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22ANÁLISIS INterNAcIoNALNydia Egremynydiaep@hotmail.com

El objetivo histórico de la militarización mundial de Estados Unidos (EE. UU.) y sus aliados ha consis-tido en ocupar territorios y recursos, contener a adversarios y desarti-cular disidencias. Para consumar esa ocupación neocolonial, el Pentágono lanza su plan secreto para construir 505 bases mili-tares en zonas clave del planeta, América Latina incluida. Y en una inédita maniobra bélica envol-vente, la superpotencia militariza a sus fuerzas del orden para frenar protes-tas y acosar a ciudadanos cuyas garantías individua-les son violadas sin que la comunidad internacional proteste. Ambas estrate-gias representan grandes negocios para el pode-roso complejo industrial militar.

EE. UU. militariza al mUndo y a su policía

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Nydia Egremynydiaep@hotmail.com

En silencio y con gran velocidad, el Departa-mento de Defensa del Gobierno de EE. UU. diseña una nueva geo-grafía mundial inspira-

da en la Visión Conjunta 2020. Así, de las montañas de Afganistán a las cos-tas colombianas, y de las islas Cocos a Honduras, surgen las llamadas Lily Pad Bases, nombre que evoca a los ne-núfares marinos que se mimetizan en el entorno y cuya mínima infraestruc-tura garantiza el rápido despliegue de comandos regionales. A la par de esa ocupación neocolonial, la superpoten-cia paramilitariza a sus fuerzas del or-den en tareas que violan derechos de las sociedades.

Esa red de pequeñas bases es el eje de la visión militarista estadounidense del siglo XXI para consolidar su dominio global. Desde su ubicación estratégica se lanzan operaciones antiinsurgentes, antinarcóticos o antiterroristas con equi-pos y armas de alta tecnología, advierte el Índice 2015 de la Fuerza Militar de EE. UU. de la Heritage Foundation.

El Pentágono afirma que las nuevas bases –aéreas y navales con personal de contratistas militares– son menos cos-tosas y desde ellas tiene capacidad para operar en los espacios, aguas internacio-nales, aire y ciberespacio. Ha convenci-do a los gobiernos anfitriones de que sus nuevas bases son simples barracas para acondicionar vehículos o navíos y alis-tarlos ante cualquier contingencia. La realidad es otra: garantizar la estancia a largo plazo de sus comandos.

El plan de nuevas bases, iniciado en Irak, siguió en Djibuti con el Campo Lemonnier –el principal de África–, la moderna base de drones en Etiopía y la de las Islas Seychelles en el Océano Ín-dico. Con ellas, EE. UU. se convirtió en el país con la mayor colección de bases extranjeras en la historia del orbe.

Con esta nueva estrategia, el Pen-tágono ha convertido a las naciones

en desarrollo en objetivos militares, además de que mina el propio orden constitucional estadounidense pues la mayoría de los ciudadanos de ese país y sus aliados ignoran su existencia. El mismo Congreso mantiene en secreto el debate respectivo, advertía en julio de 2012 David Vine, académico de Prince-ton y experto en militarización.

En la miraAmérica Latina es una región vital para EE. UU. y para custodiar ese espacio el Comando Sur opera su Estrategia 2018. Desde Miami, Florida, el comandante en jefe, John F. Kelly, recibe informes de cientos de sistemas de vigilancia electrónica, satélites, drones, aviones y navíos desplegados en el Atlántico y Pacífico sur que escudriñan lo que ocu-rre en los 31 países y las 15 zonas de “soberanía especial” de la región.

El Pentágono prevé ampliar su in-fluencia en esta región con una com-pleja red de alianzas. Así, donde hace un lustro sólo tenía a Colombia como aliado, con su política de “asociaciones colectivas necesarias” EE. UU. consoli-da su plan político-comercial con Perú y Chile en la denominada Alianza del Pacífico.

Tras el traslado a Colombia de su po-tencial operativo en la base de Manta, en Ecuador, EE. UU. hoy controla en ese país los aeródromos de Tolemaida y Tres Esquinas, entre otros; opera los aeródromos de Pucallpa e Iquitos en Perú, los de Aruba y Curazao, así como la base de Soto Cano, en Honduras.

Esas nuevas bases se conectan con centros de vigilancia extrarregionales, como el Centro de Experimentación de Vigilancia y Guerra Espacial de la Base Aérea Shriever, en Colorado Springs, que procesa datos del Comando Sur. También lo hace en la base de espio-naje del Reino Unido en la Isla Asun-ción, en el centro del Atlántico Sur. Con esa infraestructura de bases nenúfar en América Latina, EE. UU. se alista para

acosar a gobiernos opuestos a su hege-monía.

