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METODOLOGÍA DE CAPACITACIÓN FORTALECIMIENTO DEL LIDERAZGO
AJUSTADA
META 21
CURSO TALLER “LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES”.
ÍNDICE
NOMBRE DEL TALLER Y META
“Generación de actitudes, habilidades y conocimientos con perspectiva de
género en participación política de la mujer, para militantes de partidos políticos
en el Estado de Morelos (Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario
Institucional, Partido de la Revolución Democrática, Partido Verde Ecologista,
Partido del Trabajo, Partido Nueva Alianza, Partido Convergencia y Partido
Social Demócrata), mediante un curso- taller denominado “Liderazgo Político
de las Mujeres” en temas relacionados con la participación política de la mujer
para impulsar su desarrollo y contribución desde una óptica de igualdad.”
• OBJETIVO GENERAL:
Contribuir al fortalecimiento de la participación ciudadana y política de las
mujeres, a través de acciones afirmativas desarrollada por instituciones
encargadas de impulsar la cultura democrática en el Estado de Morelos.
• OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Proporcionar los elementos y herramientas básicas para generar las
actitudes, habilidades y conocimientos con perspectiva de género a mujeres
militantes de los partidos políticos.
2. Integrar mesas de trabajo para la exposición de temas sobre liderazgo y
participación política de las mujeres del que se desprenda un análisis por
parte del proveedor (a).
3. Obtener las propuestas y recomendaciones necesarias para hacer las
adecuaciones de la metodología propuesta.
4. Obtener la metodología de capacitación sobre liderazgo y participación
política de las mujeres.
• METODOLOGÍA DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL
LIDERAZGO DE LAS MUJERES
Como se dio a conocer en el informe final la metodología empleada fue a través
de un sistema participativo-comunicativo, que permitió dar información concreta
e importante de una manera práctica pero enriquecida con su participación,
herramientas básicas para generar las actitudes, habilidades y conocimientos
con perspectiva de género a mujeres militantes de los partidos políticos.
El proceso de ciudadanización de la mujer, se da raíz del reconocimiento de su
derecho al voto y esto la hace su carácter político, en nuestro país hasta hacer
poco más de cinco décadas que se reconoció el derecho de las mujeres a
participar en la vida política de México, mediante el sufragio para elegir a sus
gobernantes y para contender por un cargo de elección popular.
Esta inclusión de las mujeres para ejercer sus derechos políticos, muestra
grandes disparidades, por un lado ha limitado su presencia en espacios de
poder como candidatas a puestos de elección popular, o como integrantes del
Poder Legislativo o de los gobiernos estatales y municipales.
No obstante lo anterior el avance a poder ejercer su derecho a votar, y participar
cada vez más que los hombres en los actos electorales, como Funcionarias de
Casillas, lo que evidencia el aporto de la mujer y su capacidad de liderazgo
social y de organización. Por lo que no podemos perder de vista que aquí
también se tienen muy arraigado que las decisiones políticas son de los
hombres.
Es en esta parte de la exposición en donde se debe hacer saber a las mujeres
que en nuestro país ha aumentado la presencia de las mujeres en los puestos
de elección popular y en los mandos medios y superiores de los sectores
público y privado, sin embargo no es lo deseable, ni lo óptimo, como en otras
áreas donde la presencia femenina ha sido mayo, como en el trabajo
remunerado.
Se da a conocer a las participantes datos que produzcan y desarrollen
dinámicas de participación y opinión, que aún cuando conocen y dominan, si
son vistas desde diversas perspectivas: que en México, se cuenta con 31
Congresos locales y 1 Asamblea Legislativa (D.F.), de donde se desprende que
el Estado de Morelos se encuentra entre 6 Estados que mayor porcentaje de
participación de mujeres registrado, esto es, que la entidad al igual que
Zacatecas tiene el 30% de Mujeres con 30 Diputaciones 18 de mayoría relativa
y 12 de representación popular y a nivel nacional existen 1,141 Diputaciones,
262 corresponden a mujeres, 695 de mayoría relativa y 446 de representación
popular, lo que significa el 23%
Otro dato de interés que se dio a conocer en las mesas de trabajo es el
porcentaje que representa cada partido, siendo el 43 % en el Partido
Revolucionario Institucional; el 27% al PAN, el 13% al PRD, el 6% al Partido
Nueva Alianza.
Garantizar a la mujer igualdad en el acceso y plena participación en las
estructuras de poder, así como incentivar su inserción en la toma de decisiones
en los ámbitos familiar, laboral, vecinal, social y en los puestos directivos,
constituyen aspectos esenciales para lograr una democracia ciudadana.
Se presenta un panorama de la inserción de las mujeres y los hombres en los
espacios del poder político, gubernamental y social; considerando que la
posición que ocupan, determina el grado de participación en la toma de
decisiones, ya sea desde los poderes del Estado, las organizaciones que
conforman el sistema político nacional, o bien desde las organizaciones civiles y
sociales.
Se hace una revisión de la composición y estructura de los instrumentos
electorales, los cuales facilitan o limitan el ejercicio de los derechos políticos –el
Padrón electoral y las Listas nominales– y se compara la estructura de la
población estimada de 18 años y más con la población registrada en el Padrón
electoral.
En segundo lugar se presenta información sobre la participación de las mujeres
en los niveles de decisión de los poderes del Estado y del gobierno mexicano, la
cual no solo ha sido escasa sino que parece haber alcanzado el “techo cristal”,
que impide mayores avances; a saber:
En 30 años, solo cinco mujeres han gobernado una entidad federativa (Colima,
Tlaxcala, Yucatán –en dos ocasiones– y Zacatecas), una más encabezó el
gobierno del Distrito Federal.
El acceso de las mujeres como presidentas municipales, se ha mantenido en un
nivel similar que oscila entre 3.5 y 5 por ciento. En este año, solo 122 gobiernos
municipales están encabezados por una mujer.
En el Poder Judicial, las mujeres solo han ocupado 20% de los puestos de
Ministras, Magistrados y Juezas.
En el nivel más alto del Poder Ejecutivo Federal, las estructuras del poder
continúan mayoritariamente en manos de hombres, de las 19 Secretarías de
Estado, solo 2 son dirigidas por mujeres.
Diversas mediciones que se hacen a nivel internacional para evaluar los logros
en materia de igualdad y en el avance de las mujeres, toman en cuenta la
inclusión de las mujeres en puestos clave de los poderes del Estado, uno de
estos es el Global Gender Gap Report que elabora y difunde World Economic
Forum, desde 2006. De acuerdo con este índice, en 2009 la brecha de género
en la sociedad mexicana, es de las más amplias. De 130 países ocupamos el
lugar 99 y en materia de Empoderamiento político, el lugar 65.
Dentro de la información brindada se hizo un recorrido por la legislación en la
materia.
La conformación de nuestro actual sistema político, ha pasado por diversos
procesos de ajustes y reestructuraciones. Entre los más importantes destaca el
proceso que condujo a la adquisición de la ciudadanía formal de las mujeres en
1953, cuando se promulgó la reforma constitucional del Artículo 34.
Desde entonces y hasta la fecha, el marco normativo y los instrumentos para su
aplicación, se han ajustado en diferentes ocasiones, dando pie a cambios en las
reglas y procedimientos electorales. Uno de los más importantes es la
expedición, en 1989, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales (COFIPE) y la consecuente creación, en 1990, del Instituto Federal
Electoral (IFE), para contar con una institución imparcial, que brinde plena
certeza, transparencia y legalidad, tanto a los partidos en contienda y a la
sociedad en general.
CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES REFORMA 2008
(COFIPE) De los derechos y obligaciones Artículo 4 1. Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación que se ejerce para integrar órganos del Estado de elección popular. También es derecho de los ciudadanos y obligación para los partidos políticos la igualdad de oportunidades y la equidad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular. Artículo 38 1. Son obligaciones de los partidos políticos nacionales: s) Garantizar la equidad y procurar la paridad de los géneros en sus órganos de dirección y en las candidaturas a cargos de elección popular; Artículo 78 1. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en este Código, conforme a las disposiciones siguientes: V. Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, cada partido político deberá destinar anualmente, el dos por cierto del financiamiento público ordinario. Artículo 218 3. Los partidos políticos promoverán y garantizarán en los términos del presente ordenamiento, la igualdad de oportunidades y procurarán la paridad de género en la vida política del país, a través de postulaciones a cargos de elección popular en el Congreso de la Unión, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional. Artículo 219 1. De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como de senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, deberán integrarse con al menos el cuarenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo género, procurando llegar a la paridad. 2. Quedan exceptuadas de esta disposición las candidaturas de mayoría relativa que sean resultado de un proceso de elección democrático, conforme a los estatutos de cada partido.
Artículo 220 1. Las listas de representación proporcional se integrarán por segmentos de cinco candidaturas. En cada uno de los segmentos de cada lista habrá dos candidaturas de género distinto, de manera alternada. Artículo 221 1. Hecho el cierre del registro de candidaturas, si un partido político o coalición no cumple con lo establecido en los artículos 219 y 220, el Consejo General del Instituto Federal Electoral le requerirá en primera instancia para que en el plazo de 48 horas, contadas a partir de la notificación, rectifique la solicitud de registro de candidaturas y le apercibirá de que, en caso de no hacerlo le hará una amonestación pública. 2. Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, el partido político o coalición que no realice la sustitución de candidatos, será acreedor a una amonestación pública y el Consejo General del Instituto Federal Electoral le requerirá, de nueva cuenta, para que en un plazo de 24 horas, contadas a partir de la notificación, haga la corrección. En caso de reincidencia se sancionará con la negativa del registro de las candidaturas correspondientes. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 2008
Convención sobre los derechos políticos de la mujer Abierta la firma y ratificación por la Asamblea Gen eral en su
resolución640 (VII),de 20 de diciembre de 1952 Entrada en vigor: 7 de julio de 1954, de conformidad con el
artículo VI Lista de los Estados que han ratificado la convención, Declaraciones y
reservas (en inglés) Las Partes Contratantes, Deseando poner en práctica el principio de la igualdad de derechos de hombres y mujeres, enunciando en la Carta de Naciones Unidas, Reconociendo que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por conducto de representantes libremente escogidos, y a iguales oportunidades de ingreso en el servicio público de su país; y deseando igualar la condición del hombre y de la mujer en el disfrute y ejercicio de los derechos
políticos, conforme a las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas y de la Declaración Universal de Derechos Humanos, Habiendo resuelto concertar una convención con tal objeto, Convienen por la presente en las disposiciones siguientes: Artículo I Las mujeres tendrán derecho a votar en todas las elecciones en igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminación alguna. Artículo II Las mujeres serán elegibles para todos los organismos públicos electivos establecidos por la legislación nacional, en condiciones de igualdad con los hombres, sin discriminación alguna. Artículo III Las mujeres tendrán derecho a ocupar cargos públicos y a ejercer todas las funciones públicas establecidas por la legislación nacional, en igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminación alguna. Artículo IV 1. La presente Convención quedará abierta a la firma de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas, y de cualquier otro Estado al cual la Asamblea General haya dirigido una invitación al efecto. 2. La presente Convención será ratificada y los instrumentos de ratificación serán depositados en la Secretaría General de las Naciones Unidas. Artículo V 1. La presente Convención quedará abierta a la adhesión de todos los Estados a que se refiere el párrafo 1 del artículo IV. 2. La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de adhesión en la Secretaría General de las Naciones Unidas. Artículo VI 1. La presente Convención entrará en vigor noventa días después de la fecha en que se haya depositado el sexto instrumento de ratificación o de adhesión. 2. Respecto de cada uno de los Estados que ratifiquen la Convención o que se adhieran a ella después del depósito del sexto instrumento de ratificación o de adhesión, la Convención entrará en vigor noventa días después de la fecha del depósito del respectivo instrumento de ratificación o de adhesión. Artículo VII En el caso de que un Estado formule una reserva a cualquiera de los artículos de la presente Convención en el momento de la firma, la ratificación o la adhesión, el Secretario General comunicará el texto de la reserva a todos los Estados que sean partes en la presente Convención o que puedan llegar a serlo. Cualquier Estado que oponga
objeciones a la reserva podrá, dentro de un plazo de noventa días contado a partir de la fecha de dicha comunicación (o en la fecha en que llegue a ser parte en la presente Convención), poner en conocimiento del Secretario General que no acepta la reserva. En tal caso, la Convención no entrará en vigor entre tal Estado y el Estado que haya formulado la reserva. Artículo VIII 1. Todo Estado podrá denunciar la presente Convención mediante notificación por escrito dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que el Secretario General hay recibido la notificación. 2. La vigencia de la presente Convención cesará a partir de la fecha en que se haga efectiva la denuncia que reduzca a menos de seis el número de los Estados Partes. Artículo IX Toda controversia entre dos o más Estados Contratantes, respecto a la interpretación o a la aplicación de la presente Convención, que no sea resuelta por negociaciones, será sometida a la decisión de la Corte Internacional de justicia a petición de cualquiera de las partes en la controversia, a menos que los Estados Contratantes convengan en otro modo de solucionarla. Artículo X El Secretario General de las Naciones Unidas notificará a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas y a los Estados no miembros a que se refiere el párrafo 1 del artículo IV de la presente Convención: a) Las firmas y los instrumentos de ratificación recibidos en virtud del artículo IV; b) Los instrumentos de adhesión recibidos en virtud del artículo V; c) La fecha en que entre en vigor la presente Convención en virtud del artículo VI; d) Las comunicaciones y notificaciones recibidas en virtud de artículo VII; e) Las notificaciones de denuncia recibidas en virtud del párrafo 1 del artículo VIII; f) La abrogación resultante de lo previsto en el párrafo 2 del artículo VIII; Artículo XI
1. La presente Convención, cuyos textos chino, español, francés, inglés y ruso serán igualmente auténticos, quedará depositada en los archivos de las Naciones Unidas. 2. El Secretario General de las Naciones Unidas enviará copia certificada de la presente Convención a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas y a los Estados no miembros a que se refiere el párrafo 1 de artículo IV.
Marcos para abogacía sobre los derechos humanos de las mujeres
Convirtiendo los derechos formales en derechos real es
¿Cuáles derechos?
¿Dónde se encuentran?
Desafíos para la abogacía
Todos los derechos que se aplican tanto a hombres como a mujeres.
Los derechos enunciados en los instrumentos de derechos humanos generales.
Asegurar que estos derechos sean aplicados consistentemente a ambos sexos.
Derechos que son específicos a las mujeres o que requieren ser expandidos a fin de asegurar derechos básicos para la situación de ellas.
Los derechos cubiertos en instrumentos especializados, como la CEDAW.
Asegurar que estos
derechos sean tratados con
igual seriedad que los
derechos humanos
generales.
Derechos evolventes.
Derechos aún no definidos ni cubiertos en algún tratado o instrumento.
Presionar por la explícita definición y aceptación de estos derechos
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Como parte de los trabajos para evaluar la participación electoral durante
los comicios de 2009, el IFE llevó a cabo dos investigaciones: el Estudio
que muestra la participación ciudadana en las elecciones federales de
2009 y el Análisis descriptivo sobre las características de los votos nulos
y votos por candidatos no registrados emitidos en las elecciones
federales llevadas a cabo durante ell año 2009.
En el primero se analizan las características demográficas básicas de la
población que sufragó y la que no lo hizo, así como la participación
ciudadana y su relación con algunos aspectos de la actualización del
registro federal de electores. Entre los hallazgos más relevantes se
encuentra el hecho de que entre 2003 y 2009, la participación ciudadana
pasó de 41.5% a 44.6%, es decir, se incrementó en 3.1 puntos
porcentuales. Las entidades federativas con mayor aumento fueron el
Estado de México, Coahuila y San Luis Potosí. Cabe destacar que en
2009 se observó una mayor participación femenina, y este es el
punto a señalar.
