Movimientos Sociales Clacso No 15

8/8/2019 Movimientos Sociales Clacso No 15

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Cronologa del conflictoSeptiembre diciembre 2004

Movimientos sociales,

democracia y gobernabilidad

neoliberal1

Jos Seoane y Emilio Taddei

A lo largo de la dcada de los 90 numerosos pases

de Amrica Latina y el Caribe vivieron el inicio de un

nuevo ciclo de protestas sociales que, en cuestiona-miento de las polticas neoliberales imperantes, fue

protagonizado en gran medida por movimientos

sociales y populares distintos de aquellos que haban

ocupado la escena de la contestacin social en dca-

das pasadas. El reinicio de la crisis econmica hacia

fines de dicha dcada, y los intentos de acentuar el

rumbo neoliberal, conllevaron la ampliacin del des-

contento social frente a estas polticas abriendo par-

ticularmente en buena parte de la regin sudamerica-na una intensa crisis de legitimidad del modelo

societal forjado en el pasado reciente. El ciclo de insu-

rrecciones populares que proyectando el cuestiona-

miento al terreno del rgimen poltico precipitaron

cadas de gobiernos (Ecuador, 2000; Argentina, 2001;

Bolivia, 2003), la profundizacin del proceso de movi-

lizacin y cambios en Venezuela tras la derrota del

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SEPTIEMBRE-DICIEMBRE

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golpe de estado (2002), la contestacin social que frustr el fraudulento intento reelec-

cionista de Fujimori en Per (2001), o la multitudinaria caravana zapatista en pos de los

derechos de los pueblos indgenas (2001), resultan algunas de las expresiones ms

importantes de este proceso.

Esta irrupcin en la ciudadela de la gobernabilidad poltica neoliberal de los sectores socia-

les ms castigados por la aplicacin de este recetario (campesinos e indgenas, los sin tra-bajo y sin tierra, los trabajadores y sectores urbanos empobrecidos) no slo abri nuevos

horizontes de futuro agrietando la hegemona del pensamiento nico sino que signifi-

c tambin el desarrollo de una intensa experimentacin democrtica, de reconstitucin

de alternativas societales, de reapropiacin social de los pblico y revitalizacin y amplia-

cin de la autonoma que caracterizaron la emergencia de estos movimientos.

El regreso del crecimiento econmico a nivel regional durante el presente ao basado

principalmente en el dinamismo de las exportaciones de materias primas y commodi-

ties y el impulso de los acuerdos de libre comercio que legalizan y acentan esta

matriz societal parecieran querer exorcizar estos procesos resucitando la falacia de la

lenta pero segura difusin social de la riqueza. Por otra parte, la continuidad de la pro-

testa social y la reconceptualizacin democrtica de la poltica como posibilidad de cam-

bio contrastan con las iniciativas de las lites tendientes a limitar institucionalmente las

demandas sociales, a acentuar y expandir un diagrama de militarizacin social y a dis-

putar el espacio de la movilizacin callejera. Ejemplo de ello resulta como lo hemos

sealado en otra oportunidad la difusin regional que adoptan las manifestaciones que,

originadas en la promovida sensacin de inseguridad ciudadana y en la demanda delfortalecimiento del estado penal y represivo, se orientan a la reconstitucin del control

estatal de lo pblico en desmedro de las libertades y derechos democrticos.

Como resultado de estos mltiples procesos, el escenario de la protesta social y la din-

mica de los movimientos sociales de raigambre popular se ha modificado, planteando

nuevos desafos para la accin colectiva y para el debate sobre las alternativas y cami-

nos posibles de resistencia, reversin o ruptura del modelo neoliberal. En relacin a

estos interrogantes, el presente artculo busca presentar algunos sealamientos sobre las

formas y caractersticas que adoptan la conflictividad social y la evolucin de los proyec-

tos hegemnicos y los procesos polticos a lo largo de los ltimos cuatro meses de 2004.

El mapa de la conflictividad social a fines de 2004

Una primera aproximacin a la dinmica y caractersticas que asume el conflicto social

en Latinoamrica nos la ofrece el anlisis cuantitativo de la informacin suministrada

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por el relevamiento realizado por el OSAL que fructifica en las cronologas que se

publican a continuacin del presente artculo. Sobre ello vale comenzar sealando que

el nmero de conflictos registrados por dicho relevamiento para este ltimo tercio del

ao muestra una disminucin (aproximadamente un 18%) respecto de aquellos con-

signados en el cuatrimestre anterior, situndose por primera vez debajo del promedio

cuatrimestral registrado desde enero de 2001. Si bien como sucede en los ltimos

dos aos la regin andina concentra la mayor parte de los hechos de protesta (38%),en el presente perodo los mismos muestran una marcada cada luego de tres cuatri-

mestres seguidos de crecimiento.

El traslado al mbito parlamentario del debate sobre la nacionalizacin de los hidro-

carburos luego del referndum en Bolivia y la disminucin de las protestas en

Ecuador en el marco de la campaa para las elecciones municipales, pueden men-

cionarse como algunas de las razones que explican este hecho. En este contexto, sin

embargo, la protesta social en Colombia contra las negociaciones del TLC con EE.UU.

y el gobierno de Uribe se intensifica, siendo particularmente significativas la marcha

de los pueblos indgenas en septiembre y el importante paro cvico nacional de prin-

cipios de octubre.

