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Mendoza, Elva, "Gobierno privatizará el oxígeno de la Selva Lacandona", Voltairenet,

París, Francia, 11 de noviembre de 2012.

Consultado en:

http://www.voltairenet.org/article176547.html

Fecha de consulta: 22/08/2013.

Bajo el esquema REDD+ el gobierno de Chiapas impulsa la venta del oxígeno de la selva

Lacandona al mercado de carbono. Sin consulta pública ni transparencia, el gobernador

Juan Sabines abre paso en México a un mercado que de acuerdo con expertos pretende

privatizar un bien público: el aire. El programa piloto, confronta a las comunidades que

habitan la selva y pone en riesgo su permanencia en ella. La falta de monitoreo, reportes o

verificación de los resultados contradice el éxito del proyecto y coloca en la incertidumbre

a uno de los principales pulmones de América: la selva chiapaneca Cada mes, el gobierno

de Chiapas entrega 3 millones 356 mil pesos a 1 mil 678 comuneros a cambio de conservar

la Selva Lacandona. Un programa piloto de Reducción de Emisiones por Deforestación y

Degradación Evitada, conocido como REDD+, es el esquema bajo el cual son entregados

los recursos.

Puesto en marcha desde 2011, el programa REDD+ del gobernador Juan Sabines Guerrero

se ejecuta dentro de las comunidades Nahá, Metzabok, Lacanjá Chansayab, Nueva

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Palestina, Frontera Corozal y Ojo de Agua Chankin, asentadas sobre 614 mil hectáreas de

selva.

En 2010, los representantes de las subcomunidades de los Bienes Comunales Zona

Lacandona firmaron el Pacto por el Respeto y Conservación a la Madre Tierra, un acuerdo

con el gobierno estatal en el que se establece el compromiso de las partes para el programa

REDD+: preservar la selva a cambio de 2 mil pesos mensuales por comunero.

Pese a su aplicación en Chiapas, REDD+ aún no es aprobado. La Convención Marco de

las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático discute los detalles de su aplicación. Y

aunque México desarrolla una estrategia nacional de REDD+, continúa en estatus de

borrador.

REDD+

Frente a la crisis climática, los países integrantes del organismo internacional han

planteado, entre otros, los programas de pago por servicios ambientales, REDD y ahora

REDD+. Dichos programas tienen como objetivo formal reducir la emisión de gases de

efecto invernadero por medio de la conservación de bosques o bien la restauración de las

áreas forestales que han sido degradadas.

El programa REDD+ se diseña para otorgar compensaciones económicas, por parte de los

países del Norte, que tienen compromisos de reducción de emisiones en el Protocolo de

Kioto, a los países del Sur, para mantener en pie sus bosques.

REDD+ parte de la idea de que los bosques son sumideros de carbono, al capturar uno de

los principales gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono.

De acuerdo con el documento REDD+ y los territorios indígenas y campesinos del Centro

de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam), REDD es un instrumento de

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la economía verde y pretende financiar la captura de carbono que realizan los bosques, a

partir de la emisión de certificados o bonos por captura de carbono.

A partir de que se determinó en el Protocolo de Kioto el límite sobre la cantidad de gases

contaminantes que pueden ser emitidos a la atmósfera, a los países industrializados se les

permite financiar proyectos de captura o reducción de estos gases en países en vías de

desarrollo.

De este modo, las empresas que necesiten aumentar las emisiones por encima de su límite

compran bonos (certificados) que les representan el derecho a emitir una cantidad

determinada de residuos. Con esto, el comprador paga por contaminar, mientras que el

vendedor se ve compensado al evitar la deforestación, la degradación y la tala.

Al no obligar a las empresas contaminantes a reducir sus emisiones a la atmósfera, el

esquema es objeto de la oposición de organizaciones, como Vía Campesina, Red Indígena

Ambiental, Ceccam y Asamblea Nacional de Afectados Ambientales.

El mercado especulativo de la economía verde

Octavio Rosas Landa, catedrático en la Facultad de

Economía de la Universidad Nacional Autónoma de

México (UNAM), asegura que estos programas no

resuelven el cambio climático. “El programa REDD y

el pago por servicios ambientales apuntan hacia la

mercantilización de los bosques”.

El también miembro de la Asamblea Nacional de

Afectados Ambientales explica que REDD+ crea un

mercado donde antes no existía. Mercado que implica

la privatización de las condiciones ambientales para la

producción de oxígeno y la captura de dióxido de

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carbono. “Con REDD+, los recursos naturales son vistos como explotables,

mercantilizables y, por lo tanto, susceptibles de generar un lucro económico”.

