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EDITADO POR EL SECRETARIADO DE JUECES PARA LA DEMOCRACIA

SumarioXXIV CONGRESO ............. 2 y 3

ACTUALIDAD ................... 4 y 5

MEMORIA HISTÓRICA..... 6 y 7

ENTREVISTA..................... 8 y 9

OPINIÓN.................................. 10

ASCENSO FORZOSO................ 11

EN LA PRENSA......................... 12

DEBATE ................................... 13

SINDICAL................................. 14

ASILO......................... 15 y 16

BOLETÍN INFORMATIVORedacción:Secretariado de Jueces para la Democracia

Director: Pablo Surroca Casas

Coordinación:José Rivas

Núñez Morgado, 3 - 4.º B - 28036 Madrid

Correo electrónico:info@juecesdemocracia.eshttp://www.juecesdemocracia.es

Fotocomposición: AMORETTI S.F., S.L.Imprime: IMPRESIÓN AMORETTI, S.L.Depósito Legal: M.21.194-1990

Este editorial, redactado días después de la clausura del XXIV Congresode nuestra querida asociación, quiere ser una llamada de atención pero,a la vez, una invitación al optimismo. Durante tres días debatimos sobrecuestiones de gran relevancia interna y externa: qué modelo de juez que-remos, qué reformas precisa la Administración de justicia y, finalmente,

qué déficits organizativos tenemos, que nos impiden conseguir mayor proyeccióny capacidad de influencia en el exterior.

Son muchos los problemas que nos aquejan pero hay uno fundamental: la de-gradación ideológica. La endeblez del discurso político, sustituido interesada y pro-gresivamente por una política de «efectos especiales», hace que quien sostiene unpensamiento fuerte, articulado, comprometido y coherente, vea reducido suespacio de influencia. No son buenos tiempos para la ideología y si algo ha carac-terizado a Jueces para la Democracia desde su fundación ha sido su inexorablecompromiso con un discurso progresista y de izquierdas. Como asociación refle-xiva nadamos contracorriente en un espacio virtual y vertiginoso dominado porla inmediatez y la vacuidad de los mensajes.

No obstante, se adivina una cierta esperanza. La fuerte crisis económica y ladesconfianza que ha generado hacia los agentes del mercado deben conducirnecesariamente hacia un reforzamiento de las estructuras públicas. Ya nadie seatreve a sostener eso del «menos Estado y más mercado».Ahora se mira hacia unEstado fuerte como única garantía del bienestar, y en este contexto hemos de re-cuperar el impulso de un discurso más ético, más comprometido, rabiosamenteideológico, que propugne una vuelta a la política con mayúsculas, la política de losvalores y, sobre todo, la política de los ciudadanos. Por eso Jueces para la Demo-cracia debe alzar su voz contra la futura reforma de la Ley de Extranjería o de laLey de Asilo, que pretenden recortar los derechos de los más necesitados, sobretodo ahora, cuando la brecha entre los países ricos y los pobres se agranda y semultiplican las agresiones a los derechos humanos en multitud de conflictos inte-resadamente olvidados.

Debemos seguir apelando a la responsabilidad del Poder Judicial en unosmomentos tan difíciles para la ciudadanía que reclama de nosotros, jueces ymagistrados independientes y sometidos al imperio de la ley, un mayor esfuerzo ala hora de dar una respuesta ágil y justa a sus problemas.

En este contexto resulta difícilmente comprensible la postura de la direcciónde la Asociación Profesional de la Magistratura que ha convocado una huelga parael día 8 de octubre a pesar de que la negociación con el Ministerio de Justicia sigueabierta y con avances tangibles. Resulta incoherente sostener una pretensión dehuelga ahora que la situación ha dado un giro radical, al menos en cuanto al modoy las formas, con respecto a la que existía con el anterior equipo ministerial. Estoconduce necesariamente a pensar en motivaciones o intereses ajenos a losexpresados públicamente y, por supuesto, inconfesables. ¿A quién beneficia que elGobierno actual mantenga un frente abierto con el Poder Judicial? Quizá en larespuesta a esta pregunta esté la solución. El tiempo lo dirá.

Editorial

BOLETIN INFORMATIVON.º 51 • JULIO 2009

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XXIV Congreso

Los pasados días 3, 4 y 5 dejunio ha tenido lugar en la

antigua capital romana de Ta-rragona el XXIV Congreso deJueces para la Democracia. Ba-jo el lema «Jueces para la De-mocracia: un compromiso con lasociedad» se dieron cita 120jueces y magistrados a fin dedebatir, lanzar ideas y realizarpropuestas sobre la justicia.Alacto de inauguración asistió elMinistro de Justicia Antonio

Caamaño, la Consejera de Jus-ticia de la Generalitat de Cata-luña Montserrat Tura, la Presi-denta del Tribunal Superior deJusticia de Cataluña María Eu-genia Alegret Burguès y el Al-calde-Presidente de la ciudadanfitriona Josep Fèlix Balles-teros, quien dio la bienvenida ala ciudad y excusó al Presiden-te de la Diputación. El Ministrode Justicia cerró el turno depalabras con un discurso con-

ciliador, cercano a la realidadde la Administración de justiciay de firme compromiso con sumejora para la que, afirmó, losjueces son una pieza funda-mental.

La mesa del congreso estu-vo formada por los siguientescompañeros de la SecciónTerritorial catalana: AntonioCarril, Presidente de la Audien-cia Provincial de Tarragona,Yo-landa Rueda Soriano, Magistra-

da de Mataró y Miguel ÁngelTabares Cabezón, Magistradode Barcelona.

INFORME DELSECRETARIADO

Como primer acto del con-greso el portavoz de la asocia-ción y Magistrado de la Audien-cia Provincial de Barcelona,Miguel Ángel Gimeno, presentóel informe político del Secreta-riado en el que expuso la visión

Vil·la Casals - Museo Pau Casals

Pau Casals fue uno de los mejores violonchelistas de todos los tiempos.Más allá de la música, se convirtió en un incansable defensor de la paz y la libertad de los pueblos, en una época conmocionada por las guerras

y la opresión. Nacido en El Vendrell el 29 de diciembre de 1876,residió en Francia, en Estados Unidos y en Puerto Rico, países en los

que se relacionó con las personalidades más destacadas del momento.La intensa actividad de Pau Casals no le hizo nunca abandonar sus vínculos

con Cataluña. En 1909 se hizo construir la Villa Casals en el barriomarítimo de Sant Salvador, a tres kilómetros del núcleo urbano de

El Vendrell, hoy sede del Museu Pau Casals. La casa, situada en el extremosur de la playa, fue inicialmente concebida como casa de veraneo y

reformada entre 1931 y 1936 por el arquitecto Antoni Puig Gairalt.Tras la reforma, se convirtió en un edificio destacado, provisto de un armónicojardín junto al cual había una sala de conciertos y otras salas destinadas

a exhibir la colección de arte. Pau Casals vivió en ella hasta 1939, cuando eldesenlace de la Guerra Civil Española lo obligó a exiliarse y jamás regresó.En 1972, Pau Casals y su esposa Marta Montañez crearon la FundaciónPau Casals con el objetivo de preservar el legado que el músico catalán

tenía en la casa. El actual museo, inaugurado en junio de 2001, recupera laatmósfera familiar y la belleza que tenía la casa en sus mejores tiempos, yen él el visitante descubre la intensa vida del famoso violonchelista a través

de un recorrido museográfico contemporáneo.

Vil·la Casals - Museo Pau CasalsHorarios

Mañanas: de 10 a 14hTardes

del 15 /IV al 15/ IX de 17 a 21hdel 16/ IX al 14 / IV de 16 a 18h. Sábados de 16 a 19h

Lunes y tardes de festivos cerradoCerrado:

1 mayo, 25 y 26 de diciembre, 24 y 31 diciembre por la tardewww.paucasals.org

Av. Palfuriana, 6743880 Sant Salvador - El Vendrell

Tel. +34 977 684 276museu@paucasals.org

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XXIV Congresodel órgano de dirección sobrelo ocurrido en el último año yplanteó las estrategias de futu-ro. El informe, que fue objetode críticas por algunos compa-ñeros, resultó finalmente apro-bado.

Los congresistas se distri-buyeron en tres grupos detrabajo que debatieron sobrela base de los documentoselaborados previamente porlos compañeros que, bajo laestructura de un coordinadory dos vocales, habían sido de-signados por el Secretariado.El primer grupo trató del mo-delo de juez. El segundo sobreel estado de la Administraciónde justicia y sus necesariasreformas. El tercer y últimogrupo, ya en clave interna,debatió sobre los problemasque aquejan a la asociación encuanto a su modelo organiza-tivo.

FORO DE ÉTICAJUDICIAL

Todos los debates resulta-ron muy fructíferos y se alcan-zaron interesantes conclusio-nes que fueron presentadas alplenario del Congreso para sudebate y votación. Entre lasmás relevantes cabe destacar elacuerdo de crear un Foro deÉtica Judicial y un Grupo deTrabajo para la reforma de laLey de Enjuiciamiento Criminal,así como la necesidad de pro-ceder a la reforma de los Esta-tutos de la asociación a fin de

mejorar la organización y clari-ficar los procesos de formaciónde la voluntad asociativa de ca-ra a responder con más eficaciay agilidad a la realidad social yjurídica.

Al margen de lo anterior,también se presentaron los in-formes de la Comisiones sec-

toriales de derecho privado yde social. Esta última comi-sión, con el activismo que lacaracteriza, también presentóun texto, que finalmente fueaprobado, recogiendo algunasconclusiones sobre la necesi-dad de reformar la especiali-dad laboral y contencioso-administrativa, aclarar elpanorama del cuarto turno,recuperar competencias de-clarativas laborales actualmen-te atribuidas al juez mercantil,o la necesidad de derogar elart. 56.4 del Estatuto de losTrabajadores.

El compañero Luis Mangla-no, Magistrado del Tribunal Su-perior de Justicia de Valencia,presentó un interesante y muyelaborado documento sobreun nuevo modelo retributivopara la carrera judicial.

