeo; $60,000 a
una sociedad de contadores públicos autorizados (Diego J. Robles); y 122,000 dólares a una
corporación de asistencia técnica y gerencia de proyectos (RR Integrated Solutions)
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Detectan fallas en el manejo de tarjetas de crédito para uso de la flota del Gobierno
Por Eugenio Hopgood Dávila Publicado : 10 de febrero de 2015
Auditoría del Contralor revela esta y otras deficiencias en el manejo de los sistemas
informáticos de ASG
Un informe de auditoría de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) detectó retrasos en la
desactivación de tarjetas de crédito usadas para comprar combustible y lubricantes para vehículos
del Gobierno que habían sido dados de baja. Los hallazgos se reflejan en el informe divulgado hoy
sobre las operaciones de la Oficina de Informática de la Administración de Servicios Generales
(ASG) entre junio de 2012 y agosto de 2013.
La situación “puede propiciar el mal uso de la ‘Fleet Card’ (tarjeta de crédito de la ASG con un
banco privado) sin que se pueda detectar a tiempo para fijar responsabilidades”, sostiene el
informe del Contralor de Puerto Rico. La auditoría reveló que el 30 de enero de 2013 se dieron de
baja cinco vehículos de la ASG y en todos los casos la cancelación de la tarjeta de crédito se tardó
entre 21 días y seis meses luego de esa fecha. El informe no indica cuál es el número de vehículos
que tiene la flota del Gobierno ni especifica cuántos fueron dados de baja durante el año auditado.
La ayudante especial del administrador de la ASG, Katerina Dorna, respondió en una carta a la
OCPR que “las situaciones comentadas (sobre las tarjetas de crédito) fueron corregidas”, pero “no
nos suministraron la evidencia de las correcciones efectuadas”, sostiene el informe.
La OCPR emitió una opinión “favorable con excepciones” sobre las operaciones del sistema de
informática de la ASG, agencia que fue dirigida por Olga M. De Carmona Martínez, durante el
período auditado del 2012 y por Luis M. Castro Agis, desde enero de 2013 hasta el presente.
Por otra parte, la auditoría encontró que, en una muestra examinada, más de la mitad de las veces
no se utilizó el formulario indicado para conceder acceso a la aplicación del Registro Único de
Licitadores (RUL), donde se enumeran las empresas y comerciantes elegibles para realizar
negocios con las agencias y las corporaciones públicas de la Rama Ejecutiva.
El informe advierte que dicha falla “impide mantener la evidencia requerida para otorgar, modificar o
cancelar los accesos y privilegios a los usuarios (y) puede propiciar que personas no autorizadas
accedan a información confidencial y la utilicen indebidamente”.
Dorna respondió a la OCPR en diciembre de 2014 que “se va a incorporar un módulo para la
solicitud de acceso a todos los recursos” y agregó, según el informe, que el nuevo módulo
almacenará una bitácora sobre quién solicitó el acceso, quién lo autorizó y el tiempo de duración de
la cuenta. La auditoría también detectó deficiencias relacionadas con el Manual para Compradores
y el manual Administración del RUL.
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Otorgan contratos retroactivos en Vivienda
Por Eugenio Hopgood Dávila Publicado : 11 de febrero de 2015
Un informe del Contralor señala también que la agencia no inició a tiempo las
investigaciones de cheques y equipo desaparecido entre 2010 y 2012.
El Departamento de Vivienda otorgó diez contratos por la suma $606,181 cuando ya se habían
ofrecido los servicios, en violación a las leyes que rigen la contratación gubernamental, según un
informe de auditoría de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) divulgado hoy.
Los contratos retroactivos fueron otorgados entre julio de 2010 y septiembre de 2013, por lo que la
práctica ocurrió tanto bajo la administración del exsecretario Miguel Hernández Vivoni en el
cuatrienio anterior y bajo las administraciones de Rubén Ríos Pagán y Alberto Lastra Power en este
cuatrienio, según la OCPR. La auditoría examinó las operaciones de la agencia entre julio de 2010
y junio de 2014.
El informe también señala que entre 2010 y 2012 desaparecieron cheques y propiedades cuyo
valor sumaba a $55,511 pero las investigaciones internas de la mayoría de esos eventos
comenzaron tardíamente. Además, los casos fueron notificados con retraso a la OCPR, en violación
a la reglamentación vigente.
En cuanto a la contratación retroactiva, los auditores detectaron la situación en diez contratos y
nueve enmiendas de un total de 1,486 acuerdos contractuales por $139.9 millones que fueron
examinados. La formalización de estos contratos se efectuó entre cuatro y 339 días después de
que se había ofrecido el servicio.
El informe advierte que la contratación retroactiva les impide a las agencias ejercer un control
adecuado de los servicios contratados y de los desembolsos correspondientes. Además, explica
que esta acción “propicia que se efectúen pagos por servicios no prestados o prestados en forma
distinta a lo requerido”, lo que puede ocasionar pleitos judiciales innecesarios y onerosos.
La auditoría también reflejó que 771 de los contratos y enmiendas contractuales otorgadas por
Vivienda entre 2010 y 2013 fueron notificadas tardíamente al Registro de Contratos de la OCPR,
con retrasos de entre un día a dos años, en contra de lo que dispone la ley.
En relación a los procesos de investigación y control de la propiedad, el informe indica que la
Oficina de Auditoría Interna (OAI) de Vivienda realizó las pesquisas administrativas sobre el hurto o
la desaparición de siete cheques por $4,150 y una unidad de propiedad valorada en $195 con
tardanzas de entre 118 y un año en exceso del término reglamentario para iniciar dichas
investigaciones. El hurto o la desaparición de estos cheques y equipo ocurrió entre el 27 de febrero
de 2010 y el 13 de julio de 2011, y fueron investigadas entre marzo y de diciembre de 2011, según
el informe.