Este descenso de la conflictividad social resulta tambin pronunciado en la regin con-

formada por Mxico, Centroamrica y el Caribe, luego del agudo ciclo de protestas socia-

les que haba recorrido a los pases del istmo el pasado cuatrimestre frente a las polti-

cas de ajuste fiscal y la negociacin del TLC con EE.UU. Sin embargo, se destaca el cre-

cimiento de la conflictividad en Puerto Rico al calor de la confrontacin desplegada alre-dedor de los resultados de la eleccin del gobernador, as como la prolongacin de situa-

ciones de crisis polticas en Costa Rica y Nicaragua. Finalmente, en el cono sur del con-

tinente, si bien los hechos de conflicto relevados resultan inferiores a los del perodo cua-

trimestral anterior aunque en una proporcin mucho menor que en el resto de

Latinoamrica se destaca el intenso proceso de luchas en Paraguay protagonizado por

los movimientos campesinos alrededor de la disputa por la tierra.

En un cuatrimestre signado tambin por la realizacin de elecciones en ocho pases lati-

noamericanos y por las dinmicas que adquieren las iniciativas de acuerdos de libre

comercio e integracin econmica entre pases de la regin y EE.UU., el rea asitica

y la Unin Europea, y al interior del espacio latinoamericano el resultado de las elec-

ciones presidenciales norteamericanas (2/11/2004), con la reeleccin de George W.

Bush, proyecta sobre Amrica Latina y el Caribe como ya parece apreciarse en los lti-

mos meses del ao los intentos de acelerar y acentuar el proceso de recolonizacin

del continente.

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Movimientos campesinos, gobiernos y poder econmico

La lucha por la tierra que atraviesa toda la historia latinoamericana ha cobrado, en el

ltimo perodo, una significacin especial no slo por su reformulacin a la luz de la

nocin de territorio inscripta en la experiencia de las comunidades campesino-indgenas,

sino tambin porque algunos de los movimientos rurales que la protagonizan constru-

yen programticas y coaliciones ms amplias que los han llevado a ocupar un papel cen-tral en la confrontacin con el modelo neoliberal. Un ejemplo de estos procesos son las

recientes luchas del movimiento campesino en Paraguay que, de extendida presencia y

significacin en la vida del pas, adquieren en estos meses una intensidad particular.

Frente al proceso de concentracin de la tierra especial resultado de la expansin del

agro-business sojero y el protagonismo socio-poltico ganado por los movimientos

campesinos en los ltimos aos, el conflicto en el campo paraguayo se agudiza y se tie

trgicamente por el incremento de la violencia de las bandas armadas de los propieta-

rios y la represin de las fuerzas del estado. De la llamada guerra de la soja en los pri-

meros meses de 2004, a la dinmica de ocupacin de tierras y exigencia de redistribu-

cin de la misma en la segunda parte del ao este conflicto convoca tanto a un amplio

arco de organizaciones sociales que dan vida al Frente Nacional de Lucha por la

Soberana y la Vida (FNLSV) y que promueven adems una programtica de desarrollo

antineoliberal como a las corporaciones empresariales que presionan por el endureci-

miento de la respuesta estatal. En este sentido, luego del acuerdo alcanzado hacia fina-

les de agosto entre las organizaciones campesinas y el gobierno, el incumplimiento del

mismo da paso a la intensificacin del conflicto con ciclos de ocupaciones y moviliza-

ciones y a la adopcin de una poltica gubernamental de abierta confrontacin. As, elincremento de la respuesta represiva del estado en las reas rurales que incluy por

decisin gubernamental la actuacin de las Fuerzas Armadas dej un saldo trgico de

varios muertos y cientos de detenidos y procesados. En este contexto, el paro cvico

nacional impulsado durante cinco das por el FNLSV concluye hacia finales de noviem-

bre con un nuevo acuerdo provisorio con el gobierno que conllev a lo largo del mes

siguiente la liberacin de la mayora de los detenidos.

Por otra parte, el proceso de luchas por la reforma agraria que tiene lugar en Brasil mar-

cado tambin por la violencia de los propietarios rurales cobra nuevamente lugar en el

presente cuatrimestre cuando, luego de las elecciones municipales, el Movimiento de

Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) promueve una serie de protestas y ocupaciones

ante el incumplimiento de los acuerdos alcanzados el pasado ao con el gobierno de

Lula. En este contexto, y a dos das de la realizacin de la Conferencia nacional sobre

reforma agraria, democracia y desarrollo impulsada por el MST, pistoleros atacan un

campamento de los Sin Tierra con el saldo de 5 campesinos muertos. Luego del llama-

do abril vermelho y de los conflictos de los ltimos meses de 2004, las exigencias

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campesinas de la entrega de las tierras comprometidas por el gobierno nacional y del

incremento de la inversin en infraestructura en las reas rurales se proyectan hacia el

prximo ao, haciendo prever un incremento de las ocupaciones y protestas del MST.

La lucha por la tierra y la reforma agraria en contraposicin a la expansin del agro-

negocio, uno de los pilares del modelo exportador que se afirma en la regin aparece

as planteada como una cuestin de primer orden en estos dos pases del Cono Sur, ascomo tambin se expresa, de otras formas, en Uruguay y Argentina, donde tambin se

registran conflictos en la regin norte.

