COMISIÓN PARLAMENTARIA MIXTA REVISORA DE CUENTAS

INFORME 2012

Introducción

La Constitución Nacional en su artículo 85 atribuye el control externo del sector público nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos al Poder Legislativo, debiendo sustentar su opinión en los dictámenes de la Auditoría General de la Nación, organismo de asistencia técnica del Congreso.

Es la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas (CPMRC) quien actúa como enlace entre la AGN y el Congreso para la función de control, teniendo para ello las atribuciones y funciones que le conceden la Ley 24.156 de Administración Financiera y Control del Sector Público.

La CPMRC

se encuentra integrada por 12 legisladores (6 senadores y 6 diputados). En la actualidad 4 de ellos pertenecen a la Unión Cívica Radical y los otros 8 al Frente para la Victoria, con la siguiente distribución de cargos:

Cargo Nombre Bloque

Presidente Diputado Ríos, Fabián FPV

Vicepresidente Senador Morales, Gerardo Rubén UCR

Secretario Senador Mayans, José Miguel Ángel FPV

Secretario Diputado Vaquié, Enrique Andrés UCR

Vocal Senador González, Pablo G. FPV

Vocal Senadora Corregido, Elena Mercedes FPV

Vocal Senadora Parrilli, Nanci María Agustina FPV

Vocal Senador Sanz, Ernesto Ricardo UCR

Vocal Diputado Calcagno Y Maillman, Eric FPV

Vocal Diputado Díaz Bancalari, José María FPV

Vocal Diputado Garrido, Manuel UCR

Vocal Diputado Solanas, Rodolfo Julio FPV

Estructura de la Comisión

La CPMRC es una de las únicas comisiones del Congreso que cuenta con presupuesto propio. Para el año 2012, según surge de las planillas anexas al presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo, se asignó un presupuesto de $6.450.000 para el Programa Revisión de Cuentas Nacionales cuya unidad ejecutora es la CPMRC. Este importe es destinado a la contratación de servicios no personales, es decir, para los contratos de locación de obra de los asesores de los legisladores.

Además, la Comisión Revisora cuenta con personal permanente y no permanente que es solventado directamente por el Senado y que tiene a cargo tanto las tareas administrativas de la Comisión como la función de realizar los informes técnicos que consisten en un resumen de las principales observaciones y recomendaciones que realiza la AGN en sus informes de auditoría.

Reuniones de asesores

Los asesores de los legisladores que integran la comisión suelen reunirse cada dos semanas, habiéndose realizado un total de 18 reuniones a lo largo del año.

En general, en cada reunión los asesores tratan 20 expedientes, que se dividen entre informes de la AGN y respuestas que envía el Poder Ejecutivo Nacional a los pedidos de información que solicitó la Comisión sobre expedientes tratados con anterioridad. Los asesores discuten los aspectos técnicos de los expedientes y suelen adelantar la posición del legislador al respecto.

Según el objeto de los informes, éstos se dividen en Auditorías de Estados Financieros, Estados Contables, Auditorías de Gestión, de Legalidad, de Control Interno y de Tecnologías de la Información, entre otras.

Durante el año los asesores de la CPMRC discutieron un total de 280 expedientes, de los cuales 197 fueron resoluciones de la AGN –del año en curso y anteriores– y 83 eran respuestas del Poder Ejecutivo Nacional.

Además, analizaron las Cuentas de Inversión 2007 y 2008, el Plan de Acción Anual de la AGN para el año 2012 y varios pedidos de legisladores para que se incorporen algunas auditorías al plan.

Es importante destacar que al 28 de Diciembre la AGN remitió a la CPMRC 273 resoluciones emitidas durante el 2012, de las cuales fueron tratadas en asesores 138, es decir, el 50,54%, al margen de las que fueron evaluadas pendientes de años anteriores.

Reuniones de legisladores

Según surge del artículo 18 del Reglamento de la CPMRC aprobado mediante Resolución RCPP-50/04 y su modificatoria la RCPP 13/07, la Comisión debe

reunirse por lo menos dos veces por mes. Sin embargo, este mandato no se cumplió en el 2012, en tanto se celebraron 6 reuniones en todo el año, en las cuales se dictaminó sobre 260 informes.

Atento a la falta de convocatoria a las reuniones, en mayo del corriente año los legisladores de la UCR que integramos la Comisión enviamos una nota a su presidente, el diputado Fabián Ríos, solicitando que se llevasen a cabo las reuniones de acuerdo a lo establecido en el reglamento. Sin embargo la nota cayó en saco roto, ya que las reuniones siguieron llevándose a cabo esporádicamente.