A decir del profesor de economía política, la Organización de las Naciones Unidas ha

trabajado en una propuesta que le asigna un valor económico a cada uno de los recursos

naturales. Con ello, se promueve claramente la mercantilización de los bienes comunes,

como los bosques, el oxígeno que respiramos, “que ya se está convirtiendo en mercancía, y

por la cual en algún momento nos van a empezar a cobrar”, y no está impidiendo que las

empresas o los procesos industriales, de transporte o consumo reduzcan sus emisiones.

“Mientras sigue aumentando la temperatura de la tierra, las empresas trasnacionales y

los gobiernos que apoyan estas iniciativas están generando un negocio con la crisis

climática. Un negocio especulativo y ficticio.”

A la fecha no existen parámetros para establecer los precios de los bonos de carbono o el

de los recursos naturales. “Se han definido arbitrariamente: 2 mil pesos al mes en Chiapas;

en otros casos, 360 pesos por hectárea conservada al año… ¿Cuáles fueron los criterios a

partir de los que se determinaron esos precios para la conservación de los bosques? Eso es

algo que no han querido ni han sabido explicar”, refiere Rosas Landa.

Subraya que se trata de un “problema” que la teoría económica no ha podido resolver:

establecer cuál es el valor de los recursos naturales. Por ello pregunta si este tipo de

recursos deben ser tasados en dinero, o si, más bien, se debiera reformular el modo en que

se produce y consume la riqueza.

Advierte que en medio de la crisis climática, hídrica, tecnológica global, resulta

lucrativo conservar los bosques porque representan un buen negocio especulativo. Pero eso

no significa que en un momento determinado la tala de bosques o la deforestación se

conviertan también en un negocio lucrativo con el fin de mantener altos los precios de los

bonos de carbono.

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GCF impulsa proyectos subnacionales

En el marco de la tercera Cumbre Global de Gobernadores ante el Cambio Climático, en

noviembre de 2010, el entonces gobernador de California, Arnold Schwarzenegger; el de

Chiapas, Juan Sabines Guerrero, y el de Acre (Brasil), entonces Arnobio Marques de

Almeida Junior, firmaron un acuerdo que establece las bases para iniciar un mercado de

compra-venta de bonos de carbono, según consta en el boletín 3258 del gobierno de

Chiapas.

Fernando Miguel Rosas Palafox, secretario de Medio Ambiente e Historia Natural del

estado, en entrevista con Contralínea, asegura que, no obstante los objetivos del acuerdo,

Chiapas no vende bonos de carbono.

“El mercado de California todavía no está en funcionamiento. Todavía no podrían,

oficialmente, comprar bonos de carbono de Chiapas, de Acre o de Indonesia. Se firmó un

memorándum de entendimiento para una futura relación, para estructurar nuestros

programas; de alguna manera que puedan entrar a su mercado cuando entre en vigencia. No

se ha hecho porque el mercado aún no entra en vigencia”, explica el funcionario.

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Rosas Palafox señala que, aunque tienen identificado a California como “un gran

mercado en el que el gobierno de Chiapas quiere entrar”, también se tiene el mercado

voluntario a nivel internacional. “Se ha hablado con el mercado de Brasil, pero también con

México, hay muchas empresas a nivel nacional que están muy interesadas en conservar

nuestra selva. Sí, con California se ha trabajado muchísimo, se firmó un memorándum, son

líderes en la materia. Tanto California como Acre nos han servido mucho para generar

nuestros programas y sí nos van a abrir las puertas, pero no estamos atados al gobierno de

California”.

Aunque de manera formal el gobierno de Chiapas no vende bonos de carbono al

mercado, en territorio chiapaneco hay organizaciones no gubernamentales que sí lo hacen,

señala el secretario.

Proyectos de carbono en Chiapas

Rosas Palafox ignora el número de proyectos que se ejecutan en el estado con el perfil

de la venta de bonos de carbono. “Son muchísimos; se tiene todo tipo de programas: son

para la conservación, proyectos municipales, federales y de organizaciones… exactamente

no tengo ese dato”.

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Menciona algunos ejemplos, como los programas de pago por servicios ambientales, de

conservación de la selva y actividades no dañinas para el ambiente, de la Comisión

Nacional Forestal (Conafor); también refiere a Ambio (Ambiente y Bio), una organización

no gubernamental ubicada en Chiapas que coordina proyectos de manejo racional de los

recursos naturales y ambientales para la captura de carbono y quien, a decir de Rosas

Palafox, “tiene vendiendo bonos de carbono al mercado voluntario hace muchísimos años”

(sic).