El análisis de la situación de las mujeres en el ámbito de la participación
política concurre con el desarrollo de la teoría de género, un corpus de
conocimiento fundamental a través del cual es posible distinguir y
explicar los mecanismos socio-culturales a través de los cuales las
diferencias entre mujeres y hombres se han traducido en múltiples
dimensiones de desigualdad de género.
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La política significa uno de los ámbitos sustantivos en el que se expresa
la situación de desigualdad entre mujeres y hombres. Sus estructuras
restringen el derecho de las mujeres para acceder y participar de la
misma manera que los hombres en los espacios políticos y de toma de
decisiones y, en general, en todos aquellos ámbitos clave de poder,
determinantes en la definición del interés colectivo de la sociedad.
Las inequidades de género se mantienen vigentes en la participación
política a pesar de la igualdad formal de las personas ante la ley que
garantiza igual goce de derechos a mujeres y hombres, situación que
constituye un problema central de las democracias modernas.
Las raíces de esta desigualdad en la participación política de las mujeres
se ubican, según la teoría de género, en la propia constitución del
Estado surgido de la Ilustración, el movimiento político-filosófico
desarrollado en el siglo XVIII a través del cual se reconocieron como
atributos exclusivamente masculinos la razón, la igualdad, la
individualidad y la autonomía de los sujetos (Sánchez, en Beltrán y
Maquieira, 2001:17).
El sello masculino del proyecto ilustrado no permitió la inclusión de las
mujeres en el pacto social, de tal manera que la Declaración de los
Derechos del Hombre y del ciudadano (1789) reafirmó la exclusión de las
mujeres como titulares de derechos, negándoles la categoría de la
ciudadanía y, por ende, los derechos inherentes a dicha condición.
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Los filósofos de la Ilustración consideraban a la razón y a la igualdad
como cualidades intrínsecas al hombre, no así a la mujer. Su premisa se
basaba en la afirmación de que la individualidad y autonomía eran
cualidades propias y exclusivas de los hombres y, por ende, también lo
sería la ciudadanía.
La determinación limitada de los hombres a la ciudadanía motivó la
imposición de una visión androcéntrica del mundo, al definirse en
términos políticos y filosóficos al hombre como modelo de sujeto de
derechos.
En consecuencia, la política se delimitó como un ámbito masculino, con
lo cual se justificó la exclusión de las mujeres bajo el supuesto de la
imposibilidad femenina para concebir y discernir ideas y normas morales
necesarias para orientar su comportamiento
La filosofía de la Ilustración puso en entredicho la calidad de humanas de
las mujeres, toda vez que sus planteamientos expresaban que eran
seres cuya “minoría moral” les impedía formar parte de la ciudadanía y,
por tanto, ser sujetos de derechos y deberes jurídicos y políticos, desde
esta perspectiva se negó la capacidad de las mujeres para ejercer
autoridad y liderazgo, así como para tomar decisiones vitales en los
asuntos considerados del interés colectivo. Al excluirlas del estatus de
individuos, se les privó de la participación en el mundo público de la
igualdad, el consenso, la convención y el pacto social (Pateman,
1996:31-32). Así, se sentaron las bases de la política como un ámbito
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pensado y definido a partir de normas, mecanismos y prácticas
consideradas propiamente masculinas.
En correspondencia, las cualidades que tendrían que ser cultivadas en
los hombres se centrarían en desarrollar su autonomía, su individuación
y su liderazgo. En contraste, las mujeres deberían ser socializadas
siempre bajo la tutela de un varón (el padre, el hermano, el esposo),
confinadas a la vida privada, orientando su educación a la sumisión, a la
dependencia y a la obediencia, con la maternidad como el papel social
prioritario reservado a ellas.
La oposición entre las cualidades consideradas “propias” de los hombres
y de las mujeres conformaría la separación simbólica del espacio público
como un ámbito muy valorado (el espacio de la cultura), exclusivamente
masculino, ocupado en su totalidad por los hombres; mientras que el
espacio privado sería el ámbito inherente a lo femenino, el lugar “natural”
de las mujeres, que se distinguiría por su subordinación real y simbólica
frente a lo público-masculino.
Y es precisamente en el espacio de lo público donde se ubicaría lo
político, lo social, lo económico, lo cultural, en síntesis, todas aquellas
esferas vitales para el interés colectivo de la sociedad; en oposición, el
espacio privado se conformaría en la esfera íntima de lo familiar y de lo
doméstico.
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Lo masculino se impuso sobre lo femenino a través de la oposición de los
roles, actividades, capacidades, actitudes y motivaciones definidas como
“intrínsecas” de mujeres y hombres; todo ello trajo como consecuencia
múltiples dimensiones de desigualdad y expresiones de discriminación
hacia las mujeres en el acceso, uso y control de oportunidades, adopción
de decisiones, manejo de recursos y de servicios, así como en la falta del
reconocimiento de sus derechos.
La exclusión de las mujeres del espacio público, motivó una serie de
cuestionamientos y críticas para exigir el reconocimiento pleno de la
ciudadanía femenina. Entre las pioneras de dicha exigencia destacó
Olympe de Gouges, quien propuso una constitución en la que hombres y
mujeres fuesen considerados igualmente ciudadanos, partícipes en el
contrato social. En su Declaración de los Derechos de la Mujer y
Ciudadana (1791) exigía para las mujeres los derechos inalienables de
libertad e igualdad proclamados por la Revolución Francesa Se trató del
primer documento en el que se exigió el voto femenino, así como la
igualdad de derechos y deberes para la mujer y el hombre a través de la
equiparación de todos los seres humanos ante la ley.
Por su parte, Mary Wollstonecraft escribió Vindicaciones de los derechos
de la mujer (1792), texto en el cual se reivindicaban los derechos de las
mujeres, su libertad y autonomía individual y se exigía que las leyes del
Estado se usaran para terminar con las tradiciones de subordinación
femenina, a través de un sistema de educación igualitaria para mujeres y
hombres.
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La aspiración de igualdad entre mujeres y hombres expresada en estas
reivindicaciones retomaba los principios de la Ilustración y los ampliaba a
la población femenina, centrando su exigencia en el reconocimiento a la
ciudadanía e igualdad de las mujeres, así como su derecho a participar
en los asuntos considerados del interés público. De esta forma, las
mujeres empezaron a reclamar para sí mismas los beneficios, derechos y
responsabilidades monopolizados por el mundo masculino.
El derecho al voto de las mujeres
El debate Ilustrado en torno a la igualdad política y la paradójica
exclusión de las mujeres del pacto social que dio origen al Estado
moderno, motivó la conformación de un movimiento social internacional,
conocido como sufragismo, que constituyó la respuesta de las mujeres al
monopolio masculino del espacio público. Se trató de la primera acción
colectiva organizada de las mujeres a fin de exigir su estatus de
ciudadanas y se fortaleció en el siglo XIX y y la primera mitad del XX.
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La exigencia central de este movimiento social fue el derecho de las
mujeres a votar y ser electas, además del derecho a la educación y al
trabajo remunerado, en concordancia con los principios de la Ilustración
en torno a la individualidad, la autonomía como sujetos y la igualdad, en
lo que Norberto Bobbio (1991) ha descrito como “el derecho a tener
derechos”.
En el sufragismo participaron sucesivas generaciones de mujeres,
logrando, apenas de manera difusa en 1948, el reconocimiento
internacional de su derecho a participar en el ámbito de la política como
un derecho humano fundamental, a través de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos que establece, en su artículo 21, que toda
persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país.
Este reconocimiento internacional expresaría de cierta manera los
avances que estaban logrando las mujeres en el interior de sus países
para que fuesen reconocidos sus derechos políticos. Procesos que,
habría que subrayar, han sido diferentes en cada país; aunque la
tendencia en la mayoría de las naciones ha sido el reconocimiento
jurídico-legal de la igualdad entre mujeres y hombres (igualdad de jure),
el cual supone que todas las personas son individuos iguales ante la ley,
con la misma capacidad para ejercer sus derechos, lo que ha significado
para las mujeres el reconocimiento formal a su estatus de ciudadanas.