Dictámenes

De los 260 informes tratados en Comisión, en 235 el dictamen salió por unanimidad. De ellos, en 150 se dictaminó el archivo de las actuaciones –de los cuales 76 son respuestas del PEN- y en 85 los legisladores decidieron dirigirse al PEN a fin de conocer las medidas adoptadas para subsanar las observaciones de la AGN.

Los restantes 25 expedientes obtuvieron un dictamen dividido, donde la minoría la constituimos los cuatro legisladores del bloque UCR. En 11 de ellos la mayoría integrada por el FPV dictaminó su archivo y la minoría consideró que era necesario remitirlos al Poder Ejecutivo Nacional solicitando aclaraciones al respecto; en el resto (un total de 14) la mayoría aconsejó dirigirse al PEN y la minoría que correspondía tomar otro tipo de medidas atento la gravedad de las observaciones (en 1 remitir el informe a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y a la Oficina Anticorrupción; en 9 se pidió el deslinde de responsabilidades; en 2 que se investigue si hubo un perjuicio fiscal para el Estado; en 2 que se envíen a la Justicia y en uno referido a la Dirección General de Aduanas (AFIP) se solicitó la comparecencia del funcionario).

Como se puede ver, los dictámenes del oficialismo se limitan a remitir los expedientes al archivo o, a lo sumo, enviarlos al Poder Ejecutivo. Hay que tener en cuenta que, entre estos expedientes, hay algunos de suma gravedad, como el referido a Trenes de Buenos Aires S.A. (Informe lapidario de la AGN realizado antes del trágico accidente de Once, donde se dejaba asentado el riesgo de la circulación de los trenes en ese servicio), el de la Administración de Programas Especiales (donde consta la existencia troqueles truchos, facturas apócrifas, operaciones riesgosas pagadas que no existieron) y algunos del OCCOVI. Por los dos primeros existen causas judiciales abiertas en las que se está investigando la comisión de algunos delitos que surgen de los mismos informes de la AGN. Sin embargo, el Frente por la Victoria no consideró necesario tomar otra medida distinta a pedirle explicaciones al Poder Ejecutivo.

Tratamiento en el pleno de las Cámaras

Una vez que la CPMRC dictamina sobre los expedientes, pasan al pleno de las Cámaras para su tratamiento, necesitando para ello la aprobación en cada una de ellas.

Uno de los mayores problemas que afecta la eficiencia del control que ejerce el Poder Legislativo sobre el Ejecutivo es la demora en que se incurre para tratar los expedientes que salen de la CPMRC.

A ello se debe sumar el hecho de que, en general, en el plan de labor se fueron incluyendo solo expedientes en los que el dictamen de Comisión fue por unanimidad. Recién en una de las últimas sesiones del Senado se incluyeron informes con disidencia, pero de ellos fueron tratados solo aquellos relacionados con transporte y salud.

La falta de tratamiento oportuno de los informes que realiza la AGN atenta contra la eficacia de los mecanismos de control. A modo de ejemplo, si la CPMRC dictaminó solicitando información al Poder Ejecutivo sobre las irregularidades detectadas por la AGN, luego el dictamen pasa al pleno de las Cámaras (lo que en algunos casos puede tardar 4 años o más) y recién ahí se envía al Poder Ejecutivo. A eso hay que sumarle los tiempos que demora el Poder Ejecutivo en responder los pedido de informes. Por ejemplo, este año se trataron respuestas del PEN sobre resoluciones de la AGN del año 2005. De esta manera y con prescripción mediante, la posibilidad de control se ve perjudicada.

Cuentas de inversión

Una de las principales funciones de control del Congreso, como cierre del ciclo iniciado con el tratamiento legislativo del Presupuesto, es la aprobación o rechazo de la Cuenta de Inversión, donde se analiza la gestión del gobierno, tanto en sus aspectos presupuestarios como contables y legales. Este sistema es de retroalimentación, dado que evaluando la gestión que el Estado hizo del presupuesto mediante el estudio de la Cuenta el Congreso debería definir si el presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo para el siguiente año es razonable y se condice con la realidad1.

