No. 30 El pez grande

13 de marzo de 2010 • Número 30

Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver

Suplemento informativo de La Jornada

TEMA DEL MES

Dueños del balón, de la cancha, de los jugadores, del árbitro, de los derechos de transmisión...

13 de marzo de 20102

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La Jornada del Campo, suplemento mensual de La Jornada, editado por Demos, Desarrollo de Me-dios, SA de CV; avenida Cuauhtémoc 1236, colonia Santa Cruz Atoyac, CP 03310, delegación Benito Juárez, México, Distrito Federal. Teléfono: 9183-0300.Impreso en Imprenta de Medios, SA de CV, avenida Cuitláhuac 3353, colonia Ampliación Cosmopolita, delegación Azcapotzalco, México, DF, teléfono: 5355-6702. Reserva de derechos al uso exclusivo del título La Jornada del Campo en trámite. Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta publicación, por cualquier medio, sin la autorización expresa de los editores.

Suplemento informativo de La Jornada 13 de marzo de 2010 • Número 30 • Año III

QUE COMPITAN LOS POBRES

La competencia, que fue la forma dominante del siglo XIX, ha cesado de ocupar tal posición. Hoy la unidad económica típica en el mundo capitalista no es la pequeña firma sino la empresa en gran escala. Por tanto, no es permisible ignorar el monopolio en la construcción de nuestro modelo y seguir considerando la competencia como el caso general; no podemos introducirlo como un simple factor modificador, debemos colocarlo en el centro mismo del esfuerzo analítico.

Paul A.Baran y Paul M. Sweezy, El capital monopolista

Monopolio, no competencia, es el verdadero rostro del capital. Los antiguos órdenes sociales se fincaban en la concentración

de poder y propiedad; en cambio, el moderno sistema mercantil se ufana de haber traído la democracia y la libre concurrencia. Mentira.

El mundo de ciudadanos libres y empresarios competitivos siempre fue espejismo; sea porque en el despegue del mercantilismo absoluto los monopolios del viejo régimen se resistían a des-aparecer, sea porque la concentración y centra-lización económicas son consustanciales al ca-pitalismo avanzado. A veces el monopolio priva sobre los capitales productivos, pero en otras las corporaciones reinan sobre ejércitos de modes-tos productores domésticos. Tal es el caso de la caficultura mexicana, donde corporaciones como Nestlé o Agroindustrias de México SA (AMSA) expolian a poco menos de medio mi-llón de campesinos medianos y pequeños.

La modalidad imperialista y financiera que adopta el gran dinero desde fines del siglo XIX fue vista por críticos y apologistas como una forma superior, pero también como un orden abrumadoramente monopólico y desmedida-mente especulativo. Uno de sus analistas, Ru-dolf Hilferding, escribe en El capital financiero, de 1912: “La especulación es la flor más sublime y la raíz más profunda del capitalismo. Todo es especulación: fabricación, comercio, diferentes negocios; todo capitalista es un especulador. La especulación es el mal por excelencia, del que se derivan las crisis, la sobreproducción y todo lo que la sociedad capitalista tiene de nocivo”. Y asocia esta proclividad especulativa con el despliegue del capital financiero: “El capital industrial es el Dios Padre, que ha dejado como Dios Hijo al capital comercial y bancario, y el capital monetario es el Espíritu Santo; son tres, pero uno solo en el capital financiero”.

Más tarde, la conformación mundial de un centro “desarrollado” y una periferia “subde-sarrollada” desata nuevas reflexiones críticas y todas coinciden: la concentración metropolita-na del capital provoca que en vez de lucha por las ganancias entre inversiones productivas que compiten entre sí, lo que hay son transferencias de valor sostenidas en la abismal desigualdad de los concurrentes al mercado.

Expoliación metropolitana de las modernas colonias que ya en La acumulación de capital, de 1912, Rosa Luxemburgo veía como una condi-ción externa imprescindible en la reproducción del capitalismo; que 60 años después, en La acu-mulación a escala mundial, Samir Amin identifi-ca con la acumulación originaria dominante en el capitalismo temprano: “Estos mecanismos no

se ubican sólo en la prehistoria del capitalismo; son también contemporáneos. Son esas formas renovadas pero persistentes de la acumulación primitiva en beneficio del centro, las que cons-tituyen el objeto de la teoría de la acumulación en escala mundial”, y que 30 años más tarde, en un ensayo titulado El “nuevo” imperialismo, Da-vid Harvey rebautiza: “Una revisión general del rol permanente y de la persistencia de prácticas depredadoras de ‘acumulación primitiva’ u ‘ori-ginaria’ a lo largo de la geografía histórica de la acumulación de capital, resulta muy pertinente Dado que denominar ‘primitivo’ u ‘originario’ a un proceso en curso parece desacertado, en ade-lante voy a sustituir estos términos por el con-cepto de acumulación por desposesión”.

En años recientes, la apropiación y mercan-tilización de bienes como el germoplasma y sus códigos –que habían sido de libre disponibili-dad hasta que el capital halló la forma de valo-rizarlos transitando de “la renta de la tierra a la renta de la vida”– develó la creciente importan-cia como factor de acumulación del monopolio sobre recursos naturales y sociales escasos y las rentas que genera.

Y es que se obtienen cuantiosos ingresos gra-cias a la escasez de tierras fértiles y de agua po-table; pero también se lucra con el agotamiento de los combustibles fósiles y se obtienen ganan-cias privatizando el espectro electromagnético, los códigos genéticos, los saberes comunitarios, la información, las ideas. Pero por sobre todos los negocios perversos reina la especulación fi-nanciera cuya desmecatada codicia nos puso al borde de una nueva Gran Depresión.

Aquí la vocación rentista del capital coin-cidió con la fiebre desincorporadora de recur-sos y actividades públicas. Así, en los últimos 30 años se consumó la reprivatización de un sistema bancario y financiero que hoy además de trasnacional es ineficiente y medra con la deuda pública; se conformó una minería rapaz y contaminante donde privan las inversiones extranjeras; se fortaleció una industria energé-tica paralela a la pública que, violentando la Constitución, privatiza cada vez más la renta petrolera y las que genera el sistema eléctrico nacional; se consolidó un sistema de comuni-caciones privado y casi monopólico donde la lucha por restarle espacios a Telmex poco tiene que ver con la competencia y mucho con la rebatinga por las franjas del mercado más ren-tables; embarneció un duopolio televisivo que tiene copado el espectro electromagnético y el imaginario colectivo lucrando políticamente con su posición dominante; se estableció en el mercadeo un sistema de tiendas de autoser-vicio que avasallan el pequeño comercio, es-trangulan proveedores y tienen en sus manos el abasto familiar. Sin olvidar el vertiginoso negocio del narcotráfico, que es inextirpable pues se entrevera con infinidad de actividades económicas “lícitas”, con el sistema financiero y con el negocio de la política. En suma: un sis-tema monopolista rapaz y especulativo donde la inversión productiva más que fin en sí mis-ma es medio para realizar la renta.

Pero el monopolio más alarmante es la inau-dita concentración de nuestras relaciones econó-micas, sociales y políticas con Estados Unidos.

México se ha vuelto epítome de dependen-cia. Obvio es que los procesos globales ciñen cada vez más a los nacionales, pero en el caso de nuestro país el condicionamiento universal de-vino forma particular. Y es que padecemos más de tres mil kilómetros de frontera con la nación que por cerca de 80 años ha sido la mayor po-tencia mundial y con la que hemos mantenido una intensa y conflictiva interacción que en lo tocante al flujo de mercancías y personas que se acrecentó a raíz de las políticas de apertura y desregulación y del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). El saldo fue la dependencia integral, estructural, casi ontológi-ca de México respecto de la potencia contigua.

Sometimiento extremo que nos hace excep-cionales aun en un mundo de intensas inter-dependencias como el actual. Lo que a su vez explica que en la crisis recesiva de 2008-2009 el país haya tenido el peor desempeño econó-mico de América Latina.

Esta sumisión es económica: alrededor de 85 por ciento de nuestros intercambios son con Es-tados Unidos y vienen de ese país dos tercios de la inversión extranjera directa; demográfica: 30 millones de personas de origen mexicano viven al norte del Río Bravo, de las cuales 12 millones nacieron en México; energética: nuestra produc-ción de petrolíferos lleva diez años estancada y recientemente ha caído, mientras que el crecien-te consumo local de procesados, sobre todo gaso-lina, diesel y gas licuado por algo más de 13 mil millones de dólares, se importa de Estados Uni-dos; alimentaria: traemos de ese gigante agrícola 40 por ciento de lo que comemos, en particular granos, oleaginosas y lácteos; social: los 400 mil mexicanos que migraron anualmente a Estados Unidos durante los tres primeros lustros del TL-CAN atenuaron el desempleo y, mediante las “re-mesas” que para 2008 llegaron a 24 mil millones de dólares, elevaron el ingreso familiar y mantu-vieron la actividad económica en muchas zonas depauperadas; política: las sucesivas administra-ciones locales necesitan, para legitimarse, el aval de su vecino y “socio” mayor; diplomática: Méxi-co nunca ha figurado en el mundo y se distanció de América Latina, lo que le dificulta sostener la tradicional independencia de nuestra política ex-terior respecto de los designios imperiales; de se-guridad: al ser ámbito de origen y tránsito de ener-vantes y haber cedido a la política estadounidense de combatir extramuros al narcotráfico, México enfrenta una “guerra” interna con la delincuen-cia organizada que no puede sostener sin aportes de su vecino como los del Plan Mérida; cultural: con políticas que ven la cultura como negocio, es imposible para México resistir o al menos compensar la invasión de la poderosa industria estadounidense del entretenimiento promotora del proverbial american way of life; científica: el raquítico fomento a la investigación desalienta la producción nacional de conocimiento y nos obli-ga a importar tecnología que podríamos desarro-llar aquí. Paraíso del monopolio y la especulación México devino infierno social.

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COMITÉ EDITORIAL

Armando Bartra Coordinador

Luciano Concheiro Subcoordinador

Enrique Pérez S.Lourdes E. RudiñoHernán García Crespo

CONSEJO EDITORIAL

Elena Álvarez-Buylla, Gustavo Ampugnani, Cristina Barros, Armando Bartra, Eckart Boege, Marco Buenrostro, Alejandro Calvillo, Beatriz Cavallotti, Fernando Celis, Luciano Concheiro Bórquez, Susana Cruickshank, Gisela Espinosa Damián, Plutarco Emilio García, Francisco López Bárcenas, Cati Marielle, Brisa Maya, Julio Moguel, Luisa Paré, Enrique Pérez S., Víctor Quintana S., Alfonso Ramírez Cuellar, Jesús Ramírez Cuevas, Héctor Robles, Eduardo Rojo, Lourdes E. Rudiño, Adelita San Vicente Tello, Víctor Suárez, Carlos Toledo, Víctor Manuel Toledo, Antonio Turrent y Jorge Villarreal.

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Diseño Hernán García Crespo

BUZÓN DEL CAMPO

Valor Variación %2005 8,113,679.0 3.22006 8,513.900.0 4.92007 8,798,342.3 3.32008 8,929,455.5 1.52009 8,345,648.5 -6.5

Fuente: SIAP, Sagarpa, con información del Inegi.

Las cifras no mienten. El país enfrentó en 2009 una crisis económica evidente, la mayor en seis décadas, según los economistas. El Producto Interno Bruto (PIB) declinó en 6.5 por ciento; se reportó que la pobreza patrimonial avanzó de 42.6 por ciento a 47.4 entre 2006 y 2008, en buena parte debido al aumento en el precio de los alimentos y, según advierte el Consejo Nacional de Evaluación (Coneval), los datos correspondientes a 2009 serán peores. Y el creci-miento de la economía informal mostró una situación sin precedentes, debido a un desempleo galopante (aunque no bien medido en los datos ofi ciales). Estos datos, sin em-bargo, contrastan con la situación boyante de los grandes consorcios alimentarios, los cuales man enen avances sin freno en sus ventas. Claro, como se ve en las cifras de re-cursos otorgados por la Secretaría de Agricultura a Cargill, el gigante alimentario del mundo, un empujoncito con sub-sidios públicos siempre es bueno.

CAE EL EMPLEO Durante 2009 se perdieron en México 220 mil empleos for-males, según datos del Ins tuto Mexicano del Seguro So-cial, con base en su registro de afi liados; no obstante, cálcu-los independientes muestran que la cifra es mucho mayor. El Ins tuto de Inves gaciones Económicas de la UNAM dijo en diciembre que la cifra ascendía a 650 mil.

Información del Ins tuto Nacional de Estadís ca y Geo-gra a (Inegi) señala que en 2009, el 5.3 por ciento de la Población Económicamente Ac va (PEA), esto es 2.5 millo-nes de personas, estuvieron desempleadas. Este indicador revela las cifras de los ciudadanos que no trabajaron ni si-quiera una hora durante la semana.

El mismo 2009 la población que pasó al sector informal del empleo sumó 12.6 millones de personas, cifra nunca antes vista, según dijo el propio Inegi. La población subocu-pada sumó 3.9 millones de personas.

Las en dades con la tasa de desempleo más elevada fueron Chihuahua, Querétaro, Coahuila, Durango, Aguas-calientes Estado de México y Nuevo León.

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la tasa de desempleo en México fue de 5.5 por ciento al cierre de 2009, lo cual resul-ta “una de las cinco más bajas” entre los 30 países miem-bros de esta organización. El promedio de este indicador en el conjunto de miembros de la OCDE fue de 8.3 por ciento, esto es 2.2 puntos porcentuales arriba respecto de 2008. El país miembro con mayor nivel de desempleo fue España, con una tasa de 18.1 por ciento. Estados Unidos registró 9.3 por ciento.

Analistas afi rman que en México la tasa ofi cial de des-empleo es baja debido a que aquí no existe un seguro de desempleo y por tanto la gente que queda sin trabajo se refugia en la economía informal y no reporta su situación ante ninguna instancia ofi cial. Asimismo, el indicador para considerar que una persona no ene trabajo es extremo (que no haya trabajado ni una hora en cada semana).

Valor del PIB y Variación Porcentual Anual

(Millones de pesos a precios de 2003)

VENTAS NETAS DE TRES GRANDES EMPRESAS AGROALIMENTARIAS

(Millones de pesos)

Empresa 2005 2008 2009Variación %

2009/08Grupo Bimbo 56,102.2 82,463.0 116,479.0 41.2Grupo Maseca 26,686.6 44,792.0 50,489.0 12.7Industrias Bachoco 14,437.4 20,109.6 23,271.8 15.7

Fuente: Reportes de las empresas.

APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN DE MAÍZ OTORGADOS POR ASERCA / SAGARPA A CARGILL

PERIODO 2005-2009

CONCEPTO VOLUMEN (Tons.) MONTO ($)Exportación 29,152.48 11,166,868.00Coberturas de precios 11,873,998.29 273,566,371.07Pignoración 3,651.30 1,733,861.22Compras an cipadas 1,317,270.75 308,259,446.20TOTAL 13,224,072,82 597,726,546.49

VENTAS DEL GRUPO MASECA(Millones de dólares)

Fuente: De 2001 a 2005, Informe Grupos económicos en la industria de alimen-tos. Las estrategias de Gruma, de Araceli Rendón Trejo y Andrés Morales Alquicira, Argumentos, México, D.F., 2008. De 2006 a 2009, reportes de la empresa. *Los datos que ofi cialmente la empresa reportó estos años están en pesos. En 2008 las ventas netas fueron de 44 mil 792 millones de pesos y las de 2009 sumaron 50 mil 489 millones de pesos, un aumento de 13 por ciento. Las cifras del cuadro, en dólares, fueron conver-tidas con base en el tipo de cambio actual de 12.66 pesos por dólar.

SUBEN LAS VENTAS No obstante la crisis alimentaria iniciada en 2006-2007, con un dis-paro en el precio de la tor lla, Maseca, el principal jugador del mer-cado de la harina de maíz y de la tor lla en México y en el mundo, man ene una línea ascendente en sus ventas. Tan sólo entre 2004 y 2009 las elevó en 89 por ciento. La tendencia viene de años atrás; en menos de dos décadas, entre 1991 y 2009, estas ventas se cua-druplicaron. Cabe decir que en 2009 la u lidad neta de la empresa fue de dos mil 97 millones de pesos y el precio de su acción pasó de siete pesos a 23.07 pesos, esto es creció en dos mil 300 por ciento, y avanzó del lugar 44 al 28 en el índice de bursa lidad de la Bolsa Mexicana de Valores.

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1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

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2001

2002

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2004

2005

2006

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8

*200

9

Con una ayudadita de sus amigos de la administración pública


Lourdes Edith Rudiño

Con excepción de algunos ca-sos (como uno ante tribunales

para combatir la concentración de Maseca, el cual se perdió en la parte legal, o inves-tigaciones de oficio, que están en curso, en prácticas anticompetitivas en pollo y en gua-yaba), la Comisión Federal de Competencia (CFC) prácticamente se ha mantenido al margen del sector agroalimentario hasta hoy.

Su presidente, Eduardo Pérez Motta, afirma que la CFC sí observa que “hay un problema de concentración en algunos sub-sectores (del agro); si hay situaciones de muy pocas empresas, que podrían tener, por la concentración, cierto poder de mercado en la venta y otras que tienen poder de mercado en la compra, y los dos efectos pueden ser nocivos para los consumidores”.

Sin embargo, “este tema de concentra-ción no quiere decir que haya un problema de prácticas anticompetitivas y nosotros lo que sancionamos son esas prácticas”. Además, la CFC no ha recibido de parte de actores del agro una cantidad importante de denuncias contra este tipo de prácticas y ello se debe en parte a que los posibles denunciantes decidan no acudir a la Comisión por temor a que ésta inicie una investigación y sus proveedores o compradores tomen represalias. “En México no hay todavía una cultura generalizada de promover competencia en los mercados”.

En entrevista, el funcionario afirma que la Comisión está actualmente haciendo con-tactos de manera informal con la Secretaría de Agricultura “para ver qué tipo de acciones podrían ser útiles de parte de la CFC para hacer más eficientes los mercados agrícolas y alimentarios (...) Veo muy buena disposición del secretario Francisco Mayorga (...) Esto es muy importante, se tiene que llevar a cabo, pues sus efectos se verán en productores y consumidores, que somos muchos.

“La falta de competencia tiene un efecto negativo sobre la distribución del ingreso. Y muchos son productos que tienen que ver con el sector agropecuario, porque la población más pobre usa una proporción mucho mayor de su ingreso para comprar alimentos (...) He-mos identificado mercados donde se podría te-ner un impacto de tres o cuatro por ciento en los ingresos de la población más pobre metien-do más competencia. Esto es muy preliminar, estamos en el proceso de análisis, lo estamos haciendo con la Encuesta Ingreso-Gasto y no tengo los datos exactos (de los productos)”.

Se le comentó a Pérez Motta la situación que sufren cafetaleros, productores de gra-nos, lecheros y otros al tener compradores muy concentrados, o enfrentar prácticas de mala fe (por ejemplo la importación que ha-cen Maseca y Cargill de maíz al tiempo que hay cosechas nacionales, con la intención de afectar los esfuerzos de comercialización de las organizaciones de productores).

Su respuesta fue que los productores afectados se deben acercar a la CFC “y que nos digan cuál es el problema que están vi-viendo. Ya nosotros veremos si debe hacerse o una denuncia o podemos iniciar una inves-tigación de oficio. Si no se acercan a la Co-misión, no podemos adivinar. La verdad es que hay problemas de competencia en todo el país. Somos un organismo pequeño que estamos identificando problemas y estamos haciendo un trabajo con el mayor esfuerzo, pero no podemos estar en todo”.

–¿El hecho de que el sector agroalimenta-rio esté tan concentrado no debería motivar más investigaciones de oficio?

–Es que hay concentración en todo el país, en telecomunicaciones, en el sector finan-ciero, en energía, ¿en cuál no? En unos más que otros, pero México no es un país que se caracterice por tener estructuras de mercado muy atomizadas. Hay unos peor que otros, hay unos que son más sensibles que otros, pero se ve en muchos lados.

En fechas recientes, el diario Reforma pu-blicó información del Global Competition Review que revelan que México está entre los países con menos recursos económicos, em-pleados y herramientas legales para enfren-tar los monopolios. Por cada funcionario de la CFC hay 670 mil habitantes en México, contra la proporción de uno por 275 mil en el caso de la comisión antimonopolio de Es-tados Unidos, y de uno por 114 mil habitan-tes en el caso de Canadá. Además la CFC, señaló el diario, cuenta apenas con cuatro abogados que deben enfrentarse a equipos jurídicos poderosos de las empresas, y éstas llegan a gastar en cada litigio con la CFC un equivalente de diez por ciento del presu-puesto de la Comisión. Además las multas que impone la Comisión son muy bajas en

comparación con otros países: la máxima es de seis millones de dólares, contra cien mi-llones de dólares en Estados Unidos o el 30 por ciento del valor de las ventas anuales de las empresas en el caso de Brasil (que es el país mejor calificado en la confrontación de prácticas monopólicas).

Al comentársele a Pérez Motta la preocu-pación de que esto limite la actuación contra las prácticas monopólicas en el agro, dijo que la Comisión debe mantenerse como un organismo pequeño, “como la mayoría de las comisiones en el mundo”, y si bien debe elevar el número de abogados y economistas, ello será de forma conservadora, porque no es fácil encontrar profesionales con la exce-lente calidad que tiene la CFC.

Reconoció: “Estamos enfrentándonos a los poderes más fuertes del país y ellos no tie-nen ningún empacho en contratar a los abo-gados que sean necesarios”. No obstante, dijo, “estamos ganando muchos casos, estamos ga-nando más de 80 por ciento de los amparos. Porque tenemos pocos abogados pero bue-nos”. Los casos en que ha trabajado la CFC o está en proceso de investigación abarcan los temas de tortillas, telecomunicaciones, tien-das de autoservicios, farmacéuticas, agencias mobiliarias, licitaciones del sector público, “en fin, una cantidad enorme de temas”, y “en los 17 años de existencia de la Comisión, al pelear estos asuntos en los tribunales se ha ido ratificando la legalidad de la constitucio-nalidad de la Ley (Federal de Competencia)”, pues es común que las empresas investigadas por prácticas anticompetitivas ataquen la vali-dez de varios artículos de esta legislación. “Es importante, por tanto, no hacer cambios signi-ficativos a la ley para no empezar de nuevo”.

