México Proyecto: Bosques y Cambio Climático SIL Marco de ......I. Descripción del Proyecto II....

Proyecto: Bosques y Cambio Climático SIL Marco de Planificación para los Pueblos Indígenas, Versión 0

1

México

Proyecto: Bosques y Cambio Climático SIL

Marco de Planificación para los Pueblos Indígenas (MPPI)

Documento preparado entre el 14 y el 28 de octubre de 2011

Borrador preparado por Ileana Villalobos para la Comisión Nacional Forestal

IPP531 V. 1

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized


2

ÍNDICE Introducción Acrónimos y abreviaturas I. Descripción del Proyecto II. Objetivos del MPPI III. Población indígena y rezago socioeconómico IV. Marco jurídico y normativo V. Acceso a la tierra y organización social VI. Antecedentes del Proyecto VII. Posibles impactos del proyecto y recomendaciones VIII. Aplicación del Marco de Planificación para los Pueblos Indígenas IX. Mecanismos de difusión, seguimiento y de atención y resolución de quejas Anexo Bibliografía


3

Acrónimos y Abreviaturas ADL Agente de Desarrollo Local ATL Agente Técnico Local ADR Agencia de Desarrollo Rural BM Banco Mundial COLPOS Colegio de Posgraduados CDI Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CICC Comisión Intersecretarial de Cambio Climático CIDRS Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable CTCREDD+ Comité Técnico Consultivo REDD+ COINBIO Proyecto de Conservación de la Biodiversidad por Comunidades Indígenas CONABIO Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad CONAFOR Comisión Nacional Forestal CONANP Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas CONAPO Consejo Nacional de Población CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social CNA Comisión Nacional del Agua ES Evaluación Social FFM Fondo Forestal Mexicano INEGI Instituto Nacional de Estadística e Informática MPPI Marco de Planificación para los Pueblos Indígenas PIF Plan de Inversión Forestal PROCAMPO Programa de Apoyos Directos al Campo PROCYMAF Proyecto de Conservación y Manejo Sustentable de los Recursos Forestales

de México PROFEPA Procuraduría Federal de Protección al Ambiente PROGAN Programa de Estímulos a la Productividad Ganadera PPI Plan para los Pueblos Indígenas PA Procuraduría Agraria PSA Programa de Servicios Ambientales RAN Registro Agrario Nacional REDD+ Reducción de Emisiones por la Deforestación y Degradación Forestal SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y

Alimentación SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales SRA Secretaría de la Reforma Agraria


4

Introducción La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), perteneciente al sector medio ambiente y recursos naturales de México, ha logrado alcanzar a lo largo de sus más de diez años de creación, experiencia en cuanto al diseño de políticas, programas y de gestión forestal cuya base es la participación activa de los dueños de los bosques, selvas y zonas áridas del país. En particular, respecto a la participación de los pueblos indígenas, la CONAFOR supedita el diseño y gestión de sus políticas y programas que ofrecen servicios y apoyos, a las disposiciones que protegen sus derechos, y en particular los relativos al acceso, uso y disfrute de sus recursos forestales: respetando sus derechos de propiedad, de posesión de sus tierras y territorios, sus sistemas normativos y su derecho a participar en la formulación, aplicación y evaluación de los programas públicos y acciones que promueve la institución. Frente a los procesos de vulnerabilidad que representa el fenómeno del cambio climático a nivel mundial, la CONAFOR fortalece las medidas tendientes a mejorar sus políticas públicas y programas, en coordinación con otros sectores de la administración pública, organizaciones no gubernamentales, asociaciones de silvicultores y de productores rurales, así como con las comunidades del medio rural, indígenas y no indígenas, que inciden en el territorio nacional, para avanzar en la oferta de respuestas frente a la deforestación y la degradación de los bosques, y evitar emisiones de gases de efecto invernadero. En este contexto, México fue seleccionado dentro del grupo de ocho países que fueron invitados a participar como experiencia piloto en un Plan de Inversión Forestal (PIF), a lo cual se respondió favorablemente; desde septiembre y octubre de 2011, el gobierno mexicano propone dicho PIF poniéndolo a la consideración del público a través del Sitio Web de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)1. Asimismo, por conducto de la CONAFOR, le propone al Banco Mundial, y a las diversas instituciones participantes, el Proyecto “Bosques y Cambio Climático” que tiende a enfrentar la pérdida de los ecosistemas forestales y de su biodiversidad, al tiempo de enfrentar la vulnerabilidad social, la adaptación y contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de los dueños de los bosques. La CONAFOR realizó actividades de diseminación de la información sobre los avances del diseño e implementación de dicho Proyecto entre diversos sectores de la sociedad mexicana y incidencia, tanto en labores de manejo y conservación de los bosques, como entre los sectores relacionados con la asistencia técnica y capacitación, la promoción de la participación de las comunidades para el mejoramiento de sus organizaciones, y en general, entre los actores relevantes del sector forestal a través de sus organizaciones, talleres participativos de retroalimentación y de las instancias de participación social en la política forestal, como son el Consejo Nacional Forestal y los consejos regionales y estatales. Sin embargo, además de su experiencia alcanzada en los procesos de participación social impulsados a lo largo del desarrollo de la gestión forestal, en particular a través de la experiencia obtenida con el desarrollo de programas de silvicultura comunitaria como el PROCYMAF, o de

1 El mismo se encuentra disponible en el Sitio Web de la CONAFOR en la siguiente dirección electrónica: http://www.conafor.gob.mx/portal/index.php/cambio-climatico-y-bosques/2-instrumentos-de-apoyo-financiero-y-

tecnico/b-fip-programa-de-inversion-forestal.


5

pago por servicios ambientales como el PSA, entre otros, la CONAFOR tiene ahora con el Proyecto de Bosques y Cambio Climático, nuevas oportunidades de mejora para desarrollar el Proyecto con la amplia participación y apoyo de parte del conjunto de sus potenciales beneficiarios, entre los que se encuentran los pueblos indígenas propietarios de los bosques y selvas del país. Es un reto que no podrá alcanzar de forma aislada. La CONAFOR requiere del concurso de la sociedad y de sus instituciones que han sido dotadas de los instrumentos que a nivel nacional se requieren para promover la valoración y aprecio de las culturas indígenas del país, para eliminar su discriminación, así como para fortalecer su patrimonio natural a través de la incorporación de las comunidades indígenas en amplios procesos en los que participen de manera informada, y a través de los cuales también puedan acceder de manera equitativa a los beneficios que ofrece el Proyecto. En el presente documento se establece el Marco de Planificación para la Participación de los Pueblos Indígenas (MPPI) que se presenta en correspondencia a las salvaguardas sociales previstas en proyectos financiables por el Banco Mundial, en particular con su Política Operacional (OP 4.10) “Pueblos Indígenas”, relacionadas con la reducción de la pobreza y el logro de un desarrollo sustentable que asegure que el desarrollo del Proyecto se lleve a cabo con absoluto respeto de la dignidad, derechos humanos, economías y culturas de los Pueblos Indígenas. El proyecto no debe causar efectos adversos en las comunidades indígenas que habitan en las zonas de intervención sean o no beneficiarias directas de éste, y ser congruente con los principios que orientan la salvaguarda, los cuales se basan en asegurar:

a) Que los beneficios que provea el proyecto sean culturalmente apropiados. b) Evitar, prevenir, mitigar posibles impactos adversos. c) Reconocer los derechos consuetudinarios de los pueblos y comunidades indígenas y no

indígenas respecto a las tierras y territorios tradicionalmente ocupados y usados. d) Asegurar la distribución de los beneficios del proyecto de manera equitativa. e) Evitar la relocalización física.

Esta Política Operacional está relacionada con las demás políticas del Banco Mundial, entre las que se encuentra la Política Operacional de “Reasentamiento Involuntario (OP 4.12)”, además de las respectivas a salvaguardas ambientales, por lo que se encuentran referencias de vinculación, en particular, al “Marco de Procedimiento para Restricciones Involuntarias”, en tanto que si este Marco de Procedimiento necesita ser aplicado, probablemente lo sea también entre comunidades que sean indígenas. El MPPI también está elaborado en congruencia con las disposiciones jurídicas y normativas de las que México se ha dotado para respetar los derechos de las comunidades indígenas y evitar afectaciones a su cultura, tradiciones, sistemas normativos o prácticas comunitarias con relación al uso y disfrute de sus recursos naturales, así como las consideraciones que garanticen su acceso a beneficios culturalmente apropiados, incluyendo las cuestiones intergeneracionales y de género, que deben ofrecer las políticas y programas sociales, como es el caso de los programas y acciones propuestas en el Proyecto de Bosques y Cambio Climático.


6

En este MPPI también se prevé lo relativo a los procesos de consulta libre, previa e informada a los pueblos y comunidades indígenas que en su caso se requieran, y que la CONAFOR habrá de impulsar de manera decidida, así como a las actividades por realizar para efectivamente garantizar que las acciones propuestas en los subcomponentes del Proyecto, cuenten con un amplio apoyo del conjunto de la comunidad donde se esté promoviendo e implementando, aún cuando la mayoría de las propuestas que contempla el Proyecto corresponden a servicios y programas a los que los dueños de los bosques, entre ellos las comunidades indígenas, se adhieren de manera voluntaria. El MPPI ha sido preparado durante el periodo del 14 al 28 de octubre de 2011. Sus principales insumos son el Estudio Preliminar, realizado por el propio Banco Mundial desde los primeros momentos de preparación del Proyecto, con el objeto de determinar la presencia de pueblos indígenas en la zona (s) del Proyecto o la existencia de un apego colectivo a dicha zona (s); y el Informe del Análisis de la Evaluación Social realizado por la CONAFOR, por conducto de especialistas en ciencias sociales, en políticas públicas ambientales y de recursos naturales. El Marco se encuentra, de esta forma, vinculado con los resultados de la evaluación social realizada de manera previa, y en particular con las recomendaciones que en este documento se establecen; en el apartado séptimo de “Posibles impactos del Proyecto”, se describen las recomendaciones, más relevantes, que fueron realizadas durante esta etapa de análisis social. De esta forma el ES y el MPPI que se formula a partir de éste, permiten identificar y, en su caso, evitar los posibles efectos adversos sobre los grupos indígenas y, cuando éstos no pudiesen ser evitados, reducirlos lo más posible, mitigarlos o compensarlos. El Informe de Evaluación Social, también se encuentra disponible para conocimiento del público. En particular, el MPPI es un documento que se pone a disposición del público para su consulta. El Banco Mundial también proporcionará comentarios más detallados antes de la evaluación del Proyecto; la CONAFOR incorporará de manera simultánea los comentarios del banco y los recibidos durante el proceso de consulta pública del conjunto de documentos de salvaguardas ambientales y sociales del Proyecto, como es el caso de este MPPI. La CONAFOR realizará la integración final del MPPI, y lo publicará, para su posterior implementación, una vez que el Proyecto haya sido debidamente aprobado. I. Descripción del Proyecto El Proyecto tiene como objetivo general de desarrollo, apoyar a las comunidades rurales en México para manejar sustentablemente sus bosques, crear capital social y generar ingresos adicionales de los productos y servicios forestales, incluyendo la reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques (REDD+). En particular, ayudaría a consolidar y mejorar los programas de incentivos de la CONAFOR relativos al desarrollo forestal comunitario y los servicios ambientales; a modernizar la institución como una agencia forestal de clase mundial, a promocionar la armonización de políticas públicas intersectoriales y pilotear enfoques REDD+ innovadores, en dos áreas de acciones tempranas. Los principales beneficiarios del Proyecto serían las comunidades indígenas y los ejidos y comunidades que participen en la demanda de incentivos y programas de asesoramiento