Resultó rechazada, tras unintenso debate y por tan solo

tres votos de diferencia, la pro-puesta de comunicado del Co-ordinador de la Sección Terri-torial de Valencia Ximo Boschen relación con la admisión atrámite de la querella contraBaltasar Garzón por prevarica-ción.

En la clausura intervinieronlos compañeros portuguesesde la Associação Sindical dosJuízes Portugueses, AntonioMartins, y del Sindicato dosMagistrados do MinisterioPúblico, Rui Cardoso, así comoel Presidente de MEDEL VitoMonetti.

FUNDACIÓN PAUCASALS

Pero no todo fue trabajo,pues también hubo tiempo pa-ra la cultura y el ocio. En la pri-mera jornada la Fundación PauCasals nos mostró un emocio-nante documental sobre el ar-tista y su firme compromisocon los derechos humanos;realizamos una amena y didác-tica visita guiada al conjuntoromano de la ciudad y, comocolofón y despedida, visitamosla espléndida villa que Casalstuvo en El Vendrell. Allí se sir-vió un ágape con una poste-rior cena inaugurada por la jo-ven promesa del violoncheloFerran S.Albrich, quien ofrecióun breve pero intenso con-cierto con piezas de J.S Bach ydel propio Casals. También in-tervino el cantautor responsa-ble del cartel del Congreso.Como responsable de organi-zación del Secretariado Lour-des Ortiz, Magistrada de la Au-diencia Provincial de Málaga,agradeció a todos los congre-sistas e invitados, entre los quese encontraban compañerosde otras asociaciones, su pre-sencia y, especialmente, elmagnífico esfuerzo realizado,como siempre, por la OficinaTécnica, así como por JavierHernández, Magistrado de laAudiencia Provincial de Tarra-gona, sin cuyo concurso estecongreso no se habría hechorealidad.

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Fondo Fundació Pau Casals

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Actualidad

Una reforma penal para abandonarJosé Luis Díez Ripollés, Catedrático de Derecho Penal

La nueva reforma del códigopenal que se nos anuncia, una

de las más ambiciosas de las mu-chas que se han sucedido desdeque se aprobó el nuevo códigopenal de 1995, muestra unas ca-racterísticas político-criminalespreocupantes, que me gustaríaresaltar inmediatamente:

En primer lugar, un buen nú-mero de sus preceptos no pre-tende mejorar el control de ladelincuencia en nuestro país. Suobjetivo es otro, muy querido atodos los recientes ejecutivosespañoles, el de utilizar el dere-cho penal como instrumento depropaganda política. En efecto,qué mejor forma, barata y políti-camente provechosa, de desviarla atención de cuestiones máspeliagudas, que una reforma le-gislativa penal que incluya temasescabrosos o de resonancia po-pular y mediática. ¿Y de qué sequiere desviar la atención? Puesde lo verdaderamente urgenteen estos momentos en la justi-cia penal, una profunda reformade la gestión de la oficina judi-cial. De hecho, hay serios indi-cios de que este último era elobjetivo primordial del ministe-rio de justicia al comienzo de lalegislatura, pero la crisis econó-mica obligó a revisar las priori-dades. Confiemos que con elnuevo cambio ministerial se ha-ya vuelto a restablecer aquellaprioridad.

Los ejemplos de que esta-mos ante una reforma populista,ajena a las auténticas necesida-des del control penal, abundan:La delincuencia sexual en Espa-ña no llega al 1% de todos losdelitos conocidos, y presenta entérminos generales unos perfi-les bajos, lo que hace que el nú-mero de presos por delitos se-xuales graves –agresiones oabusos sexuales con penetra-ción– esté entre 200 y 300 per-sonas. Por otro lado, su porcen-taje de reincidencia, no siempresexual, es menos de la mitad delcorrespondiente al conjunto delos delincuentes, y resulta muydisminuida con un correcto tra-tamiento. Sin embargo, la pro-ducción de casos aislados, degran repercusión mediática y re-chazo social han hecho que la

reforma concentre su artilleríaen un exagerado endurecimien-to de los delitos sexuales contralos menores, y de los delitos se-xuales en general, con el objeti-vo de mantener a estos delin-cuentes el mayor tiempo posibleaislados de la sociedad, descon-siderando cualquier intento deresocialización. Así se explica lageneralizada ampliación de las fi-guras delictivas, una elevaciónde penas que en ocasiones du-plica e incluso triplica las penasexistentes, el retraso en el acce-so al grado de semilibertad enprisión pese a que haya un buenpronóstico de reinserción, y laobligatoriedad de imponer unanueva pena de libertad vigilada,posterior al cumplimiento de laprisión, para cualquier delitosexual por un tiempo de uno aveinte años, con el objetivoinequívoco, presente en 9 de las11 obligaciones susceptibles deconstituir esa pena, de mante-ner al autor marcado y señaladoante la sociedad el mayor tiem-po posible.

Tampoco pueden faltar a lacita los delitos de terrorismo.Para los más graves se prevé laobligatoriedad de la citada penade libertad vigilada, pese a queestá bien acreditada la escasarecaída en estos delitos de laspersonas que han cumplidocondena grave.Además, no se hatenido reparos en declararlosimprescriptibles, equiparándolosasí a los delitos de genocidio o alos crímenes contra la huma-nidad.

La nueva sección que castigala agrupación transitoria paradelinquir constituye otro ejem-plo de regulación oportunista ypopulista, que además en estecaso encubre un enfoque clasis-ta: Es oportunista, porque se sir-ve de la nueva palabra de moda,la delincuencia organizada, paraacumular penas de prisión adi-cionales sobre conductas queno son de delincuencia organi-zada pero que se tratan casi co-mo si lo fueran. Es populista,porque se incluyen en esa agra-vación todos los delitos sexua-les, pese a que en la mayoría deellos, con la salvedad de la pros-titución y algunos supuestos de

pornografía, brilla por su ausen-cia la agrupación criminal. Y esarteramente clasista porqueabarca los delitos tradicionalescontra la propiedad pero dejasignificativamente fuera los deli-tos socioeconómicos.

En segundo lugar, la reformatiene en el desapoderamientode los jueces uno de sus más re-levantes y ocultos objetivos. Ha-ce años que el ejecutivo de tur-no y los aparatos de los partidosestán empeñados en reducir elmargen de actuación de los jue-ces. Se les cuestiona que poseanun conocimiento experto, fun-dado en sus conocimientos jurí-dicos, y se les exige que se plie-guen, como ya lo hanconseguido con el legislativo, asus inmediatos intereses electo-rales. A tal fin proliferan las re-formas penales que restringencada vez más el arbitrio judiciala la hora de resolver el casoconcreto. El logro ideal seríaconseguir que los jueces, dadasu vinculación a la ley, se con-viertan en secretarios judicia-les…. de los políticos. Sin pre-tender justificar decisionesjudiciales inaceptables, fruto dearraigadas y paralizantes rutinasen los operadores judiciales yde la inaplazable reforma de laadministración de justicia, en losrecientes análisis del malestarjudicial aquel argumento ha que-dado sepultado entre acusacio-nes de corporativismo. Y ellopese a que fue claramente apun-tado en un comunicado del Tri-bunal Supremo el otoño pasado,y antes en un manifiesto firmadola pasada primavera por nume-rosos juristas y que fue de esca-so agrado de la entonces mayo-ría del Consejo General delPoder Judicial.

También abundan los ejem-plos de este segundo rasgo de lareforma: La elevación de manerageneralizada de las penas míni-mas de los delitos sexuales, enocasiones hasta el triple de laactualmente existente, y la eli-minación de la pena alternativade multa en casos leves, hacenque los jueces vean reducida sucapacidad de matizar el castigosegún la gravedad del caso. Elmismo efecto se produce con la

obligatoriedad de imponer lapena accesoria de libertad vigila-da en una serie de delitos, encontradicción con el carácter fa-cultativo de la mayoría de las pe-nas accesorias; o con la obligadaacumulación de penas en con-curso de delitos en cuanto se déla criticada asociación transito-ria para delinquir, cerrando elpaso a la discreción judicial en laapreciación de la agravante deauxilio de personas. A su vez eljuez de vigilancia penitenciariaya no podrá acordar antes delcumplimiento de la mitad de lacondena el paso al régimen desemilibertad penitenciario encasos de abusos sexuales, pros-titución y corrupción sexual demenores, aunque exista un pro-nóstico favorable de reinserciónsocial. Restricciones similares dela discreción judicial se produ-cen, entre otros, en los delitosde drogas.

Por si fuera poco, un buenejemplo de la opinión que lemerece al ejecutivo la distribu-ción constitucional de compe-tencias entre los órganos judi-ciales lo constituye la propuestamodificación de la regulación dela prescripción de delitos en unsentido opuesto a la interpre-tación desarrollada por el Tribu-nal Constitucional y en línea conla defendida por el TribunalSupremo.

En tercer lugar, la reformapretende hacerse pasar por loque sustancialmente no es, unamodernización del derecho pe-nal. Aunque no se puede negarque renueva el derecho penal enalgunos aspectos, los aspectosregresivos han terminado clara-mente predominando, quizáspor imposiciones políticas algrupo de expertos que han tra-bajado en ella.

Entre las medidas moderniza-doras cabe citar la primeraregulación comprensiva de laresponsabilidad penal de las per-sonas jurídicas, si bien carentedel mínimo consenso jurídicoque le permita eludir previsiblestendencias a su neutralización.La creación o ampliación de de-litos contra bienes colectivos decarácter socioeconómico, medioambiental o relacionados con

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Actualidadnuevas tecnologías es otro acer-vo de la reforma, aunque hayque lamentar la tímida amplia-ción de los delitos urbanísticos.La lucha contra la corrupciónocupa también un merecido lu-gar, en especial la muy mejoradaregulación del delito de cohe-cho o la introducción del delitode corrupción entre particula-res. La creación del delito de fi-nanciación del terrorismo o lasmejoras en los delitos contra lacomunidad internacional sontambién otros méritos.