Azúcar, tortillas y guayaba. Pérez Motta comentó brevemente –pero sin brindar detalles porque los procesos están en marcha– que la CFC está investigando prácticas anticompetiti-vas en la rama de producción de pollo y también en el mercado de la guayaba, “y próximamente vamos a publicar una opinión sobre tortilla, que va a ir dirigida a los municipios porque hemos identificado muchos reglamentos municipales que inhiben, evitan, entorpecen la competen-cia entre tortilleros. Es un trabajo que hace el pleno de la Comisión; la opinión no va a ser vinculante, pero va a hacer recomendaciones”.

Dijo que la CFC ha detectado problemas en el mercado del azúcar, pero no enlazadas con prácticas anticompetitivas, sino más bien con problemas de carácter regulatorio (la Ley Cañera, que establece la fórmula de definición de los precios y engancha el pre-cio al consumidor con el pago de la caña). “Los precios nacionales están muy por arriba de los precios internacionales. Allí hay un problema. No ha habido un proceso de acce-so al azúcar internacional que permita que se disciplinen los precios internos”.

Se le comentó que en azúcar ocurre que el precio internacional es dumping, debido a subsidios y características de producción muy diferentes en otros países (como el lati-fundio en Guatemala o eso mismo y el escla-vismo de los trabajadores cañeros en Brasil). Pérez Motta dijo que entonces hay que acu-dir a la ley antidumping y subrayó: “cuál es el interés que debes proteger con más fuerza, el de los consumidores, o río abajo, de las cadenas productivas, o el interés de ciertos productores. Yo soy de la idea de que lo que necesitamos es proteger a la sociedad. Ese debe ser el principal objetivo”.

MARGINALES EN EL AGRO, LAS INVESTIGACIONES DE LA COMISIÓN DE COMPETENCIA• Indispensable que los productores denuncien prácticas monopólicas: Pérez Motta

MONOPOLIOS

Eduardo Pérez Motta, presidente de la Comisión Federal de Competencia Por cada funcionario de la CFC

hay 670 mil habitantes en México,

contra la proporción de uno por

275 mil en el caso de la comisión

antimonopolio de Estados

Unidos, y de uno por 114 mil

habitantes en el caso de Canadá

EL MONOPOLIO ALIMENTARIO DAÑA MÁS A LOS MÁS POBRESLos hogares urbanos, y en par cular los más pobres, son los más afectados en sus ingre-sos por la incidencia nega va de las empre-sas con poder de mercado. De acuerdo con un exhaus vo análisis elaborado por Carlos Urzúa, académico del Tecnológico de Mon-terrey, que considera la Encuesta Nacional Ingreso Gasto de los Hogares (ENIGH) 2006, se detecta que en casi todos los deciles de la población urbana tal incidencia implica la pérdida de más de un tercio del gasto pro-medio total. En el ámbito rural, la situación es “un poco más grave”: el decil I sufre una pérdida de 46 por ciento en los ingresos de los hogares, mientras que el decil X pierde 37 por ciento. A medida que se es más po-bre tanto en el ámbito urbano, como en el rural, las prác cas an compe vas enen mayor efecto nega vo.

El trabajo de Carlos Urzúa se enfoca funda-mentalmente a industrias alimentarias, aun-que también destaca el sector de medicinas.

He aquí el grado de concentración que observa:

• Tor lla de maíz: Grupo Maseca (Gruma) produce más de dos terceras partes de la producción de harina de maíz en México, por lo que es, para todos los propósitos, la empresa dominante. No obstante, el mercado de la tor lla está dividido casi a la mitad entre lo que se produce con ha-rina de maíz y la que se ob ene con nix-tamal (producido por un gran número de oferentes).

• Carnes procesadas: tres empresas domi-nan el mercado: Sigma Alimentos, Grupo Bafar y Qual a Alimentos.

• Pollo y huevo: tres empresas concentran alrededor de la mitad de la poroducción nacional, Bachoco, Pilgrim’s Pride y Tyson.

• Leche: dos empresas, Lala y Alpura con-trolan alrededor de 80 por ciento del mer-cado; el resto está fragmentado.

• Refrescos, jugo y agua: las dos grandes empresas en el caso de las bebidas car-bonatadas son FEMSA (Coca Cola) y Pep-sico (Pepsi). No obstante, la primera de-tenta un porcentaje lo sufi cientemente alto del mercado como para haber sido declarada como empresa dominante por parte de la Comisión Federal de Compe-tencia en 2008.

• Cerveza: el mercado está controlado en casi un cien por ciento por Grupo Mo-delo y Cervecería Cuauhtémoc y Moc-tezuma. Además, el mercado está geo-gráfi camente segmentado y los precios son básicamente idén cos entre marcas compe doras.

• Medicinas: hay un sinnúmero de empre-sas productoras, pero sólo dos grandes distribuidoras, Casa Saba y Nadro (Nacio-nal de Drogas), ello aún cuando la compe-tencia vía supermercados, especialmente Wal-Mart, ha ido creciendo.

Fuente: Carlos Urzúa, académico del Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México. Evaluación de los efectos distributivos y espaciales de las empresas con poder de mercado en México. Agosto de 2008.

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13 de marzo de 2010 5

Miguel Pulido Jiménez

En un país como México –con una ruralidad histórica, de

carácter popular, de alta importancia social y con una dimensión estratégica en lo eco-nómico y en otros rubros como la soberanía alimentaria– no puede ni debe obviarse el debate sobre el modelo de política rural que tenemos y cuáles son las premisas que orien-tan dicho modelo. Un debate de esta natu-raleza es la arena ideal para que se expresen diversos intereses en conflicto, por ello es importante encuadrar la discusión dentro de algunas fronteras.

La primera de ellas es que el uso de re-cursos públicos para impulsar al sector rural parece estar fuera de discusión. Llamando a las cosas por su nombre, ningún actor invo-lucrado aceptaría que la política rural fuera sólo un conjunto de reglas y regulaciones que se limitaran a observar la conducta de los competidores sin que mediaran recur-sos. Además, las condiciones mundiales de competencia hacen obligatoria la interven-ción del Estado con la asignación de dinero público al campo. La segunda es conse-cuencia directa de la primera; siendo los recursos públicos un asunto del interés de toda la población y no sólo de los directa-mente afectados, la discusión sobre el mo-delo de política rural debe estar abierta a la ciudadanía en general. Por último, es obli-gado el reconocimiento de que en torno a lo rural hay más fenómenos que lo estricta-

mente económico. Una visión sesgada que pretenda asegurar que se trata sólo de un asunto de productividad es un argumento falso, no hay asunto público que sólo atien-da e impacte en un factor.

Pongamos ahora las cosas en dimensión. El primer dato son los más de 270 mil mi-llones de pesos que el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sus-tentable (PEC) recibe en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Negar que estos recursos son un botín sujeto a disputa es tra-tar de tapar el sol con un dedo. Lo mismo que pretender negar que el diseño actual de los programas de subsidios equivale a un laberinto que excluye a quienes más los necesitan. Flaco favor le hacen las reglas de operación a la participación universal en los programas. Lo que resulta es que la mayor parte del botín presupuestario termina en manos de unos cuantos, pues sólo ciertos competidores están en condiciones de ac-ceder a o de ejecutar ciertos programas de subsidios.

Esto no sólo distorsiona el mercado, hace que esquemas, como el de Compras Anti-cipadas o Agricultura por Contrato, se con-

viertan en instrumentos de política pública al servicio de intereses privados y genera una capa de opacidad sobre el dinero pú-blico. Con el diseño actual, la política rural transforma a poderosos comercializadores y competidores trasnacionales en agentes financieros que median el pago de los sub-sidios, lo que, además de suponerles una ven-taja que hace imposible la competencia con medianos y pequeños comercializadores y productores, impide tener información indi-vidualizada de quiénes reciben por cualquier motivo recursos públicos.

Así, empresas como Cargill, Maseca, Ba-choco y otros grandes consorcios pueden argüir que ellos pagan al productor el pre-cio que deriva del valor de mercado más el subsidio fijado por el gobierno y con ello pretenden que el subsidio termina benefi-ciando a los productores. Incluso así lo han hecho públicamente, negando que con estos esquemas ellos también se ven ampliamente beneficiados (El Semanario, nota del 18 de febrero de 2010).

En este escenario surgen múltiples preguntas. ¿Por qué no se dan los apoyos directamente, entonces, a los productores? ¿Quién fiscaliza la entrega de estos subsidios en su tramo final y cómo sabemos de mane-ra individual en dónde están y quiénes son los productores beneficiados? ¿No funcionan estos nuevos esquemas como una suerte de Conasupo privada? En el discurso oficial se sostiene que en los años recientes ha habido un incremento en la asignación presupues-taria al campo. Sin embargo, no ha habido un incremento en el universo de beneficia-rios, por el contrario, ha habido una dismi-nución de ellos en los padrones ¿Alguien en su sano juicio podría negar que esto es evidencia contundente de un fenómeno de concentración?

En conclusión, al menos para quienes queremos que el desarrollo rural del país sea equilibrado, congruente con la idea de que los recursos públicos son para el bien común y no el de unos cuantos, la política pública para el campo tiene fallas de origen. Mientras los órganos de gobierno justifican el pobre desempeño de los recursos públicos diciendo que están concentrados pues así se “eleva” la productividad en el campo, no se observa este fenómeno, ni se está atendiendo a los pequeños y medianos productores que además se encuentran en pobreza rural.

La pregunta obligada es si los recursos pú-blicos deberían ser destinados a subsidiar a los grandes productores, quienes no carecen de medios para competir, o bien, si deberían integrarse en una política de desarrollo rural sustentable que busque impulsar la capaci-dad y productividad de los pobres. Así como vamos, sólo se anuncia mayor pobreza y ma-yor concentración. Es, así de simple, el go-bierno federal impulsa una productividad a cargo de los más pobres. Coordinador del área de transpa-rencia y rendición de cuentas de FUNDAR [email protected]

presupuesto rural BOTÍN DE GRANDES CONSORCIOS

MASECA Y LA CFCEl 11 de enero de 2007, en medio del escán-dalo que generó la escalada de precios de la tor lla en México –que pasó de alrede-dor de 6.50 pesos a 10 y hasta 15 pesos por kilo–, la Comisión Federal de Competencia (CFC) anunció que había iniciado una inves- gación de ofi cio para detectar posibles

prác cas monopólicas absolutas de la ca-dena maíz tor lla y determinar si en algún eslabón de esta cadena se registraban colu-siones para manipular los precios, restringir las can dades ofrecidas en el mercado o dividir mercados entre compe dores.

La CFC dijo que en tres o cuatro meses habría resultados y que se impondrían multas de has-ta 70 millones de pesos en caso de confi rmar la colusión, pero ofi cialmente no hubo nada.

Resultados que no son públicos. Consul-tado ahora sobre las inves gaciones que, según la prensa, apuntaban al Grupo Ma-seca (Gruma) par cularmente, el presiden-te de la CFC, Eduardo Pérez Mo a, señaló que esta inves gación no buscaba impo-ner cas gos, “sino (se desarrolló) para ver cómo estaban asignándose los subsidios (a las empresas involucradas en la cadena maíz-tor lla), si se estaban asignando de manera efec va a los consumidores”. Los resultados, que sí implican a esa empresa, salieron hace unos dos años, “los vimos con las áreas técnicas del gobierno federal, pero

el documento no lo hemos publicado (..) no sé si valga la pena hacerlo (público hoy) por-que las condiciones tal vez ya son diferen-tes, y al hacerlo sólo confunda”.

Lo que sí comentó el funcionario fue el pro-ceso judicial que involucró a la CFC contra Gruma, luego de que la Comisión considerara improcedente la compra que en agosto de 2005 hizo esta empresa del cien por ciento de las acciones de Agroin-sa, empresa productora de harina de maíz funda-mentalmente y también de harina de trigo.

La CFC señaló en aquel entonces que era inacep-table esa adquisición pues colocaba a Maseca en una condición abier-tamente monopólica que le permi ría acaparar una parte sustancial de la de-manda de maíz blanco y la colocaría en condición de fi jar precios de las cosechas nacionales, además de que le daría poder para poner barreras al ingreso o expansión de compe dores.

Las delicadezas del emporio. El funciona-rio comentó que en ese juicio la CFC ganó la cons tucionalidad de ar culos de la Ley de Competencia que habían sido cues o-nados por Maseca, pero la empresa ganó

la legalidad de la compra de Agroinsa, con el argumento de que la Comisión hizo una no fi cación tardía a la empresa.

“Aquí hubo cosas muy raras. Los abogados (de Gruma) no nos dejaron entrar a empo a no fi car, hubo cosas muy desafortunadas. El abogado (de la empresa) sabía que teníamos que no fi car, cerró la puerta y nos echó a los policías para que no no fi cáramos. Ese po

de cosas suceden (...) Es un caso juzgado y no se puede hacer nada”. De 2004, cuando Maseca aún no adquiría Agroin-sa, al 2009, las ventas de esta empresa se eleva-ron en 89 por ciento, al pasar de dos mil 103 mi-llones de dólares a tres mil 989 millones.

Gruma, presidida por Roberto González Ba-rrera, es líder mundial

en la producción de harina de maíz y tor- lla (en harina su producción de 2009 fue

de un millón 90 mil toneladas). Tiene 20 mil empleados y presencia en 102 países con 92 plantas localizadas en México, Centro y Sudamérica. Estados Unidos, Holanda, Ita-lia, China, Malasia y Oceanía. Sus ventas en 2009 sumaron 50 mil 489 millones de pesos y en ese año obtuvo una u lidad neta de dos mil 97 millones de pesos (LER).

MONOPOLIOS

Las condiciones mundiales

de competencia hacen

obligatoria la intervención

del Estado con la asignación

de dinero público al campo

La pregunta obligada es si los

recursos públicos deberían ser

destinados a subsidiar a los

grandes productores, quienes

no carecen de medios para

competir, o bien, si deberían

integrarse en una política de

desarrollo rural sustentable

que busque impulsar la capacidad

y productividad de los pobres

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Adelita San Vicente Tello* y Areli Carreón García**

Las semillas son el lugar en donde se almacena la cul-tura y la historia. Vandana Shiva

Las semillas que en la actualidad utilizamos son las mismas semillas

que durante siglos han reproducido y con-servado los agricultores, particularmente las mujeres, quienes observaron la posibilidad de reproducción del grano recolectado y después, mediante la cruza de diversas variedades silves-tres, la forma de domesticarlas y adaptarlas a los ecosistemas y a sus necesidades.

Como insumo básico de la agricultura y principal reservorio de la información genéti-ca, la semilla ha sido objeto de múltiples trans-formaciones tecnológicas, desde su selección y mejoramiento hasta la manipulación genéti-ca. Es indudable que los procesos tecnológicos ligados a la semilla han posibilitado grandes transformaciones de la agricultura. Sin embar-go, a la par de esta evolución tecnológica, la concepción de la semilla como un recurso de uso común por excelencia se fue convirtiendo en un bien, sumamente codiciado, que en los pasados 50 años entró al mercado de lleno, ad-quiriendo el carácter de mercancía.

El binomio tecnología-legislación dio la oportunidad a las empresas semilleras tras-nacionales de fortalecerse y apropiarse de la producción y el mercado de semillas a esca-la mundial. Después de la industria farma-céutica, la semillera es el sector que se ha

concentrado a mayor velocidad en los años recientes. Este proceso avanza velozmente, en detrimento de la autonomía productiva de los pequeños productores agrícolas.

Hace unos meses el relator especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, Olivier de Schutter, recordó que tres compañías multinacionales: Mon-santo, DuPont y Syngenta controlan 47 por ciento del mercado de semillas comerciales. Esta historia de apropiación empezó con la Revolución Verde que trasladó la relevancia de la tierra, como medio de producción, ha-cia las semillas y los agroquímicos. El cam-bio tecnológico implicó la expansión de las empresas primero, atentas al mercado de los agroquímicos, y paulatinamente, acaparan-do el mercado de las semillas.

En México, el gobierno posrevolucionario apostó a la creación de una sólida infraes-tructura para apoyar al campo; en el caso de la semilla se logró la reproducción en escala comercial, mediante la Productora Nacional de Semillas (Pronase), de las variedades que

el Instituto Nacional de Investigaciones Agrí-colas (INIA) desarrollara, así como la distribu-ción de éstas entre los agricultores. Por su par-te, Monsanto se estableció en México desde 1950 comercializando polímeros, pero no en-tró al mercado agroindustrial sino a partir de 1979 cuando comenzó a producir el herbicida Round Up, que en México lleva el nombre co-mercial de Faena y en 1996 logró las primeras aprobaciones para la siembra de transgénicos de algodón y soya en nuestro país. En 1997 ad-quirió las compañías semilleras Asgrow y De-kalb y en 2005 adquirió la compañía Seminis (http://www.monsanto.com.mx/historia.htm).

La aplicación de políticas neoliberales que implicaron la desaparición de Pronase y el adelgazamiento del ahora INIFAP (Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agríco-las y Pecuarias), aunada a tratados comerciales benéficos a las empresas, ha permitido la ex-pansión y concentración de la industria semi-llera desde las últimas décadas del siglo pasado.

La tecnología es un instrumento funda-mental en esta estrategia que se ha anuncia-do con un amplio despliegue de publicidad como “la nueva revolución tecnológica que

salvará a la humanidad de la crisis alimen-taria”. Lo cierto es que más que provocar una transformación de la actividad agrícola o duplicar rendimientos como sucedió con la Revolución Verde, esta tecnología lo que ha generado son múltiples críticas y rechazo.

Los transgénicos han demostrado sus pobres resultados después de 20 años de haber sido li-berados a campo abierto, y tenemos datos su-ficientes para argumentar. En Estados Unidos diversos estudios demuestran que los rendi-mientos no se incrementan y lo que sí aumenta es el uso de agroquímicos (Charles Benbrook, 2001, 2003). En cuanto a los efectos en salud destaca el estudio del Ministerio de Salud de Austria que demostró daños en ratas alimenta-das constantemente con maíz transgénico y en Argentina se han documentado las consecuen-cias del uso del herbicida que acompaña a la semilla transgénica. También están documen-tadas en amplia bibliografía (Center for Food Safety, 2004; Schuber 2005; Friends of the Ear-th 2006) las demandas y pérdidas económicas a las que han sido sometidos por el uso involun-tario de semillas transgénicas, agricultores a los que se encontró material genético propiedad de Monsanto en sus cultivos; así como las prácti-cas corporativas que han ejercido en Argentina al detener embarques en puertos europeos para cobrar regalías por el uso de su tecnología.

La experiencia ha desenmascarado el verdadero propósito de estas corporaciones, como ellos mismos lo revelan: “Monsanto esta expandiendo la “huella” de sus semillas de maíz en todo el mundo y “estableciendo el escenario para una acelerada penetración de genes” (Michel Bryner, 2008). *Ingeniera agrónoma, directora de la Fundación Semillas de Vida, AC, México. **Comunicóloga, es-tudiante del postgrado de Desarrollo Rural, UAM-X

EL MONOPOLIO DE LA SIMIENTE

EL CAMBIO CLIMÁTICO ES UNA AMENAZA GLOBAL

Demandamos a la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales el impulso de espacios serios para recibir e incor-porar las propuestas de la sociedad civil en la posición de México ante la COP16 sobre Cambio Climático.

El diálogo con la Sociedad Civil debe ser amplio e incluyen-te y no sólo con un grupo de OSC´s.

La elección unilateral de la Ciudad Sede es una señal pre-ocupante de la disposición real del Gobierno Federal para la participación ciudadana en la preparación y realización de la COP16.

El gobierno de México debe impulsar que en la COP 16 se alcance un acuerdo justo, signifi cativo en reducción de emi-siones y jurídicamente vinculante para todos los países.

México ha sido ratifi cado por la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climá-tico (COP), como país sede de la COP 16 a realizarse a fi nales del 2010 y aunque puede parecer todavía lejano el fi n de año, el tiempo avanza y aun no se conoce una agenda pública de accio-nes preparatorias de la COP16 en México.

El desafío global para la COP16 no es menor, se trata de alcanzar los resultados esperados a nivel global después de la decepción que signifi có Copenhague, lo cual implica construir propuestas que incluyan las demandas de la sociedad civil a nivel internacio-nal; conciliar los intereses de las naciones menos desarrolladas; de las economías emergentes y de las naciones desarrolladas, en ello jugará un papel muy importante la capacidad del país anfi -trión de cabildeo, de diálogo, de persuasión y de construcción de propuestas en un esquema incluyente y no solo preocuparse por garantizar un buen nivel de logística y seguridad, en ese sentido México debe probar, en primer lugar, que puede construir una pro-puesta como país donde se refl ejen todas las voces, de otra ma-nera ¿cómo se puede aspirar a liderear un proceso a nivel global si a nivel doméstico no se puede poner en práctica?

Sin embargo, una de las primeras decisiones del gobierno mexi-cano es la elección unilateral de la ciudad sede, dejando ver que

la decisión estuvo basada más en criterios de logística y seguri-dad que en los de facilitar la participación de la sociedad civil y ciudadana en un evento cuyos resultados nos habrán de afectar a todos. Consideramos que la Ciudad de México es el espacio lógi-co donde se aseguraría la mayor participación; con más posibili-dades de abrir la discusión sobre Cambio Climático a la sociedad civil, y que la intervención de la ciudadanía con sus propuestas debería de ser uno de los objetivos de la conferencia. Protes-tamos ante esta decisión unilateral que es un refl ejo de la ausencia de la participación de la sociedad civil en el proceso de organización y preparación de la conferencia.Otra de las decisiones del gobierno Mexicano que preocupan es que los preparativos para cumbre sobre Cambio Climático se de-sarrollan casi exclusivamente en el ámbito gubernamental y sólo se han abierto consultas a unas cuantas organizaciones.

Destacamos que uno de los aspectos relacionados con la COP16 es la construcción de la Propuesta de Estrategia de Reducción de Emisiones por Deforestación Evitada y Degradación (REDD, por sus siglas en inglés) y que en México debe reconocer y valorar adecuadamente la importancia del manejo forestal comunitario tanto campesino como indígena y no alentar visiones y concep-ciones malintencionadas que responsabilizan a los campesinos e indígenas de los procesos de deforestación y degradación de los ecosistemas forestales y que proponen esquemas de conserva-ción a ultranza, que en la práctica han demostrado que son la vía más rápida para perder un recurso natural.