En este ltimo pas, sin embargo, luego del endurecimiento de la respuesta estatal

frente a las protestas impulsadas por las organizaciones de trabajadores desocupados

y la consolidacin del acuerdo entre un sector de dichas organizaciones y el gobierno

nacional, los conflictos desarrollados por estos movimientos resultan menores, aun-

que estn lejos de desaparecer. Por otra parte, frente a los hechos de represin,

detenciones y juicios penales que se intensifican a lo largo de la segunda mitad del

ao tienen lugar diferentes movilizaciones y actos por el desprocesamiento y el fin

de la persecucin penal y represiva. Sin embargo, durante los ltimos meses de 2004

cobran un nuevo protagonismo los conflictos sindicales, a la luz de los llevados ade-

lante por los trabajadores telefnicos y de subterrneos. En ambos casos se trata de

luchas en demanda de aumento salarial ante el cuadro del sustantivo crecimiento eco-

nmico experimentado en los ltimos dos aos y la simultnea disminucin relativa

de los salarios por la inflacin.

Por otra parte, en los meses previos a la realizacin de las elecciones presidenciales en

Uruguay, los trabajadores de distintas reparticiones estatales protagonizan la conflictivi-

dad social del perodo. Las protestas impulsadas por los trabajadores del sector pblico

(maestros, mdicos y administrativos) tambin se manifiestan en otros pases de la

regin (Argentina, Ecuador, Venezuela, El Salvador, Honduras, Panam, Puerto Rico,

Nicaragua y Mxico), particularmente en relacin al pago de salarios, condiciones labo-

rales e incremento del financiamiento pblico frente a los proyectos gubernamentales

de presupuesto fiscal para el ao prximo que comienzan a ser tratados por los parla-

mentos. Si bien a nivel regional estas protestas no alcanzan la dimensin que tuvieron

en algunos momentos del pasado inmediato, las acciones impulsadas por estos traba-

jadores durante este cuatrimestre representan aproximadamente un quinto del total de

los hechos relevados por el OSAL, una proporcin similar a la obtenida para el perodo

anterior. Este sealamiento, sin embargo, debe considerar la significativa disminucin de

dichas protestas en la regin centroamericana, en la que haban tenido lugar a media-

dos del ao importantes manifestaciones de los trabajadores del sector pblico frente a

las iniciativas de ajuste del gasto pblico.

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Territorio y recursos naturales

A lo largo del ltimo tercio del ao, los conflictos en el

mundo rural recorren la realidad social de diferentes pa-

ses latinoamericanos, adems de los ya consignados en el

Cono Sur. Valga como ejemplo el sealamiento de las

movilizaciones de organizaciones campesinas en Mxicoo la ocupacin y posterior desalojo de la Finca Nueva

Linda en Guatemala. Estas movilizaciones no slo se con-

centran en la demanda de tierras, sino que tambin adop-

tan la defensa del territorio y se expresan tanto en las pro-

testas contra la explotacin minera como en las impulsa-

das por los movimientos cocaleros.

En el primero de estos casos se destacan los conflictos

acontecidos en Per en las localidades de Las Bambas, La

Zanja, y particularmente el llevado adelante en Cajamarca

contra la exploracin del Cerro Quillish por parte de la

empresa Yanacocha. En un ciclo de protestas que avanza

desde la ocupacin del cerro por los campesinos de la

zona, el bloqueo de rutas, el paro cvico local y la confor-

macin del Comit Cvico Unitario de Lucha por la defen-

sa de la Vida y el Medioambiente hasta la extensin regio-

nal del paro cvico y los cortes de carreteras, los poblado-res de la regin obtienen finalmente la revocacin del per-

miso gubernamental de explotacin de la mina. Sin llegar

a constituirse en puntos de articulacin nacional de la pro-

testa, estos conflictos tienen una importancia singular en

razn del relevante lugar que le cabe a las exportaciones

mineras en el crecimiento que registra la economa perua-

na y que contrasta con la pobreza y los daos ecolgicos

sufridos por las poblaciones prximas a los yacimientos.

Vale sealar tambin que durante este cuatrimestre se

registran algunas protestas de trabajadores en defensa de

las minas que se encuentran en explotacin y que, luego

de la aprobacin parlamentaria, el gobierno de Toledo ter-

mina reglamentando aunque anuncia su pronta modifi-

cacin la ley que impone nuevas regalas a dicha activi-

dad, despertando, a pesar de su magro impacto, la crtica

de las empresas del sector.

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La lucha

por la tierra

y la reforma agraria

en contraposicin

a la expansin

del agro-negocio,

uno de los pilares

del modelo

exportador que se

afirma en la regin

aparece as

planteada como

una cuestin

de primer orden

en Paraguay

y Brasil


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Por otra parte, las protestas del movimiento cocalero en Per, particularmente las impul-

sadas por la Federacin Provincial de Campesinos de la Convencin, Yanatile y Lares,

encuentran expresin tambin en la regin del Chapare boliviano. A lo largo del mes de

septiembre, las organizaciones de los campesinos cocaleros de dicha zona de las que

proviene Evo Morales llevan adelante una serie de luchas movilizaciones, bloqueos

de las tareas de erradicacin, cercamiento de los campamentos militares contra la erra-

dicacin de los cultivos y por el retiro de la llamada Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).Finalmente, a principios de octubre llegan a un acuerdo con el gobierno que incluye la

conservacin de 3.200 ha de cocales por un ao. Sin embargo, en el contexto del desa-

rrollo de la campaa electoral para las elecciones municipales, la cuestin de la poltica

estatal sobre los hidrocarburos que haba estado en el centro del levantamiento popu-

lar del ao anterior vuelve a ocupar la escena poltica nacional. Si bien tras el refern-

dum convocado por el gobierno meses atrs, las demandas sociales por la nacionaliza-