Este sistema se encuentra normado en el artículo 95 de la Ley 24.156, que obliga al Poder Ejecutivo a remitir anualmente la Cuenta de Inversión al Congreso de la Nación (en realidad va a la CPMRC) antes del 30 de junio del año siguiente al de cierre. A su vez, la RCPP 13/07 indica que la CPMRC debe enviarla a la AGN en un plazo no mayor a 3 días (art. 6), la que tiene un plazo de 120 días para presentar a la CPMRC el informe de auditoría de la Cuenta de inversión (art. 7). Luego, la Comisión remite el informe a la Secretaría de Hacienda de la Nación dentro de los tres días de recibido para que efectúe su descargo (art. 8). Finalmente, la Comisión debe presentar a ambas Cámaras del Congreso, antes del 1º de mayo de cada año, un dictamen del estudio realizado sobre la Cuenta de Inversión, correspondiente al penúltimo ejercicio (art. 9). En modo práctico, y cumpliendo los plazos establecidos por la normativa citada, en este año 2012 debió el Congreso aprobar o desechar la Cuenta de Inversión de 2010.1 El artículo 24 de la Ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, indica que se considerarán como elementos básicos para iniciar la formulación de los presupuestos, el programa monetario y el presupuesto de divisas formuladas para el ejercicio que será objeto de programación, así como la cuenta de inversiones del último ejercicio ejecutado y el presupuesto consolidado del sector público del ejercicio vigente.

Sin embargo, el tratamiento de las cuentas de inversión en la CPMRC cuenta con una demora considerable. En efecto, durante este año se trataron en la Comisión y en el pleno de ambas Cámaras las cuentas de 2007 y 2008, que fueron aprobadas por la mayoría, mientras que la UCR votó por el rechazo total de las mismas, debido a los incrementos significativos que tuvieron los respectivos presupuestos aprobados por el Congreso a partir del uso abusivo de los Decretos de Necesidad y Urgencia por parte del PEN.

Además, en el pleno de las Cámaras se trataron las Cuentas de Inversión correspondientes a los años 2005 y 2006 que ya habían sido analizadas en la Comisión años anteriores. La mayoría votó por su aprobación, mientras que la UCR optó por una disidencia parcial, explicando que el cambio de posición decidido para los años posteriores se debió a la evidente discrecionalidad presupuestaria consagrada a partir del año 2007, y la magnitud de la reasignación.

Plan de Acción Anual de la AGN (PAA)

Otra de las funciones que tiene la CPMRC, junto con las Comisiones de Presupuesto y Hacienda de ambas Cámaras, es la aprobación del Plan de Acción Anual de control externo a desarrollar por la AGN. A su vez, la Comisión puede encomendar a la AGN la realización de estudios, investigaciones y dictámenes especiales sobre materias de su competencia. Para ello, distintos legisladores suelen presentar pedidos de auditoría para que se incorporen en el plan.

La AGN presentó el Plan de Acción Anual correspondiente al año 2012 a mediados de ese año. La CPMRC decidió convocar al efecto a una reunión conjunta con los miembros del Colegio de Auditores Generales de la Nación, que se fue postergando por distintos motivos y que recién pudo llevarse a cabo el 4 de octubre. Lamentablemente en esa reunión, como es de público conocimiento, el presidente de la Comisión, Fabián Ríos, desconoció sorpresivamente a Leandro Despouy como presidente de la AGN, negándole la palabra, en tanto consideró que su mandato se encontraba vencido.

Este hecho fue denunciado por toda la oposición, que lo interpretó como un ataque a uno de los pocos organismos de control independientes y eficaces que hoy quedan.

Por otro lado, en referencia a la posibilidad de los legisladores de pedir la realización de auditorías, varios habíamos presentado diversos pedidos sobre los siguientes temas:

1. Gasto público destinado a publicidad durante el período 2010 a 2012 (solicitada por los senadores Morales y Sanz, y los diputados Garrido y Vaquié).

2. Transferencias de recursos y la aplicación de los fondos provenientes del Estado Nacional, a la Organización Social TUPAC AMARU, su Red de Organizaciones Sociales y/o empresas vinculadas para el período 2005 al 2012 (solicitada por los senadores Morales y Sanz, y los diputados Garrido y Vaquié).

3. Restitución ambiental del Complejo Minero Fabríl San Rafael ubicado en la Sierra Pintada, en la Provincia de Mendoza, que realiza la Comisión Nacional de Energía Atómica (solicitada por los senadores Morales y Sanz, y los diputados Garrido y Vaquié).