Pero las propuestas regresi-vas se acumulan.Ante todo, hayuna omisión insostenible: Si hayalgo que modernizar urgente-mente es nuestro sistema depenas. No es exagerado afirmarque tenemos el sistema de pe-nas más anticuado de toda Eu-ropa occidental, anclado en unuso desmesurado de la pena deprisión. Ello nos ha convertidoen el país de Europa occidentalcon más presos por habitante,pese a ser, igualmente, uno delos que tiene menor tasa de cri-minalidad. Sin perjuicio de quela criminología ha demostradoque no hay relación entre am-bos fenómenos, baste con re-cordar que ya teníamos unas delas tasas más bajas de criminali-dad cuando también nuestrastasas de encarcelamiento se en-contraban entre las más mode-radas del continente europeo.Sin embargo, el anteproyectorenuncia a realizar esa moderni-zación inaplazable, y sigue avan-zando en dirección opuesta.

La nueva pena de libertad vi-gilada, pese a lo que su denomi-nación pudiera insinuar, trans-forma lo que pudiera ser un útilinstrumento de reinserción so-cial, a desarrollar en las últimasfases de ejecución de la pena, enuna pena restrictiva de libertadque persigue prolongar la exclu-sión social del delincuente unavez que ha cumplido la pena deprisión.

Las demandas del TribunalSupremo de que se modulenmás las penas de drogas, segúnla gravedad de la conducta, nosolo quedan desatendidas, sinoque se propone justamente locontrario: Se elevan enorme-mente las penas de los tiposagravados de drogas blandas, encuanto media organización de-lictiva, frente a una reducida ele-vación de las penas en las dro-gas duras.

Una buena muestra de laideología que subyace a la re-forma es igualmente la baja pe-nalidad que se establece paralos delitos socioeconómicos: Laelevación de pena en los delitosurbanísticos es decepcionante,con amplias posibilidades parala suspensión de la pena de pri-sión; la pena mínima del nuevodelito de corrupción de particu-lares es muy baja y se prevénmecanismos para bajarla aúnmás en el caso concreto; y seprefiere ampliar el plazo deprescripción en los delitos con-tra la hacienda pública, en lugarde elevar sus penas, con paladi-no reconocimiento de la inefi-cacia administrativa en la perse-cución de estos delitos.

Junto a este enésimo paso enel empeoramiento de nuestrosistema de penas, se apreciaigualmente un especial interésen socavar nuestro sistema degarantías penales, elemento im-prescindible del estado de dere-cho: El principio de presunciónde inocencia queda afectadopor la nueva regulación del co-miso; los fines legítimos de lapena, por los nuevos supuestosde imprescriptibilidad; el princi-pio de no castigar dos veces porlos mismos hechos, por las pre-visiones de castigo del clientede prostitución infantil; el prin-cipio de seguridad jurídica, porla acentuación de la imprecisióno casuismo en tipos como losde descubrimiento de secretoso blanqueo de capitales; en fin,el principio de retroactividad dela ley penal más favorable, poruna serie de disposiciones tran-sitorias contenidas en la ley.

En suma, si realmente sequiere llevar a cabo la reformapenal que nuestro país necesita,deberíamos proceder de formainmediata a lo siguiente: Retirareste proyecto de reforma. Con-centrar nuestros esfuerzos en lamejora de la gestión de la admi-nistración de la justicia penal.No demorar más la reforma delsistema de penas, lo que exigerevertir las reformas de 2003.

Un ex-vicepresidente denuestro Tribunal Constitucionalno ha encontrado mejor títulopara su comentario a esta re-forma que preguntarse «¿Esta-do democrático o Estado auto-ritario?», para concluir que «lapolítica criminal de este país de-biera dar un giro de cientoochenta grados».Amén.

LimitacionesJurisdicción Universal

Jueces para la Democracia, laUnión Progresista de Fiscales,

M.E.D.E.L. (Magistrados Euro-peos por la Democracia y lasLibertades) y el Grupo de Estu-dios de Política Criminal, quie-ren manifestar lo siguiente:

1.- Los partidos políticosmayoritarios (PSOE y PP),aprovechando el trámite de en-miendas al Proyecto de Ley deReforma de la Legislación Pro-cesal para la Implantación de laOficina Judicial, han acordadomodificar –apresuradamente ysustrayéndolo del necesariodebate– el artículo 23 de la LeyOrgánica del Poder Judicial, queconsagra el principio de juris-dicción universal referido a de-terminados delitos, a fin de li-mitar su alcance.

2.- El principio de justiciauniversal –con fundamento enla defensa descentralizada delos intereses y valores de lacomunidad internacional en suconjunto, y no en los puramen-te estatales o particulares– esuna conquista irrenunciable detoda sociedad democrática yun avance decisivo en la defen-sa de los derechos humanosuniversalmente reconocidos enuna sociedad global como lacontemporánea.

3.- El derecho internacionalvigente impone a todos los Es-tados la obligación de perse-guir los crímenes contra la hu-manidad, se produzcan dondese produzcan y al margen de lanacionalidad de los agresoresy de sus víctimas, toda vez queconductas tan odiosas –que,además, quedan en la impuni-dad– trascienden a las víctimasy ofenden a toda la humanidadporque ponen en peligro losprincipios generales de civi-lización consagrados por lasnormas protectoras de losderechos humanos fundamen-tales.

4.- España, como país pione-ro, debe sentirse orgullosa dela asunción por nuestros tribu-

nales de la universalidad de sujurisdicción penal ya que ex-presa su compromiso con elcarácter universal de los dere-chos humanos. Los términos enlos que está recogido actual-mente este principio en la le-gislación española –y en los tra-tados internacionales en losque es parte– ha permitido lapersecución de los más gravesataques institucionalizadoscontra los derechos humanoscon la condena y castigo de unbuen número de criminales asícomo evitado que otros pue-dan moverse impunemente porel mundo sin la posibilidad derefugiarse por supuesto ennuestro país.

5.- Es cierto que la irrestric-ta vigencia de dicho principioañade leña al fuego de la sobre-carga de nuestro sistema judi-cial, pero en este caso engran-dece la calidad democrática delmismo y la altura moral denuestro país en el compromisocolectivo con la defensa de losderechos humanos, en particu-lar respecto de aquellos su-puestos de criminalidad de Es-tado cuya persecución efectivaen el país donde se han produ-cido resulta inexistente y alta-mente improbable. Este com-promiso es aún mayor si cabeen tanto no exista un tribunalpenal internacional que puedaejercer su jurisdicción de mo-do eficaz y efectivo.

6.- Resulta ciertamentepreocupante que nuestros res-ponsables políticos se hayandecidido a plantearse la intro-ducción de limitaciones en lalegislación vigente al socaire deasuntos que afectan a poten-cias mundiales. Bien pareceque la necesidad de limitar laprotección de los derechoshumanos surja solamente antelos poderosos.

Madrid,25 de mayo de 2009

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Memoria histórica

Jueces y fiscales progresistas europeosdebatieron en Madrid sobre la memoria histórica

Ignacio González, Magistrado. Miembro de la Junta Directiva de MEDEL

Bajo el título «Memoria his-tórica. ¿Se puede juzgar la

historia?», jueces y fiscales pro-gresistas europeos, pertene-cientes a la asociación MEDEL(Magistrados Europeos por laDemocracia y las Libertades) encolaboración con nuestra aso-ciación, la Unión Progresista deFiscales,el Instituto Alonso Mar-tínez de Justicia y Litigación dela Universidad Carlos III de Ma-drid y la Fundación Antonio Ca-rretero, se reunieron en Madridlos pasados días 27 y 28 de mar-zo para debatir y reflexionarsobre el papel de la justicia a lahora de afrontar hechos históri-cos, así como compartir las ex-periencias de transición a la de-mocracia que tuvieron lugar enEuropa tanto en los años seten-ta (España, Portugal y Grecia)como en los noventa (Ruma-nia), o en sus guerras coloniales(Francia). El caso Pinochet fueigualmente objeto de análisispor uno de sus protagonistas, elabogado Joan Garcés.

El profesor y filósofo ReyesMate habló de la evolución delconcepto de Justicia a lo largode la historia de la filosofía, de-teniéndose en la influencia queha tenido sobre el mismo el de-sarrollo de la Cultura de la Me-moria.Así, hoy es posible –en suopinión– hablar de Responsabi-lidad Histórica, que a la luz de laMemoria mira al pasado desdeun punto de vista distinto al queadopta la Historia: coloca sobrelos nietos una responsabilidadsobre lo que hicieron los abue-los o sobre lo que hicieron a losabuelos que la Historia desco-noce. La Memoria, pues, lejos deser privada, es pública y política:abre heridas y las pone sobre lamesa, es un proceso difícil perosin él no hay reconciliación posi-ble con el pasado.

Desde otra perspectiva, elmagistrado Denis Salas, secreta-rio general de la Asociaciónfrancesa para la historia de lajusticia, puso en evidencia las di-ferencias entre el historiador

–cuyo relato es libre– y el juez–vinculado por el derecho–, asícomo la fuerza de las emocio-nes de las víctimas al trasformarel juicio en una celebración de lamemoria, en una superación detraumas. Es el choque entre elderecho y las emociones.Sostiene este autor que el juez

debe mantener las distanciasrespecto a esta memoria con laayuda de los historiadores y desu ética profesional.

Junto con la situación fran-cesa, en la que sus políticos hanpasado por alto los crímenescometidos en las guerras colo-niales de Indochina y Argelia, seanalizó la situación política ge-nerada tras la caída de la dicta-dura de los coroneles en Gre-cia y su proceso de transición,así como la más reciente tran-sición democrática operada enla Europa oriental de la manodel ejemplo rumano y su ley deLustración.