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El derecho al sufragio femenino ha ampliado el sentido del ideal de
ciudadanía universal ya que con el reconocimiento formal de idéntica
categoría de pares ante la ley, mujeres y hombres son igualmente
ciudadanos ante la norma jurídica. Dicha igualdad formal (igualdad ante
la ley) constituye un principio jurídico y un pilar fundamental de los
Estados modernos
La igualdad jurídica de mujeres y hombres parte de la asignación igual de
los derechos fundamentales para todas las personas elimina per se los
obstáculos para que cada individuo desarrolle sus capacidades en las
distintas esferas de la vida. Bajo este supuesto el sufragio sería pensado
como una prerrogativa cuyo disfrute es igual para toda la ciudadanía
(mujeres y hombres), al ser un derecho universal que no distingue las
diferencias individuales o colectivas, diferencias sociales o de grupo, así
como las desigualdades en términos de riqueza, estatus y poder.
La experiencia evidencia que el “trato igual” en el que se sustenta la
igualdad de jure entre mujeres y hombres, ha resultado ser omiso y ciego
ante las desigualdades de género, al no reconocer las múltiples
dimensiones de desventajas, subordinación y discriminación sistemáticas
y estructurales hacia las mujeres, que impiden su participación de
manera equilibrada con los hombres en el ámbito de la política.
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De tal manera que el reconocimiento del derecho al sufragio femenino no
ha bastado para abolir la exclusión de las mujeres en los espacios de
poder político. En última instancia, este derecho se ha constituido como
condición necesaria, pero no suficiente, para garantizar el ejercicio pleno
de los derechos políticos de las mujeres.
El derecho al sufragio ha habilitado a las mujeres a participar en la
política, no ha logrado superar las desventajas derivadas de su condición
y posición de género, a las cuales se suman otras como la etnia, la edad,
el grupo social de pertenencia, etcétera, pese a que dispongan
formalmente de idéntico estatus de ciudadanía con respecto a los
hombres.
Esto es sumamente grave, no sólo para las mujeres sino para la
sociedad en su conjunto, toda vez que la ciudadanía es la cualidad que
hace posible que las personas se conviertan en sujetos políticos,
responsables de los proyectos colectivos de la sociedad, al tiempo que
guarda un vínculo con los derechos reconocidos por el Estado y su
ejercicio,. De esta manera, se mantiene vigente un sistema social de
género que, es reflejo de una cultura política donde una elite reducida
monopoliza el poder y disfruta de sus beneficios gracias a la creación de
normas de intercambio que controlan su circulación en los cargos de
gobierno y de toma de decisiones públicas.
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La desigualdad en la participación política de las mujeres ha motivado,
desde las últimas décadas del siglo XX, el cuestionamiento internacional
acerca del carácter representativo de los gobiernos, así como el
reconocimiento de la necesidad de implementar mecanismos que
garanticen a mujeres y hombres las mismas oportunidades de participar
en la política de forma efectiva y equilibrada a fin de integrar de igual
manera en la agenda pública sus visiones, necesidades, intereses y
problemas.
En 2006 la inclusión equilibrada de mujeres y hombres en todos los
ámbitos de la sociedad es un medio para garantizar la igualdad de
género, a fin de que los diferentes intereses, aspiraciones y necesidades
de unas y otros se consideren, valoren y promuevan de igual manera, en
términos de derechos, beneficios, obligaciones y oportunidades para, de
esta forma, contribuir a mejorar la calidad de la democracia.
Acciones afirmativas
Las políticas de equidad se basan en el reconocimiento de la necesidad
de adoptar medidas especiales de carácter temporal –acciones
afirmativas–, a fin de acelerar la igualdad de facto entre mujeres y
hombres. Se trata de poner en marcha un conjunto de medidas de
carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de hecho entre
mujeres y hombres, las cuales tienen por objeto eliminar las desventajas
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estructurales de las mujeres para acelerar su participación equilibrada
con los hombres en todas las esferas de la sociedad.
Las acciones afirmativas, surgen del reconocimiento de la histórica
desigualdad de poder y de goce de derechos entre mujeres y hombres, lo
que obliga al Estado a tomar una serie de medidas especiales de
carácter temporal con el objetivo de acelerar el logro de la igualdad entre
los sexos sin que éstas constituyan expresiones discriminatorias para los
hombres.
Mujeres y hombres no cuentan con las mismas oportunidades por causas
socialmente construidas y, por ende, la aplicación de “reglas neutrales”
conduce a resultados desiguales, de ahí la necesidad de implementar
acciones afirmativas concretas en beneficio de las mujeres.
Liderazgo de las mujeres
Entre las medidas tendientes a garantizar la participación política
equilibrada de mujeres y hombres se encuentra la necesidad de
implementar mecanismos que fortalezcan el liderazgo de las mujeres y
eliminen las barreras implícitas que les impiden o restringen su pleno
acceso y permanencia en los más altos niveles ejecutivos, de
responsabilidad pública y representación política.
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Es poner en marcha una serie de acciones tendientes a modificar de
manera sustantiva la cultura política entendida ésta como el conjunto de
valores, creencias, comportamientos, símbolos, experiencias comunes y
compartidas que, en conjunto, permiten desarrollar una forma unificada
de percibir la realidad y, en consecuencia, definir determinados códigos
y reacciones frente a la realidad.
La cultura política ha estado dominada por los valores y características
consideradas masculinas, como la asertividad, la agresividad, la
competencia, la orientación al logro, la independencia y la búsqueda del
poder, con base en el control y en los aspectos que resaltan el dominio y
la fortaleza
Aquellas mujeres que logran llegar a ocupar los espacios de poder
suelen sufrir aislamiento y ser excluidas de la toma de decisiones
fundamentales, si no cuentan o no logran obtener el apoyo mayoritario de
los hombres.
Habitualmente, las mujeres son tratadas como minoría, ignoradas,
intimidadas, predominando un ambiente masculino en el que la
competencia y la agresividad son elementos básicos, características que
deben ser desarrolladas por quienes aspiren a formar parte de la clase
política con poder para definir y tomar las decisiones centrales de la
agenda pública.
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En este sentido, es preciso subrayar que las restricciones en la
participación política que padecen las mujeres no están determinadas por
sus cualidades individuales (aptitudes, personalidad y habilidades
personales), sino que son expresión de una cultura política androcéntrica
que realza los valores masculinos y establece oportunidades desiguales
en el ejercicio de la ciudadanía, cuyo resultado es la tendencia general
de que la participación política de las mujeres se concentre en las
posiciones de base, mientras que las de liderazgo, aquellas de mayor
estatus y altamente valoradas, sean ocupadas, en su mayoría, por
hombres.
La reducida participación de las mujeres en los espacios de poder
político implica que exista un déficit del modelo de liderazgo femenino en
este ámbito. Aquellas que logran destacar suelen asumir los valores
masculinos que definen la vida política, por ello los organismos
internacionales de desarrollo han enfatizado la necesidad de garantizar
una “masa crítica” de mujeres que ocupen puestos de responsabilidad
que sirvan de modelo para otras, así como para transformar las
actitudes, creencias y dinámica política
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Un elemento fundamental que no debemos dejar de lado al abordar el
tema del liderazgo y la participación política de las mujeres tiene que ver
con los estereotipos de género. Éstos se refieren a la construcción
subjetiva que incluye creencias, expectativas y atribuciones sociales
como imágenes de alta elaboración cognitiva que suelen no coincidir con
la realidad, sino que son una simplificación deformada de ésta, a través
de ideas preestablecidas a las que se adscriben las personas por el mero
hecho de pertenecer a uno de los sexos. Al respecto, cabe señalar que la
educación tradicional ha jugado un papel fundamental en el
reforzamiento de dichos estereotipos, al enfatizar cualidades, destrezas y
aptitudes diferenciadas entre niñas/mujeres y niños/hombres.