Por ello, el Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas (CONOC) de cara a la COP 16 demandamos y proponemos lo siguiente:

• El Cambio Climático ha afectado la producción en el campo en sus diferentes ramas agravando la pobreza y el hambre en los países pobres, como México y por lo tanto las voces de los campesinos e indígenas deben de ser escuchadas en las discusiones de la Conferencia.

• El compromiso de México debe ser impulsar un acuerdo ambicioso, justo y vinculante, en el que los países desa-rrollados asuman su responsabilidad de reducir emisiones de manera signifi cativa y se comprometan a apoyar a los países pobres para que puedan enfrentar los efectos del Cambio Climático.

• México debe solidarizarse con los países en vías de desa-rrollo, pues son éstos los que sufren y padecerán en mayor medida los impactos del Cambio Climático.

• México debe impulsar compromisos que incluyan estrate-gias de desarrollo en los países menos desarrollados y en

las economías emergentes que no comprometan el futuro de las próximas generaciones, queremos un desarrollo que genere bienestar sin depredar nuestros recursos naturales.

• Los temas de Cambio Climático, Biodiversidad y lucha con-tra la Desertifi cación no son ajenos entre sí por lo que de-mandamos la inclusión entre las resoluciones la prohibición del uso de transgénicos y de tecnologías riesgosas.

• La postura de México en la COP 16 debe considerar los dere-chos de las comunidades campesinas e indígenas al manejo y aprovechamiento sustentable de sus recursos forestales, reconocer su contribución a la reducción de emisiones y su derecho a participar en la construcción de políticas de adap-tación al cambio climático.

• Demandamos una COP 16 con espacios para la participa-ción ciudadana y social y garantías para que sus propuestas sean tomadas en cuenta e incidan en los resolutivos que se construyan.

EL FUTURO DE MÉXICO Y EL MUNDO ESTÁ EN MANOS DE LA AGRICULTURA CAMPESINA

EL CAMBIO CLIMÁTICO NOS AFECTA A TODOS Y A LAS GENERACIONES FUTURAS Y TODOS TENEMOS DERE-CHO A DECIDIR SOBRE NUESTRO FUTURO

LA AGRICULTURA CAMPESINA Y EL MANEJO FORESTAL COMUNITARIO SON LA ALTERNATIVA PARA REVERTIR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Atentamente,Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas CONOC:

Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS)

Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC)

Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC)

Coordinadora Estatal de los Productores de Café de Oaxaca (CEPCO)

Frente Democrático Campesino de Chihuahua (FDC)

Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ)

Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red MOCAF)

www.conoc.org.mx [email protected]

MONOPOLIOS

Como insumo básico de la

agricultura y principal

reservorio de la información

genética, la semilla ha sido objeto

de múltiples transformaciones

tecnológicas, desde su

selección y mejoramiento hasta

la manipulación genética

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Alejandro Espinosa Calderón1, Margarita Tadeo Robledo2, Antonio Turrent Fernández3

Variedades me-joradas pú-blicas. Desde 1942 el Insti-

tuto Nacional de Investigaciones Foresta-les, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), y sus antecesores, han desarrollado variedades mejoradas de diferentes cultivos para los agricultores mexicanos, las cuales han re-presentado opciones de mayores ingresos, menor costo y tolerancia a enfermedades y a factores limitantes de la producción. En 68 años hasta el 2010, se han desarrollado más de 260 variedades e híbridos de maíz, producto de la dedicación de excelentes in-vestigadores mexicanos. El impacto y la re-percusión de estas variedades son relevantes y se han mantenido, cubriendo la mayoría de los agrosistemas de México, incluyendo regiones especiales como la Montaña de Guerrero, la Meseta Purépecha, la Mese-ta Comiteca y la Mixteca Oaxaqueña, en condiciones de humedad residual, riego o temporal.

Variedades liberadas por otras institu-ciones públicas. En forma paralela y adicio-nal a las variedades generadas por el INIA-INIFAP, con recursos públicos en otras instituciones (Uach, UDG, UANL, UNAM, UAAAN) también se realiza mejoramiento genético y se ofrecen más de 120 variedades mejoradas de maíz, así como variedades me-joradas de otros cultivos, Sin embargo, no ha sido generalizada la inscripción ante el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales (CNVV), lo que no invalida la importancia de estos materiales, para un esquema de abastecimiento.

Distribución de semillas. En 1961 se creó la empresa pública Productora Nacional de Semillas (Pronase) y se expidió la Ley sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas, lo cual dio origen al Sistema Na-

cional de Producción, Certificación y Co-mercio de Semillas (Snics). Ahí se establecía que todas las variedades que desarrollaba el INIA-INIFAP pasaban a la Pronase para incremento, comercio y difusión extensiva de la semilla. En julio de 1991 apareció la nueva Ley sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas. En ésta, la Pronase dejó de ser la única receptora de las varieda-des mejoradas desarrolladas por el INIFAP, y se inició un proceso paulatino de partici-pación de otras empresas en la producción y comercio de materiales del Instituto. Hubo recomendaciones de asesores internacio-nales para que la Pronase fuese cancelada y se observó la influencia de sectores a los

que convenía menor competencia. La Pro-nase sufrió serios problemas estructurales a principios de la década de los 80s y se dieron pasos para limitar la actividad de esa institu-ción. Esto propició una rápida participación del sector privado en la industria de semi-llas; en 1970 éste contribuía en la venta de semilla de maíz en aproximadamente 13 por ciento y para 1993 alcanzó el 90 por cien-to y la proporción ha aumentado aún más en los años posteriores hasta convertirse en un sistema de semillas monopólico donde el dominio del comercio está en manos de Monsanto (Asgrow, Dekalb, Cargill, etcé-tera) y Pioneer, lo cual implica desventajas para los productores mexicanos.

El monopolio en el comercio de las semi-llas ha propiciado que los precios de venta de las semillas híbridas sean en México los más altos del mundo. Mil semillas de maíz se co-tizan a 2.7 dólares, en comparación con 1.3 dólares en la faja de maíz en Estados Unidos. El precio por saco de semillas en Sinaloa al-canzó niveles de dos mil 500 pesos; dado que se emplean dos sacos por hectárea, tan sólo de semilla se requieren cinco mil pesos, lo cual no ocurre en ningún lugar del mundo.

La Pronase fue redimensionada varias ve-ces y en el sexenio de Vicente Fox finalmen-te fue cancelada en forma virtual; dejó de operar. El impacto por el cierre de la Prona-se es grave en regiones apartadas, que no son del interés de las grandes empresas privadas, porque los volúmenes de comercialización de semillas no son atractivos.

En el programa denominado Kilo por Kilo (1996-2000), dentro del esquema de Alianza para el Campo, se promovió ante agricultores el uso de semilla certificada. Este esquema consideró el intercambio de semilla criolla por certificada. Inicialmente se usaron semillas nacionales del INIFAP, lo que fue cambiando hasta limitar la partici-pación de la Pronase y apoyar la incorpora-ción de las semillas de las empresas privadas, que no representaban la mejor alternativa en potencial de rendimiento, para las con-diciones particulares disponibles, para los macroambientes y provincias agronómicas.

Con la ausencia de la Pronase, cada vez más las variedades del INIFAP han redu-cido su presencia en las principales zonas productoras de maíz. Faltan estrategias de difusión y existen dificultades y escaso apo-yo para que las variedades de INIFAP sean incrementadas y difundidas. Las variedades que se emplean y que poseen buen nivel de uso, en gran parte se deben a las pro-pias cualidades de estos materiales y a los esfuerzos de investigadores en promoción con empresas que han mostrado interés en materiales específicos. Una alternativa fun-damental para revertir el bajo uso de semi-lla mejorada de instituciones nacionales se verá en los próximos años con el esquema de microempresas, esto es la participación de organizaciones de productores, como ocurre en los Valles Altos donde existen 35 empre-sas que demandan progenitores a INIFAP para incrementar y comercializar los maíces de esta región.

El elemento que faltaba para la extinción total de la Pronase era su eliminación de la Ley de Semillas, lo que se concretó con la nueva Ley de Semillas promulgada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de junio de 2007, en la cual se desecharon sugeren-cias de destacados investigadores del Cole-gio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas (CP), de la Universidad Autónoma Chapin-go (Uach) y del INIFAP. En esta nueva ley influyó el cabildeo de las corporaciones ante el Senado, así como planteamientos del pro-pio Snics. La ley presenta aspectos graves de indefensión para los agricultores mexicanos y favorece a las grandes semilleras.

Variedades mejoradas disponibles. Con las variedades disponibles es posible avanzar hacia el incremento en la producción que necesita México para lograr la suficiencia alimentaria. Deben utilizarse los nuevos y potencialmente mejores híbridos y varieda-des de maíz, así como todos los elementos de la tecnología que permitan producir el maíz que se requiere en México. 1 Investigador titular “C”, Producción y Tecnología de Semillas, Campo Experimental Valle de México, CIRCE, INIFAP [email protected] 2 Profesora de Carrera T.C., Ingeniería Agrícola, FESC-UNAM, Cuautitlán Izcalli, México. [email protected] 3 Programa Productividad de Agrosistemas, Campo Experimental Valle de México, CIRCE, INIFAP.

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MONOPOLIOSEn 68 años hasta el 2010, se

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El precio por saco de semillas

en Sinaloa alcanzó niveles

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que se emplean dos sacos

por hectárea, tan sólo de

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mil pesos, lo cual no ocurre

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de maíz

COMPRANDO LA TIERRA DEL MUNDOEn los cinco años pasados, gobiernos e inversionistas privados han comprado o arrendado vertiginosas extensiones de tierras cultivables, sobre todo en países en desarrollo como los asiáticos Sudán, Pakistán, Kazajstán, Camboya, Uganda, Birmania, Indonesia, Laos, Turquía; los africanos Camerún, Madagascar, Nige-ria, Ruanda, Zambia y Zimbabwe y los latinoamericanos: Argentina, Brasil, Bo-livia, Colombia, Perú y Ecuador. Los ma-yores compradores son Corea, que ad-quirió 2.3 millones de hectáreas; China, que compró dos millones, y así Arabia Saudita, India, Japón, Egipto, Bahrein, entre otros. Pero también adquieren tierra consorcios privados como Be-netton, Mitsui y el holding saudí Bin Laden Group. Al mismo tiempo, la Orga-nización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ha expresado que en los próximos 40 años sería necesario incorporar al cultivo, de preferencia campesino, alrededor de 120 millones de hectáreas, sobre todo en Asia, África y América Latina.FO

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Carlos Ramayo Navarrete

En enero de 1992, a consulta del equipo de la en-tonces Secretaría

de Comercio y Fomento Industrial (Secofi) para las negociaciones del Tratado de Libre Comer-cio de América del Norte (TLCAN), los porci-cultores presentaron de manera formal su “Posi-cionamiento”. Este documento, ahora público, exponía las grandes asimetrías y la desigual si-tuación de México frente a Estados Unidos en infraestructura y políticas públicas dirigidas al campo. Ya entonces era perceptible la ausencia de un sector financiero competitivo y de un ré-gimen de normatividad de procesos y de calidad de producción, denominación, etcétera.

Ante la instrucción de concretar a toda costa un TLCAN, y en un marco econó-mico de completa apertura unilateral –de-terminado el 15 de diciembre de 1987 como estrategia consolidada en el Pacto de Solida-ridad Económica–, la capacidad de manio-bra del sector productivo nacional tanto en la industria como en el campo fue irrespon-sablemente restringido.

Nuestros flamantes funcionarios “secofia-nos” del gobierno salinista, encabezados por Herminio Blanco Mendoza, renunciaron gratuitamente a los términos de tratamiento especial para el campo, consignados en el artículo cinco del Protocolo de Adhesión de México al llamado GATT (Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio).

Los porcicultores se inconformaron, como lo siguen haciendo hoy, de la falta de acceso a in-sumos a precios competitivos como son el grano y las pastas oleaginosas, que constituyen 80 por ciento del costo de producción. Y también de la falta de un sistema financiero y de normas de ca-lidad equivalentes a las que Estados Unidos ope-ra como obligatorias (aunque son voluntarias).

Por razones sanitarias se hizo previsible sólo un flujo comercial, de norte a sur. Las autoridades del Departamento de Agricultu-ra de Estados Unidos (USDA) y los represen-tantes del sector privado de ese país ofrecie-ron sin embargo el reconocimiento regional de las zonas libres de enfermedades que de-terminaran las autoridades mexicanas para que desde allí pudiéramos exportar.

Desde que entró en vigor el TLCAN, el uno de enero de 1994, México cumplió ca-balmente sus compromisos: realizó las ade-cuaciones legislativas correspondientes para hacer congruente el Tratado con el marco constitucional y con las leyes reglamentarias, como la de Comercio Exterior, la Federal de Metrología y la Aduanera. Por lo contrario, Estados Unidos incumplió el reconocimiento a zonas libres y con ello puso y sigue ponien-do en cuestionamiento el Protocolo Sani-tario. Su legislación de comercio y de com-petencia –que se aplica severamente en su territorio– exime las malas prácticas cuando ocurren en el exterior. De esta manera se le inhibe a México una integración real.

La situación de desventaja para los porci-cultores mexicanos se agravó con las medidas unilaterales de Estados Unidos derivados de los eventos del 11 de septiembre de 2001 y hoy se agudiza con la implementación de la Ley de Certificación de Etiquetado de País de Origen (la Ley COOL, por sus siglas en in-glés), de abril de 2009, la cual abiertamente demerita la intención de una integración real.

En ese escenario, y con la complacencia de la Secretaría de Salud y de la Procuraduría Fe-deral de Defensa del Consumidor (Profeco), desde 1994 la industria de carnes frías y em-butidos ha sustituido la carne de cerdo en la elaboración de embutidos por pastas y trozos de ave importados, productos éstos que son desechos y que –de no haberlos comprado México– hubieran sido destinados en su país

de origen a la elaboración de alimento para mascotas. La autoridad responsable convalida la omisión de informar al consumidor en eti-queta el origen de la proteína y los aglutinan-tes y colorantes que se incorporan al proceso industrial, so pretexto de ser alimento a precios bajos. De esta manera la industria de cárnicos desplaza el 30 por ciento de la oferta de carne de cerdo nacional al importar anualmente una cantidad superior a 320 mil toneladas de pastas y trozos, según información de Aduanas.

La porcicultura sufre otro quebranto, al ser desplazada del mercado nacional por im-portaciones de cerdo, que antes del TLCAN eran insignificantes y que a finales del año pasado llegaron a 500 mil toneladas, consi-derando las 42 fracciones arancelarias de cer-do. El 80 por ciento de estas importaciones corresponden a piernas y espaldillas, mismas que se vienen comercializando por debajo de su costo de producción en su país de origen. Al no dar las autoridades de Estados Unidos acceso a su mercado a carne de cerdo mexi-cana, los industriales de cerdo en ese país se reservan para ellos el lomo y el tocino (pance-ta) que colocan a precios rentables, y las pier-nas y espaldillas las exportan a México a valor residual, con la cual los productores mexica-nos no podemos competir y hemos sucumbi-

do de manera importante ante la indiferencia e indolencia de las autoridades responsables.

En 2009 las importaciones de carne de cer-do le costaron al país mil 44 millones de dóla-res y una pérdida acumulada del 45 por ciento de productores y de empleos directos e indirec-tos. La organización nacional de porcicultores ha informado las estadísticas de caída en la pro-ducción nacional, pero la autoridad minimiza el asunto y dice que ha habido crecimiento en el sector informal ó de “traspatio”. Es evidente que ninguna autoridad federal o gubernamen-tal quiere asumir el costo político de la debacle.

Irónicamente, la manipulación y oculta-miento de cifras en el aparato público ha sido una seria limitación para activar alguna medi-da de salvaguarda o anti-dumping por compe-tencia desleal. Las cifras manipuladas deme-ritan “prueba de daño o amenaza de daño”, que es la causal sustantiva para que la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales (dependiente de la Secretaría de Economía) sancione administrativamente la procedencia o no de imponer un remedio a las prácticas desleales de comercio internacional.

Igual que a las diversas ramas del sector agropecuario, a la porcicultura no ha logra-do acceder a este mecanismo de defensa, toda vez que sus líneas de acción las deter-mina la Secretaría de Economía, la cual se acoge a los preceptos de la apertura comer-cial unilateral, los cuales tienen postrada a la planta productiva nacional, impulsando la migración, la economía informal y el desem-pleo donde ahora se enseñorea la violencia.

Debemos de producir empleos en Méxi-co, no en el extranjero. El fortalecimiento de una nación se da desde el campo. La política de apertura unilateral fue en 1987 incuestio-nablemente efectiva; atendió la urgencia de la espiral inflacionaria. Mantenerla irremisi-blemente pensando que le llevamos un bien al consumidor significa destruir la planta productiva e inhibir el desarrollo. Porcicultor de Mérida

Dos grandes trasnacionales tienen entre sus manos a

los cafetaleros de México. Son la suiza Nestlé –la líder global en alimentos, presente con 500 fábricas de ocho mil 500 productos en más de 70 países–, y Agroindustrias Unidas de Méxi-co (AMSA), que controla alrededor de 50 por ciento de las exportaciones del aromático del país, esto es más de un millón de sacos de 60 kilos, y en muchas regiones es la única y exclu-siva compradora, opera sin competencia.

Nestlé hizo inversiones por 600 millones de dólares en México en los cinco años re-cientes en sus diversas ramas de producción y en febrero pasado, en Davos, Suiza, el pre-sidente Felipe Calderón anunció junto con el director general de la trasnacional, Paul Bulcker, nuevas inversiones por 400 millo-nes para 2010-13, la mayoría de las cuales servirán para ampliar la planta procesadora

de café que tiene en Toluca, y convertirla en la mayor del mundo.

Y AMSA, dicen los cafetaleros, está estrechamente ligada a la Nestlé pues la primera hace la selección de ciertas calida-des (por ejemplo la de Ixhuatlán del Café, Veracruz, que requiere Nestlé para su marca Nexpresso). le realiza procesos como el be-neficiado, y también es la que obtiene ciertas certificaciones (como la de Rainforest), con las cuales estas compañías además están ca-pitalizando el concepto de “café orgánico” originalmente pensado para premiar a los campesinos que no utilizan agroquímicos.

Cafetaleros de diversas regiones que pidieron el anonimato para evitar represalias explicaron que el dominio de estas empresas –que hoy día se afianza más que nunca con la intención de la Nestlé de fortalecer su producción de cafés solubles para exportación (sobre todo a Estados Unidos)– tiene efectos nocivos, entre ellos:

a. Cooptan a funcionarios federales y estata-les para impulsar proyectos empresariales y captar recursos económicos procedentes del erario e incluso de los bolsillos de los productores. Aquí mencionan a Rodolfo Trampe, coordinador nacional del Sistema Producto Café (SPC), quien ha pedido a los productores que “negocien más su café con la Nestlé”. En el seno del SPC los industria-les están buscando que los productores apor-ten dos o más pesos por saco exportado y con ese dinero contratar técnicos para proyectos especiales, como el de “cafés naturales” que interesa particularmente a la Nestlé.

b. Las empresas además están teniendo inje-rencia en las representaciones de produc-tores. En fechas recientes Gabriel Barreda, conocido comprador de la Nestlé, fue “ele-gido” dirigente de la Unión Nacional de Productores de Café de la Confederación Nacional Campesina (CNC), y Aristeo Or-tega, también comprador de la empresa, es representante del Sistema Producto Café de Puebla. Félix Martínez, directivo de la Nestlé, es hoy el presidente de la junta di-rectiva de la AMECAFE, el brazo jurídico del SPC.

c. Por medio de cooperativas fantasma o for-madas a espaldas de los productores socios, AMSA está “bajando” subsidios del Progra-ma de Trópicos Húmedos de la Secretaría

de Agricultura, mientras que campesinos caficultores han buscado durante años apo-yos públicos sin tener éxito. “La empresa mete nombres en sus cooperativas sin con-sultar a la gente y bajan los recursos. Los compañeros no denuncian porque sólo AMSA compra aquí, nadie más. Temen re-presalias”, señaló un productor de Ixhuat-lán del Café, quien comentó que allí el dominio de AMSA es absoluto; hasta hace algunos años había empresas familiares que también compraban, pero quebraron, como quebraron también muchos produc-tores cafetaleros, sobre todo grandes, deri-vado de la debacle mundial de precios del aromático ocurrida en 1989. Los cuatro mil productores que sobreviven allí tienen pre-dios cada uno de cinco o menos hectáreas, pero su efecto social es muy grande pues 40 mil personas dependen directa o indirecta-mente de la actividad.

d. La promoción –con el apoyo de funcio-narios y de subsidios– de Nestlé para que México produzca cafés robusta y naturales (baratos) desestimula el interés de organi-zaciones cafetaleras de impulsar la calidad del grano mexicano con cafés arábiga y con ello promover que el mercado internacio-nal pague mejor estos granos nacionales. El café mexicano está tradicionalmente muy subvaluado.

PORCICULTURA EN AGONÍA

LOS CAFETALEROS, EN LAS GARRAS DE NESTLÉ Y AMSA• Sin competencia, las trasnacionales imponen los precios

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MONOPOLIOS

MONOPOLIOS



La producción lechera y sus derivados tiene como líderes

en la industria a sólo cinco empresas: Lala, Alpura, Sigma Alimentos (del Grupo Alfa, y asociada en el área de yogures con la france-sa Sodima Internacional), la suiza Nestlé y la francesa Danone.

Del otro lado de la moneda, hay unos 250 mil rancheros que en 90 por ciento cuentan cada uno con 50 o 60 vacas, esto es, son pequeños productores de leche, y del total tal vez sólo unos cinco mil están inte-grados como cooperativistas o socios con Al-

pura y Lala. El grueso de los lecheros se con-sidera “sobreviviente” y en riesgo constante, pues los efectos del Tratado de Libre Comer-cio de América del Norte (TLCAN) y del ingreso de leche en polvo subsidiada y otros productos lácteos de Estados Unidos, Nue-va Zelanda y La Unión Europea han hecho quebrar hasta ahora a 200 mil productores.

De acuerdo con Álvaro González, presi-dente del Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche (FNPCL) de El Barzón, la firma del TLCAN fue punto de

partida para el fortalecimiento del monopo-lio de la leche. “En privilegio para los indus-triales y detrimento de los productores, el gobierno mexicano incumplió la aplicación de aranceles a las importaciones de leche en polvo” que sobrepasaran ciertas cuotas libres de impuesto definidas en el Tratado. Ello ocurrió durante todos y cada uno de los 15 años que duró la desgravación. Los ran-cheros se han visto enfrentados a una franca competencia desleal con las importaciones subsidiadas, y la situación se observa no sólo en la leche, sino también en quesos y demás productos lácteos.