CRÍMENESFRANQUISTAS

En relación con España, el fis-cal Cesar Estirado planteó lacuestión sobre la perseguibilidadde los crímenes del franquismocometidos tras el golpe militardel 18 de julio de 1936 durante laGuerra Civil y tras su finalización,en cuanto son tipificables comocrímenes de lesa humanidad. Élmismo participó a finales de losaños noventa en el seguimiento ydifusión de los procedimientostramitados en la Audiencia Na-cional a raíz de las denuncias in-terpuestas por la UPF por las

graves violaciones de derechoshumanos cometidas bajo las Dic-taduras Militares argentina y chi-lena, así como de otros procesosque se fueron iniciando en mu-chos países similares a estos, ba-jo el principio de jurisdicción uni-versal. Al enterarse que Garzónadmite la denuncia presentadapor los familiares de las víctimasdel franquismo, y la Fiscalía de laAudiencia Nacional se opone asu tramitación, alegando diversosobstáculos que ya fueron supera-dos en los anteriores procesos,élmismo promueve un posiciona-miento de la UPF a favor de laperseguibilidad de estos críme-nes, apoyado en un informe jurí-dico para fundamentar la posi-ción asociativa, en coherenciacon su anterior protagonismo enla persecución de los crímenesde lesa humanidad perpetradosen Argentina y Chile.

A este respecto, no podemosolvidar la posición de Jueces parala Democracia adoptada en suúltimo Comité Permanente enMadrid (Febrero de 2009), al de-fender la jurisdicción universalcontra los crímenes internacio-nales, tanto por la Corte PenalInternacional como por la juris-dicción española, a raíz de las de-claraciones de la ministra deAsuntos Exteriores de Israel so-bre la reforma de nuestra LeyOrgánica del Poder Judicial paraevitar en el futuro procesos judi-ciales como el abierto a raíz delos crímenes cometidos en Gazaen el año 2007. En dicha resolu-ción se decía expresamente queEspaña debe sentirse orgullosade la asunción por sus tribunalesde la jurisdicción universal por-que expresa su compromiso conel carácter universal de los dere-chos humanos y con la obligato-riedad que impone el derechointernacional a todos los Estadosde perseguir los crímenes contrala humanidad allí donde se pro-duzcan, al margen de la naciona-lidad de las víctimas, toda vez queconductas tan odiosas –que, ade-más, quedan en la impunidad–

trascienden a las víctimas y ofen-den a toda la humanidad.

INSUFICIENTE LEYMEMORIA HISTÓRICA

En el coloquio fue objeto decrítica la Ley de Memoria Histó-rica, al delegar en los familiaresde las víctimas asesinadas y desa-parecidas la búsqueda y localiza-ción de sus restos, la apertura defosas, y las oportunas inhumacio-nes, cuando esta labor es unaobligación del Estado, en virtudde los Convenios Internacionalesde Derechos Humanos, en espe-cial del Convenio Europeo.Ade-más, dicha Ley no prevé una in-vestigación seria por el Estadode los hechos que originaron lasmuertes,máxime cuando se pro-dujeron en el contexto de crí-menes de lesa humanidad. Tam-poco se hace mención en la Leya la sustracción y desaparición demenores, que fueron trasladadosa otras familias, arrancándolos delas suyas, ni se prevén medidaspara su búsqueda y averiguaciónde su verdadero origen.

Igualmente, se abordó el te-ma de la utilización de la recla-mación democrática de amnistíade los presos de la Dictadura pa-ra extender esta medida a lospropios victimarios franquistas,lo cual está en el origen de la Leyde Amnistía de 1977.

La representante de Amnis-tía Internacional, Lydia Vicente,puso de manifiesto la violaciónde las obligaciones internacio-nales del Estado español al noinvestigar y perseguir de oficiolos crímenes de lesa humanidadcometidos por el franquismo, yen definitiva no garantizar elderecho de las víctimas a obte-ner justicia y reparación.

Al final del coloquio se apro-baron por unanimidad de losmiembros del Consejo de Ad-ministración de MEDEL,órganoen el que está representadaJueces para la Democracia jun-to con el resto de asociacionesmiembros, las conclusiones ad-juntas.

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Conclusiones sobre la memoria histórica en España

Reconociendo que cada paíshace frente a su propia me-

moria histórica, MEDEL haaprobado la siguiente declara-ción acerca de la situación espa-ñola:

Las políticas de la «memo-ria» desarrolladas actualmenteen España no han puesto toda-vía remedio integral a la situa-ción de abandono y vulneraciónde los derechos humanos delos miles de desaparecidos porla represión franquista y sus fa-miliares.

Hay que subrayar la obliga-ción de los Estados de empren-der por propia iniciativa de susautoridades (y no de los familia-res o asociaciones privadas)una «investigación oficial efectivae independiente» en todos los

casos de desaparición forzadade los que se tenga noticia. Estaobligación se desprende de losartículos 2 y 13 del ConvenioEuropeo para la Protección de

los Derechos Humanos, y ha si-do reafirmada por jurispruden-cia constante del Tribunal Euro-peo de los Derechos Humanosy recientemente reiterada en

los casos de las fosas comunesen Chechenia. Consideramoseste deber especialmente re-forzado en los supuestos quepresentan, como en España, uncarácter masivo y donde se haproducido la participación delos agentes del Estado instaura-do con la Guerra Civil.

Queremos llamar la atenciónsobre el hecho de que la «ley dela memoria» aprobada por el Es-tado Español no menciona el ca-so de los niños perdidos del fran-quismo, a pesar de que se tratadel mayor caso de desapariciónforzada específicamente infantilperpetrado en la Europa con-temporánea. Siguiendo la expe-riencia comparada de otros paí-ses, procedería crear unacomisión gubernamental de bús-

queda de esos niños,que todavíamantienen razonables expectati-vas de vida, a fin de una rápidaidentificación que permita, si-quiera al final de sus vidas, lareunificación de estas familiasdesgarradas por la dictadura.

Esperamos, finalmente, queno se pierda la oportunidad dedeclarar en los correspondien-tes procesos penales y de unavez por todas, la naturaleza de-lictiva, en el contexto de lo quehoy conocemos como críme-nes contra la humanidad, de laspolíticas represivas desarrolla-das por las autoridades fran-quistas durante y después de laGuerra Civil.

Madrid,28 de marzo de 2009

MEDEL: INFORME DE ACTIVIDADES DEL ÚLTIMO SEMESTRE

Una acción permanente al servicio de la Justicia en Europa

La asociación de jueces y fisca-les europeos MEDEL (Magis-

trados Europeos por la Demo-cracia y las Libertades) en esteúltimo semestre ha desarrolladouna intensa actividad. Junto con laorganización del coloquio cele-brado en Madrid –el pasado mesde marzo– bajo el título «Memo-ria histórica. ¿Se puede juzgar lahistoria?» en colaboración conotras organizaciones y al queasistieron además de jueces y fis-cales españoles, magistrados pro-cedentes de trece países de todaEuropa, MEDEL ha tenido pre-sencia en los diferentes foros eu-ropeos.Así en el Foro de la Justi-cia auspiciado por la ComisiónEuropea haciendo valiosas apor-taciones en los debates sobre laformación de los magistrados eu-ropeos en Derecho Comunitarioy en e-justicia y las nuevas tecno-logías al servicio de los sistemasjudiciales europeos.Y en el senodel Consejo de Europa, partici-pando tanto en el Consejo Con-

sultivo de Jueces Europeos, en laelaboración del último dictamensobre la calidad de la justicia, co-mo en el Consejo Consultivo deFiscales Europeos, especialmenteen las dificultades derivadas de lapuesta en práctica de la Reco-mendación Rec (2000) 19 sobreel papel del fiscal en el sistema dejusticia penal, así como en la Co-misión Europea para la Eficacia dela Justicia en la elaboración de es-tadísticas sobre los diferentes sis-temas judiciales y en el panel ór-ganos judiciales unipersonales ycolegiados.

A destacar, igualmente, ME-DEL las manifestaciones de soli-daridad con diferentes asociacio-nes de magistrados cuyos paísesatraviesan situaciones difíciles entérminos de independencia judi-cial y de libertad de asociación yde expresión (Serbia, Turquía y Moldavia). Incluso se nos ha pe-dido asesoramiento en temas dejusticia y asociacionismo judicialmás allá de las fronteras euro-

peas, a través de la Red Euro-Me-diterránea de Derechos Huma-nos, en los países árabes.

En la defensa de la indepen-dencia de la justicia se enmarcael proyecto de auditoría de lossistemas judiciales nacionalesque MEDEL iniciará este año2009 en Portugal a fin de verifi-car sobre el terreno el cumpli-miento de las resoluciones delConsejo de Europa y de laUnión Europea en esta materia.Previamente se ha elaborado uncuestionario distribuido entrelas asociaciones miembros so-bre temas de carrera judicial,proceso penal así como lasreformas recientes en materiade justicia cuyo contenido estádisponible en la página web(www.medelnet.org).

En su compromiso con la so-ciedad civil, MEDEL se ha adheri-do a la Coalición a favor de laCorte Penal Internacional y a laCoalición mundial contra la penade muerte y ha suscrito un con-

venio con el Centro Europeo deFundaciones con el fin de promo-ver la difusión e implementaciónde la Convención de las NacionesUnidas sobre los Derechos Hu-manos de las Personas con Disca-pacidad principalmente a nivel dela UE, en su reunión del Consejode Administración en noviembrede 2008 en París.

Finalmente, el Consejo deAdministración de Madrid (mar-zo, 2009) ha acordado participaren el proyecto «Congreso Judi-cial Europeo (Justicia eficaz ypróxima en el ámbito civil y co-mercial)» del Departamento deJusticia de la Generalitat de Ca-taluña, a fin de contribuir al de-bate sobre la función de la Ad-ministración de justicia comoservicio público en los siguien-tes ámbitos: derecho a la tutelajudicial efectiva, organización ju-dicial, e-justicia y pequeñas re-clamaciones.

Ignacio González Vega

Memoria histórica

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Entrevista

Francisco Caamaño Domínguez, nacido en Cee (A Coruña) en 1963, es Catedrático de Derecho

Constitucional de la Universidad de Valencia. Ha trabajado como profesor titular

de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela, letrado del Tribunal

Constitucional y Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Le entrevistamos con motivo de su reciente designación como Ministro de Justicia.

