8/14/2019 Narcotrfico en Amrica Latina: Un Nuevo Consenso Internacional

1/8

8/14/2019 Narcotrfico en Amrica Latina: Un Nuevo Consenso Internacional

2/8

llevado a cabo por la ONU, pueda surgir en el marco de la discusin sobre lalegalizacin o despenalizacin o, por supuesto, la simple continuacin con algunosajustes cosmticos de las polticas existentes. Ms all de otros asuntos de indudableimportancia, como la inclusin sistemtica de los derechos humanos en las polticas decontrol de drogas y de prevencin de la drogadiccin, es preciso recuperar laresponsabilidad compartida y preparar el terreno para una reduccin del dao causado

tanto por las propias polticas antidroga como por el narcotrfico y el masivo consumode sustancias psicotrpicas.

El Ssifo destructivo en los AndesSegn la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (ONUDD), entre 2000 y 2003 elvolumen de cultivos de coca en la regin andina disminuy de 200.000 a 150.000hectreas aproximadamente. Sin embargo, desde entonces el nivel de produccin seha estabilizado en unas 160.000 hectreas, con un nuevo alza en 2007 (180.000hectreas). La Oficina de Poltica Nacional de Control de Drogas de EE UU (ONDCP),con una metodologa diferente, calcula que desde 2004 se ha producido un nuevoaumento de los cultivos en los tres pases andinos, superando ampliamente las200.000 hectreas.

Si bien la ONU seala que en 2000-06 la extensin de cultivos en Colombia disminuyde 165.000 a 76.000 hectreas, durante el mismo periodo aument el nmero dedepartamentos con presencia de plantaciones ilcitas. En 2007 la extensin de cultivossubi de nuevo a 99.000 hectreas, y actualmente se cultiva coca en 23 de los 32departamentos del pas y en casi la quinta parte (200) de los 1.098 municipioscolombianos (frente a 130 del ao anterior). El tamao cada vez ms reducido de lasplantaciones y la tendencia a intercalarlas con cultivos agrcolas, dificulta laidentificacin a travs de los satlites y la fumigacin. Las plantaciones de cocapermanecen a pesar de la fumigacin area masiva llevada a cabo por los gobiernos deColombia y EE UU en el marco del Plan Colombia; as, en el periodo 2000-06, sefumig ms de un milln de hectreas en todo Colombia.

Desde hace cuatro aos, el gobierno de lvaro Uribe ha empezado a darle msimportancia a la erradicacin manual de la coca. Estas campaas son realizadas porgrupos de campesinos, protegidos por unidades del ejrcito y de la polica de losataques de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). No obstante, loscomandos de erradicacin han hecho frente a grandes peligros, como por ejemplo en2006 en el Parque Nacional La Macarena, en el centro-sur del pas, donde abundan loscultivos de coca. Los campesinos cayeron en campos de minas de las FARC y fueronblanco de los francotiradores insurgentes. Al cabo de unos meses, el gobierno se vioforzado a cancelar el operativo, debido a que muchos de los campesinos desertaron ylas fuerzas policiales que brindaban proteccin tampoco estaban dispuestas a seguircon su misin.

A los problemas de seguridad de las campaas de erradicacin manual y las

dificultades de la fumigacin area, que inicialmente logr algunos xitos efmeros enla erradicacin de plantaciones grandes (hasta 100 hectreas en el departamento dePutumayo, por ejemplo), se aade el mayor rendimiento de los cultivos. En los ltimosaos, se ha observado un enorme incremento de la productividad por hectrea decoca. Segn estimativos de la ONUDD, entre 2003 y 2006 la produccin de cocana enColombia se ha estabilizado en un nivel de 600 toneladas al ao aproximadamente,pese a la reduccin del rea cultivada en el mismo periodo.