Hoy día la competencia desleal prevale-ce, pues, en lo que se refiere a las impor-taciones de leche en polvo procedentes de Estados Unidos, llegan a México a un pre-cio de 3.50 pesos el litro (incluido el costo de la rehidratación), lo cual representa una diferencia de cuatro a cinco pesos respecto de lo que realmente se paga la leche en ese país más los costos de internación a Méxi-co. “Obviamente esa diferencia se cubre por subsidios”.

Así, con la facilidad de importar barato, los industriales pagan barata la leche na-cional (a 4.30-4.50 el litro actualmente) y la venden, ya procesada y envasada a casi 13 pe-sos, dice Antonio Salim, secretario del FNP-CL. “Hemos buscado infructuosamente que el gobierno intervenga y establezcamos una mesa donde analicemos los costos de pro-ducción y los de la industria –nosotros he-mos visto que los primeros son más altos– y establezcamos un esquema de equidad, para que el margen de utilidad sea compartido”.

La leche es un producto altamente pere-cedero. Los rancheros pueden mantenerla con ellos durante dos o tres días máximo si tienen tanque enfriador. Por eso, y por la ur-gencia constante de liquidez, se ven presio-nados a entregar a los industriales compra-dores al precio que sea. “Por lo menos pido un precio que me garantice la subsistencia, pero en los años recientes esto no ha ocurri-do; esto ha provocado el desmantelamiento del activo lechero del país”, dice González y precisa que no sólo es el monopolio el que paga bajos precios a los productores. Las 11 mil empresas grandes, medianas y chicas que se dedican a elaborar productos de leche incurren en ello. “Los productores somos sus víctimas”.

Reportes de lecheros que abastecen a la planta La Concordia, en Jalisco, de la em-presa Sello Rojo, indican que ésta incurre en chantaje, pues les condiciona la compra de la leche a cambio de que adquieran accio-nes de la empresa, pues ésta requiere capital para refaccionarse. Aquel lechero que recha-za el trato deja de ser proveedor.

De acuerdo con Álvaro González, lo que más daña a los productores lecheros es la apertura comercial. “En los diez años pasados México ha importado unas 500 mil toneladas anuales de lácteos (leche, yogures, quesos, etcétera) altamente subsidiadas” y eso impide a los productores buscar salidas de manera organizada a su oferta lechera.

“Por ejemplo, hay un queso llamado gouda. En México muchas empresas lo im-portan, lo etiquetan con su marca y lo ven-den como manchego. Cuando mucho lo compran en 30 pesos el kilo, y creo que es de buena calidad. Si yo soy un quesero chico en México, elaborar un kilo de queso me cues-ta, tan sólo por la leche, casi 50 pesos el kilo (considerando que se requieren 12 litros de le-che y que ésta se pague a 4.16 por litro), y eso sin considerar los costos de proceso, distribu-ción, etcétera. ¿Cómo puedo competir así? Las empresas que importan ese queso gouda pueden venderlo a 50 pesos el kilo y obtienen una utilidad casi de cien por ciento”.

Y a esto hay que sumar que los centros comerciales –que, con sus marcas propias, se dedican ya a hacerle la competencia a las empresas lácteas– entran en una dinámica que deteriora la calidad nutricional de los lácteos. “Ocurre que van a una de las indus-trias y le dicen yo necesito una fórmula lác-tea que me cueste tres pesos el litro más el envase; la industria le dice pues yo te ofrezco esto, que generalmente son desechos de los países ricos (‘fórmulas alimenticias’, o ‘suce-dáneos lácteos’) o incluso la propia cadena comercial importan esos insumos-desechos y piden a las industrias que se los maquilen. Por eso el FNPCL dice que entran a México productos de dudosa calidad”.

Y entonces esta situación ha inhibido esfuerzos de los productores por indus-trializar su propia leche. Ha habido algunos intentos de organizaciones de lecheros de producir quesos o yogures u otros productos para dar salida a sus excedentes de leche, y dada la competencia desleal de los produc-tos que contienen importaciones baratas, terminan también adulterando. La produc-ción lechera nacional supera los 10 mil 800 millones de litros anuales.

CINCO EMPRESAS DOMINAN LA INDUSTRIA LECHERA• Importaciones y precios castigados a la leche, pesadilla de 250 mil productores

MONOPOLIOS

“En los diez años pasados

México ha importado unas

500 mil toneladas anuales de

lácteos (leche, yogures, quesos,

etcétera) altamente subsidiadas”

las importaciones de leche en

polvo procedentes de Estados

Unidos, llegan a México a

un precio de 3.50 pesos el

litro (incluido el costo de

la rehidratación), lo cual

representa una diferencia

de cuatro a cinco pesos

respecto de lo que realmente

se paga la leche en ese país

La producción lechera

nacional supera los 10 mil 800

millones de litros anuales

“El café cereza (sin beneficiar) nos lo pa-gan actualmente a seis pesos el kilo y el quintal de pergamino a mil 600, cuando sabemos que deberían pagarse a nueve y a dos mil (respec-tivamente) considerando que hay inventarios escasos en el mundo, y conociendo los precios que se pagan por el café colombiano (también arábiga)”, dice un productor de Coatepec, quien comenta además que esta región ha lo-grado resistir a las invitaciones de AMSA para que cambien su paquete tecnológico hacia va-riedades que son más productivas por hectárea pero que ofrecen menor calidad. “Hace unos cinco años el representante de AMSA aquí, Francisco Faos, nos propuso que compactára-mos tierras, incluso que las rentáramos (...) hay compañeros que nos dicen que AMSA les pide que cambien sus variedades, que la empresa les va a dar asistencia técnica, fertilizantes, que en el paquete vienen incluidos subsidios. Aquí hemos resistido, pero en Chiapas se han infil-trado con más profundidad y están teniendo mayor control y no sólo en el café convencio-nal sino en el orgánico”. Un factor fundamen-tal es que AMSA financia a los productores, fenómeno que ocurre sobre todo en Chiapas, y con ello asegura el acopio del café a los precios que impone. La incapacidad de los caficulto-res a acceder a fuentes de financiamiento for-males (por la cerrazón de la banca) los coloca a merced de las empresas.

Productores veracruzanos han realizado movilizaciones continuas para manifestar su enojo con las prácticas de AMSA y Nestlé, “por la grave explotación que hacen, casti-gando los precios por debajo del parámetro por debajo de los precios de bolsa”.

Productores de Ixhuatlán del Café repor-tan que AMSA induce bajas arbitrarias en los precios con el argumento de que su centro de cosecha está saturado; también –como ocurrió hace unas semanas–, cuando hay lluvias constantes nos dicen que el café tiene problemas de calidad y nos bajan el precio; recientemente se formó una comisión de productores y funcionarios de Veracruz para observar la situación de los precios que pa-gan los compradores (que, dicen, todos son empleados de AMSA, porque aquí el único coyote es esta empresa “y es un coyote gran-de”) pero no ha funcionado, “porque hay te-mor a AMSA”.

Además de sus operaciones en café, que inició en 1979, AMSA opera en México des-de 1948 con compras y despepite de algodón (líder en esta rama). También está asociada con Smithfield en las granjas porcícolas Ca-rroll de Perote, Veracruz, es financiera de agronegocios e incursiona en la compra de cacao y granos (Lourdes Edith Rudiño).

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13 de marzo de 201010 13 de marzo de 2010

Víctor Suárez

El mercado agroalimentario mexi-cano está hoy en día bajo el control de los monopolios privados, tal y como se lo propuso la política neo-

liberal en nuestro país a partir de 1982 con los llamados programas de ajuste estructural, la adhesión al Acuerdo General de Aranceles y Tarifas (GATT), la reforma salinista al ar-tículo 27 constitucional, la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el desmantelamiento de la intervención gubernamental en la regula-ción y fomento del sector.

Utilizando sucesivas y diversas oleadas de “shock y conmoción”, procedimiento aso-ciado a las políticas neoliberales de acuerdo con Noami Klein en su imprescindible libro El capitalismo del desastre, las corporaciones agroalimentarias estadounidenses y mexi-canas impusieron a la sociedad mexicana la transferencia y el control de nuestro mercado agroalimentario valuado en 50 mil millones de dólares a un puñado de monopolios privados. Lo anterior con la complicidad del Ejecutivo Federal y del Poder Legislativo y las presiones del gobierno de Estados Unidos, el Fondo Mo-netario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Efectivamente, hoy en día nuestro país im-porta 20 mil millones de dólares de alimentos de Estados Unidos por medio de empresas es-tadounidenses (40 por ciento de la demanda nacional), y la mayor parte de los 30 mil mi-llones de dólares del valor de la producción agroalimentaria doméstica es controlada por 20 grandes corporaciones trasnacionales –mexicanas y extranjeras.

Entre las oleadas de shock y conmoción utilizadas por las corporaciones para capturar el mercado, debilitar la resistencia de la socie-dad y desmantelar el control del Estado sobre su política agrícola, alimentaria y comercial se encuentran las siguientes: a) la crisis de la deuda de 1982, b) el terremoto de la ciudad de México en 1985, c) el fraude en las eleccio-nes presidenciales de 1988, d) los asesinatos políticos de 1994, e) los llamados errores de diciembre de 1994 y f) el fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2006.

El ataque de las corporaciones se centró en tres objetivos: a) lograr el desmantela-miento del Sistema Conasupo, b) propiciar la privatización de las tierras ejidales y co-munales y de sus recursos territoriales y c) eliminar el control soberano de las fronteras al comercio agroalimentario.

En lo que se refiere al Sistema Conasupo (precios de garantía para las cosechas; distri-bución de alimentos a precios subsidiados; administración de la reserva alimentaria; control de precios de la tortilla; monopolio de las importaciones y exportaciones agrícolas; sistemas de acopio, almacenamiento y distri-bución; industrialización de maíz, trigo y ole-aginosas; terminales graneleras en puertos y fronteras; centros de capacitación campesina; etcétera), se enderezó un agresiva campaña para su privatización y extinción explotando ad nauseam los casos de corrupción y de in-eficiencia a todas luces existentes.

Para propiciar el desmantelamiento de la propiedad social de la tierra y sus recursos patrimoniales, el gobierno de Salinas de Gortari cooptó a la mayor parte de las orga-nizaciones y movimientos campesinos de la época y emprendió la contrarreforma al artí-culo 27 constitucional en 1992.

Finalmente, con el TLCAN se perdió la soberanía nacional sobre el comercio agroa-limentario, así como sobre el control de la inversión extranjera en nuestro país.

Una vez logrados los tres objetivos antes anotados, el control del mercado agroalimen-tario por unas cuantas corporaciones fue cre-ciendo año con año, capturando las decisiones de política pública, las dependencias y los pro-gramas gubernamentales. Entre las decisiones tomadas por el gobierno federal para favorecer

la monopolización privada de nuestro sector agroalimentario se encuentran las siguientes: a) venta y/o concesión de industrias e infraes-tructura estratégica a grandes corporaciones mexicanas y extranjeras; b) otorgamiento de cupos de importación libres de arancel, con exención del pago de impuestos y contravi-niendo al propio TLCAN al respecto; c) des-mantelamiento de los programas de fomento a la producción nacional de alimentos (infraes-tructura, crédito, asistencia técnica, investiga-ción, soporte de precios, etcétera); d) captura de la mayoría de los subsidios públicos para los agricultores comerciales del norte y las corpo-raciones; e) exención del pago de impuestos bajo un régimen especial de tributación; f) nula regulación en materia de calidad e ino-cuidad alimentaria tanto en la importación como en el procesamiento y distribución; g)

favorecer las importaciones agroalimentarias a precios dumping, y h) ineficaz regulación con-tra prácticas anticompetitivas.

Es inaceptable para un país como el nuestro haber permitido la transferencia de nuestra soberanía alimentaria a manos privadas y trasnacionales. Hecho que no hicieron ni harán los países desarrollados y emergentes con proyecto nacional soberano como Brasil, India y China.

Recuperar la soberanía alimentaria y lo-grar nuestra independencia alimentaria cons-tituyen un asunto de seguridad nacional y un requisito para la salvación de nuestro país. Director Ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC)

QUÉ DICE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA?Ar culo 2:La ley ene como propósito “proteger

el proceso de competencia y libre con-currencia, mediante la prevención y eliminación de monopolios, prác cas monopólicas y demás restricciones al funcionamiento efi ciente de los merca-dos de bienes y servicios”.

Ar culo 8:“Quedan prohibidos los monopolios y es-

tancos, así como las prác cas que, en los términos de esta ley, disminuyan, dañen o impidan la competencia y la libre concu-rrencia en la producción, procesamiento, distribución y comercialización de los bie-nes y servicios”.

Ar culo 9:Las prác cas monopólicas absolutas son

“arreglos, contratos, convenios entre agentes económicos compe dores que pretendan: fi jar el precio de los bienes y servicios, restringir o acordar la oferta de bienes y servicios y dividirse el mercado”.

Ar culo 10:En general, se consideran prác cas mono-

pólicas “los actos, contratos, convenios o combinaciones cuyo objeto o efecto sea o pueda ser desplazar indebidamente a otros agentes del mercado, impedirles sustan-cialmente su acceso o establecer ventajas exclusivas a favor de una o varias personas”.

En suma, según la ley de competencia en México, son prác cas monopólicas aquellos acuerdos entre agentes econó-micos que dañen, limiten o impidan la competencia.

FUENTE: Extractos de la ley escogidos por Rogelio Huerta Quintanilla, profesor de la Facultad de Economía de la UNAM, en su estudio Monopolio, precio de la tortilla y es-tancamiento en la economía mexicana.

Para propiciar el

desmantelamiento de la propiedad

social de la tierra y sus recursos

patrimoniales, el gobierno de

Salinas cooptó a la mayor parte de

las organizaciones y movimientos

campesinos de la época y

emprendió la contrarreforma al

artículo 27 constitucional en 1992

DE CONASUPO A CARGILL O CÓMO TRANSFERIR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA A LOS MONOPOLIOS PRIVADOS

TEMA DEL MES

13 de marzo de 2010 1113 de marzo de 2010


Alrededor de 60 por ciento del mer-cado de granos en México está en manos de un puñado de grandes empresas –Maseca, Cargill, Archer

Danield’s Midland, Bimbo, Minsa, Molinos de México, Gamesa, Altex, Bachoco, Lala y Malta de México fundamentalmente–; do-minan tanto la compra de cosechas nacio-nales como la importación, el transporte, el almacenamiento, la distribución y los pro-cesos industriales. Son empresas boyantes y se distinguen porque sus ganancias suben como espuma, no obstante la peor crisis económica y financiera del país en más de seis décadas este 2009-10 y no obstante el encarecimiento de los alimentos que entre otros saldos amplía el número de pobres y miserables en México.

La fuerza de estos emporios no es una casualidad. Ha crecido y se ha afianzado gracias a decisiones tomadas por el go-bierno mexicano desde los años 80s, con el ingreso al GATT (hoy Organización Mundial de Comercio), pero sobre todo a raíz de la reforma de 1992 al artículo 27 constitucional sobre tenencia de la tierra y la puesta en marcha en 1994 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Tales decisiones, que han desmontado el sistema gubernamental de intervención en los mercados agroalimentarios, han en-tregado en charola de plata el negocio a las corporaciones privadas, y en particular a las trasnacionales, dice Víctor Suárez Carrera, director ejecutivo de la Asociación Nacio-nal de Empresas Comercializadoras de Pro-ductores del Campo (ANEC) y explica que la operación de esta estrategia, que implica pérdida de soberanía nacional y alimentaria, ha sido por varias vías:

Por un lado están las políticas de libre im-portación de materias primas con precios de-bajo de producción –o sea con prácticas dum-ping e ilegales–; por otro, el traslado a estas grandes compañías de la responsabilidad de la regulación de los mercados –la cual estuvo antes en manos de empresas públicas como Conasupo y el sistema Boruconsa-ANDSA (Bodegas Rurales Conasupo-Almacenes Na-cionales de Depósito)– situación que les da completa autonomía en la fijación de precios al productor y precios al consumidor.

Un tercer elemento ha sido la captura de subsidios públicos por parte de estas compa-ñías con la justificación de que favorecen la liquidez de los mercados y la adquisición de las cosechas nacionales. Y por último, a los emporios alimentarios se les ha brindado un sistema de exención de impuestos, un régi-men de tributación de privilegio (amparado bajo un régimen especial de tributación para el agro que originalmente tenía el sentido so-cial de impulsar la producción primaria).

Estas grandes empresas, dice Suárez, son globales; en varios casos están asociadas entre ellas y cuentan con fuertes recursos extra-fronteras. Cargill, una de las tres empresas agroalimentarias con mayor poder económi-co en Estados Unidos, por ejemplo, “tiene a su disposición una masa de financiamiento en dólares y acceso amplio a apoyos públicos

–entre 2005 y 2009 recibió de Apoyos y Servi-cios a la Comercialización Agropecuaria casi 600 millones de pesos para subsidios a la pig-noración, movilización y exportación de maíz blanco– que le dan una ventaja competitiva en el mercado mexicano frente a empresas pequeñas y medianas que no tienen si quiera posibilidad de crédito o cuyo acceso al dinero es a costos muy elevados”.

Además Cargill, en la medida que es un gran operador de granos y otros productos en Estados Unidos, tiene alianzas estratégicas con las compañías ferroviarias de ese país, que son las mismas que controlan el servi-cio ferroviario en México. Con esto, Cargill cuenta con tarifas preferenciales a las cuales no tienen acceso los competidores, peque-ños y medianos comercializadores, y goza de prioridad en la contratación de los trenes. “Si no hay furgones o no hay góndolas o no hay trenes unitarios disponibles para los peque-ños, quedan fuera de la comercialización, de las oportunidades de mercado”.

Asimismo, se observa cómo infraestruc-tura estratégica está en manos de los gran-des consorcios. Es el caso de la terminal granelera de Veracruz, por donde ingresa 40 por ciento de las importaciones que rea-liza México. La concesión de esta terminal, que estuvo en manos de ICA y Alsur pasó a Cargill hace unos años sin que el gobierno mexicano pusiera objeción. Y ésta es una he-rramienta fundamental que tiene la empresa para dominar y manipular el mercado de gra-nos. La situación es excepcional, dice Víctor Suárez. En Estados Unidos, Japón, China, Europa ni los bancos ni la infraestructura estratégica está en manos extranjeras.

Y estos grandes consorcios incurren en prácticas anticompetitivas. “Tienen liber-tad de importar en cualquier momento del año, aunque estemos en época de cosechas nacionales de granos, y tienen la libertad de exportar. Cuando hay cosechas e importan, presionan a la baja los precios que pagan a los productores nacionales de granos, e incu-rren en la exportación también cuando no hay suficiente disponibilidad de granos para generar escasez artificialmente, elevar los precios, revalorar sus inventarios. Así gene-ran ganancias extraordinarias”.

“Hay libertad absoluta, ninguna regu-lación gubernamental que frene la espe-culación porque estamos en el paradigma del libre mercado. En este ambiente, los productores de granos pequeños y medianos, los comercializadores pequeños y medianos y los procesadores pequeños y medianos son desplazados del mercado, no pueden compe-tir, y se va concentrando más y más el mer-cado en pocas empresas”. Es indispensable que la Comisión Federal de Competencia actúe de oficio para enfrentar las prácticas del monopolio.

En el ciclo primavera-verano 2008-09 las organizaciones comercializadoras de maíz de ANEC sufrieron la fuerza de este mono-polio en carne propia. “Vimos una posición

de franca coalición de los grandes comprado-res (Cargill, Maseca y Minsa) que se pusie-ron de acuerdo para no comprar el maíz de los productores organizados para debilitar su posición y en cierto momento destruirlos y quitarse así un contrapeso. En el caso del tri-go de la cosecha otoño-invierno 2008, vimos cómo se coaligaron estos mismos tres grupos para no pagar a los productores a niveles de precios internacionales, que se ubicaban en el equivalente de dos mil 900 pesos la tone-lada. Ellos decidieron no pagar más de dos mil 400 y como su poder de compra es muy grande, los campesinos se vieron obligados a vender a este precio bajo; luego las empresas presionaron para que la Secretaría de Agri-cultura, vía Aserca, pagara subsidios para compensar a los productores y así ellos obtu-vieron las cosechas por debajo de los precios del mercado y obtuvieron ganancias extraor-dinarias, comentó Suárez.

Frente a estas prácticas, el gobierno no so-lamente no tiene disposición ni herramien-tas para actuar y hacer que los mercados funcionen competitivamente, conforme a las reglas que dicen que son de mercado y de precios internacionales, sino que ceden al chantaje dando subsidios injustificados.

En poco más de dos décadas, el merca-do agroalimentario mexicano pasó de manos de Conasupo a manos de Cargill y un puñado de megacorporaciones que no sólo enen capturando el siste-ma alimentario mexicano sino también al propio gobierno federal y al Poder Le-gisla vo. A con nuación se enumeran las principales corporaciones que domi-nan el mercado:• Comercialización de granos y oleagi-

nosas: Cargill.• Semillas y pes cidas: Monsanto, Syn-

genta, Bayer, Dow Agro y Basf.• Maquinaria y equipo agrícola: John

Deere y New Holland.• Industria de harina de maíz: Maseca.• Industria del trigo: Bimbo, ADM y

Gamesa-Pepsico.• Industria avícola: Bachoco, Pilgrims

Pride y Tysson.• Lácteos: Grupo Lala y Nestlé.• Carne de cerdo y carnes frías: Sygma

y Smithfi eld.• Engorda y procesamiento carne de

res: Grupo Viz.• Almidones y alta fructuosa de maíz:

Corn Products Interna onal y ADM.• Refrescos y bebidas: FEMSA y

Pepsico.• Cerveza: Grupo Modelo y Cervecería

Cuauhtémoc.• Transporte ferroviario: KCS.• Distribución minorista: Wal-Mart.