7

apoyados por el Proyecto a nivel nacional y en las áreas de acción temprana; y está estructurado de acuerdo a los siguientes componentes y subcomponentes: Componente 1. Diseño de política y fortalecimiento institucional. Este componente tiene como objetivo modernizar a la CONAFOR; fomentar la colaboración intersectorial entre diversas entidades gubernamentales y mejorar la calidad de la asistencia técnica privada para las comunidades forestales, indígenas y no indígenas. Está integrado con los siguientes subcomponentes: Subcomponente 1.1. Monitoreo y evaluación; Subcomponente 1.2. Diseño de políticas, procesos participativos y difusión del conocimiento; Subcomponente 1.3. Modernización de la CONAFOR y coordinación intersectorial; y Subcomponente 1.4. Mejoramiento de la calidad de prestadores de servicios técnicos. Componente 2. Consolidación de programas comunitarios prioritarios a nivel nacional. Este componente apoyaría sub-proyectos solicitados voluntariamente por las comunidades y ejidos, indígenas y no indígenas, relacionados con la creación de capacidades y la planeación territorial, así como protección, gestión sustentable, aprovechamiento, procesamiento y mercadotecnia de bienes y servicios forestales. Apoyaría a las comunidades y ejidos seleccionados por medio de incentivos conforme a las actuales Reglas de Operación y Lineamientos Especiales de la CONAFOR, las cuales son revisadas y actualizadas anualmente. Este componente apoyaría cinco programas que han sido identificados por la CONAFOR como un paquete prioritario para el cumplimiento de sus objetivos: Pago por Servicios Ambientales (PSA); Desarrollo Forestal Comunitario (conocido como PROCYMAF); Desarrollo Forestal (PRODEFOR); Desarrollo de las Cadenas Productivas (Cadena) y Programas Especiales. Se estima que de manera conjunta estos programas podrían apoyar cerca de 2,950 iniciativas de comunidades y ejidos, que pueden ser indígenas y no indígenas. Los programas son también accesibles para pequeños propietarios de terrenos forestales; sin embargo, los recursos del BM apoyarían únicamente iniciativas comunitarias. El proceso de selección y los criterios de elegibilidad para los diversos programas seguirían las reglas de operación (PSA y PRODEFOR) y lineamientos especiales (PROCYMAF, Cadenas y Programas Especiales) estándares de la CONAFOR, y basados en demandas voluntarias directas por parte de comunidades y ejidos. El componente -y los cinco programas de CONAFOR contemplados- tienen como objetivo apoyar a las comunidades locales a combinar la gestión forestal sustentable con el desarrollo socioeconómico, y aumentar la contribución de los bosques y selvas a la mitigación y adaptación al cambio climático; crear oportunidades de generación de ingresos adicionales para las comunidades, haciendo a la gestión sustentable de los bosques y selvas más atractiva económicamente. Los programas de silvicultura comunitaria, PRODEFOR y Cadenas Productivas Forestales apoyan un grupo de actividades como la creación de capacidades, evaluaciones participativas, planeación y, en los casos de comunidades más avanzadas, aprovechamiento, procesamiento y mercadotecnia de productos forestales y la certificación. Por medio de estos programas, las comunidades avanzan en una secuencia específica de fases de desarrollo hacia la auto-gestión sustentable de sus bosques y selvas. De acuerdo a las Reglas de Operación de la CONAFOR, el


8

Programa PSA estaría abierto a propuestas plurianuales por hasta cinco años consecutivos. Si los beneficiarios del PSA desean renovar por otro periodo los incentivos, deberán de tener un plan de desarrollo territorial. El PSA proporcionaría transferencias financieras a las comunidades interesadas, como un incentivo para proteger los servicios ambientales de los ecosistemas. La CONAFOR opera el PSA en zonas elegibles que han sido seleccionadas por su valor ambiental, hidrológico y/o de biodiversidad; en estas áreas hay pagos diferenciados considerando como base los ecosistemas forestales y el riesgo de deforestación. Los Programas Especiales proporcionarían transferencias financieras a comunidades y ejidos en 10 regiones específicas para apoyar la conservación del régimen hidrológico y la prevención de la erosión del suelo, y seleccionadas por su grado de vulnerabilidad social y ambiental, y/o potencial de mitigación y adaptación al cambio climático. El Proyecto promovería una mayor integración entre el PSA con los programas de silvicultura comunitaria (PROCYMAF, PRODEFOR y Cadenas Productivas Forestales); apoyaría la estrategia de mecanismos locales de Fondos Concurrentes, los cuales buscan reunir recursos entre la CONAFOR y los usuarios de los servicios ambientales para los dueños y poseedores de terrenos forestales que realizan actividades de manejo sustentable. En el esquema de Fondos Concurrentes, la CONAFOR podría aportar hasta la mitad del dinero necesario para crear o fortalecer un mecanismo local de pago por servicios ambientales para un periodo de al menos 5 años y máximo de 15 años. Se busca que este esquema se aplique con una visión de cuencas y subcuencas, corredores biológicos y áreas importantes para la conservación. Componente 3. Innovación en REDD+ en acciones tempranas Subcomponente 3.1. Innovación de políticas públicas y armonización intersectorial. Este subcomponente corresponde al Proyecto 1 del PIF denominado “Capacidad para la gestión sustentable de paisajes forestales”. El objetivo consiste en posibilitar e impulsar la gestión de paisajes forestales mediante el alineamiento de las políticas públicas y la acción multisectorial para incidir de manera efectiva, y con base en el contexto local, en la toma de decisiones de los dueños de los bosques hacia el uso sustentable de los mismos. El Proyecto construirá mecanismos innovadores para el alineamiento de políticas e incentivos, construyendo instancias de gestión territorial con capacidades operativas territoriales y asociadas a otras instancias públicas, con incidencia en los mosaicos productivos dentro de los paisajes forestales. El subcomponente también asegurará los espacios participativos en las estrategias territoriales de desarrollo rural; e incluirá la evaluación estratégica del PIF así como la medición y monitoreo de sus resultados a fin de que se asegure la replicabilidad y escalabilidad de iniciativas exitosas. Las instancias de gestión territorial propuestas se componen de Agentes Técnicos Locales (ATLs) y Agentes de Desarrollo Local (ADLs) que asegurarán el acompañamiento a las inversiones realizadas en comunidades y ejidos en las áreas de Acción Temprana REDD+. Los ATLs es un agente gubernamental que tiene funciones públicas y concentra por mandato una estrategia regional de desarrollo rural, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Puede incluir, pero no está limitado, la creación de Agencias Intermunicipales que son asociaciones de municipios constituidas como un Organismo Público Descentralizado. Estos organismos cuentan con representación de diversos actores sociales en sus órganos de gobierno que se espera sean


9

diferentes en cada caso, según el contexto social de la región. Las ADLs o Agencias de Desarrollo Rural (ADRs) son agencias privadas, presentan proyectos específicos al gobierno para apoyar algún tema dentro de la agenda de desarrollo rural regional, tienen personalidad jurídica, su objeto es sin fines de lucro y se constituyen como asociaciones civiles. Las organizaciones existentes en las zonas de acción temprana REDD+ se podrán constituir como ADRs si su mandato y funciones son compatibles con las ADLs. Subcomponente 3.2. Creación de capacidades para la gestión de paisajes forestales. Corresponde al anterior Proyecto 1, específicamente lo relacionado con el fortalecimiento de los agentes técnicos locales y los agentes de desarrollo local. Subcomponente 3.3. Inversiones comunitarias en las áreas de acción temprana. Corresponde al Proyecto 2 del PIF denominado “Inversiones en paisajes forestales para mitigación, resiliencia y rentabilidad”. El objetivo de este Proyecto 2 es realizar inversiones en mosaicos productivos sustentables dirigidas a ejidos y comunidades, así como a pequeños propietarios dentro de paisajes forestales a fin de reducir la presión sobre los bosques, generar resultados en mitigación, aumentar la resiliencia al cambio climático y aumentar la rentabilidad de los bosques y de los mosaicos productivos. Este proyecto dirigirá inversiones en tres áreas principales:

(i) manejo sustentable, principalmente comunitario y mejora de las cadenas productivas,

incluyendo inversiones en capacitación, reconversión tecnológica, ordenamientos territoriales, capacidad organizativa, asesoría a empresas forestales y certificación.

(ii) inversiones en mecanismos de compensación y de mejora de los servicios ambientales que proveen los bosques, incluyendo inversiones en compensación por servicios ambientales, prácticas de conservación y restauración.

(iii) inversiones fuera del sector forestal a través de mecanismos de alineamiento y co-inversiones de otros sectores, valorizar e introducir bosques en el mosaico productivo no forestal (agroforestería, reforestación).

Estas inversiones serán canalizadas fundamentalmente a través del FFM y con el uso de Lineamientos Especiales que contendrán reglas para la solicitud y ejercicio de los fondos. El diseño de estos lineamientos será una actividad inicial del PIF (según Proyecto 1), a fin de lograr adecuarlos a los contextos de los paisajes forestales. En su diseño se emplearán elementos de los actuales rubros de inversión del gobierno federal en el sector forestal, pero serán combinados de manera innovadora para maximizar sus sinergias e impacto. En el caso de las inversiones a través de mecanismos de alineamiento fuera del sector forestal, se requerirá de enfoques más innovadores para adecuar los mecanismos existentes y buscar concurrir operativamente las inversiones productivas que realiza el gobierno mexicano en el sector agropecuario. Los beneficiarios de estas inversiones serán principalmente ejidos, comunidades y pequeños propietarios de bosques, con rubros de apoyo orientados a grupos vulnerables u otros relevantes, como comunidades indígenas, mujeres y avecindados.


10

II. Objetivos del MPPI a) Asegurar que los pueblos indígenas que decidan participar en los servicios y apoyos que ofrece el Proyecto, lo hagan de manera amplia, y en su caso, favorezcan el desarrollo de sus subcomponentes con su apoyo comunitario y a través de su consentimiento libre, previo e informado. b) Garantizar que los pueblos indígenas que decidan participar en las acciones y programas del Proyecto, obtengan beneficios culturalmente apropiados, incluyendo aquellos que pueda otorgar considerando las cuestiones intergeneracionales y de género. c) Asegurar el acceso de los pueblos indígenas, a los beneficios de los programas específicos que promueve el proyecto: desarrollo forestal, silvicultura comunitaria, servicios ambientales; cadenas productivas forestales y los programas especiales; y de las acciones REDD+. d) Prever los mecanismos y procedimientos que incorpore la CONAFOR a sus procesos de gestión y de atención a las comunidades indígenas, para dar cumplimiento a las salvaguardas sociales del Proyecto, y evitar o mitigar los potenciales efectos adversos en los pueblos indígenas que pudiesen ser ocasionados por las actividades del mismo Proyecto. III. Población indígena y rezago socioeconómico La población mexicana asciende a 112.3 millones de personas pero con grandes cambios en su volumen y estructura por edades como consecuencia de la llamada transición demográfica. De acuerdo a las proyecciones oficiales, en los siguientes años la población de México seguirá creciendo, aunque a ritmos cada vez más moderados, hasta alcanzar su máximo histórico alrededor del año 2040, para posteriormente comenzar a disminuir. Las modificaciones de la estructura por edad de la población son una de las consecuencias de la transición demográfica por la que atraviesa el país, y este proceso implica el envejecimiento relativo de la población, influido sin duda por la inercia demográfica. Las altas tasas de crecimiento natural y social, derivadas de los flujos migratorios rural-urbano, contribuyeron de manera importante al incremento del número de localidades urbanas. Desde los años setenta, México transitó de una sociedad eminentemente rural a una predominantemente urbana, y en la actualidad se caracteriza por tener una distribución poblacional polarizada. El 48% de la población vive en ciudades mayores a 100,000 habitantes, mientras que alrededor de 26.0 millones de mexicanos (aproximadamente 23.2%) viven en localidades rurales que, junto con las localidades mixtas (de 2,500 a 15,000 habitantes), concentran al 37.5% de la población total del país. El número de localidades con menos de 2,500 habitantes, así como la población que vive en ellas, se ha incrementado en los últimos años. Según los resultados reportados por el Censo de Población y Vivienda de 2010, México tenía alrededor de 192,245 localidades de las cuales 98.1% son consideradas rurales con alta y muy alta marginación. En estos asentamientos reside el 23.2% de la población total nacional, en tanto que 53.7 millones de personas se distribuyen en tan sólo 0.07% de las localidades.


11

En las últimas dos décadas la migración internacional adquirió en México un carácter masivo, lo que dio lugar a lo que se conoce como una nueva era migratoria. Las fuerzas que están detrás de este fenómeno tienen como base las asimetrías económicas y sociales entre México y Estados Unidos. También ha crecido vertiginosamente en los últimos tres lustros el fenómeno de la población extranjera, que solamente utiliza el territorio mexicano como lugar de tránsito en su viaje hacia los Estados Unidos. Se estima que para 2010 el monto de la población indígena es de alrededor de 16´102,646 de personas mayores de tres años de edad que representa al 14.4% de la población total del país.

Población de 3 años y más de edad según condición de habla de lengua indígena y

pertenencia étnica, México 2010

Se considera

indígena

No se considera

indígena

6,956,768 400,220Habla lengua

indígena6,556,548

Condición de

Habla Indígena

Población de

3 años y más

Condición de autoadscripción

étnica

No habla lengua

indígena9,145,878

Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI, Base de datos del cuestionario ampliado del

Censo de Población y Vivienda 2010.