cin de dicho recurso habrn de menguar significativamente, el tratamiento parlamen-

tario de una ley que recupera algunas de las reivindicaciones expresadas por dichos

movimientos habr de despertar la reaccin de las empresas trasnacionales del sector y

de los comits cvicos y autoridades de los departamentos en los que se encuentran los

yacimientos ms importantes, que culmina con un paro cvico en Santa Cruz y Tarija en

reclamo de autonoma regional. Este proceso da cuenta del complejo de fuerzas socia-

les que se dan cita alrededor de la prolongada Guerra del Gas. En trminos guberna-

mentales, la aprobacin de una legislacin sobre los hidrocarburos que al tiempo de

incrementar los recursos fiscales permita y garantice la exportacin de crecientes vol-

menes, parece constituirse no slo en la clave del control del dficit fiscal sino tambin

en la precondicin para ser aceptado como miembro pleno en la negociaciones del TLCque EE.UU. lleva adelante con otros pases andinos.

En relacin a esta cuestin vale finalmente sealar que el crecimiento de la protesta

social en Colombia se orienta particularmente al cuestionamiento de dicho tratado as

como a las polticas e intenciones reeleccionistas del gobierno de Uribe Vlez. A la pro-

longacin de las manifestaciones impulsadas en el pasado cuatrimestre por el

Comando Nacional Unitario (que agrupa a tres de las centrales sindicales colombianas)

y la Gran Coalicin Democrtica (que adems integra a otras organizaciones sociales y

polticas), que toma cuerpo en la importante adhesin obtenida por el paro cvico

nacional del 12 de octubre, se suman en el presente perodo las acciones del movi-

miento campesino-indgena y de los estudiantes universitarios. En este sentido, a

mediados de septiembre tiene lugar una significativa y extensa marcha de los pueblos

indgenas hasta la ciudad de Cali en reclamo de autonoma y en cuestionamiento a las

polticas del gobierno particularmente las negociaciones del TLC con EE.UU.

Asimismo, especialmente a partir de octubre, los estudiantes llevan adelante diferentes

movilizaciones y tomas de facultades en rechazo de la poltica privatizadora oficial y

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tambin del TLC, sufriendo en repetidas ocasiones la represin de las fuerzas policia-

les. Este crecimiento de la protesta social en Colombia, que lleva ya dos cuatrimestres

seguidos, no impide sin embargo que el presidente Uribe avance un paso ms en su

ambicin de aspirar a un segundo mandato al frente del gobierno, con la consagracin

parlamentaria de la posibilidad de reeleccin presidencial.

La democracia en Amrica Latina: elecciones y militarizacin social

La implementacin de las polticas neoliberales tuvo como rasgo distintivo en el

plano poltico-institucional la concentracin de poder en manos de los ejecutivos,

configurando as democracias representativas restringidas. En contraposicin con este

progresivo deterioro democrtico institucional, los movimientos sociales que prota-

gonizaron el nuevo ciclo de luchas a lo largo de la dcada de los 90 desarrollan una

intensa y rica experimentacin y programtica desarrollada en el terreno democrti-

co, que se expres tanto en el plano interno de las organizaciones como en relacin

a las iniciativas y demandas de democratizacin radical de lo institucionalpoltico

(Seoane y Nacci, 2004).

Estas demandas aparecieron reflejadas en la exigencia a la convocatoria a una asamblea

constituyente enarbolada durante las jornadas de la Guerra del Gas en octubre de

2003 en Bolivia. En similar direccin se inscriben la masiva movilizacin y participacin

popular en el referndum revocatorio del mandato presidencial en Venezuela en agosto

del presente ao y el triunfo en el plebiscito organizado en forma simultnea a la elec-cin presidencial uruguaya a favor de la derogacin del artculo de la constitucin nacio-

nal que permita la privatizacin del servicio de agua corriente.

Por otra parte, tambin algunos de los procesos electorales que tuvieron lugar durante

2004 reflejan las aspiraciones de cambio y profundizacin democrtica. El caso ms sig-

nificativo es la victoria de la coalicin Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayora

(EP-FA-NM) en Uruguay, que a finales de octubre se impuso en primera vuelta en las

elecciones presidenciales con la frmula Tabar Vazquez-Rodolfo Nin Novoa. Este bino-

mio presidencial obtuvo el 50,4% de los votos contra la frmula del Partido Blanco, que

alcanz el 34,3%. En esta votacin, donde participaron casi el 90% de los electores

habilitados, el EP-FA-NM consigue tambin la mayora absoluta en ambas Cmaras de

Representantes, logrando un triunfo histrico que quiebra la continuidad de 174 aos

de gobierno bipartidista, alternado entre blancos y colorados.

En Bolivia se realizan elecciones municipales a inicios de diciembre en el marco de

una reforma electoral que habilit la participacin de agrupaciones ciudadanas y pue-

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blos indios. El bajo apoyo obtenido por los partidos tradicionales, sin embargo, con-

trasta con la eleccin de candidatos que, provenientes de las viejas filas polticas, inte-

graron las listas de estos nuevos agrupamientos. Por otra parte, es preciso sealar tam-

bin el crecimiento electoral a nivel nacional del Movimiento al Socialismo (MAS) de

Evo Morales. En Brasil, el crecimiento a nivel nacional del Partido de los Trabajadores

en las elecciones municipales debe ser relativizado por las significativas derrotas sufri-

das en las ciudades de San Pablo y Porto Alegre y los magros resultados obtenidos enotros grandes centros urbanos.