GIGANTES GLOBALESDOMINAN DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN

Y PROCESAMIENTO DE GRANOS

A los emporios alimentarios se

les ha brindado un sistema de

exención de impuestos, un régimen

de tributación de privilegio

(amparado bajo un régimen

especial de tributación para el

agro que originalmente tenía

el sentido social de impulsar

la producción primaria)

Cargill cuenta con tarifas

preferenciales a las cuales no tienen

acceso los competidores, pequeños

y medianos comercializadores,

y goza de prioridad en la

contratación de los trenes



En 1996 dos em-presas grandes controlaban en México el 33

por ciento de la producción de pollo; para 2008 ya eran tres las grandes (Bachoco, Pilgrim’s Pride y Tyson) y cubrían 55 por ciento de esta producción. En el camino muchas compañías pequeñas quebraron, vendieron o entraron a esquemas de aparecería (dando servicios a las grandes o medianas) y su participación en la oferta se redujo sustantivamente: en 1996 esas pequeñas sumaban 181 y aportaban 27 por cien-to de la producción de pollo y para 2008 eran 150 empresas cubriendo sólo cuatro por ciento.

Estos son datos de la Unión Nacional de Avicultores (UNA), que se combinan con co-mentarios hechos por el Departamento de

Agricultura de Estados Unidos (USDA) en su reporte anual sobre la avicultura mexicana –“En 2009 la avicultura declinó, lo cual no ha-bía ocurrido en una década y esto se atribuye principalmente a la crisis económica, a la con-solidación de la industria que tiende a crecer, a los precios (altos) de los granos de importación y a la continuada competencia por parte de im-portaciones avícolas”–, para poder afirmar que la presencia preeminente de grandes empresas en esta rama es un hecho y que, aunado a la apertura comercial, implica una reducción de posibilidades para las pequeñas compañías.

La avicultura nacional –donde el pollo repre-senta 92 por ciento con una producción anual alrededor de 2.7 millones de toneladas, que complementa la oferta nacional con más de 440 mil toneladas importación, sobre todo pier-nas y muslos—participa con 11.5 por ciento del producto interno bruto agropecuario y genera

190 mil empleos directos y 950 mil indirectos. Las empresas pequeñas se caracterizan porque brindan menos de cien empleos, las medianas entre cien y 250, y las grandes arriba de 250.

En entrevista, Jaime Yesaki, quien fue presidente de la UNA entre 1993 y 1996, explica los motivos de desaparición de las pequeñas empresas avícolas: “en el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) –que en avicultura dejó fuera a

Canadá— el pollo fue uno de los productos donde se negociaron más largos periodos de desgravación, pero se presentó un problema muy serio, el contrabando bronco y el con-trabando técnico (esto es la importación de pollo supuestamente en salmuera, cuya fracción estaba exenta de pago de aranceles), en volúmenes muy importantes. Fue un pro-blema que duró años y que desestabilizó el mercado. Las compras las hacían brokers, o coyotes como yo les digo, gente sin in-

LA MITAD DE LA PRODUCCIÓN DE POLLO EN MANOS DE TRES EMPRESAS• La pequeñas quiebran, incluso asociadas, por múltiples factores: Yesaki• La Comisión de Competencia investiga prácticas monopólicas

MONOPOLIOS

Alejandro Calvillo U.

Bimbo domina totalmente el mercado del pan de caja y,

con su empresa Marinela, el de los panes dul-ces industrializados. Bimbo, junto con Pepsi-co, dominan el mercado de las frituras con su marca Barcel, además de contar con gran parte del mercado de dulces con Ricolino.

Coca Cola y Pepsico controlan el mercado de los refrescos, después de adquirir y aca-bar con la mayor parte de las empresas re-fresqueras regionales que existían en el país. Estas dos compañías también acaparan gran parte del agua embotellada. Kellog�s y Nestlé dominan el mercado de los cereales de caja, dejando atrás el consumo tradicional de ce-reales integrales como la avena, el amaranto, la cebada, etcétera. Danone, Lala y Alpura controlan el mercado de las bebidas lácteas. Sigma, Zwan y Kir el de las carnes frías.

Y hay que añadir a Maseca dentro de esta lista ya que esta empresa es responsable de que la mayor parte de los mexicanos hayan dejado de comer maíz. Lo que parece una afirmación absurda es una verdad: la harina refinada de maíz que produce y comerciali-za Maseca ha perdido todas las cualidades nutricionales de la harina integral de maíz que era la que tradicionalmente comíamos. Ahora, para solventar esta situación, se ha establecido que, al igual que a la harina re-finada de trigo, se le añada obligatoriamente vitaminas y minerales.

Con la mencionada docena de empresas cubrimos la mayor cantidad de los produc-tos que encontramos en la más grande red de distribución del país conformada por las grandes cadenas de supermercados, domi-nados por Wal Mart, y los más de 700 mil

puntos de venta en pequeños comercios: tiendas de abarrotes que se extienden desde los barrios urbanos hasta las más remotas co-munidades rurales. Sin estas empresas, con su invasión publicitaria y la omnipresencia de sus productos, no podríamos entender el deterioro de la dieta de los mexicanos, el ma-yor problema de salud pública del país.

El poder de concentración del mercado en estas empresas, como lo señala Carlos Ur-zúa en un trabajo para la Comisión Federal de Competencia (CFC), puede estar signifi-cando un incremento en los precios de hasta 40 por ciento. Pero los monopolios no sólo im-pactan en precios sino también en la calidad de los productos, así como en la elaboración de la normatividad y las políticas públicas.

Por ejemplo, Bimbo determinó y gozó de una normatividad que le permitió elaborar panes con harina refinada y comercializarlos como integrales, permitiéndose legalmente el fraude a aquellos consumidores que tenían un mínimo de información sobre la pobre-za nutricional de las harinas refinadas. Del Valle y Jumex se aprovecharon de los consu-

midores que buscaban jugos pensando que eran más saludables sin saber que estaban adulterados hasta en 80 por ciento, gracias a una falta de normatividad. El engaño conti-nua aún con los néctares para los cuales no existe normatividad, aprovechándose de que los consumidores mexicanos piensan que los néctares son jugos más concentrados cuando en realidad tienen más de 80 por ciento de agua y azúcares añadidos, además de colo-rantes y espesantes. Como nota al margen, hay que decir que una persona que consuma diariamente un vaso de néctar en el desayu-no y otro en la cena puede estar aumentando 5 kilos en un año. Es así que contamos con un gran número de normas al gusto de las empresas, que violan el derecho a la infor-mación de los consumidores.

En relación a la normatividad, hay que re-cordar que fue con Salinas de Gortari que la elaboración de la normatividad dejó de ser una tarea de la autoridad para pasar a ser un proce-so �democrático�. La �democracia� fue únicamen-te para las empresas que pasaron a dominar los comités de normas para hacerlas a su gusto o, en el peor de los casos, tener la capacidad de impedir su publicación si no les satisfacen.

El poder de los monopolios y oligopolios de la comida chatarra tiene su máxima ex-presión en las políticas públicas. No podría-mos pensar el arribo de las niñas y los niños mexicanos a ocupar el primer lugar en sobre-peso y obesidad a escala internacional sin el abandono de programas para brindar acceso a agua potable en escuelas, espacios públicos y comunidades; sin la falta de reglamentación de los alimentos dentro de las escuelas. No es una coincidencia el hecho de que México des-taque por la falta de acceso de agua potable y que, al mismo tiempo, los mexicanos seamos la población con la mayor ingesta de calorías por medio de bebidas. En un periodo de sola-mente 14 años se registró un incremento de 40

por ciento en el consumo de refrescos en la po-blación en general. Recientemente realizamos una encuesta en cerca de 400 escolares en la región Centro Montaña de Guerrero y registra-mos que más de 50 por ciento de los alumnos de primaria habían desayunado con refresco.

El poder de estas grandes corporaciones se manifiesta en su fuerte cabildeo para impedir que salga la comida chatarra de las escuelas; en sus estrategias para evitar que se regule la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a ni-ñas y niños; en su bloqueo a que se desarrollen etiquetados que realmente orienten de manera sencilla a los consumidores sobre los conteni-dos de azúcar, grasas y sal en los productos; en su oposición a campañas de orientación alimentaria que aconsejen a los consumidores a dejar de ingerir de manera habitual alimen-tos y bebidas que no son beneficiosos para su salud. Todo es una cuestión de poder y hasta ahora el Legislativo y el Ejecutivo parecen sometidos al de las corporaciones y las conse-cuencias en salud son visibles y dramáticas.

Alonso Lujambio, secretario de Educación, ha dado un primer paso al anunciar la salida de la comida chatarra de las escuelas. Veamos si cumple. Ahora le toca a José Ángel Córdo-ba Villalobos, secretario de Salud, regular la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a los niños por medio del Reglamento a la Ley general de Salud en Materia de Publicidad, y establecer un etiquetado frontal en los pro-ductos que realmente oriente a los consumi-dores. Serían estos los primeros pasos. Director de El Poder del Consumidor, ACwww.elpoderdelconsumidor.org

MONOPOLIOS Y COMIDA CHATARRA

MONOPOLIOS

la harina refi nada de maíz que

produce y comercializa Maseca

ha perdido todas las cualidades

nutricionales de la harina

integral de maíz que era la que

tradicionalmente comíamos

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versiones ni infraestructura, que sólo tiene dinero y compra y vende”.

Dada la diferente estructura de mercado de Estados Unidos –donde se prefiere y valora la pechuga y las alas sobre las demás partes del po-llo–, las piernas y muslos sobran en ese país y las venden sobre todo a Rusia y China, pero cuando hay algún problema allá las colocan en México, su destino más cercano. Estas piezas traídas por contrabando llegaron a nuestro país a precios hasta 50 por ciento inferiores a los del produc-to nacional y presionaron a la baja los precios internos. Hoy día, prevalece esa diferencia de precios, pero en menor grado, dice Yesaki.

El entrevistado, quien también es ex pre-sidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), señaló que una forma de afrontar la situación hubiera sido el asociacionismo, pero “esto no se nos da en México, pues la ley no protege a los accionistas minoritarios y porque aquí somos muy listos y el pez grande se come al chico”. Pero incluso avicultores que sí se asociaron o fortalecieron sociedades previas –como es el caso de la propia familia de Yesaki y otras cinco, presentes en Nuevo León— han debido sufrir quebrantos atribui-bles no sólo a la situación de competencia con importaciones, o a tener que enfrentar a las tres grandes productoras de pollo, sino a factores disfuncionales de las políticas públi-cas en el agro, y también a las crisis de precios y financieras globales de los años recientes.

El Grupo Papsa, donde está Yesaki inició su asociación hace 30 años pero en 2005 dio un paso adelante al integrarse totalmente y producir y comercializar de manera unida. El grupo llegó a tener una participación impor-tante en el mercado, con un millón de pollos por semana, y una marca propia. Pero ahora “estamos de salida; no pudimos cristalizar un crédito que nos permitiera pasar la época de vacas flacas a los buenos tiempos”. Hoy Papsa no tiene una producción propia; tuvimos que vender nuestro negocio a diferentes entida-des, aunque no vendimos las granjas y esta-mos en un esquema de aparcería con una de las empresas grandes. Esto quiere decir que explotamos nuestras instalaciones y cobra-mos una cantidad por el servicio”.

La producción de pollo, señala Yesaki, es riesgosa y cíclica (a veces se pierde porque la producción resulta más cara que el precio de venta, pero luego se puede vender más alto y la empresa se repone). Por tanto se requiere un respaldo que permita financiamientos de tres a seis meses, y en México la banca de desarrollo, que debería atender este tipo de negocios, “no está cumpliendo su función” e incurre en absurdos, por ejemplo valora muy mal las garantías rurales. “Nuestros negocios son rurales, si presentamos una garantía ru-ral la toman 2.5 veces a uno mientras que las

garantías urbanas las consideran 1.5 a uno o uno a uno. Es incongruente. A veces tene-mos que tomar créditos de otras entidades o incluso en el extranjero, más baratos”.

El Grupo Papsa sufrió quebranto no obs-tante que era una empresa que iba a la van-guardia –“empezamos adquiriendo insumos conjuntamente; accedíamos a créditos de pig-noración, nos armamos muy bien con labora-torios de patología (...)–. Otra razón del quie-bre fue la incapacidad de Papsa para entrar con su oferta de pollo a las tiendas de autoser-vicio, cada vez más dominantes en la distri-bución alimentaria de México. Estas tiendas tienen presencia en todas las ciudades del país y prefieren como proveedores a empresas grandes con capacidad de surtir en todos sus puntos de venta, y por tanto las compañías re-gionales (como Papsa) quedan al margen.

Y por último, Papsa recibió el tiro de gra-cia con tres crisis consecutivas: la primera, la de 2006, “cuando los precios de los granos de forma inusual se encarecieron al doble” afec-tados sobre todo por la especulación en los mercados internacionales, misma que derivó en la crisis financiera global (donde se mez-claron muchos problemas, crisis hipotecaria, energética, y la presencia de “rateros encum-brados dueños de grandes corporaciones que seguro estudiaron en buenas universidades”).

La segunda crisis fue en 2008 cuando hubo una sobreoferta de producción –“como nues-tro pollo no puede almacenarse, se vendía todo pero muy barato”–, y podemos pensar que “algo hicimos mal”, pero nuestro consue-lo fue que también por sobreproducción, en Estados Unidos la empresa que era la número uno, la gigante Pilgrim’s Pride, quebró (sus acciones se desplomaron, de valer 30 centavos de dólar cayeron a cero), y entonces otra em-presa más grande, la brasileña JBS la compró.

Y la tercera crisis, fue la crisis financiera global, que emergió cuando “apenas estába-mos saliendo de la racha de malos precios”.

Para Yesaki, son muchos los factores que cierran el camino a las pequeñas compa-ñías avícolas: las importaciones baratas in-fluyen parcialmente, las crisis globales pesan también, y la falta de políticas públicas con-gruentes es una falla fundamental (pues por lo general los subsidios, mezclados los produc-tivos con los de carácter social, ignoran a las empresas medianas). Pero el hecho tangible es que la concentración de la producción en pocas manos es una tendencia que se da y se seguirá dando. “No sé si algún día se empeza-rán a desconcentrar, porque así son los proce-sos, pero tardan décadas”, pero lo que viene para la avicultura es aún más preocupante. Un posible acuerdo comercial México-Brasil pone a temblar a los productores, porque en el país sudamericano producen mucho más barato incluso que los estadounidenses.

Cabe decir de cualquier forma que la Co-misión Federal de Competencia (CFC) pu-blicó en el Diario Oficial de la Federación, el 17 de diciembre de 2009, el inicio de una in-vestigación de oficio en la rama avícola, de-bido a “posibles prácticas monopólicas”, con el argumento de que la información dispo-nible en manos de la Comisión es suficiente para iniciar esta investigación, con base en la Ley de Competencia Económica. La inves-tigación examinará contratos, acuerdos de negocios y convenios de las tres compañías líderes en México, que pudieran estar afec-tando los precios de mercado del pollo.

Concentración de la

Producción de Pollo en México

Compañías % Par cipa-ción en la Producción

Tamaño* 1996 2008 1996 2008Grande 2 3 33 55Mediana 27 28 40 41Pequeña 181 150 27 4

*El gobierno de México clasifi ca como compañía pequeña aquella que tiene menos de cien empleados, una mediana con cien a 250 y una grande con más de 250. FUENTE: UNA

Fernando Bejarano G.

Tan sólo diez empresas trasna-cionales dominan 89 por cien-to del mercado mundial de plaguicidas (insecticidas, fun-

gicidas, herbicidas) y destacan principal-mente las de origen europeo y de Estados Unidos, como se puede ver en el cuadro.

Principales empresas

transnacionales en el mercado

mundial de plaguicidas

Empresa* Ventas** % del mercado

Bayer (Alemania) 7,458 19

Syngenta ( Suiza) 7,285 19

BASF (Alemania) 4,297 11Dow Agrosciences (USA) 3,779 10

Monsanto (USA) 3,599 9

Dupont (USA) 2,369 6Makhteshim Agan (Israel) 1,895 5

Nufarm (Australia) 1,470 4.9

Sumitomo (Japón) 1,209 3Arysta Lifescience (Japón) 1,035 3

Total 34,396 89

Fuente: Agrow 539, March 14th 2008, y ETC, Nov. 2008. ¿De quién es la naturaleza? El poder corporativo y la frontera fi nal en la mercantilización de la vida. * País casa matriz. **Millones de dólares.

Aunque no hay reportes accesibles al público de las ventas de plaguicidas por empresa, en México el mercado de agro-químicos alcanzaba casi los 700 millones de dólares en el 2007, según el informe anual del 2008 de la Asociación Mexi-cana de la Industria Fitosanitaria (AMI-FAC) con 56 empresas asociadas, donde destacan la presencia de las principales trasnacionales en su consejo directivo.

El control trasnacional del mercado de plaguicidas en México se consolidó con la política neoliberal y firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, al privatizarse Ferti-mex –la empresa estatal que producía y comercializaba algunos de ellos– liberar los aranceles, y terminar con la distribu-ción estatal por medio del Banco Nacio-nal de Crédito Rural. Todo esto consolidó la dependencia de los ingredientes activos y productos formulados en otros países.

La Comisión Intersecretarial para el Control y Uso de Plaguicidas, Fertilizan-tes, y Sustancias Tóxicas (Cicoplafest), donde participan todas las secretarías que intervienen en la gestión del uso de plaguicidas (incluyendo las de Salud, Agricultura y Medio Ambiente), ha privi-legiado la simplificación administrativa para facilitar el registro, la importación y exportación de plaguicidas por encima de medidas eficaces de prevención y con-trol de sus dañinos efectos en la salud y el ambiente. Se cuida que los plaguici-das en los alimentos de exportación no se conviertan en barreras técnicas al libre comercio, por encima de garantizar el cumplimiento de la poca normatividad existente para proteger la salud y el am-biente de la población.

Se protegen los intereses comerciales que dominan el mercado de plaguicidas pero se nos niega el derecho a saber cuánto, qué y en dónde se aplican los cientos de to-neladas de agrotóxicos y biocidas en el cam-po y la ciudad, al no existir la obligación de un registro de su uso a lo largo de la cadena comercial. Es importante destacar que en California, Estados Unidos, este registro existe y permite descubrir la tendencia y lugares donde más se usan plaguicidas, y los ciudadanos pueden exigir los lugares prioritarios para establecer metas de reduc-ción en su uso. En México alabamos la mo-dernidad tecnológica del vecino del norte pero no incorporamos los pocos avances conquistados por la lucha ciudadana.

La dependencia de los plaguicidas químicos para el control de plagas y los riesgos que esto ocasiona han sido reco-nocidos como un problema mundial. La propia Organización de las Naciones Uni-das para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ha planteado a los países la prohi-bición progresiva de los plaguicidas alta-mente peligrosos y el fomento de buenas prácticas agrícolas, para cumplir el acuer-do internacional del Enfoque Estratégico para la Gestión de las Sustancias Quími-cas a nivel internacional (mejor conocida por sus sigla en inglés como SAICM).

Del Catálogo Oficial de Plaguicidas (excluyendo atrayentes, repelentes y esti-mulantes), encontramos que del total de los 414 ingredientes activos aprobados, un 18.6 por ciento (77) tienen una mayor toxicidad aguda, y casi la tercera parte (133) están dentro de la lista de posibles o proba-bles causantes de cáncer (clasificados por la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer y por la Agencia de Protección Ambiental, EPA, de Estados Unidos) o causan disrupción endocrina (hormonal). Esto representa un perfil de toxicidad muy preocupante dadas las condiciones de vul-nerabilidad de la población trabajadora y comunidades expuestas, generalmente po-bre, desnutrida y con malas condiciones de seguridad e higiene. Si un gran número de las intoxicaciones agudas con plaguicidas no se reportan, o se reportan sin indicar el plaguicida que causó el incidente; en el caso de las enfermedades crónicas, que tardan años en manifestarse o cuyos efec-tos irreversibles aparecen años después, nos enfrentamos a una situación de riesgo fue-ra de control, donde las víctimas sufrirán de manera individual o familiar situaciones que el gobierno está obligado a prevenir.

Se requiere un cambio profundo de las políticas neoliberales, apoyar las al-ternativas orgánicas y agroecológicas ir más allá de la mera sustitución de insumos y articularse con una política que fortalezca la soberanía alimentaria, como han planteado diversas organiza-ciones campesinas y ciudadanas. Red de Acción sobre Plaguicidas y sus Alternativas en México (RAPAM) www.rapam.org

TRASNACIONALES Y AGROTÓXICOS

Diez empresas trasnacionales

dominan 89 por ciento del

mercado mundial de plaguicidas


Alexanda Spieldoch

A lo largo de 2010 el Departamento de Agricultura de Estados Unidos

(USDA) y el Departamento de Justicia (DOJ) están organizando una serie de talleres públi-cos e históricos relativos a los temas de compe-tencia en agricultura en este país. El primero tendrá lugar el uno de marzo de 2010 en Iowa: http://www.justice.gov/atr/public/workshops/ag2010/index.htm#dates

Los talleres fueron primero anunciados por el procurador general Eric Holder y por el se-cretario de Agricultura, Tom Vilsack en 2009 y son los primeros que se realizan de forma con-junta USDA-DOJ para discutir los temas de competencia y regulación de la agricultura de

Estados Unidos (EU). Las metas son generar el diálogo en un momento que hay una creciente preocupación sobre los impactos negativos de la concentración corporativa en el sistema ali-mentario y sobre la necesidad de regulaciones apropiadas que promuevan una agricultura y alimentos saludables y sustentables.

Los talleres son de acceso libre y abiertos al público, e incluirán a agricultores, ranche-ros, grupos de consumidores, académicos, empresarios del agro y miembros del gobierno federal, quienes discutirán los temas legales y económicos asociados con la competencia en la industria agrícola. El DOJ y el USDA están buscando incorporar tópicos adicionales tales como los costos del impacto de la concentra-ción en la agricultura, el efecto de las regula-ciones y los programas de competencia y las formas en la cuales las reglas de propiedad in-telectual y de patentes afectan la producción y las prácticas del mercado en semillas, precios, contratos, propiedad del empacador del gana-do antes de que éste sea sacrificado, transpa-rencia de mercado y ventas al menudeo.

En el boletín de prensa del USDA de 2009 donde anunció las audiencias, el secretario Vil-sack declaró: “es importante tener un mercado competitivo y justo que beneficie a la agricul-tura, a las economías rurales y a los consumi-dores estadounidenses”. El Instituto de Política

Agrícola y Comercial (IATP) apoya esta visión. No obstante, para nosotros es claro que la com-petencia no puede ser revisada exclusivamente como un asunto doméstico.