PREGUNTA. ¿Cuáles sonlos retos más importan-tes a los que se enfrentael Ministerio de Justiciadurante los próximosaños?RESPUESTA. Trabajar por-

que el servicio público de Justi-cia esté a la altura de la deman-da de la ciudadanía. Hace faltauna Justicia ágil, cercana y efi-caz.Y para eso hay que implan-tar la nueva Oficina Judicial, in-corporar a la Administraciónde Justicia las tecnologías pro-pias de la sociedad del conoci-miento y adecuar la planta ydemarcación para que el mapajudicial se parezca al mapa de laEspaña real.

P. Su llegada al Ministeriofue bien recibida por lasasociaciones judicialespor entender que con us-ted será más fácil dialo-gar que con su antecesor.¿Cuáles son las bases pa-ra que ese diálogo fructi-fique?R. Lealtad, trabajo y colabo-

ración para buscar juntos lasmejores soluciones a cuantos

asuntos sean merecedores deuna atención razonable y siem-pre pensando en una Justicia demás calidad en beneficio de losciudadanos.

P. ¿Qué balance hace desus primeros meses co-mo Ministro de Justicia?R. Está siendo un periodo de

trabajo muy intenso y tambiéndiscreto. Trabajo con todos loscolectivos, jueces, fiscales, secre-tarios, abogados, procuradores,

funcionarios..., con el ConsejoGeneral del Poder Judicial y conlas fuerzas políticas con presen-cia parlamentaria, para convali-dar ese gran Acuerdo Social,que anuncié en mi comparecen-cia ante la Comisión de Justiciadel Congreso de los Diputados,que sirva de fundamento y mo-

tor de las reformas que han deacometerse.

P.- ¿No cree que el acuer-do alcanzado con el PPpara modificar la LOPJ ylimitar el alcance delprincipio de la jurisdic-ción universal, sin un pre-vio debate serio y profun-do sobre la virtualidaddel mismo en la persecu-ción de graves crímenescontra la humanidad,

constituye un retrocesoen la defensa de los dere-chos humanos? ¿Y el pro-yecto de Ley de Asilo?R. No lo creo así. En primer

lugar porque la cuestión con-cerniente a la jurisdicciónuniversal ha sido algo muy de-batido en otros Estado demo-

cráticos y también en nuestropaís, y de hecho han existido di-versas propuestas de modifica-ción de la Ley Orgánica del Po-der Judicial. Pero, además, lareforma no restringe, como seha dicho, el principio de juris-dicción universal sino quepretende convertir este instru-mento fundamental de protec-ción de la dignidad del ser hu-mano en una herramienta máseficaz. Por eso la reforma incor-pora criterios jurisdiccionalesque, como la regla de supleto-

riedad, ya habían sido utilizadospor otros tribunales de Justicia.Hay ciudadanos que no com-prenden que un juez español seocupe de asuntos que ocurrenen otros países y que no afec-tan a españoles, mientras queaquí, en nuestro país, existenmuchísimos asuntos pendientes

Francisco CaamañoMinistro de Justicia

«La investigación del delito no puede estar en manos de un juez que al mismo tiempo

tiene que garantizar los derechos fundamentalesde las personas investigadas»

«La reforma de la LOPJ no restringe,como se ha dicho, el principio

de jurisdicción universal»

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Entrevistade resolución.Aquilatar la juris-dicción universal para que seejerza de modo prudente estambién una forma de consoli-dar la institución.

P. ¿Considera que el Po-der Judicial debería des-centralizarse?R. Si por descentralizarse se

refiere a que la Administraciónde Justicia se aproxime a la rea-lidad del Estado de la Autono-mías, no tengo ninguna duda alrespecto.

P. Se están anunciandodiversas reformas en laAdministración de Justi-cia. ¿No cree que lo quese hace es parchear unsistema ya caduco y quelo que habría que plan-tear es un cambio de mo-delo?R. La obligación de todo ges-

tor público es trabajar en el

corto y largo plazo. Hay refor-mas imprescindibles que hayque llevar a cabo de manera in-mediata para solucionar las ne-cesidades más urgentes de laJusticia. Pero creo que esa ac-ción más inmediata debe enca-jarse en un programa de máslargo recorrido que, paso a pa-so, transforme nuestro sistemaactual.

P. Dado que según la ac-tual Ley de retribucioneséstas deben negociarsecada cinco años y ya hatranscurrido el plazo¿cuándo cumplirá el Mi-nisterio con esa obliga-ción legal?R. Esa obligación ya se ha

cumplido. Hemos acordado conlos diversos agentes sociales

poner en marcha una específicamesa de trabajo para estudiar elmodelo retributivo de los jue-ces.

P. ¿Cree que los juecespueden legalmente po-nerse en huelga?R. No existe ley reguladora

del derecho de huelga de losjueces. Por tanto, difícilmentepodrían ejercer legalmenteuna huelga. Cabría pensar queeste derecho reconocidoconstitucionalmente puedeejercerse sin que exista unaley, pero dados los términosde nuestra Constitución esuna opción dudosamente de-fendible.

P. ¿Considera que la ins-trucción en manos de unMinisterio Fiscal fuerte-mente jerarquizado ga-

rantiza mejor la impar-cialidad de la investiga-ción penal?R. La investigación y averigua-

ción del delito no puede estaren manos de un juez que al mis-mo tiempo tiene que garantizarlos derechos fundamentales delas personas que son investiga-das. Los riesgos de una instruc-ción general, de investigacionesllevadas a espaldas de los ciuda-danos y de enormes periodosde instrucción –«penas de ban-quillo»– aconsejan diferenciarcon mayor nitidez y claridad lasfunciones juzgadoras de las rela-tivas al mantenimiento del prin-cipio acusatorio. Son tareas dis-tintas que deben hacer sujetosdistintos.

P. ¿Qué balance hace delos juicios rápidos? ¿Creeque de verdad han con-tribuido a agilizar la Jus-ticia o, por el contrario,han servido para dismi-nuir las garantías de losjusticiables, sobre todode los más desfavoreci-dos socialmente?R. Nuestra sociedad exige

una Justicia ágil y próxima a lacomisión de los hechos y sinduda los juicios rápidos han sa-tisfecho esta demanda ciudada-na, buscando un equilibrio en-tre las garantías de losjusticiables pero también losderechos que asisten a las vícti-mas. Pero como todo procedi-miento, éste también habrá deser mejorado a la luz de la ex-periencia.

P. A raíz de las intromi-siones del poder ejecuti-vo en el poder judicial¿qué línea roja cree queno deben traspasar lospolíticos en sus críticasa las decisiones judicia-les?R. La crítica política a las re-

soluciones judiciales es perfec-tamente lícita en un Estado de-mocrático, pero la crítica a unaresolución judicial nunca puedecuestionar la legitimidad del po-der judicial y poner en peligrouno de los pilares básicos delestado de Derecho.

«Hemos acordado poner en marcha una específica mesa de trabajo

para estudiar el modelo retributivo»

C. Jiménez Villarejo, Poder económico. ¿Poder judicial?J. de Lucas, Ante los proyectos de reforma de asilo y ex-tranjería. J. E. PecesMorate, Urbanismo de carta blanca.C. Pico Lorenzo, Las di�cultades de aplicación de la nor-mativa sobre igualdad de hombres y mujeres. L. PrietoSanchís, La teoría del derecho de ‘Principia iuris’. R. SáezValcárcel, Anular las sentencias de la represión franquis-ta. F. Eguaras Mendiri, El estatuto del trabajador autóno-mo. M. Fernández López, La valoración judicial de laspruebas declarativas.M.ColmeneroMenéndez de Luar-ca, La confesión del acusado comoúnica pruebade cargo.I. González Vega, Propuesta de reforma de la formacióncontinuada. V. Fanchiotti, El juicio a Sadan Hussein.

64 marzo/2009

INFORMACIÓN Y DEBATE

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Opinión

A orillas del río MoldavaJulio Picatoste, Magistrado

La ocasión de un viaje a Pra-ga, el encuentro con la ciu-

dad donde Franz Kafka vivió ylos lugares por él frecuenta-dos, son un buen pretexto pa-ra la relectura de algunas desus obras, entre ellas –y tal vezpor deformación profesional–El proceso. Se hace así cierto eljuicio de Camus cuando escri-bió que el arte de Kafka con-siste en obligar al lector a re-leerle.A ello induce el carácterenigmático y pluridiscursivo desus escritos. Desde un puntode vista exegético, la obra deKafka es como un sorprenden-te caleidoscopio; cada giro, ca-da relectura, despliega unaimagen distinta a la anterior ynos sugiere una perspectiva di-ferente, de ahí las interpreta-ciones diversas que su obrasuscita.

Conmueve pensar que, yafuese impelido por un senti-miento extremadamente auto-crítico o bien porque, cuidado-so de su intimidad, no quisieralegar las claves de su desgarra-miento interno, Kafka habíaencomendado a su amigo MaxBrod la quema de todo cuantoescrito conservase entre suspertenencias. Por fortuna,consciente del extraordinariovalor del material, no quiso elamigo albacea ejercer de Erós-trato y desatendió el ruego deKafka; gracias a esa lúcida de-sobediencia salvó, entre otrosescritos, dos obras de capitalimportancia en la literatura delsiglo XX, El proceso y El castillo.De hecho, lo más significativode su obra –a excepción de Lametamorfosis– se publicó des-pués de su muerte, comopóstumo es su universal reco-nocimiento.Variadas y contro-vertidas son las interpretacio-nes en torno a El proceso,desde las que ven en esta no-vela (Canetti es su promotor)una proyección de su tortuosa

relación y fracasados compro-misos matrimoniales con Feli-ce Bauer, hasta las que consi-deran que se trata de unaanticipada visión del desaso-siego existencial del hombremoderno sofocado por unmundo absurdo.