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Asignan contrato millonario para campaña de orientación sobre el IVA
Publicado : 12 de febrero de 2015
El gobierno otorgó un contrato de $1 millón para la campaña de orientación sobre el Impuesto
sobre el Valor Añadido (IVA), aun cuando esa medida no es ley, denunció hoy la portavoz del
Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes, Jenniffer González.
La legisladora dijo que el contrato número 2015-00204 en la Oficina del Contralor refleja que el
Departamento de Hacienda otorgó un contrato el 27 de enero a la firma Badillo, Saatchi & Saatchi
para esos fines.
"Yo creo que uno debe cuestionarse que el gobierno esté botando $1 millón en algo que se no se
ha aprobado, que tiene cambios y que va a gravar al sector de la educación, a la industria del
entretenimiento y que va afectar a nuestras personas mayores", expresó la también expresidenta
de la Cámara de Representantes.
González insistió en que momentos en que se discute la reforma contributiva, y se dice que no hay
dinero en el fisco, se asigne un contrato de $1 millón para esta campaña es preocupante.
En ese sentido, González dijo que los recursos del gobierno no se están utilizando correctamente.
"Desde que el gobernador hizo el anuncio de este proyecto, no ha presentado un plan de
desarrollo económico; un proyecto de reducción del gasto gubernamental; una reestructuración del
gobierno; no ha presentado nada para darle fuerza a las alianzas público privadas como medida de
mitigación; ni le ha dado garantía al pueblo de que el dinero que se recaude no se va a gastar",
puntualizó González.
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DRNA implantó medidas correctivas ante señalamientos de Contralora
19 de febrero de 2015
Por InterNewsService – 02/19/2015 2:10 pm
La secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Carmen Guerrero
Pérez, manifestó que tan pronto advino en conocimiento de unos señalamientos de la Oficina de la
Contralora sobre el manejo de la flota de vehículos desde la pasada administración, se tomaron
las acciones correctivas correspondientes.
La titular del DRNA expresó que cuando la Oficina de la Contralora envió el borrador del informe se
comenzó un proceso de revisión de la operación de la flota mediante el cual se desarrollaron
medidas correctivas y se contestó el documento.
“Las acciones correctivas incluyeron el desarrollo de formularios, bitácoras y procedimientos
rigurosos para mejorar la operación de la flota adscrita a la agencia que implicaron una
reestructuración de protocolos e implementación de nuevos controles internos. Bajo mi
administración, seguir las medidas de sana administración es una prioridad en la agencia. Se
comenzaron a crear estrategias y establecer planes correctivos. Continuaremos trabajando para
mejorar las operaciones en la sección de Transportación”, expresó la funcionaria.
Agregó que “los señalamientos responden a operaciones que van desde la pasada administración.
Desde que tuvimos conocimiento, responsablemente hemos estado evaluando y corrigiendo
prácticas para que se promueva y garantice la transparencia en los procesos y protocolos
administrativos para la reparación de unidades de la flota de la agencia”.
En cuanto al hallazgo de una carta circular del año 2012 (pasada administración) que instruía el
solicitar una sola cotización para las reparaciones de vehículos, Guerrero Pérez impartió la directriz
-a través de la Secretaría Auxiliar de Administración- para que se requiera tres cotizaciones en
cualquier tipo de reparación de vehículo, cuyo costo sea igual o mayor de 2,500 dólares.
Además, toda reparación debe realizarse en un taller de mecánica que esté dentro de la región a la
que pertenece el vehículo. Igualmente, dijo que cualquier solicitud de reparación de vehículos
deberá ser evaluada y aprobada con anterioridad por cinco funcionarios que incluyen a la persona
encargada de la operación, el director regional, el gerente auxiliar de transportación, el director de
servicios generales y la secretaria auxiliar de administración.
Las firmas deben constar en el formulario de solicitud de reparaciones, acompañadas de una carta
de justificación, cotizaciones y el formulario del Departamento de Hacienda modelo SC 822.
Para poder monitorear el mantenimiento, reparación y uso de la flota, todos los registros de los
vehículos fueron completados y cada uno tiene su bitácora correspondiente. De otra parte, ante el
hallazgo de una tarjeta de crédito para la compra de combustible de una embarcación que se
encontraba perdida, la secretaria auxiliar de Administración procedió con la cancelación. 1
Reportan fallas en DRNA
Publicado : 19 de febrero de 2015
Durante la dirección de exsecretario Daniel Galán Kercadó.
Un informe de auditoría de la oficina de la Contralora, Yesmín Valdivieso, reportó ocho
irregularidades administrativas en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA)
bajo la dirección del exsecretario Daniel Galán Kercadó.
La auditoría al período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2012
destaca la falta de controles en las operaciones de la Sección de Transportación, así como la
ausencia de controles relacionados con la compra de combustible y lubricantes, y con el uso de las
tarjetas de crédito que se utilizaban para esos fines.
Los auditores detectaron además una pre intervención inadecuada y falta de registros de los pagos
realizados a la ASG por el suministro de combustible y lubricantes, falta de controles en el
despacho de combustible a un camión de transporte y falta de seguimiento a las reclamaciones al
seguro, tardanzas en las investigaciones de accidentes.
Esto, además de irregularidades ocurridas con vehículos de motor y equipo pesado que no fueron
investigadas, reclamadas al seguro ni notificadas a la Oficina del Contralor de Puerto Rico.
Se detectó además la falta de control sobre las unidades dadas de baja, la falta de controles en los
procesos de reparación de los vehículos oficiales y equipo prestado a un municipio sin un acuerdo
escrito, y gestiones de cobro, por equipos prestados que resultaron averiados, realizadas
tardíamente.
El informe incluye además un comentario sobre la falta de cumplimiento de los períodos de
retención de informes y otros documentos relacionados con las transacciones de compra de
combustible.