En Estados Unidos sabemos que los mer-cados domésticos están extremadamente concentrados. Tan sólo cuatro compañías –Tyson, Cargill, Swift and Co y National Beef Packing Co– controlan cerca de 85 por ciento del empaque de carne. Cargill es el cuarto más grande empacador de cerdo, el tercer productor de pavos, el segundo en plantas de alimento animal, el primero en molinos de harina y el tercero en procesamiento de soya.

Las empresas agrícolas de Estados Unidos también controlan un significativo porcentaje del comercio global en alimentos y productos agrícolas; por tanto, nuestras regulaciones do-mésticas tienen una gran importancia fuera de este país. Muchas de estas compañías están basadas en la Unión Americana, pero actúan como corporaciones globales. Por ejemplo, Archer Danields Midland (ADM), una de las empresas más grandes de EU en producción y

comercio de alimentos, tiene intereses en eta-nol, biodiesel, ingredientes alimentarios y fo-rrajeros y mercadeo de granos. ADM emplea a 27 mil 600 personas en 58 países en seis conti-nentes. Los canales de granos y oleaginosas de Cargill emplean a 15 mil personas en 50 paí-ses. Cargill posee más de la mitad de las accio-nes de Mosaic Fertilizer Corporation, una de las más grandes compañías de fertilizantes en el mundo, pero también domina el comercio y procesamiento de cereales y granos forraje-ros a escala global. Monsanto es propietario de 90 por ciento de las semillas patentadas en el mundo. EU es el productor global más grande tanto de pollo como de carne de ganado y el segundo más grande en puerco. Claramente, los agro-negocios de EU están involucrados en un amplio rango de actividades, que in-fluyen poderosamente sobre la producción, el consumo y el empleo en el orbe.

Adicionalmente, los cabilderos de los agro-negocios tienen un gran poder en el Congreso y en las posiciones que el gobierno de EU toma en sus negociaciones internacionales relativas a agricultura, comercio e inversión.

estados unidos

DEBATES PÚBLICOS SOBRE LA CONCENTRACIÓN CORPORATIVA EN EL SISTEMA ALIMENTARIO

Juan Pablo Ozaeta

A cinco años de su aprobación en el Congre-so de la Repú-

blica, el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés) ha dejado ver dos grandes ganadores: la industria importadora de granos básicos y la industria agroexportadora.

Las industrias de alimentos se dedican a importar granos básicos como trigo, arroz y maíz amarillo. Se trata de industrias mono y oligopólicas que concentran los contingen-tes de importación y no trasladan el benefi-cio fiscal a los consumidores.

En el país se conoce que la industria aví-cola es controlada por tres grupos de capital. En 2009 aparecen 32 empresas como usua-rias de los contingentes arancelarios de maíz amarillo. De éstas, hay diez que utilizan 80 por ciento, esto es una participación similar a la que aquellos tres grupos de capital tie-nen en el mercado nacional de producción de huevos, concentrados y pollo. Se ha com-probado que dichos grupos utilizan varias formas jurídicas para tener una cuota más

grande de los contingentes DR-CAFTA li-bres de arancel de granos básicos.

La misma tendencia se muestra en el arroz, donde una sola empresa utilizó en 2009 el 60 por ciento del contingente. En el caso del trigo, se conoce que una empresa controla el 50 por ciento del contingente y seis empresas el resto. Sin embargo, se conoce que es un solo grupo de capital el que controla el mercado de harina de trigo, pastas y galletas.

Las autoridades señalan que no hay una legislación que pueda condenar esta captura de los contingentes. De hecho, las autorida-des favorecieron en los convenios DR-CAF-TA a las empresas llamadas �históricas�, sobre las denominadas �nuevas�. Algunos funciona-rios han señalado que esta medida evita es que oportunistas que no son de la industria hagan negocio de estas cuotas arancelarias.

Pero mientras esto ocurre, gremios como el panadero se han quejado por la falta de acceso a importaciones libres de arancel. En 2008 realizaron una huelga exigiendo exención de impuestos a la importación de harina de trigo. Dos días después fue asesi-nado el presidente de la Asociación Nacional de Panificadores de Guatemala, Guadalupe García Cifuentes.

El 2008 fue un año en que la crisis del alza de los alimentos afectó a todas las familias guatemaltecas. En respuesta, el gobierno de-cidió abrir más los contingentes a la importa-ción de alimentos como: partes de pollo, leche en polvo, harina de trigo, maíz amarillo, arroz partido. La medida puede ser justificable, dada la coyuntura, aunque a largo plazo lo ne-cesario es estimular la producción nacional de granos básicos, y no ampliar los contingentes que han promovido la des-rentabilización de la producción nacional alimentaria.

Ante la medida, los medios informaron que 82 por ciento de ese contingente fue acaparado por un solo grupo, Grupo La Buena, a pesar que el presidente Álvaro Colom señaló que el con-tingente sería administrado por cooperativistas.

No cabe duda que estas prácticas anti-competitivas tienen repercusión en el acce-so a los alimentos. Igualmente, la extensión de monocultivos de agroexportación tiene su impacto en el acceso a los alimentos

La Costa Sur del país, era considerado el granero de Guatemala. En esa zona había pequeños productores y productoras –�sin tie-rra– de maíz. Cuando se introduce la caña de azúcar, el campesinado ve mermadas sus posibilidades de arrendar tierra suficiente para la producción de maíz. La tierra se ha-bía encarecido y ya era dada solamente a los azucareros. De nuevo, unas pocas familias.

En el norte del país, principalmente las zonas conocidas como Franja Transversal del Norte (FTN) y la zona del Polochic, se ha extendido la producción de caña y palma africana, para la producción de agrocombustibles. La extensión de estos monocultivos, que ha venido crecien-do con el auspicio del DR-CAFTA, disminuye las posibilidades de que las mujeres indígenas rurales puedan tener cultivos bajo su responsa-bilidad y limita la posibilidad a comunidades indígenas de sembrar sus propios alimentos. So-bre posibles regulaciones a los monopolios en el país, sólo se vislumbra la normativa que surja como parte del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. Una imposición externa ante la inmovilidad de los gobernantes nacionales. Pero no es ninguna respuesta de fondo abrirnos al comercio con otras potencias económicas. Más bien, la solución está en garantizar que los alimentos queden fuera de los acuerdos comer-ciales y se estimule la producción campesina de granos básicos. Mientras tanto el campo guate-malteco es un paraíso para la concentración de todo en pocas manos. Instituto de Estudios Agrarios y Rurales, CONGCOOP

Guatemala

EL CAMPO: PARAÍSO DE LOS MONOPOLIOS

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Se conoce que es un solo grupo

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MONOPOLIOS

MONOPOLIOS


Luego de la firma del Tratado de Li-bre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la entrada de Estados Unidos a la Organiza-ción Mundial de Comercio (OMC), este país revisó su política agrícola a fin de elevar su producción para los mercados internacionales. A la larga, esto ha llevado a incrementos en sub-sidios, menos granjas y más grandes orientadas a los sistemas de monocultivo, mayor consolida-ción corporativa y más utilidades e incremento del dumping por parte de los agro-negocios. Los perdedores reales en este escenario son los pro-ductores pequeños, las comunidades rurales y los consumidores. En México, los impactos del TLCAN están bien documentados, van desde la pérdida de unidades de producción fami-liar, incremento en los costos de los alimentos, pérdida de biodiversidad, migración, violencia e importación de granos estadounidenses con precios dumping, y de carne con precios debajo del costo de producción. En Canadá, los ingre-sos netos agrícolas están en su más bajo nivel en 70 años no obstante los niveles récord de producción y de exportaciones e importaciones alimentarias. Hoy 80 por ciento de la carne de res empacada está dominado por dos grandes corporaciones. En Estados Unidos, el número de agricultores de pequeña escala está en sus más bajos niveles de la historia y las comunida-des rurales están muy disminuidas. Los alimen-tos en Estados Unidos están dominados por producciones de gran escala y de monocultivo de soya y maíz, que incluyen transgénicos y pes-ticidas, así como por operaciones concentradas de alimentación animal. Esas tendencias han también contribuido a la erosión de la tierra y a problemas de contaminación y de salud.

Cargill, Smithfield y ADM han podido incrementar sus utilidades a niveles histó-ricos, al desarrollar y controlar mercados en México Canadá y EU (así como en otras par-tes del mundo). La universidad de Tufts liberó recientemente un reporte que muestra que Smithfield posee actualmente 30 por ciento de la industria de puercos en México y esto es en parte resultado de subsidios indirectos que ha recibido por medio de granos baratos para el alimento animal. Se reporta que la industria de cerdos de México ha sido totalmente rees-tructurada como resultado de granos baratos y carne de cerdo procedentes de Estados Uni-dos y que inundan México ¡por importaciones que se elevaron en 700 por ciento durante los 16 años posteriores a la firma del TLCAN!

ADM, el líder en la producción de etanol en Estados Unidos y un importante compra-dor de granos posee aproximadamente un ter-cio de Grupo Maseca (Gruma), la industria líder en tortillas. También es propietario de 40 por ciento de acciones en una asociación con Gruma para procesar y refinar trigo. En 2007, cuando los consumidores mexicanos no podían pagar el precio de la tortilla y cam-biaron en parte a bolillo, Gruma y ADM esta-ban también ganando una utilidad.

Es crucial que la reforma en la competencia en Estados Unidos refleje los impactos reales, que son tanto regionales como globales. IATP está trabajando con la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC) y agricultores en Cana-dá para expresar los impactos negativos de la concentración corporativa por medio de tes-timonios conjuntos y propuestas comunes de reformas de políticas. Vamos a llevar nuestra crítica tri-nacional a las audiencias del USDA-DOJ y estamos planeando una dinámica re-gional para generar cambios este año. Directora de Programa de Comercio y Gobernanza Global de IATP, Minneapolis, Minnesota

H ,

C P • EL DIRECTOR FÉLIX GONZÁLEZ,

REACIO A ASUMIR COMPROMISOS

• OPORTUNO INCENDIO DESTRUYE PRUEBAS DE CORRUPCIÓN


Por cuarto año consecu vo los acadé-micos del Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas (Colpos) estallaron en huelga con la exigencia de que se

avance en la homologación salarial que desde 2001 enen prome da para alcanzar los nive-les de sus pares del Centro de Inves gaciones y Estudios Avanzados del Politécnico Nacional (Cinvestav). Esta homologación ha dado pasos muy lentamente en medio de confrontaciones con la dirección del Colegio y de paros laborales.

Desde el 19 de febrero pasado inició la huelga este año. En 2007, recordemos, duró un minuto, en 2008 fueron 14 días y en 2009 sumó tortuosos 97 días.

En ese 2009 el paro se levantó el 22 de mayo luego de que los académicos hicieron plantones ante la Secretaría de Agricultura, hubo algunos en huelga de hambre y otros rapados, e intervinieron las cámaras de Di-putados y de Senadores. Y el compromiso alcanzado entonces entre las autoridades del Colpos y el Sindicado Independiente de Académicos del Colegio de Postgraduados (SIACOP) fue que se aplicarían 24.3 millones de pesos para la mencionada homologación, de los cuales 17.3 millones se entregarían di-rectamente al salario tabular. Los restantes siete millones se asignarían con criterios de produc vidad académica individual, mismos que se especifi carían en una mesa de trabajo que debía establecerse en los días siguientes al acuerdo, pero que en los hechos nunca se concretó debido a malabares y mano negra del director del Colpos, Félix González Cossío.

Este 2010 nuevamente Félix González busca socavar el avance de la homologación salarial, imponiendo la intención de elevar de nueve categorías salariales de los académicos a 22, lo cual es interpretado por el secretario general del SIACOP, Lenin Guajardo, como “la búsqueda de una reforma educa va” que pre-tende contratar profesores por cátedra o por hora y crear puestos de inves gadores exten-sionistas y con ello enfa zar la importancia de la inves gación y prestación de servicios a empresas privadas, que es lo que genera re-cursos monetarios al Colegio, en detrimento de las labores académicas y de inves gación básica, por ejemplo los trabajos que se hacen para mejorar las variedades de maíz, y en de-trimento de los recursos humanos altamente capacitados del Colegio, que son profesores de empo completo en su mayoría.

Félix González y sus colaboradores cercanos arguyen –sin presentar pruebas– que la Secre-taría de Hacienda condiciona la aplicación de recursos presupuestarios para avanzar en la homologación (están previstos para 2010 por lo menos 24.3 millones de pesos) e insiste en que ésta debe realizarse con base en los cri-terios de produc vidad académica individual que apruebe Hacienda, pero no revela al SIA-COP los detalles de tales criterios.

“Quieren que les fi rmemos un cheque en blanco”, se quejan los profesores y sienten temor de que –tal como lo han visto en un borrador de trabajo de las autoridades del Colegio– puedan bajar a algunos académicos de categoría, en par cular a aquellos que se dedican a la inves gación básica, no a los tra-bajos en asociación con empresas privadas que son los que representan ingresos mone-tarios al Colpos. “Los cuates” de la dirección del Colpos serían los que se situarían en las categorías de mayor sueldo. Y todo esto, en el marco de desmantelamiento del aparato público que sirve al agro mexicano, proceso iniciado desde los años 80s.

Cabe decir que el compromiso de la ho-mologación salarial se jus fi ca porque desde 2001 el Colpos fue declarado centro público de inves gación (CPI) y por tanto sus salarios deben ser equivalentes a los del CPI con mejo-res salarios, que es el Cinvestav.

En su número 19, del 17 de abril de 2009, La Jornada del Campo dio cuenta de la huel-ga de 2009 y también de la situación que vive el Colegio, el cual –refrendan hoy los acadé-micos– “está secuestrado” por un pequeño grupo de unos 20 profesores y académicos, llamados el dream team, protegidos de la dirección del Colegio, quienes han hecho ne-gocios oscuros con un fi deicomiso del Colegio. En par cular un profesor Enrique Mejía Sáenz, el cual está vinculado con amigos y familiares miembros de varias empresas como Mane-jo Integral de Cuencas, SACV (MICA), Centro Mexicano de Inves gaciones Hidroagrícolas y Telycom (esta úl ma originalmente era un expendio de papelería y bajo diversas razo-nes sociales ha ofrecido servicios cien fi cos y técnicos al Colpos con valores millonarios). Gran parte de los negocios sucios salieron a la luz en 2009 gracias a una inves gación que académicos del SIACOP hicieron con base en documentos obtenidos vía el Ins tuto Federal de Acceso a la Información (IFAI).

El año pasado la Cámara de Diputados pi-dió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que realizara una auditoría integral al Colpos. Ésta ya se hizo, y los resultados apa-recen en la página web de la ASF desde hace unas semanas.

La auditoría no fue exhaus va porque, por una extraña casualidad, luego de que las auto-ridades fueron avisadas de que serían some- das a este proceso, el sábado 18 de julio del

año pasado ocurrió un incendio en la Unidad de Congresos del Colpos y allí se quemaron, se perdieron, muchísimos documentos que eran evidencia de la corrupción.

De cualquier manera, la auditoría revela cosas tales como un manejo discrecional del dinero. Por ejemplo, dice que las cuentas ban-carias del Colpos recibieron depósitos por 19 millones 769 mil 300 pesos por concepto de recursos propios del Colegio en 2008 y sin em-bargo sólo se reportaron 10 millones 439 mil 800 en la Cuenta Pública 2008.

También destaca la revisión de varios con-tratos de adquisición con muchas inconsis-tencias. Es el caso de un contrato del 31 de diciembre de 2008 para la compra de 22 bie-nes de equipos de telefonía, cámaras digitales, topográfi cas y de video, grabadoras digitales, televisores y otros, por 331.7 millones de pe-sos. Las inspección sica de la auditoría pudo ubicar sólo tres de esos bienes, debido a que esa compra no fue inventariada. Asimismo, en las compras hechas mediante varios contratos se observa que el Colpos no cuenta con los resguardos correspondientes a los equipos.

Una de las acciones promovidas por la ASF es la pe ción al órgano interno de control del Colpos a que inves gue y en su caso fi nque responsabilidades sancionatorias a servidores públicos que no presentaron comprobantes de pago de varios millones de pesos en diver-sos contratos de adquisición.

El Colpos, sectorizado en la Secretaría de Agricultura (Sagarpa), cumple este año 51 años de vida, y los académicos señalan que nunca antes había habido una situación tan di cil, nunca se había observado antes una confrontación de tal grado con la dirección. Se preguntan, ¿por qué permanece Félix Gonzá-lez?, a pesar de que ya la Sagarpa ha tomado decisiones recientes de des tuir a funciona-rios tales como los ex directores de Procampo y de Apoyos y Servicios a la Comercialización (ASERCA), des tuciones (o supuestas renun-cias) ocurridas en medio de escándalos me-diá cos de mal uso de los subsidios públicos.

Félix González pretende reelegirse este año al frente del Colpos. Pero preocupan declaraciones que ha hecho, donde revela la manera como cumple sus compromisos. En una carta que el SIACOP le envió a González el 21 de febrero pasado le reproducen la ver-sión ofi cial de una declaración que él hizo el 28 marzo de 2007 en una reunión extraordinaria de la junta direc va del Colpos.

En esa reunión Félix González dijo: “El prin-cipio de equidad creo que no está bien u liza-do y discrepo con el Sindicato. Reconozco que tenemos personal que no sólo se equipara a Cinvestav, supera las cifras. A esas personas, a esa gente produc va, démosle es mulos, se lo han ganado. Di cilmente alguien jus fi ca-ría, que en aras de esa equidad, solo porque soy CPI y otros CPIs lo enen, o porque dice el ar culo tal de la Cons tución Mexicana, se ene que dar un mejor salario”.

El SIACOP se pregunta: “¿qué podemos es-perar de un funcionario que no respeta lo que establece la Carta Magna de México?”

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No obstante cu-brir 80 por cien-to del territorio nacional y po-

seer la mayor parte de los recursos naturales, los 30 millones de pobladores rurales están excluidos de los servicios financieros. Los datos del más reciente censo agrícola muestran que en 2007 sólo 2.6 por ciento de los cinco millo-nes 548 mil 845 unidades de producción rural (upr) contaban con crédito, esto es menos de la de por sí baja proporción de 16.9 por ciento que se registró en el censo anterior, de 1991, cuando las upr sumaban cuatro millones 407 mil 880.

Con estos datos, Víctor Suárez Carrera, di-rector ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC) dio inicio al foro La Agri-cultura Campesina en Búsqueda de un Siste-ma Financiero Rural en México, realizado el 25 y 26 de febrero en la ciudad de México. Allí des-tacó también que entre 1991 y 2007 el porcen-taje de las upr con acceso a seguro cayó de 4.3 a 0.2, y mostró comparaciones entre México y otros países en materia de costos del crédito y de transacción. En nuestro país, dijo, hay produc-tores que pagan tasas de interés de tres por cien-to mensual, mientras que en Brasil son de 0.5 a tres por ciento anuales y en la Unión Europea un agricultor paga 1.5 por ciento anual y los jó-venes uno por ciento anual. Esto “implica una desventaja enrome” para nuestros campesinos.

Señaló que esto indica cómo el medio ru-ral está abandonado. “Esto ha creado vacíos, y los vacíos se están llenando con narcotráfi-co, lavado de dinero, y la situación del agro es escandalosa, pues nuestra dependencia alimentaria asciende a 40 por ciento”.

Suárez llamó a crear urgentemente un nuevo paradigma que revalorice a los cam-pesinos como sujetos productivos, pues hoy se les niega eso y se les da sólo limosna pública. “Se les prepara para la migración y el control político”. Por tanto, es necesario pelear por el derecho de la universalización del crédito y hacer que los subsidios productivos, que van hacia los productores grandes, se reorienten a favor de la pequeña y mediana producción. Propuso particularmente que al menos 20 por ciento de los depósitos de las Afores se canalicen al fortalecimiento de la economía campesina y que se desarrolle una estrategia de impulso al asociacionismo campesino.

Armando Bartra, académico de la Uni-versidad Autónoma Metropolitana (UAM) y coordinador de La Jornada del Campo afir-mó que la crisis actual no tiene precedente, pues es multidimensional (económica, am-biental, alimentaria, energética, de cambio climático, de agotamiento de recursos fó-siles, con empoderamiento dramático del narco, necrosis del tejido social y deterioro de valores del gobierno, entre otros factores)

y por tanto los retos son enormes y lo que procede “no es hacer una poda” porque el ca-pitalismo no salva al capitalismo y el modelo neoliberal está haciendo agua.

Un paso que debe dar México es forta-lecer a sus campesinos, dijo Bartra, pues “una economía vigorosa campesina signi-ficará freno para la estampida, será garan-tía de soberanía alimentaria, de productos sanos, inocuos y con identidad, y será el mejor remedio para los efectos del cambio climático”, pues la agricultura de pequeña escala es la cara opuesta del uso intensivo de agrotóxicos, lo cual es común en manos de predios de grandes extensiones”. Así, dijo, “este desaguisado no tendrá remedio si no hay nuevas políticas públicas en pro del campo y esto por supuesto debe ser apoyado por un sistema financiero”.

En el propio foro Roberto Escalante, ex director de la Facultad de Economía de la UNAM, dijo que el cambio climático es un fac-tor crítico para las decisiones del futuro del país y del planeta, pues es probable que sus efectos

generen un deterioro de 11 a 20 por ciento en el Producto Interno Bruto nacional de aquí al año 2050. La situación exige que cambiemos el modelo de desarrollo, que tendamos hacia un enfoque vigoroso de distribución más equitati-va del ingreso, y el tema agrícola debe incorpo-rarse de una manera novedosa en los temas de crecimiento y desarrollo.

Dijo que tan sólo tomando en cuenta la pérdida de producción que el cambio climá-tico va a significar para el agro, el monto de crédito a este sector tendría que incremen-tarse en 64 por ciento, y es preocupante que la banca de desarrollo, Fideicomisos Institui-dos en Relación con la Agricultura (FIRA) y la Financiera Rural estén a la zaga.

“El cambio climático va a significar una acentuación de los riesgos y de la in-certidumbre en la producción. También una modificación en la disponibilidad de bienes y vamos a tener que establecer prioridades sobre lo que necesitamos producir. Vamos a tener menos suelo, escasez de agua, restric-ciones naturales mucho más importantes que las actuales. Por eso, y considerando que no se ha inventado otra cosa en sustitución de seguir comiendo, las prioridades estarán puestas en el agro. Ni en el pasado ni hoy el sector financiero ha atendido al agro. Ahora debe revalorar su importancia”.