8/14/2019 Narcotrfico en Amrica Latina: Un Nuevo Consenso Internacional

3/8

En Bolivia y Per, la expansin de nuevos cultivos se produce especialmente en laregin de los Yungas, al norte de La Paz, y en los valles andinos del Alto Huallaga-Monzn y Apurimac-Ene. La poltica del gobierno de Evo Morales, vinculado con lasorganizaciones de cocaleros y los movimientos sociales del pas, se basa en el lema"Coca, s. Cocana, no". El gobierno ha buscado frenar el uso ilcito de la hoja de coca,reforzando los mecanismos de control social en las regiones de cultivo (bsicamente

los Yungas y el trpico de Cochabamba o Chapare) e introduciendo cultivos pequeos yaparentemente controlados (cato) para las familias cocaleras en Chapare. Tambin haincrementado la aplicacin de la ley contra los grupos narcotraficantes, as como laincautacin de cargamentos de pasta de coca y cocana.

Aunque se reconoce que la poltica antidroga de Morales est produciendo algunosresultados, su estrategia no est libre de problemas. Cada vez hay ms indicios sobrela canalizacin de una parte importante de la produccin creciente de hoja de cocahacia el negocio ilegal de la droga. Segn la ONUDD, entre 2003 y 2007 el territoriocultivado con coca en Bolivia aument de 23.550 a 28.900 hectreas. En 2007 seestimaba que el potencial de produccin de cocana en Bolivia era de 104 toneladas alao, frente a 94 toneladas del ao anterior.

En Per, se observa una tendencia parecida. Segn la ONU en el periodo 2005-07 loscultivos crecieron de 48.200 a 53.700 hectreas. De igual forma, la capacidad deproduccin de cocana subi de 260 a 290 toneladas al ao. El presidente Alan Garca -que durante su primer mandato en los aos ochenta representaba a un populismo deizquierda pero hoy est ms cercano al espectro derechista- asumi su cargo con lapromesa de fomentar el desarrollo alternativo y la erradicacin voluntaria de lasplantaciones de coca. No obstante, termin dando un rpido giro hacia una poltica demano dura, que hasta ahora no ha alcanzado resultados exitosos.

Redes transnacionales del narcotrficoHasta el momento, no ha sido posible frenar de manera sustancial y permanente elflujo de cocana de la regin andina tanto hacia EE UU y Europa, como cada vez ms

hacia Brasil, Argentina y Chile. Y todo pese a los esfuerzos ingentes de una ampliagama de agencias policiales y entidades encargadas de la aplicacin coercitiva de laley; como la Direccin Nacional de Estupefacientes (DNE) de Colombia, la ProcuraduraGeneral de la Nacin de Mxico, la Europol, la Oficina Federal de InvestigacionesCriminales de Alemania (BKA) y la poderosa Drug Enforcement Administration (DEA)de EE UU.

En la dcada pasada, las redes del crimen organizado involucrados en el negocio de ladroga se han extendido en Amrica Latina, EE UU, Europa y frica Occidental. Hoyestas redes son ms difciles de detectar, ya que han adoptado una estructura deorganizacin horizontal, conformada por pequeas clulas que actan en redes a nivelinternacional. Sus miembros han aprendido a reaccionar de manera eficaz y veloz a lasmedidas en su contra. As, por ejemplo, cambian de un da a otro sus medios y rutas

de transporte (por va terrestre o martima, en avin o a travs de mensajeroshumanos), y saben cundo y cmo utilizar con xito la violencia o los sobornos.

Una nueva generacin de narcos est reemplazando a los antiguos "seores" delnarcotrfico en Colombia: las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), formalmentedesmovilizadas a mediados de 2006; los crteles (en particular el del Norte del Valle) yotros pequeos grupos que sobrevivieron al desmantelamiento de los poderososcrteles de Medelln y Cali en los aos noventa; as como los frentes de las FARC quemanejaban el negocio de la droga pero se vieron muy afectados por la poltica de

8/14/2019 Narcotrfico en Amrica Latina: Un Nuevo Consenso Internacional

4/8

seguridad del gobierno Uribe. A diferencia de sus predecesores, los nuevos cabecillas,que provienen con frecuencia de las filas de los grupos criminales que existan en elpasado, no tienen inters en crear estructuras de mando verticales encabezadas porun capo conocido o un ncleo de lderes, pues saben que de esta forma es ms fcildetectarlos.