Kafka se había doctoradoen Derecho y durante un año

trabajó en el despacho de unabogado; después lo hizo en laMutualidad de Seguros y Acci-dentes Laborales. No obstantesu formación académica y suvinculación profesional, no tu-vo predilección alguna por elDerecho. Recordaba sus díasde estudiante –«con el repug-nante Derecho romano entrelos dientes»– en los que su«espíritu se alimentaba literal-mente del serrín que, por aña-didura, habían masticado milbocas antes que yo». En octu-bre de 1921 escribe en su dia-rio: «Sólo lo insensato tuvo ac-ceso en mí: el Derecho, la

oficina, otras actividades pos-teriores...». Pese a esta confe-sada aversión, hay en su obraliteraria una presencia no po-co significativa de lo jurídico;algunos títulos son ya elocuen-tes: la parábola Ante la ley, Elproceso, En la colonia penitencia-ria. De otra parte, son temasrecurrentes en la producciónliteraria de Kafka la ley, su ca-rácter inasible y esquivo, la re-lación del hombre con un po-der sin rostro, lejano y difuso,que persigue fines propios almargen del ciudadano o ladespersonalización del indivi-duo ante esa secreción labe-ríntica del Estado modernoque es la burocracia.

Todo proceso, singular-mente el proceso penal, tieneun inevitable componentedramático; por un lado –ya seha dicho en alguna ocasión–se da en él un avance de pro-gresiva intensidad dramática,con planteamiento, nudo y de-senlace. Por otro, y al margende esta similitud externa, laconnotación dramática másimportante viene dada por laperipecia humana que consti-tuye la urdimbre de lo que enél se dirime y por la peculiarexperiencia que el procesomismo supone para quienes loviven. El proceso es un turba-dor encuentro con un poderdel Estado que sumerge al in-dividuo en una atmósfera depasajes desconocidos, incerti-dumbres y desasosiegos, porlos que no puede transitar sinayuda.

No es casual, por ello, quepara representar el estado deangustia y desvalimiento delhombre, Kafka se haya servido,como clarividente recurso lite-rario, de un proceso penal paracolocar al protagonista, JosefK., en el vórtice de esa atri-bulada experiencia. Utiliza loselementos dramáticos propios

de todo proceso, pero distor-sionados, a veces hasta lo gro-tesco, dotándole así de una es-pesura onírica con la queconstruye la gran metáforaprocesal del drama del hombrecontemporáneo, enigmáticaparábola de lecturas diversas.Josef K. bracea a través de unproceso absolutamente huér-fano de garantías, enfrentado aun sistema de normas inescru-table, arrastrando una culpaoriginal, acusado de un delitoque ignora y del que tiene quedefenderse –sin saber cómo–frente a un extraño y descono-cido tribunal que se sienteatraído por la culpa. Josef K.parece ya condenado de ante-mano por un poder extraño ypor una razón que ni conoce niacierta a entender; nadie lepuede ayudar; y así, en esa des-venturada ignorancia, cercadoen el laberinto que una fuerza,una voluntad dominadora y ex-travagante le ha tendido, avan-za en la opacidad de su proce-so, de su vida, hasta la muerte amanos de unos esperpénticosverdugos; real y absurdo… co-mo la vida misma. «La realidadauténtica –dijo Kafka– es siem-pre irreal».

A orillas de un Moldava quediscurre lento y brumoso, gri-sáceo, con la parsimonia dequien, perdurable, vive indife-rente al tiempo, se siente lacercanía de Kafka paseando susensoñaciones por las calles dePraga; y como un eco de suspasos resuenan en la memorialas palabras de su traductora yconfidente epistolar, MilenaJesenská: «Su conocimiento delmundo era extraordinario yprofundo. Él mismo era unmundo extraordinario y pro-fundo (…) un artista y un hom-bre de una conciencia tan sen-sible que le permitía oír dondeotros, sordos, imaginaban estaren seguridad».

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Jueces para la Democraciaquiere insistir en la necesi-

dad de suprimir definitivamen-te el traslado forzoso porascenso a la categoría de ma-gistrado, cuestión que lamen-tablemente no se pudo resol-ver de forma definitiva en lareunión del pasado 24 de mar-zo con el Ministerio de Justi-cia, pese a haber propuesto lasasociaciones distintas posibili-dades para articular la reforma

cuya necesidad reconoce elpropio Ministerio desde la óp-tica de la estabilidad en el ser-vicio público y conciliación dela vida profesional y familiar.

El Ministerio nos emplaza apresentar en la reunión de 16de abril una propuesta con-sensuada que salve los proble-mas de falta de cobertura deplazas de magistrado que po-dría derivarse de la falta demovilidad de los jueces. Si bien

la actitud del Ministerio ha si-do positiva, entendemos queya cuenta con propuestas, es-tudios, informes y valoracio-nes más que suficientes paradar un paso adelante y mos-trar un compromiso real to-mando la iniciativa política quele corresponde.

En todo caso, se harán to-dos los esfuerzos necesariospara presentar una propuestaconjunta por las asociaciones

el 16 de abril que de una vezpor todas acabe con la expec-tación creada, solicitando delMinisterio que también secomprometa en la búsquedade soluciones y alternativaspara paliar los desajustes quede todo cambio se derivan.

El Secretariado,30 de marzo de 2009.

Ascenso forzoso

Supresión del ascenso forzoso

Ante las declaraciones reali-zadas el pasado viernes

20 de febrero, por D. Fernandode Rosa Torner, Vicepresidentedel Consejo General del PoderJudicial, relativas a la actuaciónjurisdiccional del Magistradode la Audiencia Nacional D. Baltasar Garzón, JpD quiereponer de manifiesto los si-guientes extremos:

1º.-Lamentamos que trastantos años de vigencia de laConstitución Española, repre-sentantes de Poderes del Es-tado actúen con olvido de susobligaciones. En el diseñoconstitucional de distribuciónde poderes, al Consejo Gene-ral del Poder Judicial le co-rresponde garantizar la inde-pendencia del Poder Judicial.Consecuencia directa y evi-dente de ello es que el Vice-presidente del órgano de go-bierno de los Jueces no puedecuestionar públicamente unasconcretas actuaciones juris-diccionales mediante insinua-ciones que parecen destinadas

a incidir en el curso de lasmismas.

2º.-La injerencia en la inde-pendencia del Poder Judicial,denunciada en tantas ocasio-nes por el Consejo, llega aho-

ra de su propio Vicepresiden-te. Que lo haga, además, quienhasta hace unos meses fueConseller de Justicia en el Go-bierno Autónomo cuyo Presi-dente aparece, según noticias

de prensa, mencionado en lainvestigación penal, revela quela injerencia es doblementegrave: por lo que tiene de in-cumplimiento de su obligacióninstitucional de defensa de laindependencia judicial y por loque tiene de claro posiciona-miento partidista del Sr. DeRosa.

3º.-Rechazamos enérgica-mente la agresión a la inde-pendencia del poder judicial,como principio fundamentaldel Estado democrático deDerecho, cometida por el Vi-cepresidente del Consejo yreclamamos una retracta-ción pública del mismo. Encaso contrario, don Fernan-do de Rosa quedaría ética einstitucionalmente inhabili-tado para ejercer dicho car-go, con lo que debería pre-sentar inmediatamente sudimisión.

Secretariado Jpd,22 de febrero de 2009

JpD ante las manifestaciones del Vicepresidente del CGPJ

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En la prensa

Hace algunos meses fui invita-do a intervenir en el semina-

rio internacional sobre ‘La NuevaDiplomacia de los Derechos Hu-manos’, copatrocinado por el Mi-nisterio de Asuntos Exteriores yCooperación. Coincidí con el exdiplomático italiano, ahora escri-tor, Enrico Calamai, quien, resu-miendo su experiencia diplomá-tica a la vez que de defensorcomprometido de los DerechosHumanos, me dijo en un tonograve y a modo de reflexión finalde toda una vida profesional:«Di-plomacia y derechos humanosson términos antagónicos en suesencia», con lo que me daba aentender que eran los segundoslos que siempre perdían.

Me causaron gran impacto lasclaudicantes conclusiones de esteantiguo cónsul italiano en BuenosAires, quien durante la dictaduraargentina consiguió proporcionarsalvoconductos a cientos de per-seguidos evitando su desaparicióny muerte segura. En el seminariose analizó cuál había sido el resul-tado del compromiso asumidopor los Estados en la ConferenciaMundial de Derechos Humanosde 1993 en Viena,en la promocióny salvaguarda de los mismos.Como por aquellos días de la le-gislatura anterior se elaboraba elprimer borrador del Plan de De-rechos Humanos, finalmenteaprobado por el Gobierno en di-ciembre pasado, uno de los asun-tos centrales fue el de la jurisdic-ción universal como instrumentopara actuar contra la impunidadpor crímenes internacionales. Seconstató, una vez más, la impor-tancia trascendental de este me-canismo de justicia penal interna-cional, complementario de lostribunales ‘ad hoc’ y del TribunalPenal Internacional, y hoy por hoyimprescindible.

El resultado de aquel semina-rio parecía esperanzador. Mesesdespués, el Gobierno aprobaba

su Plan de Derechos Humanos yse recogía expresamente dentrode los objetivos de la acción ex-terior española ‘la lucha contrala impunidad y el apoyo activo ala Corte Penal Internacional, alos tribunales y otros mecanis-mos contra la impunidad de crí-menes internacionales’. ¿Qué hapasado desde entonces? Acon-tecimientos recientes han pues-

to de manifiesto la fragilidad delas buenas intenciones del Ejecu-tivo en materia de DerechosHumanos, que ha sucumbido an-te la mínima presión diplomáticapor parte de alguno de los Esta-dos que, parece ser, realmenteimportan. Comprendo ahoraque mi amigo Enrico Calamaisólo hacía un realista augurioque ponía contrapunto a misoptimistas comentarios sobre elvalor y significado que había te-nido en nuestro país la jurisdic-ción universal, que nos habíasituado a la cabeza en el com-promiso de actuar contra la im-punidad en crímenes internacio-nales y en la defensa de losDerechos Humanos.

Sigo, no obstante, convencidode que diplomacia y derechoshumanos no tienen porqué serincompatibles; sólo se requieretener las ideas medianamenteclaras y firmes. La auténticapuesta en valor de la jurisdicciónuniversal más allá del mero con-cepto jurídico, a través de los ca-sos Pinochet, Scilingo,Guatemalay ya un largo etcétera, es un pa-trimonio de España. Supone, sin

duda, nuestra más importanteaportación al Derecho Interna-cional y a los derechos humanosen el siglo XX y, aunque muchospaíses no se atrevan por el mo-mento a asumirla, nos miran dereojo como referente. Es, y de-bería seguir siéndolo, uno denuestros valores ya históricos y,por ello, irrenunciable.