Ambio, según consta en su portal de internet, a casi 15 años de su fundación en 1997,

colabora en el mercado voluntario de carbono y en el “potencial mercado de Reducción de

Emisiones de Deforestación y Degradación”.

La organización no gubernamental Greenpeace ha detectado que en Chiapas, además del

programa piloto de REDD+, operan al menos cuatro proyectos más de carbono forestal:

Socolel’Te, establecido en 1997; Proyecto en la Sepultura, establecido en 2008; Proyecto

Piloto en la Reserva de la Biósfera Selva El Ocote, establecido en 2009; e Integración de

Esfuerzos para la Conservación de Servicios Ecosistémicos y Biodiversidad a Escala de

Microcuenca en Chiapas, establecido en 2010.

Sus autores van desde instancias nacionales, como la Conafor, la Secretaría de Medio

Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el gobierno del estado, hasta trasnacionales

como Starbucks, organizaciones como Ambio, e incluso Conservación Internacional y

Pronatura-Sur que, a decir de Octavio Rosas Landa, han trabajado en la privatización de las

Áreas Naturales Protegidas.

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Infografía estática:

El financiamiento de REDD+ en Chiapas

Oficialmente, en su origen, el proyecto piloto REDD+ para Chiapas fue financiado por

un impuesto a la tenencia vehicular caduco. Sin embargo, algunas organizaciones han

denunciado que en el financiamient también hay fondos del gobierno de Noruega;

Conservación Internacional; la Agencia Internacional para el Desarrollo, del gobierno de

Estados Unidos; la Embajada de Gran Bretaña en México, y el Fondo Mundial para el

Medio Ambiente, administrado y controlado por el Banco Mundial.

Al respecto, Rosas Palafox asegura que hasta el momento no se ha obtenido ningún tipo

de recurso internacional. “Por lineamientos y legislaciones internacionales no se ha

obtenido este recurso, se están preparando los proyectos para que en un futuro se pueda

entrar a los mercados internacionales, por lo pronto se ha seguido conservando con

proyectos de inversión estatal”.

El catedrático de la UNAM, Octavio Rosas Landa, especifica que es común que en los

programas subnacionales de pago por servicios ambientales y REDD los recursos

aparezcan, en principio, como salidos del gobierno estatal, pero que están siendo

financiados de origen por el Banco Mundial.

“El gobierno de Chiapas podría estar incurriendo en una deuda con una institución

financiera internacional. Una deuda financiera para los habitantes de Chiapas”.

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En ello, el economista prevé riesgos: “Lo que hoy es un subsidio después se puede

convertir en un convenio entre una empresa trasnacional y la comunidad, un convenio

privado entre particulares. Esto implica que si los bosques no se conservan, son talados o

no capturan la cantidad de carbono establecida, la empresa puede acusar a la comunidad de

violar el contrato, con lo que abre la posibilidad de sancionar a la comunidad o incluso de

hacerla perder el bosque para ser propiedad de una trasnacional”.

En el caso de Chiapas, de acuerdo con cálculos de la Secretaría de Medio Ambiente y en

voz de su titular, el estado cuenta con la capacidad de capturar 200 millones de toneladas de

dióxido de carbono al año.

“En el mercado voluntario eso podría significar un recurso por alrededor de 1 mil 500

millones de dólares para toda la comunidad chiapaneca”, dice a Contralínea Fernando

Miguel Rosas Palafox.

Desde enero de 2012, REDD+ fue autorizado para recibir financiamiento del Fondo

Estatal Ambiental de Chiapas. No obstante, el gobierno de Chiapas busca financiamiento

del gobierno federal o de otra institución nacional o internacional.

REDD+ en territorio indígena

En México, el 58 por ciento de los bosques son propiedad de los pueblos indígenas y

campesinos que los habitan bajo la tenencia ejidal o comunal, indican cifras del Centro de

Estudios para el Cambio en el Campo de México.

Como una conquista de la Revolución Mexicana de 1910, la mayor proporción de los

bosques y selvas mexicanos son propiedad de las comunidades forestales y de los pueblos

indígenas. No así el resto de Latinoamérica y Asia, donde sólo el 25 por ciento de los

bosques son propiedad de las comunidades forestales. En África, pertenecen al Estado el 98

por ciento de los bosques.

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Al adquirir los bosques un valor renovado, la Organización de Naciones Unidas ha

expresado que para el correcto funcionamiento de REDD+ es necesario establecer una

posesión clara de la tierra. Sin embargo, tal como lo indica la Ceccam, los pueblos

indígenas y las comunidades rurales no cuentan con títulos formales de propiedad de

tenencia sobre estos territorios ni están reconocidos sus derechos sobre los bosques.