De los 16.1 millones de indígenas en el país, 48.6% son hombres y 51.4% mujeres. Esta mayor proporción de mujeres indígenas se presenta normalmente debido a una mayor mortalidad masculina. El grupo de edad más importante en términos numéricos es el formado por las personas de 15 a 64 años, consideradas convencionalmente como población adulta o en edad de trabajar. Esta población representan 66% del total indígena del país y, por lo mismo, el índice de dependencia total es relativamente bajo, de poco más del 50%. Las lenguas que cuentan con un mayor número de hablantes son el náhuatl (23%), maya (11.5%), tzeltal (7%), mixteca (6.9%), tzotzil (6.5%), zapoteca (6.4%), otomí (4.2%), mazateco (3.5%), totonaca (3.3%), chol (3.1%), huasteco (2.5%) y chinanteco (2.1%). Todas ellas concentran a 80% de la población total hablante de lengua indígena de México. La población hablante de lengua indígena tiene una distribución muy particular en el territorio nacional. Existen concentraciones muy claras, como los mayas en la Península de Yucatán, los tarahumaras en Chihuahua, los zapotecas en Oaxaca, los tzeltales y tzotziles en Chiapas, los huicholes y coras en Nayarit y los tepehuanos al Sur de Durango y Norte de Nayarit. También se observan montos de población importantes que se encuentran más dispersos, como los náhuatl que se distribuyen en todo el territorio nacional, aunque su origen se ubica en el centro del país, en particular en los estados de Puebla, Veracruz, Hidalgo, Guerrero y San Luis Potosí. En México existe presencia de población indígena en todas las entidades federativas. El 90% de esta población se concentra en las regiones biogeográficas más ricas de México, como las del trópico húmedo, trópico seco, zonas templadas, desierto y semidesierto. De cada 10 personas que


12

hablan alguna lengua indígena o pertenecen a un grupo étnico, cinco habita en localidades rurales; tres en localidades de 2,500 a 99,999 habitantes y dos en localidades mayores a 100,000 habitantes. Estas cifras son indicadores claros de un proceso de migración que en los últimos años ha cobrado singular importancia. La población indígena se localiza no sólo en los estados del sur, sureste y centro de México, sino que también se distribuye en las demás entidades del país. Oaxaca es la entidad que concentra el mayor volumen de población étnica con 2.1 millones; le sigue el Estado de México con 1.7 millones, Chiapas, Veracruz y Puebla con 1.5 cada uno y Yucatán con 1.2 millones, mientras que entidades como Colima, Aguascalientes y Zacatecas se caracterizan por tener montos muy pequeños de población indígena. Yucatán es la entidad que tiene la mayor proporción de indígenas puesto que 61.4% de su población total habla o se considera indígena. Le siguen en orden de importancia Oaxaca donde 55.8% de su población es indígena, Quintana Roo con 33.6%, Chiapas con 31.0% y Campeche con 30.9%. En las demás entidades las proporciones de población indígena aunque importantes son menores al 30 por ciento de su población. La migración entre los grupos indígenas constituye uno de los fenómenos más importantes en la actualidad, y no obstante que sus orígenes se remontan a la historia colonial sus mayores efectos aparecen durante el siglo XX. Los grupos indígenas con mayor migración son los purépechas, los mayas, los zapotecos, los mixtecos de Guerrero, Oaxaca y Puebla; los mazatecos de Oaxaca, los otomíes de Hidalgo, Estado de México, Querétaro, Puebla y Veracruz; los nahuas de Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Veracruz y San Luis Potosí; los chinantecos de Oaxaca, los kanjobales y choles de Chiapas, los totonacas de Veracruz, los mazahuas del Estado de México y los mixes de Oaxaca. Las mujeres se han integrado a las corrientes migratorias lo que supone cambios en diversos aspectos de su vida. El territorio mexicano se ha convertido en una importante zona de tránsito o de residencia de una gran cantidad de indígenas provenientes de Centroamérica, cuya intención original es llegar a Estados Unidos y Canadá, pero muchas veces ante la imposibilidad de cruzar la frontera se han establecido en algunas ciudades fronterizas como Tijuana. En México existen 580 municipios (24%) con más de 70% de población indígena, y en ellos reside el 34.2% que equivale a 5,5 millones de la población indígena del país. De igual forma, se identificaron, 282 municipios (11.5%) con una alto grado de etnicidad donde se asientan 3.0 millones de indígenas (18.9%). Los municipios con baja y muy baja presencia de población indígena representan 65% concentrando una proporción relativa de población indígena nada despreciable cercana al 47% que en términos absolutos equivale a 7,6 millones de personas. En el caso particular de la población indígena del país, su riqueza y diversidad étnica y lingüística, ha estado marcada por enormes rezagos en los ámbitos económico, social y humano, cultural, de infraestructura y de ejercicio de sus derechos fundamentales. En los territorios con alta presencia indígena prevalece la escasez de empleos, los bajos salarios y las relaciones asimétricas entre grupos de población que afectan tanto a los procesos productivos como a los de comercialización y, sobre todo, al desarrollo que ha configurado de exclusión de los beneficios del desarrollo.


13

Al revisar las estimaciones de marginación a nivel municipal elaboradas por el CONAPO, y su relación con la diversidad étnica, los resultados encontrados muestran que la presencia indígena está estrechamente ligada con grados altos y muy altos de marginación, puesto que de los 1251 municipios que se encuentran en esta situación, el 60.1 por ciento (721) corresponde a municipios con más del 40 por ciento de población indígena. En estas unidades territoriales habita 8.8 millones de habitantes, de los cuales 73.8 por ciento es población indígena. La enorme desventaja social y económica que caracteriza a las comunidades indígenas se manifiesta en un elevado número de municipios (241) con grados de marginación muy altos donde la población indígena es mayor de 70 por ciento. Este grupo de municipios se caracteriza por su diversidad étnica y lingüística, al ser habitados por 3.1 millones de personas de los cuales el 87 por ciento es población indígena (2,7 millones). La intensidad de la marginación disminuye donde la presencia de la población indígena no es tan relevante. De los 547 municipios con proporciones de población indígena entre 10 y 40 por ciento, 31 tienen grado de marginación muy alto, seguidos de 144 municipios con grado de marginación medio y 169 municipios con grados de marginación bajo y muy bajo. Por último, de los 750 municipios con menos de 10% de población indígena, ninguno de ellos tienen grado de marginación muy alta; los niveles de marginación son medio (251), bajo (282) y muy bajo (217). Con relación a las entidades del país donde se concentran los municipios con mayores niveles de marginación, en Chihuahua, Durango y Nayarit el 100% de la población en los municipios predominantemente indígenas, es decir, con más de 40% de población étnica presentaron niveles muy altos de marginación. Además, al tomar en cuenta a los municipios con niveles altos, se incorpora el 100% de los municipios indígenas de Guerrero, Jalisco, México, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz. Solamente en Campeche, Michoacán, Sonora y Tlaxcala, más del 50% de la población indígena en municipios con más de 40% de población indígena tiene niveles de marginación media y muy bajos. Los estados de Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán forman parte de la región sur-sureste de México, la que históricamente ha presentado rezagos sociales y bajos niveles de educación, salud y empleo. En estas cuatro entidades residen 10.8 por ciento de la población nacional que equivale a 11.8 millones de personas, de las cuales 5.2 millones es población de origen que en su mayoría viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema, escasos servicios, infraestructura, ingresos y escolaridad, así como tasas superiores de mortalidad infantil y desnutrición. Los casos extremos, lo representan Chiapas y Oaxaca. A pesar de que la educación resulta trascendental en el desarrollo de la población y constituye un derecho que tienen todos los niños y adolescentes, aún no se ha logrado la cobertura universal en educación básica. Los datos del censo 2010 indican que el horizonte de estudios para la población indígena apenas rebasa en promedio el nivel de la primaria (6.6 años), es decir tres años menos respecto a la población no indígena del país. Este bajo promedio de escolaridad está asociado al notable rezago educativo que enfrenta la población indígena de México, puesto que 16.1% de la población indígena no sabe leer y escribir; 4.3% de la población joven indígena no cuenta con ningún nivel de escolaridad; 11.7% tiene primaria incompleta y el 21.3%, primaria completa.


14

El régimen de propiedad mayoritario en el medio rural mexicano es la propiedad social. El total de núcleos agrarios es 31 623 que abarcan 101.9 millones de hectáreas (SRA 2007). De acuerdo a esta estructura agraria nacional, la situación de los bosques en México se identifica, en general, por el carácter social de su tenencia. Del total de ejidos y comunidades, 8 928 poseen superficies cubiertas por bosques y selvas, y de éstos, se estima que 3 056 ejidos tienen su principal fuente de ingresos en las actividades relacionadas con estos recursos (Torres Rojo 2011); sin embargo, no existen aún estadísticas oficiales publicadas que permitan tener una cifra más certera. Existe una estrecha relación entre el uso de recursos naturales y los pueblos indígenas, siendo que una parte importante de la población indígena se localiza en las áreas de mayor diversidad natural del país y donde los recursos forestales son importantes. IV. Marco jurídico y normativo En los últimos años se han dado pasos muy importantes en la redefinición del marco jurídico concerniente a los derechos de los pueblos indígenas de México. El más importante de ellos ha sido la reforma constitucional del 14 de agosto de 2001. El artículo segundo de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, perteneciente al Título Primero, Capítulo Primero. Titulado “De los Derechos Humanos y sus Garantías” contiene las disposiciones generales que establecen la caracterización de la Nación Mexicana como pluricultural y sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Así mismo define a los pueblos indígenas como: “aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual

del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales,

económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”

Así mismo define a las comunidades indígenas: “aquellas que formen una unidad social,

económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de

acuerdo con sus usos y costumbres”. Puntualiza, además, el criterio rector para identificar a un grupo humano como pueblo indígena, consistente en la consciencia de la identidad como tales. El texto constitucional remite el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas a la soberanía local, es decir a la competencia de las autoridades de las entidades federativas, convirtiendo de ese modo a esta materia, en concurrente, es decir, en la que han de participar de manera coordinada, los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal, este último en términos del derecho de los pueblos indígenas de: “Elegir, en los municipios con población indígena,

representantes ante los ayuntamientos.”

Así, confirmando el sentido concurrente de la materia, el constituyente permanente estableció en el apartado B de este mismo artículo que: “La Federación, los Estados y los Municipios, para

promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica

discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para

garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y

comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.”


15

Lo anterior implica que, en tanto no exista una Ley General que establezca el detalle de la concurrencia, todos los órdenes gubernativos de la Federación están facultados para establecer las instituciones y determinar las políticas que consideren necesarias en la materia conforme a las acotaciones del propio texto constitucional. El apartado A de este mismo artículo segundo de la Constitución, refiere un listado de temas en los que se reconoce la autonomía de los pueblos indígenas, en los siguientes rubros:

- Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en la propia Constitución y las leyes, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas (petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica y minerales radioactivos).

- Conservar y mejorar el hábitat -en el cual desde luego se encuentran los bosques y otros ecosistemas- y preservar la integridad de sus tierras.

Asimismo, la autonomía que tienen los pueblos indígenas para:

- Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.

- Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, individuales, respetando derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres.

- Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones.

- Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.

- Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales y el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento.

En relación al acceso preferente a los recursos naturales la previsión constitucional lo acota a las formas y modalidad de propiedad y tenencia de la tierra, así como a los derechos adquiridos. El apartado “B” del artículo segundo constitucional consigna un grupo de deberes del Estado respecto a los pueblos indígenas –expresamente con la finalidad de abatir sus carencias y rezagos- que, en una lectura complementaria, pueden interpretarse como, a su vez, derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Otras leyes relevantes a los derechos de los pueblos indígenas son:


16

• Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en

Países Independientes, con efectos plenos de ley interna. • Convenio sobre la Diversidad Biológica • Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, texto de

carácter aspiracional, no vinculante para los países adoptantes, pero con el que México tiene un compromiso ético.

• Ley de Planeación • Ley Agraria • Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas • Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes • Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación • Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas • Ley del Instituto Nacional de las Mujeres • Criterios Jurisdiccionales • Legislaciones locales

V. Acceso a la tierra y organización social La Constitución de 1917 establece en México un régimen de modalidades propietarias que implican: el dominio directo o propiedad originaria, la propiedad privada y la que podemos conceptualizar como propiedad o tenencia comunitaria, constituida por los ejidos2 y las comunidades agrarias. Los pueblos indígenas de México tienen tres tipos principales de tenencia de la tierra: bienes comunales, ejidos y propiedad privada. En términos generales, la posesión por bienes comunales señala una mayor continuidad histórica en la posesión de la tierra como grupo colectivo, mientras que la posesión ejidal indica una dotación más moderna, aún cuando desde la perspectiva comunitaria pudiera tratarse de una recuperación de tierras ancestrales. Aún cuando no existen estadísticas precisas al respecto, se calcula que las posesiones indígenas bajo la forma de propiedad ejidal o comunal son mayores que las que son formalmente indígenas. En la práctica estas formas de propiedad tienden a ser manejadas de maneras similares en la medida en que la formalidad institucional es modificada por los usos y costumbres indígenas. Las tierras comunales y ejidales se dividen en parcelas para el usufructo individual permanente y que se transmiten por herencia o pueden intercambiarse entre los miembros de la comunidad, pero no tienen un carácter pleno de propiedad privada. El asentamiento y usufructo de estas tierras por un extraño con frecuencia demanda un proceso de aceptación formal de esa persona como parte de la comunidad. Con ello adquiere tanto derechos como obligaciones de servicio al colectivo y para la participación en diversos trabajos comunitarios. Las tierras que corresponden a los grupos indígenas deben ser protegidas por las autoridades, en los términos de la ley que reglamente el artículo cuarto y el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 27 constitucional.