La finalidad de los estereotipos de género es exagerar las diferencias
entre mujeres y hombres y así poder justificar la distribución desigual en
los distintos roles sociales. A partir de los estereotipos de género se han
definido perfiles de masculinidad y feminidad en el ámbito del poder
influyendo de manera negativa en el ascenso y permanencia de las
mujeres en la política, ya que, de acuerdo con estos estereotipos
tradicionales, los hombres se adecuan mejor que las mujeres a los
puestos de adopción de decisiones y de liderazgo.
Según estos estereotipos “lo natural” es que los puestos de poder sean
ocupados por hombres, más aun, todavía existe un sector importante de
la clase política que considera que las mujeres no están suficientemente
capacitadas para participar en los ambientes de poder de alto nivel.
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La diferenciación de los roles masculinos y femeninos se ha traducido en
la idea cuasi-esencialista de un comportamiento distinto entre mujeres y
hombres que sostiene que el rol femenino, por “naturaleza”, es la
maternidad y que éste contradice la imagen de una persona en un puesto
de dirección; desde esta óptica, aquellas mujeres ejecutivas, líderes,
tomadoras de decisiones, deben aceptar y adoptar las características
masculinas asociadas a dichos puestos de dirección.
De tal forma, los puestos de poder conllevan rasgos masculinos y, por
tanto, sus titulares se asocian con la imagen, valores, actitudes y
aptitudes relacionadas con el estereotipo masculino debido a que, per se,
las actividades políticas se consideran un ámbito masculino. Por ello, si
bien existen mujeres que participan en la política, su presencia limitada
impide la maduración de modelos de liderazgo femenino que coadyuven
a transformar de fondo la cultura política hegemónica.
Es importante subrayar la necesidad de implementar acciones
afirmativas eficaces que contribuyan a desarrollar y fortalecer el liderazgo
de las mujeres, sumándose a las ya existentes, específicamente a las
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cuotas de género, un mecanismo implementado en distintos países,
incluyendo México, a través del cual se busca garantizar una presencia
mínima de mujeres en los espacios de representación política.
Cuotas de género
Las cuotas de género constituyen una medida concreta en el ámbito
internacional que busca dar respuesta al actual desequilibrio de género
en los órganos de toma de decisiones (IDEA 2003:6). Con su
implementación se ha buscado hacer de ellas un mecanismo sólido que
garantice la efectiva integración de las mujeres a los organismos de
decisión y a las instancias de poder público, a través de la observancia
de porcentajes mínimos de participación femenina en los espacios
políticos.
Llas cuotas de género se basa en el reconocimiento de las
desigualdades históricas de las mujeres y en la necesidad de cerrar las
brechas de género. Con la implementación de esta medida se busca
refrendar, de acuerdo con el Consejo Interparlamentario (1994), la
consideración acerca de que la democracia sólo asumirá un significado
verdadero y dinámico cuando las políticas públicas y la legislación
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nacional se decidan por mujeres y hombres con equitativa consideración
a los intereses y necesidades de toda la población.
Su propósito, va en el sentido de abonar a la construcción de un nuevo
modelo de ciudadanía y, en un sentido amplio, del espacio público en el
que se atiendan de manera eficaz los desafíos actuales en torno a la
ciudadanía de las mujeres en temas como la representación, la
gobernabilidad, la delegación de poder y las formas de liderazgo.
Existen tres tipos de cuotas:
• las adoptadas por la vía constitucional, las cuales se consagran en
el ámbito de la Ley fundamental, preferentemente la Constitución;
• las legislativas, establecidas, sobre todo, en las leyes electorales,
• y las que se aplican a las listas de partidos políticos, los cuales
utilizan voluntariamente el sistema de cuotas de género en sus
procedimientos de selección de cargos internos
Las cuotas de género, por lo general, establecen un umbral mínimo de
mujeres y pueden aplicarse al número de candidatas propuestas por un
partido político para la elección, o adoptar la forma de escaños
reservados.
La necesidad de implementar cuotas de género ha implicado el
reconocimiento de la existencia de un déficit en la participación política
de las mujeres, considerando, entre otros factores:
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• La persistencia de una cultura política autoritaria y masculina.
• La falta de democratización en el interior de las instituciones del
Estado.
• La baja prioridad de la clase política para resolver los problemas y
• La falta de una masa crítica de mujeres en puestos de toma de
decisiones y autoridad, lo que les impide traspasar de las necesidades
prácticas a los intereses estratégicos de género, a fin de transformar
la cultura política.
De tal forma, las cuotas de género integran la premisa acerca de que el
pleno ejercicio de la ciudadanía de las mujeres contiene un carácter
social y político
El carácter social va a la modificación de normas, valores y roles de
género, en tanto que el carácter político implica la modificación del
contenido, la lógica y los principios de actuación en los espacios de
poder y toma de decisiones.
La concepción de las cuotas de género va más allá del aumento
cuantitativo de mujeres en los espacios de representación política y de
toma de decisiones: representa un avance cualitativo en términos de
profundizar los procesos democráticos en el ámbito de la política, lo cual
exige a las instituciones y a los actores políticos una serie de cambios de
distinta índole.
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Por ello, su implementación no ha estado exenta de fuertes resistencias,
al contrario, lo que ha dado es la persistencia de obstáculos que actúan
como limitantes en los objetivos de las cuotas de género, situación que
ha llevado a la reflexión acerca de los alcances reales de esta acción
afirmativa.
Las cuotas de género se han constituido en mecanismos concretos que
definen “un piso mínimo” y no un techo para la participación política de
las mujeres. Mediante las leyes de cuotas se fija un porcentaje mínimo
de presencia femenina en los puestos de gobierno, los espacios de
representación política o en los partidos con el fin de contrarrestar los
obstáculos que enfrentan las mujeres para acceder a cargos con poder
de decisión. No obstante, en su implementación los actores políticos
parecieran “confundir” a las cuotas no como un punto de partida que
permita aumentar gradualmente la presencia de las mujeres en los
espacios de representación política, sino como un límite a la participación
femenina, al asumir que se trata de “la cuota a cubrir”.
Por ello su adopción parece ser insuficiente si no va acompañada de
medidas eficaces que aseguren su cumplimiento.
Su implementación ha mostrado que las cuotas de participación política
no bastan por sí mismas ya que si bien la participación mínima de las
mujeres debidamente garantizada y aplicada de manera real es
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importante, resultan insuficientes desde la perspectiva de lograr una
influencia efectiva de las mujeres en la vida política.
Las cuotas de género deben inscribirse en el marco de proyectos
integrales de política pública que fortalezcan el liderazgo efectivo de las
mujeres, lo que implica reconocer que requieren ir acompañadas de
políticas públicas tendientes a lograr la igualdad de oportunidades. No
debe perderse de vista que el problema es la transformación de la cultura
política (y con ello el sistema social de género) que sostiene y alimenta la
discriminación hacia las mujeres.
La reflexión en torno a las cuotas de género ha llevado a otras medidas
que contribuyan a cerrar las brechas de desigualdad entre mujeres y
hombres y avanzar hacia una democracia de género a través del respeto
al liderazgo, el empoderamiento y la ciudadanía de las mujeres, así como
el mejoramiento sustancial en la calidad de la democracia. En este
proceso, la paridad se distingue por ser un tema que ha cobrado auge en
los años recientes.
Paridad
La democracia paritaria es reciente y su mayor impulso parece coincidir
con la realización de la Conferencia de Atenas en 1992, en la cual se
definió la paridad como la total integración, en pie de igualdad de las
mujeres, en las sociedades democráticas, utilizando para ello las
estrategias multidisciplinarias que sean necesarias.
El punto de partida de la reflexión hacia la paridad en el ámbito de la
política ha sido la revisión del concepto de ciudadanía, bajo la
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consideración de que ésta se compone por igual de mujeres y hombres
y, en consecuencia, ambos deben estar representados en porcentajes
iguales en el sistema político. No se trata únicamente de cubrir una cuota
mayor de cargos políticos a favor de las mujeres, sino de reconocer y
respetar, de manera efectiva y en un sentido amplio, la igualdad entre
mujeres y hombres.
La democracia paritaria va encaminada a garantizar la participación
equilibrada de mujeres y hombres en la toma de decisiones, teniendo
como marco la promoción de la igualdad de oportunidades.