Con el ejemplo de Brasil, Víctor Suárez consideró que sí son viables los cambios. En los tres años recientes seis millones de mexi-canos se unieron a las filas de la pobreza alimentaria, dejaron de hacer tres comidas al día. En cambio, Lula da Silva sacó a 20 millones de brasileños de la pobreza extre-ma, los elevó de nivel. Esto es un asunto de política, de prever las necesidades de alimen-tación para los próximos cinco o diez años, comentó. (Lourdes Edith Rudiño)

Datos oficiales dicen que en México un mi-llón de personas

del medio rural tienen acceso al financiamien-to, y aunque son cuestionables, estas cifras muestran el enorme rezago en esta materia, debido a que Fideicomisos Instituidos en Re-lación con la Agricultura (FIRA) –la principal instancia de la banca de desarrollo del campo– suma ya más de 50 años fomentando este acce-so, y, además, según datos de la Secretaría de Agricultura, en los años recientes los programas de crédito rural han aplicado 35 mil millones de pesos tan sólo en subsidios.

Isabel Cruz, directora de la Asociación Mexi-cana de Uniones de Crédito (AMUCSS) hizo este comentario en el foro La Agricultura Cam-pesina en Búsqueda de un Sistema Financiero Rural en México, y comparó la situación de México con otros países. “Guatemala, que es un país mucho más pobre que el nuestro, tiene un banco de desarrollo privatizado que hoy tiene cinco millones de clientes, y nosotros 50 años después tenemos un millón que además acce-den vía intermediarios financieros privados”. O “Alemania, cuyo territorio es similar al de Chi-huahua, cuenta con un sistema cooperativo de crédito con 150 años de antigüedad y propiedad de los productores, que implica más de 12 mil

bancos locales y que hoy cubre 25 o 30 por cien-to del mercado financiero total del país”.

Detalló varios problemas que en México limitan el financiamiento. Entre otros: 1.- si no hay una política agrícola adecuada, es inviable el crédito para los productores. Por ejemplo este año se da crédito para el frijol, que tiene precio de siete pesos el kilo, y al año siguiente cae a seis; se deteriora la capacidad de pago. 2.- Elegir quién da el financiamiento y cómo lo hace no es una decisión técnica, sino de estrategia política. Hoy el financia-miento se da vía la banca comercial –que prefiere otorgarlo al consumo, sin ningún compromiso con el país, con el aparato pro-ductivo– o intermediarios privados. Y si de los 35 mil millones de pesos que se han dado en subsidios vía programas con componentes de financiamiento rural, tan sólo una proporción se hubiera usado para crear intermediarios propiedad de los productores, éstos se habrían multiplicado de forma importante.

Explicó que los países que se han desarrolla-do en agricultura tienen instituciones financie-ras propias de los productores, como es el caso de Cresol, en Brasil. En México la banca no tie-ne compromiso con los campesinos, y por eso los incentivos para ampliar el financiamiento al medio rural no deben ser en subsidios vía los

actuales intermediarios, sino incentivos para el desarrollo local y con compromiso con las comunidades. El reto por tanto es construir instituciones financieras de los propios produc-tores “y en ese sentido nos tiene que apoyar el gobierno desde la banca de desarrollo”.

Y la banca de desarrollo debe reformar-se. “Hay una iniciativa en la Cámara de Senadores que no se ha trabajado suficiente-mente, y que pretende fusionar FIRA con la Financiera Rural y crear un banco agrícola o rural; tendríamos además que revisar y rees-tructurar todas las instancias que atienden al campo, como el Banco de Servicios Finan-cieros (Bansefi), el Fondo Nacional de Em-presas en Solidaridad (Fonaes), el Fondo de Capitalización e Inversión Rural (Focir) y el Fideicomiso de Riesgo Compartido (Firco), pues estamos gastando mucho en el aparato operacional; son recursos que deberían des-tinarse a financiar directamente y sobre todo a combinar los esfuerzos”.

Isabel Cruz exigió coherencia, “y eso signifi-ca política de Estado que dicte: ‘vamos a crear instituciones financieras en el campo por me-dio de intermediarios de productores’ y eso sig-nifica una meta de dos mil o tres mil, y avanzar anualmente con 200, 300 o 400 nuevas”.

También señaló que es necesario crear con-diciones que fortalezcan las iniciativas cam-pesinas. “Eso que lograron en Alemania las cooperativas agrícolas no lo podemos hacer en México porque aquí la ley impide que las

cooperativas puedan tener patrimonios indi-viduales, no pueden tener organizaciones de productores asociadas, y por tanto no pueden financiarles comercialización, o agro-indus-trialización. Las cooperativas en México no se pueden integrar financieramente para crear sus bancos regionales o sus empresas financieras”.

Explicó que el escaso financiamiento al campo en el país se orienta a la agricultura, cuando el ámbito rural requiere soluciones múltiples, diversificadas. De 20 años a la fecha se amplió la brecha entre las zonas agrícolas más pobres y las más desarrolladas, y hay luga-res pobres donde ni siquiera se puede dar cré-dito pues no hay en qué invertir. O hay el caso de comunidades donde hay instrumentos de ahorro y crédito que acumulan gran cantidad de dinero pero no hay demanda para el finan-ciamiento. Es el caso de una comunidad en la Mixteca oaxaqueña, que en un año juntó siete millones de ahorro (provenientes de los migrantes) pero no había proyectos producti-vos para financiar. Por eso uno de los retos es crear oportunidades de inversión (LER).

COSTOSO Y ESCASO, EL CRÉDITO RURAL; NECESARIO IMPULSARLO COMO DERECHO UNIVERSAL• Mucho más accesible el crédito en Brasil y Europa• El cambio climático exige atención al agro

INSIGNIFICANTES AVANCES EN EL FINANCIAMIENTO RURAL

De 20 años a la fecha se

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Con el lema “Juntos somos fuertes”, más de 76 mil campesinos brasi-leños de escala familiar de los es-tados de Paraná, Río Grande del

Sur y Santa Catarina están asociados en una serie de cooperativas de crédito integradas en Cresol, una instancia que nació en 1996 con la intención de promover el acceso al finan-ciamiento, y que hoy no sólo cumple su obje-tivo sino que avanza en tareas que fortalecen la agricultura familiar: la formación y capaci-tación, el acompañamiento técnico y el im-pulso a la labor de los jóvenes y las mujeres.

Adao Carlos dos Santos, directivo de Cre-sol, participó en el foro La Agricultura Cam-pesina en Búsqueda de un Sistema Financie-ro Rural. Allí dio cifras de Cresol. Hace 15 años nació este sistema integrado de coopera-tivas contando con cinco puntos de atención; en 2007 sumó 73 cooperativas y 40 unidades de atención, para un total de 113, y en mayo de 2009 ya la cifra total ascendía a 159. Las bases sociales de Cresol eran mil 639 en 1996, 50 mil 885 en 2007 y para 2009 llegaron a 76 mil 375. Cresol es fiscalizado por el Banco Cen-tral de Brasil y sus cooperativas están consti-tuidas y dirigidas exclusivamente por agricul-tores familiares. Tienen relación de negocios con el gobierno, con los bancos regionales y privados y con el central, el Banco de Brasil.

En 2009 la operación de Cresol sumó 648 millones 251 mil reales, que aplicaron sobre 121 mil créditos pequeños medianos y grandes, y el crecimiento anual de su cartera (de 350 millo-nes de reales en 2009) es de 30 por ciento anual; su patrimonio líquido es de 50 millones de rea-les y crece a una tasa anual de 35 por ciento; su cartera vencida es de sólo 2.8 por ciento, y el nú-mero de socios, 76 mil 375 avanza anualmente a un ritmo de 22 por ciento. (Un real brasileño equivale a 0.56 dólares estadounidenses).

En entrevista, Adao Carlos dos Santos ex-plicó que en Brasil hay una política de asis-tencia y democratización del crédito a favor de la agricultura familiar, y los demás agentes fi-nancieros que atienden a este tipo de agricultu-ra también manifiestan una tendencia boyante. Eso tiene que ver con el gobierno y sus políticas. “Antes de la llegada del presidente (Luiz Inácio) Lula da Silva había grandes movilizaciones de agricultores por el acceso al crédito. En los años recientes los avances son inmensurables, avan-ces en política pública, en crédito. Han creci-do mucho con este gobierno las cantidades de crédito, las facilidades del crédito y otras polí-ticas públicas complementarias, aunadas a un impulso a la educación principalmente para los pobres, los negros, los indios, que antes estaban excluidos de estos procesos. Esta población está ya ocupando un lugar en la sociedad”.

Asimismo, antes se consideraba que la agricultura familiar simplemente producía para su subsistencia, y era un peso para la economía nacional. Desde hace tres años, con la Ley de Agricultura Familiar, y las in-vestigaciones y análisis realizados, saltaron datos sorprendentes: 24 por ciento del área de producción y 34 por ciento de la oferta de alimentos está en manos de esta agricultura. También se le dio su lugar en la sociedad.

Hoy día, “percibimos que las cantidades de recursos para la agricultura familiar no son un problema. Y debemos más bien avan-zar en el acompañamiento al agricultor, la asistencia técnica, la comercialización, el abasto para el Programa de Alimentación Escolar (el cual exige una proporción de ali-mentos producidos localmente) y avanzar en organizaciones complementarias al crédito”.

Ante la presencia en Brasil de grandes pro-ductores que concentran enormes propieda-des rústicas y compañías monopólicas que se están interesando por adquirir tierras, más el uso intensivo de agroquímicos y de cultivos con riesgos como los transgénicos, los agri-cultores familiares están empeñados en per-manecer y fortalecerse. No quieren que los arrasen los grandes propietarios, quienes pre-tenden generalizar sus prácticas de uso exce-sivo de insumos en toda el campo carioca. “Queremos permanecer con nuestra matriz productiva propia. Sabemos que la agricul-tura familiar tiene más preocupación por la sustentabilidad, por el medio ambiente, por la vida, y hay una economía solidaria”.

En su ponencia en el foro, el directivo de Cresol afirmó que este sistema se enfoca a financiar actividades agrícolas, pero también de agroindustria y de agroecología; brinda además el servicio de seguros y tienen ya una cooperativa de tecnología, así como su Insti-tuto de Formación de Cooperativismo Soli-dario, del cual es director Dos Santos. Allí se imparten las carreras de técnico en gestión de cooperativismo solidario, y de agente comu-nitario para el desarrollo de crédito, así como un postgrado en gestión de cooperativismo solidario; así, capacitan a los directores, fun-cionarios y consejeros de sus cooperativas.

También resaltó que han ido incorporan-do a jóvenes y mujeres en las cooperativas, en el marco del interés de hacer que los agricultores familiares permanezcan en el campo con calidad de vida y respeto al me-dio ambiente. “Sabemos que la mujer es la que se preocupa por la sustentabilidad, por la construcción de la familia, por la educación, y la verdad es que en Brasil la mayor carga de la agricultura familiar recae sobre las muje-res. Por eso nos gusta que las mujeres estén trabajando hoy activamente en la gestión económica, en el crédito y la administración. La experiencia de Cresol es que las mujeres son mucho más responsables con el crédito”. (Lourdes Edith Rudiño)

Brasil

FINANCIAMIENTO, CAPACITACIÓN Y TECNOLOGÍA AVANZAN EN EL AGRO• Cresol, sistema de cooperativas con números crecientes

Evento: Día del Maíz. Por el rescate de nues-tra cultura y la defensa de nuestro maíz. Orga-niza: Comunidades Indígenas por la Defensa del Maíz y Nuestra Cultura (CIUDEMAC) y Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento (CO-PEVI). Fecha: 16 de marzo del 2010. Lugar: Co-munidad de Tempextla, Municipio de Tepetzintla. Sierra Norte de Puebla. Informes: Rocío Lombe-ra: [email protected].

Evento: Primera Feria “Indígena y Campesi-na La Milpa de la Mixteca”. Organiza: Centro de Desarrollo Integral Campesino de la Mixteca “Hita Nuni” A.C. (CEDICAM), en coordinación con la Autoridad Municipal de Asunción Nochixtlán, Oaxaca y el apoyo de la Asociación Maryknoll Oaxaca, Pan para el Mundo, Solidarité Entraide Mexique y las comunidades donde colabora CE-DICAM. Fecha: 18 de marzo del 2010. A partir de las 10:00 horas. Lugar: explanada del Palacio Municipal de Asunción Nochixtlán, Oaxaca. In-formes: María Cecilia Oviedo: [email protected] / Pidaassa Mexico [email protected].

Evento: Ecotianguis semanal Nahui Ollin. Or-ganiza: Ecotianguis Nahuil Ollin. Fecha: Todos los viernes (10 a 17 horas) y sábados (11 a 15 horas). Lugar: Laura No. 83, Col. Villa de Cortés. Del. Benito Juárez. Tel: 5579-2525 Entre Calzada de Tlalpan y Plutarco E. Calles. La estación del me-tro más cercana es Villa de Cortés (salida oriente, Parque Victoria). Informes: Tianguis Nahui Ollin: [email protected] / Gabrie-la Jiménez Porta: [email protected] / Luis Pérez Llamas: [email protected].

Evento: Foro Regional en defensa de nues-tro maíz nativo. Organiza: Red en Defensa del Maíz, Kay Kab el Fruto Amargo, Maderas del Pueblo del Sureste, Skoltael Lum K ́inal, Tianguis de Productos Orgánicos y Naturales “El Huaca-lero”, Red Ambiental Ecosur. Lugar: “La Casa de la Iglesia” Tapachula, Xoconochco, Chiapas. Fecha: 17 y 18 de marzo del 2010. Informes: Kay Kab Fruto Amargo: (962)6263778 [email protected] / Maderas del Pueblo del Sureste: (967)11 6 05 05 www.maderasdelpueblo.org.mx / Skoltael Lum K ́inal: (962)1342564 [email protected] / Red Ambiental “Cahoacan” 9626221122 [email protected] / El Colegio de la Frontera Sur: 9626289800 ext 5741, 43 y 44 http://www.ecosur.mx, [email protected], [email protected].

Evento: Inauguración de mural, presentación de libro sobre San Miguel Chiepetlán (Montaña de Guerrero) y eventos culturales en el marco de la celebración de los 520 años de la funda-ción de la comunidad. Organiza: Autoridades de la comunidad de San Miguel Chiepetlán, Asocia-ción Civil Calpulli Tecuanichan A.C., Unidad Aca-démica de Antropología Social de la Universidad Autónoma de Guerrero, entre otras instituciones y miembros de la sociedad civil. Fecha: 19, 20 y 21 de marzo del 2010. Lugar: Museo Comunitario de San Miguel Chiepetlán, Tlapa de Comonfort, Gue-rrero. Informes: [email protected].

Evento: Día Internacional de las Luchas Cam-pesinas ¡‘No’ Al Control de las Transnacionales sobre la Agricultura y la Alimentación! Organi-za: La Vía Campesina. Fecha: 17 de abril 2010. Lu-gar: En todo el mundo. Informes: [email protected] / http://www.viacampesina.org

Libro: El impacto de la crisis alimentaria en las mujeres rurales de bajos ingresos en México 2008-2009. Autores: La Red Nacional de Promotoras y Asesoras Rurales, Blanca Ru-bio (coordinadora). Editores: INDESOL, La Red Nacional de Promotoras y Asesoras Rurales, Cá-mara de Diputados. Informes: Red Nacional de Promotoras y Asesoras Rurales.

Libro: Lo que hay que tragar. Minienciclope-dia de política y alimentación. Autor: Gusta-vo Duch. Editores: El rojo y el negro. Informes: http://loquehayquetragar.wordpress.com / http://www.loslibrosdellince.com/libros.php?q=59 “El libro de Gustavo Duch retrata la maldición y la esperanza de este mundo que sus amos están ju-gando a los dados. Sus páginas, siempre decidoras, nunca pesadas, cuentan muchas historias y contie-nen numerosa información desconocida, en un len-guaje milagrosamente capaz de convertir el plomo en pluma. Aquí hay horror y hay humor, y amor. Por-que esta denuncia implacable de los crímenes que el poder universal comete contra la naturaleza y la gente, es también un entrañable homenaje a la tierra y a las manos que la trabajan”. Eduardo Galeano

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Hilda Salazar

Las aguas son propiedad de la na-ción, establece el 27 constitucional, artículo paradigmático de los lo-gros revolucionarios de los campe-

sinos que se alzaron en armas.

A un siglo del levantamiento, el derecho al agua para los pueblos sigue siendo una aspiración. Hay 12 millones de mexicanas y mexicanos que no acceden al agua potable y otros tantos millones la reciben de manera irregular o de mala calidad. El agua de riego se concentra en seis millones de hectáreas (de un total de 20 millones cultivadas) que apor-tan el 55 por ciento de la producción agrícola, en regiones del centro y norte del país, donde la disponibilidad del agua es realmente baja; en cambio, donde es abundante el líquido, no hay riego y se depende del temporal.

La �crisis del agua� en México significa escasez e inundación, contaminación y en-fermedad, sobre-explotación de acuíferos y hundimientos, presas vacías y otras repletas, lluvias escandalosamente abundantes y se-quías prolongadas, predios anegados y tierras sedientas donde se malogran los cultivos. Y lo más preocupante es que el cambio climá-tico exacerbará estos problemas.

Ante ello los gobiernos anuncian inver-siones millonarias para construir enormes represas para producir energía y proveer de líquido a las grandes ciudades; se emprende la construcción de la planta de tratamiento de agua �más grande de América Latina�; se cava un enorme túnel, el quinto de su tipo, para desalojar el agua –blanca y negra re-vuelta– del Valle de México...

Comuneros, campesinos, pobladores y gru-pos ciudadanos se oponen a las megaobras. Algunos las rechazan porque significa su des-plazamiento y la pérdida de sus tierras y recur-sos. Otros, porque las obras llevarán agua a las ciudades a costa del abasto rural y de los pue-blos indígenas, quienes han cuidado históri-camente de ella; unos más porque significan destrucción del medio ambiente y alteración del ciclo del agua con secuelas a futuro. Se

proponen soluciones alternativas a pequeña o mediana escala, tecnologías �apropiadas�, con-trol social y comunitario del líquido.

Agua ¿bien común, derecho humano o recurso económico? Estos enunciados no necesariamente representan una disyuntiva. La propia Ley de Aguas Nacionales sostiene que �el agua es un bien de dominio público federal, vital, vulnerable y finito, con valor social, económico y ambiental �

Sin embargo, detrás las políticas hídricas e incluso de las leyes puede observarse el predo-mino de una de estas �dimensiones� del agua. Cuando el responsable de la Comisión Nacio-nal del Agua (Conagua) asevera que �hay que cobrar el agua hasta que duela� se adscribe a la idea de que el mercado es el mejor regulador para un uso racional del líquido. Asimismo, en los incentivos otorgados por la Conagua –con recursos del Banco Mundial– para propiciar la asociación de los organismos operadores del agua con el capital privado o cuando se pro-mueve la concesión total del suministro del agua a las empresas privadas, subyace la idea de que la obtención, el almacenamiento y la provisión del agua serán más eficientes si se vuelven un buen negocio; predomina la con-cepción de que el agua es un bien económico.

Los procesos de privatización de los ser-vicios del agua se sustentan en dos razona-mientos; uno es la falta de presupuesto públi-co para invertir en la infraestructura que dote de agua a toda la población, así como para su mantenimiento y tratamiento. Y dos, que la empresa privada es más eficiente y menos proclive a la corrupción. Las experiencias de privatización –algunas de los cuales han em-pezado a revertirse� muestran que muchas de las bondades del capital privado en la gestión del agua no se han cumplido.

La construcción de infraestructura con-vencional es costosa sobre todo para llegar a las zonas en donde se carece de los servi-cios, tanto por las condiciones geográficas y topográficas –cuencas arriba– como por las características sociodemográficas �dispersión poblacional y pobreza–. No es negocio lle-var el agua a las zonas rurales y peri-urbanas pobres y, por ello, los capitales fluyen hacia los tramos de la gestión del agua que sí son altamente rentables. Así, la inversión priva-da nada ha contribuido –ni contribuirá– a la construcción de esta infraestructura, que por definición seguirá siendo pública. El asunto de si el gobierno tiene o no recursos para este tipo de inversiones sigue siendo una discusión abierta que debe analizarse a la luz de los presupuestos que año con año se aprueban en el Congreso y de su aplicación.

La participación de las empresas del agua, todas ellas trasnacionales asociadas al capital mexicano, se ha concentrado en las ciudades de Aguascalientes, Cancún, Saltillo y Ciu-dad de México en el suministro de agua po-table, con distintos grados de intervención; en otras urbes, como Monterrey, la inversión se ha orientado a las plantas de tratamien-to. En las tres primeras los precios del agua se han incrementado notablemente para los consumidores y los servicios no han presen-tado mejoras sustanciales.

En la Ciudad de México apenas ha ini-ciado el incremento de los precios, y esto curiosamente coincide con la propuesta de avanzar en los convenios firmados con cuatro empresas privadas. Hasta ahora, los servicios de las trasnacionales en esta urbe se habían restringido a la medición y cobranza; cuan-do se inicia el aumento de tarifas, se anuncia que las empresas se encargarán del suminis-tro domiciliario y que recibirán el agua en bloque, con lo cual el control del líquido que-dará en sus manos. Al mismo tiempo se reali-zan cortes ejemplares a los consumidores que no pagan el agua y así el gobierno adelanta el �trabajo sucio� a las empresas. El meollo del asunto no está en si los consumidores debe-mos o no pagar por el agua y cuánto; debe analizarse si el acceso debe basarse exclusiva-mente en criterios económicos. La discusión es cómo se evita que el control del líquido quede en manos de agentes cuyo único móvil es la obtención de la ganancia.

Cuando se plantea que el agua es un derecho humano, se está proponiendo una visión distinta a la que privilegia los meca-nismos del mercado. El bienestar y la so-brevivencia de las personas se colocan en el centro y los mecanismos económicos, insti-tucionales y sociales para lograrlo están en función de ese objetivo, a saber: que todas las personas puedan disponer de agua suficien-te, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Una políti-

ca consecuente con el cumplimiento de este derecho dispondría del presupuesto público suficiente para la realización y el manteni-miento de las obras necesarias para dotar a las poblaciones que carecen de ella, sin im-portar si éstas tienen la capacidad o no de cubrir los costos.