No perdamos de vista lascosas verdaderamente impor-tantes que pasan a nuestro al-rededor. Lo que quizá esté ca-racterizando en mayor medidala época Obama es la recupera-ción de los valores tradiciona-les de la democracia estadouni-dense, a los que Bush parecíahaber renunciado. Lo mismoocurre con el valor añadido dela europeidad. Hagamos lo pro-pio con los nuestros.

Con el acuerdo del PSOE y elPP para limitar la respuesta delos tribunales españoles se está apunto de cometer un error his-tórico. El de sucumbir, por preci-pitación y falta de ideas, con unplanteamiento mediocre y demiras cortas en política exterior,a la desactivación de la jurisdic-ción universal en crímenes con-tra la Humanidad. Nos estamosdejando llevar por los mitos ne-gativos, olvidándonos lo que depositivo ha tenido y tiene, paranosotros y para la comunidad in-ternacional, la jurisdicción uni-versal tal y como ha sido aplica-da por nuestros tribunales.

Se requieren en política exte-rior planteamientos que vayanmucho más lejos. La efectividadde la jurisdicción universal es unode esos valores que España tienederecho a reivindicar como pro-pio y exportar al mundo conorgullo. Una visión amplia y delargo alcance nos impediríadesandar caminos en los que he-mos sido pioneros, claudicandoante aparentes problemas pura-mente coyunturales.La estrategia

correcta sería la de tratar de uni-versalizar el valor de la jurisdic-ción universal, convirtiéndonosen su adalid y promotor interna-cional más comprometido, inten-tando generalizar entre todos lospaíses su aceptación y respeto.

Continuar con nuestro com-promiso serio y cierto contra laimpunidad en crímenes interna-cionales no es una cuestión deideologías. Se ha mantenido du-rante varias legislaturas de dis-tinto signo y es, sin duda alguna,una seña de identidad, nuestromejor valor añadido y una denuestras potencialidades hacia elresto del mundo. La única políti-ca acertada en estos momentos,por encima de las divergenciasde los partidos, sería la de man-tener incólume la capacidad yeficacia de nuestra jurisdicciónuniversal, sobreponiéndose a lospuntuales, pero no más que ruti-narios, problemas diplomáticos,que deben quedar reducidos aese estricto ámbito. Y que deninguna manera pueden empa-ñar la visión de conjunto.

La universalización de la juris-dicción universal nos colocaría atodos los Estados en una posi-ción de igualdad y de correspon-sabilidad con los objetivos y losresultados, con lo que desapare-cerían los efectos colaterales ne-gativos que se le reprochan.Tam-bién sería la mejor forma depromover el Tribunal Penal Inter-nacional, ya que un sistema efec-tivo contra la impunidad sería, sinduda, el mejor argumento paraconvencer a los Estados renuen-tes a que ratifiquen el Estatuto deRoma. Nos jugamos mucho. Laprecipitación y superficialidadcon las que se está tratando esteasunto son razones suficientespara estar verdaderamente preo-cupados por su futuro.

EL DIARIO VASCO 27 de mayo 2009

Limitar la jurisdicción universal: un error histórico

José Ricardo de Prada, Magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional

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Debate

Nuevos tiempos, nuevos métodosCristina Martínez Medrano, Juez del Juzgado Mixto

n.º 2 de Quart de Poblet (Valencia)

Independientemente del análi-sis que quiera hacerse de la ac-

titud «antiasociacionista» que seha agudizado, desde hace untiempo, dentro de la carrera ju-dicial, lo cierto es que uno de loselementos fundamentales de es-ta pérdida de legitimidad de lasasociaciones judiciales en el se-no de los miembros de la carre-ra judicial más implicados en elllamado pomposamente «Movi-miento del Ocho de Octubre»pasa, a mi entender, por el des-conocimiento generalizado tan-to de lo que son y deben ser lasasociaciones judiciales, como delpapel que desempeñan dichasasociaciones como únicos inter-locutores constitucional y orgá-nicamente válidos para negociarcon las instituciones de las quedepende el llevar a cabo las re-formas reclamadas, léase CGPJ,Ministerio de Justicia o Comuni-dades Autónomas.

Desde este punto de vista,considero que se ha jugado conla desinformación de gran partede la carrera judicial (y pordescontado,de la ciudadanía) pa-ra manejar al antojo de determi-nados intereses a las «masas»judiciales, sacando réditos deldescontento y desilusión gene-ralizados de los jueces, signi-ficativamente de los reciénincorporados a sus primerosdestinos, que han abocado en laestimulación de la convocatoriade Juntas Provinciales de Juecesque, al menos en el ámbito queconozco, están siendo utilizadasa modo de refrendo de decisio-nes previamente adoptadas enotros despachos o foros, y enpetit comité, sustraídas efectiva-mente del necesario debate, de-fendidas por «cabecillas popula-res» (por cuanto gozan delbeneplácito de la masa) que con-siguen con su carisma sacar ade-lante esas decisiones previas dis-frazadas de decisión adoptadademocráticamente.

Por mi forma de entendereste oficio me es difícil imagi-nar el formar parte de la carre-ra judicial sin ser miembro de

alguna asociación profesional,en mi caso concretamente deJpD, y ello tiene mucho que vercon los motivos que me lleva-ron a decidirme a ser Juez: yadurante mi paso por la Univer-sidad, el papel de referente enel modo de entender la Justiciacon mayúsculas lo desempeñópara mí Jueces para la Demo-cracia, pues no había noticia deinterés (de mi interés, se en-tiende), que no fuera seguidapor la coletilla añadida por ellocutor o el periodista de que«el portavoz de la asociaciónjudicial Jueces para la Demo-cracia ha manifestado al res-pecto que…», seguido de unatoma de postura sobre el temaque, en general, yo compartía.JpD se convirtió para mí en elparadigma de esa Justicia conmayúsculas, pues su existenciaimplicaba que el ejercicio deuno de los poderes del Estadoque se encargaba, precisamen-te, de resolver los conflictos in-terpersonales y aplicar las leyesa pie de campo, podía ser guia-do por una asociación progre-sista, y que ello podía afectar almodo no sólo de entender elDerecho sino, fundamental-mente, de aplicarlo, y de ayudara conformar la opinión públicacon conocimiento de causa.

Si los jueces son, en definiti-va, el último eslabón de la cade-na, en cuanto que ponderan elcaso concreto para aplicarle lasleyes existentes del modo másjusto, y esa función puede serentendida en términos progre-sistas y de izquierdas, entonces,me dije, no tengo más remedioque ingresar en la carrera judi-cial, y por supuesto, asociarme aJpD.Y ello, en cierto modo, a mipesar, pues nunca tuve interésen estudiar una oposición tandura como ésta. Simplementedecidí que era mi deber contri-buir a la sociedad del modo másútil que se me ocurre.Desde es-te punto de vista, considero fun-damental la participación de JpDen los medios de comunicación,en foros de debate, y allí donde

sea posible hacer llegar nuestromensaje, pues del mismo modoque caló en mí, puede y debe ca-lar en la sociedad así como enlos actuales o futuros compañe-ros de carrera.

De un tiempo a esta parteecho de menos la presencia deJpD en los medios de comunica-ción como hace unos años, y estiempo de plantearnos la redefi-nición de nuestra relación conesos medios y con la propia ca-rrera judicial, incluso externali-zando esa función con personalexperto en comunicación quenos asesore, por cuanto no to-das las personas tenemos lamisma facilidad para exponerposturas comunes, de utilizar lasnuevas tecnologías,o de llamar alas puertas adecuadas para quenuestras ideas tengan el sufi-ciente eco mediático que indis-cutiblemente es necesario a es-tas alturas del siglo XXI.Depender de que los miembros

del Secretariado de JpD tengano no carisma, o que se defien-dan mejor o peor con la infor-mática, o del tiempo del quedispongan para dedicar a la aso-ciación, o en definitiva de su ha-bilidad o contactos para mane-jar adecuadamente los resortespara atraer el foco de los me-dios de comunicación, no meparece la mejor forma de con-seguir la atención de éstos o delos compañeros de carrera.

El Consejo General dePoder Judicial ya ha considera-do esta necesidad e incluso hacreado una comisión (¡otra!)llamada «Comisión de Comu-nicación», cuyo objetivo priori-tario es el «fomento de la ima-gen positiva de los jueces ymagistrados ante la sociedad»,según palabras textuales delpropio CGPJ. Depende denosotros dotar de contenidode calado a esa «imagen positi-va» que se pretende fomentar.

Sindical

PRIMERO.- Hoy se ha cele-brado la 5ª reunión en el

Ministerio y las asociaciones ju-diciales siguiendo el calendariofijado el 18 de marzo tras la to-ma de posesión del nuevo equi-po ministerial.

Desde el Secretariado de JpDqueremos trasladaros con abso-luta transparencia del estado delas negociaciones respecto de latabla reivindicaciones que la CIPconsensuó el 12 de enero.

SEGUNDO.- Los acuer-dos alcanzados hasta el mo-mento son los recogidos en eldocumento que os remitimosel pasado día 8 de este mes yque versan sobre las siguientesmaterias:

• Regulación de los señala-mientos.

• Creación de las figuras delos jueces de adscripciónterritorial.

• Conciliación de la vida la-boral y familiar:

1.- Supresión del trasladoforzoso con motivo del ascen-so a la categoria de magistrado.

2.- Posibilidad de participaren concursos de traslados y ac-tividades de formación por par-te de l@s magistrad@s ensituación administrativa de ex-cedencia voluntaria por cuida-do de hijo o de familiar a sucargo.

• Equiparación con la fun-ción pública en materiade vacaciones.

• Modificación del sistemade concurso para la pro-visión de plazas en Au-diencias Provinciales.

• Agilización de trámites yeliminación de artículossuperfluos.

• Constitución de Grupode Trabajo en materia deretribuciones.