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DRNA asegura implantó medidas correctivas ante señalamientos de la Oficina del Contralor desde la pasada administración
Publicado : 19 de febrero de 2015
SAN JUAN — La secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA),
Carmen Guerrero Pérez, manifestó el jueves, que tan pronto advino en conocimiento de unos
señalamientos de la Oficina del Contralor sobre el manejo de la flota de vehículos desde la pasada
administración, se tomaron las acciones correctivas correspondientes.
La titular expresó que cuando la Oficina del Contralor envío el borrador del informe, se comenzó un
proceso de revisión de la operación de la flota mediante el cual se desarrollaron medidas
correctivas y se contestó el informe de Contraloría.
“Las acciones correctivas incluyeron el desarrollo de formularios, bitácoras y procedimientos
rigurosos para mejorar la operación de la flota adscrita a la agencia que implicaron una
reestructuración de protocolos e implementación de nuevos controles internos. Bajo mi
administración, seguir las medidas de sana administración es una prioridad en la agencia. Se
comenzaron a crear estrategias y establecer planes correctivos. Continuaremos trabajando para
mejorar las operaciones en la sección de Transportación”, expresó la funcionaria en un comunicado
de prensa.
“Los señalamientos responden a operaciones que van desde la pasada administración. Desde que
tuvimos conocimiento, responsablemente hemos estado evaluando y corrigiendo prácticas para que
se promueva y garantice la transparencia en los procesos y protocolos administrativos para la
reparación de unidades de la flota de la agencia”, sostuvo Guerrero Pérez.
En cuanto al hallazgo de una carta circular del año 2012 (pasada administración) que instruía el
solicitar una sola cotización para las reparaciones de vehículos, Guerrero Pérez impartió la
directriz—a través de la Secretaria Auxiliar de Administración—para que se requiera tres
cotizaciones en cualquier tipo de reparación de vehículo, cuyo costo sea igual o mayor de 2,500
dólares. Además, toda reparación debe realizarse en un taller de mecánica que esté dentro de la
región a la que pertenece el vehículo.
Mencionó que cualquier solicitud de reparación de vehículos debe ser evaluada y aprobada con
anterioridad por cinco funcionarios que incluyen a: la persona encargada de la operación, el director
regional, el gerente auxiliar de transportación, el director de servicios generales y la secretaria
auxiliar de administración. Estas firmas deben constar en el formulario de solicitud de reparaciones,
acompañadas de una carta de justificación, cotizaciones y el formulario del Departamento de
Hacienda modelo SC 822.
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Contralora reporta irregularidades en DRNA
19 de febrero de 2015
Por InterNewsService – 02/19/2015 10:35 am
Un informe de auditoría de la oficina de la Contralora, Yesmín Valdivieso, reportó ocho
irregularidades administrativas en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA)
bajo la dirección del exsecretario Daniel Galán Kercadó.
La auditoría al período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2012
destaca la falta de controles en las operaciones de la Sección de Transportación, así como la
ausencia de controles relacionados con la compra de combustible y lubricantes, y con el uso de las
tarjetas de crédito que se utilizaban para esos fines.
Los auditores detectaron además una pre intervención inadecuada y falta de registros de los pagos
realizados a la ASG por el suministro de combustible y lubricantes, falta de controles en el
despacho de combustible a un camión de transporte y falta de seguimiento a las reclamaciones al
seguro, tardanzas en las investigaciones de accidentes.
Esto, además de irregularidades ocurridas con vehículos de motor y equipo pesado que no fueron
investigadas, reclamadas al seguro ni notificadas a la Oficina del Contralor de Puerto Rico.
Se detectó además la falta de control sobre las unidades dadas de baja, la falta de controles en los
procesos de reparación de los vehículos oficiales y equipo prestado a un municipio sin un acuerdo
escrito, y gestiones de cobro, por equipos prestados que resultaron averiados, realizadas
tardíamente.
El informe incluye además un comentario sobre la falta de cumplimiento de los períodos de
retención de informes y otros documentos relacionados con las transacciones de compra de
combustible.
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Director Ejecutivo del CRIM rechaza informe de Contralora
20 de febrero de 2015
SAN JUAN – El director ejecutivo del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM),
licenciado Víctor Falcón Dávila, reaccionó en la noche del jueves, en torno a un Informe de
Auditoría de la Oficina de la Contralora que le señala incumplimiento por parte de esta entidad con
la Ley 71 de 2010, cuyo propósito era generar 223 millones de dólares en nuevos ingresos a los
municipios y al Gobierno de Puerto Rico a través de la creación de un registro de propiedades
inmuebles no tasadas, y sobre el alegado incumplimiento en el pago de una línea de crédito
otorgada por el Banco Gubernamental de Fomento (BGF).
“Previo a la aprobación de la Ley (71), el CRIM expuso su preocupación y oposición al entender
que la base utilizada (Censo 2000) para establecer las propiedades que restaban por tasar era una
errónea. Entre los factores se encontraba que el Censo del año 2000 incluía residenciales públicos,
y no distinguía cuales de estas propiedades podían ser exoneradas (aproximadamente 60%).
Según nuestros datos, a junio de 2010 había 940,154 propiedades tasadas, que al compararse con
los números del Censo, la cifra pendiente de tasación serían 353,731. Al descontar las exoneradas,
el CRIM tendría pendientes de tasación cerca 141,492 propiedades. Actualmente la Oficina de
Servicios Operacionales está analizando los casos para emitir los recibos correspondientes.
Próximamente se estarán evaluando los casos registrados para crear un plan de trabajo”, expresó
El licenciado Falcón Dávila en un comunicado de prensa.
“Esta Ley se creó con la intención de allegar ingresos al Fondo General y para cuadrar los
presupuestos del Gobierno Central de los años 2010-2011 y 2011-2012 con una supuesta
proyección de $223 millones producto de la tasaciones de dicho registro; con una cantidad de
propiedades no tasadas totalmente irreales”, añadió el director ejecutivo del CRIM.