4. Auditoria Legal, Financiera y de Gestión de la empresa Compañía de Valores Sudamericana Sociedad Anónima (ex Ciccone Calcográfica S.A) (solicitada por los senadores Morales y Sanz, y los diputados Garrido y Vaquié).

5. Auditoría integral sobre la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) en el marco del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) (solicitada por los senadores Morales y Sanz, y los diputados Garrido y Vaquié).

6. Comisión Administradora del Río de la Plata –CARP– (solicitada por los senadores Morales y Sanz, y los diputados Garrido y Vaquié).

7. Fundación ArgenINTA, en su rol de Administrador de Fondos provenientes de Organismos de la Administración Pública Nacional (APN) (solicitada por los senadores Morales y Sanz, y los diputados Garrido y Vaquié).

8. Programa de “Prevención, Fiscalización y Sanción del Lavado de Activos” llevado a cabo por Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) (solicitada por los senadores Morales y Sanz, y los diputados Garrido y Vaquié).

9. Auditoría de gestión sobre las transferencias de recursos a las empresas CAMMESA y ENARSA en concepto de Acciones de Sustentabilidad para Asegurar el Suministro de Energía Eléctrica e importaciones de gas natural respectivamente, y la aplicación de los fondos provenientes del Estado Nacional, para el período 2006 al 2012 (solicitada por los senadores Morales y Sanz, y los diputados Garrido y Vaquié).

10.Campañas Antárticas de Verano 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 y 2011/2012 (solicitada por los senadores Morales y Sanz, y los diputados Garrido y Vaquié).

11.Trabajos de reparación y modernización del Rompehielos ARA "Almirante Irízar" de la Armada Argentina desarrollados por TALLERES NAVALES DARSENA NORTE S.A.C.I. y N. –TANDANOR– (solicitada por los senadores Morales y Sanz, y los diputados Garrido y Vaquié).

12.Auditoría de gestión del Fondo Fiduciario de Infraestructura de Transporte relativa a la distribución, requisitos de otorgamiento, aplicación y rendición de subsidios (solicitada por el diputado Negri).

13.Auditoría para verificar los procedimientos de gestión y licitaciones que el Banco Central realizó en un período estipulado de tiempo para la adjudicación de la impresión de billetes de nuestra moneda a empresas locales o del exterior (solicitada por la diputada Stolbizer).

14.Distintos aspectos de la Coparticipación Federal, artículo 7 de la Ley 23.548 (solicitada por los senadores Morales y Sanz, y los diputados Garrido y Vaquié).

15.Cumplimiento que Radio y Televisión Argentina hace de las obligaciones y objetivos de la Ley 26.522 (solicitada por la senadora Montero).

16.Manejo contable de personal y administrativo de Radio y Televisión Argentina (solicitada por la senadora Montero).

17.Auditoría integral de la empresa ex Ciccone Calcográfica (solicitada por el senador Juez).

18.Auditoría de los últimos cinco ejercicios de la Sociedad Papel prensa S.A.I.C.F. y de M. (solicitada por los legisladores Mayans, Parrilli, Pablo González y Corregido).

19.Canal 13 de Televisión, Artear S.A. por supuestas irregularidades producidas en la licitación correspondiente a la privatización de dicho medio de comunicación (solicitada por los legisladores Parrilli, Pablo González y Corregido).

De los 19 pedidos de auditoría efectuados, dos fueron presentados por legisladores del Frente para la Victoria y el resto por la oposición. Sin embargo, solo fueron incorporados al PAA 2012 los dos solicitados por el bloque oficialista.

Los pedidos de auditoría efectuados por legisladores de la oposición no fueron considerados por la Comisión dado que desde la presidencia se decidió no incluirlos en las órdenes del día de las reuniones de legisladores. En la última de ellas, solicité su inclusión en el temario de la próxima reunión para ser incorporadas al PAA 2013, pero ésta quedó para el próximo año parlamentario dado que la AGN presentó con posterioridad a la misma su PAA 2013 y no se convocó a otra reunión de legisladores.

Es importante destacar que no se conocen antecedentes de rechazo de pedidos de auditorías por parte de legisladores y menos del modo en que se llevó a cabo, frenando la discusión en asesores sin ningún tipo de argumentación válida. En períodos anteriores, en ese ámbito se había limitado a discutir los aspectos técnicos de las propuestas para que tuvieran factibilidad de realización por parte de la AGN y no para concretar una suerte de veto, tal como ha ocurrido en este período.