Por supuesto que ello no agota la discusión sobre los subsidios a los servicios, el estable-cimiento de tarifas diferenciadas y la necesi-dad de incrementar los precios para aquellas personas y sectores que pueden pagar más. Pero son dos debates diferentes que se han asociado incorrectamente. Es posible que en ciertos casos un sistema justo de tarifas no arroje los recursos suficientes para financiar las obras o su mantenimiento en zonas con condiciones precarias y de alta marginación y que el subsidio público sea necesario. Es precisamente una visión de derechos la que permitirá distinguir cuándo el subsidio res-ponde a una necesidad social y cuándo a los intereses privados de unos cuantos. Un enfo-que de derechos no dejaría duda acerca de si es prioritario el subsidio del agua respecto del otorgado a bancos y carreteras.

Concebir el agua, el aire, el bosque, la tierra y otros recursos como bienes comunes no es algo nuevo en absoluto y sus formas de gestión y apropiación han sido motivo de muchos escritos. No obstante, en los años re-cientes la recuperación de la noción de los bienes comunes ha surgido como propuesta analítica y también como alternativa para un uso y gestión más sustentable y equitativa de los recursos. Se habla del confinamiento o cercamiento de los bienes comunes median-te acelerados procesos de privatización que han corrido al parejo de la globalización del capital. Hoy son propiedad privada bienes que hasta hace poco parecían �inapropiables�, como el paisaje natural, el conocimiento tra-dicional de los pueblos originarios y el ma-terial genético. Posiblemente pronto estare-mos discutiendo cómo acceder a un �reparto equitativo de la atmósfera�, pues se comercia ya con la función de la naturaleza de captu-rar carbono y pretende regularse el cambio climático fundamentalmente mediante me-canismos de mercado.

Retomar la idea de los bienes comunes en lo que toca al tema del agua es intere-sante porque, entre otras cosas, permite su-perar la visión dicotómica de lo público y lo privado, recuperando y proponiendo formas �comunes� y colectivas de gestión que no ne-cesariamente pasan por el control del Estado o del mercado. Hay algunos ejemplos de aso-ciación pública-comunitaria que han dado buenos resultados en experiencias de gestión del agua que buscan mayor democracia y participación social y también eficiencia y viabilidad económica en países como Boli-via, Venezuela y Brasil. En nuestro propio país, hay experiencias que documentan cómo se ha recuperado una visión comunita-ria del agua, mediante el establecimiento de acuerdos que permiten el libre acceso a fuen-tes de agua (pozos, manantiales y arroyos) de todos los habitantes, aunque legalmente los derechos del agua correspondan al propie-tario del predio. Los usuarios, a cambio, se comprometen a cuidar el recurso natural y cooperan con trabajo voluntario para mante-nerlo en buenas condiciones.

Es en estas prácticas en las que puede en-contrarse una verdadera �nueva� cultura del agua y también una propuesta diferente para superar la crisis.

Aguas públicas

BENEFICIOS PRIVADOS

Los procesos de privatización de

los servicios del agua se sustentan

en dos razonamientos; uno es la

falta de presupuesto público para

infraestructura, mantenimiento

y tratamiento. Y dos, que la

empresa privada es más efi ciente y

menos proclive a la corrupción

Retomar la idea de los bienes

comunes del agua permite superar

la visión dicotómica de lo público

y lo privado, proponiendo formas

colectivas de gestión que no

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John Burstein W.

La reforma migratoria que se perfi-la en Estados Unidos (EU) corre el riesgo de caer en la irrelevancia si sus términos de referencia ignoran los

profundos procesos sociales en juego. Dicha re-forma debería reconocer que el fomento del de-sarrollo en México, en particular en las zonas de mayor emigración, es de vital interés para EU.

Hago esta observación como promotor de proyectos de desarrollo rural y ciudadano de ambos países. Pese a las grandes barreras que separan a México y EU, cada vez hay una mayor conciencia de la realidad binacional. El muro fronterizo ya fue escalado y soca-vado por el intenso flujo comercial y finan-ciero –legal e ilegal–, por la interpenetración cultural y, como factor principal, por los millones de seres humanos que migran con la confianza de tener el derecho de partici-par en el mercado laboral trasnacional, aun cuando éste no sea oficialmente reconocido.

Por ello, causa desconcierto escuchar que el discurso político estadounidense sobre la refor-ma migratoria se elabora principalmente como si su carácter fuera sólo doméstico. Muchos lo vemos no sólo como un asunto bilateral, sino como un problema trasnacional, que afecta a América del Norte (AN) en su conjunto.

Tomemos el proyecto de integración euro-pea como referencia comparativa. En 1952, un núcleo de países del viejo continente ne-gociaron un acuerdo para el libre intercam-bio de acero y carbón. Para mediados de los 90s, la comunidad europea había transitado por un proceso de armonización socioeco-nómica que tuvo como resultado la creación de una entidad política supranacional con instituciones propias que, entre otras cosas, garantizan la libertad de movimiento de los trabajadores trans-ciudadanos europeos.

Haciendo la salvedad de las enormes dife-rencias históricas entre Europa y América, fue apenas en 1987 cuando una visión regional norteamericana se formalizó con un trata-do comercial entre EU y Canadá. Siete años más tarde esta visión se amplió y revolucionó

para incluir a México. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) de 1994 se restringió a la integración comercial y financiera, en particular la de México y EU. Sorpresivamente, a partir del TLCAN, el flujo migratorio entre México y EU se incrementó notablemente. Este movimiento masivo de tra-bajadores tuvo la peculiaridad de informalizar de manera significativa la economía estado-unidense y aún más la mexicana. En este ám-bito, ha surgido un movimiento social capaz de rebasar el marco político-legal del TLCAN.

En México, el período descrito coincide con un esfuerzo de renovación política que combinó elementos de renacimiento y abor-to, y se mantiene sin que el tema migratorio impacte en mayor medida las estructuras de la política mexicana.

Si bien la migración iba a ser parte im-portante de la agenda bilateral en los días soñadores del equipo del ex presidente Fox, el ataque terrorista a EU en septiembre de 2001, por una fuerza externa subnacional (re-ligiosa-política), colapsó el proyecto suprana-cional de la potencia del Norte y rápidamen-te la condujo a otro en el que predominó la agenda de seguridad nacional.

La migración popular –es decir la infor-mal o “ilegal” y, sin embargo, cuasi-institu-cional y socialmente transformadora— se ha hecho indispensable para ambas economías. En EU ayuda a mantener la competitividad y en México genera una cantidad enorme de divisas. Sin embargo, esta situación dista mu-cho de ser sustentable. Por el contrario, está siendo vulnerada por la recesión económica y, sobre todo, por la crisis política generada por una clase de trabajadores clandestinos. Influye también el debilitamiento grave en las condiciones del campo mexicano por su relativa despoblación y la falta de un proyec-to nacional de desarrollo incluyente.

El TLCAN se suscribió buscando que el capital fuera el motor de la trasnacionaliza-ción económica de América del Norte. Pero, en realidad, esta trasnacionalización se debe al factor laboral. Los políticos y los empre-sarios compartieron el liderazgo en este pro-

ceso que, como consecuencia, daría lugar a un movimiento social que debería liderar y lidiar con la trasnacionalización en América del Norte. O así sería lógico que fuera.

En realidad este movimiento social en ciernes está funcionando al margen del TL-CAN, en parte como una reacción a las po-tencias dominantes en la economía regional de “América del Norte”, y también como la expresión natural “latina” –es decir, de des-cendientes latinoamericanos en EU– de un despertar solidario hacia los compatriotas en sus lugares de origen. Esto da paso a la construcción de una nueva identidad “tras-latina”. Este importante concepto será el que utilizaremos en el presente ensayo.

Es preciso recordar que hay tres grandes grupos de población: los chicanos y demás estadounidenses de descendencia latina, los mexicanos residentes en México y los mi-grantes. Sería trágico que estos últimos se convirtieran en la manzana de la discordia. No obstante, la oportunidad está en recono-cer que son los privilegiados para facilitar la construcción de la trasnacionalidad entre los distintos grupos de la nueva AN del siglo XXI.

La interlocución entre estos tres grandes grupos implica entender la identidad del otro; sin embargo, en este caso las identida-des se encuentran en plena construcción. Desde la perspectiva latinoamericana, esta etnia “latina” en EUA –por cierto, la más numerosa– puede verse extraña como un grupo unitario, pues está compuesta por una multiplicidad de nacionalidades. Además, tiene la característica de un grupo de recien-te incorporación a EU: unos con la mirada más asimilada a la identidad estadounidense y otros en el particularismo de sus diásporas trasnacionales. ¿Cómo promover el paso del multiculturalismo al trasnacionalismo?

Sonaría absurdo afirmar que aún es tem-prano para considerar una reforma migra-toria en EU pues han pasado 20 años desde la última, misma que permitió regularizar a una parte importante de la población in-documentada de aquella época. Y como si estuviéramos condenados a la obsolescencia planeada, esta vez nos referimos a una po-blación de 12 millones de personas a la que se le está negando derechos laborales, cívico-políticos y demás de manera sistemática. Las razones humanitarias que pretenden resolver esta situación aberrante se erigen como una razón de peso para dicha reforma.

Sin embargo, con la visión ultra-domésti-ca e inmediatista que amenaza prevalecer en una reforma migratoria estadounidense, hoy por hoy sólo podemos esperar algunas mejo-ras a la situación crítica real.

Tal vez el beneficio más contundente, si llega, sería la normalización del estatus le-gal de los trabajadores mexicanos en EU y, en consecuencia, la restitución de la “circu-laridad”, concepto que se refiere al tránsito de la gente entre sus lugares de residencia y origen. Debemos reconocer que la posibili-dad de permanecer más ligados a las comu-nidades de origen sufrió un brutal retroce-so debido al reforzamiento de la vigilancia fronteriza por parte de EU después del 11 de septiembre de 2001.

El obstáculo más grande para dar paso a una reforma migratoria integral y de largo plazo se planta sobre la contradicción entre el asunto de los trabajos temporales y el desarro-llo en los lugares de origen. Mientras la clase empresarial de EU busca canjear la mano de obra barata de los migrantes indocumentados por permisos de trabajo temporal, muchos nos solidarizamos con la postura sindical de pro-testa por la supresión oficial de los derechos laborales internacionalmente reconocidos que significaría otorgar estos permisos, aun cuando la pobreza estructural de los lugares de origen los hace deseables. ¿No sería mejor invertir en superar la pobreza estructural disminuyendo las causas de “empuje” de la emigración, a la vez que nos acercamos a una ciudadanía basa-da en la responsabilidad compartida de ambos Estados por garantizar los derechos humanos de manera integral mediante procesos civiles-políticos trasnacionales?

En el fondo, mientras exista una brecha salarial abismal entre los dos países, no se solucionará el punto central en la agenda binacional de la migración. El hecho de que la mitad de la población mexicana viva en condiciones de pobreza es determinante para entender que la migración es resultado de un modelo de desarrollo económico ya no sólo mexicano sino binacional.

Si es tan importante para la superación de la problemática, ¿por qué el tema del desarrollo rural no tiene mayor cabida en el debate sobre la reforma migratoria hoy en EU? En este punto coinciden tanto la vi-sión doméstica estadounidense del blindaje, como una comunidad traslatina que aún no se ha consolidado con una postura visiona-ria alternativa, y el hecho de que México tampoco tenga un plan transformador del desarrollo.

Dadas estas fortalezas y debilidades, hay que trabajar con los avances de una eventual reforma, pero sin perder la visión estratégica de una política trasnacional que cree una América del Norte moderna y civilizada, con mayor equidad en la economía, con sobera-nía y transciudadanía funcionando. www.tsotsil.com; [email protected]

NO HAY POLÍTICA MIGRATORIA SIN DESARROLLO Y JUSTICIA

Durante la "Elotiza" activistas y ciudadanos celebraron la biodiversidad del maíz al com-partir elotitos cocidos afuera del Hotel Hilton (frente a la EXPO), sede de la conferencia de la FAO sobre biotecnología, la primera semana de marzo Guadalajara.

TRANSGÉNICOS? NO, GRACIAS!

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“¿Dónde están las políticas para ayudarle al campesino, al indígena en el campo, en el lugar donde vive, donde está su tierra, donde están sus

recursos? Esto es algo que debatí con mis co-legas hace 40 años y no había esas políticas entonces, como no las hay tampoco ahora. Entonces vivimos una crisis desde hace mu-cho tiempo”, afirma Rodolfo Stavenhagen, ex relator especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos Huma-nos y las Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas.

“Es una crisis tremenda que vive el país, donde hay un síndrome de la pobreza, de la desigualdad (...) en el campo se han perdido suelos, la sequía avanza, la desertificación crece y los bosques y recursos bióticos des-aparecen incluso de los parques nacionales y zonas protegidas porque no hay instituciones que los manejen bien, no hay presupuestos para mantenerlos, no hay voluntad política, hay corrupción, hay impunidad y violación de leyes y claro que se acaban los bosques”.

El académico de El Colegio de México habla así en una charla a propósito de la re-ciente publicación del primer informe de la ONU sobre La situación de los pueblos indí-genas del mundo.

Comenta que en el país hay una gran in-comprensión hacia el campesino, al indíge-na. “Todavía se apunta: ‘pobres indígenas; lo mejor sería que se vayan a la ciudad’, sin considerar que allí irían a sufrir desigual-dad, porque en las ciudades están tan mal distribuidos la riqueza y el bienestar, que los índices promedio son altos porque algunos tienen cien veces más que los otros que no tienen nada”.

Rodolfo Stavenhagen aboga por lo que los propios indígenas llaman “los diseños del buen vivir, que es lo que en algunas partes se llama el desarrollo con identidad, no el desarrollo que nos quieren imponer los orga-nismos financieros multinacionales, los Es-tados, las trasnacionales, que sólo ven por su propio bienestar y sus bolsillos y están aten-tos a que si la bolsa sube o si baja”.

Los pueblos indígenas de México y de otras muchas partes del mundo viven un proceso de pérdida de recursos naturales y comunitarios –que se privatizan, en el caso de nuestro país en el marco de leyes contradictorias que por un lado defienden los derechos de las comunidades y por otro privatizan la tierra–, de pérdida de cultura, de identidad, de lenguas. Hay políticas y esfuerzos, sí, que tratan de frenar este pro-ceso, pero no reciben la suficiente atención ni presupuesto. Son entre otros la educación intercultural, las radios comunitarias –muy hostigadas precisamente porque cuestionan el modelo dominante de explotación– y al-ternativas de la sociedad civil y las organi-zaciones como la autonomía de municipios zapatistas

“Uno puede evaluar si tienen o no resulta-dos en los términos como la economía nacio-nal se mide, por ejemplo en productividad y eficiencia, pero hay muchas otras cosas, sobre todo el sentirse bien de la gente y sen-tirse partícipes de la sociedad y saber que to-man sus propias decisiones sin interferencia de otros. Eso es lo importante y es el primer paso de los indígenas para asumir, concebir estos conceptos del buen vivir”.

El investigador hace énfasis en la ausencia de políticas públicas en pro de los indígenas y en general de los campesinos. “Definitiva-mente sí hay racismo en la sociedad mexi-cana; no quiero decir que cada política del gobierno sea racista, pero los esquemas de apoyo al campo están diseñados para apoyar al agricultor entre comillas moderno, al agri-cultor comercial, al agroindustrial vinculado con el mundo exterior, con la globalización y no para los que están allí al lado, que, se dice, ‘son pobretones, no saben leer ni es-cribir, y a lo mejor hablan mal el idioma y no están organizados’. Claro que hay des-igualdades discriminatorias muy fuertes en la aplicación y el diseño de política pública.

“En México se ha olvidado, se ha descar-tado la economía campesina. Se cree que es tradicional, regresiva, que no produce, que no es productiva, etcétera, que genera pobre-za y que hay que apostar todo a las grandes extensiones, a la tecnificación, a la produc-ción en gran escala, lo cual en el papel suena muy bien pero en la realidad no es exacta-mente así, porque lo que pasa con la peque-ña agricultura campesina es que da empleo, trabajo, ingreso, sobrevivencia a mucha más gente, con muy poco capital, y muy poca tecnología, muchas veces ineficiente porque no ha recibido el apoyo que requiere en estu-dios, investigación, de crédito, de tecnología adecuada, para ser altamente productiva, in-cluso la producción de los cerros y los mon-tes. No las grandes extensiones irrigadas del noroeste, sino la que hay en buena parte de tierras de temporal en muchas partes del país y no estoy inventando algo muy romántico e idealizado, como a veces se dice.

“Hay lugares en el mundo, como el sures-te asiático, donde hay una agricultura muy próspera de arroz, por ejemplo, y de otros muchos productos tanto para la subsisten-cia como para la comercialización, incluso la exportación, pero en pequeña escala, con

uso intensivo de mano de obra y con alta pro-ductividad y tecnología adecuada a las nece-sidades, con pequeños tractores móviles, que se mueven a mano, que bajan y suben los ce-rros, que hacen un trabajo formidable, con bombas de agua pequeñas y móviles que se ponen en el pozo y sale el agua.

“No se necesitan grandes presas, ni muchos millones de dólares de inversión, cuando se puede distribuir el costo entre la gente, ge-nerando productividad, ingresos y resultados inmediatos pero con una política planificada.

“Aquí se podría hacer con una vieja tradición, invento mexicano antiquísimo, que es la milpa. Tiene grandes potencia-les de diversidad agrícola, productiva, de producción de alimentos para el consumo local, de preservación de la tierra, del uso adecuado del agua, pero no ha recibido aten-ción, ni apoyo. ¿Dónde están los centros de estudio, de investigación sobre la economía de la milpa?, ¿dónde están los proyectos del gobierno?, ¿dónde los apoyos bancarios y crediticios para la producción de la milpa?. Se dice mucho que los mexicanos se van al extranjero. Tal vez se irían menos si tuvieran aquí su agricultura de milpa apoyada y fun-cionando perfectamente bien. Allí es donde las políticas públicas han fallado y buena parte de esta población campesina milpera es indígena y ha perdido y está perdiendo a gran velocidad aquello que la sostenía duran-te tantos siglos.”

Rodolfo Stavenhagen considera que el informe sobre pueblos indígenas de la ONU –el cual, espera, sea anual y logre fuerte in-fluencia en la opinión pública como ocurre con otros reportes periódicos de la ONU, como el de la condición de los derechos humanos– debe abrir una discusión vasta, profunda y responsable sobre las políticas públicas que requieren los Estados para ce-rrar la brecha entre la legislación que protege los derechos indígenas y su implementación. Y debe ser considerado por los responsables de desarrollar y llevar adelante las políticas de Estado, “pues muchas veces entre ellos es donde está la falla”.

Esto, agrega, “lo vemos claramente aquí. En México hubo una reforma constitucional en materia indígena en 2001, la famosa de la Ley Cocopa. Salió un nuevo artículo 2 cons-titucional. En su apartado “A” se habla de los derechos de los pueblos indígenas y en el “B”

de las obligaciones del Estado. ¿Quiénes se han puesto a analizar y estudiar si realmente se están cumpliendo estas obligaciones consti-tucionales que el propio país se ha dado? Tam-bién tenemos desde hace 20 años el Convenio 169 de la Organización Internacional del Tra-bajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, del cual México fue el segundo país que lo ratificó y por lo tanto tiene la obligación de cumplir sus principios. Y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada en 2007, la cual fue promovida por la diplomacia de México en el Consejo de De-rechos Humanos de las Naciones Unidas.

Con todos estos instrumentos nacionales e internacionales que resguardan los derechos de las comunidades y pueblos originarios, “la situación de los indígenas en México deja mucho por desear. Así lo hablé yo en los informes que hice como relator especial de la ONU (...) No bastan los instrumentos jurídicos si no existen los mecanismos para su implementación, para que el Estado real-mente cumpla con sus obligaciones”.

Por otra parte está el hecho de que la “contra-reforma” al 27 Constitucional en 1992, impulsada por Carlos Salinas induce la privatización de las tierras ejidales y comu-nales y a que se disgreguen las comunidades, lo cual contradice los otros instrumentos legales mencionados, y “nadie ha dicho que debemos armonizar estas diferentes leyes”.

“Se habla por una parte de los derechos que tienen los pueblos indígenas a sus pro-pias tierras colectivas, tradicionales (y en muchas partes del mundo hay el reclamo de ‘nos han quitado la tierra, queremos conser-var nuestro territorio’) pero por otro lado el 27 constitucional modificado abre la puer-ta a la privatización, a la individualización de la propiedad –con el argumento de que esto es necesario pues si el campesino no se siente dueño de su tierra, no va a asumir riesgos, no la va a hacer producir–. En los hechos lo que se ha visto mucho en el país, sobre todo en zonas de desarrollo económico y de agricultura desarrollada y en lugares tu-rísticos, por ejemplo las costas en Yucatán y Quintana Roo, es que hay muchos intereses y entonces el ejidatario está feliz recibiendo su parcela pero de aquí a pocos años la vende porque tiene necesidad; claro, es un derecho pero la comunidad pierde sus tierras. Con el proceso de la individualización, toda la pro-piedad colectiva, la propiedad de la comu-nidad que era ejidal, puede pasar a manos de grandes compañías, extranjeras incluso, y puede cambiar de uso de suelo, y ya para los hijos de los campesinos y próximas genera-ciones ya no queda nada.

“Este asunto se discutió mucho en el 1992 y no se ha vuelto a hablar tanto de eso, pero el proceso sigue; uno va a cualquier parte del país y donde antes era ejido y comunidad ahora ya son empresas algunas muy exitosas, no digo que no, pero a costa de la pobreza, el desplazamiento y las migraciones forzadas de los que no han tenido éxito, de los que han perdido en ese juego. Es un desarrollo contradictorio.

“Así, el desarrollo e interés económico de unos cuantos prevalece sobre los derechos humanos de la mayoría y eso no debería ser. Debería ser al revés. Son los derechos humanos del pueblo, de la mayoría, que de-ben siempre prevalecer sobre los intereses de unos cuantos y eso no se está resolviendo en el país ni en otros muchos países”.

DEMANDA STAVENHAGEN POLÍTICAS A FAVOR DE LOS CAMPESINOS E INDÍGENAS• Crisis prolongada deteriora al medio rural

La pequeña agricultura

campesina da empleo, trabajo,

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“Deben resolverse las contradicciones legales que afectan los derechos comunitarios”: Rodolfo Stavenhagen

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No. 30 El pez grande

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