Falcón Dávila sostuvo que tiene “evidencia de comunicaciones escritas enviadas por el presidente
de la Junta de Gobierno de ese entonces, Javier Jiménez Pérez, a quien fuera el Gobernador de
Puerto Rico, Luis Fortuño, donde expresaban sus preocupaciones e insatisfacción con la
implementación de esta Ley tanto por los mecanismos administrativos que establecía y por los
procesos de tasación y cobro”.
“La Junta de Gobierno llegó a plantear que esta Ley pretendía allegar el cincuenta por ciento (50%)
de lo recaudado al Gobierno Estatal y un quince por ciento (15%) destinado al repago de la deuda
para su implantación, cuando los recaudos obtenidos de la contribución sobre la propiedad
inmueble de por sí pertenecen a los municipios. En ese momento se planteó que esto podía
significar una disminución en los ingresos de los municipios”, añadió Falcón Dávila.
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Sentencian a 64 meses de cárcel a exalcalde de Río Grande
25 de febrero de 2015
El exalcalde de Río Grande, Edward Rivera Correa, fue sentenciado hoy, miércoles, a cinco años y
cuatro meses de prisión por los delitos de soborno, tentativa de extorsión y obstrucción a la justicia
en la sala de la jueza federal Carmen Consuelo Vargas.
Durante una emotiva vista de sentencia, Rivera Correa, quien laboró en la Oficina del Contralor
antes de ser electo como alcalde, pidió perdón por haber traicionado la confianza de sus amigos,
familiares y los electores de Río Grande.
“Primero quiero pedirle perdón a toda mi familia y a todos mis amigos que me han acompañado en
este proceso tan difícil. También le pido perdón al pueblo de Río Grande. Durante mis 39 años de
servicio público hice muchas cosas buenas, pero al final del camino fallé”, sostuvo el exalcalde del
Partido Popular Democrático.
El abogado de defensa, Rubén Morales, pidió una sentencia de 57 meses de cárcel mientras el
acuerdo de alegación de culpabilidad sugería una pena de 63 meses. La jueza asignó un mes
adicional de pena carcelaria para un total de 5 años y cuatro meses, en adición a una libertad
supervisada de tres años, 300 horas de trabajo comunitario y su asistencia a un programa para
ciudadanos con problemas de alcohol.
Según la investigación que culminó con la presentación de cargos criminales en su contra, Rivera
Correa recibió $39,000 de un contratista que realizaba dos proyectos deportivos para el municipio
riograndeño durante un periodo que se extendió de 2010 a 2012 y muchos de los sobornos se
pagaron en la misma oficina del exalcalde.
A Rivera Correa se le denegó fianza por haber intervenido con un testigo federal y ha permanecido
en prisión desde su arresto, el 10 de julio de 2014. La jueza recomendará que el exfuncionario
extinga el remanente de su sentencia en una institución de mínima seguridad en el estado de la
Florida.
Varios familiares y empleados del Municipio de Río Grande salieron llorosos de la sala del Tribunal
Federal en la que fue sentenciado Rivera Correa. "Él siempre fue una persona íntegra. Esto es muy
fuerte", indicó Eunice Díaz, exesposa del ahora confinado.
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Usan computadoras de Rincón para ver material sexual, según auditoría
Publicado: 26 de febrero de 2015
La contralora, Yesmín Valdivieso, reveló el jueves el informe de auditoría M-15-19 que contiene
varios señalamientos entre los que está el uso indebido de dos computadoras del Departamento de
Finanzas del municipio de Rincón para acceder a material de índole sexual, lo que conlleva
violación al Artículo 255 del Código Penal.
“De la revisión del contenido del disco duro de dichas computadoras, se determinó que del 12 de
agosto de 2009 al 22 de septiembre de 2011, se utilizaron indebidamente dos de estas
computadoras para acceder a 49 archivos de índole político partidista, a 11 con material de índole
sexual y a 4,739 de índole personal, tales como: fotos, página de redes sociales y gestiones de
compra a través de Internet”, reza la auditoría de 52 páginas.
“Ambos empleados nos declararon (a los auditores) que utilizan su contraseña para acceder a la
computadora y que nunca han compartido la misma con ninguna persona”, detalla el documento.
El informe señala que del 22 de septiembre al 10 de octubre de 2011, los auditores examinaron
cuatro computadoras de escritorio, de las que dos estaban asignadas al Departamento de
Finanzas; una a la Oficina del Alcalde y una a la Oficina de Cultura y Turismo.
“El uso de las microcomputadoras para procesar documentos y examinar archivos de carácter
privado es contrario al interés público, y desvirtúa los propósitos para los cuales fueron adquiridas.
Además, propicia la comisión de irregularidades y la concesión de ventajas, beneficios y privilegios
que no están permitidos por Ley. De los hechos comentados… puede haberse configurado el delito
tipificado en el Artículo 255 del Código Penal de Puerto Rico”, indica la auditoría.
Este hallazgo además señala la falta de controles internos y ausencia de auditorías relacionados
con el uso y la protección de las computadoras. La auditoría establece que una situación similar se
comentó en el Informe de Auditoría M-11-24 del 28 de marzo de 2011. El informe tiene fecha del 13
de febrero y el periodo auditado es entre el primero de julio de 2009 al 30 de junio de 2012, bajo la
administración del actual alcalde, Carlos López Bonilla.
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Destapan irregularidades en el municipio Rincón
jueves, 26 de febrero de 2015
El municipio de Rincón violó disposiciones de ley y reglamentos en procesos de compras de piezas
y adjudicación de subastas encontró la Oficina del Contralor, informó hoy la contralora Yesmín
Valdivieso.
El informe de la auditoría de las operaciones fiscales del municipio contiene ocho hallazgos y dos
comentarios especiales.
Las pruebas efectuadas y la evidencia en nuestro poder revelaron desviaciones de disposiciones
de ley y de reglamentación relacionadas con las compras de piezas, repuestos y reparaciones de
vehículos, la adjudicación de subastas y el uso de computadoras para propósitos ajenos a la
gestión pública”, expresó Valdivieso por escrito.