El resultado de las elecciones municipales ecuatorianas a mediados de octubre arroja

una derrota gubernamental que no logra sin embargo ser capitalizada por el movi-

miento indgena nucleado en el Movimiento Pachakutik y la CONAIE. A finales del

mismo mes se realizan elecciones regionales en Venezuela en las que la coalicin de

partidos que apoyan al presidente Chvez logra triunfar en 20 de las 22 gobernaciones

y 270 de las 335 alcaldas. El 7 de noviembre los sandinistas se imponen en las elec-

ciones de alcaldes y prefectos provinciales en Nicaragua, ganando, entre otras, la alcal-

da de Managua. En Per se realizan a mediados de octubre elecciones de revocacin

de los mandatos de los alcaldes y regidores. En simultaneidad con las elecciones pre-

sidenciales en EE.UU. se realizan el 2 de noviembre elecciones generales en Puerto

Rico para el cargo de gobernador de la isla. Al cabo de las mismas, el Partido

Independentista Puertorriqueo (PIP) realiza denuncias de fraude. En este contexto se

lleva a cabo la Marcha de la Dignidad, a la que concurren 25 mil personas convoca-

das por diversas organizaciones polticas y comunitarias. Los participantes se pronun-

cian a favor del respeto a la autoridad del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el tra-tamiento de las denuncias de fraude y en repudio de la intromisin del Tribunal Federal

de EE.UU. en los asuntos electorales boricuas.

En paralelo a los procesos electorales reseados es preciso apuntar la perduracin y en

muchos casos la agudizacin de los procesos de criminalizacin y militarizacin social

y de restriccin de las libertades democrticas en numerosos pases de la regin, que

prolongan y agudizan en este cuatrimestre una tendencia ya reseada en nmeros ante-

riores del OSAL. Esta escalada represiva contra las organizaciones y militantes sociales

apunta a contener las demandas sociales frente a los devastadores efectos del neolibe-

ralismo. La misma encuentra creciente legitimidad en la poltica de lucha contra el terro-

rismo y de guerra preventiva, y parece constituir en algunos pases (en particular en

Colombia) la contracara de las democracias realmente existentes.

El incremento de la criminalizacin y de la represin de las luchas y conflictos protago-

nizados por los movimientos campesinos y sin tierra resalta como uno de los rasgos dis-

tintivos del cuatrimestre. Esta tendencia ya sealada en cuatrimestres anteriores cobra

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una preocupante dimensin en la mayora de los conflic-

tos rurales, en los cuales se registran asesinatos, encarce-

lamientos y procesos judiciales contra aquellos que recla-

man nuevas polticas de desarrollo agrario, acceso al cr-

dito y el rechazo al modelo del agro-business.

El conflicto campesino en Paraguay, ya reseado, resultael ms emblemtico de esta tendencia. El gobierno del

presidente Duarte Frutos, con el apoyo de las principales

organizaciones patronales, profundiza su poltica represiva

y autoriza la presencia y el accionar de las Fuerzas

Armadas junto a la polica en distintos operativos contra

los sin tierra. Esta agudizacin de la represin deja como

saldo el procesamiento de 1.500 campesinos y la deten-

cin de 190 militantes, entre ellos Odiln Espnola, secre-

tario general de la Federacin Nacional Campesina (FNC)

de Paraguay. En el marco del endurecimiento de la polti-

ca represiva del gobierno, es importante tambin sealar

el anuncio realizado por el ministro del Interior del pas

guaran en el sentido de que el gobierno norteamericano

cooperar con la seguridad paraguaya capacitando al per-

sonal policial de ese pas.

En el cono sur se suma la ya citada matanza de sin tierrasen Brasil, que constituye el mayor asesinato de campesi-

nos desde el inicio del gobierno de Lula. Mientras que en

Bolivia se registra una disminucin de las acciones repre-

sivas en el cuatrimestre, en Cajamarca, Per, 5 campesi-

nos son heridos y 21 personas detenidas en el marco del

conflicto contra la empresa minera Yanacocha. El dirigen-

te magisterial peruano Robert Huaynalaya, lder de la frac-

cin radical del SUTEP, es denunciado por cometer delito

por la Fiscala de Huamanga a raz de los enfrentamientos

acontecidos en el mes de junio en dicha ciudad. En Chile,

los pescadores artesanales de Coyhaique son reprimidos

por carabineros en el marco del conflicto en reclamo de

la restriccin de la pesca de merluza a los barcos indus-

triales, al igual que los estibadores del puerto de Iquique,

que reclaman aumento de salarios.

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El incremento

de la criminalizacin

y de la represin

de las luchas

y conflictos

protagonizados

por los movimientos

campesinos

y sin tierra

resalta como uno

de los rasgos

distintivos

del cuatrimestre


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En continuidad con una tendencia ya analizada en el OSAL 14, en algunos pases se

realizan marchas en reclamo de mayor seguridad que, impulsadas desde los medios

de comunicacin y sectores del empresariado, con el apoyo de sectores medios urba-

nos, promueven el endurecimiento de las penas y la reforma regresiva de la legisla-

cin penal. En Paraguay, luego del asesinato del hijo de un empresario, se realiza en

octubre la Marcha Patritica por la Seguridad Nacional para reclamar el fin de la vio-

lencia y la delincuencia. Frente a este reclamo se vota en Diputados la modificacindel Cdigo Procesal Penal, y el gobierno crea una unidad de elite que tiene a su cargo

actuar contra acciones terroristas. En Per, 5 mil habitantes de la provincia de

Azngaro, en la regin de Puno, marchan hasta el Congreso para pedir el endureci-

miento de las penas contra los delincuentes.