2 Son ejidatarios los hombres y las mujeres titulares de derechos ejidales.


17

Asimismo, los territorios indígenas se cuentan entre los que tienen una mayor biodiversidad en México; por ello, se habla de que la biodiversidad no sólo es un patrimonio natural del país, sino un patrimonio cultural de los pueblos indígenas. La organización de la sociedad indígena es más complicada que sólo el tema relacionado con la tenencia de la tierra. Entre las formas típicas de organización indígena, con variaciones étnicas y regionales, se encuentra el sistema de cargos que asigna responsabilidades de servicio a la comunidad en un esquema muy diverso de actividades: de policía local a presidente municipal, pasando de manera ascendente por muy diversas funciones de acuerdo al nivel de desempeño mostrado en cada una de ellas. Otra institución relevante es el trabajo comunitario obligatorio (comúnmente conocido como tequio o faena) que debe prestar todo individuo. Es una práctica que podría equipararse a un pago de impuestos a la comunidad mediante trabajo. Finalmente, se encuentran dos instancias de gobierno que son la asamblea comunitaria y el consejo de ancianos. En algunos ejidos de mayor tradición indígena, la asamblea comunitaria incluye al total de la población adulta, mientras que los ejidatarios con derechos formales sobre la tierra se constituyen como consejo de ancianos. La organización indígena tradicional no se ha deslindado como una entidad civil y mezcla aspectos de gobernabilidad comunitaria con funciones de orden religioso. Entre las responsabilidades más importantes del sistema de cargos se encuentra la organización de fiestas religiosas, el cuidado de la iglesia y las figuras sagradas. Tal situación origina confusiones entre religión e identidad indígena y comunitaria con distintos grados de acomodo y capacidad de coexistencia entre la organización indígena tradicional y la creciente población protestante en las comunidades indígenas. Es importante señalar que no existe una correlación directa entre pobreza, marginación y organización social. Incluso entre comunidades relativamente cercanas pueden darse diferencias relevantes en cuanto a la vigencia de los usos y costumbres y en cuanto a la capacidad para la toma de decisiones de forma democrática y transparente. En general la legislación federal y estatal reconoce que los pueblos indígenas tienen derecho a vivir en libertad, paz y seguridad como pueblos diferenciados y a gozar de plenas garantías contra actos de discriminación, violencia, reacomodos o desplazamientos forzados, separación de niñas y niños indígenas de sus familias y comunidades bajo ningún pretexto. VI. Antecedentes del Proyecto La CONAFOR tiene experiencia de gestión prácticamente en los tres componentes que integran el Proyecto, en especial en el diseño e implementación de servicios y apoyos orientados a reducir la deforestación y la degradación forestal, al tiempo de considerar los beneficios económicos que deben obtener los beneficiarios. Aunque si bien el Proyecto plantea innovaciones que deben igualmente prever las salvaguardas sociales, al igual que se realizó con la implementación de otros programas, como el PROCYMAF, en sus etapas I y II, con el Proyecto de Conservación de la Biodiversidad por Comunidades Indígenas, o bien con el de Pago por Servicios Ambientales, entre otros.


18

La CONAFOR cuenta con una diversidad de programas y proyectos3; sin embargo, en el Proyecto de Bosques y Cambio Climático, sólo se encuentran incorporados algunos de sus programas y apoyos vigentes y en curso que implementa la Comisión mediante Reglas Operativas y por Lineamientos Especiales, los cuales tienen como marco general de operación el Programa ProÁrbol. En México la política de manejo sustentable de los bosques y selvas se ha venido consolidando a través de dicho Programa, el cual tiene como objetivo fomentar e incentivar la conservación, protección y restauración de los recursos forestales, así como el aprovechamiento ordenado y sostenible de los mismos a través de incentivos directos que se otorgan a los dueños de los bosques y selvas, para desarrollar las siguientes acciones: � incorporación de superficies a esquemas de conservación mediante el pago por servicios

ambientales; � incorporación de superficies al manejo forestal sustentable y el uso diversificado de los

bienes y servicios ecosistémicos; � establecimiento de proyectos de plantaciones forestales comerciales; � protección contra incendios, plagas y enfermedades forestales; � restauración de áreas forestales deterioradas y recuperación de su cobertura vegetal por

medio de la reforestación y con obras de conservación de suelos. Asimismo, el ProÁrbol considera el apoyo para: � fortalecer las capacidades de gestión de las comunidades; � formar y desarrollar capital social; � integrar cadenas productivas; � organizar a los dueños y poseedores, tanto en el nivel comunitario como en el regional; � capacitar, desarrollar y transferir tecnología. La política social de la CONAFOR ha estado inmersa en el combate a la pobreza y la desigualdad social, para lo cual implementa criterios sociales en las Reglas de Operación y Lineamientos Especiales de sus programas. Los conceptos de apoyo incorporan áreas de elegibilidad a fin de focalizar los recursos en zonas prioritarias, lo cual ha permitido atender las zonas de mayor potencial relativo, la eficiencia en las acciones de seguimiento de los proyectos y la optimización de los recursos en cuanto a alcanzar mayores impactos. Los beneficiarios del ProÁrbol son primordialmente los ejidos y las comunidades, población indígena y no indígena, así como apoyo a hombres y mujeres; se privilegian a poblaciones indígenas, áreas con menor índice de desarrollo y proyectos solicitados por mujeres. En particular, en las Reglas de Operación y los Lineamientos Especiales vigentes (2011) de los Programas y Programas Especiales de la CONAFOR, se consideran los siguientes aspectos relevantes en materia de salvaguardas sociales de los pueblos indígenas:

3 Germoplasma, Reforestación, Incendios, Sanidad Forestal, Desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales, Desarrollo Sustentable para las Comunidades Rurales e Indígenas del Noroeste Semiárido, Programa Forestal Federal Meseta Purépecha, Michoacán, entre otros.


19

� No promueven ningún cambio de la forma de propiedad o reasentamiento de los propietarios colectivos o privados de superficies forestales.

� No imponen restricciones de acceso a los recursos forestales unilaterales o cuenta con mecanismos coercitivos para ello.

� Proponen, sujeto a la libre aceptación de las comunidades, un trato en el que a cambio de apoyos económicos y técnicos, la comunidad decide modificar su actual relación con las superficies forestales hacia una de manejo sustentable, de conservación, restauración, reconversión y aprovechamiento sustentable.

� El eje de su estrategia es el fortalecimiento de las instituciones ejidales y comunales, así como de los pueblos y comunidades indígenas, como expresión de su voluntad.

� Normativamente, los apoyos sólo pueden otorgarse a las comunidades indígenas, que lo solicitan por decisión formal de su asamblea, o de sus órganos de gobierno tradicionales establecidos según sus usos y costumbres, y sólo son aplicables a las superficies forestales de propiedad colectiva.

� La superficie forestal por la que se recibe el apoyo económico debe estar inscrita como tierra de uso común en el RAN, en el caso de ejidos y comunidades.

� Los interesados en solicitar apoyos, acreditan la legal propiedad o posesión de los terrenos. En el caso de las solicitudes provenientes de comunidades indígenas, preferentemente se acredita por la vía de la documentación igualmente requerida para ejidos o comunidades, y en caso de no ser así o no contar con ella, la entrega de documentos y requisitos se hace en base a los usos y costumbres que correspondan.

� Tratándose de ejidos y comunidades, los solicitantes podrán acreditar la posesión o uso de los terrenos, con un documento emitido por el comisariado ejidal o de bienes comunales.

Los decretos de creación de los Programas y Programas Especiales de la CONAFOR establecen, en las reglas de operación y lineamientos especiales, la disposición expresa de que los apoyos se ofrecen sin distinción de género, raza, etnia, credo religioso, condición socioeconómica u otra causa que implique discriminación entre las personas que sean dueñas o poseedoras de los bosques, selvas y zonas áridas. Además, contienen criterios de prelación consistentes en que se otorga una puntuación mayor a las solicitudes que pertenecen a productores cuyos predios se ubican en municipios con mayoría indígena y ubicada en zonas de marginación alta a muy alta, con lo cual se otorga una puntuación mayor a los terrenos que se ubican dentro de municipios con esta condición. Respecto a la discriminación a la participación de la población indígena en las acciones u objetos de apoyo de la CONAFOR, las evaluaciones existentes sobre los programas y las consultas que se han llevado a cabo en relación a sus diseños, indican que no existe discriminación a la población indígena; sin embargo, señalan que existen elementos que deben mejorarse. En la implementación de algunos de sus programas, la ausencia de discriminación ha sido pasiva al dejar en manos del entorno, de las capacidades organizativas de las propias comunidades, y de los servicios de gestión existentes, el acceso a los recursos, generando que haya sub-representación de la participación indígena en las regiones donde, o no cuentan con mecanismos de gestión o sólo acceden a la gestión privada, individual, errática y en general de baja calidad.


20

Por otra parte, en sentido contrario, la capacidad de atraer recursos de los programas, como el de servicios ambientales o silvicultura comunitaria por parte de los municipios y comunidades indígenas de algunos estados, como Oaxaca, es sobresaliente, siendo un buen ejemplo de cómo el acceso a los recursos de los programas depende fuertemente de las capacidades organizativas y de gestión que existen en sus comunidades y ejidos. Asimismo, los costos de transacción para la participación en los programas son mucho más altos en el caso de los propietarios colectivos, como los indígenas, ya que se encuentran alejados de las vías de comunicación principales y pobremente conectados a ellas. Pero sobre todo, quien dentro del ejido o comunidad promueve la participación en el programa, tiene que hacer un trabajo de difusión, explicación y convencimiento sobre un amplio número de interesados en un territorio disperso. La insuficiencia informativa genera con frecuencia dificultades de comprensión y acuerdo. El trámite es, en términos relativos, mucho más oneroso, y les requiere más tiempo para hacerlo, que para un propietario privado. El estudio de evaluación realizado por el COLPOS, para el caso del Programa de PSA, propuso pasar de la no discriminación pasiva, a un proceso activo de apoyo a la participación de los pueblos indígenas, ejidos y comunidades mayormente marginados y que en muchas veces no tienen acceso a mecanismos de gestoría de calidad, a servicios técnicos, implicando reforzar la estructura del personal operativo de la CONAFOR. Como se ha señalado, un criterio homogéneo para todos los programas es que los sujetos de apoyo para ser beneficiarios de los programas serán los dueños o poseedores de los terrenos forestales, por lo que deberán acreditar legalmente la propiedad o posesión de los mismos, por lo que estos criterios excluyen a las personas que no son dueñas y poseedoras de los terrenos forestales que generalmente son los grupos vulnerables, como los jóvenes y las mujeres. Los hombres representan la mayor proporción de titulares de derechos. Las mujeres ejidatarias representan 20.6%, las posesionarias 25.8% y las avecindadas 34.6%. La condición cambia según la entidad federativa. Los estados en donde las ejidatarias tienen una presencia mayor al 20% son, por ejemplo, Baja California, Puebla, Sonora, Sinaloa, Morelos, Michoacán y Nayarit, mientras que en Campeche y Yucatán no son más de 12%4. Los estados donde existe mayor número de mujeres ejidatarias en términos absolutos son Veracruz, Puebla, Sinaloa, México y Chiapas. Los estados que tienen más posesionarias son México, Tabasco y Veracruz, y donde hay más avecindadas es en Veracruz, Guanajuato y Jalisco. De esta forma el grupo de mujeres por cuestiones de género queda excluido, dado que la propiedad de la tierra en México ha sido dada, según las cifras anteriores, fundamentalmente a los hombres5.

4 Procuraduría Agraria. Estadísticas Agrarias, 2010. 5 Algunas de las actividades que realizan las mujeres es el acarreo de agua, recolección de plantas comestibles, medicinales, leña para combustible, productos no maderables para elaboración de artesanías, entre otras actividades que también tienen que ver con algunos ritos y rituales en el caso de los pueblos indígenas, siendo que algunas de estas actividades participan las niñas y niños, los jóvenes y las personas con capacidades diferentes.