Tambin se observa un fraccionamiento mayor de la cadena del narcotrfico. Mientrasen el pasado, un nmero ms o menos reducido de criminales se encargaba de cumplircon ciertas tareas especficas -por ejemplo, el procesamiento de base de cocana enlaboratorios clandestinos o el transporte de droga hacia puntos de transbordo- hoy sonms individuos o grupos los que trabajan en los diferentes eslabones del negocio.Consecuentemente, la aplicacin coercitiva de la ley se dificulta tanto por losmecanismos de outsourcing utilizados por las redes criminales como por la cooperacinpragmtica -marcada por una completa ausencia de principios- entre los ms diversosy hasta opuestos actores armados.

As, para el transporte de cargamentos de cocana desde los alejados laboratorios en ladensa selva de los departamentos de Caquet o Guaviare hasta las costas del Pacfico,los diversos grupos armados y criminales trabajan sin lmites polticos-ideolgicos. Ni

las FARC, ni algunos frentes del Ejrcito de Liberacin Nacional (ELN), ni lasorganizaciones sucesoras de los grupos paramilitares u otras agrupaciones criminales,como la Organizacin Nueva Generacin (ONG) o los Rastrojos y guilas Negras,renuncian a la colaboracin en la bsqueda de las ganancias del narcotrfico. Losgrupos frecuentemente desconocen de dnde provienen los encargos, por ejemplo, dellevar cocana a Venezuela. Lo nico que les interesa es que las entregas y los pagosse realicen puntualmente. El outsourcing como mecanismo de las mafias de la drogaest muy desarrollado y en l tambin participan gerentes de empresas a primera vistarespetables. En no pocas ocasiones, alcaldes y comandantes locales de las fuerzasarmadas y la polica tambin estn involucrados y pasan por alto las actividadesilegales a cambio de jugosas recompensas.

Los crteles mexicanosUno de los cambios ms notorios en las dinmicas del narcotrfico latinoamericano enlos ltimos 10 aos ha sido el refuerzo y la proliferacin geogrfica de los gruposcriminales de Mxico. Mientras que a mediados de la dcada de los noventa loscolombianos todava dominaban tanto el trfico como la distribucin de cocana en EEUU, hoy en da tres crteles mexicanos (denominados segn sus regiones o ciudadesde origen: Sinaloa-Jurez, regin del Golfo y Tijuana) son los que controlan, segninformaciones de las autoridades estadounidenses, hasta tres cuartos del mercado dela droga en ese pas. Los traficantes colombianos empezaron a traspasar hace algunosaos las actividades de mayor riesgo -ms lucrativas- a sus pares mexicanos,incluyendo la distribucin de la cocana en EE UU. Por su lado, los carteles mexicanoshan establecido bases en Centroamrica, los pases andinos productores, Chile yEuropa -e incluso en frica Occidental- donde cooperan con grupos criminales locales

en el trfico de drogas, armas y personas.

El fortalecimiento de los grupos narcotraficantes mexicanos ha ido de la mano de uncrecimiento notorio de la violencia en el pas. Se estima que slo en los primeros seismeses de 2008 hubo 2.000 homicidios relacionados con el narcotrfico y el crimenorganizado, el mismo nmero de vctimas que durante todo el ao anterior. Desde elinicio de su mandato en 2006, el presidente Felipe Caldern lanz un masivodespliegue militar, policial y de personal de la Procuradura General de la Nacin encontra de los carteles de la droga, empezando en su Estado natal, Michoacn. Su

8/14/2019 Narcotrfico en Amrica Latina: Un Nuevo Consenso Internacional

5/8

predecesor y compaero del Partido de Accin Nacional (PAN), Vicente Fox, ya habaintentado -sin xito- combatir a los narcotraficantes y acabar con la prctica delhegemnico Partido de la Revolucin Institucional (PRI) de "administrar elnarcotrfico", que en la prctica significaba la compenetracin de las autoridadesmunicipales y federales, incluida la polica, con la mafia del narcotrfico y el crimenorganizado.