En el caso colombiano, el triunfo electoral del presidente Bush sirve de estmulo a la pol-

tica de militarizacin y de seguridad democrtica del presidente Uribe, quien recibe la

promesa de mayor ayuda al Plan Colombia por parte de su par norteamericano, que visi-

ta la ciudad de Cartagena, donde elogia la lucha contra el narcoterrorismo emprendi-

da por el mandatario colombiano. El incremento de la protesta social en ese pas (mar-

chas contra el TLC, la militarizacin y el gobierno de Uribe) se enfrenta a una importan-

te represin y a persecuciones contra los protagonistas y organizadores de las acciones.

La respuesta desde el estado y paraestatal al fortalecimiento de la oposicin crtica al

gobierno uribista es la represin, el hostigamiento y los asesinatos. Podemos citar aqu

la brutal represin ejecutada durante el paro nacional del 12 de octubre y contra los estu-

diantes universitarios en lucha. Durante la marcha campesina e indgena del 14 de sep-

tiembre es asesinada, por personas no identificadas, una persona de apoyo a la movili-zacin, a la que suceden la muerte del lder campesino Pedro Mosquera y las amena-

zas de paramilitares a afiliados y militantes sindicales.

El sealamiento de los hechos represivos ms significativos que por cierto no agota

la totalidad de los mismos en el cuatrimestre ilustra la consolidacin, en los espa-

cios nacionales, del tratamiento represivo de la cuestin social y de la pobreza, que

parece erigirse como poltica de estado constitutiva del proceso de relegitimacin

(por va coercitiva) del modelo neoliberal. Frente a esta amenaza del centauro auto-

ritario (Seoane y Nacci, 2004), la accin y la consolidacin de las prcticas y reivin-

dicaciones democrticas de los movimientos resulta decisiva para limitar la violencia

estatal y generar condiciones de reconquista y regeneracin de derechos sociales,

econmicos y culturales.

Como hemos sealado anteriormente, las medidas y acciones de criminalizacin y repre-

sin estatal, paraestatal y privada aparecen crecientemente asociadas y legitimadas a

nivel nacional en el contexto de la lucha antiterrorista promovida por EE.UU., en el marco

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de la guerra preventiva. Esta poltica, que tiende a asociar la accin reivindicativa de los

movimientos al accionar de grupos terroristas, se ha consolidado de forma alarmante

durante 2004 en muchos pases de la regin para asegurar la contencin y el control de

la protesta social.

Las acciones domsticas emprendidas por numerosos gobiernos de la regin en pos de

sintonizar las polticas de seguridad con las coordenadas definidas por la Casa Blanca seacompaan de una creciente presin diplomtico-militar norteamericana tendiente a

garantizar el control territorial estratgico de EE.UU. Esta presin se hizo presente en la

VI Conferencia de Ministros de Defensa de las Amricas realizada a fines de noviembre

en Quito, Ecuador, que se destaca como el episodio diplomtico ms relevante del cua-

trimestre relativo a la cuestin de la seguridad hemisfrica en Latinoamrica. Dicho

encuentro estuvo precedido por la visita de los jefes militares del Comando Sur de

Estados Unidos a Ecuador. En el marco de la cumbre, el secretario de Defensa nortea-

mericano, Donald Rumsfeld, defendi la poltica del gobierno Bush para la regin, sinte-

tizada en las siguientes propuestas: la habilitacin para la intervencin de los ejrcitos

latinoamericanos en cuestiones de seguridad interior, la pretensin de convertir a la

Junta Interamericana de Defensa en un organismo de coordinacin de la lucha contra el

terrorismo y el narcotrfico, y la creacin de un ejrcito multinacional para intervenir en

Colombia. Estas iniciativas fueron rechazadas por los ministros de Defensa de Argentina,

Brasil, Chile y Venezuela, quienes reivindicaron el derecho de cada estado a identificar y

definir sus prioridades en materia de defensa y seguridad.

Cabe sealar que la poltica norteamericana apunta, por un lado, a asegurar la presenciadirecta de tropas del Pentgono en Amrica Latina, al mismo tiempo que promueve la

participacin directa de los ejrcitos latinoamericanos en los conflictos de la regin: el

caso de la intervencin militar en Hait y la creciente presin para intervenir en el con-

flicto colombiano son dos ejemplos en ese sentido.

Por otra parte, en Argentina, el Congreso Nacional aprob el ingreso y egreso de tropas

norteamericanas para participar de ejercicios militares con fuerzas de otras naciones para

2004 y la primera mitad de 2005. Durante los primeros das de noviembre llega a la

base ecuatoriana de Manta un buque estadounidense con 170 marines, con el objetivo

de participar en obras comunitarias en barrios perifricos y pobres de la ciudad. En igual

sentido, el Congreso de Guatemala aprueba el ingreso al pas de brigadas militares esta-

dounidenses de ayuda humanitaria.

La intervencin militar conjunta de pases latinoamericanos, EE.UU. y Francia en Hait

se ve reforzada con el envo de integrantes del ejrcito ecuatoriano y guatemalteco.

El Senado uruguayo aprueba en diciembre el envo de 200 nuevos efectivos al pas

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caribeo. En el pas oriental se realiza tambin una nueva edicin de la operacin

Unitas en la que participan 1.200 efectivos militares de las fuerzas armadas de

Argentina, Brasil, EE.UU. y Espaa.