Ante este hecho, según la Red Indígena Ambiental Internacional, REDD+ prepara la

mayor usurpación de tierras de todos los tiempos. “El riesgo para las comunidades de los

bosques es el desalojo de la tierra, su privatización a favor de las corporaciones y las

restricciones de uso de su propio territorio a los indígenas, aunque dependen de este hábitat

para garantizar su existencia como sociedades y culturas distintas”.

El Ceccam estima que en el mundo 1 mil 600 millones de personas, más de un cuarto de

la población, viven de los bosques; de ellas, al menos 60 millones pertenecen a algún

pueblo indígena y dependen por completo de los bosques para su sustento, alimentación,

medicina y materiales de construcción.

Rosas Landa señala que en el proyecto que diseña Naciones Unidas se pierde de vista

que los bosques desempeñan, además de funciones ecosistémicas –como la transformación

de dióxido de carbono en oxígeno, la captura de agua o la conservación de suelos y de

biodiversidad–, funciones sociales específicas, sobre todo en el caso de las comunidades

indígenas que tienen bosques.

“Para las comunidades, los bosques son espacios dentro de sus territorios indispensables

para el sostenimiento de su existencia individual y colectiva, cumplen con funciones

culturales, económicas y de sustentabilidad de las comunidades.”

Sostiene que al entregarle 2 mil pesos a cada comunero a cambio de cuidar el bosque, el

Estado le enseña a las comunidades a depender de los recursos monetarios y a adquirir

medios de subsistencia producidos por el mismo mercado que está calentando el clima.

Agrega que al limitar su uso de suelo, los obliga a abandonar la producción agrícola; con

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ello, dice, los pueblos pierden su capacidad de independencia. “Un pueblo que se puede

autoalimentar es un pueblo con autonomía política y económica”, señala.

Agrega: “Las políticas de los Estados, especialmente de los Estados neoliberales como

el mexicano, han hecho todo para impedir que las comunidades forestales puedan vivir del

manejo de sus bosques. La destrucción de la soberanía del país comenzó por la destrucción

de la soberanía alimentaria”.

Conflicto por la tierra

En la Selva Lacandona existe un conflicto histórico por la tierra. Y aunque en 1971 el

gobierno en turno entregó a 66 comuneros certificados agrarios, el vasto territorio lacandón

es hogar de choles, tzeltales, tojolabales y tzotziles, dueños ancestrales de la tierra que

carecen de títulos de propiedad y pese a su petición, sus derechos no han sido reconocidos.

REDD+ ha profundizado el conflicto dentro de la zona, denunció la organización

Greenpeace el 20 de septiembre pasado.

En enero de 2011, durante la entrega de recursos de REDD+, el gobernador Juan

Sabines dijo ante los comuneros “beneficiados” que de los 170 pueblos que permanecían

invadiendo alguna reserva, sólo quedan siete.

Viven bajo amenaza de desalojo. Miguel Ángel García, coordinador general de Maderas

del Pueblo –organización no gubernamental que busca el respeto a los derechos colectivos

de los pueblos y comunidades y el respeto a los derechos de la naturaleza– relata, con pesar,

que dentro de la selva, además de las comunidades que pactan con el gobierno, cinco

pueblos resisten el embate del despojo.

Los pueblos en resistencia están dentro de la Reserva de la Biósfera Montes Azules, área

declarada así en 1978 que se extiende 321 mil hectáreas sobre el territorio chiapaneco. Ahí

se refugian del hostigamiento y de la represión militar y paramilitar de la que son objeto.

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El defensor sostiene que la entrega de los 66 títulos que hizo el gobierno en la década de

1970 fue un acto ilegal e ilegítimo, porque dejó a la deriva a 47 pueblos que

inmediatamente fueron declarados invasores de un territorio que históricamente les

pertenece.

Según el secretario de Medio Ambiente local, el gobierno del estado no va a sacar a la

fuerza a las siete comunidades que permanecen en la Reserva de la Biósfera. Dice que el

gobierno busca programas de reubicación social, en conjunto con las comunidades para

ponerlos cerca de áreas metropolitanas donde tengan más acceso a los recursos.

Sin embargo, “no se ha encontrado alguna solución en la que estén de acuerdo las partes,

pero están conscientes de la situación, del programa y que la mejor solución sería una

reubicación; mas no se están sacando y no se va a sacar a nadie usando la fuerza”.

—¿Hay posibilidades de que participen en el programa en lugar de ser reubicados?