21

VII. Posibles impactos del proyecto y recomendaciones El MPPI ha sido preparado de acuerdo a los resultados del Informe del Análisis de la Evaluación Social realizado por la CONAFOR, por conducto de especialistas en la materia. El Marco se encuentra, de esta forma, vinculado con los resultados de la evaluación social realizada de manera previa, y en particular con el análisis de impactos y las recomendaciones que en ese análisis se determinan. A continuación se describen las más relevantes, y que contribuyen a identificar y, en su caso, evitar los posibles efectos adversos sobre las comunidades indígenas y, cuando éstos no pudiesen ser evitados, reducirlos, mitigarlos o compensarlos. Componente 1. Diseño de Política y Fortalecimiento Institucional Monitoreo y evaluación Se recomienda que los resultados de la sistematización de la información se difundida entre las propias comunidades indígenas; ésta debe ser accesible para ellas y ayudar a fortalecer sus propios procesos de toma de decisiones sobre la gestión de sus territorios y solicitud de apoyos. La CONAFOR debe integrar sus sistemas de información geográfica, en coordinación con las instancias dedicadas al desarrollo de los pueblos indígenas, de regularización de la tenencia de la tierra, de defensa de los derechos agrarios y de resolución de disputas sobre la tierra. Un impacto negativo sería el de reservar la información a las comunidades respecto a las condiciones de emisión de carbono en sus territorios, a nivel regional o nacional. Al contrario, la difusión debe ser amplia y realizarse en un lenguaje que facilite la comprensión de líneas base de emisiones de carbono en los ecosistemas forestales. Si se realizan trabajos técnicos en el territorio de las comunidades, éstos deberán contar con su consentimiento libre, previo e informado; asimismo, en la experiencia piloto REDD+ que se prevé realizar, en caso de que se seleccione una comunidad indígena, se recomienda que el trabajo técnico se desarrolle en apego a sus sistemas de gobernanza y de sus usos y costumbres, y con la autorización expresa de sus asambleas comunitarias y de los representantes de sus órganos de gobierno. Se recomienda que el trabajo de exploración de técnicas para el monitoreo comunitario considere aspectos relacionados con la incorporación de las comunidades de manera culturalmente apropiadas; informadas del alcance de las actividades; considerando su participación y con base a su consentimiento, en particular para el acceso de técnicos o personas ajenas a la comunidad, con previa consulta y/o autorización, y considerando las buenas prácticas de experiencias previas de monitoreo comunitario que ya existen en el país. Respecto a la estrategia de evaluación de impactos enfocada al Componente 3 del proyecto, planeada con el CONEVAL, se recomienda consultar durante el diseño de dicha estrategia a por lo menos una muestra representativa de las comunidades, para recibir sus aportaciones. Se sugiere considerar la participación de las comunidades en la estrategia de evaluación de impactos e incorporar en su diseño e implementación, la difusión de los resultados entre las propias comunidades. Diseño de políticas, procesos participativos y difusión del conocimiento


22

Se recomienda que los talleres se realicen con la participación activa de las comunidades indígenas que han sido beneficiarias o no de los programas de servicios ambientales y silvicultura comunitaria de la CONAFOR; retroalimentar y difundir los estudios dirigidos a propuestas de ajustes a las reglas operativas de los programas de la CONAFOR, entre las propias comunidades. Los talleres y procesos participativos serán congruentes con los mecanismos de organización y de participación establecidos en los sistemas de gobernanza y de usos y costumbres de las comunidades. Los estudios relacionados con la armonización de políticas: promoción forestal, regulación y actividades agrícolas, deben indagar y considerar las valoraciones de las propias comunidades; se sugiere valorar regulaciones que cuenten con su opinión, así como de sus organizaciones; y que los estudios que se desarrollen analicen a profundidad las regulaciones que pudieran limitar a las comunidades el uso y disfrute de sus recursos forestales, las afectaciones que éstas pudieran causar a sus usos y costumbres, así como a prácticas comunitarias de acceso al territorio y uso de los recursos naturales en general. Se recomienda que los estudios y talleres para diseñar enfoques innovadores de REDD+ que serán piloteados en las áreas de acción temprana, contemplen de manera culturalmente apropiada las condiciones y características de las comunidades indígenas y en los que haya una participación representativa de las comunidades, inclusive de áreas que no estén dentro de las programadas para realizar acciones tempranas REDD+. El impulso a procesos participativos y la realización de esfuerzos de comunicación y difusión para la implementación del Proyecto, incluyendo las salvaguardas ambientales y sociales, es clave para que el conjunto de actores relevantes del sector forestal conozcan el Proyecto, así como para que los diversos actores gubernamentales y sociales, involucrados en su implementación, cumplan a cabalidad las salvaguardas. Se recomienda que el Programa colaborativo entre la CDI y la CONAFOR se realice previo a una exploración entre los propios pueblos indígenas y sus organizaciones, en particular respecto a su opinión sobre los contenidos específicos y formas de implementación; integración en el diseño del programa acciones específicas desde el punto de vista intergeneracional y de género; diseño de los mecanismos para un seguimiento sistemático de las acciones contenidas. Es imprescindible difundir sus resultados e informar de las evaluaciones conjuntas con los propios pueblos indígenas. Finalmente, se recomienda que se difunda y aplique ampliamente el conocimiento, las experiencias y lecciones aprendidas en REDD+, entre los mismos pueblos indígenas; y se convoque a participar a las propias comunidades indígenas en la transmisión de sus experiencias de manejo forestal sustentable o de cualquier actividad relacionada con el manejo sustentable de su territorio. Modernización de la CONAFOR En este rubro, la recomendación consiste en que la CONAFOR adquiera equipo, de calidad y en cantidad, adecuados a la atención de las necesidades específicas que tienen las comunidades indígenas para estar en condiciones de participar en las acciones previstas en los subcomponentes del proyecto, en particular, los que ofrecen incentivos para mejorar el manejo sustentable de su territorio; además de contar con equipos que ayuden a fortalecer la plataforma institucional de la CONAFOR necesaria para el trabajo de promoción, información y asistencia técnica que requieran las comunidades indígenas.


23

Mejoramiento de la calidad de prestadores de servicios técnicos Se recomienda incluir acciones de mejoramiento de los servicios técnicos forestales orientadas a las comunidades indígenas que sean culturalmente apropiadas; con capacidades de comunicación de parte de los prestadores de servicio, inclusive en las lenguas indígenas requeridas y con una vocación de servicio comunitario; e incluir en las acciones de mejoramiento a promotores o técnicos comunitarios que auxilian a las comunidades indígenas; y analizar y en lo posible instaurar mecanismos para fortalecer sus capacidades técnicas, así como sus oportunidades de superación técnica o profesional6. VIII. Aplicación del Marco de Planificación para los Pueblos Indígenas El Marco de Planificación de los Pueblos Indígenas cuenta con las siguientes vertientes de acción. a) Una centrada en la difusión y comunicación nacional del Proyecto, así como en la

instauración de procesos participativos. b) La segunda, se refiere a la operación de los programas considerados en el Componente 2 del

Proyecto, en el ámbito nacional y en las zonas que abarcan los programas especiales. c) La tercera, se desarrolla para el Componente 3 del Proyecto relativo a las áreas con acciones

tempranas REDD+. a) Difusión, comunicación y procesos participativos en el ámbito nacional. a.1) Difusión Durante el año 2011, la CONAFOR impulsó diversas actividades de difusión e información del Proyecto, en particular los temas relacionados con la deforestación y degradación de los bosques (REDD+), a través de diferentes instancias, como los consejos forestales, nacional, regionales y estatales, y entre el Comité Técnico Consultivo REDD+, instancias en las que participan no sólo organizaciones de los pueblos indígenas, sino también organizaciones con un amplio trabajo de apoyo y asistencia técnica, y con un profundo conocimiento de las necesidades y condiciones de los indígenas en las diversas regiones de México. Son organizaciones atentas a la vigilancia del cumplimiento de los derechos constitucionales y de los que se derivan de los tratados internacionales de los pueblos indígenas, y salvaguardas sociales aplicables en torno a proyectos del ámbito de los recursos forestales. La CONAFOR, promovió la realización de diversos talleres regionales de diseminación de la información y de retroalimentación en el propio estado de Jalisco y de Campeche, Yucatán y Quintana Roo para el caso de la Península de Yucatán, por ser regiones donde se prevé la posible realización de acciones tempranas REDD+. Esfuerzos todos ellos que han contribuido al diseño inicial del Proyecto, por parte de la CONAFOR, en conjunto con el Banco Mundial. Sin embargo, la institución centrará su atención en la ampliación del número de instancias, la representación de sus participantes, y reuniones de difusión y comunicación del Proyecto, a nivel

6 Por concluir análisis de impactos.


24

nacional, regional y/o local, que contribuyan a garantizar que los pueblos indígenas conozcan el Proyecto en general, poniendo énfasis en el tema de la deforestación y degradación de los bosques (REDD+), ya que éste al ser un tema relativamente novedoso entre las comunidades indígenas y no indígenas, puede generar incertidumbres sobre asuntos clave para la vida de las comunidades, como son entre otros, la propiedad de la tierra, acceso a sus territorios, aprovechamiento de los recursos naturales y canalización de beneficios sociales y económicos. Para ello la CONAFOR, inicialmente, centrará su estrategia en obtener la colaboración de las siguientes instancias:

- del sector ambiental7, de las instancias sectoriales8, al igual que de los gobiernos estatales y municipales, agentes técnicos locales y agentes de desarrollo local, que se prevé su participación en el desarrollo de los subcomponentes del Proyecto.

- de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y en su caso, del Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, cuya participación es relevante para orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar las acciones de difusión, comunicación y de los procesos participativos entre las comunidades indígenas.

- de las propias instancias que ya han venido participando en el proceso participativo, como los consejos forestales, el CTCREDD+, las organizaciones no gubernamentales, organizaciones de productores forestales y asociaciones de silvicultores, entre otros.

La colaboración estaría encaminada a que cada una de ellas se plantee de manera institucional extender el tema REDD+ en sus agendas de difusión, comunicación, capacitación y promoción de procesos participativos; además de la realización de acciones conjuntas que estén diseñadas entre la CONAFOR y el conjunto de las instituciones. Asimismo, la CONAFOR propondrá como tema de agenda de las Comisiones Intersecretariales de Cambio Climático y de Desarrollo Rural Sustentable, el de la participación colaborativa para la difusión, comunicación e impulso de procesos participativos en torno al Proyecto, promoviendo un acuerdo específico para la programación e instrumentación anual de las acciones. a.2. Impulso a procesos regionales y locales participativos Además de los esfuerzos de retroalimentación con algunas comunidades, inicialmente realizados por la CONAFOR, la institución centrará su atención en el impulso de procesos participativos regionales y locales que son necesarios instrumentar en términos de REDD+, derechos de los pueblos indígenas, salvaguardas sociales y su observancia en la implementación del Proyecto. En particular para la promoción y respeto de los derechos relacionados con:

- Derechos de propiedad y de posesión de las tierras y territorios.

7 La SEMARNAT, CONABIO, CNA, PROFEPA, el INE y la CONANP. 8 La SAGARPA, Secretaría de la Reforma Agraria, Registro Agrario Nacional y Procuraduría Agraria.


25

- Acceso al uso y disfrute de los recursos naturales. - Participación en la conservación y mejoramiento del hábitat. - Preservación de la integridad de las tierras. - Salvaguarda de instituciones, cultura, valores y prácticas sociales. - Equidad de género e igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. - Participación en la formulación, aplicación y evaluación de los programas u acciones

susceptibles de afectarles. - Salvaguarda de modalidades de transmisión de los derechos sobre la tierra. - Limitaciones a la intrusión no autorizada en las tierras o todo uso no autorizado. - Salvaguarda de tradiciones y culturas para dar a conocer sus derechos y obligaciones. - Participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven del proyecto. - Preservación y mantenimiento de los conocimientos, innovaciones y prácticas

tradicionales de las comunidades indígenas. - Libre determinación y cooperación de buena fe para consentimiento libre, previo e

informado. - Validez de lenguas indígenas, al igual que el español, para cualquier asunto o trámite

relacionado con el Proyecto. - Prevención y eliminación de cualquier forma de discriminación.

Para ello la CONAFOR centrará su estrategia en obtener la colaboración de la CDI, cuya participación es imprescindible para orientar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y ayudar a evaluar los procesos participativos entre y con las propias comunidades indígenas. Asimismo, obtener la colaboración de las instancias del sector ambiental9, de las instancias sectoriales10, de las agencias locales de desarrollo, de los organismos públicos descentralizados, corredores biológicos o de los gobiernos estatales y municipales coadyuvantes en la implementación del Proyecto; además, de obtener la colaboración del CTCREDD+ y los del nivel estatal; de los consejos forestales regionales y estatales; de las organizaciones no gubernamentales con incidencia a nivel nacional, regional y local, así como de los prestadores de servicios técnicos forestales, enlaces y promotores comunitarios. a.3.) Documentación, comunicación y entrega de resultados La CONAFOR centrará su atención en documentar, sistematizar y comunicar los resultados de las acciones contempladas en los incisos anteriores. Ello permitirá realizar un seguimiento puntual de los compromisos, propuestas o sugerencias que se deriven de dichas actividades, e incorporarlos en los informes que prepare para dar cuenta de los resultados del Proyecto y las evaluaciones sociales de su implementación a nivel nacional, regional y local. Las actividades anteriores pasarán a formar parte de los esfuerzos que realice la CONAFOR contemplados en el Componente 1 del proyecto de “Diseño de política y fortalecimiento institucional”, en particular, con el Subcomponente 1.2 de “Diseño de políticas, procesos 9 La SEMARNAT, CONABIO, CNA, PROFEPA, el INE y la CONANP. 10 La SAGARPA, y además de la Secretaría de la Reforma Agraria, del Registro Agrario Nacional y de la Procuraduría Agraria.