En el marco de una gira por pases centroamericanos durante el mes de noviembre con

anterioridad a la citada cumbre en Quito, el secretario de Defensa norteamericano pre-

siona al gobierno nicaragense para destruir misiles en poder del ejrcito de ese pas.En Panam insta al presidente Torrijos a aumentar la cooperacin bilateral en materia de

seguridad para entrenamiento de personal panameo por parte de EE.UU.

Libre comercio, imperio y resistencias

Esta creciente presin en torno a la poltica de seguridad se conjuga con una sostenida

ofensiva diplomtico-comercial tendiente a liberalizar el comercio y abrir los mercados

latinoamericanos a los capitales transnacionales norteamericanos. Estas iniciativas, simul-

tneas y coordinadas, delinean el contorno de los planes estratgicos del pas del norte

en la tentativa de asegurar el control de regiones que, como seala Ana Esther Cecea,

son ricas en biodiversidad y recursos naturales estratgicos para el capitalismo nortea-

mericano (ver su artculo en este nmero del OSAL).

El objetivo inicial de EE.UU. para la conclusin de las negociaciones del ALCA a finales

de 2004 se vio frustrado como consecuencia de las discrepancias puntuales de algunos

gobiernos de la regin en relacin a los subsidios de productos norteamericanos y laoposicin creciente de los movimientos sociales nucleados nacional y regionalmente en

las campaas contra el ALCA, el libre comercio y la militarizacin. Sin embargo, la tenta-

tiva de Washington por avanzar en la conclusin de TLCs logr progresar de forma sig-

nificativa en algunas regiones del subcontinente. La conclusin a inicios de 2004 de un

TLC con los pases centroamericanos (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y

Nicaragua), la entrada en vigencia de similar acuerdo entre Chile y EE.UU. a partir del 1

de enero de 2004, y la apertura de negociaciones con los pases andinos (Per, Ecuador,

Colombia y Bolivia como observador), son los casos que mejor ilustran el avance norte-

americano en materia de libre comercio.

El perodo analizado corresponde con el inicio de la ratificacin parlamentaria del TLC en

los pases centroamericanos (CAFTA): en el mes de diciembre el acuerdo es aprobado

por el parlamento salvadoreo y se presenta para su tratamiento en Nicaragua y

Honduras. En un alarde de presin comercial luego de concluidas las negociaciones,

EE.UU. anuncia que el Congreso norteamericano no votar el texto del CAFTA hasta tanto

Guatemala, donde el tratamiento parlamentario del tratado est previsto para enero de

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2005, elimine un decreto que libera la venta de medicamentos genricos y agroqumi-

cos. En la misma direccin, el gobierno norteamericano condiciona la participacin de

Repblica Dominicana en el CAFTA a la derogacin del arancel a las importaciones de

jarabe de maz en el pas caribeo, que cede a las presiones votando su anulacin en el

mes de diciembre. Por otro lado, a poco de asumir el nuevo presidente panameo, se

llevan a cabo la V y VI Ronda de Negociaciones para la conclusin de un TLC entre el

pas centroamericano y EE.UU. en las que se acuerda incluir (por primera vez en un TLC)una disposicin especial sobre mecanismos de seguridad que contempla clusulas

sobre control de armas de destruccin masiva y seguridad martima, entre otras.

En este contexto, el Plan Puebla Panam (PPP) parece cobrar un nuevo impulso con la

realizacin de la reunin de presidentes de los pases involucrados realizada en octubre

en Tuxla Gutirrez, Mxico. Con la firma en septiembre de acuerdos de cooperacin eco-

nmica entre los comisionados presidenciales de Mesoamrica y el Banco

Centroamericano de Integracin Econmica (BCIE) y con la incorporacin de Colombia

al PPP en calidad de observador.

De septiembre a noviembre se desarrollan la V, VI y VII Ronda de Negociaciones entre

los pases andinos mencionados y los representantes de Washington en vistas de la con-

clusin del TLC andino. La incorporacin como miembro pleno de Bolivia a las negocia-

ciones queda supeditada a la sancin definitiva de la nueva ley de hidrocarburos. Esta

ronda de negociaciones moviliza una serie de acciones de repudio al libre comercio en

algunos de los pases involucrados, destacndose las protestas en Colombia y la cam-

paa en Ecuador. En el primer pas, la Gran Coalicin Democrtica, junto con organiza-ciones estudiantiles, campesinas e indgenas, convoca a un paro nacional con moviliza-

ciones contra el TLC, la ingerencia norteamericana, el gobierno de Uribe y la poltica de

seguridad democrtica. Un milln de personas participan de manifestaciones sin prece-

dentes en las ciudades ms importantes del pas. En Ecuador, unas 30 organizaciones

polticas y sociales lanzan a inicios de octubre la campaa de recoleccin de firmas

Ecuador Decide para exigir la realizacin de una consulta popular sobre el tratado

comercial. En Guayaquil (V Ronda de Negociaciones) unas 4 mil personas de todo el

pas, junto a activistas de Colombia y Per, realizan una marcha en rechazo al TLC con-

vocada por la ECUARUNARI. A inicios de noviembre se lleva a cabo en la ciudad de La

Paz, Bolivia, el III Encuentro Boliviano contra el TLC y el ALCA, del cual participan ms de

500 representantes de organizaciones sociales de Bolivia y de las delegaciones de las

campaas contra ambos acuerdos comerciales de Colombia, Ecuador, Per y Bolivia.