Paramilitares en EE. UU.Hasta hace poco el vocablo “paramili-tar” evocaba la tragedia humanitaria de miles de colombianos, por la acción ile-gal de fuerzas irregulares para aniquilar a disidentes políticos y defensores de derechos humanos en su territorio. Hoy, sin embargo, en urbes estadounidenses fuerzas especiales y la policía lanzan operativos paramilitares contra civiles inermes con exceso de fuerza y sin ór-denes judiciales. Esa actuación difumi-na la línea entre policía y soldados.

El rechazo público es notorio. En octubre de 2014, la encuesta de la Fun-dación Reason-Rupe sobre las nuevas tareas de la policía y su renovado equi-pamiento, constató que el 58 por ciento de los estadounidenses creía que el uso de drones, armas militares y vehículos blindados por la policía ha ido “dema-siado lejos”.

La militarización de la fuerza civil, de la mano con un dramático y perturbador ascenso en el uso de unida-des paramilitares, llamadas Armas Es-peciales y Tácticas (SWAT) para tareas rutinarias de policía, es una tendencia

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al alza en EE. UU hace 25 años, refie-re el periodista estadounidense Radley Balko, del Instituto Cato.

Originalmente, los SWAT se crearon para lidiar en situaciones donde peligra la vida de personas que se hallan como rehenes y posibles víctimas de terroris-mo. Hoy esos grupos apoyan a fuerzas antinarcóticos en incursiones cada vez más frecuentes contra sospechosos no violentos y actúan en unidades fuerte-mente armadas y vestidos como milita-res, no de policías.

Sus violentos operativos aterrorizan a inocentes y ocasionan muertes y he-ridos no sólo entre delincuentes sino policías comunes, niños y transeúntes, señala Balko. Cada vez se despliegan

más los equipos SWAT: de tres mil lla-mados en 1980 ahora son 50 mil por año, lo que confirma que la situación escaló, según el profesor de Estudios de Justicia de la Universidad de Kentucky, Peter Kraska.

Hay otras cifras elocuentes: a finales de los años 90 el 89 por ciento de los departamentos de policía en ciudades estadounidenses con más de 50 mil per-sonas tenían equipos SWAT (más del doble de los que tenían en los años 80). En 2007 más del 80 por ciento de los departamentos de policía en ciudades con 25 mil o 50 mil habitantes ya tenían esas fuerzas.

Hoy se recurre a los SWAT para casi todo: en Baltimore y Dallas in-

terrumpen juegos ilegales de póquer; en New Haven, Connecticut, impiden que menores de edad beban en un bar y en 2010 irrumpieron en barberías de Orlando, Florida, para atrapar a vende-dores de armas y, al no lograrlo, arresta-ron a 34 personas por “cortar el cabello sin licencia”. En Maricopa, Arizona, irrumpieron en casa de Jesús Llovera, sospechoso de organizar peleas de ga-llos; incendiaron un tanque y mataron a 100 aves. Esos abusos violan los de-rechos de las personas, asegura el pro-fesor Kraska.

Ante ello, la influyente revista bri-tánica The Economist preguntaba en su edición de marzo de 2014 si estos elementos actúan como ¿policías o soldados? Y describía una acción en la que entraron enmascarados a una casa con cascos, armas y escudos, derri-bando violentamente la puerta como si estuvieran ingresando a una guarida de criminales. Buscaban ropa y aparatos electrónicos, supuestamente compra-dos con una tarjeta de crédito robada. No encontraron nada pero arrestaron a dos personas: el hijo de la propietaria, un minusválido, y a su traumatizada madre.

El jefe de la policía de Ankeny, Iowa, Gary Mikulec, aseguró a la revis-ta que los arrestados “no eran buenas personas”. A Kraska le preocupa que la Suprema Corte haya dictaminado que la policía y los SWAT entren a una casa sin tocar o avisar si existe “sospecha razonable” de que al hacerlo, los cri-minales harían desaparecer evidencia valiosa.

Además de esa dudosa legalidad in-quieta el costo de esas unidades. Sólo entre 2002 y 2011 el Departamento de Seguridad Interna les dio 35 mil millo-nes de dólares, el Pentágono las dotó de chalecos y trajes blindados, escudos y

EE. uu. se convirtió en el país con la mayor colección de bases extranjeras en la historia.

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cascos reforzados, así como lo hacen otras agencias, refiere Balko.