La necesidad de su implementación se basa en que la limitada
participación de las mujeres en los niveles decisorios limita el desarrollo
humano, al no incorporarse las demandas e intereses de las mujeres en
todos los aspectos de la vida política, social, cultural y económica de la
sociedad.
La necesidad de avanzar hacia la democracia paritaria ha sido planteada
no sólo como una propuesta que acelere los procesos de participación
equilibrada de mujeres y hombres en los espacios públicos decisorios,
sino que busca transformarse en una reivindicación trasversal a todos los
ámbitos de la sociedad, con el fin de que mujeres y hombres puedan
gozar de igualdad en el ejercicio de los derechos y responsabilidades de
manera compartida tanto en el ámbito público como en el privado-
doméstico.
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El manejo de esta información a las participantes, brindarles los
antecedentes de la participación y el lugar que la mujer ha tenido y ha ido
alcanzado a lo largo de nuestra historia, les da una perspectiva de todo el
camino andado y la justa proporción del camina que queda por andar.
En el mismo orden de ideas continuamos con la mención de las mujeres
que están participando en la actualidad en la política, aspecto en ue
siempre nos percatamos del interés de ellas mismas en trabajo de otras
congéneres y que tanto llama este su propia atención.
Es importante hacer notar el trabajo que otras mujeres llevando
realizando en este sector ya que ellas se constituyen en inspiración para
otras en el alcance de sus proyectos.
Con la convicción de que toda mujer que participa en política debe tener
conocimiento del tema, lo que permitirá impactar sobre la gente de una
manera amplia y real.
Definiciones clásicas apuntan a definir política como el "ejercicio del
poder" en relación a un conflicto de intereses. Son famosas las
definiciones fatalistas de Carl Schmitt de la política como juego o
dialéctica amigo-enemigo, que tiene en la guerra su máxima expresión, o
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de Maurice Duverger, como lucha o combate de individuos y grupos para
conquistar el poder que los vencedores usarían en su provecho. También
está Max Weber, que define la política estrictamente en función del
poder.
Una perspectiva opuesta contempla la política en un sentido ético, como
una disposición a obrar en una sociedad utilizando el poder público
organizado para lograr objetivos provechosos para el grupo. Así las
definiciones posteriores del término han diferenciado poder como forma
de acuerdo y decisión colectiva, de fuerza como uso de medidas
coercitivas o la amenaza de su uso.
Una definición intermedia, que abarque a las otras dos, debe incorporar
ambos momentos: medio y fin, violencia e interés general o bien común.
Podría ser entendida como la actividad de quienes procuran obtener el
poder, retenerlo o ejercitarlo con vistas a un fin que se vincula al bien o
con el interés de la generalidad o pueblo.
El contractualismo, logra plantear al poder político como parte de un
contrato entre sociedad civil y el Estado, la política se puede apreciar
como una actividad que se inclina por sí misma hacia el bien de las
sociedades humanas en general, es decir, gracias al contractualismo
podemos decir que:
Si una sociedad humana está constituida por un conjunto de individuos
que poseen de hecho metas e intereses propios y particulares, mismos
que serán insertados en la sociedad mediante acciones políticas
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concretas: entonces el objetivo del quehacer político, sería ascender de
manera conciente en la sociedad para conseguir el cumplimiento de
nuestras metas e intereses, personales y particulares, a través del
convencimiento de que estos aportarán y contribuirán al mejoramiento de
la sociedad (humana) en general".
Una campaña política o campaña electoral es un esfuerzo organizado
llevado a cabo para influir en la decisión de un proceso en un grupo. En
las democracias, las campañas a menudo se refieren a las campañas
electorales, donde representantes son escogidos o se decide un
referéndum. Una campaña política también incluye esfuerzos para alterar
la política o ideología de cualquier institución.
La campaña se compone principalmente de tres elementos: Mensaje,
dinero y activismo. La combinación estratégica de estos componentes
resulta en muchos casos en el éxito de la campaña. En opinión el experto
Francisco Roldán, presidente de AESCOP , la campaña debe basarse en
cuatro elementos bien diferenciados: investigación, comunicación,
movilización y dinero.
El Mensaje es una oración concisa que dice porqué los votantes deben
elegir a un candidato. Simples ejemplos incluyen:
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• es un hombre de negocios, no un político. Sus antecedentes en
finanzas ayudarán a crear una disciplina fiscal al Estado."
• "Como nuestra sociedad experimenta un rápido aumento de
criminalidad, y además dispone de un sistema educativo
paupérrimo, necesitamos un líder que mantenga nuestras calles
seguras y restablezca la dignidad en nuestras escuelas. Juan
Pérez es ese líder."
• "En los últimos cuatro años, Alonso Gómez ha faltado a más de
cincuenta reuniones del Consejo de la Ciudad. ¿Cómo puedes
liderar si no apareces? Juan Pérez no hará la vista gorda con el
gobierno."
El mensaje es uno de los aspectos más importantes de una campaña
política. En una campaña moderna, el mensaje debe ser cuidadosamente
creado antes de ser propagado. Las mayores campañas gastarán cientos
de miles de euros en focus groups o encuestas de opinión, para saber
cuál es el mensaje que se necesita para llegar a la mayoría de votantes
en el día de la elección.
Según Francisco Roldán asesor, presidente de la Asociación Española
de Consultores Políticos, el mensaje debe ser sencillo y tiene que dar
respuesta a las necesidades e inquietudes de de los ciudadanos, tanto
de la base electoral como del mayor número de indecisos. El mensaje
debe responder a la pregunta: ¿por qué nos presentamos a la elección?.
El mensaje, según Roldán, es identificación y contraste, de tal forma que
en el mismo debe haber siempre una propuesta de pares alternativos
como forma de proyectar un contraste que conduzca a una opción casi
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evidente. Una vez elegido dicho mensaje hay que emplear todos los
instrumentos para transmitirlo y, específicamente, para comunicarlo a la
franja concreta del electorado que estará definido dentro de la estrategia.
Entre las técnicas para recaudar fondos se incluyen reuniones entre el
candidato y grandes donantes en potencia, solicitud directa por correo a
pequeños donantes y el “cortejo” de grupos interesados que podrían
terminar donando millones. Un ejemplo de éste último caso es la
polémica que surgió en las elecciones presidenciales argentinas de 1989,
en las que hubo sospechas de que el candidato peronista, Carlos
Menem, recibió un gran soporte financiero para su campaña por parte de
grupos islámicos a cambio de armamento. Otro ejemplo, mucho menos
controvertido, es el apoyo que obtuvo la antigua candidata para las
elecciones primarias por la presidencia estadounidense, Hillary Clinton,
que recibió de la actriz Elizabeth Hurley la suma de 1.781 dólares
estadounidenses para su campaña, el máximo estipulado por la ley
nacional para una donación de esta índole.
Por último, el activismo, está representado por el capital humano, la
infantería leal a la causa, los verdaderos creyentes que llevarán el
mensaje voluntariamente. Usualmente las campañas tienen un dirigente
encargado de tomar decisiones tácticas y estratégicas para hacer de esta
fuerza humana una herramienta altamente beneficiosa. En épocas muy
recientes el uso de las nuevas herramientas digitales en el activismo
político ha demostrado gran potencial, haciendo que comience a
hablarse de la Ciberpolítica, como una posibilidad cada vez más cercana.
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Los carteles propagandísticos son un clásico de la democracia moderna.
En este caso, afiches de la campaña electoral argentina de 1937.
El equipo de campaña, que puede consistir en un individuo inspirado o
en un grupo de experimentados profesionales, debe pensar cómo
comunicar el mensaje, recaudar fondos y reclutar voluntarios. La
propaganda suele estar limitada por la ley, los recursos disponibles y a
menudo, de la imaginación de los responsables.
Entre las técnicas de propagación más comunes se encuentran:
• El uso de los medios públicos de comunicación, mediante la franja
electoral.
• Los medios de comunicación pagados: diarios, televisión, radio, vía
pública y, cada vez más, Internet.