Campesinos y agricultores nucleados en la VIII Convencin Nacional del agro peruano

plantean al gobierno de Toledo la suspensin de las negociaciones del TLC con EE.UU.

y proponen que el congreso apruebe una ley marco que regule las negociaciones del

TLC, y que este sea sometido a una consulta popular. A fines de noviembre la Central

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General de Trabajadores Peruanos (CGTP) encabeza una movilizacin en la que miles

de personas marchan al Congreso para expresar su rechazo al TLC.

Si bien en este cuatrimestre se registra una disminucin de las protestas contra la inva-

sin a Irak, es importante destacar las acciones del 12 de octubre realizadas en diferen-

tes pases de la regin. Este da de accin regional revisti particular magnitud e impor-

tancia en los pases andinos y centroamericanos donde se suceden manifestaciones queincluyen, entre otras reivindicaciones especficas, el rechazo a los TLCs, el ALCA y la mili-

tarizacin, y en algunos casos promueven campaas de recoleccin de firmas para exi-

gir la convocatoria a consultas populares sobre la firma de los acuerdos comerciales. Este

da de accin regional, promovido por la Red de Movimientos Sociales desde el Foro

Social de las Amricas realizado en Quito a mediados de ao, cont con la participacin

de miles de personas que se sumaron a las numerosas manifestaciones realizadas en

Colombia, Ecuador, Per, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Esta

masiva presencia en las calles ilustra la significacin que cobra la lucha contra el ALCA,

el libre comercio y la militarizacin, y la capacidad de articulacin de procesos de con-

vergencia y accin regional en torno a estas problemticas.

El proceso de integracin regional aparece marcado tambin por dos iniciativas promo-

vidas desde diferentes gobiernos sudamericanos (particularmente el brasileo) que

parecen inscribirse en la tentativa de conformacin de un bloque regional que permita

mejorar las condiciones de negociacin con EE.UU. El 18 de octubre, en Montevideo,

Uruguay, el MERCOSUR y la Comunidad Andina de Naciones (CAN) firman un acuerdo

de libre comercio que crea el quinto mayor espacio econmico del mundo y sienta lasbases para el proceso de integracin sudamericano. Posteriormente, el 8 de diciembre,

en el marco de la III Cumbre Presidencial Sudamericana desarrollada en la ciudad de

Cusco, Per, los presidentes y/o representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia,

Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Per, Suriname, Uruguay y Venezuela firman la

Declaracin de Cusco, dando as nacimiento a la Comunidad Sudamericana de

Naciones. Frente al potencial que en trminos de desarrollo autnomo encierra seme-

jante iniciativa regional, no pueden dejar de advertirse tal cual seala Lander las noto-

rias contradicciones entre los objetivos y metas formulados en esta declaracin y el

rumbo principal que hoy asumen las polticas pblicas en la mayora de los pases suda-

menricanos (ver artculo de Edgardo Lander en el presente OSAL).

Una significativa importancia cobraron las protestas que a lo largo del cuatrimestre se

sucedieron en Chile en los diferentes encuentros preparatorios a la XVI Reunin

Ministerial de la APEC realizada en Santiago a mediados de noviembre, que cont con

la participacin de presidentes, representantes de economa y comercio de los 21 pa-

ses miembros de la zona Asia-Pacfico. Las numerosas acciones desplegadas por orga-

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nizaciones sociales desde el mes de septiembre sirvieron para preparar la masividad

sin precedentes de las manifestaciones de mediados de noviembre, brutalmente

reprimidas por los carabineros, que detienen a 189 activistas. En forma simultnea y

paralela al inicio de las sesiones formales de los 21 presidentes de la zona (entre ellos

los de EE.UU., Rusia, China y Corea del Sur) se desarrolla el Foro Social Chileno, en el

que participan ms de 3 mil personas en torno a la discusin de temas como demo-

cracia, derechos humanos, medio ambiente y crticas a la globalizacin y el libre mer-cado.

Los casos enumerados ilustran una tendencia ya sealada en anteriores ocasiones

que parece consolidarse en el curso de 2004: la adscripcin de la mayora de los gobier-

nos y de las lites econmicas latinoamericanas a las polticas y acuerdos de liberaliza-

cin comercial inspirados en las normas de la Organizacin Mundial del Comercio. La

promocin de este modelo de apertura comercial aparece justificada en los discursos

oficiales como garante del flujo de capitales externos para la inversin domstica. Segn

este punto de vista, el incremento de la inversin externa permitir sostener e incre-mentar en los prximos aos el nivel de relativa recuperacin econmica experimenta-

do recientemente. Estos argumentos estn tambin presentes en las firmas de acuerdos

comerciales de algunos pases de la regin (Argentina, Brasil, Mxico) con pases asiti-

cos (particularmente China y Corea del Sur) suscriptos en ocasin de los viajes de los

presidentes Lula y Kirchner a China y de las misiones comerciales en estos pases del

Cono Sur encabezadas por los presidentes asiticos.

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Bibliografa

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Zavalla, Cynthia 2004 Canon minero y distribucin de ingresos en el Per, en Per hoy.

Los mil das de Toledo (Lima: DESCO).

Notas

1 Para la preparacin del presente artculo se consideraron tanto las cronologas del con-

flicto social correspondientes al ltimo cuatrimestre de 2004 como los informes sobre las

mismas elaborados por el equipo del OSAL. Queremos agradecer la colaboracin de

tod@s ell@s y especialmente a Clara Algranati por las sugerencias y revisin del texto.

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