La estrategia de Caldern, que implica el fortalecimiento de la cooperacin antidroga yanticrimen con EE UU en el marco de la Iniciativa Mrida, ha sido criticada por sectoresde la sociedad civil y poltica mexicana, que consideran que la militarizacin de la luchacontra el narcotrfico conlleva graves peligros para el respeto de los derechoshumanos y la institucionalidad democrtica del pas. La oposicin ha comparado laIniciativa Mrida -ratificada recientemente en el Congreso de EE UU y cuyo principalobjetivo es incrementar la capacidad tecnolgica de Mxico en la lucha contra lasdrogas, con ms de 1.000 millones de dlares en los prximos tres aos- con el PlanColombia, advirtiendo de los riesgos de abrir las puertas a EE UU para una presencia eintervencin militar en suelo mexicano. Aunque la prioridad del Plan Colombia en laerradicacin de cultivos y en la transferencia masiva de equipos blicos a las fuerzasarmadas colombianas, en particular helicpteros, no se presenta de manera

comparable con la Iniciativa Mrida, cabe preguntarse si esta iniciativa es unarespuesta adecuada ante la grave oleada de violencia que est viviendo Mxico.Mientras no haya un control ms eficaz de la produccin y del trfico de cocana en ydesde la regin andina y una reduccin sustancial de la demanda en EE UU (y nadaindica que estemos acercndonos a esta meta), de poco servir intentar cerrar, conms tecnologa de vigilancia e incautacin, la larga y porosa frontera entre Mxico y EEUU. Se correra el riesgo, por otra parte, de que se produzca un drug overkill enMxico, con un consumo domstico disparado de la cocana que no lograra llegar a EEUU.

Por otra parte, en la actualidad se observa un aumento del narcotrfico en los pasesfronterizos con Colombia. Venezuela se ha convertido en una de las principales rutas

de trnsito de cocana colombiana de alta calidad hacia Europa. Los cargamentos setransportan en buques de carga, a travs de correos humanos, en aviones comercialeso tambin en pequeas avionetas tipo Cessna, dotadas con tanques especiales. Segnla ONU, las escalas en pases de frica Occidental, como por ejemplo Guinea-Bissau,ya no son la excepcin sino cada vez ms la regla. Mientras que en Ecuador, Per yBolivia se ha observado un incremento en el trfico ilcito de cocana, en Argentina,Brasil y Chile se constata un aumento en la intensidad del negocio y en la produccinde derivados de cocana (conocidos como merla en Brasil y paco en Argentina), ascomo un mayor consumo interno.

Responsabilidad compartidaAl evaluar las estrategias antidroga de los ltimos 10 aos se confirma que ni lascampaas de erradicacin de los cultivos, ni la aplicacin coercitiva de la ley en contra

de los crteles del narcotrfico y las redes criminales transnacionales, ni las crecientescantidades de cocana incautadas han contribuido a una notable reduccin del trficoilegal. De igual forma, los programas de desarrollo alternativo y fortalecimiento de lagobernanza e institucionalidad a nivel local y regional no han logrado expandirsuficientemente los mercados lcitos y reducir de manera sustancial el nmero defamilias campesinas de Bolivia, Colombia o Per que cultivan coca para fines ilegales ydependen econmicamente de esta actividad.