• Organizar protestas, maratones, disertaciones o cualquier tipo de
evento.
• Escribir directamente a miembros del público.
• Recorrer centros urbanos, generalmente pequeños, durante un
periodo de tiempo. Esto se conoce en los países de habla inglesa
como Whistle stop train tour, ya que comúnmente (alrededor del
Siglo XIX, cuando el tren se expansionaba y era un símbolo de
progreso) esta técnica se daba en un recorrido en tren por
pequeñas estaciones donde se daba un discurso. Actualmente el
término derivó a cualquier visita con este objetivo.
• Destacar los puntos negativos o débiles de la competencia.
• Distribución de folletos u otros medios similares.
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• Apariciones públicas, en las que se suelen dar gestos de unión con
el pueblo.
Sugerencias sobre oratoria:
• Hable siempre como si estuviera dirigiéndose a 200 personas.
• Utilice ejemplos que sean relevantes para su público.
• No escriba previamente el discurso completo.
• Empiece su discurso con una fuerte declaración.
• Practique primero con pequeños grupos.
• Presente una idea a la vez.
• Resuma y recapitule en puntos apropiados.
• Siempre repita las preguntas que le sean planteadas, de manera que todo el público las pueda escuchar.
• Las preguntas negativas pueden ser respondidas haciéndoselas al resto del público.
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Cinco argumentos clave sobre por qué las voces de las
mujeres deberían ser escuchadas:
1. Las mujeres conforman la mitad de la población.
2. Sin la representatividad de las mujeres, no existe democracia.
3. Las mujeres son las personas más idóneas para enunciar sus propias necesidades.
4. Las mujeres pueden cambiar el enfoque de la política.
5. Excluir a las mujeres del poder no es una utilización efectiva de los recursos humanos.
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Una de las acciones más destacadas del IFE durante sus primeros años,
fue la elaboración de nuevas herramientas para un ejercicio transparente
de la democracia: un nuevo Padrón electoral, Listas nominales y
Credencial de elector.
Para identificar si existen condiciones formales para que los ciudadanos
puedan ejercer sus derechos políticos, resulta relevante conocer la
cobertura y composición de los instrumentos electorales.
COBERTURA Y COMPOSICIÓN DEL PADRÓN
ELECTORAL Y DE LAS LISTAS NOMINALES
El Padrón electoral es la herramienta para registrar, identificar y acreditar
a los ciudadanos y a las ciudadanas que solicitan su inscripción par
ejercer su derecho al voto. Es un instrumento que debería estar en
constante actualización por las nuevas inscripciones de quienes cumplen
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18 años y los que se naturalizan como mexicanos; así como por las bajas
de quienes fallecen, o quienes pierden sus derechos políticos o
renuncian a la nacionalidad, además de los cambios de residencia, entre
otros.
En los últimos años, el padrón aumentó en más de veinticuatro millones
y medio de registros, y la proporción de mujeres y hombres registrados
es similar a lo largo del periodo (48 de hombres y 52% de mujeres).
Durante este periodo creció 1.9 millones en promedio anual, tan solo
entre enero y junio de 2009 se inscribieron al padrón 899 mil personas:
454 mil mujeres y 445 mil hombres.
La composición del Padrón electoral por sexo es similar a la estructura
de la población de 18 años y más, con una mayor presencia de mujeres.
La relación femenina del Padrón electoral, que se refiere al número de
mujeres inscritas en el padrón por cada 100 hombres, asciende a 107
mujeres por cada 100 hombres y se mantiene desde 2007. Las entidades
que presentan menos de 100 mujeres por cada 100 hombres inscritos al
padrón, son Baja California Sur, Quintana Roo y Baja California. En el
otro extremo, las que presentan una presencia de más de 110 mujeres
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por cada 100 hombres, son Tlaxcala, Michoacán, Guanajuato, Distrito
Federal, Puebla y Oaxaca.
PARTICIPACIÓN EN LOS PROCESOS POLÍTICO
ELECTORALES
Una de las formas de participación política de la población, se da el día
de la jornada electoral ya sea solo como electores o bien como
integrantes de las mesas directivas de las casillas y responsables de
cuidar y respetar el voto ciudadano.
El proceso para integrar las mesas directivas de casilla, incluye una serie
de procedimientos que van desde la insaculación y capacitación, hasta la
acreditación el día de las elecciones.
La selección de funcionarios de casilla es mediante un proceso aleatorio,
por lo que cabría esperar una representación cuantitativa similar de
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mujeres y de hombres, sin embargo, se observa una participación
diferenciada.
En el periodo que va de 1997 a 2009, se han realizado cinco elecciones
federales, tres intermedias solo para renovar la Cámara de Diputados
(1997, 2003 y 2009) y dos para renovar el Congreso en su conjunto y
elegir Presidente de la República (2000 y 2006), durante este periodo se
observan cambios significativos:
• La cantidad de personas que participan como funcionarios de casilla, se
ha incrementado paulatinamente. En 1997 participaron 198 mil hombres
y 193.6 mil mujeres, mientras que en 2009, lo hicieron 231.4 mil hombres
y 304.8 mil mujeres, en total 533 mil personas.
• No solo creció la cantidad total de personas, sino que la participación
de las mujeres fue sensiblemente mayor a la de los hombres (57 mujeres
y 43% hombres). En 1997, la diferencia de mujeres y hombres fue
mínima (4 425 más hombres que mujeres), en tanto que para 2009 la
participación de las mujeres superó a la de los hombres en 73 mil.
• Las mujeres están participando más como garantes del respeto al voto,
y lo están haciendo no solo como funcionarias de apoyo, sino
encabezando las mesas directivas,
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Mujeres como candidatas a cargos de elección
Si bien es cierto que la participación de las mujeres en los procesos
político-electorales se ha incrementado, ésta se ha orientado,
principalmente, a realizar funciones de cuidado y apoyo para garantizar
el desarrollo de la jornada electoral, pero no se ha traducido en una
mayor inclusión en las organizaciones políticas o como candidatas con
posibilidades reales para acceder a ocupar puestos de elección popular.
Por ello, con la finalidad de incrementar la presencia de las mujeres en
los espacios de representación política, el Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) en su versión de
1996 y posteriormente en 2002, con reformas más precisas, estableció
un ordenamiento compensatorio para agilizar su inclusión bajo la fórmula
de cuotas de mujeres para ocupar cargos de elección.
Candidatas a senadoras
Para renovar la Cámara de Senadores en las Elecciones Federales de
2006, los partidos políticos postularon en total a 940 personas como
candidatas propietarias y suplentes, 60.3% hombres y 39.7% mujeres.
Sin embargo esta proporción disminuye a 33.1% entre los candidatos
propietarios y se aprecia una variación importante según el tipo de
postulación. Así, entre las candidaturas de Mayoría Relativa Propietarios,
las mujeres solo alcanzan 27.2%, mientras que entre las de
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Representación Proporcional alcanzan 44.6 por ciento. La mayor
inclusión de candidatas se observa para senadoras suplentes de
Representación Proporcional (48.4%), es decir, entre quienes tienen las
menores oportunidades de acceso real al poder.
En la estrategia seguida por todos los partidos políticos para postular
mujeres, se aprecia una marcada selectividad dependiendo del tipo de
candidatura: todos los partidos incluyeron una mayor proporción de
mujeres como candidatas de Representación Proporcional y una
proporción sensiblemente más baja como candidatas de Mayoría
Relativa. Con excepción de Nueva Alianza, todos postularon a poco más
de 40% de mujeres, para contender como Senadores de Representación
Proporcional. La estrategia seguida por el Partido de Acción Nacional
(PAN), fue igualar la participación de mujeres y hombres por
Representación Proporcional, pero en las postulaciones de Mayoría
Relativa las mujeres solo ocuparon 17.2%, la proporción más baja de
todos los partidos.
Esta situación muestra las diferentes apariencias desplegadas por las
dirigencias partidistas para interpretar y acatar el ordenamiento de cuotas
a favor de las mujeres.