26

participativos y de difusión del conocimiento”, relacionado con los procesos participativos y esfuerzos de comunicación y difusión para la implementación del proyecto, incluyendo las salvaguardas sociales y ambientales. Asimismo, del subcomponente 1.3 de “Modernización de la CONAFOR y coordinación intersectorial” en cuanto a la gestión general del proyecto, y la colaboración intersectorial entre la CONAFOR y otras agencia federales, estatales y locales. Dentro de este subcomponente se diseñarán los procedimientos específicos para la atención y resolución de posibles quejas y denuncias derivadas de la implementación del Proyecto. En tanto esta actividad se concreta, la CONAFOR atenderá las quejas o inconformidades que se susciten a través de sus mecanismos establecidos en la actualidad, y los previstos en la legislación y normatividad en materia de control de la gestión de sus servidores públicos. b) Componente 2 del Proyecto “Consolidación de programas comunitarios prioritarios a nivel nacional”: operación de programas en el ámbito nacional y en las zonas que abarcan los programas especiales. b.1) Difusión y promoción La estrategia de la CONAFOR se centrará en la difusión y promoción entre las comunidades indígenas del contenido de los programas y apoyos específicos considerados en el Componente 2 del Proyecto, en base a su obligación y experiencia de brindar a las comunidades la asesoría y capacitación para que accedan a los beneficios y organizarse para el manejo forestal sustentable. Las actividades se centrarán en la difusión de los siguientes aspectos y de acuerdo al sistema normativo, usos y costumbres de las comunidades:

- El contenido integral del Proyecto Bosques y Cambio Climático. - El protocolo que utiliza la CONAFOR para determinar la focalización del conjunto de

programas de la institución. - Las Reglas de Operación y Lineamientos Especiales de Programas, así como

coordinaciones y gerencias responsables por programa, a nivel central y estatal. - Asistencia técnica e información de la CONAFOR en relación a derechos para que las

comunidades indígenas, hombres y mujeres, presenten sus solicitudes; procedimiento de

calificación, análisis y dictamen de solicitudes, notificación de resultados; y capacitación a los beneficiarios en materia de derechos y obligaciones que adquieren al ser designados como beneficiarios y al suscribir el convenio de adhesión correspondiente, y otorgamiento de pagos.

- Servicios técnicos forestales acreditados y promotores forestales comunitarios. - El Marco de Planificación para los Pueblos Indígenas y el Marco de Procedimientos para

Restricciones Involuntarias contemplados en el Proyecto. - La atención de reuniones de consultas comunitarias, a las que se sean expresamente

invitados los equipos de trabajo de la CONAFOR. - Los tipos de recursos de inconformidad que existen así como de los mecanismos para su

canalización, y atención de las quejas que pudieran resultar de la implementación de los programas y/o en general del Proyecto.


27

- Las demás actividades que se deriven de las propias solicitudes de las comunidades indígenas.

Aunque si bien los apoyos y servicios que ofrecen los Programas de la CONAFOR sólo pueden otorgarse a las comunidades indígenas que lo solicitan por decisión formal de sus asambleas, o de sus órganos de gobierno y autoridades tradicionales establecidos según sus usos y costumbres, y sólo son aplicables a las superficies forestales de propiedad colectiva, la CONAFOR se asegurará, en todos los casos, y a través de su trabajo de promoción y asistencia técnica a las comunidades, que las acciones que proponen los potenciales beneficiarios cuenten con un amplio apoyo comunitario a los servicios y apoyos que ofrece el Proyecto, en particular, los relacionados con su Componente 2: Pago por Servicios Ambientales, Desarrollo Forestal Comunitario, Desarrollo Forestal, Desarrollo de las Cadenas Productivas y Programas Especiales11. En este rubro, la CONAFOR cuenta ya con una diversidad de experiencias derivadas de la implementación de cada programa a nivel nacional, ya que como se ha señalado anteriormente, la institución ha propuesto integrar al Proyecto conceptos de apoyo de los programas que se encuentran en curso desde hace varios años, además de que son los programas que contribuyen al cumplimiento del objeto de desarrollo del proyecto, es decir, “apoyar a las comunidades rurales en México para manejar sustentablemente sus bosques, crear capital social y generar ingresos adicionales de los productos y servicios forestales, incluyendo la reducción de emisiones por deforestación y degradación (REDD+)”. Es por ello que la atención de la CONAFOR se centrará en la aplicación de las mejores prácticas y experiencias que ha alcanzado hasta ahora, prácticas que también se han institucionalizado en sus Manuales de Operación y/o de Procedimientos, entre las que se encuentran las que tiene que fortalecer para la adecuada implementación del Proyecto, y evitar al máximo posibles impactos negativos entre las poblaciones indígenas:

- prestación de un servicio de acompañamiento técnico y de gestión en los casos de las comunidades indígenas menos accesibles, donde predominan altos índices de marginación, el analfabetismo funcional, la baja escolaridad y con dificultades para cubrir los costos de transacción internos y externos asociados a la participación en los programas.

- promoción, asistencia técnica y capacitación en zonas con elevado índice de población hablante de lenguas indígenas, para lo cual se deben prever materiales especiales para sus promociones y capacitaciones y muy especialmente para explicar los servicios y apoyos de cada Programa, los derechos y obligaciones.

11 Tales como los Programas Especiales de “Restauración de las Micro Cuencas en Zonas Prioritarias del Sistema Cutzamala (Michoacán y Estado de México) y de La Marquesa (Estado de México y Distrito Federal”; “Conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de la Selva Lacandona, Chiapas”; “Restauración de las Cuencas de los Lagos de Pátzcuaro y Zirahuén, Michoacán”; “Restauración de las Micro cuencas en Zonas Prioritarias: Cofre de Perote; Nevado de Toluca; Chichinautzin; Izta-Popo; Pico de Orizaba y Lerma-Chapala” y “Cuencas Costeras de Jalisco”.


28

- instaurar medidas especiales que garanticen la participación de jóvenes y mujeres sin derechos de tierra, así como en su caso de los avecindados, sin violentar usos y costumbres.

- disponibilidad de traductores de lengua indígena cuando se haga la promoción, difusión y suscripción de convenios de adhesión con beneficiarios monolingües.

- identificación de potenciales conflictos sobre el uso de los recursos naturales para conocer cuáles son los posibles efectos que tendrá el proyecto entre grupos de personas12.

- identificación de acciones de disminución y mitigación de probables impactos negativos que sean competencia directa de la operación del Proyecto, y estrategia de atención conjunta con la comunidad o grupos vulnerables.

- coordinación intersectorial de acciones en los casos de disminución y mitigación de impactos negativos que no sean competencia directa de la CONAFOR.

- registro por programa de las acciones generadas para seguimiento, acompañamiento, reporte y evaluación de las acciones.

De manera particular las gerencias estatales de la CONAFOR realizarán las siguientes actividades:

a) Difundir el Proyecto en espacios de participación social (foros regionales) y asambleas de comunidades indígenas, ejidatarios y comuneros;

b) Elaborar diagnósticos estatales, regionales y locales, que auxilien la definición de estrategias de trabajo para los programas;

c) Asistir a las comunidades en la preparación de solicitudes, la identificación de sus asesores técnicos y el desarrollo de las actividades apoyadas por la CONAFOR y;

d) Realizar actividades de monitoreo y seguimiento de la ejecución del programa en el estado.

Con lo anterior, la CONAFOR fortalecerá sus prácticas de acompañamiento técnico referidas a facilitar a las comunidades indígenas el acceso a los programas, ya que aún cuando las comunidades puedan contratar por su cuenta los servicios profesionales para llevar a cabo el acompañamiento, los programas mantendrán su participación y acompañamiento, aunque éste pueda darse en una forma menos intensa. De manera particular, la CONAFOR fortalecerá su experiencia para realizar la promoción de los programas incluidos en el Proyecto para la celebración de asambleas, debiendo establecer contacto con los representantes de las comunidades indígenas, explicando a sus representantes las características del Proyecto a nivel nacional, atendiendo sus dudas y comentarios, y, en su caso, promoverán, conjuntamente con ellos, la celebración de la asamblea general de la comunidad. 12 Dentro de los posibles efectos se pude visualizar la limitación para acceder de los recursos que accedían antes de la implementación del Proyecto que les proveía de beneficios económicos y sociales, por lo que la CONAFOR actuará conforme el “Marco de Procedimientos para Restricciones Involuntarias”.


29

Las actividades adicionales de acompañamiento pueden ser reuniones con distintos grupos de la comunidad para explicar los programas, previo a la celebración de las asambleas generales, así como reconocer potenciales conflictos internos por desacuerdos u otras razones, ya que la falta de información o entendimiento sobre un programa, así como la mala interpretación sobre los derechos y obligaciones que se adquieren al incorporarse a un programa puede causar expectativas falsas o iniciar o agravar conflictos internos. La CONAFOR deberá hacer uso de sus habilidades adquiridas para reconocer los potenciales puntos de conflicto interno, o bien por causas externas13. La estrategia se centrará en promover una amplia concertación interna orientada hacia el ordenamiento territorial, plan de manejo forestal y, en su caso, de reglamentos internos y estatutos comunales que prevean reglas expresas para el manejo forestal comunitario, como una buena práctica (no como requisitos de acceso a los programas) y en preparar oportunamente a la comunidad para presentar solicitudes a estos programas al momento de sus convocatorias. El tipo de acompañamiento requerido podrá ser cubierto en la mayoría de los casos por un prestador de servicios técnicos en cada región, como se ha señalado anteriormente, y de preferencia por los prestadores técnicos de servicios forestales que hayan sido debidamente acreditados en términos de su interés de trabajo con las comunidades indígenas y en congruencia con lo previsto en el entrenamiento y acreditación que ofrecerá el Proyecto a través de la implementación del Subcomponente 1.4 de “Mejoramiento de la calidad de prestadores de servicios técnicos”. El gran reto de cada programa previsto en el Proyecto de Bosques y Cambio Climático, seguirá siendo, como en casos anteriores de programas con una amplia participación de las comunidades indígenas (PROCYMAF y COINBIO), la construcción participativa del sujeto social con capacidades para negociar y acordar, en nombre de los dueños de los bosques quienes realizan el manejo sustentable del bosque, así como las estrategias y actividades que eleven la calidad y aseguren la permanencia de los servicios ambientales de la región. Es por ello que este MPPI promueve, como en casos anteriores, la elevación interna de la organización social y la gobernabilidad de comunidades indígenas, así como su participación activa en la construcción de la organización regional de los actores del proyecto. La aproximación a cada comunidad o ejido habrá de priorizar, como hasta ahora se ha venido priorizando, el fortalecimiento de la cohesión interna y la construcción de capital social; buscar mecanismos participativos que logren cohesionar a los diversos actores sociales inmersos en la comunidad. De particular importancia es darle seguimiento al hecho de procurar que la totalidad de los integrantes de la comunidad estén incluidos en los procesos que conllevan a la toma de decisión sobre el manejo de los recursos naturales; es necesario buscar formas inclusivas, cuidando y respetando la diversidad cultural, los niveles educativos, el conocimiento de los

13 El acompañamiento técnico podrá ser proporcionado directamente por la CONAFOR y, en su caso, con una organización social con una amplia experiencia de trabajo comunitario en la región. En cualquier caso se procurará que tal acompañamiento tenga un compromiso de largo plazo (dos o tres años), tenga una presencia recurrente en la comunidad (mensual) a lo largo de todo el año.