—Sí, nada más ahí la dificultad que presenta es que se tienen que hacer mediciones,

actividades constantes dentro de las áreas para verificar que no se están realizando

actividades fuera de los lineamientos (eso incrementa el costo). Se está viendo con ellos los

diferentes esquemas. Estamos abiertos a trabajar con ellos, pero lo más benéfico para

ambas partes sería poderles brindar los servicios fuera de la Reserva.

—¿Considera que REDD+ ha profundizado los conflictos por la tierra en Chiapas?

—No, al contrario. El programa REDD lo que ha hecho es que ha empezado un proceso

de registro. Aunque, claro, como en todo surgen conflictos, problemas, dudas de quién es el

dueño de la tierra. Ha sido benéfico más que problemático.

Ingeniería del conflicto

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Rosas Landa afirma que proyectos y

programas ambientales y mineros (estos

últimos ampliamente documentados por la

organización a la que pertenece), vienen

acompañados de una ingeniería del

conflicto prediseñada: “uno de los

propósitos que sirve al éxodo rural es la

fabricación de un conflicto”.

Agrega que las trasnacionales pueden

operar a sus anchas en territorios divididos,

porque lo que se busca es que no haya

organización colectiva que pueda frenar o

detener este tipo de avances y agresiones, y

el Estado mexicano actúa como gestor,

promotor y defensor de las trasnacionales.

Miguel Ángel García coincide: “los

negocios verdes, el ecoturismo y los bancos genéticos, necesitan territorio despejado [es

decir], sin resistencias, sin zapatistas”.

Conservación a pesar de las políticas

Rosas Landa recalca que los bienes, propiedad de comunidades, han sido conservados y

protegidos a pesar de las políticas de gobierno, pero que ahora la crisis financiera y

ambiental de escala global pretende ser paliada por medio de mecanismos de mercado que

no van a solucionar el problema.

“¿Por qué presionar a los campesinos y ejidatarios a que acepten este tipo de convenios

si son ellos quienes más contribuyen a que el calentamiento global no se agrave? Y si no

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aceptan, ¿son ellos quienes no quieren detener el calentamiento global?”, pregunta, con

ironía, el académico.

Para él, REDD+ “es un mecanismo extremadamente perverso” de apoyos miserables en

relación con la importancia de los bosques, se traduce a un mecanismo que despoja a los

pueblos del control de sus territorios, un mecanismo de despojo de tierras a escala mundial.

“Frente a lo que estamos es a una entrega de la soberanía nacional a través de la entrega de

los recursos y del manejo del territorio”, concluye.

El Ceccam estima que de las 64.8 millones de hectáreas de bosques y selvas que hay en

México, 8.4 millones de hectáreas están bajo manejo forestal, ya sea por parte de sus

poseedores o a través de contratos de las comunidades con compañías privadas para vender

su bosque (sin derribar árboles).

Espejitos por oxígeno

El Grupo de Trabajo de los Gobernadores sobre Clima y Bosques (GCF, por su sigla en

inglés) es un órgano de colaboración subnacional entre 14 estados y provincias de Estados

Unidos, Brasil, Indonesia, Nigeria y México, que busca integrar el programa REDD y

actividades de carbono forestal a los regímenes de cumplimiento emergentes para gases de

efecto invernadero.

Los proyectos subnacionales de “deforestación evitada”, como REDD+, han sido

rechazados por los 194 países que son parte de la Convención Marco de las Naciones

Unidas sobre el Cambio Climático, incluso por los gobiernos nacionales de todos los

miembros del GFC, afirma Greenpeace en el documento Espejitos por aire. Imponiendo

compensaciones subnacionales de REDD provenientes de México, en el mercado de

carbono de California.

Chevron, comprador de bonos de carbono

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Chevron es la corporación más grande de California y una de las 10 corporaciones más

grandes del mundo. Su refinería en Richmond, una de las más antiguas en Estados Unidos,

es una de las mayores emisoras de carbono de California y una de las principales fuentes de

contaminación peligrosa.

Tan sólo en los últimos cinco años, la refinería ha sido citada más de 90 veces por

violaciones a las regulaciones de aire. Además, registra un número de incidentes cada vez

mayor, tanto en 2010 como en 2011. En lugar de reducir la contaminación generada donde

opera, Chevron gastó casi 4 millones de dólares en cabildeos para aprobar la Propuesta 26

en California (que evitará que los contaminadores tengan que pagar por los impactos

ambientales y de salud que provocan), mientras proporcionó 3 millones de dólares a The

Nature Conservancy para el proyecto de Acción Climática de Guaraquecaba

(compensaciones REDD+), en Brasil.

Fuente: Espejitos por aire. Imponiendo compensaciones subnacionales de REDD

provenientes de México, en el mercado de carbono de California. Greenpeace, septiembre

de 2012