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Si bien es cierto que la inclusión de las mujeres en el Poder Legislativo
se ha incrementado, también es cierto que éste no ha sido lineal, sino
marcado por altibajos y dificultades.
Uno de los factores a tomar en cuenta, son las estrategias que siguen los
partidos políticos al incluir o remover a las legisladoras, dependiendo de
sus intereses y de las coyunturas políticas a lo largo de la Legislatura en
funciones.
Las mujeres son piezas movibles en el ajedrez partidista Durante el
periodo de duración de una legislatura, ocurren una gran variedad de
movimientos, que dependen principalmente, de las estrategias políticas
de los partidos.
A lo largo de los tres años de duración de la LX Legislatura, más mujeres
ocuparon puestos de propietarias al suplir a legisladores que aspiraron a
contender por otras candidaturas o a ocupar puestos en los gobiernos.
Entre agosto de 2006 y agosto de 2009, se sucedieron 32 movimientos
para remover a un diputado o diputada por su suplente del sexo opuesto
y 12 movimientos similares en la de senadores. De los movimientos en la
Cámara de Diputados, 25 sustituyeron a un hombre por una mujer y 7 a
una mujer por un hombre, lo que al final incrementó en 18 el número
efectivo de diputadas. Los partidos que presentaron la mayor cantidad de
movimientos fueron el PAN y el PVEM.
Lo anterior, con el fin de favorecer la reflexión de las mujeres en torno a
su participación y gestión social, con el propósito de fortalecer y visibilizar
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el liderazgo femenino como un factor de transformación y mejora en las
comunidades, en el contexto de que el poder es una relación social entre
individuos o entre grupos, detrás del ejercicio de poder está el uso de la
voluntad, y diferenciar.
Poder sobre:
La capacidad in fluir en otra persona para que haga lo que yo deseo, a
través de la coacción, o manipulación
Poder para:
Es la capacidad para resolver un problema, entender un trabajo o
aprender una nueva habilidad.
Poder con:
Es lo que se logra cuando trabajas con otras personas en un grupo y con
el esfuerzo y trabajo de todas alcanzan lo que se proponen.
Poder interno:
Fuerza que existe dentro de ti, (autoaceptación, autorespeto) este poder
sólo te lo puedes dar a ti misma.
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Para optimizar el resultado se emplearon recursos durante la exposición que
van desde frases de impacto, presentación de imágenes con hechos de la vida
política actual, que son analizados para reforzar lo que se está conociendo.
Las asistentes obtuvieron archivo digital con las presentaciones, mismas que se
adjuntan, y les sirven de guía para una participación política efectiva de las
mujeres, en donde ellas, están capacitadas para llevar el conocimiento a los
partidos políticos donde militan.
Se habló sobre definir el objetivo del partido y sus tres grandes retos, y
tocamos por considerarlo importante o propicio a confusiones,
aprendieron la diferencia entre Marketing Político y Marketing Comercial.
Establecimos las fases de una Campaña, con rubros tan importantes
como el capital semilla con el que se cuenta, recaudación de fondos, que
tan posicionada está la candidata, ¿cómo darla a conocer, ¿ cuándo?
Se les llevo a concluir que es vital que la candidata conozca a su
electorado y la segmentación del mismo para que ella pueda dirigirse a
cada uno por el medio adecuado, con el mensaje correcto en los tiempos
e incluso con la vestimenta que le permita ser percibida y enviar el
mensaje que quiere enviar a cada segmento.
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RECOMENDACIONES
El reconocimiento de la ciudadanía de las mujeres en el país se ha
caracterizado por ser un proceso lento y tardío que impide hasta hoy su
plena participación política en condiciones de paridad con los hombres y
Morelos no es la excepción, aún así como se les hizo saber entra en las
Entidades Federativas con mayor porcentaje de mujeres en política, lo
que significa un gran adelanto y sobre todo da el mensaje a la población
femenina de la entidad que existe camino recorrido por mujeres
preparadas, talentosas y empoderadas y sobre todo liderazgo, lo que
permite la toma de decisiones que incidan en procesos conformados por
acciones y actitudes, para encauzar esfuerzos y traducirlos en logros.
Como se señaló y las múltiples barreras y obstáculos existentes en el
acceso y permanencia de las mujeres en los espacios ejecutivos de
poder, adopción de decisiones y cargos de representación política
forman parte del sistema social de género que sustenta las brechas de
desigualdad entre mujeres y hombres.
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Atender este problema estructural requiere de la puesta en marcha de
medidas y mecanismos concretos que aseguren la participación
equilibrada de mujeres y hombres en los espacios públicos de adopción
de decisiones, acorde con lo señalado desde la teoría de género
respecto a que la democracia no será tal, mientras se impida el ejercicio
efectivo del poder político a las mujeres.
En este sentido, es importante considerar que la participación política
implica tomar decisiones relacionadas con el poder y su ejercicio, ésta no
se reduce a las cuestiones meramente electorales o a la inserción en los
distintos ámbitos de la política gubernamental, por ello resulta de
fundamental importancia las propuestas actuales en el ámbito nacional e
internacional en materia de los derechos políticos de las mujeres, que
apuntan más allá de las cuotas mínimas de género.
En este contexto, el actual proceso para la Reforma del Estado mexicano
constituye un marco fundamental para llevar a cabo una profunda
reestructuración de las instituciones públicas, de la forma como se ejerce
el poder y de la relación del gobierno con la sociedad, incluyendo la
definición de mecanismos que aseguren la participación equilibrada y
paritaria de mujeres y hombres en todos los órganos y niveles de
gobierno, observando los principios de igualdad, no discriminación y la
realización de los derechos humanos de las mujeres.
Se trata de un proceso de gran envergadura que requiere por igual del
compromiso de mujeres y hombres para fomentar y enraizar los cambios
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institucionales que permitan la participación efectiva de las mujeres en
los espacios de poder y toma de decisiones políticas, a través del
desarrollo de condiciones objetivas que se traduzcan en oportunidades
viables para impulsar la igualdad de oportunidades en la participación
política entre mujeres y hombres.
En la concreción de este proceso es necesario llevar adelante una serie
de medidas, incluyendo políticas públicas, reformas legislativas y
asignaciones presupuestarias, para garantizar la plena participación de
las mujeres en cargos públicos y de representación política, buscando
alcanzar la paridad en la institucionalidad estatal (poderes ejecutivo,
legislativo, judicial) en los ámbitos nacional y local, y con ello reconocer y
atender a la paridad de género como política de Estado.
Se dio a conocer a las participantes los niveles de la participación:
1. Corresponsabilidad
2. Decisión
3. Consulta
4. Información
La ejecución de ésta meta con metodología participativa nos permitió
conocer que es de suma importancia el conocimiento teórico práctico que
finalmente fue proporcionado en su conjunto con la metodología ajustada
a la necesidad de la entidad Morelense.
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Los elementos señalados no son contrapuestos sino complementarios,
en la metodología participativa se ven implicados todos los actores que
sintetizarán los objetivos y las acciones consensuadas por las asistentes,
acompañando esta información de interés para la entidad, que permita
ser una herramienta para facilitar el conocimiento para el desarrollo y
participación política de las mujeres en Morelos.
RESULTADOS Se proporcionó de material, pero sobre todo de desarrollaron técnicas
que generaron e incentivaron el liderazgo de cada una de las asistentes,
su participación en la política actualmente, les permite dimensionar los
beneficios de lo aprendido y reforzado en el presente curso-taller, ya que
como coincidieron en las mesas de trabajo su participación será efectiva
en la política de su Estado. El contar con elementos de información con
perspectiva de género les permite hacer de su discurso y mensaje
político una herramienta eficaz para el logro de sus objetivos.
Y sobre todo multiplicar éste conocimiento, las estadísticas y consultas
para actualizar de fuentes oficiales que les brindaran mayor
empoderamiento de la mujer en su participación política; y en el caso
particular de las asistentes replicar este conocimiento a los partidos
políticos donde militan.
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Como se dio a conocer en el informe final las expresiones de las
participantes fue de satisfacción, agradecimiento y felicitación.