TERCERO.- En JpD valo-ramos de forma positiva losacuerdos alcanzados en estaprimera etapa de negociacionesy creemos que ha llegado elmomento de consolidar losmismos y que se transformenen las normas correspondien-tes.

Somos conscientes de que lanegociación debe continuar,pues hay muchos puntos queno se han abordado, e inclusono renunciamos a que algunode los acuerdos alcanzadospuedan ser mejorados. Ya estáfijado el nuevo calendario paraabordar la siguiente fase de ne-gociaciones.

A lo largo de estos tres me-ses hemos comprobado que elMinisterio tiene voluntad políti-ca de negociar nuestras reivin-dicaciones, sobre todo hemosconstatado que los grupos par-lamentarios son sensibles a las

demandas formuladas hastaahora y estamos convencidosde que harán todo lo posiblepara incorporarlas a la tramita-ción parlamentaria.

CUARTO.- Queremostransmitiros que la vía de nego-ciación que hemos propugnadoha funcionado y que a la vezque nos ha permitido acuerdosrazonables hemos demostradoque resulta posible alcanzar ob-jetivos desde un ejercicio deresponsabilidad.

QUINTO.- Los avances enla negociación son patrimoniode todas las asociaciones de-mostrando que la unidad de ac-ción es un valor irrenunciable.

Secretariado de Jueces parala Democracia

Madrid, 21 de mayo de 2009

Negociación

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El B.O. del Congreso de losDiputados ha publicado con

fecha 19/12/2008, el Proyectode Ley Reguladora del Derechode Asilo y la Protección Subsi-diaria, que reforma la Ley 5/84reguladora del derecho de asiloy de la condición de refugiado,parcialmente modificada por laLey 9/94. Como argumento ini-cial justificativo de esta reforma,está la necesaria transposiciónal ordenamiento español de laDirectiva 2004/83/CE del Con-sejo, por la que se establecennormas mínimas sobre los re-quisitos para el reconocimientoy el estatuto de nacionales deterceros países o apátridas co-mo refugiados o personas quenecesitan otro tipo de protec-ción internacional; la Directiva2005/85/CE del Consejo, sobrenormas mínimas para los proce-dimientos que deben aplicar losEstados miembros para conce-der o retirar la condición derefugiado; y el Capitulo V de laDirectiva 2003/86/CE del Con-sejo, sobre el derecho de rea-grupación familiar.

Desde CEAR, valoramos demanera negativa esta obligaciónque se atiende con notableretraso, ya que la Directiva2004/83 debió trasponerse an-tes del 10/10/2006; la Directiva2005/85 antes del 01/12/2007, yla Directiva 2003/86, antes del03/10/2005. Además va a com-portar un retroceso en la legis-lación nacional de asilo, con re-cortes en garantías de losderechos de los refugiados, re-conocidos en la Ley cuya modi-ficación se pretende. Hemos ve-nido denunciando trabas paraque los solicitantes de asilopuedan ser reconocidos comorefugiados, especialmente paraun estudio individualizado yprofundo de sus peticiones. ElProyecto de Ley consolida di-chas trabas, porque debilita elderecho a la asistencia letrada,refuerza el concepto de país deorigen y tránsito seguro, exclu-

ye la posibilidad de solicitar asi-lo por parte de ciudadanos depaíses de la Unión Europea vul-nerando de forma directa laConvención de Ginebra de1951, y avanza en un entramadode procedimientos de inadmi-sión o abreviados, incrementan-do el margen de maniobra de laOficina de Asilo y Refugio delMinisterio del Interior, para en

definitiva descartar cualquierpetición de protección interna-cional sin una debida y suficien-te valoración.

El papel de ACNUR en fron-tera queda devaluado, ya que suinforme favorable a la admisiónno comporta la inmediata sus-pensión del retorno ante lainterposición de un RecursoContencioso-Administrativofrente a resolución desfavorablede la O.A.R. Como elemento deespecial preocupación desapa-rece la posibilidad de solicitarasilo desde nuestras Embajadaso Consulados, medida que yaera suficientemente gravosa porcuanto la interpretación que sehace del art. 1 de la Convenciónde Ginebra, excluye la posibili-dad de hacerlo ante nuestra le-gación diplomática en el país deorigen, obligando a una salida aun tercer país. Deploramos lanula transparencia con que seha gestado el Anteproyecto, sincontar con las Organizacionesmás acreditadas, sin haberse re-flexionado de forma serena ydebatido en profundidad, por loque nada justifica la urgencia deesta modificación.

Las principales propuestasde nuestra organización son lassiguientes:

— Que se mantenga el de-recho de los ciudadanos comu-nitarios a solicitar asilo.

— Que las cláusulas de ex-clusión, previstas en el art. 8.4se supriman, puesto que estesupuesto no está tampoco pre-visto en la Convención de Gi-nebra, que lo contempla comouna excepción al principioesencial de no devolución delart. 33.

— Que se mantenga la po-sibilidad de solicitar asilo porvía diplomática a través de unaEmbajada o Consulado español.

— Que se mantenga el pla-zo de 3 meses para solicitar asi-lo y no se reduzca a 1 mes des-de la entrada en territorioespañol.

— Que se suprima la fasede inadmisión a trámite en lassolicitudes de asilo en fronterao, en todo caso, que se supri-man los motivos que adelantanel estudio de fondo de la soli-citud.

— Que se defina un recur-so con efectos suspensivos, yaque en la regulación que se pre-tende, podrían aumentar losplazos de detención hasta 96horas, y en determinados su-puestos inclusive puede llegar a10 días.

— El derecho a la vida enfamilia es contrapuesto a la exi-gencia de pruebas científicas deADN, bajo la sospecha de queel parentesco no está debida-mente acreditado.

— La nueva Ley de Asilodebe incluir un título específicosobre la apatridia y ampliar laprotección a los llamados «apá-tridas de hecho», para permitirla solicitud tanto en misionesdiplomáticas españolas, comoen puesto fronterizo de entradaa España. Suprimir el plazo de 1mes desde la entrada en terri-torio español; otorgar autoriza-ción de residencia provisionaldel solicitante y derecho a laasistencia letrada, de intérprete,así como reducir el plazo a 5

años para solicitar la nacionali-dad española.

— Lamentamos tambiéndesde CEAR la no adecuadatransposición del nuevo motivode persecución por razones degénero, conforme a lo estableci-do en la Disposición Adicional29ª de la Ley de Igualdad.

— Es loable la enumera-ción de actos de persecuciónsin carácter excluyente pero,habría que añadir nuevas formasde persecución, como porejemplo: la trata de seres huma-nos, refugiados medioambienta-les, etc.

— La asistencia letrada eintérprete deben estar garanti-zadas no sólo al inicio del ex-pediente, sino durante la for-malización y tramitación de lasolicitud. Así como se exigenconstantemente obligaciones alos solicitantes de asilo, pedi-mos igualmente se sistemati-cen sus derechos como el deser documentados como soli-citantes de asilo, la asistenciajurídica e intérprete gratuitas,la comunicación al ACNUR dela solicitud, la suspensión decualquier proceso de devolu-ción, expulsión o extradicióndurante la sustanciación delprocedimiento, conocer elcontenido del expediente encualquier momento, atenciónsanitaria, recibir prestacionessociales, etc.

— Proponemos también lasupresión del listado de paísesseguros o países terceros segu-ros, en sintonía con la sentenciadel Tribunal de Justicia de lasComunidades Europeas, de06/05/2008, que anula los ar-tículos 29, apartados 1 y 2 y36.3. de la Directiva 2005/83.

— También debe acomo-darse la reforma a la Sentenciadel TJCE, de 17/02/2009 queredefine las normas mínimasrelativas a los requisitos parala concesión del estatuto derefugiado, interpretando el art.15 de la Directiva 2004/83 en

Asilo

Reforma de la Ley de AsiloJavier Galparsoro, Abogado. Presidente del Comité Español

de Ayuda al Refugiado en Euskadi

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el sentido que la existencia deamenazas graves e individualescontra la vida o integridad físi-ca del solicitante de protec-ción subsidiaria, no está supe-ditada a la aportación de unaprueba de que está afectadoespecíficamente por elemen-tos propios de su situaciónpersonal, sino que puede con-siderarse acreditada cuando elgrado de violencia indiscrimi-nada del conflicto armado esevidente.

— Lamentamos la ausenciade regulación específica en ma-teria de polizones; la introduc-ción de un procedimiento abre-viado del todo innecesario; lasupresión del reexamen.

— Planteamos asimismo lacoordinación entre las diferen-tes Administraciones Públicascon competencia en sanidad,educación, integración social einserción laboral.

— Proponemos incluir unamención expresa a la autoriza-ción de trabajo a los solicitantesde asilo, a los 6 meses de la pre-sentación de la solicitud, y nosimplemente deferirla al Regla-mento.

— Especialmente mantenerla participación de ACNUR enlas sesiones de la CIAR,así comoel efecto suspensivo de la devo-lución o retorno en frontera, encaso de discrepar con el criteriodel Ministerio del Interior.

— Deploramos la regula-ción de la materia referida amenores no acompañados porconsiderarla insuficiente.

En el otro lado de la balanza,consideramos positivo:

— La incorporación comoagentes de persecución al Esta-do, los partidos, o las organiza-ciones que controlen el estadoo bien una parte considerablede su territorio, así como losagentes no estatales cuando losanteriores no brinden una pro-tección efectiva.

— Los efectos de conce-sión del estatuto de refugiadoy de protección subsidiaria, co-mo protección contra la devo-lución, autorización de resi-

dencia y trabajo renovable,etc. si bien proponemos que sereconozca la residencia per-manente a los refugiados y ti-tulares de protección interna-cional.

— Aplaudimos la autoriza-ción de permanencia por razo-nes humanitarias, pero sin quesea necesario iniciar un nuevoprocedimiento administrativo.Defendemos también la regula-rización de estas personas enlos supuestos de arraigo social ylaboral.

— Y, por supuesto, definiti-vamente, valoramos de formamuy positiva el reasentamientode refugiados en el marco deprogramas de ACNUR.