Otras medidas de acción

Teniendo en cuenta que la CPMRC se encuentra integrada por mayoría de legisladores oficialistas, los canales de control de la oposición sobre el PEN a través de esta comisión se ven obstruidos en tanto son frenados por el partido mayoritario. Es lo que sucede, como hemos señalado, con los dictámenes que salen con dictamen dividido.

Por ello es que buscamos tomar otras medidas sin esperar la resolución frustratoria esperable del Congreso dominado por el oficialismo y su actitud manifiestamente obstructiva. Las medidas adoptadas desde el despacho fueron las siguientes:

- Denuncias: Se presentaron dos denuncias penales a raíz de las irregularidades detectadas por la AGN: una por el informe aprobado

mediante la Resolución AGN Nº 30/12 sobre la Administración de Programas Especiales (APE) y otra por el informe aprobado mediante Resolución AGN Nº 161/12 sobre ENARSA.

- Pedido de acceso a la información: Se presentó un pedido de acceso a la información en los términos del Decreto Nº 1172/03 a la empresa AYSA, en tanto en el informe Resolución AGN Nº 200/11 la AGN informa que la empresa no quiso dar información sobre la remuneración de su personal jerárquico.

- Remisión de informes:

o Se remitió el Informe aprobado por Resolución AGN Nº 170/2011 a los legisladores de la Ciudad del bloque UCR y al Jefe de Gobierno de la Ciudad sobre el Programa 700 escuelas –PROMSE-. Además, salió en el programa de televisión Periodismo para Todos.

o Se remitieron los informes más importantes tratados en el año a la FIA y a la OA.

o Se remitió al Fiscal de Estado de Tierra del Fuego la Resolución AGN Nº 155/12.

o Se remitieron los expedientes más importantes a legisladores del bloque según el tema para que los tuvieran en cuenta en las comisiones parlamentarias que integran.

- Citación de funcionarios: Se solicitó a la CPMRC que citase al titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y al Auditor General de la Nación, Leandro Despouy, para resolver las dificultades que tienen los organismos de control para acceder a la información dentro de la AFIP debido al secreto fiscal alegado por el organismo. El pedido fue presentado a la Comisión, pero no hay constancia de que efectivamente se le haya dado curso.

- Pedido de papeles de trabajo : Se solicitó a la AGN los papeles de trabajo del informe aprobado por la Resolución AGN Nº 199/11 sobre el proceso de renegociación del contrato de AA2000. El pedido fue denegado.

- Presentación de proyectos de ley: A raíz de las observaciones de la AGN en sus informes, se presentaron los siguientes proyectos de ley:

o Pedido de reglamentación de la Ley de Chagas (Expte. 5204-D-2012).

o Procedimiento tributario (ley 11683): incorporación de inciso e) al artículo 101, sobre excepción de aplicar el secreto fiscal en organismos de control interno y externo del sector público nacional (Expte. 4710-D-2012).

o Pedido de reglamentación de la Ley 25.152 de Administración de los Recursos Públicos y de que se dé cumplimiento al artículo 8 (Expte. 4708-D-2012).

Conclusiones

Si bien el control del Sector Público tuvo acogida dentro de la reforma de la Constitución Nacional del año 1994, dándole a la Auditoría General de la Nación rango constitucional, el funcionamiento del sistema sigue teniendo falencias que es necesario revertir y que afectan a la eficiencia del objetivo de control. El trabajo de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas debe tener como premisa el tratamiento de los informes elaborados por la AGN de forma inmediata, sin afectar el trabajo técnico de los informes, de manera que las Cámaras puedan dictaminar en un tiempo razonable.

Pero como se explicó en párrafos anteriores, la necesidad de acelerar los plazos no es solo responsabilidad de la CPMRC. Es necesario que tanto las Cámaras como la AGN mejoren en este aspecto.

El tratamiento a destiempo de los informes no hace más que agravar la problemática de la falta de control que hoy afecta a la Administración Pública. Si todos los mecanismos de control funcionaran adecuadamente, tragedias como la de Once, sobreprecios en la obra pública y los costos sociales que producen los actos de corrupción o ineficacia administrativa podrían evitarse. A tratar de revertir esta situación estamos aplicados.

Otro de los desafíos que tenemos los integrantes de la CPMRC es lograr un mayor seguimiento de los pedidos de informes efectuados a los organismos del Estado, para que éstos constituyan una buena herramienta de control público y de perfeccionamiento de la actividad del Estado.