“En nuestra opinión dichas operaciones no se realizaron de acuerdo con la ley y la reglamentación
aplicables”, agregó.
Los ocho hallazgos fueron los siguientes:
1. Posibles cotizaciones falsas consideradas en la adjudicación de compras de piezas, repuestos y
reparaciones de vehículos, y posible intervención indebida por parte de una funcionaria y una
empleada municipal.
2. Deficiencias relacionadas con la adjudicación de una subasta; y compras efectuadas a un
proveedor distinto al que se le había adjudicado la subasta de piezas, de accesorios, de repuestos
y de reparaciones de equipos diésel.
3. Uso de computadoras del municipio para propósitos ajenos a la gestión pública; faltas de
controles intermos relacionados con el uso y la protección de las computadoras; y ausencia de
auditorías sobre el uso de las computadoras.
4. Nombramiento sin confirmar por la Legislatura Municipal y sueldos asignados incorrectamente a
dos pensionados nombrados.
5. Compra de equipos pesados fuera de Puerto Rico sin ser remitida a la Junta de Subastas para
aprobación; y sin que los proveedores ofrecieran garantías para los equipos.
6. Deficiencias relacionadas con la adquisición de cuatro terrenos.
7. Puestos vacantes de recaudador oficial y de pagador oficial cuyas funciones eran realizadas, en
forma interina, por empleados durante un periodo prolongado; y ausencia de un Plan de
Clasificación y de Retribución actualizado para la Policía Municipal.
8. Faltas de controles en las operaciones relacionadas con el Garaje municipal; y deficiencias
relacionadas con la propiedad municipal y con los expedientes de accidentes de vehículos
municipales.
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Alcalde reacciona a señalamientos del contralor
viernes, 27 de febrero de 2015
El municipio de Rincón pudo haber incurrido en delitos como falsificación de documentos, posesión
y traspaso de documentos falsificados, intervención indebida en las operaciones gubernamentales
y certificaciones falsas, de acuerdo con informe de auditoría dado a conocer ayer por la Oficina del
Contralor.
Los delitos corresponden a uno de los ocho hallazgos de la auditoría, que reveló que entre
septiembre de 2008 y agosto de 2010, el ayuntamiento emitió 19 comprobantes de desembolso por
$12,539 para la compra de piezas de vehículos de motor. Estos se adjudicaron mediante la
consideración de 29 cotizaciones falsas, fraudulentas o alteradas. La situación fue referida al
Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental, reza el documento.
“En ese caso, se ha estado investigando por parte del municipio y hubo renuncias de empleados
relacionados a esto”, sostuvo ayer el alcalde de Rincón, Carlos López Bonilla. La que renunció fue
la directora de Obras Públicas Municipal, según una carta del alcalde que figura como parte del
informe. Dicha funcionaria había firmado 56 cotizaciones entre febrero de 2009 y diciembre de
2010, de las que 19 resultaron falsas, fraudulentas o alteradas.
Al respecto, López Bonilla afirmó: “Hemos fortalecido la unidad de compras. Hemos contratado a
una persona asignada a cotejar todas las cotizaciones y firmarlas como que verificó que están
hechas con todas las de la ley”.
Otro de los hallazgos dados a conocer por la Oficina del Contralor es que del 12 de agosto de 2009
al 22 de septiembre de 2011, se utilizaron indebidamente dos computadoras del municipio para
“acceder a 49 archivos de índole político partidista, a 11 con material de índole sexual y a 4,739 de
índole personal, tales como fotos, páginas de redes sociales y gestiones de compra a través de
Internet”. Las computadoras estaban asignadas a dos empleados del Departamento de Finanzas,
de acuerdo con el documento.
El alcalde respondió a esto que contrató a un director de Informática, ya que el director de Finanzas
del municipio también fungía como supervisor de Sistemas de Información. “Las páginas de
Facebook, compras y otras que no sean de trabajo ya están bloqueadas en nuestro municipio”,
adujo López Bonilla. Acerca de los dos empleados que hicieron uso indebido de sus computadoras,
indicó que ambos admitieron los hechos, fueron multados por la Oficina de Ética Gubernamental y
que el ayuntamiento los suspendió de empleo y sueldo durante un mes.
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Alcalde reacciona a señalamientos del contralor – Pero es PPD e Impune
viernes, 27 de febrero de 2015
La auditoría también reveló que en un periodo de dos años ocurrieron 20 accidentes de tránsito en
lo que estuvieron involucrados igual número de vehículos municipales. (GFR MEDIA) El municipio
de Rincón pudo haber incurrido en delitos como falsificación de documentos, posesión y traspaso
de documentos falsificados, intervención indebida en las operaciones gubernamentales y
certificaciones falsas, de acuerdo con informe de auditoría dado a conocer ayer por la Oficina del
Contralor.
Los delitos corresponden a uno de los ocho hallazgos de la auditoría, que reveló que entre
septiembre de 2008 y agosto de 2010, el ayuntamiento emitió 19 comprobantes de desembolso
por $12,539 para la compra de piezas de vehículos de motor. Estos se adjudicaron mediante la
consideración de 29 cotizaciones falsas, fraudulentas o alteradas. La situación fue referida al
Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental, reza el documento.
“En ese caso, se ha estado investigando por parte del municipio y hubo renuncias de empleados
relacionados a esto”, sostuvo ayer el alcalde de Rincón, Carlos López Bonilla. La que renunció fue
la directora de Obras Públicas Municipal, según una carta del alcalde que figura como parte del
informe. Dicha funcionaria había firmado 56 cotizaciones entre febrero de 2009 y diciembre de
2010, de las que 19 resultaron falsas, fraudulentas o alteradas.
Al respecto, López Bonilla afirmó: “Hemos fortalecido la unidad de compras. Hemos contratado a
una persona asignada a cotejar todas las cotizaciones y firmarlas como que verificó que están
hechas con todas las de la ley”.