30

territorios con visión de género, la participación de grupos de edad diferentes, etc., tomando en cuenta que la forma de trabajo en comunidades bi-culturales debe fortalecer las relaciones interétnicas y no marginar a ninguno de los grupos sociales presentes en él, buscando que las decisiones comunitarias sean consensadas por todos los integrantes y sectores. La estrategia considerará un trato técnico y de gestión que considere el fortalecimiento de la cohesión dentro de un mismo ejido o comunidad con población indígena y no indígena. Se continuará fomentando la integración y el capital social al interior del mismo propietario colectivo, lo cual requiere un trato manifiestamente igualitario, equitativo e incluyente. El acompañamiento técnico y a la organización social deberá aproximarse a la comunidad bajo una estrategia integrada y ejercido por la misma persona, u organización, para el conjunto de la comunidad. El acompañamiento (informativo, técnico, organizativo, de apoyo a la gestión) se hará bajo una estrategia integrada y ejercido por la misma persona, u organización para el conjunto de la comunidad; promoviendo las actividades que ayuden a avanzar en la construcción de capacidades del conjunto de la comunidad y con base al respeto de sus formas de organización internas, fortaleciendo y respetando las formas tradicionales que presenta el capital social comunitario. b.2) Consultas y apoyo comunitario De manera particular la CONAFOR instaurará mecanismos de consulta libre, previa e informada y alcanzará el apoyo comunitario a través de la realización de las siguientes acciones: b.2.1.) Realización de foros de validación social

La CONAFOR, a través de las Gerencias Estatales y Gerencias responsables por programa, realizarán un proceso de validación social de las solicitudes en los espacios de participación y consulta de las comunidades; el personal de la CONAFOR emitirá la invitación correspondiente a las comunidades y asociaciones que hayan presentado solicitudes de apoyo, y a través de los representantes de sus órganos de gobierno. Al foro asistirán los representantes de las comunidades (Comisariado Ejidal/Comisariado de Bienes Comunales y Consejo de Vigilancia; o bien los representantes de los órganos existentes según usos y costumbres) o cualquier miembro de éstos; además se podrá invitar a los representantes de las asociaciones, asesores técnicos, personal de la CONAFOR de otros programas, autoridades municipales, del gobierno estado y federal, y cualquier persona que se considere relevante su participación en el foro regional, se elaborará el registro de asistencia de los participantes en las reuniones. El foro sólo sesionará en el lugar acordado por los participantes, el cual podrá ser la Casa Ejidal/Comunal, auditorios, salones de eventos o lugares acondicionados para realizarlo. La relevancia del foro radica en que cada solicitante por medio de sus representantes agrarios (presidente del comisariado ejidal/bienes comunales o miembro de la mesa directiva)


31

describirán el o los apoyos a solicitar, para lo cual deberá responder a los siguientes cuestionamientos:

• ¿Qué concepto de apoyo solicita?

• ¿Se reunieron los integrantes de la comunidad asamblea general para analizar y discutir la pertinencia de los conceptos de apoyo?

• ¿Cuál es la finalidad de solicitar este apoyo?

• ¿Qué problemas resuelve?

• ¿Cuál es la contribución económica de la comunidad para la ejecución del concepto de apoyo?

• ¿Es elegible el asesor técnico para la ejecución del concepto de apoyo?

• ¿Tiene la comunidad conflictos internos y/o externos por posesión y límite de terrenos?

• ¿Se solucionarán conflictos inter e intracomunitarios con el apoyo solicitado?

• ¿Cuáles son los compromisos que la comunidad asumirá en caso de resultar aprobado el concepto de apoyo solicitado?

De esta manera se obtiene un panorama sobre el nivel de interés por parte de las comunidades al solicitar los apoyos; los asesores técnicos no participarán en la respuesta de las preguntas, excepto para aportar datos técnicos. Si las solicitudes no son validadas socialmente, no se continuará con el proceso para la asignación de apoyos, y se continuará trabajando con la comunidad en actividades que, en su caso, la misma comunidad decida impulsar, como las previstas en el programa de silvicultura comunitaria. Se levantará un acta de acuerdos, en la que se establezca las solicitudes validadas socialmente y así como aquellas que no se validaron, asentando las razones por las que no continuarán el proceso; el acta deberá contener los temas tratados en el foro así como los asuntos generales presentados y ser firmada y sellada por los representantes de las comunidades participantes, entregándose una copia del acta a cada uno de los representantes. El desarrollo del subcomponente 1.1. del Proyecto relacionado con el “monitoreo y la evaluación”, ayudará a dar seguimiento a los mecanismos de monitoreo comunitario consensuados, para a su vez darle seguimiento y evaluar el cumplimiento de los acuerdos internos y con los programas e instituciones públicas que participen de manera coadyuvante con el desarrollo del Proyecto, como es el caso de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para el caso del Programa de Servicios Ambientales que se ofrece entre las comunidades indígenas que habitan dichas áreas naturales. b.2.2.) De la participación y de la inclusión indígena

Dentro del Subcomponente 1.3. del Proyecto relacionado con la “Modernización de la CONAFOR y coordinación intersectorial” se prevé la gestión general del Proyecto, incluyendo la


32

coordinación general, reporte, administración y funciones de seguimiento del cumplimiento de salvaguardas sociales y ambientales. Dicho fortalecimiento debe ser garantía de que efectivamente las salvaguardas sociales del Proyecto se cumplan; en particular, asegurará el fortalecimiento de áreas de coordinación y concertación, como la actual Gerencia de Coordinación y Concertación, y la contratación dentro de la estructura orgánica de la CONAFOR de promotores de la participación social y la inclusión indígena, encargados de vincular al aparato institucional de la CONAFOR con los agentes sociales de la región (ejidos, comunidades, organizaciones de base y sociales, consejos, etc.). Al igual que en experiencias previas en la ejecución de programas de la CONAFOR –ahora algunos de ellos incluidos en el Proyecto-, sus tareas estarán vinculadas con promover la participación social y la inclusión indígena. Asimismo, otro elemento central de la estrategia de construcción de capacidades en comunidades y ejidos indígenas continuará siendo la habilitación de promotores o técnicos comunitarios locales que servirán de enlace con los servicios de asistencia técnica y gestoría externos, con el promotor de la participación social y la inclusión indígena y, en general, con los Programas de la CONAFOR e incluso otros Programas institucionales que operen en la región, como los de corredores biológicos. El promotor comunitario será de preferencia un adulto joven, hombre o mujer, con alguna formación técnica o social, o experiencia de trabajo relevante, pero sobre ello tendrá prioridad su buena comunicación y dominio de la lengua indígena local, lo cual garantiza el buen entendimiento con todos los grupos de la comunidad, su vocación de servicio, la firmeza de sus raíces locales y sus capacidades de aprendizaje. Será seleccionado entre aquellos y aquellas propuestos por grupos de la comunidad (incluyendo mujeres) y será seleccionado en una asamblea participativa con el aval de todos los presentes. El promotor comunitario recibirá un estipendio suficiente para cubrir gastos personales, los costos de sus salidas fuera de la comunidad por razones de capacitación y gestión de los intereses comunitarios y los costos de la promoción dentro de la comunidad o ejido. En algunos casos un solo promotor comunitario podrá ejercer sus actividades en dos y hasta tres localidades, cuidando que se trate de poblaciones sin conflictos entre ellas y que las condiciones de distancia y transporte lo permitan. Entre las tareas de los promotores podrán encontrarse las de seguimiento de la instrumentación de acuerdos comunitarios, la traducción de diálogos con el personal técnico, explicaciones posteriores a grupos que no acudieron a una reunión donde se trataron temas relevantes, convocatoria interna para reuniones y tareas asociadas al Programa. Los promotores comunitarios se adentrarán en la estrategia de fortalecimiento de la organización y la participación dentro de sus comunidades y en el ámbito regional. Se capacitarán en la gestión de Programas públicos y en especial en los programas del proyecto, apoyarán la labor de los servicios de asistencia técnica y gestoría dentro de la comunidad y la región. Buena parte de su capacitación se basará en la transmisión horizontal de experiencias y buenas prácticas compartidas con el equipo técnico regional. El equipo de promotores comunitarios será la base de una estrategia de mediano plazo para la construcción de habilidades internas de gestión, de


33

fortalecimiento de la organización interna y construcción de liderazgos informados y de capacidades para-técnicas. También dentro del subcomponente 1.1. de “Monitoreo y evaluación”, se deberá explorar técnicas y procedimientos para incorporar a los promotores comunitarios en las labores de asistencia a la comunidad, en específico en las labores de monitoreo de sus recursos naturales, además de que en el Subcomponente 1.4. de “Mejoramiento de la calidad de prestadores de servicios técnicos”, se contemple también la capacitación a promotores técnicos comunitarios. b.2.3.) Consejos Técnicos Consultivos

El Proyecto se propone continuar fortaleciendo el capital social regional y construir la organización colectiva capaz de negociar la contención de la deforestación y de la degradación de los bosques y selvas; promover, con el soporte técnico adecuado, ordenamientos territoriales y planes de manejo; promover y dar seguimiento a la participación social; transparentar el uso de los recursos del proyecto; y rendir cuentas a la sociedad a nivel nacional, regional y local. La figura que puede hacer esto ha venido siendo construida en la mayoría de las regiones donde se aplican los programas, en particular el Programa de Pago por Servicios Ambientales, de Silvicultura Comunitaria y de Cadenas productivas Forestales. Existen avances que el desarrollo del Proyecto no debe desaprovechar. Es por ello que la estrategia se centrará en el fortalecimiento de los Consejos Técnicos Consultivos existentes y en el aprovechamiento de otras instancias que ya existen en materias de medio ambiente y recursos naturales, como los consejos de áreas naturales protegidas, u otras figuras regionales integradas con amplia participación social de base, organizaciones regionales de base, organizaciones sociales con una estructura transparente y participativa. La estrategia de fortalecimiento de los Consejos deberá emanar de la consulta social regional y la consulta con instituciones que inciden en las regiones, en particular con las instituciones coadyuvantes en el proyecto, como son la propia SEMARNAT, la SAGARAPA, las Juntas Locales Intermunicipales, los gobiernos de los estados y municipios y la PROFEPA, entre otras.

b.2.4.) Promotor nacional de la participación y la inclusión indígena.

La CONAFOR aprovechará sus procesos de modernización y fortalecimiento propuestos en el Proyecto, para integrar, en su estructura central y subordinado a las Gerencias que operan los programas y proyectos especiales considerados en el Proyecto, un mayor número de promotores de buenas prácticas de participación social e inclusión indígena. Sus tareas serán considerar la información generada con la implementación de todos los programas, además de acopiar la experiencia de campo y sistematizarla de manera que pueda ser difundida, comunicada y evaluada para aprovechamiento en otras regiones. Habrá de orientar y apoyar el trabajo de los promotores de la participación y la inclusión indígena regionales pero no tendrá en relación a ellos una relación de superioridad jerárquica, ya que los promotores seguirán dependiendo de las gerencias estatales.


34

Además, promoverá el diálogo con el personal estatal de la CONAFOR y recogerá sus comentarios y observaciones para una mejor operación nacional, regional y local de los programas incluidos en el proyecto. Sus esfuerzos se orientarán a dar seguimiento a las acciones para incrementar la inclusión de la participación de los pueblos indígenas en el proyecto, en dos vertientes principales:

• Incremento en el plano nacional del acceso a los programas de la CONAFOR, mediante una significativa mejoría de los servicios de acompañamiento técnico y de gestión.

• La plena participación de las comunidades indígenas en el desarrollo de las acciones previstas en el Componente 3 del Proyecto.

Tanto los resultados anteriores de los trabajos de los Consejos Técnicos Consultivos como de los promotores de la participación y la inclusión indígena, como los resultados de las actividades que continúen desarrollando hacia el futuro, serán insumos para las actividades que promueve el Subcomponente 1.3. del Proyecto relacionado con la “Modernización de la CONAFOR y coordinación intersectorial” al incluirse el reporte, administración y funciones de seguimiento del cumplimiento de salvaguardas sociales y ambientales. La sistematización de los hallazgos derivados de las evaluaciones externas que se realizan de los programas, serán un insumo sustancial en el diseño y desarrollo de las estrategias anteriores, poniendo énfasis en aquellos resultados de evaluación de programas que no están incrementando la participación en sus beneficios entre las comunidades indígenas, como el caso del PRODEFOR o el de Cadenas Productivas Forestales. c) Componente 3 del Proyecto: Innovación en REDD+ en acciones tempranas: operación de apoyo a acciones tempranas en regiones prioritarias. El desarrollo del Componente 3 del Proyecto, implica realizar actividades para la innovación de políticas públicas y armonización intersectorial con el objetivo de posibilitar e impulsar la gestión de paisajes forestales, mediante el alineamiento de las políticas públicas y la acción multisectorial para incidir de manera efectiva, y con base en el contexto local, en la toma de decisiones de los dueños de los bosques hacia el uso sustentable de los mismos. c.1) Difusión y promoción En primer lugar, es importante señalar que las acciones y disposiciones previstas en los anteriores apartado a) y b) del MPPI, aplican también a este tercer Componente del Proyecto; en la medida en que la CONAFOR garantizará el cumplimiento de las salvaguardas sociales, y en particular las relacionadas con Pueblos Indígenas, a nivel de todo el territorio nacional; además de que para la realización de acciones tempranas REDD+ no aplican salvaguardas especiales, excepto instrumentos de planificación de la participación de los pueblos indígenas específicos y según las particularidades y subproyectos que se considere aplicar. En cuanto a las acciones de innovación de políticas públicas y armonización intersectorial, consideradas en el Subcomponente 3.1. del Proyecto, la CONAFOR iniciará con un intenso