8/14/2019 Narcotrfico en Amrica Latina: Un Nuevo Consenso Internacional

6/8

La demanda de cocana, por otro lado, sigue siendo masiva en EE UU (segn la DEA,en 2006 haba 20 millones de consumidores de droga en el pas, de los cuales sietemillones se calificaban como "problemticos"). Tanto en Europa (con 4,5 millones deconsumidores en 2006, la mayora en Espaa, Italia y Reino Unido) como en AmricaLatina (sobre todo en Brasil, Argentina, Chile y Mxico) se observa un aumento en elconsumo de cocana. Esta situacin es altamente preocupante y desvela los lmites de

las polticas de prevencin de la drogadiccin. Tambin demuestra que ni las, enprincipio opuestas, estrategias "duras" de EE UU ni las "blandas" de los paseseuropeos han servido para que los dos mayores consumidores del mundo logren unareduccin significativa de la demanda de cocana, asumiendo as de lleno suresponsabilidad en la lucha contra el narcotrfico.

De hecho, no existe un concepto consensuado y compartido de "responsabilidadcompartida" en Latinoamrica, Europa y EE UU. Esto se refleja en la ausencia de unintercambio regular de informacin y experiencias sobre las polticas antidroga y decooperacin amplia para llevar a cabo polticas de xito para la reduccin tanto de lademanda como de la oferta. El Grupo de Dubln, creado en 1990 entre EE UU, la UE,Japn, Canad, Australia y Noruega como un foro informal para discutir y analizar elproblema de las drogas y el narcotrfico- no ha servido para mucho, confirmando la

falta de compromiso e inters a ambos lados del Atlntico por construir puentes entrelos diferentes enfoques para combatir el narcotrfico.

A la vez, los pases de Amrica Latina, gravemente afectados por el narcotrfico y elcrimen organizado, no han logrado desarrollar -ni verdaderamente lo han intentado-una posicin concertada y propia en la regin y plantearla en los foros multilaterales.Una excepcin podra ser la Comisin Latinoamericana sobre Drogas y Democracia(CLDD), recientemente establecida por iniciativa de los ex presidentes FernandoHenrique Cardoso (Brasil), Csar Gaviria (Colombia) y Ernesto Zedillo (Mxico) eintegrada por otras 15 personalidades latinoamericanas. Est por ver si la comisin,que en 2008 se ha reunido en dos ocasiones (Ro de Janeiro y Bogot) y tiene previstoconcluir sus labores en Mxico en febrero de 2009 con el fin de presentar un informe

ante la Comisin de Estupefacientes de la ONU en marzo de 2009, logra establecer unconsenso ms amplio entre sus integrantes y formular una posicin poltica -un cambiode paradigma- que ayude a las Amricas y Europa a salir de las trincheras de la guerracontra las drogas.

Ello requerira una contribucin novedosa y sustancial al debate sobre laresponsabilidad compartida, sobre la base de que la erradicacin forzada, yespecialmente la fumigacin area, en Colombia y la regin andina no es sostenible amedio plazo, y menos a largo. La comisin hara bien en reconocer que laresponsabilidad por el fracaso de las polticas antidroga en la regin es de todos losinvolucrados, no slo o sobre todo de Europa (por tener prejuicios ideolgicos frente aColombia y el gobierno de Uribe, por no querer apoyar el Plan Colombia, por no darsuficiente ayuda para el desarrollo alternativo y por no controlar y reducir la demanda

de cocana en los pases europeos). Un verdadero cambio de paradigma debera incluira Amrica Latina, EE UU y Europa en una constelacin nueva y con nuevo argumentoque los una y no los divida, sobre el mapa universal de las drogas, el narcotrfico y elcrimen organizado.

Avanzar hacia una responsabilidad compartida operacional y de xito implicaraestablecer un intercambio sistemtico de las mejores prcticas para reducir lademanda sin prejuicios polticos y moralistas. Al discutir con representantes delgobierno estadounidense del mbito de las polticas antidroga, no pocas veces se

8/14/2019 Narcotrfico en Amrica Latina: Un Nuevo Consenso Internacional

7/8

percibe una profunda decepcin por la supuesta falta de compromiso de los europeoscon los esfuerzos para reducir el problema mundial de las drogas. Los americanos amenudo reprochan a sus colegas europeos hacer la vista gorda ante los verdaderosdesafos, permitir la extensin del problema e ignorar el incremento en las tasas deconsumo en algunos pases del Viejo Continente. Adems, critican la falta dedisponibilidad europea a integrarse de manera eficiente a la lucha policial y militar de