Otro de los hallazgos dados a conocer por la Oficina del Contralor es que del 12 de agosto de 2009
al 22 de septiembre de 2011, se utilizaron indebidamente dos computadoras del municipio para
“acceder a 49 archivos de índole político partidista, a 11 con material de índole sexual y a 4,739 de
índole personal, tales como fotos, páginas de redes sociales y gestiones de compra a través de
Internet”. Las computadoras estaban asignadas a dos empleados del Departamento de Finanzas,
de acuerdo con el documento.
El alcalde respondió a esto que contrató a un director de Informática, ya que el director de
Finanzas del municipio también fungía como supervisor de Sistemas de Información. “Las páginas
de Facebook, compras y otras que no sean de trabajo ya están bloqueadas en nuestro municipio”,
adujo López Bonilla. Acerca de los dos empleados que hicieron uso indebido de sus
computadoras, indicó que ambos admitieron los hechos, fueron multados por la Oficina de Ética
Gubernamental y que el ayuntamiento los suspendió de empleo y sueldo durante un mes.
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Afilar el lápiz sábado, 28 de febrero de 2015
El reclamo de un recorte de $1,000 millones en el presupuesto gubernamental que ha hecho el
presidente del Senado, Eduardo Bhatia, no es descabellado ni debe ser despachado a la ligera con la
amenaza de que reducir gastos implica el despido de 26,600 empleados públicos, como hizo el director
de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Luis Cruz Batista.
Ahora bien, la propuesta de Bhatia, que en el Senado cuenta con un equipo asesor calificado, debió ir
acompañada de un desglose de renglones en los que se puede cortar grasa y que surgen del análisis
que la Asamblea Legislativa realiza del presupuesto gubernamental para cada año fiscal.
De todos es conocido que existe una cantera de contratos innecesarios en el gobierno, otorgados a
políticos derrotados, amigos, compadres y demás dolientes, un problema recurrente en todas las
administraciones a pesar de que todas juran y perjuran que lo han atacado.
Con solo examinar el registro de contratos que recopila la Oficina del Contralor de Puerto Rico, que
crece administración tras administración, ya se podría comenzar a reducir el gasto público. Y si se
buscan los nombres repetidos de contratistas, se verá que algunos necesitarían días de 48 horas y sin
vacaciones para cumplir con sus términos contractuales.
Ronda por ahí un chiste que dice más o menos así: se murió un contratista gubernamental de 30 años
de edad y llegó a las puertas del Cielo, donde le protestó a San Pedro porque era muy joven para
morir. San Pedro se mostró sorprendido porque, según le explicó al difunto, en el Cielo le habían
calculado la edad a base de las horas que había facturado en sus contratos con el gobierno. Es sabido
que la gran mayoría de las dependencias gubernamentales cuenta con divisiones legales internas,
pero contratan abogados y bufetes externos que facturan honorarios millonarios por servicios que
muchas veces podrían prestar los abogados internos.
El gobierno de Puerto Rico, que creció dramáticamente en los últimos 30 años con una profusión de
agencias y programas innecesarios y el mantenimiento de otros que ya no tienen razón de ser, tiene en
este renglón otra área de la que cortar para reducir gastos. Un vistazo al presupuesto permitiría a
Bhatia identificarlos sin mayor dificultad.
No debe entenderse por esto que se justifique la respuesta irresponsable del director de Presupuesto,
quien sin hacer el ejercicio que le solicitó el presidente del Senado, alegó festinadamente que para
economizar $1,000 millones más habría que despedir a 26,600 empleados públicos y cerrar agencias y
escuelas.
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Otras áreas a las que se debería poner freno son los créditos y las exenciones contributivas,
que según reveló esta semana El Nuevo Día, en muchos casos no rinden el beneficio al País
que pretenden representar. Entre 2008 y 2013 se otorgaron $1,569 millones en créditos
contributivos correspondientes a 17 renglones de los casi 80 que se estima podrían existir, de
acuerdo a lo publicado.
Asimismo, debería depurarse la lista de donativos gubernamentales para eliminar o reducir
aquellos que no representan beneficio para el País. Un gobierno en bancarrota no puede donar
lo que no tiene.
Las corporaciones públicas, mientras tanto, han desangrado el fisco a través del Banco
Gubernamental de Fomento, al que prácticamente han quebrado a causa del financiamiento
continuo que la entidad ha tenido que darles para mantenerlas en pie. El mejor ejemplo de esto
es la Autoridad de Carreteras y Transportación, que le debe sobre $2,000 millones al banco.
Por eso, la restructuración de las corporaciones públicas que se plantea el gobierno tiene que
hacerse sin miramientos partidistas y la primera prioridad tiene que ser acabar con el batatal
político del que están sembradas estas entidades, para regresar al sistema de mérito.
Cuando se acercan unos comicios, la mayor parte del personal que recluta en destaque la
Comisión Estatal de Elecciones procede de las corporaciones públicas, en las que se han
entronizado grupos identificados abiertamente con uno u otro partido de mayoría, léase
el Nuevo Progresista y el Popular Democrático.
Como podrá apreciar el lector, grasa de donde cortar hay en exceso, aun cuando no se pudiera
llegar a los $1,000 millones sugeridos por Bhatia.
El reto está planteado. Del lobo un pelo.
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Acerca del hallazgo relacionado con los sueldos asignados incorrectamente a dos pensionados
nombrados como empleados de confianza, el ejecutivo municipal sostuvo que “la situación
está por resolverse. Pedimos a OCALARH (Oficina de Capacitación y Asesoramiento en
Asuntos Laborales y de Administración de Recursos Humanos) que nos diera su opinión”. De
acuerdo con el informe de la Oficina del Contralor, OCALARH dispone que al emplear a un
pensionado, la retribución no puede exceder la mitad del sueldo asignado al mismo empleo a
jornada completa. Por eso, según la auditoría, el ayuntamiento le pagó $26,163 en exceso a
una retirada que nombró ayudante especial y $1,921 en exceso un pensionado que designó
como secretario de Gerencia Pública.