Es difícil explicar que ciudades como Fargo, en Dakota del Norte –con promedio de dos asesinatos por año– requiera de un vehículo blindado con torreta giratoria para transportar perso-nal. También que el pequeño poblado de Keene, en New Hampshire –con tres homicidios entre 1999 y 2012– gaste al año 286 mil dólares en un transporte de personal blindado contra misiles Bear-Cat. Para justificarlo, el jefe local dijo que podría usarse en el Festival de las Calabazas y otras situaciones “riesgo-sas”.

En su primer periodo de gobierno, Barack Obama fue renuente a milita-rizar las fuerzas policiacas. Sin embar-go, tras las protestas masivas de agosto de 2013 en Ferguson, Missouri, por la muerte del adolescente afroamericano Michael Brown a manos de un policía, el mandatario aprobó equipo militar de la policía en misiones críticas. Además, amplió el presupuesto del Programa 1033 (Combate en Guerra y Combate al Crimen) del Departamento de Defensa y destinó cuatro mil millones 300 mil dólares para adquirir rifles de asalto, vehículos blindados e incluso aviación militar.

Además, Obama anunció dos nuevas iniciativas para financiar lo que llamó la Fuerza de Tarea de Patrullaje del Siglo XXI. Adicionalmente, buscó el apoyo público con campañas para que la sociedad acepte esa vertiente para-militar en la estructura del Estado con base en el mismo manual que controló el escándalo de espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional en 2013.

Académicos liberales y publica-ciones demócratas como la revista La Nación han denunciado que el Gobier-no de Obama utiliza políticas raciales

para encubrir la doctrina paramilitar de la policía. Afirman que los derechos básicos democráticos han sido asalta-dos y que aumenta la represión como respuesta de la aristocracia financiera estadounidense a las tensiones sociales.

También denuncian que mientras la riqueza de los multimillonarios se du-plicó desde 2009, no se ha limitado la criminalidad corporativa ni hay redis-tribución democrática de la riqueza. A su vez, el secretario de la organización Jóvenes y Estudiantes por la Equidad Social Internacional (IYSSE, por sus siglas en inglés), Andre Damon, sos-tiene que la militarización de la policía en EE. UU. no “mantiene a salvo al pueblo” sino que fortalece el aparato

represivo y lo dirige contra la oposición social y política dentro del país.

Otra expresión de esa militarización es el reclutamiento de personal para-militar en la Patrulla de Autopistas de California (CHP, en inglés), la mayor fuerza policiaca estatal. El periodista John Vibes dio la alerta en diciembre de 2014 al exhibir una pregunta en la solicitud de la CHP para contratar per-sonal: ¿Está deseoso de trabajar en una organización paramilitar y operar bajo una cadena de comando estructurado?

El sitio web de la CHP tiene una sección dedicada a reclutar exsoldados y personas con experiencia “paramili-tar”, vocablo que utiliza para describir la tarea de ese cuerpo y ofrece empleo a

EE. uu. consolida su plan político-comercial con Perú y Chile en la denominada alianza del Pacífico.

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antiguos militares que “se adaptan bien a nuestro ambiente de trabajo parami-litar”.

También la Agencia Central de la In-teligencia (CIA) invita a interesados en ser oficiales de Operaciones Paramilita-res o de Habilidades Especializadas. En la dirección: http://www.ciaagentedu.org/paramilitary-operations-and-spe-

cialized-skills-officer/se explica que el Servicio Nacional Clandestino (NCS) de la CIA emplea en sus operaciones paramilitares a oficiales con destrezas y habilidades especializadas para com-prometerse en operaciones de inteli-gencia en el extranjero que ocurran en ambientes peligrosos o riesgosos. Entre los requisitos mínimos para ser oficial de operaciones paramilitares se exige ser estadounidense y pasar un proceso de capacitación de 18 meses.

El pasado 29 de enero el periodista de The Washington Post Greg Miller informó que la CIA promovió a un alto oficial paramilitar para liderar el NCS –cuyo nombre oculta como práctica co-

tidiana– para sustituir a Michael Sulik. Según Miller, el nuevo jefe de la rama clandestina de la CIA lleva el nombre e inicial del primer apellido “Greg V”, descrito como uno de los líderes más dotados y versátiles de la agencia.

El sesgo neocolonial de la visión militarista de EE. UU. se consuma en la ocupación de nuevos territorios con una red global de bases militares y se expresa en la militarización de la fuerza pública en su propio país para contener a adversarios políticos y sociales. Fre-nar ambas visiones, que benefician al gigantesco complejo industrial militar, sólo se logrará con la acción de la so-ciedad estadounidense.

la militarización de la policía en EE. uu. no “mantiene a salvo al pueblo” sino que fortalece el aparato represivo .