EE UU contra los crteles de la droga. Al otro lado del Atlntico, tambin se escuchanquejas concernientes a las carencias de las polticas estadounidenses. Funcionarios ypolticos europeos, tanto de la UE como de los Estados miembros, suelen criticar que lapoltica de Washington no llega a las races del problema, no contiene medidasexitosas para la reduccin de la demanda y que emplea la fuerza de formadesmesurada en contra de cocaleros en la regin andina, lo que asegurara el fracasode dichas polticas.

Esta falta de comunicacin, de cooperacin e intercambio de experiencias, tieneconsiderables efectos negativos. En Colombia, por ejemplo, tanto EE UU como la UEapoyan programas que buscan reducir los cultivos de coca y fomentar el desarrolloalternativo y la gobernanza local. Sin embargo, hay pocos esfuerzos -casi ninguno-para armonizar o articular las diferentes intervenciones y potenciar as sus impactos y

mejorar sus resultados. Al contrario, las campaas de fumigacin y de destruccin deplantaciones de coca del gobierno colombiano en cooperacin con su contraparteestadounidense muchas veces incomodan a los europeos, sobre todo si se venafectadas plantaciones en comunidades y municipios donde la UE est apoyando eldesarrollo y la convivencia pacfica por medio de los Laboratorios de Paz.

Ello demuestra que las diferencias entre EE UU y la UE acerca del Plan Colombia,lanzado en 2000, conspiran an hoy en contra de una imprescindible cooperacin enlas polticas antidroga. El gobierno de Uribe es tambin responsable de que esta brechasiga existiendo, debido a que ha optado por orientar su poltica exterior casiexclusivamente hacia Washington, siendo ms bien escptico respecto a los intereses ylas polticas de las instituciones europeas.

La responsabilidad compartida no puede limitarse al simple ejercicio retrico desubrayar, una y otra vez, que se deberan implementar medidas para reducir tanto laoferta como la demanda. Es urgente que se haga operacional y se le d contenidopoltico. Sera esencial que en ambos lados del Atlntico se establecieran mecanismosde cooperacin con el fin de determinar de manera objetiva qu medidas antidrogaarrojan los mejores resultados, buscando que las intervenciones sean lo menosdainas para los individuos y las sociedades en su conjunto, y ms efectivas respecto ala rehabilitacin y la promocin de los derechos civiles, polticos y econmicos de losciudadanos.

Por ejemplo, podra pensarse en una evaluacin comparada de las experiencias de losdrug courts (tribunales de drogas) en EE UU y de las polticas sociales y de salud

pblica para el control y tratamiento de la drogadiccin implementadas en variospases europeos y Canad. Ests medidas de ndole tcnica-poltica deberan ir de lamano de la bsqueda de una salida poltica que permita fomentar una progresivacohesin entre las estrategias antidroga de EE UU, Amrica Latina y Europa, tantorespecto a la reduccin de la demanda como de la oferta.

Tras una dcada de intentos fallidos por reducir la produccin, el trfico y el consumode drogas en el mundo, existe ahora una ventana de oportunidad para llevar a cabo unapremiante cambio de poltica. El problema de las drogas y el narcotrfico est en

8/14/2019 Narcotrfico en Amrica Latina: Un Nuevo Consenso Internacional

8/8

expansin. En 2009 los Estados y la comunidad internacional deben actuar paraafrontarlo con xito, empezando por asumir realmente el reto de la responsabilidadcompartida.

Markus Schultze-Kraft, politlogo doctorado en Ciencia Poltica y mster en Estudios

Latinoamericanos por la Universidad de Oxford, reside desde 2001 en Bogot, dondetrabaja como director para Amrica Latina y el Caribe en el International Crisis Group.El anlisis y las opiniones expresadas en este artculo son del autor y no reflejannecesariamente las posiciones del Crisis Group.