35

proceso de sensibilización respecto al contenido de las salvaguardas de Pueblos Indígenas entre las propias instituciones que serán sus aliadas en la instrumentación del mismo Proyecto, y de manera muy intensa con la SAGARPA, institución para el desarrollo rural que también ha acumulado experiencia en cuanto al cumplimiento de salvaguardas sociales de esta naturaleza, y entre los Agentes Técnicos Locales (ATLs) y Agentes de Desarrollo Local (ADLs). De especial relevancia es que el acompañamiento técnico a las iniciativas REDD+ dentro de una acción temprana, por parte de otros agentes locales diferentes a la CONAFOR, como los ATLs y ADLs, y que desarrollen sus actividades con comunidades indígenas, deberán a ajustarse a los principios, criterios y procedimientos establecidos en este MPPI. Las innovaciones de políticas propuestas, analizarán las correspondientes formas de integración que garanticen a las comunidades indígenas el cumplimiento del Proyecto respecto a sus derechos y las salvaguardas que aplican al mismo. De tal forma que, las adaptaciones o nuevas reglas de operación y lineamientos especiales de las acciones efectivamente den respuesta a especificidades regionales, en términos de la diversidad étnica. Así mismo, los mecanismos innovadores para el alineamiento de políticas e incentivos, igualmente responderán a las condiciones y características de las comunidades indígenas de las áreas de acciones tempranas y fortalecerán su necesaria participación e integración a dichos mecanismos. El fortalecimiento de las instancias de gestión territorial que asegurarán el acompañamiento a las inversiones realizadas en comunidades y ejidos en las áreas de acción temprana REDD+ contemplarán instancias que prevean la incorporación de las comunidades indígenas en sus procesos de diseño e instrumentación de políticas y gestión forestal sustentable; los procedimientos previstos entre estos agentes se ajustarán a las consideraciones y características de las instituciones propias, usos y costumbres y tradiciones de las comunidades indígenas; y se rescatarán las experiencias y buenas prácticas que las instancias de participación actuales y en donde ya se discuten y analizan los temas forestales, exista una representación de los pueblos indígenas y de sus organizaciones. De cualquier forma, ninguna disposición que se prevea en los nuevos mecanismos, podrá ir en contra de las salvaguardas sociales previstas en el Proyecto y por consiguiente en este MPPI. El desarrollo e impulso a la gestión de paisajes forestales mediante el alineamiento de las políticas públicas y la acción multisectorial, considerarán y evaluarán de manera efectiva el potencial de estas estrategias entre las comunidades indígenas y en congruencia con sus derechos de acceso y disfrute a los medios de vida que les ofrece el bosque y las selvas14; los saberes y prácticas de uso tradicionales en cuanto al manejo y aprovechamiento de los bosques y sus frutos y el respeto a las decisiones que los dueños de los bosques han tomado ya con respecto al manejo de su territorio.

Las inversiones a las comunidades y ejidos en las áreas de acciones tempranas REDD+ serían igualmente voluntarias; sin embargo, las prácticas de trabajo de la CONAFOR y de sus instituciones aliadas, se apegarán a los procedimientos y buenas prácticas de trabajo con las comunidades indígenas establecidas en este MPPI. La CONAFOR y las instituciones públicas y

14 En su caso la CONAFOR actuará conforme al “Marco de Procedimientos para Restricciones Involuntarias”.


36

sociales participantes en el Proyecto establecerán en los respectivos convenios de colaboración que suscriban, una cláusula específica de adhesión a este MPPI, y será sujeta, al igual que las demás disposiciones de los convenios, al seguimiento y evaluación de su cumplimiento. Los resultados de las actividades anteriores se incorporarán como parte de las actividades por realizar con apoyo del Subcomponente 1.3. del Proyecto relacionado con la “Modernización de la CONAFOR y coordinación intersectorial” al incluirse el reporte, administración y funciones de seguimiento del cumplimiento de salvaguardas sociales y ambientales. En el sistema que se cree con ese objeto de seguimiento, se incorporarán los registros necesarios para estar en condiciones de documentar e informar, en cualquier momento, las actividades que realice la CONAFOR como responsable de garantizar que los procesos participativos que se generen con las instituciones socias participantes en el Proyecto, sean adecuadas a este MPPI. Lo anterior, supone que la CONAFOR realice un registro de cada una de las acciones participativas por medio de la generación de informes, minutas o relatorías de cada actividad participativa, por lo que esto será el registro de los compromisos de todas las partes; además del registro de los compromisos y acuerdos que se deriven.

c.2) Planes de Participación (PP) y de Pueblos Indígenas (PPI) en dos áreas de acciones tempranas. El tercer componente del Proyecto puede implicar la delimitación de áreas específicas durante su implementación. Es por ello que, como parte de las primeras actividades del Proyecto en las dos áreas de acciones tempranas que se contempla atender, se dirigirán al análisis social y de las condiciones y características de las comunidades indígenas prevalecientes en dichas áreas. Para ello, la CONAFOR centrará su atención en el diseño y puesta en práctica de una estrategia de incorporación al Proyecto que asegure, en cada caso, la inclusión de la población indígena, y que garantice su acceso equitativo a los beneficios del Proyecto, evitando posibles impactos negativos hacia las comunidades. Para ambas áreas llevará a cabo un estudio de evaluación social que sobre la base de una consulta determine un Plan de Participación (PP) y un Plan de Pueblos Indígenas (PPI) específico para cada área. Las condiciones bajo las cuales podrían ser preparados dichos Planes, consisten en que la mayor parte de la población en las áreas seleccionadas del componente 3 del Proyecto sean indígena, o predominantemente indígena. Los Planes incluirán:

• Resultados de la evaluación social regional;

• Resultados de una consulta social regional, en caso necesario, UN esquema que asegure que se lleven a cabo consultas previas, libres e informadas con las comunidades indígenas;


37

• Un plan de acción con las medidas necesarias para asegurar que los Pueblos Indígenas obtengan beneficios sociales y económicos adecuados desde el punto de vista cultural, que incluya

• Medidas para fortalecer la capacidad de las instituciones socias del Proyecto

• Cuando se identifiquen posibles efectos negativos sobre los Pueblos Indígenas, un plan de acción adecuado con las medidas necesarias para evitar, reducir lo más posible, mitigar o compensar los efectos adversos

• Mecanismos de participación

• Procedimientos accesibles para resolver las quejas

• Un programa de ejecución y presupuesto específico para cada área

• Una estrategia de diseminación de la información y resultados del Proyecto. Los planes tendrán una diferente complejidad dependiendo de las características de las áreas, y serían realizados conforme al Manual de Operaciones y Políticas Operaciones del Banco Mundial. Los términos de referencia de los PP y PPI serán presentados por la CONAFOR para obtener la no objeción del Banco Mundial antes de su formulación. IX. Mecanismos de difusión, seguimiento y de atención y resolución de quejas En el caso de que se llegasen a suscitar conflictos relacionados con la implementación del Proyecto, éstos deberán resolverse en primera instancia en las comunidades indígenas con el apoyo del personal operativo de los programas en las áreas de atención; deberán celebrarse reuniones de conciliación entre la parte y la contraparte, y en caso de no llegar a algún arreglo o conciliación, los operadores de los programas deberán proceder a elaborar una estrategia de intervención desde el enfoque participativo en cuanto a resolución de conflictos; en este sentido al tratarse de comunidades indígenas deberá de considerarse el factor cultural en cuanto a sus propias formas culturales de resolución de conflictos.

Para el caso de la resolución de conflictos deberá procederse siempre desde lo particular a lo colectivo, es decir se tratará de resolver en primera instancia a nivel de parte y contraparte, si no se lograse la resolución del conflicto se procederá a aplicar la estrategia de intervención en la resolución de conflicto, misma que deberá elaborar quien opera el programa.

La estrategia puede considerar los siguientes puntos como mínimo:

a) Descripción general del programa.

b) Antecedentes del conflicto.

c) Caracterización del conflicto como hecho social en la comunidad.

d) Estrategia de resolución de conflicto.

e) Cronograma.


38

También se deberán atender las quejas que pudieran derivarse; por lo que en primera instancia la queja se realizará ante las oficinas estatales de la CONAFOR con los responsables operadores de los programas, quienes la atenderán de manera inmediata y procederán a realizar visitas en campo para identificar dónde se encuentra el problema, y realizar las medidas de solución. De no ser atendida la queja la persona quejosa puede dirigirse a las Coordinaciones Generales responsables de los programas o acciones tempranas del Proyecto, y en última instancia deberá dirigirse al Órgano Interno de Control de la CONAFOR. En cualquiera de las instancias deberán de prestar atención inmediata a la queja. Las quejas podrán ser atendidas de manera oral o por escrito y atendiendo a las características lingüísticas de la población indígena. Disposiciones para la implementación

Para hacer efectivas las disposiciones expuestas en este MPPI se requieren condiciones mínimas para la implementación de las mismas. La CONAFOR como responsable de la elaboración y operación del Proyecto “Bosques y Cambio climático” será la responsable de estar pendiente del desarrollo, disposición y ejecución de las disposiciones planteadas en este marco, por lo que desde sus dos niveles: central y estatal estará dando seguimiento y evaluando las acciones que se detonen. Las comunidades indígenas que sean beneficiadas con los programas del Proyecto, deberán conocer las disposiciones señaladas en este marco y deberán ser participantes activos de las acciones señaladas en el mismo. Las instituciones públicas y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que participen en la implementación del Proyecto deberán conocer el Proyecto y el presente MPPI. Divulgación

Se compartirá el MPPI con las comunidades indígenas en donde se realicen labores de promoción del Proyecto, y donde se detecte que pudieran ser afectados para informales sobre el proyecto y para recibir su aporte. El Marco se divulga a nivel local, así como también en el sitio web de la CONAFOR. A nivel estatal, se realizará el esfuerzo de divulgar tanto el proyecto, como este MPPI, en de manera culturalmente apropiada, de preferencia en las lenguas indígenas dominantes o en otra forma que sea de fácil compresión para las comunidades. Luego de que el Banco Mundial ha revisado y aprobado el Plan de Acción, se procederá a la implementación del mismo.


39

Anexo Bibliografía CDI, Coordinación Editorial de la CDI, 2004. Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, diciembre de 2003, México, D.F. Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), Coordinación General de Producción y Productividad, Gerencia de Silvicultura y Manejo, 2006. Estudio Socio-institucional, México: Programa de Servicios Ambientales del Bosque, México. CONAFOR, 2008. Programa Institucional 2007-2012. México. __, SEMARNAT, 2001. Programa Estratégico Forestal 2025. Informe Final, México, 18 de agosto de 2001. __. Informe sobre la evaluación final del PROCyMAF II, 2011. __, 2001. Estatuto Orgánico de la CONAFOR. __, 2010. Acuerdo sobre la modificación al Estatuto Orgánico de la CONAFOR. __, 2010. Coordinación de Gerencias Estatales. Memoria de Gestión del Consejo Nacional

Forestal 2008-2010. México. __, 2011. Lineamientos Generales y Reglas de Operación de los Programas de Apoyo de la

CONAFOR

__, 2011. Fondo Estratégico sobre el Clima, Programa de Inversión Forestal, México. __. Proyecto de México para la Conservación de la Biodiversidad Indígena y Comunitaria (COINBIO). __, 2008. Evaluación sobre aspectos sociales del Proyecto de Servicios Ambientales del Bosque. __, 2005. Plan de Pueblos Indígenas del Programa de Servicios Ambientales del Bosque. CONEVAL, 2008. ProÁrbol- Programa para desarrollar el mercado de servicios ambientales por captura de carbono y los derivados de la biodiversidad para fomentar el establecimiento y Comisión Nacional Forestal: Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2008. CONEVAL - SEMARNAT. Diario Oficial de la Federación, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial de la Federación (DOF), Ley Agraria, 26 de febrero de 1992. __, Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 21 de mayo de 2003. __, Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, 13 de marzo de 2003. __, Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, 25 de febrero de 2003. __, Ley General de Vida Silvestre, 3 de julio de 2000. __, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 28 de enero de 1988. __, Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 2 de agosto de 2006. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2006. II Conteo de Población y Vivienda

2005.

__, 2010. Censo de Población y Vivienda, base de datos del cuestionario ampliado, México. Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 2005, Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales:

cartografía contemporánea de sus asentamientos históricos. Instituto Nacional de las Mujeres, 2006. Las mujeres indígenas de México: su contexto

socioeconómico, demográfico y de salud. INMUJERES. SAGARPA, 2009. Reglamento Interior: facultades y atribuciones de la SAGARPA.


40

Universidad Autónoma de Chapingo – SEMARNAT (2007). Evaluación externa de los apoyos de pago para desarrollar el mercado de servicios ambientales por captura de carbono y los derivados de la biodiversidad y para fomentar el establecimiento y mejora de sistemas agroforestales, Ejercicio 2006. World Bank, 2010. Manual de Operaciones del Banco Mundial. Políticas Operacionales.

Pueblos Indígenas (OP4.10).

México Proyecto: Bosques y Cambio Climático SIL Marco de ......I. Descripción del Proyecto II....

Documents

Transcript of México Proyecto: Bosques y Cambio Climático SIL Marco de ......I. Descripción del Proyecto II....