La auditoría también reveló que en un periodo de dos años ocurrieron 20 accidentes de tránsito
en lo que estuvieron involucrados igual número de vehículos municipales. “El municipio no
realizó investigaciones administrativas de los 20 accidentes para determinar y fijar
responsabilidades sobre aquellos empleados que en el uso de la propiedad pública fueron
negligentes o tuvieron falta de cuidado”, reza el documento. Este añade que el ayuntamiento
carecía de documentos relacionados a los accidentes tales como copias de las querellas, de
las licencias de los vehículos y de las licencias de los conductores, entre otros.
“Estamos estableciendo un sistema para reportar los accidentes y en el caso de que
empleados sean responsables, tendrán que responder por el arreglo de esos vehículos”,
aseguró el alcalde. Agregó que la fijación de responsabilidades no solo aplicará a los próximos
casos, sino también a las colisiones que figuran en el informe.
“Veo el informe como una herramienta de trabajo para mejorar la administración de nuestro
municipio”, afirmó López Bonilla. “En muchos municipios ocurren cosas como estas, pero por
ningún concepto vamos a aceptar que vuelvan a ocurrir en nuestro municipio”.
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Acerca del hallazgo relacionado con los sueldos asignados incorrectamente a dos pensionados
nombrados como empleados de confianza, el ejecutivo municipal sostuvo que “la situación
está por resolverse. Pedimos a OCALARH (Oficina de Capacitación y Asesoramiento en
Asuntos Laborales y de Administración de Recursos Humanos) que nos diera su opinión”. De
acuerdo con el informe de la Oficina del Contralor, OCALARH dispone que al emplear a un
pensionado, la retribución no puede exceder la mitad del sueldo asignado al mismo empleo a
jornada completa. Por eso, según la auditoría, el ayuntamiento le pagó $26,163 en exceso a
una retirada que nombró ayudante especial y $1,921 en exceso un pensionado que designó
como secretario de Gerencia Pública.
La auditoría también reveló que en un periodo de dos años ocurrieron 20 accidentes de tránsito
en lo que estuvieron involucrados igual número de vehículos municipales. “El municipio no
realizó investigaciones administrativas de los 20 accidentes para determinar y fijar
responsabilidades sobre aquellos empleados que en el uso de la propiedad pública fueron
negligentes o tuvieron falta de cuidado”, reza el documento. Este añade que el ayuntamiento
carecía de documentos relacionados a los accidentes tales como copias de las querellas, de
las licencias de los vehículos y de las licencias de los conductores, entre otros.
“Estamos estableciendo un sistema para reportar los accidentes y en el caso de que
empleados sean responsables, tendrán que responder por el arreglo de esos vehículos”,
aseguró el alcalde. Agregó que la fijación de responsabilidades no solo aplicará a los próximos
casos, sino también a las colisiones que figuran en el informe.
“Veo el informe como una herramienta de trabajo para mejorar la administración de nuestro
municipio”, afirmó López Bonilla. “En muchos municipios ocurren cosas como estas, pero por
ningún concepto vamos a aceptar que vuelvan a ocurrir en nuestro municipio”.
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Por otro lado, la auditoría identifica 29 posibles cotizaciones falsas, fraudulentas o alteradas así
como la intervención indebida de una funcionaria y una empleada municipal. Además, señala
que unas compras se efectuaron a un proveedor distinto al que se le había adjudicado la
subasta. Las desviaciones relacionadas con las cotizaciones y las subastas se refirieron al
secretario de Justicia y a la Directora de la Oficina de Ética Gubernamental el 17 de septiembre
de 2013 y la relacionada al uso de las computadoras el 6 de agosto de 2012.
También menciona deficiencias relacionadas con la adjudicación de una subasta; y compras
efectuadas a un proveedor distinto al que se le había adjudicado la subasta de piezas, de
accesorios, de repuestos y de reparaciones de equipos diesel; así como un nombramiento sin
confirmar por la Legislatura Municipal y sueldos asignados incorrectamente a dos pensionados
nombrados.
Por otro lado, la auditoría señala irregularidades sobre la compra de equipos pesados fuera de
Puerto Rico sin ser remitida a la Junta de Subastas para aprobación; y sin que los proveedores
ofrecieran garantías para los equipos; deficiencias relacionadas con la adquisición de cuatro
terrenos.
Otro de los señalamientos se relaciona con puestos vacantes de Recaudador Oficial y de
Pagador Oficial cuyas funciones eran realizadas, en forma interina, por empleados durante un
período prolongado; y ausencia de un Plan de Clasificación y de Retribución actualizado para
la Policía Municipal y Faltas de controles en las operaciones relacionadas con el Garaje
Municipal y deficiencias relacionadas con la propiedad municipal y con los expedientes de
accidentes de vehículos municipales.
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El director ejecutivo de esta entidad municipal destacó que los pasados catorce años (14) el
CRIM ha ido aumentado el número de propiedades tasadas. Al 30 de junio del 2014, las
propiedades tasadas totalizaban alrededor de 1,264,000.
Mencionó que otro argumento presentado ante esta iniciativa legislativa era la oposición a la
creación de un Comité Interagencial compuesto por el presidente del BGF, el secretario de
Hacienda y el director ejecutivo del CRIM. Sostuvo que el entonces presidente de la Junta del
Gobierno expresó que “este Comité tiene unas funciones específicas delegadas por esta Ley.
Y es un comité totalmente independiente al CRIM y su única relación es que el Director
Ejecutivo del CRIM pertenece al Comité, por disposición de la misma Ley, como sucede en
muchas otras juntas de corporaciones públicas y otras entidades”.
Además señaló que “el CRIM no tiene ninguna autoridad sobre este Comité. La Ley no se la
concedió, por lo que este Comité es el responsable de cumplir con la encomienda delegada
por la Ley que lo creó”. Del informe también se desprende que “en aquel momento se
opusieron a la creación del Comité ya que entendían que era una entidad paralela que
realizaría las mismas funciones que el CRIM”.
Dijo que por otro lado, la tasación de propiedades resultaría onerosa ya que las tasaciones
recaían en compañías privadas. El costo de cada tasación que realiza el CRIM tiene un costo
promedio de 40 dólares. El costo de tasación privada fluctúa entre 350 a 500 dólares. “Antes y
después de la aprobación de dicha Ley, se ha solicitado que se le permita al CRIM realizar las
funciones de la Ley 71-2010, lo cual no ha sido permitido. El BGF fue facultado en Ley como
el agente fiscal de este proyecto del cual el CRIM no tenía ni tiene control alguno”.
Sobre la línea de crédito, Falcón Dávila sostuvo que la Ley 71-2010 estableció que la fuente
de repago del financiamiento provendría del “Fondo para el Registro y Tasación de las
Propiedades Inmuebles no Tasadas y las Propiedades Comerciales e Industriales con
Mejoras no Tasadas”. Este se supone se “nutrirá de las contribuciones económicas de los
años económicos 2010-2011 y 2011-2012 proveniente del registro obligatorio de propiedades
del CRIM. Dicho fondo no fue creado por lo que no se han registrado ingresos relacionados al
Registro”.
Otro señalamiento fue la probabilidad de que no se pudiera cumplir con el repago de esta
línea de crédito. “Era improbable que con el producto del cobro de estas contribuciones se
pudiera cumplir con el repago de la deuda, ya que exclusivamente el quince por ciento (15%)
de los cobros de los años fiscales 2010-2011 y 2011-2012 eran los destinados a estos fines”
dijo el Director Ejecutivo del CRIM ya que de las contribuciones.
“Con esto se prueba que una vez más, el Gobierno Estatal intentó resolver sus problemas a
costa de los ingresos municipales”, puntualizó.
La contralora Yesmín Valdivieso reveló el informe de auditoría DA-15-24 que señala
pérdidas millonarias en el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) por
supuestas irregularidades por bajo por ciento de propiedades registradas y por el
incumplimiento con el pago de una línea de crédito.
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“Examinamos una muestra de 45 tasaciones y revisiones realizadas del 8 de enero de 2010 al
25 de mayo de 2012. Nuestro examen reveló que las tasaciones se realizaron de 66 a 379
días consecutivos”, precisa el documento de 28 páginas.
Según Valdivieso, el informe notifica que la Ley 71 de 2010 para crear un registro de
propiedades inmuebles no tasadas, conceder beneficios y exenciones contributivas entre
otras cosas, debía haber generado 223 millones de dólares en nuevos ingresos para los
municipios y el gobierno.
La auditoría detalla que durante el período establecido para el registro de las propiedades se
registraron 31,004 propiedades. Esto equivale a un 5 por ciento de las potenciales 600,000
propiedades (1,400,000 – 800,000) que pudieron ser registradas mediante este proyecto.
Asimismo, indica que por el contrario al 3 de diciembre de 2012 sólo se habían tasado 89
propiedades de 600,000 aproximadamente y al 6 de junio de 2013 no se había completado la
facturación de las 89 propiedades tasadas. Esta situación es significativa para la operación de
la entidad y demuestra que al no cumplirse con la ley se dejaron de generar 223 millones de
dólares.
Además, la auditoría comenta la posible pérdida de más de un millón de dólares por el
incumplimiento en el pago de una línea de crédito otorgada por el Banco Gubernamental de
Fomento (BGF) al CRIM el 14 de marzo de 2011. Esta situación menoscaba la solidez del
BGF y le priva de fondos que puede utilizar para atender otras necesidades operacionales.
Entretanto, la auditoría indica que “nuestro examen reveló que el CRIM no cuenta con
reglamentación ni con procedimientos para el proceso de tasación, que especifiquen la
cantidad máxima de días que debe tomar dicho proceso. En entrevistas efectuadas por
nuestros auditores a personal del Área de Servicios Técnicos del CRIM y a los
administradores de las oficinas regionales de San Juan/Guaynabo y Carolina, estos indicaron
que, a su entender, el tiempo que toma el proceso de tasación puede extenderse de 30 a 60
días consecutivos”.
El otro hallazgo establece que hubo ausencia de documentos, formularios incompletos e
inexistencia de expedientes de propiedad inmueble. El período auditado es del 1 de julio de
2010 al 30 de junio de 2013.
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Sostuvo que para poder monitorear el mantenimiento, reparación y uso de la flota, todos los
registros de los vehículos fueron completados y cada uno tiene su bitácora correspondiente.
De otra parte, ante el hallazgo de una tarjeta de crédito para la compra de combustible de una
embarcación que se encontraba perdida, la secretaria auxiliar de Administración procedió con la
cancelación.
Según detalla el informe del Contralor, los hallazgos son: 1. Falta de controles en las operaciones
de la Sección de Transportación; 2. Ausencia de controles relacionados con la compra de
combustible y lubricantes, y con el uso de las tarjetas de crédito que se utilizaban para ello; 3. Pre
intervención inadecuada y falta de registros de los pagos realizados a la ASG por el suministro de
combustible y lubricantes; 4. Falta de controles en el despacho de combustible a un camión de
transporte; 5. Falta de seguimiento a las reclamaciones al seguro, tardanzas en las
investigaciones de accidentes, e irregularidades ocurridas con vehículos de motor y equipo
pesado que no fueron investigadas, reclamadas al seguro ni notificadas a la Oficina del Contralor
de Puerto Rico; 6. Falta de control sobre las unidades dadas de baja; 7. Falta de controles en los
procesos de reparación de los vehículos oficiales; y 8. Equipo prestado a un municipio sin un
acuerdo escrito, y gestiones de cobro, por equipos prestados que resultaron averiados, realizadas
tardíamente.
